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lunes, 27 de diciembre de 2021

Conozca las razones de la orden de detención de Víctor Vargas en Panamá y cómo son sus operaciones de lavado de dinero

  Una denuncia por blanqueo de capitales e insolvencia punible interpuesta ante la fiscalía general panameña, pone en evidencia la estructura fraudulenta del grupo financiero y una serie de empresas relacionadas propiedad del banquero venezolano.

Por Maibort Petit


    
Recientemente se conoció que la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada de Panamá ordenó la aprehensión y conducción del banquero venezolano, Víctor Vargas Irausquín, por la presunta comisión de un delito contra el orden Económico/ financiero[1]. La decisión judicial obedece a una demanda interpuesta contra el banquero y su grupo financiero que reclama el pago de acreencias en el Banco del Orinoco NV. Vargas tiene graves problemas con muchos ahorristas que aseguran fueron estafados por el banquero en cuentas del Banco Orinoco NV, pero también en AllBank, BOI Bank de Antigua y Barbuda, Bancamérica de República Dominicana, entre otros.

  La orden de detención contra Víctor Vargas Irausquin emitida por la Fiscalía de Panamá está relacionada con una demanda presentada en julio de 2020, ante el Ministerio Público donde fue denunciado penalmente en su carácter de accionista principal de la Sociedad Anónima Cayfloor Inc., por la presunta comisión del delito de contra el orden económico en las modalidades de blanqueo de capitales e insolvencia punible.

   La denuncia, formulada por una entidad cuyo nombre se mantiene en reserva está sustentada en lo expuesto en los artículos 254, 255 y 282 del Código Penal de Panamá, refiere que los afectados abrieron —a exigencia de la entidad bancaria— cuentas en el Banco del Orinoco NV (BONV) a principios del año 2012, con el objetivo de garantizar los montos de los préstamos que le fueron otorgados y que fueron pagados en su totalidad.

   Se trataba de cuentas en el referido Banco del Orinoco NV, en su sede de Curazao, las cuales para septiembre de 2019 —fecha de su intervención— tenían saldos, una de ellas, de USD 6.351.413,58; y la otra, de USD 886.761,21; sumando ambas USD 7.238.174,79.

  Desde entonces, los titulares de dichas cuentas han diligenciado el acceso y disposición de los fondos confinados en la entidad bancaria y, por acciones arbitrarias de los directivos, accionistas y beneficiarios del banco, así como de empleados ejecutivos de alto nivel del mismo, no ha sido posible acceder a los recursos.

  Se indica que estos depósitos en el Banco del Orinoco NV tenían la finalidad exclusiva de ser custodiados y que devengaran intereses producto de dicha custodia, pero la entidad bancaria —en despliegue doloso— se apoderó indebidamente de los fondos, al negarse a entregarlos a su legítimo propietario bajo ninguna forma o figura bancaria —cheque de gerencia o transferencia cuenta a cuenta— y sin que se rindan cuentas y brinden explicaciones sobre las razones del ilícito uso y apoderamiento arbitrario, a pesar de las múltiples solicitudes efectuadas por los titulares de las cuentas y propietarios de los dineros confiados.

  La denuncia asegura que esta situación descrita se repite con la mayoría de los depositantes, no solamente del Banco del Orinoco NV en Curazao, sino también en el AllBank Corp. de Panamá y en el BOI Bank de Antigua y Barbuda, donde a pesar de las denuncias, reclamos e, inclusive, sentencias a favor de los depositantes y agraviados, no ha sido posible la recuperación de sus dineros. Advierten los denunciantes que se trata de actividades ilícitas que repiten un mismo esquema en distintas jurisdicciones.

   Se apunta que el Banco Central de Curazao informó que el Banco del Orinoco NV presentó ante esa entidad supervisora de la actividad bancaria y financiera de ese país, documentación falsificada sobre supuestos custodios que han manifestado no tener títulos valores pertenecientes al BONV. También refirió el BCC que el BONV realizó transferencias de clientes sospechosos de actividades delictivas violándose con ello las regulaciones antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. Igualmente, el BONV habría presentado información falsa correspondiente a dominios de correos electrónicos.

   La denuncia hace referencia a la decisión del 9 de septiembre de 2019 adoptada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, de intervenir las operaciones del AllBank Corp. como consecuencia directa de la intervención del Banco Central de Curazao al BONV, propiedad de Víctor Vargas Irausquín, quien igualmente es accionista principal de la citada entidad panameña, en razón de que el Banco del Orinoco NV posee la cuarta parte de los activos líquidos de AllBank y, al mismo tiempo presta custodia a una tercera parte de su portafolio de inversiones.

La acusación ante el fiscal

   En razón de la falta de respuesta por parte de las autoridades del Banco del Orinoco NV a todas las solicitudes de información, de restitución de fondos y de prohibición de renovación de los CD´s de las cuentas, los denunciantes decidieron denunciar los hechos aquí narrados ante el Fiscal General de Curazao, Roger Boss, acusando directamente a Víctor Vargas como artífice de la ejecución de múltiples maniobras financieras para ocultar sus recursos y los confiados a su persona y sus empresas.

