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martes, 26 de noviembre de 2019

Accionistas del Banco del Orinoco intentaron disolverlo sin la autorización del Banco Central de Curazao y San Martín

Un documento que damos a conocer a continuación refiere todas las normas y disposiciones legales que se violaron con la disolución del BDO.


Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Para evitar enfrentar las normas legales vigentes en la nación caribeña, los accionistas del Banco del Orinoco N.V., filial del Banco Occidental de Descuento (BOD), decidieron disolver la entidad bancaria sin la previa autorización del Banco Central de Curazao y San Martín (CBCS), razón por la cual el organismo decidió implementar una serie de medidas de emergencia respecto a la institución perteneciente a Víctor Vargas.
  Así se desprende de una comunicación dirigida por los abogados del bufete VanEps Kunneman VanDoorne, representante del CBCS, en la que se informa a los accionistas del BDO de todas las disposiciones legales que se violaron con la pretendida disolución de la institución sin el visto bueno de las autoridades curazoleñas.

  VanEps Kunneman VanDoorne[1] es una firma de abogados con 75 años de labores en la parte caribeña del Reino de los Países Bajos con oficinas en Curazao, Aruba, Bonaire y San Martín, cuya fama y reputación se debe principalmente a su dominio en materia de adquisiciones y en litigios corporativos y resolución de disputas, en asuntos de insolvencia, tanto para prestamistas como como receptor/fiduciario, en derecho marítimo y de transporte, propiedad intelectual, problemas de empleo y banca y finanzas.

La comunicación de los abogados

  El 6 de septiembre de 2019, desde la firma VanEps Kunneman Van Doorne se remitió una comunicación a la empresa Cartera de Inversiones Venezolanas, al Banco Occidental de Descuento, Banco Universal C.A. y a Emsley Tromp, la cual versaba sobre las medidas de emergencia recomendadas a implementar en el Banco del Orinoco N.V.

  Se informa que en fecha 3 de septiembre de 2019, había tenido lugar una sesión judicial que atendió a la solicitud formulada por el cliente de la firma de abogados, el Banco Central de Curazao y San Martín (CBCS), de que se implementara una medida de emergencia (noodregellng) al Banco del Orinoco N.V. (BDO).

  En posterior fecha, específicamente el 5 de septiembre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia de Curazao emitió la medida de emergencia al BDO, por lo que el Banco Central quedó autorizado a ejercer, con exclusión de cualquier otra parte, todos los poderes de los directores y directores supervisores del Banco del Orinoco.

 Refirió VanEps Kunneman Van Doorne que de acuerdo a lo decidido en la reunión extraordinaria de accionistas  del Banco del Orinoco habida el 3 de septiembre —tal como lo recogen las actas de la misma en donde se reflejan las resoluciones adoptadas— se resolvió disolver la entidad bancaria y se designó a Emsley Tromp, como liquidador del BDO.

  Se apunta que las actas de dicha reunión fueron proporcionadas al CBCS el 6 de septiembre de 2019 por J. Bloem del departamento legal del Banco del Orinoco.

 El despacho de abogados advirtió que las resoluciones se adoptaron sin el permiso del Banco Central de Curazao y San Martín, de acuerdo a los estipulado en el artículo 23, párrafo 1 bajo e y párrafo 2 bajo a. Refieren que alertaron en el nombre de su cliente —el Banco Central— que de acuerdo a lo establecido en dicho artículo 23, párrafos 4 y 5, que tales resoluciones debían ser anuladas por los accionistas de BDO, a saber, Cartera de inversiones Venezolanas y Banco Occidental de Descuento, Banco Universal C.A. en un lapso de 24 horas que se contaban a partir de la fecha de la comunicación (6 de septiembre de 2019).

  Indicaron los abogados, que el Banco Central procedería a deshacer las resoluciones, atendiendo a lo estipulado en el artículo 30, párrafos 6 y 7 de la Ordenanza Nacional sobre la Supervisión de las Instituciones Bancarias y de Crédito de 1994 (NOSBCI) lo cual, junto a lo ya referido sobre la violación del artículo 23, constituía un delito penal de conformidad con el Artículo 50 de la citada NOSBCI, que podía ser castigado hasta con cuatro años de prisión. Alertaron que el CBCS estaba considerando —a la fecha de la comunicación— dar a conocer sus hallazgos a la fiscalía.
    Igualmente, VanEps Kunneman Van Doorne manifestó la decisión del Banco Central de Curazao y San Martín—sin perjuicio de lo anterior— de destituir a Emsley Tromp como liquidador del BDO, atendiendo a lo establecido en el artículo 30, párrafo 5 de la Ordenanza Nacional sobre la Supervisión de las Instituciones Bancarias y de Crédito de 1994.

 Asimismo, advirtieron que cualquier decisión que hubiera adoptado el referido Emsley Tromp con respecto a la disolución de BDO, se entendería como una clara violación del Artículo 26 de la NOSBCI, que indica que cualquier liquidación debe llevarse a cabo bajo la supervisión del Banco Central y está sujeta a las instrucciones dictadas por este.

  El Banco Central de Curazao y San Martín exigió a Tromp—a través de la comunicación— rendir cuentas de todos los actos realizados en nombre del BDO en su supuesta posición de liquidador.

  El CBCS le solicitó a  Tromp devolver de manera inmediata todos los activos del Banco del Orinoco N.V. que tuviera en su poder, incluidos, entre otros, los libros, la correspondencia y los documentos.

Finalmente se alertó que el CBCS se reservaba el derecho de responsabilizar personalmente a Tromp por los actos realizados como supuesto liquidador.

El acta de los accionistas del BDO

  Junto a la comunicación alertando de las decisiones que su cliente el Banco Central de Curazao y San Martín adoptaría, los abogados de VanEps Kunneman Van Doorne anexaron el acta de la junta extraordinaria de accionistas de Banco del Orinoco N.V. del 3 de septiembre de 2019.

 Dicha acta, suscrita por el director gerente autorizado por los accionistas del BDO, Joel Santos, certificaba que la misma era copia fiel y exacta del acta original impresa y firmada en el Libro de Actas de la Junta General de Accionistas de Banco del Orinoco N.V.

  Se identificaba a la institución bancaria como una compañía de responsabilidad limitada establecida bajo las leyes de las Antillas Neerlandesas y existente bajo las leyes del Registro Comercial Curazao número 64808, con domicilio social en Windstraat 3, primer piso, Handelskade, Curazao, celebrada el 3 de septiembre, en Curazao.

   Seguidamente el acta daba cuenta de la representación en la reunión de todos los accionistas del Banco del Orinoco N.V., a saber, Cartera de Inversiones Venezolanas C.A. (CIV) con una cuota de 3.225 acciones que le otorgaban igual cantidad de votos equivalentes a 81,375 por ciento del paquete accionario; y el Banco Occidental de Descuento, Banco Universal C.A. (BOD) con 745 acciones que representaban el 18,625 por ciento.
   La reunión de la junta directiva se inició a las 17:50 hrs. con el quórum requerido.

 Estuvieron presentes, Joel Santos, uno de los Directores Estatutarios del BDO y apoderado de los accionistas; Jesús Escudero, representante legal del BDO; y Emsley Tromp, en carácter de invitado.

  Joel Santos fue designado como presidente de la reunión y luego de informar que estaba presente el 100 por ciento de las acciones colocadas y en circulación del Banco del Orinoco N.V., estableció la Junta Extraordinaria de Accionistas convocada de conformidad con los artículos de incorporación 13, párrafo 4, de los artículos de Incorporación de la compañía.

  Como secretario de la reunión y redactor del acta se designó a Jesús Escudero.

  La reunión tuvo lugar en Curazao en la oficina central del Banco del Orinoco N.V. donde Tromp estaba presente, mientras que Santos y Escudero asistían por medio de videoconferencia.

  La agenda de la reunión comprendía, primero, la disolución de la compañía; y de resultar aprobada dicha disolución, se pasaba al segundo punto, relativo a la designación de Emsley Tromp como liquidador del BDO.

La disolución del BDO

  Al comenzar a discutir el primer punto de la agenda, el presidente de la reunión extraordinaria, Joel Santos, informó a los accionistas de la situación del BDO con los bancos corresponsales, los cuales o bien habían terminado las relaciones de corresponsalía con dicha institución o habían limitado las condiciones necesarias para procesar las transferencias.

  Santos explicó que por  exceder los pagos extranjeros a/para los depositantes, el BDO se había vuelto casi inmanejable.

 Añadió Santos que las sanciones de los Estados Unidos contra Venezuela habían hecho que fuera muy difícil para algunos de los depositantes —fueran estos entidades o ciudadanos venezolanos— procesar sus transacciones al estar bajo un alto escrutinio.

 Alertó Santos que la situación se complicaba aún más con las políticas de eliminación de riesgos, toda vez que Curazao era designado como uno de "los principales países que lavan dinero".

  Subrayó Santos que todos estos factores hacían imposible entablar nuevas relaciones de corresponsalía bancaria.

  La conclusión de quien presidía la junta extraordinaria fue que en medio de este escenario el desempeño del BDO se había visto seriamente afectado, razón por la cual propuso resolver la disolución de la compañía.

  En este sentido, los accionistas informaron que habían revisado y considerado la propuesta y resolvieron adoptar por unanimidad la siguiente resolución:

 Resolución: Disolver la empresa. Los accionistas acordaron notificar por escrito al Banco Central de Curazao y San Martín (CBCS) de esta resolución, de conformidad con la Sección 26 de la Ordenanza Nacional de Supervisión de las Instituciones Bancarias y de Crédito (NOSBCI).

Las directivas de la compañía también serán notificadas de esta resolución de Accionistas.

