Mostrando entradas con la etiqueta Blog Venezuela Política. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Blog Venezuela Política. Mostrar todas las entradas

miércoles, 13 de octubre de 2021

Mafias 'cobra vacunas' que operan en el Mejorador de Crudo Petrocedeño

   Las contratistas que operan en la planta se verían obligadas a pagar las tarifas que se han establecido por cada etapa de los procesos y servicios que se tengan que llevar a cabo.

Por Maibort Petit
   Fuentes ligadas a la industria petrolera denunciaron a Venezuela Política una serie de irregularidades que tienen lugar en el Mejorador de crudo de Petrocedeño en un Programa de Recuperación de Activos de PDVSA, supuestamente protagonizado por un grupo de trabajadores de la planta a cuya cabeza se encuentra el ingeniero Pedro Márquez, un Planificador de Mantenimiento, pero actualmente está encargado de una de las superintendencias de mantenimiento. La denuncia sostiene que estas personas han instaurado un sistema de amenazas, extorsión y acoso laboral que amenaza con acabar con lo poco que a la fecha funciona en dicho complejo.
   Como se sabe, en abril del presente año 2021 se supo que PDVSA planeaba —de acuerdo a información que reveló Reuter— poner nuevamente en funcionamiento dos de los cuatro mejoradores de crudo que posee en Venezuela, con el objetivo de impulsar la producción del crudo extrapesado de la Faja del Orinoco.

  Dichos mejoradores —que convierten crudo extrapesado en variedades exportables— se encontraban fuera servicio desde 2019 debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a la estatal petrolera, la cuales impiden vender el hidrocarburo a empresas estadounidenses, las cuales eran las principales compradoras de crudo mejorado. Ante esta situación, PDVSA procedió a comercializar una mezcla de crudo extrapesado del Orinoco con petróleo liviano o combustible, que le permitían formular variedades que coloca en Asia, los cuales se han convertido en su principal mercado. Debido a dificultades a la priorización de la inyección de crudos medianos y livianos a sus refinerías, se incrementó la escasez de petróleo para mezcla. De allí, la necesidad de reiniciar operaciones en dos de sus empresas mixtas: Petrocedeño con la francesa Total y la noruega Equinor; y Petromonagas con un consorcio de firmas rusas.
    En tal sentido, indicó la agencia noticiosa en aquel entonces, el “mejorador de Petrocedeño comenzó el protocolo de reinicio con la puesta en marcha de las calderas y servicios industriales, mientras que el mejorador de Petromonagas empezó a recircular unos 40.000 barriles, sin producción” para la fecha de la publicación[1].

   Sin embargo, es importante acotar que dichos mejoradores de crudo no se han visto paralizados únicamente por la aplicación de las sanciones estadunidense, pues una nota de la misma agencia Reuters refería en 2009 que el mejorador de crudo del proyecto Petrocedeño permanecía detenido por presentar fallas intermitentes, mientras el mejorador de Petroanzoátegui tenía desperfectos en sus calderas[2].

  El 31 de julio de 2021, Total Energies SE y Equinor ASA renunciaron a su participación en Petrocedeño. La primera de estas empresas transfirió el 30 por ciento de las acciones que poseía a PDVSA, bajo el argumento de “una alineación con esfuerzos para frenar su huella de carbono general”, recoge una nota de Bloomberg, que difundió lo expresado por Patrick Pouyanne, director ejecutivo de la compañía, quien aseguró que la decisión no estaba relacionada “con la situación política en Venezuela, ni con las sanciones”.

   La misma nota indicó que PDVSA sostuvo que Petrocedeño sería el “eje central” del desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco a través de la transformación de hidrocarburos extrapesados[3].

  Al respecto, el portal especializado Argus informó que PDVSA procuraba integrar Petrocedeño a su ·degradado sistema de refinación” a través de cambios tecnológicos que motivaron la retirada de Total Energies y Equinor. Tal iniciativa, de acuerdo a expertos consultados por es una improvisación con la cual se corre el riesgo de provocar un accidente industrial. La nota igualmente acusa la errática política de nacionalización del finado expresidente Hugo Chávez como parte de la causa del proceso de deterioro de estas plantas en razón de la falta de mantenimiento e inversión[4].
    Es en medio de este panorama que se produce la denuncia que llega a nuestra mesa de redacción sobre el andar irregular de Márquez y su grupo, una red de amenaza y extorsión que, incluso, valiéndose, supuestamente, del personal de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral (DSI) para desalojar de las instalaciones a quienes no se les someten.