  Se le advierte al fiscal que Vargas busca con esto evadir el cumplimiento de sus obligaciones con sus acreedores, además de blanquear capitales de manera deliberada y dolosa, a través de sus conglomerados financieros y terceras partes estructuradas para tal fin.

  Apuntan que el grupo financiero de Vargas utiliza como mecanismo de banqueo de capitales una multiplicidad de estructuras societarias/empresariales constituidas en diversas jurisdicciones con la intención deliberada de captar fondos legítimos provenientes de clientes bancarios, tanto en el BONV en Curazao, como en el BOI Bank de Antigua y Barbuda, y AllBank Corp. en Panamá, para luego transferirlos y canalizarlos a través de estos, pretendiendo borrar la trazabilidad de los mismos.

  Sostienen los denunciantes que Víctor Vargas y su equipo oculta a los entre contralores y reguladores de las respectivas jurisdicciones donde operan sus bancos, la existencia, totalidad y vinculación directa, activa y operacional de las empresas grupo financiero.

  La denuncia resalta que AllBank Corp. pertenece al Holding All Financial Group, propiedad de Vargas Irausquín, el cual controla directa e indirectamente el resto de las empresas que lo conforman.

Empresas del grupo

  La denuncia identifica una serie de empresas como parte del esquema criminal de blanqueo de capitales que encabeza Víctor Vargas. Irausquín.

  Así tenemos, el BOI Bank Corporation, en Antigua y Barbuda, con Vargas Irausquín como director y con un control accionario del 98,7252 por ciento de las acciones; Day corp Holding Inc.; DFX Capital Managers Inc.; Hyannis Holdings Inc.; ICP Consulting LTD, donde Víctor Vargas figura como director; Investrading Finance Corp.

  Igualmente, National Leasing and Financial Corporation; NLFC Holding LTD; Onecreek Inc.; Opening Holdings Inc.; Silver Lock Inc.; Invest Real Estates Inc.; Casy Overseas Corp.; Firgoe Company Inc.; Traspan Holdings S.A.; Sandcorp Enterprises S.A.; Percy One Corp.

  También están vinculadas a Vargas, Northmile Intertrade S.A.; Operal Investment Inc.; Servicios Aéreos Padaall S.A.; Tesica Services LTD.; Moralis Corporation; Cecve Services LTD.; Planesa Services LTD.; Sigmore Holdings Inc.; Latin America Asset Management Corp.

  Los denunciantes identifican como empresas panameñas utilizadas para obtener préstamos de las mismas instituciones bancarias, estando relacionadas a la estructura y accionar financiero de Víctor Vargas a Directores y Gestores Comerciales S.A.; Futuro de las Américas S.A.; Inversión Total Line S.A.; Stawide Comodities INC.,; Inversiones del Golfo S.A.; Old Brompton Corp.; Wise Company 510 S.A.

Tilburg International S.A.

  Especial mención se hace en la denuncia a la empresa Tilburg International S.A., constituida el 1 de julio de 2015 y en la que figura Cayfloor INC.como director/presidente.

  Estas empresas —Tilburg y Cayfloor— integran el entramado de que se vale Víctor Vargas para adquirir un inmueble —una casa— en la Romana, República Dominicana, por USD 40.000.000.

  Se trata de villa La Serenísima, en el complejo turístico Casa de Campo, una de sus últimas adquisiciones, la cual es su actual residencia. El dueño anterior de la casa era Gustavo Cisneros.

  La operación de compra-venta se ideó a través de un fideicomiso constituido en Panamá y un entramado de empresas, todo destinado a ocultar la identidad de Vargas como comprador.

Sin licencia

  El banco Central de Curazao y Saint Maarten revocó la licencia bancaria del Banco del Orinoco NV el 2 de septiembre de 2019, por la múltiples violaciones a la normativa en dicha jurisdicción.

  Concluyeron las autoridades financieras que el BONV incurría en delitos penales, incluido el lavado de dinero.

Sobre la insolvencia punible

  Los denunciantes, al referirse al delito de insolvencia punible de que acusan a Víctor Vargas Irausquín, acusan las maniobras instrumentadas por este para ocultar un bien inmueble de su propiedad con la intención de evadir o sustraerse del pago de sus obligaciones hacia sus acreedores.

  En particular, la entidad denunciante, afectada por las maniobras del Banco del Orinoco NV del cual es beneficiario final Vargas Irausquín, refiere que éste ocultaba su propiedad a través  de la Sociedad Anónima panameña Cayfloor INC. Todo con el objeto de evitar que sus acreedores reclamaran en dicho inmueble el pago de sus dineros.

  Cayfloor INC, fue protocolizado su Pacto Social el 28 de mayo de 2015 e inscrita el 2 de junio de 2015 en el Registro Público panameño. En esta última fecha, también se emite el certificado Nº 1 de Cayfloor INC. en el que se señala que Víctor. Vargas Irausquín es dueño de la totalidad de las acciones, representadas en 10 mil acciones con valor nominal de USD 1 cada una, del capital de la firma.