El nombramiento de Tromp

  El segundo punto de la agenda de la reunión de la junta extraordinaria de accionistas del BDO fue el relativo a la designación de Emsley Tromp como liquidador del Banco del Orinoco N.V.

  En tal sentido, los accionistas refirieron que habían revisado y considerado la propuesta y había adoptado por unanimidad la siguiente resolución:

Resolución: Nombrar a Emsley Tromp como liquidador del BDO.


El liquidador tendría el poder de:

1) Al tomar su posición de liquidador, habría un inventario de todos los créditos y depósitos de cualquier naturaleza y recibir los libros, correspondencia y documentos de la compañía.

2) Continuar y concluir las operaciones que estuvieran pendientes al momento de la disolución.

3) Exigir la cuenta de su administración a la junta de directores del BDO, a la junta de supervisores de directores, y cualquier otra que hubiera administrado los intereses de la compañía.

4) Liquidar y cancelar las cuentas de la empresa con terceros, incluidas, entre otras, las cuentas con custodios.

5) Recolectar los créditos, activos, recibir su monto y otorgar los acuerdos correspondientes.

6) Vender mercancías y otros bienes muebles e inmuebles del BDO.

7. Restaurar las posiciones de los clientes en el BDO dentro de los 60 días siguientes a la disolución, en especie o en efectivo, en función de la situación que tuvieran respecto a los bancos corresponsales.

8) Presentar declaraciones de liquidación, cuando fuera requerido por los accionistas de la compañía.

9) Cumplir con los deberes formales y las obligaciones tributarias pendientes, presentar las declaraciones a las que dieran lugar y notificar a las diferentes administraciones tributarias nacionales, estatales y municipales, si correspondiera.

10) Representar judicial y extrajudicialmente al BDO y otorgar poder a los abogados para el ejercicio de la representación de esta ante cualquier autoridad pública privada.

11) En general, realizar todos los actos destinados a la liquidación de la empresa.

12) Rendir, al final de la liquidación, cuenta general de su administración.

Finalmente, a Joel Santos se le otorgó la autorización para certificar cualquier copia del acta que se levantara de la reunión la cual, finalmente, se suspendió a las 18:20 horas para redactar el acta y a las 18:40 horas  fue reanudada para discutir, aprobar y firmar dicha acta (materialmente solamente firmó Joel Santos). La sesión se levantó a las 19:00 h.

Citas

[1] VanEps Kunneman VanDoorne. https://www.ekvandoorne.com/en/

jueves, 21 de noviembre de 2019

Estas fueron las recomendaciones que se formularon para salvar al Banco del Orinoco en Curazao

Cuatro fueron los escenarios propuestos por los expertos, quienes planteaban desde la venta y transferencia de las acciones a un tercero, el traspaso a otros bancos en el grupo, la liquidación de la entidad o su conversión en una entidad extranjera.


Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un memorando confidencial elaborado por expertos pertenecientes a una reconocida firma de abogados de Curazao, fue presentado a las autoridades del Grupo Financiero BOD, planteando la posibilidad de aplicar alguno de los cuatro escenarios que recomendaron para salvar al Banco del Orinoco N.V., entidad que, finalmente, fue intervenida y liquidada por el Banco Central de Curazao y San Martín.
   El documento fue elaborado por HBN Law[1], un bufete de abogados fundado en 1938 en Curazao, líder tanto en esa isla como en el resto del Caribe.

El memorando

Un borrador de memorando confidencial fechado el 5 de octubre de 2018 y elaborado por los abogados Eric R. de Vries[2] y Chris van Amersfoort[3] de la firma HBN Law, estaba dirigido a Jesús Escudero, director legal del Grupo Financiero BOD cuyo contenido planteaba los distintos escenarios que ese despacho visualizaba  con relación al Banco del Orinoco N.V.

   Refería el memorando, en primer término, que el  BDO se encontraba establecido en Curazao gracias a una licencia de institución de crédito internacional otorgada por el Banco Central de Curazao y San Martín (CBCS) bajo la Ordenanza de Supervisión de Instituciones Bancarias y de Crédito 1994, P.B. 1994, Nº 4, estando registrada como un banco internacional no consolidado.

  La comunicación planteó cuatro escenarios proporcionando una visión general de alto nivel de los requisitos legales y reglamentarios para cada uno de ellos.

   Dichos escenarios planteaban, primero, una venta y transferencia de todas las acciones del capital del BDO a un tercero comprador; segundo, (i) una transferencia de acuerdos con clientes más grandes a otros bancos en el grupo BDO, (ii) una terminación de acuerdos con clientes más pequeños del BDO seguido del pago del saldo de cuentas a dichos clientes; y (iii) que el BDO continuara como un banco de inversión/crédito documental para ciertos clientes comerciales; tercero, (i) y (ii) del escenario 2, (iii) una liquidación de BDO; y cuarto, una conversión del BDO en una entidad extranjera.

   Para la elaboración del documento, los abogados de HBN Law revisaron la Ordenanza de Supervisión de Instituciones Bancarias y de Crédito y sus actualizaciones; la licencia bancaria emitida al Banco del Orinoco (Bonaire) N.V. de fecha 12 de septiembre de 1994, número 94-11.502; las versiones en inglés y en español del BDO sobre los términos y condiciones generales de la entidad; los términos y condiciones de los certificados de depósito de BDO; los estatutos de BDO modificados por última vez el 5 de marzo de 2009; otras leyes o reglamentos de aplicación general en Curazao que estimaron relevantes.
   Se advirtió que el memorando no describe ningún aspecto fiscal o laboral de los escenarios.

Primer escenario

  La venta y transferencia de acciones en BDO es el primer escenario planteado por HBN Law, para lo cual debía cumplirse con una serie de requerimientos y requisitos legales y reglamentarios.

  Los requerimientos legales contemplaban, primero, la venta y transferencia de acciones, lo cual en instituciones tipo N.V. puede ocurrir a través de una escritura privada o notarial de transferencia de acciones y el reconocimiento de la misma por parte de la compañía o la notificación de la transferencia a la compañía por orden judicial.

  Luego, refería que de acuerdo a los estatutos del Banco del Orinoco, la venta y transferencia de sus acciones por parte de un accionista estaba sujeta al otorgamiento del permiso respectivo por parte del Banco Central de Curazao y San Martín; así como a la obligación de ofrecer dichas acciones a los coaccionistas, si correspondiera.

  En el orden reglamentario, los requisitos estaban referidos, primero, a lo establecido en el artículo 23 (2) (c) de la Ordenanza de Supervisión de Instituciones Bancarias y de Crédito 1994, que prohíbe vender o transferir acciones directa o indirectamente en una entidad de crédito sin la aprobación previa del Banco Central.

  Se remitieron a un memorando de política sobre la venta o transferencia de acciones emitido por el Banco Central de Curazao y San Martín referido a las instituciones de crédito supervisadas, las cuales requieren de la aprobación previa. En tal sentido, explicaron que una venta o transferencia de acciones en una entidad de crédito supervisada se encuentra sujeta a la aprobación previa por escrito del Banco Central.

  Desde el banco en cuestión, la oficina de administración debe informar por medio de una carta al CBCS su intención de vender o transferir acciones de los actuales accionistas, ofreciendo detalle de las razones por las cuales las acciones se venden o transfieren, así como acerca de la contraprestación pagada por acción por los nuevos accionistas.

  El Banco Central debía revisar los antecedentes y planes de los posibles accionistas quienes serían evaluados de acuerdo a los estipulado en el artículo 3 (2) (d) de la ordenanza relativa a la identidad, posición financiera y las referencia e historial de los mismos.

Se indica que existen tres tipos de accionistas:

a. Los nuevos accionistas siendo personas físicas, quienes individualmente no pueden tener más del 5 por ciento de las acciones en circulación de un banco y más del 25 por ciento en total para todas las personas físicas, a menos que el Banco Central otorgue una dispensa. Los aspirantes a nuevos accionistas deben enviar un cuestionario personal al CBCS, un certificado de buena conducta y referencias bancarias de instituciones donde hayan mantenido una relación de larga data.

b. Los nuevos accionistas como empresas o instituciones no bancarias, las cuales para convertirse en accionistas de una institución de crédito, deben someterse a los requerimientos del Banco Central, tales como cuestionarios personales de sus directores gerentes; estados financieros auditados de los últimos tres años de la empresa/institución; estatutos sociales; un cuadro de grupo que contenga un resumen de todas las empresas e instituciones del grupo, incluida la empresa matriz y los beneficiarios finales.

c. Nuevos accionistas siendo una entidad de crédito supervisada, las cuales deben presentar al CBCS una declaración de la autoridad supervisora del país de origen que indique que no tiene objeciones contra la inversión de la institución bajo su supervisión en un banco establecido localmente y que ejerce una adecuada supervisión consolidada de la entidad de crédito. Igualmente debe entregar los estados financieros auditados de los últimos tres años y un cuadro de grupo con la información al Banco Central.

   Por otra parte, el Banco Central de Curazao y San Martín puede solicitar información adicional de los nuevos accionistas si estimare que la información presentada es insuficiente para formar y una opinión adecuada sobre la identidad, la situación financiera y los antecedentes de los posibles accionistas.

Segundo escenario

  HBN Law plantea como segundo escenario la transferencia/terminación de acuerdos con clientes y la continuación del Banco del Orinoco NV.

   Para llevar a cabo la transferencia de acuerdos con clientes es necesario que los acuerdos puedan ser pasados por una parte a otra mediante una escritura privada que requiere el consentimiento de la contraparte.


