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sábado, 5 de febrero de 2022

Comité de Relaciones Exteriores del Senado pide al gobierno de Biden designar a expresidente de Honduras como capo del narcotráfico

  El pedido lo formuló el presidente de la instancia parlamentaria al Secretario de Estado, Antony Blinken, y a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

Por Maibort Petit 

  Designar oficialmente a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, como traficante extranjero de narcóticos, fue la solicitud formal que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, le formuló al gobierno de Joe Biden, a través de sendas comunicaciones dirigidas, por una parte, al Secretario de Estado, Antony Blinken y, por la otra, a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

   A los altos funcionarios de la administración Biden, Menéndez les pidió revocar de inmediato la visa y sancionar como un "traficante de narcóticos extranjero importante" según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, a Hernández, conocido popularmente como JOH.

  Asimismo, el senador demócrata instó al gobierno a pedir al exmandatario hondureño, cuentas como co-conspirador y a adoptar una posición firme en apoyo del estado de derecho en Centroamérica. Tal posición la sostiene Menéndez con base al creciente cuerpo de evidencia incriminatoria existente en contra de Juan Orlando Hernández, sobre quien todo hace presumir su participación en actividades de narcotráfico.

  “Ya es hora de que el gobierno de los EE. UU. busque medidas de rendición de cuentas contra Juan Orlando Hernández, comenzando con una revocación pública de su visa y designación en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico”, señala la carta.

— Estados Unidos debe continuar demostrando su apoyo al estado de derecho y a los pueblos de las Américas identificando, denunciando y sancionando a los funcionarios extranjeros involucrados en el narcotráfico y socavando la democracia en el hemisferio, independientemente de que dichos actores sean presidentes o altos funcionarios de los países socios —reza uno de los fragmentos que Menéndez dirigió a los secretarios de Estado y del Tesoro.

   Igualmente, subrayó que varios casos judiciales federales sugieren en sus alegatos que Juan Orlando Hernández se encuentra involucrado en actividades delictivas y narcotráfico, al tiempo que advirtió que tal proceder del expresidente hondureño “han puesto en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y la prosperidad del pueblo” de la nación centroamericana.

  Menéndez estima que ya es momento de que se haga responsable a Hernández por sus actividades y se le sancione en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, así como “revocar su visa”. En tal sentido, manifestó que “el gobierno de Biden puede afirmar su compromiso de promover el estado de derecho en Centroamérica y emitir una declaración inequívoca de que la impunidad del gobierno no será tolerada en ningún lugar”.

  Del mismo modo, en sus comunicaciones, Robert Menéndez recordó los casos del exvicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, y el presidente colombiano, Ernesto Samper, a quienes el gobierno de los EE. UU. sancionó, por lo que ahora la administración Biden, debe guiar en ese sentido las acciones contra Juan Orlando Hernández.

  Destacó el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado que, de acuerdo Departamento de Justicia, “la impunidad entre los funcionarios gubernamentales de alto rango involucrados en actividades de tráfico de drogas en Honduras ha contribuido a que el país se convierta en 'uno de los principales puntos de transbordo de cocaína con destino a Estados Unidos' y en un 'narcoestado en ruinas'”.

  Fue así como Menéndez criticó la exclusión del expresidente Hernández de la lista del Departamento de Estado que incluye actores corruptos y antidemocráticos en el Triángulo Norte. “Me temo que la omisión de Juan Orlando Hernández en estas listas está enviando un mensaje equivocado al pueblo hondureño en un momento de transición de su democracia, así como a los funcionarios públicos de toda la región”.

  En las comunicaciones Menéndez refiere que, si bien Juan Orlando Hernández “no ha sido acusado formalmente, las pruebas presentadas en varios casos judiciales federales de EE. UU. desde 2019, lo han implicado de manera creíble como co-conspirador en delitos de narcotráfico”.

   En específico, se refiere a la Presentación de sentencia del gobierno de los EE. UU. en el caso de Estados Unidos contra Juan Antonio Hernández Alvarado —exdiputado y hermano de JOH— donde se hace mención directa al expresidente Hernández y su “papel de liderazgo en una conspiración de tráfico de drogas violenta y patrocinada por el estado”.