   El 13 de agosto de 2015, sesionó la junta directiva de Cayfloor INC. en reunión extraordinaria para emitir una serie de autorizaciones que permitían la apertura y cierre de cuentas, hacer movilizaciones, consultas, pago de préstamos, pago a proveedores, afectando las cuentas de la la sociedad mantenía en All Bank Corp.

  El 27 de enero de 2017, se protocolizó la renuncia de la junta directiva de Cayfloor INC. y designándose a una nueva.

   Le refieren al fiscal que el ocultamiento de bienes opera a través del uso de empresas y sociedades anónimas con distintas jurisdicciones, siendo que el citado inmueble —la casa— en La Romana, República Dominicana, figura como propiedad de Inmobiliaria Pedrasa S.A.

   El 2 de julio de 2015 se protocolizó la constitución de Tilburg International S.A. en el Registro Público de Panamá, donde Cayfloor INC. figura como director/presidente.

  Cayfloor INC. de Víctor Vargas suscribió el 20 de octubre de 2015 como fideicomitente y comprador, el Fideicomiso Tilburg con Verwood Investments S.A. (fideicomitente vendedor).

  En este fideicomiso, ambas empresas manifiestan su interés de comprar  y el otro vender, el 100 por ciento de las acciones de Tilburg International S.A., la cual a su vez es accionista directa e indirecta de otras entidades jurídicas, filiales y/o subsidiarias y, por ende, de los bienes muebles e inmuebles que conforman sus respectivos patrimonios.

  El objetivo de esta negociación no es otra que los USD 40 millones de contraprestación representados en el inmueble.

  Alrededor de este fideicomiso giran también otras entidades jurídicas que, a saber, son Moville Investments Limited y Ramelton Investments Limited constituidas en Barbados; Baseterre Investments 2015 S.L y Kiet Investments 2015 S.L, constituidas en España; Inmobiliaria Pedrasa S.A., constituida en República Dominicana, propietaria primaria del inmueble.

  El 16 de noviembre de 2017 Cayfloor INC. emitió algunas autorizaciones para actuar en nombre del Contrato de Fideicomiso de Garantía Fideicomiso Tilburg, suscrito en Panamá el 20 de octubre de 2015.

  El 24 de noviembre de 2017, se ejecuta el Fideiocomiso Tilburg y el comprador Cayfloor INC. se convierte el propietaria de Tilburg International S.A. y de las 10 mil acciones totalmente pagadas y liberadas del capital social autorizado.

  En este sentido, los denunciantes le apuntan al fiscal que estas 10 mil acciones que representan la totalidad del capital, las recibe Cayfloor en su condición de beneficiario y con ello los bienes que le corresponden, es decir, las acciones de las empresas y sus bienes, entre ellos, la propiedad del inmueble —la casa— en La Romana, República Dominicana.

  De este modo, Tilburg International S.A. recibió como aporte de capital de su accionista Verwood Investments S.A., las acciones de este en Baseterre Investments 2015 S.L. y Kiet Investment 2015 S.L.

  El 29 de enero de 2016, la junta directiva de Tilburg International S.A. traspasó sus acciones en Baseterre Investments 2015 S.L y Kiet Investments 2015 S.L. a dos sociedades en Barbados, con lo que Moville Investments Limited y Ramelton Investments Limited quedaron como únicos accionistas de las empresas en España.

El esquema de propiedad del inmueble

  En consecuencia, Víctor Vargas Irausquín es el titular real de Baseterre Investments 2015 S.L. y de Kiet Investments 2015 S.L., las cuales tienen como único socio a Moville Investments Limited y Ramelton Investments Limited.

Así, Vargas Irausquín tiene la titularidad de cuatro empresas.

  Dado que Baseterre Investments 2015 S.L. es la única propietaria de Inmobiliaria Pedrasa S.A., propietaria a su vez de la casa en La Romana, República Dominicana, entonces Víctor Vargas es el dueño de la Inmobiliaria Pedrasa y, por tanto, propietario de la casa.

La petición a la fiscalía

  Los denunciantes pidieron al fiscal panameño revisar la estructura financiera y operacional de los bancos de Víctor Vargas Irausquín, Banco del Orinoco NV (BONV) en Curazao; el Banco Occidental de Descuento (BOD) en Venezuela; AllBank Corp. en Panamá; Bancamerica en República Dominicana; BOI Bank Corporation en Antigua y Barbuda.

  Asimismo, pidieron investigar a las empresas Cartera de Inversiones Venezolanas C.A. (Venezuela) con el control accionario de Banco Múltiple de las Américas (República Dominicana) en conjunto con Víctor Vargas; Plus Capital Market; Plus Capital Market INC.; National Leasing & Financial Corporation.

  Los denunciantes tasaron en USD 10 millones la cuantía provisional del daño que se le ocasionó, monto que se corresponde al total de los fondos depositados en las cuentas bancarias en el BONV y sus intereses devengados o por generar. Se advierte que la suma se cuantificará debidamente en el momento procesal oportuno por intermedio de los elementos de convicción probatorios.