     Tal como ocurre con la mayoría de las instituciones de crédito, el BDO establece en sus términos y condiciones generales una disposición en la cual la contraparte brinda su cooperación por adelantado para una transferencia asignación (parcial) de la relación de crédito. Así ocurre con los certificados de depósito del BDO. El despacho de abogados advirtió que al momento de redactar el memorando, no habían revisado aún la cuenta modelo de los acuerdos de depósito que el BDO usa con sus clientes, pero alertaron que la redacción de dicha disposición y los hechos y circunstancias dados de la transferencia de los acuerdos, requieren determinar si la cooperación que se ha brindado de antemano es suficiente.

    En caso de que el BDO no hubiera incluido dicha disposición en el acuerdo con sus clientes, podría considerar transferir los acuerdos con sus grandes clientes a su afiliado sobre la base de un "consentimiento implícito". De este modo, solamente los clientes que se opongan a dicha transferencia dentro de un cierto plazo se excluirían de la transferencia. Advierten que si algunos clientes lleguen a oponerse posteriormente a una transferencia al haber expirado el plazo, dicha transferencia puede no considerarse válida.

  Este segundo escenario contempla también la terminación de cuentas de clientes y certificados de depósito, para lo cual, en el primer caso, el BDO podría cerrar en cualquier momento cualquier cuenta mantenida por el cliente después de haber enviado un aviso por escrito cinco días hábiles  —o el período requerido o permitido por ley— a partir de la fecha en que el cliente recibió o se considera que recibió dicha notificación. Tanto el cliente como el BDO tienen derecho en todo momento a notificar la finalización de la relación.

  Respecto a los certificados de depósito, el BDO se reserva el derecho de decidir unilateral y discrecionalmente sobre la precancelación o la no renovación del depósito sin la necesidad de explicar las razones para hacerlo sin responsabilidad u obligación de compensar. El Banco del Orinoco pondrá a disposición del cliente el monto del depósito más los intereses generados hasta la fecha.

   Se alerta de que aun cuando los términos y condiciones generales del BDO permitían la terminación de la relación y el cierre de cuentas por parte de la entidad, al igual que también lo contemplaban los términos y condiciones de los certificados de depositario y la jurisprudencia lo dicta en función de los hechos y circunstancia, el Banco del Orinoco debía tener una base convincente para dicha terminación.

    Para llevar a cabo las transferencias de cuentas de clientes debían cumplirse una serie de normas, tal como lo establecido en el artículo 23 (1) (e) de la Ordenanza de Supervisión de Instituciones Bancarias y de Crédito 1994, que prohíbe que una entidad de crédito proceda a una reorganización corporativa o financiera sin la aprobación previa del Banco Central de Curazao y San Martín. El CBCS podía establecer algunas condiciones para aprobar la transferencia.

   Se observa que la ordenanza y las notas explicativas de la misma no especifican lo que corresponde a una "reorganización corporativa o financiera". Partiendo de que la legislación holandesa contiene una disposición similar a la de la ley de Curazao, se establece que la reorganización corporativa debía contemplar una situación en la que las actividades de una entidad de crédito se transfieren a una nueva estructura corporativa, es decir, una escisión de una parte de la empresa en una nueva subsidiaria.

  Refirieron que por analogía con la legislación holandesa, la transferencia de ciertos clientes depositarios a otros bancos dentro del grupo BDO requeriría probablemente la aprobación previa por escrito del Banco Central, ya que esto podría calificar como una reorganización financiera o corporativa.

 En caso de terminación masiva de cuentas de clientes probablemente requerirá la aprobación previa del Banco Central por escrito, sobre la base de que esto puede calificar como una reorganización financiera o corporativa.

  Se preveía que siempre que el BDO continuara cumpliendo con los requisitos de la Ordenanza de Supervisión de Instituciones Bancarias y de Crédito 1994 y su licencia bancaria, podía continuar haciendo negocios como un banco de inversión/crédito documental para ciertos clientes comerciales.

Tercer escenario

   Seguidamente, el memorando de HBN Law a Jesús Escudero hacía referencia al tercer escenario, el cual contemplaba la transferencia/terminación de acuerdos con clientes y la liquidación del Banco del Orinoco N.V.

  Para ello regirían algunos de los requisitos legales y reglamentarios referidos en el escenario anterior, mientras que la liquidación se llevaría a cabo de acuerdo a lo pautado en la legislación y las normas del Banco Central de Curazao y San Martín.

     El memorando indica que una institución tipo N.V. solo se puede disolver si hay fondos suficientes para pagar a todos los acreedores y asumir todos los costos de liquidación. En caso de que la empresa no pudiera pagar a todos sus acreedores, los accionistas debían proporcionar medios financieros adicionales. Se advertía que en caso de que durante la liquidación, los liquidadores se dieran cuenta de que las deudas de la compañía exceden los activos y, en consecuencia, que algunos acreedores permanecerían impagos, estarían en la obligación de informar la quiebra de la compañía al Tribunal en Primera Instancia, a menos que todos los acreedores conocidos de La compañía acuerden por escrito la continuación de la liquidación.

    Explicaba el documento que los procedimientos de liquidación del BDO se iniciarían mediante una decisión de la junta general de accionistas, lo que requeriría de un voto mayoritario de las tres cuartas partes de la misma, así como también de no menos de 3/4 del capital social emitido del  Banco del Orinoco.

    Señalaba el documento que la decisión de los accionistas de liquidar la empresa debía incluir, entre otras cosas, la fecha a partir de la cual la empresa entraría en liquidación; los nombres de los liquidadores si no son las mismas personas/entidades que los directores gerentes de la compañía; las tareas y poderes especiales para los liquidadores, si los hay.

    Agregaban que, los directores gerentes de una empresa también pueden actuar como liquidadores, en particular si los accionistas no habían designado otros liquidadores, quienes pueden ser bien individuos o personas jurídicas. Se indicaba que los liquidadores tendrían poderes similares a los de los directores gerentes, a menos que los estatutos de la empresa o la naturaleza misma de las tareas de los liquidadores indiquen lo contrario.

   Correspondería a los liquidadores, pagar a todos los acreedores y resolver los asuntos de la empresa, por lo que al cumplimiento de dicho fin deberían dirigirse todas sus acciones.

   HBN Law refirió que los liquidadores debían seguir una serie de pasos para llevar a cabo su labor, tales como registrar su nombramiento como liquidadores y la fecha en que la liquidación comenzaría en el Registro de Comercio de Curazao; anunciar la liquidación y su fecha en la Gaceta Nacional; presentar una "cuenta de finalización" o "plan de distribución" al Registro de Comercio de Curazao; y asegurar que a partir de la fecha de liquidación, la compañía agregara las palabras "En liquidación" después del nombre de su empresa en todas las publicaciones, correo, etc.

   Del mismo modo, los documentos a presentar al Registro de Comercio de Curazao debían en incluir la leyenda "Cuenta de finalización" si solo hay un accionista o un "plan de distribución" si la empresa cuenta con más de un accionista. Se debía incluir una confirmación de que se pagaría a todos los acreedores y que el excedente de liquidación, de corresponder, se distribuiría al accionista o accionistas en proporción a sus acciones.

  La liquidación pudiera finalizar tan pronto como todos los acreedores fueran pagados y los asuntos de la empresa se hubieran resuelto adecuadamente.

   Se advirtió que la finalización de la liquidación de la empresa no significaría automáticamente el final de la empresa, pues esta sobreviviría mientras hubiera activos ocultos.

   El liquidador podía decidir pagar una distribución anticipada si la posición financiera y los estatutos de la empresa lo permitían.

  Los liquidadores deberían indicar en las cuentas finales, el nombre y la dirección de un custodio de los libros quien deberá mantener estos y los registros de la empresa durante un período de al menos diez años después de la finalización de la liquidación.

  HBN Law refirió en el memorando que la liquidación debía regirse de conformidad con el artículo 26 de la Ordenanza de Supervisión de Instituciones Bancarias y de Crédito 1994, estando el BDO obligado a notificar por escrito al Banco Central sobre una decisión de liquidación total o parcial o sobre la liquidación o la venta directa o indirecta de su establecimiento en Curazao y ejecutar dicha decisión bajo la supervisión y de acuerdo con las instrucciones del CBCS.

Cuarto escenario

   Por último, el memorando de HBN Law se refirió al cuarto escenario relativo a una conversión del Banco del Orinoco N.V., lo cual debe cumplir con una serie de requerimientos legales entre ellos la exigencia de la legislación de Curazao, que plantea que una entidad puede convertirse en una entidad extranjera, lo cual es conocido también como una conversión saliente. Para ello, la compañía continuaría existiendo en la forma de compañía elegida según las leyes extranjeras aplicables.

    Los abogados explicaron que una conversión de salida requiere, primero, que la junta general de accionistas así lo decida unánimemente sobre una propuesta del consejo de administración. De este modo, tres cuartas partes de la junta directiva del Banco del Orinoco N.V. debía votar a favor, siempre y cuando igualmente, no menos de 3/4 del capital social emitido del banco estuviera representado.

   Igualmente, sería necesario elaborar una escritura notarial que contemple la toma de decisión de la conversión saliente, acompañada de un documento emitido por una persona u organismo autorizado bajo las leyes de la entidad extranjera para establecer la conversión saliente en una entidad extranjera o la incorporación de dicha entidad extranjera, cuyo documento contiene los estatutos o reglas similares que gobernar la entidad extranjera después de la conversión.

  También debe presentarse una declaración que indique el "requisito de continuación" firmada por la persona u organismo u otro experto en el área de derecho de la entidad extranjera.

   Un notario de derecho civil en Curazao, a más tardar tres meses y después de cinco semanas antes de la ejecución de la escritura de conversión, debía notificar la conversión prevista en un periódico curazoleño y en la Gaceta Nacional de Curazao. Este requisito podía obviarse cuando el interés corporativo de la empresa lo requiera.

   Un notario de derecho civil en Curazao debería depositar la escritura y los anexos en el Registro de Comercio de Curazao y cancelar el registro de la empresa en el mismo.