  Entre sus prácticas estaría el cobro de “vacuna” a las empresas contratistas que prestan servicio en el Mejorador de Crudo Petrocedeño, siendo el viernes de cada semana el día de cobro de dicha comisión. Refiere la fuente denunciante, que pedro Márquez y su “equipo”, ha establecido tarifas que deben cancelarse en cada etapa de los procesos, por ejemplo, cuando se trata de reparación de bombas, al momento del desmontaje de las mismas, deben cancelarse USD 150 e igual monto luego de reparada al momento del montaje. Igualmente, USD 150 es la cuota a pagar por el uso de las grúas que se usan en estos procesos de montaje y desmontaje. Las contratistas deben pagarle a Márquez también por el uso de equipos y repuestos que normalmente PDVSA debe disponer y entregar a las empresas para que le reparen los equipos en el tiempo más corto posible.

   Según las fuentes denunciantes, ya ni siquiera se molestan en guardar las formas, pues los cobros de las vacunas y cancelación de las mismas se hace a ojos vista y sin el menor recato. Al parecer, Pedro Márquez ha establecido una red de espías que le mantienen informado de las denuncias y accionar de las empresas contratistas.

REFERENCIAS

[1] Reuters. “Venezolana PDVSA planea reinicio de mejoradores de crudo mientras escasean diluyentes: documento”. 30 de abril de 2021. https://www.reuters.com/article/venezuela-petroleo-mejoradores-idLTAKBN2CH2I6



[2] Reuters. “Mejorador crudo pesado Petrocedeño en Venezuela sigue parado”. 7 de diciembre de 2009. https://www.reuters.com/article/petroleo-venezuela-faja-idARN079837320091207



[3] Bloomberg Línea. “¿Qué espera el gobierno de Maduro tras quedarse con el 100% de Petrocedeño?”. 31 de julio de 2021. https://www.bloomberglinea.com/2021/07/31/que-espera-el-gobierno-de-maduro-tras-quedarse-con-el-100-de-petrocedeno/



[4] Argus. “PdV seeks to integrate upgrader into refining system”. 30 de julio de 2021. https://www.argusmedia.com/en/news/2239942-pdv-seeks-to-integrate-upgrader-into-refining-system?backToResults=true

 

miércoles, 19 de mayo de 2021

Así ha huido Rafael Ramírez del juicio que entabló Harvest en su contra en la Corte de Houston

   Para Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV ha resultado toda una odisea sentar al ex-zar petrolero venezolano en el banquillo de los acusados.

Por Maibort Petit

   Un escurridizo Rafael Ramírez se dio a conocer en los alrededores del Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, donde en febrero de 2018, Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV entabló una demanda en su contra, al señalarlo causarles daños y de formar parte de un esquema de soborno y lavado de dinero.
   La acción legal de los demandantes igualmente está dirigida contra Juan José García Mendoza, Petro Consultores SC, Petro Consultores International Trading Company Inc., Petroconsultores (Barbados) LTD., Petroconsultores Inc., Selle LLC, Azure 904 LLC, Azure 406 LLC, Eulogio Del Pino Díaz y José Ángel González Acosta, supuestamente integrantes de la trama de corrupción.

  Pero los demandantes no la han tenido fácil con el exministro de energía y minas y expresidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en su objetivo de sentarlo en el banquillo de los acusados y hacer que responda a las imputaciones que le formulan. De hecho, el 13 de febrero de 2019, la juez federal de Houston, Lee Rosenthal, dictaminó que Rafael Ramírez debía pagar a los demandantes USD 1.400 millones como compensación por el fraude de fueron objeto, pero una nueva decisión judicial le otorgó la oportunidad de presentarse a un nuevo juicio en el que pudiera ejercer su derecho a la defensa[1].

  De la odisea que ha significado para los demandantes para darlo por enterado de la acusación y así poder verse a la cara con Ramírez en los tribunales, damos cuenta en esta entrega en la que mostramos una serie de diligencias, documentos y estrategias emprendidas para cumplir con el cometido de enjuiciar a Rafael Ramírez.

   El 17 de octubre de 2019, Abbe David Lowell, abogado de la firma Winston & Strawn, responsable del demandado Rafael Darío Ramírez Carreño, presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, el segundo conjunto de respuestas y objeciones de su representado sobre cuestiones relativas a Servicio de proceso y jurisdicción en el caso de la demanda que, contra él y otros, entablaron Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia B.V.