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Fiscalía de Panamá ordena arresto de Víctor Vargas Irausquin y Santos Alonso Ramos”. 21 de diciembre de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/12/fiscalia-de-panama-ordena-arresto-de.html

domingo, 15 de diciembre de 2019

Conozca los detalles de la liquidación forzosa del Allbank Corp ordenada por la Superintendencia de Bancos de Panamá

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    Para proteger los intereses de los intereses de los depositantes que pudieran verse afectados por la intervención del Banco del Orinoco NV en Curazao, a la sazón beneficiario de su único accionista, la Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó la liquidación forzosa del Allbank Corp, entidad financiera perteneciente al Grupo BOD que dirige Víctor Vargas.
 El 8 de noviembre de 2019, Ricardo G. Fernández, Superintendente de Bancos de la República de Panamá adoptó esta medida después de que el Administrador Interino del banco presentó un informe en el que reveló la situación financiera, operacional y de gobierno corporativo del Allbank Corp que no admitía una posible resolución ni venta.
   Aquí presentamos la Resolución SBP-0205-2019 emanada de la autoridad panameña, a objeto de que puedan conocerse los detalles de esta decisión.

El documento

   Explica en los considerandos la resolución, en primer lugar que el Allbank Corp es una sociedad  anónima organizada y constituida de acuerdo a lo establecido en las leyes panameñas, inscrita en el Registro Público, Sección de Micropelícula (Mercantil), ficha número 724912, documento Redi Nº 1913669, actualizada a folio de igual número, la cual cuenta con Licencia Bancaria General otorgada por la Superintendencia de Bancos mediante resolución S.B.P. Nº 131-2011 de fecha 24 de octubre de 2011.
   En segundo término se recuerda que a través de la resolución SBP-0169-2019 del 9 de septiembre de 2019, la SBP tomó el control administrativo y operativo del Allbank Corp que se hizo efectiva desde las 3 de la tarde de ese mismo día.

  Se refiere que con esta medida se procuraba salvaguardar los intereses de los depositantes del banco luego de que el tribunal de Primera Instancia de Curazao adoptó el 5 de septiembre de 2019 una "medida de emergencia" para el Banco del Orinoco N.V. el cual tiene como beneficiario principal a quien, a su vez, es el único accionista de Allbank Corp. Los efectos directos de esta medida establecían que "(…) el Banco del Orinoco no podrá ser obligado a cumplir sus deudas y, por el momento, permanecerán congelados sus activos".

   Explica la resolución que tal situación limitaba el acceso de Allbank Corp a algunos de sus activos líquidos en razón de que una porción significativa de estos se encontraban colocados en partes relacionadas como lo es el Banco del Orinoco N.V., lo cual compromete sensiblemente la liquidez de la entidad al impedirle proseguir sus operaciones sin que corran peligro los intereses de los depositantes.

  La Superintendencia de Bancos de Panamá advirtió incertidumbre sobre la disponibilidad de los recursos líquidos con que cuenta el banco; la gestión de liquidez  concentrada en partes relacionadas; débil gobierno corporativo; débil gestión de riesgos; cumplimiento normativo; cartera de préstamos de baja calidad y deficiente gestión de activos; debilidades en el cumplimiento del Régimen de Prevención de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción  Masiva, y otras disposiciones.

  Alerta que tal panorama, así como la falta de un plan de negocios viable para la sostenibilidad de las operaciones de Allbank Corp, controles internos no adecuados y las condiciones de la cartera de créditos, demostraban un alto grado de debilidad en la viabilidad financiera y gestión corporativa del banco.

  Por toda esta situación, la Superintendencia de Bancos tomó la decisión de tomar el control de Allbank Corp sobre la base de lo establecido en las causales 2 y 4 del artículo 132 de la Ley Bancaria que estipulan que el banco no puede proseguir operando sin que corran peligro los  intereses de los depositantes y sobre el incumplimiento por parte de la institución bancaria de los requisitos exigidos por la SBP de acuerdo al artículo 130 de la misma Ley Bancaria.

  Entretanto, la resolución señala también en el artículo 133 de la referida Ley Bancaria que el periodo de administración interina no debe exceder treinta días, salvo que por razones excepcionales y  previa solicitud fundada del administrador, el superintendente decida extenderlo, lo cual no podrá ser por más de otros 30 días.

   La SBP se remitió al comunicado de prensa emitido el 4 de octubre de 2019 por el Banco Central de Curazao, donde informó que a dicha fecha el Tribunal de Primera Instancia de Curazao declaró en quiebra a Banco del Orinoco N.V. (BDO) y consideró relevante que el referido ente (el Banco Central de Curazao) hubiera revocado su licencia bancaria el 2 de septiembre de 2019.

   También resaltó la resolución el hecho de que se haya solicitado al tribunal, la adopción de una medida de emergencia, pedido al que accedió el 5 de septiembre dado que el Banco del Orinoco NV se había valido de documentación falsa para demostrar su posición financiera. En dicho comunicado se refería que mientras estaba vigente la medida de emergencia, el Banco Central constató que la posición financiera del Banco del Orinoco era deplorable, pues el supuesto patrimonio que presentaba al regulador y a los auditores parecía ser inexistente, por lo que estableció que los activos de la institución eran muy limitados, mientras que, por otro lado, sus deudas eran sustanciales.