  Apunta el memorando que la conversión saliente se vuelve inviolable cuando la empresa se da de baja del Registro de Comercio de Curazao, a menos que luego se compruebe que no cumplió con el "requisito de continuación", lo que se tomará como que la conversión no se hubiera producido.

   Luego de un mes de haberse producido la notificación y haya aparecido el anuncio de conversión saliente en el periódico local y en la Gaceta Nacional, cada acreedor o contraparte contractual de la empresa tiene derecho a presentar una objeción a la conversión ante el Tribunal de Primera Instancia en Curazao sobre la base de que se les perjudicaría en su posición de acreedor o contraparte contractual. Esta solicitud debe indicar qué garantía, cambio de contrato, disolución o compensación es exigida y el Tribunal determinará lo aplicable.

   Se subrayó que el tribunal podía imponer una obligación a la compañía de pagar una compensación con respecto a un cambio o disolución del contrato para que entre en vigencia a partir de la fecha de conversión en adelante.

   Se alerta que aunque no existen disposiciones reglamentarias específicas relativas a una conversión saliente de una entidad de crédito, está se estima que esté regida por el artículo 23 (1) (e) de la Ordenanza de Supervisión de Instituciones Bancarias y de Crédito 1994 que prohíbe una reorganización corporativa o financiera sin el aprobación previa del Banco Central y requerir permiso de este en vista de la modificación de los estatutos sociales derivada de la conversión, lo cual, de otra manera está prohibida.

    Finalmente, HBN Law refirió que el Banco Central de Curazao y San Martín trata una conversión saliente de la misma manera que un cese de actividades, aplicando por ello las políticas aplicables sobre la conversión saliente tanto como sea posible.











[1] HBN Law. https://hbnlaw.com/

[2] HBN Law. Eric de Vries. https://hbnlaw.com/eric-de-vries/

[3] HBN Law. Chris van Amersfoort. https://hbnlaw.com/chris-van-amersfoort/

miércoles, 13 de noviembre de 2019

(Parte 2) Banco del Orinoco N.V violó leyes de lavado de dinero con empresas vinculadas a Cristina y Néstor Kirchner, Alejandro Ceballos Jiménez y Diego Marynberg

El retiro de la licencia de operaciones al Banco del Orinoco N.V. otorgada el 12 de septiembre de 1994 por las autoridades de Curazao, obedeció a que dicha entidad, filial del Banco Occidental de Descuento (BOD), se valió de documentos falsos para engañar y defraudar al CBCS, así como también por violar la normativa legal relativa al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Ver primera parte de esta serie aquí.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
   En una investigación realizada por el Banco Central de Curazao y San Martín se encontró que en el transcurso de 2018, el Banco del Orinoco N.V. Grupo Financiero BOD- Venezuela  incurrió en una conducta comercial violatoria de las regulaciones relativas al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo aplicables en Curazao, estableciendo relaciones comerciales con empresas y personas que están vinculadas presuntamente con corrupción, entre los cuales se mencionan entidades sobre las que existen sospechas de estar relacionadas con el fallecido presidente argentino Néstor Kirchner, su viuda y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, el operador venezolano Alejandro Ceballos Jiménez y el multimillonario de origen israelí, Diego Marynberg.

   En específico se estima que el BDO actuó en violación del artículo 2, párrafo 2, bajo e, y del artículo 2a, párrafos 1 a 3 de la Ordenanza Nacional sobre Identificación de Clientes al Prestar Servicios (NG 2017, no. 92 GT, NOIS ), y los artículos 11 y 11a de la Ordenanza Nacional que Informa sobre Transacciones Inusuales (NG 2017, no. 99 GT, NORUT). Según el artículo 10 de NOIS y el artículo 23 de NORUT, tales violaciones constituyen delitos penales.

  Destacó el informe del Banco Central de Curazao y San Martín del pasado 2 de septiembre de 2019, que el BDO violó el artículo 11.2.A. de las Disposiciones y Directrices sobre la Detección y Disuasión del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo para Instituciones de Crédito de noviembre de 2013. Las Disposiciones y Directrices son regulaciones a las que se refiere el artículo 21, párrafo 2, bajo e. de la NOSBCI.

Néstor Kirchner, y su esposa, Cristina Elisabeth Fernández.

   El BDO entabló relaciones comerciales con terceros sospechosos de cometer delitos penales sin cumplir con la diligencia debida por adelantado. Es el caso de la Sarleaf Company (establecida en virtud de la ley extranjera y ahora conocida como: Steelaf). Se sospecha que Sarleaf forma parte de la red corrupta del expresidente argentino, Néstor Kirchner, y su esposa, Cristina Elisabeth Fernández (electa como vicepresidente de Argentina en las elecciones de Octubre de 2019). "Fernández parece estar involucrada en procesos penales por aceptar sobornos de contratistas a cambio de la adjudicación de lucrativos contratos de construcción pública en 2007 hasta 2015", dice el informe.


  El Banco Central de la isla caribeña consideró que el BDO no cumplió con la obligación de la indagatoria con respecto a Sarleaf. Según los registros de las autoridades argentinas, un total de USD 15.000.000 fueron transferidos a través de la cuenta en el BDO. En la actualidad, Sarleaf es un cliente inactivo del Banco del Orinoco que mantuvo en marzo de 2019 un depósito a plazo por el monto de USD 5.950.000 y USD 1.500.000 y una cuenta de ahorro con un saldo a marzo de 2019 de USD 664.607,35.

  Al ser Sarleaf y sus directores clientes de alto perfil de riesgo, el BDO debió llevar a cabo investigaciones adicionales sobre la naturaleza de sus transacciones. 

   Otro personaje que aparece involucrado es Alejandro Ceballos Jiménez —relacionado con varios casos de corrupción en Venezuela— y quien aparece como uno de los principales accionistas de Sarleaf y, como tal, ejerce predominantemente el control corporativo. 

    Por su parte, Javier Francisco Ceballos Jiménez, también cliente de BDO, es hermano y socio del anteriormente señalado.

   El BDO debió hacer una adecuada investigación de estas personas y, de ser, preciso terminar la relación clientelar con los mismos en caso de comprobarse alguna irregularidad.

   El Banco Central de Curazao determinó, al investigar a los clientes del BDO y sus transacciones, que estas se realizaron por correo electrónico y no según el formulario de transacción prescrito como requieren las propias políticas internas del Banco del Orinoco.  

   Las averiguaciones del Banco Central le permitieron verificar a través de un sitio web que Mercantil Valores Agente de Valores S.A., cliente del BDO mantenía una cuenta con un saldo de USD 472.350 a febrero de 2019.

    En un artículo periodístico de Infobae[1], se indica que el saldo inicial de Sarleaf de USD 15.000.000 en poder del BDO provenía de la venta de bonos del gobierno venezolano a través de actividades realizadas por Mercantil Valores Agente de Valores S.A. ejecutadas por su director, Diego Marynberg. En diciembre de 2016, el antiguo oficial de cumplimiento del BDO informó a la Unidad de Inteligencia Financiera  de Curazao (UIF) que Mercantil Valores había sido reportado al Ministerio Público por irregularidades y corrupción en Argentina.

    Mercantil Valores transfirió USD 9.480.000 y USD 6.236.647,05 a su propia cuenta en BDO en septiembre y octubre de 2013. El Banco Central también identificó grandes transacciones con respecto a esta cuenta, como la realizada el 22 de noviembre de 2013, cuando Adar Latam High Fund transfirió USD 43.879.902,88 a Mercantil Valores y, posteriormente, esta empresa, el 26 de noviembre de 2013, transfirió un total de USD 2.416.250 a varias otras cuentas mantenidas en BDO.

     El oficial de cumplimiento del BDO informó al Banco Central de Curazao y San Martín que no había realizado la averiguación obligatoria con respecto a la cuenta de Mercantil Valores, lo que es violatorio del artículo 2 (2) (e) del NOIS y del párrafo 11.2.A de las Disposiciones y Directrices. Además, BDO no determinó de manera razonable y objetiva el origen de los fondos en la cuenta de Mercantil Valores.

   Por otra parte, el Banco Central comprobó que el cliente Adar Latam High lncome, transfirió grandes cantidades a ICP Consulting Ltd. (ICP) la cual es una subsidiaria de CIV. Adar Latam también transfirió cantidades sustanciosas a Hanson Holdings Lux S.a r.l., el holding de Hanson Holland 2 BV, en 2015 y 2016. El 30 de enero de 2015, Adar transfirió USD 8.746.541,67 a ICP. El Banco Central entiende que el BDO reportó estas operaciones a la UIF, pero también descubrió que anteriormente, el 24 y 29 de octubre de 2014, se realizaron dos transferencias por USD 15.326.424. 78 y USD 83.000.000 a la cuenta de Adar con BDO. Estas cantidades se recibieron de una cuenta en Deutsche Bank A.G. en Amsterdam y se comprobó que estas operaciones no fueron informadas a la UIF.

    Igualmente ocurrió con transferencias desde la cuenta de Adar a las cuentas de BOI Bank Corporation y CIV, todo bajo el nombre de "cliente ordenante". El BDO no investigó estas operaciones en tanto se habían transferido USD 3.700.000. Igualmente se ejecutaron transferencias mensuales por USD 500.000 a la cuenta de Adar, sin verificar su origen.
Diego Marynberg es director de Mercantil Valores Agente de Valores S.A. y otras empresas. También se le ha vinculado
a Nicolás Maduro y parte de la élite del régimen venezolano.
 El Banco Central determinó que Hanson Holdings Lux supuestamente está relacionado con un caso de corrupción en España. También se encontraron numerosas transferencias sospechosas por parte de clientes con problemas de cumplimiento y/o se sospecha de actividades criminales. Diariamente se procesaban numerosas transferencias en euros de Hanson Holland, estableciéndose que algunas de estas operaciones estuvieron dirigidas a varias compañías, como Noor Capital PSC, cuya transferencia fue rechazada por el banco corresponsal en Abu Dabi. Otra operación de Environmental Solutions de Venezuela (ESVENCA), una compañía propiedad de Asesoría Petrolera Integral. La empresa está relacionada con Víctor Vargas  Irausquin. Fortunato López, propietario de UBP lnvestment lnc. y otras empresas hermanas, se menciona como director de ESVENCA.

