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domingo, 6 de octubre de 2019

Caribbean Style: La empresa con el chavismo se promocionó en EE. UU. a expensas de CITGO

Pese a que tiene un largo historial de denuncias sobre las irregularidades cometidas, la empresa se mantendría operando ante la mirada indiferente de la actual junta directiva de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se habrían valido de Caribbean Style Inc., una empresa registrada en el estado Texas, para triangular y pagar los gastos de viaje, logística de sus agentes, así como de propaganda política de sus gobiernos en Estados Unidos. Tales erogaciones se harían a expensas de CITGO, la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en la nación norteamericana, en una trama que busca enmascarar las operaciones irregulares.
Tales acciones se seguirían llevando a cabo a pesar de las denuncias que al respecto se han formulado en diversas ocasiones, aun con la nueva administración de la filial de PDVSA en territorio estadounidense.

Estos hechos tienen tiempo denunciándose y así lo refiere el blog “Las armas del Coronel” hace referencia a una denuncia formulada por Joaquín Chafardett sobre la Fundación Simón Bolívar de CITGO presidida por Gustavo Cárdenas, la cual presuntamente aparejaba a cada donación que otorgaba, toda una estrategia de logística que recaía en Caribbean Style Inc[1].

El escrito de Chafardet se publicó inicialmente en el portal Analítica donde ya no es posible ubicarlo y sólo puede accederse a él, bien a través de la referencia que hace Gustavo Coronel en su blog cuando hace mención a varias de las irregularidades cometidas en la filial de PDVSA en EE. UU., o de Google Groups[2].

La denuncia refería que las operaciones irregulares dirigidas por Cárdenas, contaban con la colaboración del vicepresidente de Asuntos Públicos de CITGO, Daniel Cortez. Agrega que, supuestamente, Modesto Díaz, presidente de Caribbean Style, sería testaferro de Cárdenas y Cortez.

Se precisa que la logística para todos los programas de la Fundación Simón Bolívar era prepagada a Caribbean Style independientemente de si los gastos se ejecutaban o no.

Se cita como ejemplo que las medicinas que CITGO compró para Hugo Chávez cuando estaba enfermo, supuestamente fueron adquiridas a través de Caribbean Style Inc, a la cual se le pagaron con antelación un millón de dólares por gastos de logística.

Asimismo, hace mención a una donación hecha por FSB consistente en 200 implantes auditivos que serían donados en Venezuela, se habría hecho con un presunto sobreprecio de USD 800.000 y siempre con la intermediación de Caribbean Style. A la fecha de la publicación solamente 30 de estos implantes se había entregado a personas afectadas.

CITGO también habría pagado USD 2 millones a Caribbean Style a través de la fundación para cubrir los gastos de logística cuando se encargó que canalizar una donación de USD 6 millones para los afectados por las lluvias en Venezuela. Igualmente se menciona una donación de USD 2.5 millones a Haití contempló gastos de logística cancelados a la referida empresa por USD 800.000. En este caso, en razón de que no había autoridad que controlara la entrada de las donaciones, se habrían facturado productos que no fueron comprados y se canceló una carga que no llegó a la nación caribeña.

Advertía Chafardett que en la “ayuda” brindada por CITGO a los damnificados de las lluvias en Venezuela como a los afectados por el terremoto en Haití, el negocio estaba en la sobrefacturación de los costos de transporte aéreo, habiendo canalizado Caribbean Sytyle Inc tales envíos a través de una empresa llamada Transporte Aéreo Boliviano (TAB).

La denuncia de Joaquín Chafardett incluía el caso de una exposición denominada “Venezuela Matters”, evento que en realidad no se llevó a cabo pero sí fue facturado por una empresa de nombre Nexus, hecho que ocurrió, presuntamente, con la aprobación de Cárdenas quien ordenó el pago de todo lo relacionado con la logística de la exposición. En todo caso —refiere la narración— que el presidente de la FSB habría advertido el jugoso negocio y decidió crear su propia empresa a través de un prestanombres quien, a saber, habría sido Modesto Díaz. Así habría surgido Caribbean Style Inc.