La situación del banco

   Se alerta a tener presente, tal como lo menciona la resolución SBP-0169-2019 de 9 de septiembre de 2019, que una porción significativa de los activos del Allbank Corp están presuntamente  colocados en Banco del Orinoco en Curazao.

   Se indica que a raíz de la orden de toma de control administrativo y operativo de Allbank Corp, los administradores interinos presentaron, el 7 de octubre de 2019, un detallado informe que daba cuenta de la situación financiera del banco, transacciones no procesadas, relaciones de servicios con terceros, sistemas operativos y administrativos y una serie de acotaciones y conclusiones  a manera de consideraciones finales que describían la situación de la institución bancaria.

   Se puntualizó que los administradores describieron que el Allbank Corp mantiene USD 177.9 millones en depósitos de clientes, de los cuales USD 63.3 millones corresponden a depósitos a la vista, USD 82.9 millones eran depósitos a plazo, USD 31.7 millones correspondían a depósitos de ahorros corrientes y USD 15 mil a depósitos de ahorro de navidad.

    Dicho informe además añadía que la mayor proporción del activo estaba en colocaciones e inversiones que totalizaban USD 141.5  millones de  los cuales,  USD 107.3 millones correspondían a títulos valores que estaban en custodia en bancos y empresas relacionadas al grupo económico, USD 34.2 millones del total de inversiones estaban en colocaciones, de los cuales USD 12.7  millones eran depósitos a plazo fijo, (USD 10.7 millones se encontraban en bancos relacionados al grupo económico) y el resto, USD 21.5 millones en colocaciones a la vista, de los cuales USD 16.2 millones estaban colocados en bancos y empresas del mismo grupo económico.

La cartera de préstamo neta ascendía a USD 64.6 millones.

    Los administradores interinos concluyeron que para el momento de elaborar el informe, no habían logrado completar el análisis de valor de los activos debido a que no habían recibido los fondos de la mayoría de las entidades a las que se les había solicitado, lo que impedía conocer en detalle los  montos de las colocaciones de las realmente se disponía.

   Tampoco habían podido confirmar con los custodios la existencia y valor de cada uno de los títulos valores reportados en la cartera de inversión de aproximadamente USD 107.3 millones.  Se tenía un estimado de lo existente en el Banco del Orinoco y en el Plus Capital Market Inc., pero no había certeza de los títulos valores allí custodiados, lo que impedía conocer fidedignamente la situación  financiera del Allbank Corp.

    Igualmente no habían podido confirmar en detalle, la situación de las entidades relacionadas en las otras jurisdicciones para determinar si era posible o no, recuperar los fondos y posiciones que se mantenían en ellas.

     También era absolutamente necesario completar con más detalle la información de la cartera de préstamos para definir los posibles cursos de acción con la misma.

   La situación referida llevó a los administradores interinos del banco a recomendar a la Superintendencia de Bancos, extender por hasta 30 días adicionales la Toma de Control Administrativo y Operativo del Allbank Corp a objeto de que se recabara mayor información, de modo de poder desarrollar un reporte más objetivo sobre la situación de la institución y así tomar mejores decisiones.

    La Ley Bancaria establece que en dichos 30 días se debe decidir si se procede a la reorganización del banco, si se recurre a la liquidación forzosa o se devuelve a sus directores o representante legal, esto último si se subsanan los hechos que motivan la toma de control operativa y administrativa para  que a juicio de la SBP la institución pueda constituirse nuevamente en un negocio viable en el corto y largo plazo.

    La Superintendencia de Bancos de Panamá estimó responsable y prudente, luego de evaluar la solicitud de prórroga formulada por los administradores interinos, otorgar más tiempo para  determinar la situación financiera del banco en beneficio de los mejores intereses de los depositantes de la entidad.

   En la resolución se designó, mientras durara la extensión de la Toma de Control Administrativo y Operativo del Allbank Corp, que Rafael Moscarella Valladares, con cédula de identidad personal Nº  N-21-1660 como único administrador interino del banco para que ejerciera privativamente su representación legal a nombre de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

   Además, se ordenó, entre otras cosas, mantener en lo que no contradijera la Resolución SBP-0191-2019, la Resolución SBP-0169-2019 de 9 de septiembre de 2019, incluyendo la suspensión de operaciones y las funciones dispuestas en el artículo tercero de la resolución para el Administrador  Interino.
   El propósito primordial de la extensión se centraba en la necesidad de satisfacer en lo posible las motivaciones fácticas de la toma de control.

    Así, dada la incertidumbre sobre la disponibilidad de los recursos líquidos con que contaba el banco, los administradores interinos solicitaron al Banco del Orinoco en Curazao, al Banco Múltiple de las Américas en República Dominicana y al BOI Bank Corp en Antigua y Barbuda, entidades relacionadas con Allbank Corp., miembros del mismo grupo bancario, la información certera sobre los fondos del banco panameño y la consecuente repatriación de estos a Panamá.