   El Banco Central considera que la transferencia procesada desde Hanson Holland a ESVENCA para abrir varios depósitos a plazo es sospechosa, por lo que el Banco del Orinoco debió investigar estas transacciones.

   Consideró el Banco Central de Curazao y San Martín que dos de los clientes de BDO, es decir, a saber, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) y el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL) estaban sujetos a sanciones internacionales. Se comprobó que las transferencias ordenadas en nombre de INAC e IPOSTEL fueron rechazadas por los bancos corresponsales de BDO, ya que estos clientes fueron clasificados como PEP venezolanos. A pesar de estos hechos, el BDO ejecutó estas transferencias a través de diferentes bancos corresponsales en violación a las instrucciones del Banco Central de suspender las cuentas de INAC e IPOSTEL hasta nuevo aviso.

   A estos señalamientos, el BDO respondió que sus clientes Adar, Ceballos y Sarleaf, estaban sujetos a la debida diligencia en su condición de “alto riesgo” y, en tal sentido, se informaron las transacciones oportunamente a la UIF.

   En su conclusión, el BDO afirma que no violó las regulaciones de AMUCFT.

  A esto el Banco Central le salió al paso indicando que, independientemente, de lo afirmado por el BDO sobre su supuesta vigilancia de los casos mencionados y de los informes a la UIF, se comprobó que el Banco del Orinoco ejecutó deliberadamente las transacciones de Sarleaf mencionadas anteriormente y ejecutó deliberadamente operaciones y apertura de cuentas bancarias en violación de las regulaciones aplicables de AMUCFT, en particular, las disposiciones y directrices.

    El Banco Central estableció que se violó la norma de la AMUCFT cuando en el BDO ejecutaron órdenes de transferencia para clientes sospechosos por correo electrónico; cuando ejecutaron transferencias relacionadas con CIV sin una investigación a fondo; cuando se ejecutaron transferencias sustanciales entrantes y salientes para clientes de alto riesgo que no fueron investigados debidamente; cuando no investigó o al menos no mantuvo registros de la fuente de fondos de sus clientes de perfil de alto riesgo; cuando ejecutaron transferencias para Sarleaf, mientras que su archivo de cliente estaba incompleto; cuando abrió cuentas o realizó transacciones para PEP y clientes sancionados bajo investigación criminal, a pesar de las recomendaciones al respecto del Departamento de Cumplimiento.

   En razón de esto, el Banco Central de Curazao y San Martín concluyó que el BDO violó distintas normas legales y, por tanto, su Licencia debía ser retirada, pues el Banco del Orinoco pudiera ser culpable de facilitar a los clientes el lavado de dinero.

   El CBCS determinó que el BDO carece de controles adecuados con respecto al cumplimiento de AMUCFT y no mantiene un comportamiento comercial sólido, de conformidad con el NOSBCI.

Importancia de la transparencia y confianza de los bancos

   El documento destaca que el retiro de una licencia bancaria es una medida severa que se tiene como un remedio definitivo entre el conjunto de medidas correctivas de que el Banco Central de Curazao y San Martín dispone para hacer cumplir efectivamente la norma a las instituciones financieras supervisadas.

   El CBCS consideró y evaluó la gravedad de las violaciones de la ley por parte del BDO y tomó en cuenta (i) el tiempo en que las violaciones se desarrollaron, (ii) la actitud de BDO hacia el cumplimiento de las normas, (iii) las posibles consecuencias de las violaciones del BDO de la NOSBCI con respecto a sus depositantes y otros acreedores y (iv) la reputación de la entidad financiera del sector en Curazao.
   El Banco Central determinó la existencia de violaciones materiales de las leyes y regulaciones aplicables por parte del BDO, tales como (i) los documentos falsificados proporcionados, (ii) con la intención de engañar al ente emisor y, posiblemente, a KPMG (Curazao) contador externo de BDO en ese momento), (iii) incumplimiento de las regulaciones de AMUCFT según lo dispuesto en las Disposiciones y Directrices y, posteriormente, una sospecha razonable de facilitación de lavado de dinero, y (iv) incumplimiento durante un período prolongado de las instrucciones emitidas por el Banco Central, lo cual daña grave e irreparablemente la confianza en el BDO como institución de crédito supervisada.

    Consideró el Banco Central de Curazao y San Martín que el Banco del Orinoco fue suficientemente informado antes de tomarse la decisión de retirarle la licencia, habiéndosele instruido debidamente y, pese a ello, no cumplió con las pautas dictadas llevando al CBCS a adoptar la medida más fuerte.

Razones suficientes para el retiro de la licencia

     El Banco Central determinó que el BDO utilizó conscientemente documentos falsificados y direcciones de correo electrónico de representantes de proveedores de servicios (custodios, a saber, TMF, Amergeris, Vistra y Farringdon) para demostrar la existencia y la propiedad válida de sus activos.

  Con el uso de estos documentos falsos el BDO engañó fraudulentamente al Banco Central de Curazao y San Martín y, por lo tanto, le impidió la evaluación adecuada de la entidad de acuerdo a lo establecido en la NOSBCI.

   Hubo incumplimiento de sentencias ejecutorias o acuerdos de solución sin una justificación adecuada y válida.

    El Banco Central, dada la seriedad de los hechos y circunstancias, determinó que la conducta ilícita del BDO requería la intervención inmediata mediante el retiro de la Licencia como único remedio adecuado.

   El Banco Central ha recibido varias solicitudes para retirar la Licencia de terceros que son acreedores del BDO.

   Por tanto, habiendo considerado las declaraciones y objeciones que el Banco del Orinoco expuso en respuesta a la Carta de intención, concluyó que la entidad no proporcionó suficiente refutación de los hallazgos del Banco Central por lo que estimó que no se podía confiar razonablemente en ella para proporcionar fondos, servicios de conformidad con las leyes aplicables de Curazao y San  Martín y decidió retirar la licencia de BDO con el número 94-11.502 otorgada el 12 de septiembre de 1994.

Citas

[1] Infobae. “Investigan si parte del dinero de la corrupción K terminó en una paradisiaca isla del Caribe”. 19 de septiembre de 2018. https://www.infobae.com/politica/2018/09/19/investigan-si-parte-del-dinero-de-la-corrupcion-k-termino-en-una-paradisiaca-%20isla-del-caribe/

martes, 12 de noviembre de 2019

(Parte 1) Falsificación de documentos y violación de normas sobre lavado de dinero: Las razones de la intervención del Banco del Orinoco N.V. en Curazao

  A continuación presentamos los detalles de la decisión adoptada por el Banco Central de Curazao y San Martín de intervenir el Banco del Orinoco en razón de las irregularidades cometidas por la entidad en sus oficinas de la isla caribeña.


Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Un documento emanado del Banco Central de Curazao y San Martín el pasado 2 de septiembre de 2019, revela que la decisión del referido ente emisor de retirar la licencia de operaciones al Banco del Orinoco N.V. otorgada el 12 de septiembre de 1994, obedeció a que dicha entidad, filial del Banco Occidental de Descuento (BOD), se valió en reiteradas oportunidades de documentos falsos para engañar y defraudar al CBCS, así como también por violar la normativa legal relativa al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
   Tales actitudes del BDO impidieron que el Banco Central de Curazao evaluara adecuadamente que las operaciones del banco cumplieran con lo establecido en las regulaciones y legislación de la nación antillana.

  Igualmente, la decisión tomó en consideración el reiterado incumplimiento, por parte del BDO, de las sentencias ejecutorias del Banco Central de Curazao y San Martín sin justificación válida alguna.

   Dada la “conducta ilícita del BDO”, el CBCS retiró la licencia bancaria del BDO, hecho que significó la intervención inmediata de la entidad al estimarse que tal decisión era “el único remedio adecuado” para solventar la situación.

  El Grupo Financiero BOD, propietario del Banco del Orinoco, intentó dar un viraje a los hechos y difundió una nota de prensa en la que informó que había decidido cesar sus actividades en Curazao y, por esta razón, la asamblea de accionistas del Banco del Orinoco NV, en sesión que tuvo lugar el 3 de septiembre de 2019, “acordó voluntariamente la liquidación del Banco y consecuente cese de las operaciones de dicha Institución Financiera”.

   La referida nota informativa indicaba que “en razón del riesgo país que representa la isla de Curazao, en virtud del incumplimiento recurrente del sistema de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en esa localidad, lo cual ha incidido en la imposibilidad de mantener corresponsalías y cuentas locales por parte de las instituciones financieras extranjeras” motivaron el “cese de las relaciones de corresponsalía que mantenía el Banco del Orinoco NV”[1].

    El 4 de octubre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia de Curazao declaró la bancarrota del Banco del Orinoco N.V. que tenía su sede principal en Willemstad. El ente judicial nombró como juez comisionado a P.E. de Kort, mientras que M.R.B Gorsira y C. M. van Liere para que actuarán como fideicomisarios de bancarrota y se encargaran de la liquidación del patrimonio del BDO[2].

   El 9 de octubre de 2019, el BOD dio a conocer que apelaría la decisión del tribunal curazoleño de declarar en bancarrota a su filial Banco del Orinoco NV y aseguró que protegería los activos de su subsidiaria estimados en USD 1.165 millones[3].