Los hechos irregulares se cuentan por docenas, sin que haya una efectiva investigación sobre los mismos que desemboque en el establecimiento de responsabilidades y la consiguiente sanción y castigo. Para evadir los controles, Chafardett precisó que Cárdenas y Cortez contaban con la presunta complicidad del auditor general de CITGO para la época, a quien no identifica, y de uno de los consultores jurídicos de la filial, Arnaldo Arcay, cuya función era evitar que el resto de los consultores pudieran tener acceso a los contratos de logística. (Arcay ya no está en CITGO).

Operando a pesar de las detenciones directivos de CITGO

Gustavo Cárdenas fue detenido junto con otros cinco directivos de CITGO en noviembre de 2017 por orden del fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, acusados de firmar un contrato internacional con dos empresas financieras con las que estarían negociando una refinanciación de los programas de deuda de CITGO entre los años 2014-2015 y así solicitar préstamos que resultaban desfavorables para PDVSA[3].

Los detenidos fueron José Ángel Pereira Ruimwyk (presidente interino de Citgo), Tomeu Vadell (vicepresidente de refinación), Alirio Zambrano (vicepresidente y gerente general de la refinería de CITGO en Corpus Christi), Jorge Toledo (vicepresidente de suministro y marketing), Gustavo Cárdenas (jefe de relaciones estratégicas con accionistas, gobierno y asuntos públicos) y José Luis Zambrano (vicepresidente de servicios compartidos). A ellos el Tribunal Supremo de Justicia oficialista ordenó abrirles juicio por su pretensión de supuestamente comprometer a CITGO con las empresas financiadoras Frontier Group Management Ltd y Apolo Global Management. También mantuvo la medida de privación de libertad preventiva de estos exdirectivos, imputados por peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista, legitimación de capitales y asociación para delinquir[4].

CITGO, el activo más valioso de Venezuela en el extranjero, se ha convertido en objeto de disputa entre el gobierno de Nicolás Maduro y Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y más de 50 países. Así, mientras Maduro sostiene que el presidente de CITGO Petroleum Corp es Asdrúbal Chávez —primo del fallecido expresidente Hugo Chávez y aliado cercano del mandatario venezolano al que EE. UU. le retiró la visa— Guaidó designó una nueva junta directiva de la filial que encabeza Luisa Palacios, acompañada de Rick Esser, Edgar Rincón, Ángel Olmeta, Luis Urdaneta y Andrés Eloy Padilla[5].

Pese a esto y a la licencia que el gobierno de los Estados Unidos ha otorgado a Guaidó y sus designados, en el seno de la CITGO seguirían operando funcionarios que han sido y continuarían siendo fichas de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Tal sería el caso de Glenn Hilman, vicepresidente de Servicios Compartidos, quien en mayo de 2018 cuando se desempeñaba como director de compras, junto a los gerentes Brian Paulson y Laymar Peña, apoyaron la compra de vehículos blindados autorizados por el entonces CEO de Citgo, Asdrúbal Chávez y Manuel Quevedo, presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Igualmente, participó de decisiones que permitieron la compra de 8 mil millones de dólares en bienes, equipos y repuestos con dinero proveniente de la venta de petróleo venezolano a CITGO. Igualmente, Rick Esser ignoró las políticas internas para la compra de los referidos vehículos blindados. Se cree que los carros estaban destinados para uso de altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro o para actividades ilegales como el narcotráfico o la explotación ilegal de oro y coltán[6].

Fuentes consultadas para la redacción de esta noche refieren que Glenn Hilman mantiene excelentes relaciones con Asdrúbal Chávez y que Rick Esser, actual vicepresidente de cumplimiento y director de estrategia, habrían mantenido una gestión caracterizada por las irregularidades que comprometieron el presupuesto de CITGO haciéndole perder millones de dólares.

Del mismo modo se asegura que la gestión de Luisa Palacios y el resto de la junta directiva han hecho caso omiso a las denuncias que les han presentado trabajadores en varias oportunidades, habiendo recibido, lejos de receptividad, amenazas por parte del equipo de abogados externos contratados por este directorio.

Las irregularidades de Caribbean Style Inc serían parte de las denuncias desestimadas por las nuevas autoridades de CITGO.