   BOI Bank Corp dijo que debía consultar a sus abogados externos en Panamá para validar el requerimiento, los cuales concluyeron que el administrador interino no podía disponer de los bienes del banco. Una respuesta sin fundamento con la cual negó los fondos a sus legítimos derechohabientes. El administrador interino desestimó tal argumento y reiteró el requerimiento el 19 de octubre de 2019.

   Allbank Corp era una entidad orientada a préstamos en el mercado de segmento medio, a financiamientos parciales de interinos de construcción, préstamos para capital de trabajo de empresas comerciales,  financiamientos en la zona libre de Colón, en una coyuntura de debilidad de la operación comercial de esta zona franca.

  Pero este banco no desarrolló un proceso robusto de administración de crédito en ninguna de sus fases, lo cual derivó en problemas de la calidad de su cartera de créditos, lo cual era el principal activo del banco. Se formularon las advertencias debidas a la institución.

   Debido a la recurrencia de los resultados adversos durante los primeros años de gestión, que traducían en pérdidas de operaciones que obligaban al accionista, a requerimientos del regulador, a capitalizar para nivelar el patrimonio requerido por el marco legal bancario. Allbank Corp experimentó dificultades para lograr su punto de equilibrio financiero dada su baja escala de operación y una débil gestión financiera, por lo que era necesario una redefinición de su modelo de negocio en Panamá.

   Las alertas formuladas al banco confirman las debilidades en gobierno corporativo de Allbank Corp, en gestión de riesgos y deficiencias en los resultados económico-financieros.

    El informe de la inspección integral realizada en 2018 le requirió al banco incrementar nuevamente provisiones dado el deterioro detectado en la cartera de préstamos. Se le pidió establecer límites en la custodia del portafolio de inversiones que presentaba a esa fecha una concentración en bancos relacionados  al grupo bancario. En la inspección de seguimiento efectuada en 2019, se observó un incremento en el deterioro de la cartera de préstamos, lo que llevó a una  inspección especial de crédito, resultando en un requerimiento de provisiones adicionales y, además, se identificó igualmente un aumento en la concentración de custodia del portafolio de inversiones en bancos relacionados.

   Desde octubre de 2018, los clientes de Allbank Corp formularon recurrentes reclamos que la  Superintendencia de Bancos recogió y que daban cuenta de renovaciones no autorizadas de depósitos a plazo fijo, restructuraciones de términos y condiciones de manera unilateral, no concesión de financiamientos con garantía prendaria de depósitos en el mismo banco, e instrucciones no atendidas de clientes sobre transferencias de fondos depositados en el banco.

   Anteriormente, la Superintendencia de Bancos de Panamá había advertido su preocupación a Allbank Corp por las dificultades para lograr resultados  positivos en cifras financieras,  producto de operaciones bancarias, mostrando pérdidas y exigió presentar nuevas estrategias  de negocios.

  La SBP inició un proceso intensificado de supervisión, requiriendo a la administración y al accionista de Allbank Corp las explicaciones y satisfacciones pertinentes sobre los reclamos de clientes, lo cual denotaba un claro síntoma de problemas de liquidez.

    Existía un alerta pues a pesar de que el banco lograba cumplir con los indicadores regulatorios de solvencia y liquidez, porque la entidad mostraba una alta concentración de sus disponibilidades  líquidas en bancos relacionados y la mayoría del portafolio de inversiones en custodios de su mismo grupo económico.

   En las inspecciones para validar el portafolio de inversiones, Allbank Corp no pudo mostrar clara y contundentemente la veracidad de la cartera, pese a las reiteradas solicitudes de confirmación para evidenciar los flujos transaccionales y asientos contables que permitieran clarificar la generación de ingresos.

   En una serie de reuniones llevadas a cabo en marzo, se le solicitó al accionista de Allbank Corp y su  grupo ejecutivo, varias medidas necesarias e indispensables, tales como: 1) Normalizar y ordenar el pago el pago de transferencias a los clientes; 2) Trasladar las disponibilidades de activos   líquidos en bancos relacionados a bancos en la plaza panameña, especialmente al Banco Nacional de Panamá donde la entidad mantenía su única cuenta en el sistema panameño; 3) Iniciar un proceso de diversificación de sus custodios del portafolio de inversiones hacia casas independientes no relacionadas con el grupo.

   En abril de 2019 comenzó un proceso de medida correctiva de acuerdo a lo pautado en la Ley Bancaria de Panamá, se nombró un asesor para que acompañara a Allbank Corp en nombre de la Superintendencia de Bancos, que debía ejecutar las medidas anotadas e implementar otros requerimientos. El asesor también hacer una valoración independiente sobre la cartera de préstamos.   

    Para cumplir las exigencias de la SBP el banco presentó un Plan de Acción que sólo buscaba desfasar y dilatar los requerimientos solicitados, demostrando su intención de no procurar una solución a los problemas que afrontaba.

    En razón de esto se establecieron plazos perentorios al accionista para el cumplimiento de los  requerimientos con el objetivo de encontrar una solución que pudiera mitigar electos adversos  sobre los depositantes y disipar las dudas sobre la disponibilidad de los activos de Allbank Corp. El accionista incumplió con sus deberes y obligaciones con quienes le confiaron sus recursos a su gestión financiera. 