  Y aunque JOH ha negado estas acusaciones, Robert Menéndez subraya que los materiales presentados en tres casos de la corte federales involucran a familiares y ex-socios que han presentado evidencia incriminatoria de la participación directa del exmandatario de Honduras en actividades de narcotráfico.

  Cita que, en febrero de 2021, documentos judiciales daban cuenta de la investigación que fiscales de EE. UU. seguían a Hernández y otros funcionarios gubernamentales de alto rango, por su presunta participación en esquemas de tráfico de drogas.

   También menciona que el 30 de marzo de 2021, Tony Hernández fue condenado a cadena perpetua después de haber sido declarado culpable de conspiración para traficar al menos 185.000 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos.

  “Las pruebas presentadas en los procedimientos judiciales en el caso de Estados Unidos v. Juan Antonio Hernández Alvarado demostraron que “entre 2004 y 2019, [Tony Hernández] obtuvo y distribuyó millones de dólares en sobornos derivados de las drogas a Juan Orlando Hernández”, quien fungió como su co-conspirador.

  La comunicación de Robert Menéndez al gobierno de Biden, también recuerda que, en 2013, Tony Hernández, dirigido por Juan Orlando Hernández, aceptó USD 1 millón del Chapo Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, un dinero que habría sido inyectado a la campaña presidencial de JOH, destino que, de acuerdo a lo que rezan los documentos judiciales, no habría sido negado por el exmandatario.

   Se hace mención también al pedido que Juan Orlando Hernández habría formulado en 2013 de USD 1,6 millones en ganancias de drogas al narcotraficante Ardón Soriano, dinero que igualmente habría estado destinado a su campaña electoral y las de su partido político.

  El narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, condenado por narcotráfico el 22 de marzo de 2021, proceso judicial en el que se conoció que JOH era uno de los socios que recibió “decenas de miles de dólares [de Fuentes Ramírez] a cambio de una promesa continua de protección… del escrutinio de las fuerzas del orden público y apoyo militar a sus actividades de narcotráfico”, entre otros señalamientos que el senador Menéndez cita en sus comunicaciones.

  Sustentado en estos records, Robert Menéndez insta a Antony Blinken y Janet Yellen, a responsabilizar públicamente a Juan Orlando Hernández por sus acciones, pues su omisión en las listas de Actores Corruptos y Antidemocráticos en Centroamérica del Departamento de Estado, envía un mensaje equivocado al pueblo hondureño en el actual momento de transición de su democracia.

  Finalmente, Robert Menéndez destaca que Estados Unidos debe seguir demostrando su apoyo al estado de derecho y a los pueblos de las Américas, procediendo a identificar, denunciar y sancionar a los funcionarios extranjeros que se encuentran involucrados en el narcotráfico y socavan la democracia en el hemisferio, “sin importar si dichos actores son presidentes o altos funcionarios de países socios (…) Al sancionar al expresidente Hernández en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico y revocar su visa, el gobierno de Biden puede afirmar su compromiso de promover el estado de derecho en Centroamérica y emitir una declaración inequívoca de que la impunidad del gobierno no será tolerada en ningún lugar”.

sábado, 2 de noviembre de 2019

Senadores norteamericanos piden al Departamento del Tesoro (EE. UU.) investigar dos empresas de carne de Brasil por sus negocios con Diosdado Cabello y el régimen de Nicolás Maduro

Entrevista con la Directora de Comunicaciones e Investigación de la Organización de Mercados Competitivos (EE. UU.) Angela Huffman


Los granjeros y ganaderos de Estados Unidos aplauden un impulso bipartidista (demócratas y republicanos) para revisar formalmente los aparentes tratos ilícitos de un conglomerado de procesamiento de carne y si sus productos están ayudando a apoyar el régimen socialista de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro.

Los senadores Marco Rubio, (R-Fl). y Bob Menéndez, (D-N.J.), encabezan un esfuerzo para investigar a Joesley y Wesley Batista. Los senadores enviaron una carta al Secretario del Tesoro Steven Mnuchin el 8 de octubre de 2019 solicitando una revisión formal de las transacciones del conglomerado brasileño de procesamiento de carne, JBS S.A.