Sobre Caribean Style Inc

El portal Manta refiere que Caribean Style Inc. es una compañía registrada en Houston Texas, cuyo domicilio es el 2350 Bering Drive Apartment 110, Houston, Tx 77057. Teléfono (832) 5338822. Modesto Díaz es el Presidente y Director Ejecutivo.

Informa que se trata de una compañía privada dedicada a la promoción de entretenimiento establecida en 2001[7].

Por su parte, Sunbiz informa que Caribean Style Inc[8] también es una empresa registrada el 19 de agosto de 1996 en el estado de la Florida bajo el número P96000069647, FEI/EIN 65-1132582. Su estatus actual es inactivo, al haberse disuelto administrativamente el 16 de septiembre de 2005.

Reportó como dirección el 9300 NW 25 Street, STE 208, Miami, Fl 33172, que también fue suministrada como dirección postal.

El agente registrador fue Gustavo Villoldo (misma dirección de la empresa), quien asumió como tal desde el 13 de junio de 2002.

En el directorio de la empresa figuraban Raúl Llaneras y Gustavo Villoldo, igualmente con mismo domicilio de la empresa.













[1] Las armas del Coronel. “Citgo debe ser investigada a fondo”. 21 de noviembre de 2011. http://lasarmasdecoronel.blogspot.com/2011/11/citgo-debe-ser-investigada-fondo.html

[2] Google Groups. Joaquín F. Chaffardet. Los herederos del enfermo. 19 de noviembre de 2011. https://groups.google.com/forum/#!topic/soc.culture.venezuela/IavuS0mrrKw

[3] El Cooperante. “José Pereira Ruimwyk, el jerarca de Citgo que ‘guisó’ millones y millones de dólares. 21 de noviembre de 2017. https://elcooperante.com/jose-pereira-ruimwyk-el-jerarca-de-citgo-que-guiso-millones-y-millones-de-dolares/

[4] Tal Cual. “Tribunal ordena abrir juicio contra directivos de Citgo involucrados en corrupción”. 7 de junio de 2019. https://talcualdigital.com/index.php/2019/06/07/tribunal-ordena-abrir-juicio-contra-directivos-de-citgo-involucrados-en-corrupcion/

[5] Banca y Negocios. “¿Quién es quién en la junta directiva de Citgo?”. 23 de febrero de 2019. http://www.bancaynegocios.com/quien-es-quien-en-la-junta-directiva-de-citgo/

[6] Miami Diario. “Gerentes de Citgo aprobaron compra de vehículos blindados para PDVSA en Miami”. 5 de mayo de 2019. https://miamidiario.com/gerentes-de-citgo-aprobaron-compra-de-vehiculos-blindados-para-pdvsa-en-miami/

[7] Manta. Caribbean Style Inc. https://www.manta.com/c/mttwxlf/caribbean-style-inc

[8] Sunbiz, Division of Corporations. Caribean Style Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=CARIBBEANSTYLE%20P960000696470&aggregateId=domp-p96000069647-511c1d3c-c0f2-436a-929e-87d5788df024&searchTerm=Caribbean%20Style&listNameOrder=CARIBBEANSTYLE%20J993700

jueves, 16 de mayo de 2019

Del Aban Peral y el buque fantasma a la contratación del taladro de crudo y gas en el Golfo de Paria

Por Maibort Petit
@maibortpetit


La experiencia del Aban Pearl y del buque taladro de perforación Songa Saturn mejor conocido como el buque fantasma, negociaciones con las cuales se desfalcó el erario nacional, al parecer no significaron lección alguna para las autoridades de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), por el contrario todo indica que solamente han sido ejemplos a emular por parte de quienes han estado al frente de la estatal, quienes valiéndose del poder que tal posición supone, han incurrido en la suscripción de contratos similares sin que la contraloría ni los distintos entes encargados de ponerle coto a este tipo de situaciones hayan emitido pronunciamiento alguno.
Es el caso de la contratación de la unidad de perforación para el desarrollo de oportunidades de crudo y gas en el Golfo de Paria y Punto Pescador, en la que parecen repetirse las mismas irregularidades cometidas en las negociaciones señaladas, caracterizadas por el sobreprecio y el obviar las normativas que según la ley deben regir tales contrataciones.