   El abogado de Ramírez, de conformidad con las Reglas Federales de Procedimiento Civil 33 y 34, y la Regla Local 33 del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, respondió y objetó por segunda vez a los demandantes sobre cuestiones relativas al servicio del proceso y la jurisdicción. Tales respuestas fueron designadas como confidenciales en los términos de la Orden de Protección Convenida, la cual fue dictada por el tribunal el 1 de octubre de 2019.

  Asimismo, se precisó que, de conformidad con las órdenes del Tribunal y el acuerdo del abogado, se proporcionarían respuestas adicionales de forma continua y se completarían antes del 16 de enero de 2020.

La información confidencial

  En primer lugar, se advertía la posible sospecha por parte de Nicolás Maduro, de que fuera Rafael Ramírez una de las fuentes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cuyos datos permitieron la elaboración del informe oral que emitió el 20 de marzo de 2019 y que fue publicado el 4 de julio de 2019, relativo a las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

   Entre los datos se refiere que existía una amplia evidencia de que los objetivos políticos, como es el caso de Rafael Ramírez, son severamente torturados y asesinados si son capturados o extraditados. Como ejemplo se cita el caso de Nelson Martínez, exministro de petróleo y exjefe de la refinería Citgo Holding Inc., quien había muerto para la fecha, mientras se encontraba en prisión en Venezuela. Un hecho que ocurrió luego de haber sido secuestrado y abusado durante un año bajo las órdenes de Nicolás Maduro, sin haber sido juzgado ni convicto. Había sido arrestado en noviembre de 2017 como parte de la purga política implementada por Maduro en contra de sus de opositores políticos.

  Otro caso citado es el del arresto el 30 de junio de 2019, del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, quien fue torturado hasta la muerte mientras estaba en prisión en Venezuela. Asimismo, en agosto del mismo año, el concejal de la oposición, Fernando Albán, murió tras caer desde el décimo piso de la sede de los servicios de inteligencia de Venezuela en Caracas tras ser secuestrado y torturado durante 72 horas. Agrega que las solicitudes de extradición contra ciudadanos venezolanos que viven en España han sido denegadas en razón del riesgo de tortura, tratos inhumanos o degradantes si se devuelven a Venezuela.

   En el interrogatorio número 5, en el que se le consulta cómo y cuándo se enteró de la demanda en su contra, Ramírez objeta esta solicitud en la medida en que busca información sujeta al privilegio abogado-cliente, la doctrina del producto del trabajo y cualquier otro privilegio aplicable.

   Sujeto y sin exención de las objeciones anteriores y del derecho de Ramírez a enmendar o complementar sus respuestas, este respondió que, uno o dos días después de que se presentara la acción legal en febrero de 2018, cuando un periodista de Reuters le preguntó sobre el asunto. El reportero no especificó cómo se mencionaba a Ramírez en la demanda, pero sí que se trataba de denuncias de sobornos en PDVSA. Ramírez le habría respondido al periodista que que no recibió ningún soborno, así como su creencia de que, en algún momento después, una persona que se presentaba como abogado de Harvest intentó contactarlo a través de WhatsApp. Como no pudo determinar si el texto era creíble, lo remitió a su abogado.

   En el interrogatorio Nº 9 se le pide a Rafael Ramírez identificar, por institución financiera y número, todas las cuentas financieras en los Estados Unidos en las que tenga o haya tenido alguna propiedad o interés de beneficiario final desde el 1 de enero de 2012 hasta la fecha de la entrevista, incluidas, entre otras, las cuentas de Ocean Bank, Espirito Santo Bank, Brickell Bank o Amegy Bank. Se indicaba que debía incluirse cualquier propiedad o interés de beneficiario final que tenga o haya tenido a través de cualquier individuo o entidad, incluidos los testaferros.

   Esta pregunta también fue objetada por Ramírez por considerar como inexactos los hechos a que se refiere, además de requerir información sensible y personal. Sujeto y sin renuncia a la objeción anterior y al derecho de enmendar o complementar sus respuestas, Ramírez dijo que en o alrededor de mayo de 2015, abrió una cuenta financiera en la Cooperativa de Crédito Federal de las Naciones Unidas (UNFCU) para recibir salario como a embajador. Aseguró que esa era la única cuenta bancaria que poseía en Estados Unidos y agregó que, antes de abrirla, tenía una cuenta financiera en Bank of America con el mismo propósito de recibir su salario, pero esta fue cerrada por el banco en algún momento entre enero y mayo de 2015. Negó el uso de testaferros.