   Ante esta decisión de las autoridades judiciales curazoleñas,  la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela “ordenó al Banco Central de Curazao y San Martín abstenerse de “ejecutar cualquier orden, requerimiento o instrucción que suponga enajenar, gravar o en cualquier forma afectar los títulos valores que integran el portafolio de inversiones” del Banco del Orinoco N.V. hasta que concluyan los juicios relacionados con la medida adoptada por las autoridades financieras de Curazao contra la filial del Banco Occidental de Descuento (BOD) en esa nación caribeña. Igualmente, la máxima instancia del Poder Judicial venezolano también suspendió la resolución emitida por Sudeban de prohibir al BOD llevar a cabo nuevas inversiones o abrir nuevas sucursales bancarias dentro y fuera del país [4].


La decisión

  El 2 de septiembre de 2019, J. Jardim, director económico financiero, y L. Matroos-Lasten, director de secretaría del Banco Central de Curazao y San Martín, dirigieron una comunicación al Banco del Orinoco N.V. (BDO) ubicado en Windstraat 3, primer piso, Curazao, con copia por correo electrónico a Jairo Bloem (jbloem@sxmlegal.com) en Juancho Yrausquin Blvd 6, Philipsburg, Sint Maarten, en la que informaron que el CBCS determinó que el BDO operaba en violación de varias obligaciones materiales de conformidad con la Ordenanza Nacional sobre la Supervisión de las Instituciones Bancarias y de Crédito de 1994 (NG 1994, Nº 4, NOSBCI), razón por la cual decidió retirar la licencia con el número 94-11.502 otorgada a BDO el 12 de septiembre de 1994, medida que tenía efecto inmediato.

     Seguidamente la comunicación refiere los principales motivos de la decisión del CBCS indicando, en primer lugar, el uso de documentos falsificados con el aparente propósito de evidenciar la existencia adecuada de la cartera de activos de BDO y, de esta manera, “engañar fraudulentamente” al CBCS en cuanto a su financiación con cifras que mostraban una posición de solvencia y/o liquidez.

   Igualmente, el CBCS argumentó para tomar la medida, el incumplimiento estructural de instrucciones dadas al BDO por el Banco Central de Curazao y San Martín, así como de las sentencias ejecutorias e instrucciones posteriores del CBCS para el cumplimiento de las mismas.

   Del mismo señalan la falla estructural para llevar a cabo operaciones comerciales sólidas y adecuadas como se requiere de las instituciones de finanzas supervisadas y, en tal sentido, denunciaron la violación de las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

      En segundo término, el Banco Central de Curazao y San Martín subraya que cada uno de los motivos mencionados para la toma de la decisión constituyen razones para el retiro de la Licencia de conformidad con el artículo 9 de la NOSBCI, el cual estipula que el CBCS está obligado o está autorizado a retirar una licencia emitida de conformidad con la norma por las razones establecidas en dicho artículo.

   En tercer lugar, el CBCS estableció que el BDO infringió severamente las disposiciones materiales del NOSBCI y las regulaciones basadas en él al, entre otras cosas, (i) usar documentos falsificados para engañar fraudulentamente al Banco Central en cuanto a sus cifras de financiación que incluyen su cumplimiento de los requisitos de capital y liquidez de conformidad con el NOSBCI, (ii) por no seguir las instrucciones del CBCS por tiempo prolongado, y (iii) por incumplimiento de las regulaciones de AMUCFT.

      En virtud de estas circunstancias, el Banco Central de Curazao y San Martín consideró que no podía confiar en el BDO para llevar a cabo sus negocios de manera sólida y adecuada y, por lo tanto, para proporcionar servicios de financiación de conformidad con las leyes y regulaciones de Curazao. “Como los motivos mencionados anteriormente constituyen, de forma conjunta y separada, motivos para el retiro de la Licencia, el Banco ha decidido retirar la Licencia con base en el marco legal, los hechos y las circunstancias mencionados a continuación”.

Antecedentes procesales

     Se recuerda que en carta remitida el 6 de junio de 2019, el Banco Central de Curazao y San Martín informó al BDO que se estaba considerando el retiro de la Licencia (Carta de Intención) y se le invitó a una reunión el 7 de junio de 2019 con el objetivo de discutir la medida, además de darle la oportunidad de responder por escrito a los señalamientos del CBCS.

      El Banco Central de Curazao y San Martín otorgó más de dos semanas para responder, fecha que se cumplía el 25 de junio de 2019, pero que se prorrogó —a petición del BDO— hasta el 1º de julio de 2019 —25 días en total— cuando, en efecto, el Banco del Orinoco respondió los señalamientos formulados en la carta de intención, exponiendo sus puntos de vista y objeciones.

   El Banco del Orinoco argumentó que había mejorado su organización y se comprometía a remediar las deficiencias y errores cometidos. Refirió que investigaban las acusaciones relacionadas con documentos falsos antes de emitir cualquier conclusión, pues aseguraron que el BDO no había falsificado ningún documento en virtud de que no tenía ninguna razón o beneficio para hacerlo. 

     Sostuvieron que la cartera de activos de BDO existía y siempre había existido en posesión de la entidad bancaria y que esta tenía un valor suficiente para cumplir con los requisitos de capital aplicables. El BDO se comprometió a satisfacer todas las sentencias judiciales y acuerdos de conciliación y a hacer frente a los desafíos de cumplimiento. Consideraron que hubo deficiencias en la supervisión del Banco Central de Curazao y San Martín al haber obstaculizado al BDO para cumplir con los requisitos del CBCS. Estimaban que la retirada de la licencia sería contraria a la legislación y que no se cumplían los requisitos legales para tomar tal medida.

     El Banco del Orinoco precisó que esta era una materia que debía ser abordada por un tribunal penal dadas las acusaciones del CBCS sobre supuestas falsificaciones.

    Igualmente, el BDO creía que las políticas del Nederlandse Bank (DNB) llevarían a tomar medidas menos severas que el retiro de la Licencia, una decisión que catalogaron de desproporcionada y que solamente sería perjudicial para todos los intereses involucrados. Aseguraron que el BDO era una institución solvente y que todos los intereses de los acreedores estaban adecuadamente protegidos.

    Expuso el CBBS que los puntos de vista y objeciones de BDO expresados o no en la respuesta a la carta de intención, fueron considerados por el Banco Central en su decisión de retirar la Licencia.

Razones de la medida de retiro de licencia

     Sostiene el Banco Central de Curazao y San Martín que el uso de documentación falsa constituye un engaño a ese ente con el objetivo de evadir la presentación de la cartera de activos del Banco del Orinoco.

     Se indica que el BDO poseía una cantidad significativa de valores —bonos emitidos por varios gobiernos— a través de custodios que serían Vistra Geneva S.A., Farringdon Asset Management PTE. LTD y Welden Securities S.A. Entretanto, los ex-custodios relevantes en este caso habrían sido TMF Group Pte. Ltd y Amergeris Wealth Management Group AG.

   Subraya el CBCS que KPMG Dutch Caribbean no pudo finalizar su auditoría de las declaraciones anuales de BDO de 2017, al no poder determinar, a través del contacto directo con los custodios, la existencia adecuada de valores mantenidos en nombre de BDO por estos custodios. En septiembre de 2018, se celebró una reunión en el BDO con el administrador silencioso, el CBCS y los representantes de la Junta de Directores Administrativos de BDO, para discutir la razón dada por KPMG Curazao para retrasar el financiamiento de la auditoría 2017. En esta cita, se presentó al Banco Central un archivo con varios documentos que incluía (i) cartas de confirmación; un contrato y formularios de custodia de TMF; (ii) cartas de confirmación y un formulario de cuenta de apertura de Vistra; (iii) cartas de confirmación y un contrato de Welden y (iv) cartas de confirmación de Amergeris.

    El Banco Central de Curazao y San Martín contrató en enero de 2019 a Ernst & Young Services Ltd.  para revisar e investigar el asunto revelando el informe final emitido en mayo de 2019, una serie de irregularidades con respecto a los dominios de correo electrónico de los custodios de BDO. Se estableció que, a diferencia de lo que representaba BDO, TMF nunca había tenido valores para BDO, sino sólo para su empresa matriz Cartera de Inversiones Venezolanas CA. El informe llevó a que el CBCS realizara una investigación adicional con relación a las posibles falsificaciones de documentos por parte del BDO, lo que constituyó un engaño al Banco Central y, muy probablemente, también a KPMG, a la que se le quería hacer ver que el BDO cumplía con los requisitos de capital estipulados por la ley. El Banco Central comprobó que la cartera de activos del BDO tenía un valor sustancialmente menor de lo reportado por el BDO, especialmente en lo que respecta a sus supuestas tenencias de valores con los custodios TMF y Amergeris.

     El uso de documentación falsa constituye una violación a la obligación de proporcionar al Banco Central de Curazao y San Martín, información y declaraciones verdaderas y no engañosas, como lo estipula la normativa legal.

    Además, el uso de documentos falsificados impidió que el Banco Central ejerciera una supervisión adecuada sobre el BDO, por lo que el ente emisor mantuvo serias preocupaciones en cuanto a la solvencia real de Banco del Orinoco.
      Seguidamente, la comunicación expone cada uno de los casos de falsificación de documentos, así como la respuesta dada por el Banco del Orinoco a las observaciones formuladas.

Caso 1: Sobre TMF Group Pte. Ltd

   El Banco Central de Curazao y San Martín identificó declaraciones de TMF Group Pte. Ltd (TMF) de fecha 22 de diciembre de 2016 (formulario de custodia), 6 de enero de 2017, 18 de enero de 2018, 26 de junio de 2018, 24 de octubre de 2018 y 29 de noviembre de 2018 proporcionadas por el BDO al ente emisor, las cuales fueron falsificadas, haciendo que apareciera TMF con valores a nombre de BDO como propietario. En la primera declaración el BDO hizo aparecer como si tuviera una cuenta con TMF basada en un “Formulario de Custodia”, mientras que en las otras declaraciones BDO se presentó como un cliente de TMF, no siendo este el caso.