Cabe recordar que la contratación del Aban Pearl con un intermediario se hizo por un período de cinco años y por USD 1.315.000.000, es decir 730 mil dólares diarios, más del doble de lo cobrado por el propietario de la unidad semisumergible. Por su parte, el buque fantasma o Petrosaudi Saturn, propiedad de la empresa Petrosaudi Oil Services Limited, costó unos USD 461.000 diarios, aun cuando en el mercado internacional, mejores embarcaciones recién construidas y con alta tecnología podían arrendarse por una tasa diaria de 350.000 dólares e, incluso, un barco similar al del contrato con PDVSA solía costar USD 170.000 al día.

Estas contrataciones se hicieron de manera directa, sin proceso licitatorio, hecho que se repite con el taladro Jack Up que presentamos en esta entrega, cuya negociación se hizo por 730 días y a un muy alto costo en 2013, tal como lo muestra un documento con carácter confidencial que presentamos a nuestros amables lectores.

Contrato del taladro

El 4 de diciembre de 2013, Álvaro Ledo Nass, secretario de la Secretaría General de Entes Corporativos de Petróleos de Venezuela S.A., remitió a Eulogio Del Pino, para la fecha vicepresidente de la estatal, una comunicación a objeto de informarle que el Comité Ejecutivo de la corporación durante la reunión 2013-29 aprobó la contratación de una unidad de perforación para el desarrollo de oportunidades de crudo y gas en el Golfo de Paria y Punto Pescador.

Específicamente, se trataba de la contratación del servicio de taladro Jack Up para llevar a cabo operaciones de perforación y completación de pozos costa afuera, negociación que se haría bajo la modalidad de contratación directa participativa con las empresas ICSSA y AMS, la cual estaba apegada a lo establecido en el 76, número 1 y 3 de la Ley de Contrataciones Públicas, con una categoría de contratación N° 28 (7.500.001 hasta 10.000.000 Unidades Tributarias) (desde Bs. 802.000.107 hasta Bs. 1.070.000.000) y un plazo de ejecución de 730 días continuos.

Igualmente, el Comité Ejecutivo de PDVSA delegó en la Comisión de Contrataciones de Petrosucre S.A.. la responsabilidad de llevar a cabo la recepción y apertura de la oferta.

También se acordó delegar en el presidente de la Empresa Mixta Petrosucre S.A., los trámites administrativos asociados al proceso de contratación.

Se  instruyó para que los resultados del proceso de contratación fueran presentados ante el Comité Ejecutivo de la estatal petrolera.

La comunicación se remitió con copia a Rafael Ramírez (presidente); Asdrúbal Chávez (vicepresidente); Víctor Aular (director); y Roberto Villalba (presidente de la empresa mixta Petrosucre S.A.).



sábado, 4 de mayo de 2019

Denuncian a gerentes de CITGO por prestarse a procesar compra fraudulenta de vehículos blindados para PDVSA

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Una serie de documentos en nuestro poder demuestran que un grupo de gerentes  de la filial de PDVSA en los Estados Unidos (CITGO) que actualmente fueron ratificados en sus cargos por la nueva junta directiva nombrada por el presidente interino de Venezuela,  Juan Guaidó, (reconocido por la administración de Donald Trump) violaron las normas establecidas por CITGO y se prestaron para gestionar una compra fraudulenta de vehículos blindados autorizados por el entonces CEO de CITGO, Asdrúbal Chávez y Manuel Quevedo, presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

En mayo de 2018, el director de compras de CITGO, Glenn Hilman, y los gerentes Brian Paulson, Laymar Peña apoyaron el proceso de la compra de vehículos blindados autorizado por  Chávez y  Quevedo.

Documentos confirman que la requisición proveniente de la presidencia de PDVSA, bajo la administración de Quevedo, solicitó un total de 33 vehículos SUV marca Toyota modelos Lancrusier V8, 4Runner 4x4 Limited V6, Fortuner Luxury V6 y HILUZ 4x4 V4, 27 vehículos blindados y seis vehículos regulares. 