Los Batistas son los accionistas que controlan dos destacadas empresas estadounidenses, JBS USA y Pilgrim’s Pride. JBS USA es uno de los cuatro mayores productores de proteínas de carne en los EE. UU. JBS USA compró la empresa estadounidense de procesamiento de carne de res y cerdo Swift Foods Co. en 2007 y en 2015 compró las operaciones de procesamiento de carne de cerdo de Cargill.

La Operación Lava Jato (Odebrecht), una investigación exhaustiva de las autoridades brasileñas sobre la corrupción en ese país, expuso el papel de los hermanos Batista en la organización de un gran escándalo de corrupción y soborno. Los hermanos Batista llegaron a un acuerdo de culpabilidad y admitieron haber sobornado a más de 1.800 políticos, incluidos los ex presidentes brasileños Michel Temer, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Los hermanos Batista han desarrollado intereses comerciales paralelos en Venezuela, un país considerado por la administración del presidente Donald Trump como un adversario geopolítico.

Según los informes, los Batistas están estrechamente relacionados con Diosdado Cabello, el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente respaldada por Nicolás Maduro, a través de un contrato de carne y aves de corral de $ 2,1 mil millones negociado en persona en la casa de Joesley Batista en 2015. 

El artículo dice que en la comunicación se destaca que Diosdado Cabello lanzó una orden de asesinato  contra Rubio, según inteligencia estadounidense

Los senadores Rubio y Menéndez destacaron estas preocupaciones de seguridad nacional en su carta a Mnuchin.

"JBS SA ha realizado negocios a nivel mundial con una serie de socios dudosos, incluida la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX), que fue identificada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) en septiembre de 2017 por su participación en la corrupción pública", escribió Rubio y Menéndez. “Los informes de investigación han documentado que las prácticas de adquisición de alimentos en Venezuela están plagadas de sobornos. La relación personal de los hermanos Batista con el oficial venezolano sancionado Diosdado Cabello solo genera más preocupaciones ".

En una declaración a Fox News en respuesta a la carta de los senadores a Mnuchin, JBS US sostuvo que es una fuerza positiva en la agricultura estadounidense y que ha sido transparente con los investigadores estadounidenses.

"JBS ha cooperado plenamente con todas las autoridades relevantes en los Estados Unidos con respecto a los eventos que tuvieron lugar en Brasil en el pasado", dijo su declaración a Fox News. "La compañía continuará cooperando y respondiendo a cualquier consulta posterior.

"JBS USA es un importante empleador estadounidense, brinda más de 62,000 empleos, la mayoría de los cuales están sindicalizados, y se asocia con más de 11,800 granjeros, ganaderos y productores avícolas. La compañía juega un papel crítico en las comunidades agrícolas de los Estados Unidos, creando oportunidades para los granjeros rurales. y ganaderos que dependen de nuestro negocio para transformar su ganado y aves de corral en productos en los que los consumidores confían y disfrutan ".

Angela Huffman, Directora de Comunicaciones e Investigación de la Organización de Mercados Competitivos (OCM), en una entrevista exclusiva con Fox News, se hizo eco de la preocupación de los senadores con respecto a Venezuela. Las grandes marcas estadounidenses como Costco, Walmart, KFC y Publix continúan transportando y utilizando sus productos, mientras que los grandes inversores como BlackRock y Capital tienen grandes participaciones en estas empresas.

"Los estadounidenses podrían estar apoyando inadvertidamente los tratos de JBS en Venezuela", dijo Huffman. “Ese es el problema con estos gigantes mundiales. Usted está apoyando a una corporación extranjera y su influencia en todo el mundo cuando compra productos de JBS ".

Rubio y Menéndez también acusaron a los hermanos Batista de construir su imperio estadounidense y dañar a los agricultores estadounidenses a través del soborno y la corrupción en su carta.