     Se indica que en la declaración de 22 de diciembre de 2016, se hace referencia a un correo electrónico fechado el 4 de julio 2019, donde Kim Leng Siaw, Director Gerente de TMF, afirma firmemente que BDO no es ni fue cliente de TMF "en ningún momento".

   Asimismo, en la declaración de 6 de enero de 2017 el Banco Central se refiere a la posición de seguridad a diciembre 2016 en poder de CIV, el Banco notó otra declaración casi idéntica, determinándose que una de estas declaraciones fue falsificada.

   En cuanto a la declaración del 24 de octubre de 2018 se hace referencia a un correo electrónico de Sophia Lim, Directora de Relaciones con el Cliente en TMF, con fecha 5 de noviembre de 2018 dirigido al señor Rómer, director gerente local de BDO, enviado junto a la declaración al Banco Central directamente por la supuesta de Sophia Lim. Se constató que no era su verdadera dirección de correo electrónico. Se quería, supuestamente, inducir a error al CBCS a creer que TMF tenía los valores listados en la declaración bajo custodia de BDO.

    Siaw confirmó inequívocamente al Banco Central que el correo electrónico presuntamente enviado por TMF al BDO, no se originó en TMF. Esto confirma que el correo electrónico y los archivos adjuntos de 5 de noviembre de 2018 fueron falsificados, aparentemente con el propósito de engañar fraudulentamente al Banco Central de Curazao haciéndole creer que TMF tenía valores a nombre y en beneficio de BDO.

    La respuesta del BDO a estos señalamientos refiere que la entidad bancaria designó a Hagan Lovells lnc. Para realizar una investigación externa sobre las falsificaciones detectadas por el Banco Central de Curazao y San Martín y se comprometió a que, “en el caso improbable de que si una o más personas dentro de su organización hayan cometido algún error, de manera inmediata y rápida” tomaría las medidas correctivas necesarias.

     Para el BDO las afirmaciones y conclusiones del Banco Central con respecto a la falsificación de documentos relacionados con el custodio TMF son incorrectas pues, según ellos, lo relevante es que las carteras eran propiedad del Banco del Orinoco.

   El Banco Central rebatió diciendo que el BDO debió iniciar las investigaciones internas en fecha anterior, al menos en marzo de 2019, cuando se hicieron los hallazgos preliminares.

   Se añade que las conclusiones preliminares de Ernest & Young Services (EY) contenían posibles falsificaciones por parte de BDO relacionadas con dominios de correo electrónico incorrectos que pudieron haberse detectado con una investigación, interna y externa, temprana.

  BDO no refutó que TMF sostuviera que las declaraciones presentadas el 22 de diciembre de 2016, 6 de enero de 2017, 18 de enero de 2018, 26 de junio de 2018, el 24 de octubre de 2018 y el 29 de noviembre de 2019 eran falsas y que no se originaron en dicha empresa. Por lo tanto, se debe suponer, si no se concluye, que la supuesta cartera de valores pertenece a CIV y no a BDO. El argumento de que BDO habría autorizado a CIV es muy inverosímil y, en cualquier caso, insuficiente para contradecir lo anterior.

Caso 2: Sobre Amergeris

   El Banco del Orinoco en sus declaraciones del 25 de mayo de 2017 y del 31 de mayo de 2017, supuestamente firmadas y emitidas por Amergeris, así como una carta del BDO a Corinvest fechada el 9 de mayo de 2017 fueron presentadas al Banco Central de Curazao y San Martín como evidencia de que Amergeris como custodio tenía valores en nombre de BDO en una cuenta bancaria de esa entidad con el número de cuenta 02v95061-131.

   Una confirmación firmada por Frank Lammers, Director Gerente de Amergeris, con copia a Remko van Ekelen, también Director Gerente de Amergeris, que fue entregada al Banco Central de Curazao, refirió que esa empresa nunca tuvo ningún título a nombre y en beneficio del BDO. También confirmó que las declaraciones del 25 de mayo de 2017 y del 31 de mayo de 2017, no fueron emitidas por ella, sino que son documentos falsificados.

   Esta compañía aseguró que nunca podría haber transferido valores de una cuenta de BDO en Amergeris al custodio Vistra. También negó haber reconocido que "recibió gratis" una "posición de bonos de valores" de Corinvest en la cuenta bancaria número 02V95061-131, que se supone que es el número de cuenta perteneciente a BDO, la cual nunca fue creada, firmada ni enviada por Amergeris. El número de cuenta bancaria mencionado en los estados antes mencionados sí existe, pero de acuerdo con Amergeris no pertenece a BDO.

  Para el Banco Central, el BDO lo defraudó al valerse de declaraciones falsas de Amergeris, pues se comprobó que no recibió ningún valor BDO de Corinvest, por lo tanto, no pudo haber transferido dichos valores inexistentes a Vistra.

   El Banco del Orinoco argumentó que el correo electrónico de Amergeris, del 1º de mayo de 2019, contiene varias falacias y declaraciones contradictorias inherentes y presentó varios documentos supuestamente originarios de dicha empresa, los cuales dejarían en claro, según BDO, que las declaraciones de Amergeris del 25 de mayo de 2017 y el 31 de mayo de 2017 no eran falsas.

    Refirió el BDO que solicitó al Tribunal de Primera Instancia de Curazao una audiencia preliminar de testigos con el propósito de realizar un "Procedimiento de Descubrimiento”. Agregó que esa entidad se encuentra investigando este asunto.
   El Banco Central de Curazao y San Martín investigó los documentos presentados por el BDO y concluyó que las declaraciones que demuestran que Amergeris tenía valores a nombre y en beneficio de BDO que aparentemente fueron presentados por BDO como evidencia de lo contrario, son falsas.

    Se refiere que un correo electrónico de fecha 6 de agosto de 2019 del actual CEO de Amergeris, Remco van Ekelen, confirmó la declaración de Lammers como verdadera y correcta y que los documentos adicionales presentados por BDO en su respuesta para descalificar las declaraciones de Lammers, eran igualmente falsas. Para el Banco Central, todas las declaraciones antes mencionadas son falsas.

Caso 3: Sobre Vistra

   El Banco Central de Curazao y San Martín recibió copias de varios correos electrónicos y declaraciones, supuestamente del custodio Vistra.

    Se indica que la dirección del nombre de dominio utilizada con frecuencia por personas que supuestamente actúan en nombre de Vistra, parecía ser "@ Vistragroup.net" y entre la correspondencia recibida por el ente emisor había un correo electrónico fechado el 5 de noviembre de 2018, contentivo de una carta de confirmación de la posición de seguridad de aparentemente enviado por Bertrand Kirszbaum, Director de Relaciones con el Cliente de Vistra, dirigida al BDO a la atención de Rene Rorner.

    Posteriormente, el correo remitidos el 17 de mayo de 2019 y el 21 de junio de 2019, se solicitó al Banco Vistra que confirmara que sus direcciones de correo electrónico contenían extensiones de "@vistragroup.net". El asesor jurídico principal de Vistra, John McClean, dijo que "@Vistragroup.net" no es parte de las direcciones de correo electrónico o nombres de dominio utilizados por personas dentro del Grupo Vistra.

   En tal sentido, para el Banco Central de Curazao las declaraciones que supuestamente muestran la cartera de inversiones de BDO en poder de Vistra a nombre y en beneficio del Banco del Orinoco, son falsas y fueron emitidas para engañar y defraudar al ente emisor.

   El BDO afirmó, además, que Vistra obtuvo la cartera de inversiones de BDO a partir de una transferencia de la cartera de valores realizada por el custodio Amergeris a Vistra y, en virtud de que Amergeris declaró que nunca mantuvo bajo custodia ningún activo de BDO (o CIV) y que nunca tuvo una relación contractual con el Banco del Orinoco, se estima que la declaración es falsa.

Caso 4: Sobre Farringdon

    El Banco Central de Curazao y San Martín consultó a Farringdon sobre ciertos correos electrónicos y direcciones de correo electrónico que no parecían ser correctos y probablemente eran falsificados.

   La respuesta de Martin Young, Director Gerente de Farringdon, remitida el 14 de junio de 2019 indicó "Que alguien ha escrito la dirección de correo electrónico incorrectamente”, pero confirmó “que todos los correos electrónicos dirigidos a la dirección de correo electrónico mencionada anteriormente eran correctos y se enviaron a la dirección de correo electrónico correcta, para evitar cualquier confusión".

   Sin embargo, una revisión posterior por parte del CBCS de ciertos detalles en la carta del 14 de junio de 2019 —membrete y el logo de Farringdon— se concluyó que la carta podría ser una falsificación. Lo mismo ocurre con las cartas de confirmación enviadas por el Departamento del Tesoro al Banco.

   El 20 de febrero de 2019, Joel Santos y Santos Alonso Ramos, declararon en nombre de BDO a EY que todos los valores de TMF mantenidos a nombre y en beneficio del Banco del Orinoco habían sido transferidos a Farringdon. Como TMF declaró que nunca mantuvo ningún título a nombre y en beneficio de BDO, una transferencia de valores como la descrita no podría haber tenido lugar. Por lo tanto, el Banco Central estableció que todos los estados de cuenta y correspondencia proporcionados por BDO, tanto a EY como al ente emisor, son falsos.


Conclusiones

  El Banco del Orinoco no explicó de manera satisfactoria las acusaciones sobre falsificación de documentos que se le formularon, así como tampoco justificó el uso fraudulento de declaraciones falsificadas de los custodios TMF, Amergeris, Vistra y Farringdon.