El 15 de Mayo de 2018, la compra de los vehículos fue asignada por Glenn Hilman y Brian Paulson a Laymar Peña; este mismo grupo de gerentes, de acuerdo a evidencias y fuentes consultadas, estarían involucrados con múltiples transacciones fraudulentas desde el 2014 hasta la fecha. Tal como lo informamos al inicio de esta nota, Hilman, Paulson y Peña continúan siendo empleados en CITGO bajo la administración de la nueva junta directiva liderada por Luisa Palacios.

Desde el 2010 hasta la actualidad, pasando por las administraciones de Alejandro Granado, Nelson Martínez, José Pereira y Asdrúbal Chávez, los directores de compras de CITGO, Glenn Hilman, Ramiro Rodríguez y José Luis Zambrano han apoyado a PDVSA y a otras instituciones de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro con la compra de más de 8 mil millones de dólares en bienes, equipos y repuestos con dinero proveniente de la venta de petróleo de venezolano a CITGO. Desde Abril 2017, Ramiro Rodríguez y desde Noviembre 2017, José Luis Zambrano se encuentran bajo arresto en Venezuela acusados de delitos de corrupción, conspiración, fraude y lavado de dinero.

Falta de evaluación e incumplimiento de normas


Después de un proceso de compra indebido, con muchas debilidades en la selección del proveedor y la falta de evaluación por parte del departamento de cumplimiento de CITGO, liderado por Rick Esser y Jennifer Moos quienes ignoraron las políticas internas, el 16 de Junio de 2018 Peña, Paulson y Hilman asignaron el contrato de la compra de los vehículos a Auto Source Group, LLC., una compañía registrada por Eduardo Pulgar y Ivan G. Motta en Florida, EEUU el 16 de octubre de 2013 con sede en Miami, Florida 


La presidencia de PDVSA solicitó los vehículos blindados con una clasificación 5 o 6 de protección. La clasificación cinco proporciona protección contra rifles AK-47 y otras armas de asalto y requiere un espesor de acero balístico de al menos 7.5 mm.  El AK-47, conocido oficialmente como Avtomat Kalashnikova, es un rifle de asalto de 7.62 × 39 mm operado con gas, desarrollado en la Unión Soviética. La clasificación seis tiene un alto nivel de seguridad y está destinada a detener las rondas de perforación. El contrato asignado por el director y gerentes del departamento de compras de CITGO a la empresa Auto Source Group, LLC. fue de aproximadamente $2,6 millones por 13 vehículos blindados, según lo reportó Laymar Peña al Comité de Compras de CITGO, para un total aproximado de $6.6MM por los 33 vehículos solicitados por la presidencia de PDVSA.
Según la información obtenida, PDVSA no utiliza vehículos blindados para las operaciones normales de la empresa. "La presidencia de PDVSA, no aclaró el uso de los vehículos, por lo que algunos empleados concluyen que el destino y uso final de los vehículos blindados era para para uso de altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro o para actividades ilegales como el narcotráfico o la explotación ilegal de oro y coltan", sostienen fuentes internas consultadas que pidieron mantenerse bajo anonimato por su seguridad física.

Otro aspecto que aparece en la denuncia es que la transacción descrita no fue investigada por Rick Esser, Vice-Presidente de Cumplimiento de CITGO y actual miembro de la Junta Directiva  que preside Palacios, "ignorando de esta manera su responsabilidad fiduciaria y exponiendo a CITGO al incumplimiento con leyes federales al colaborar, en complicidad con oficiales del régimen de Maduro en posibles actividades ilícitas y aumentando el riesgo de la perforación del velo corporativo entre CITGO y PDVSA/Venezuela".

Otra fuente consultada refiere que después de los nombramientos apresurados de los directores de CITGO, los miembros de la nueva junta directiva sólo han tenido contacto esporádico con los vicepresidentes de CITGO, y "no se han reunido con la gerencia media o con otros niveles para evaluar la calidad de las operaciones y la actuación previa de directores seleccionados a ciegas en un ambiente hostil donde reinaba la corrupción, fraude y el abuso de poder". 