El administrador interino

   La administración interina se encontró con el panorama descrito hasta ahora, lo cual le dificultó validar la existencia del  principal activo del banco, a saber, su portafolio de inversiones en valores  en supuesta custodia de empresas relacionadas al grupo del accionista, así como también, para poder trasladar fondos líquidos desde las otras jurisdicciones. Se dudaba de la existencia y disponibilidad de tales activos.

   El único administrador interino designado mediante la resolución SBP-0191-2019 del 9 de octubre de 2019, en su Informe de final de gestión presentado el 7 de noviembre de 2019,  estableció lo siguiente:

1) La información  financiera que reflejaba aparentemente una situación de liquidez no había podido ser comprobada. Las restricciones de que fueron objeto los clientes en la ejecución y  pago de transferencias, cheques de gerencias, desembolsos de préstamos o cancelaciones de depósitos a plazo, no guardaban relación con el portafolio de liquidez presentado por la entidad en sus estados financieros.

2) Existía una estructura de gobierno corporativo, con una junta directiva y comités activos, pero el seguimiento a las solicitudes de la SBP se manejaba con un grupo de trabajo y no se transmitía  la situación  a dichas instancias.

3) Reiterativamente se solicitó a las entidades relacionadas el traspaso de las colocaciones a la vista por USD 15.7  millones, depósitos a plazo por USD 10.7 millones y los portafolios de inversión  que ascendían a USD 107.3 millones. 

  A saber, a BOI Bank Corporation se le solicitó información sobre los fondos (USD. 12 millones a la vista y USD 6.4 millones en depósito a plazo fijo) y seguimiento reiterado a las mismas. Las respuestas ofrecidas carecían de sustento. Solamente se contestó concretamente lo referente  a la no posibilidad  de cancelación anticipada de depósitos a plazo con vencimiento a noviembre de 2019.

  A Bancamerica se le requirieron datos sobre fondos a la vista por USD 2 millones y seguimiento reiterado a las mismas.  Dijeron que responderían a la  brevedad posible, pero no hubo ni una comunicación adicional ni se enviaron los fondos solicitados.

  Plus Capital Market Inc., intervenida por la SMV, tampoco atendió las solicitudes. Esta pidió al BOI Bank Corporation reiteradas veces el envío de los títulos valores custodiados por el orden de USD 63.3 millones. El total mantenido con Plus Capital Market Inc. era de USD 75.6 millones a valor de mercado. La diferencia se mantenía en custodia en Banco del Orinoco.

  El proceso de Banco del Orinoco informó que no podía ubicar los valores custodiados (USD 31.7 millones más la porción colocada a través de Plus Capital Market Inc.).

4) Las entidades relacionadas no ofrecieron respuesta ni argumentos financieros acerca de las razones de no realizar las transferencias y ni siquiera enviaron traspasos parciales.

5) El accionista tampoco atendió ni directa ni indirectamente las solicitudes planteadas. Sólo hasta el 29 de octubre, a pocos días de la finalización de la extensión del  proceso de toma  de control, cuando envió sendas comunicaciones presentando propuestas con el propósito de retomar la operación de la entidad, sin acciones concretas y formales, lo cual no respondía a los requerimientos del proceso de poder contar con los fondos y valores en cuentas controladas por entidades relacionadas en un corto plazo para poder comprobar su existencia.

   El administrador interino, ante la falta de respuestas, manifestó dudas razonables sobre la disponibilidad real de los fondos y títulos valores que mantenía Allbank Corp en las entidades  relacionadas y, por lo tanto, sobre la viabilidad financiera de la entidad para cumplir con sus compromisos y obligaciones oportunamente y, en particular, dar respuesta a los clientes sobre el destino de los depósitos que mantenían en el banco.

   Desde el inicio del proceso de toma de control se procuró contactar al accionista y director-presidente de Allbank Corp para que despejara las dudas existentes acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos activos del banco que pudieran hacer frente a las obligaciones controladas. El 24 de octubre se celebró una reunión a través de un abogado no legitimado para actuar en nombre de la Junta Directiva del banco para sondear la posibilidad de devolución del banco y se comprometió a presentar una propuesta. El 30 de octubre, el director-presidente de Allbank Corp se comunicó con el administrador interino y manifestó su sorpresa por la medida pues había trabajado y cumplido con los requerimientos de la superintendencia y manifestó su objetivo de recuperar el banco y con él su reputación.