   El BDO habría falsificado los documentos en su correspondencia con el Banco Central de Curazao y San Martín, al parecer en connivencia con el contador externo de la entidad. El consejo de administración y el asesor general del grupo, de apellido Escudero, estarían personalmente involucrados en estas tergiversaciones.

   Ante los hechos, el Banco Central presentó denuncia penal ante la Fiscalía de Curazao por falsificación y/o uso indebido intencional de documentos falsos, lo cual constituye un delito grave que se traduce en obstrucción a las tareas de supervisión del CBCS. El BDO abusó de su licencia bancaria. El ente emisor estima que no se puede confiar en el BDO para proporcionar fondos y servicios de conformidad con las leyes y reglamentos de supervisión aplicables de Curazao y San Martín. El Banco Central tiene serias preocupaciones con respecto a la integridad, exactitud y existencia de los activos de BDO en su balance general.

   De acuerdo a la visión del CBCS, el BDO no cumplió con los requisitos mínimos de solvencia estipulados en las normas y, además, considera que la situación de la entidad bancaria es preocupante. El ente emisor no puede verificar la solvencia de BDO, puesto que este último no proporcionó un estado de cuenta anual auditado por un auditor externo independiente como lo exige la ley.

  Ante este panorama el Banco Central de Curazao y San Martín concluye que la licencia del BDO debe retirarse, pues constituye la única medida correctiva apropiada y efectiva aplicable.

Incumplimiento de las instrucciones del CBCS

    El artículo 10, párrafo 1, así como el artículo 22, párrafo 1 de la Ordenanza Nacional sobre la Supervisión de las Instituciones Bancarias y de Crédito (NOSBCI) autoriza al Banco Central de Curazao y San Martín a emitir instrucciones a una institución supervisada, las cuales son vinculantes. El incumplimiento le da facultades al CBCS para retirar la licencia de una entidad de crédito según lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 1, y párrafo 2, de la NOSBCI.

    El Banco Central emitió una serie de instrucciones al BDO luego de realizar una evaluación in situ entre el 25 de enero de 2018 y el 3 de abril de 2018, las cuales no fueron acatadas.

    El CBCS ordenó al BDO ejecutar las órdenes judiciales finales para recibir o impugnar las órdenes en caso de estar en desacuerdo; el BDO debía proporcionar al Banco Central los comprobantes de los pagos a los clientes, que recibieron un pedido judicial a su favor, dentro de los cinco (5) días posteriores a la ejecución de los pagos. El BDO apeló las órdenes judiciales; las instrucciones de transferencia de los clientes debían ejecutarse en los 5 días hábiles siguientes en cumplimiento a la normativa antiterrorista y a las directrices sobre la detección y disuasión del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para instituciones de crédito; el BDO debía fortalecer la Junta de Directores Administrativos con una mayoría de Directores Administradores locales independientes para asegurar un proceso de toma de decisiones equilibrado y adecuado en función del tamaño, la complejidad y el perfil de riesgo; el procesamiento, la aprobación, el monitoreo y la ejecución de las transacciones de los clientes debía realizarse inmediatamente en las instalaciones de BDO en Curazao; el BDO debía cambiar la composición de su Consejo de Supervisión; el BDO debía garantizar que los Directores Gerentes de la entidad aumentaran su nivel de participación en el proceso de toma de decisiones; el BDO debía hacer un seguimiento adecuado de las deficiencias mencionadas en los exámenes practicados.

   Además, el Banco del Orinoco instruyó a sus custodios Vistra (Ginebra) SA, Farringdon Asset Management y Welden Securities Agente de Valores SA, para que proporcionaran al CBCS, directamente de forma independiente e indirectamente, confirmaciones por correo electrónico inmediatamente después de cualquier tipo de transacción que se hubiera ejecutado dentro de las carteras de seguridad de BDO; el BDO debía emitir copias de todas las correspondencias (correo electrónico) entre BDO y sus custodios sin ninguna excepción.

    El BDO reconoció que no cumplía con todas las instrucciones que el Banco Central de Curazao y San Martín emitió y sólo indicó que experimentó un progreso significativo durante la administración fiduciaria silenciosa según las diversas instrucciones emitidas por el CBCS.

   El BDO dijo haber dedicado una gran cantidad de recursos y, especialmente, capital en los últimos dos años, para mejorar su sistema operativo comercial.

   El BDO se comprometió a proporcionar al Banco Central una "visión general detallada del estado de todas las instrucciones y demandas recibidas, las completadas, pendientes, las razones por las que posiblemente aún no pudieron haberse concluido, y un calendario o posibles requisitos para resoluciones expeditas o conclusiones". El Banco Central recibió dicha descripción el 31 de julio de 2019.

   Entretanto, el Banco Central estimó que los esfuerzos del BDO para cumplir con las instrucciones eran insuficientes, aun cuando le concedió tiempo suficiente para remediar las deficiencias y fue continuamente informado sobre el estado de incumplimiento de dichas instrucciones.

  El propósito de la autoridad del Banco Central al emitir instrucciones es hacer cumplir a las instituciones supervisadas con las leyes y regulaciones aplicables. Toda institución de crédito en Curazao está sujeta a las mismas leyes y regulaciones. El CBCS no acepta como válido el argumento del BDO que tuvo poco tiempo para cumplir las instrucciones.

Incumplimiento de juicios aplicables

  El Banco del Orinoco ha sido condenado en múltiples casos por los tribunales competentes de Curazao para ejecutar pagos a titulares de cuentas.

   El Banco Central de Curazao y San Martín ha señaló en múltiples ocasiones al BDO que era inaceptable que no cumpliera con los juicios directamente ejecutables, excepto en casos claramente justificados y excepcionales, en los que el cumplimiento de tales constituyera formal y materialmente un delito penal o ese cumplimiento condujera a la aplicabilidad directa de las sanciones estadounidenses y/o el cumplimiento sería prácticamente imposible debido a la falta de cooperación de los bancos corresponsales.

   Los argumentos del BDO acerca de su incumplimiento fueron rechazados por los tribunales.

   Tampoco se ofrecieron razones válidas por parte del BDO por el incumplimiento de los acuerdos de liquidación celebrados y que constituían obligaciones de pago estrictas. El Banco Central comprobó que el BDO no cumplió totalmente con un número considerable de sentencias ejecutables.

   El BDO argumentó que debido a que se encuentra en el Caribe y sus clientes son en su mayoría venezolanos, ha experimentado los resultados directos de la eliminación de riesgos por parte de los bancos corresponsales y las diversas sanciones de EE. UU. contra Venezuela e individuos venezolanos.

    Dijo que de las 92 sentencias judiciales o casos de liquidación, 63 hayan sido pagados en su totalidad y 29 permanecen abiertas. Además refirió respecto a los problemas de cumplimiento con algunos de estos clientes, que ordenar las transferencias a estos clientes a través del único banco corresponsal restante (Novo Bank), probablemente dañaría la actual relación de corresponsalía bancaria de BDO, como ya había sucedido en otros casos.

  El Banco del Orinoco aseguró que estableció un equipo de negociación que llevó a cabo varias reuniones y estaba en contacto constante con varios abogados que representan a los demandantes.

    Por su parte el Banco Central de Curazao y San Martín consideró inaceptable el número de 29 sentencias judiciales ejecutorias impagas y/o acuerdos de conciliación pues, como banco con licencia, siempre debe estar en condiciones de cumplir de inmediato con sentencias ejecutorias. Este incumplimiento estructural continuo también afecta seriamente la reputación de Curazao como jurisdicción, en la cual los juicios finales y/o inmediatamente exigibles de los tribunales del país deben ser totalmente respetados por un banco regulado.

   EL CBCS subraya que el BDO aceptó a sabiendas clientes que tienen problemas de cumplimiento y/o son sospechosos de actividades delictivas.

    Para el Banco Central de Curazao y San Martín, la actuación del Banco del Orinoco es violatoria de las instrucciones impuestas sobre la base del párrafo 1 del artículo 22 de la NOSBCI.

   En tal sentido, el CBCS concluyó que en vista de los hechos estaba obligado a proceder a retirar la Licencia al BDO sobre la base del artículo 9, párrafo 1, bajo h. de la NOSBCI, leído en conjunto con el artículo 22, párrafo 1 de la NOSBCI sobre la base de que el Banco del Orinoco incumplió estructuralmente las instrucciones emitidas de honrar los juicios directamente ejecutables y las instrucciones posteriores emitidas a este respecto por el Banco Central.



Citas

[1] El Carabobeño. “Banco del Orinoco NV cesó actividades en Curazao”. 7 de septiembre de 2019. https://www.el-carabobeno.com/banco-del-orinoco-nv-ceso-actividades-en-curazao/  

[2] Banco del Orinoco. “La bancarrota del Banco del Orinoco”. https://www.bancodelorinoconv.com/site/p_contenido.php?id=1

[3] Panorama. “Grupo BOD apelará declaración de bancarrota del Banco Orinoco en Curazao”. 9 de octubre de 2019. https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Grupo-BOD-apelara-declaracion-de-bancarrota-del-Banco-Orinoco-en-Curazao-20191009-0086.html

[4] El TSJ donde ordena a Curazao abstenerse de disponer de los bienes y activos del intervenido Banco del Orinoco”. http://www.tsj.gob.ve/es/web/tsj/decisiones#

[5] Infobae. “Investigan si parte del dinero de la corrupción K terminó en una paradisiaca isla del Caribe”. 19 de septiembre de 2018. https://www.infobae.com/politica/2018/09/19/investigan-si-parte-del-dinero-de-la-corrupcion-k-termino-en-una-paradisiaca-%20isla-del-caribe/