La denuncia sostiene que "es obligación de la nueva junta directiva y específicamente de Luisa Palacios detectar transacciones fraudulentas y evaluar las responsabilidades individuales de los directores, gerentes y empleados de CITGO que apoyaron y facilitaron conductas ilegales utilizando los activos y recursos de CITGO en Estados Unidos".
Documentos señalan que la compra de los vehículos no se realizó por que el dinero disponible (por las ventas de crudo venezolano a CITGO) se utilizó en comprar gasolina, para así atender la emergencia por escasez de gasolina en Venezuela. Posteriormente, llegaron las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra PDVSA y al régimen de Nicolás Maduro, lo que impidió la transacción de compra de los lujosos vehículos blindados. Una fuente de PDVSA comentó que este hecho, "deja claro la complicidad de Glenn Hilman y sus gerentes asociados en atender con la mayor ligereza los caprichos de sus jefes militares, sin realizar las más mínimas revisiones con leyes federales de los Estados Unidos, y sin verificar la legitimidad del proveedor seleccionado, sus accionistas y el destino y posible uso en actividades criminales de estos activos, y que sin duda alguna representan una malversación de los recursos públicos del Estado venezolano que se les confían a estos administradores facilitadores de fraude y corrupción".


martes, 6 de febrero de 2018

Intocables de PDVSA: Por contratación del buque "fantasma" el fiscal Saab no imputa a todos los involucrados en la negociación

Una acta de la asamblea de accionista muestra que la contratación del buque taladro de perforación Songa Saturn (apodado buque fantasma) fue evaluada y aprobada en una reunión de la junta directiva de PDVSA, sin que se produjera ningún argumento negativo en contra de la propuesta que se adjudicó de manera directa a la empresa constituida en Bahamas.

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

El pasado 5 de diciembre, el Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión contra 6 funcionarios de PDVSA Servicios S.A. que —según el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab— son los responsables de haber aprobado un contrato de arrendamiento por 7 años de un buque taladro que habría traído enormes pérdidas al patrimonio de Petróleos de Venezuela. Una evaluación de los documentos oficiales de Petróleos de Venezuela revela que los directivos que aprobaron el contrato de PDVSA Servicios S.A. con la empresa Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd. no han sido mencionados por Saab.
  A través de un mecanismo enrevesado la cúpula de la estatal petrolera para el año 2010 cambió la directiva de la filial, sustituyó al presidente y entregó poderes especiales a un funcionario para que realizara contrataciones en nombre de la compañía del Estado.

Los documentos revisados prueban que el exzar de PPVSA, Rafael Ramírez Carreño, Asdrúbal Chávez y Eulogio Del Pino —entre otros— conocieron y aprobaron los términos de la negociación antes de firmarse  el contrato de Suministro y Operación de la unidad de perforación "Costa Afuera" otorgado en adjudicación directa (SOLPED 1300160798) por la Junta directiva de PDVSA en septiembre de 2010.
La acusación

En un espectacular anuncio realizado el 5 de diciembre de 2017, el fiscal designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, aseguró que su despacho había liberado órdenes de aprehensión en contra de los directivos de PDVSA Servicios S.A., quienes serían responsables de la firma de unos de los contratos "más leoninos y corruptos en la historia de PDVSA". El funcionario del régimen de Nicolás Maduro hizo referencia al barco (bautizado por él como "fantasma") Petrosaudi Saturn", el cual se alquiló en el año 2010 para la explotación de gas Costa Afuera en el marco del Proyecto Mariscal Sucre.


Frente a las cámaras de televisión, Saab aseguró que "el barco es propiedad de la empresa Petrosaudi Oil Services, Limited, que a pesar de su nombre es una empresa fantasma constituida en Barbados. Esta empresa no tenía historial de trabajos en perforación Costa Afuera.

El funcionario dijo —además— que había instruido para ese caso al Fiscal 67 nacional quien ya había librado órdenes de aprehensión ante el Tribunal 10 de Control contra Romer Antonio Valdez Prieto, en su condición de presidente de PDVSA Servicios, S.A., para la fecha de los hechos, así como para los directores de la filial, Jesús Figueroa, Lioner Valdez, Adelso Molero, Elías Beltrán y el Secretario Accidental de la Junta Directiva de la misma empresa, Rafael Rodríguez.

Saab aseguró que PDVSA Servicios —encargada de esa operación— y los directores informaron "falsamente" sobre las características del barco perteneciente a la compañía Petrosaudi Oil Services Limited. "Casi dijeron que era espacial, que navegaba y volaba", cuando "no servía para nada", afirmó el fiscal.