   La propuesta presentada al administrador interino solamente procuraba, como ya se ha dicho, desfasar y dilatar nuevamente el cumplimiento de lo requerido, en una clara y desafiante actitud  de no encontrar una solución efectiva a los problemas que confrontaba.
   En atención a la situación de la entidad, de lo dispuesto en las leyes, de la inviabilidad de devolver el control administrativo del Allbank Corp a sus directores, accionista único o representante legal; por no haber resuelto de forma alguna las causales que justificaron la toma de control administrativo y operativo del banco; de que la conclusión del administrador y valoración de la Superintendencia de Bancos de Panamá apuntó a descontar la posibilidad reorganizar la entidad para devolverlo a sus directores originales o vender sus acciones; de la insostenibilidad del banco como un negocio en marcha; la incertidumbre sobre la disponibilidad de sus activos; de la falta de propuestas de solución a corto plazo y evasivas de los bancos del grupo a desplegar la información  sobre los bienes de la entidad en sus respectivas jurisdicciones; de la no procedencia de reorganización ni venta; solamente se hacía admisible —dadas las circunstancias y antecedentes señalados— decidir por la liquidación forzosa del banco.

La resolución

   En su primer artículo, la resolución estableció “Ordenar, según los términos dispuestos en los artículos 154 y siguientes del Capítulo XVIII, liquidación Forzosa, Título 111 de la Ley Bancaria, la liquidación administrativa de Allbank Corp, sociedad anónima organizada y constituida conforme a las Leyes de la República de Panamá, inscrita en el Registro Público, Sección de Micropelícula  (Mercantil) a Ficha 724912,  Documento Redi 1913669, actualizada por el Registro Público a Folio 724912 (S), que cuenta con Licencia Bancaria General otorgada por esta Superintendencia mediante Resolución S.B.P.  No. 131-2011 de 24 de octubre de 2011”.

  En el segundo artículo se designó a Rafael Moscarella Valladares, titular de la cédula de identidad Nº N-21-1660, con más de cinco años de experiencia en el sector bancario, para que privativamente la representación legal, administración y control de Allbank Corp.

  Se ordenó en el artículo tres, mantener suspendidas todas las operaciones bancarias de Allbank Corp.

  Entretanto, el cuarto artículo declaró que al estar el Allbank Corp en estado de Liquidación Forzosa, se entendían suspendidos hasta por seis meses los términos de prescripción de todo derecho o acción de que era titular el banco y los términos en los procesos judiciales o administrativos en los que fuera parte, salvo aquellos que persiguieran la ejecución de una prenda, hipoteca o garantía real.

  Se ordenó que cesaran de correr los  intereses sobre las obligaciones de Allbank Corp en Liquidación Forzosa, salvo que se tratara de obligaciones garantizadas con prenda o hipoteca sobre bienes del banco, según lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Bancaria (artículo quinto).

  Se dispuso que Rafael Moscarella Valladares dependería funcionalmente del Superintendente de Bancos y daría cuenta de sus actuaciones a la Junta Directiva de dicho ente (artículo sexto).

  El liquidador designado debía llevar cuenta ordenada y comprobada de su gestión y que orientara la marcha del proceso de Liquidación Forzosa con celeridad, diligencia, simplicidad y transparencia de sus trámites y en el respeto de los derechos y prelaciones que reconoce la Ley Bancaria.

  Las facultades del liquidador quedaron estipuladas en el artículo octavo y, a saber, eran: 1)Suspender o limitar el pago de las obligaciones del banco y de las deudas de la masa según la disponibilidad  de los recursos; 2) Emplear al  personal necesario y separar del cargo a aquellos  empleados  cuya actuación dolosa o negligente hubiera propiciado la liquidación, así como a aquellos empleados que por reducción de las actividades del banco, fuera necesario separar; 3) Ceder o vender activos de acuerdo con su valor realizable, neto de provisiones, reservas y cualquier otro ajuste que determinara la Superintendencia, conforme a las normas y regulaciones  prudenciales  existentes; 4) Transferir total o parcialmente los activos y pasivos del banco a una  entidad con licencia para ejercer el negocio de fideicomiso en Panamá,  previa autorización  de la Superintendencia; 5) Ejecutar los actos y celebrar los contratos que fueran del giro de sus atribuciones para permitir el  inicio,  perfeccionamiento y ejecución de la liquidación a través del traspaso de activos y pasivos y del fideicomiso; 6) Establecer en el contrato de fideicomiso los mandatos, términos y condiciones para la conducente liquidación de activos y pasivos transferidos; 7) Transmitir al Ministerio Público todas las piezas que representaran posibilidades  de comisión de actos delictivos para fueran debidamente atendidas, calificadas y procesadas por esa agencia de instrucción; 8) Comunicar a la Unidad de Análisis Financiero cualesquiera operaciones  que resultaran sospechosas vinculadas con el blanqueo de capitales, financiamiento  del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; 9)  Cualquier otra facultad que previa solicitud fundada del liquidador fuera autorizada por el superintendente para un propósito determinado.

  Se ordenó al liquidador designado, pagar la totalidad de los depósitos y otras obligaciones  descritas en los numerales 1 y 2 del artículo 167 de la misma Ley,  dentro de los 15 días siguientes  a la  fecha en que quedara ejecutada la resolución (artículo noveno).

  Se requirió a los depositantes y demás acreedores de Allbank Corp en Liquidación Forzosa para que, en cualquier momento, hasta tanto el  liquidador dictara su informe preliminar, comparecieran al banco a presentar sus acreencias (artículo décimo).

El resto de los artículos estaban referidos a formalidades de ley.