  En el interrogatorio Nº 12, se le pidió a Ramírez identificar todo el dinero, pagos, bienes o servicios de cualquier tipo y valor que él o su familia recibieron de Luis Carlos De León Pérez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, César David Rincón Godoy, Alejandro Isturiz Chiesa, Rafael Ernesto Reiter Muñoz, Javier Alvarado-Ochoa, Daisy Teresa Rafoi Bleuler, Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta, Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Enrique Rincón Fernández desde el 1 de enero de 2011 hasta la fecha del interrogatorio.

  Como las anteriores, esta pregunta también fue objetada por Ramírez al procurar información más allá del alcance del servicio y cuestiones de jurisdicción personal. Sujeto y sin renuncia a las objeciones anteriores y al derecho de modificar o complementar sus respuestas, Ramírez aseguró que no conoce personalmente a dichas personas.

El abogado y el periodista

  El 23 de marzo de 2018, el periodista de AP, Joshua Goodman, le remitió un correo electrónico a Dane Ball, abogado de la firma Smyser Kaplan & Veselka L.L.P, en el que advertía que, para responder algunas interrogantes al abogado, debían garantizarle que no sería citado en ningún expediente judicial, petición a la que accedió el requirente: “Correcto. No lo citaremos ni haremos público un correo electrónico que nos envíe”, le aseguró Ball.
   El abogado, en un correo anterior, le había hecho referencia a la respuesta de Rafael Ramírez respecto a la fecha en que se había enterado de la demanda en su contra de parte de Harvest y a una afirmación del reportero acerca de que por vía telefónica le había enviado la denuncia y quería saber los detalles de la respuesta de Ramírez.
   Cuando obtuvo la garantía, Goodman dijo que revisaría sus archivos y, momentos después, respondió quelo único que Rafael Ramírez le había manifestado era que Harvest quería vender sus activos y la Asamblea Nacional debía aprobarlo, de acuerdo a las leyes que rigen las empresas conjuntas con PDVSA.

  Goodman agregó que Ramírez advirtió que no era una decisión discrecional de él la aprobación de la operación y que se reservaba el derecho de demandar a la empresa. Dijo que el expresidente de PDVSA y ex ministro de energía venezolano, comparó la denuncia en su contra con terrorismo judicial, pero sin mencionar a los abogados.

   Rafael Ramírez le habría informado que consultaría con un abogado para que revisara la denuncia y preparara una declaración y aseguró que “nunca le había pedido dinero a nadie ni que se involucraría en la elección de socios para una empresa conjunta. Que dependía de una entidad llamada CVP, supongo que alguna oficina de PDVSA o agencia gubernamental”.
   Pero la brega de Dane Ball por contactar a Ramírez a través de Joshua Goodman venía desde el 17 de febrero, cuando el abogado le envió un correo electrónico al periodista de AP para solicitarle que, si volvía a tener comunicación con el exministro petrolero venezolano, le hiciera mención de su interés por contactarlo informalmente.

   El abogado expresó de manera que el periodista se lo hiciera saber a Ramírez que, si bien existían mecanismos legales formales para resolver la situación, estimaba intentar intercambiar información hablando de manera informal.


   Ball no subestimaba ninguna información que el periodista pudiera suministrarle, al tiempo que se comprometía a no revelar la fuente.

  A lo que Joshua Goodman le advirtió que no creía posible poder convertirse en un conducto entre ambas partes. Entonces mostró una ficha, le suministraría un número telefónico de Rafael Ramírez con el firme compromiso de que nunca se hiciera saber que él ni ningún otro periodista lo había proporcionado.


   Y finalmente vino el dato, con la advertencia de que la comunicación tal vez sólo sería posible por WhatsApp a través de wifi, pues dudaba que mantuviera la línea telefónica en uso.

Y efectivamente, el número pertenecía a Rafael Ramírez:
   Días después, específicamente el 27 de marzo de 2018, el abogado Dane Ball contactó a Rafael Ramírez a través de un mensaje de WhatsApp, presentándose como uno de los abogados de Harvest Natural Resources en la demanda que ésta entabló en Estados Unidos contra el ex-zar petrolero venezolano.

   Ball le refirió a Ramírez que el motivo de su comunicación se debía al hecho de que este no había respondido a la demanda en el tribunal, ni ningún abogado se había presentado en su nombre.

  Le manifestó su interés de conversar sobre el asunto con él o con su abogado para, simplemente, “saber, en este momento, si responderá a la demanda en la corte”.

   Finalmente le reiteró la invitación a hablar con relación a la demanda, bien por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico.



















[1] Venezuela Política. “¿Engañó Rafael Ramírez al Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston?”. 7 de mayo de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/05/engano-rafael-ramirez-al-tribunal-del.html