"Nos preocupa que JBS S.A.utilizó el financiamiento mal recibido que recibió de BNDES, que totalizó más de $ 1.3 mil millones, para adquirir compañías estadounidenses", escribieron Rubio y Menéndez. "Se ha informado que el Departamento de Justicia ha abierto una investigación sobre J&F Investimentos por posibles violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que solo subraya nuestra preocupación de que la naturaleza cuestionable de las prácticas financieras de JBS SA plantea riesgos significativos para sus filiales estadounidenses y el sistema alimentario de los Estados Unidos ".

Huffman elogió el esfuerzo bipartidista y reforzó las preocupaciones planteadas por la carta de los senadores sobre cómo JBS está perjudicando la salud de los ciudadanos estadounidenses y la seguridad financiera de los agricultores y ganaderos estadounidenses.

"Los senadores Rubio y Menéndez están instando a la administración Trump a investigar. JBS, y los aplaudimos por este esfuerzo", dijo Huffman. "En 2017, JBS fue sorprendido exportando carne podrida en todo el mundo y cubriendo el hedor, usando ácido que causaba cáncer". nuevamente utilizaron el soborno para pasar esta carne por encima de los funcionarios de seguridad alimentaria, y justo el año pasado, JBS admitió haber engañado a los granjeros y ganaderos de Estados Unidos al pagarles menos del valor real por su ganado en tres plantas de procesamiento de carne separadas. de miles de dólares en pérdidas por agricultor. Y esto es justo cuando han sido atrapados ".

En 2017, los investigadores brasileños acusaron a los inspectores de salud de sobornar para pasar por alto la venta de carnes vencidas. La policía también alega que se mejoró la apariencia y el olor de las carnes caducadas mediante el uso de productos químicos y productos más baratos como el agua y la harina de mandioca.

Huffman subrayó el peligro potencial que el monopolio de Batista sobre la carne representa para la seguridad nacional.

"Más del 80 por ciento de la industria de la carne en los Estados Unidos está controlada por solo cuatro corporaciones y dos de ellas son corporaciones brasileñas", explicó Huffman. "Por lo tanto, la tendencia creciente de la inversión extranjera en nuestro sistema alimentario realmente exige una mayor atención y escrutinio para salvaguardar el suministro de alimentos de nuestra nación".

JBS respondió a las críticas promocionando su papel como "un importante empleador estadounidense, proporcionando más de 60,000 empleos y asociándose con más de 11,000 granjeros, ganaderos y productores avícolas de los Estados Unidos".

Sin embargo, una revisión de los registros judiciales revela que JBS USA y Pilgrim’s Pride tienen numerosas demandas y quejas pendientes en su contra presentadas por los ganaderos estadounidenses y sus propios empleados.

Sin embargo, una revisión de los registros judiciales revela que JBS USA y Pilgrim’s Pride tienen numerosas demandas y quejas pendientes en su contra presentadas por los ganaderos estadounidenses y sus propios empleados.

Las demandas van desde acusaciones que incluyen violaciones de leyes federales y ordenanzas en el lugar de trabajo hasta conductas anticompetitivas, como la fijación de precios y la mala conducta del empleador. Huffman argumentó que el monopolio de la carne de JBS deja a los granjeros estadounidenses con pocas opciones. Jonathan Buttram, presidente de la Asociación de Productores Avícolas Contrato de Alabama y miembro de la junta de OCM, se hizo eco de los sentimientos de Huffman.

"El orgullo de los peregrinos de JBS es lo peor de lo peor", dijo Buttram. "Actúan como terroristas con sus tácticas abusivas. Cuando me convertí en presidente de la Asociación de Productores Avícolas de Alabama, JBS comenzó un proceso de hostigamiento que finalmente llevó a su terminación mis contratos y poner a mi familia en bancarrota. Desde entonces he aconsejado a numerosos agricultores que han considerado suicidarse debido al continuo hostigamiento y abusos de JBS ".

Steve Krajicek es un alimentador de ganado pequeño e independiente que vive en Nebraska. Está entre los ganaderos afectados por las prácticas comerciales de JBS.

"Es un monopolio, tenemos todas las desventajas", dijo Krajicek. “El agricultor se ve obligado a asumir todo el riesgo, y el empacador controla todo el proceso. Los agricultores están a su merced. El historial de JBS es hacer todo lo posible para obtener todo lo que pueda ".