Igualmente, el funcionario dijo que el barco siempre estuvo detenido, es decir, que nunca realizó labores costa afuera.

Señaló que entre las irregularidades estaba que el contrato de arrendamiento del buque se adjudicó "sin estudiar otras ofertas", con lo cual el negocio se hizo "en términos escandalosamente perjudiciales para PDVSA".

Destacó Saab que el contrato duró siete años, aunque lo normal es que duren tres años, a la vez que reveló que el Estado venezolano pagó un precio exorbitante por un barco que estuvo inoperativo el 60 por ciento del tiempo. Es decir se firmó un contrato por el cual se pagaron millones de dólares por el alquiler de una embarcación para, simplemente, no hacer nada.

Comentó que desde 2010, año en que se cerró la negociación, el alquiler del Petrosaudi Saturn costó unos 461.000 dólares cada día —en el mercado internacional, mejores embarcaciones recién construidas y con alta tecnología tenían una tasa diaria de 350.000 dólares— y un barco similar al mencionado en buen estado solía costar 170.000 dólares diarios.

Saab aseguró que el monto total del desembolso fue de 1.175,3 millones de dólares, que se pagarían incluso si la nave no trabajara, debido a una cláusula que obligaba a PDVSA a cancelar el 95 por ciento de la tasa diaria de la embarcación cuando estuviera inoperativa.

Según Saab, el barco, contratado para la exploración de 18 yacimientos de gas, solo logró explotar cuatro pozos, informó el fiscal, con lo cual "este contrato solo ocasionó pérdidas".

Los documentos no mienten

En una investigación sobre los documentos de la filial PDVSA Servicios S.A., y papeles oficiales de la petrolera entre los años 2009 y 2010, se observa que en ese periodo se produjeron varios cambios en la Junta Directiva de dicha empresa, la cual firmó en septiembre de 2010 el contrato del llamado "buque fantasma" denunciado por Saab.
He aquí la primera junta directiva de PDVSA Servicios S.A.
Tuvimos acceso a las actas en la que se registra oficialmente quiénes fueron los que asistieron a la reunión donde se aprobó el contrato y en qué condición estaban presentes. Asimismo, se pudo confirmar que las Asambleas de Accionistas de febrero 2009 y de marzo 2010, se realizaron el mismo día en que el Comité Ejecutivo y el Comité de Recursos Humanos de PDVSA hicieron sus reuniones para cambiar de Presidente y de miembros de la Junta Directiva, actuando de conformidad con lo decidido por dichos comités.

Llama la atención que esa regla no se aplica en la reunión de Asamblea de Accionistas de septiembre 2010, la cual es realizada por las mismas personas pero 23 días después de que el Comité Ejecutivo de PDVSA tomara la decisión de nombrar a los miembros de la Junta Directiva de PDVSA Servicios S.A., es decir, en su reunión del día 31 de agosto 2010.

Uno de los documentos estudiados representa la culminación del proceso de contratación realizado con la empresa Petrosaudi Oil Services Limited, en el cual se deja claro que es esa Junta Directiva la que posee el Nivel de Autoridad Administrativa y Financiera (NAAF), para aprobar ese tipo de contratación por el monto involucrado en la misma.

Lo primero que se destaca en la documentación es que la junta directiva de PDVSA para ese momento estaba conformada por Rafael Ramírez (presidente), Asdrúbal Chávez y Eulogio Del Pino (vicepresidentes), mientras que como directores figuraban: Hercilio Rivas, Eudomario Carruyo, Luis Pulido, Carlos Vallejo, Fadi Kabboul, Iván Orellana, Aref E. Richany. Como director ejecutivo de Producción se desempeñaba José Luis Parada.
La plataforma Aban Pearl se derrumbó el 13 de abril del año 2010 y la junta directiva de PDVSA en la reunión N-2010-10, celebrada el día 21 de agosto de 2010, procedió a entregarle en adjudicación directa el contrato a la empresa offshore Petrosaudi Oil Services Ltd, registrada en Barbados.

En el acta de la junta directiva se señala —claramente— que debido al hecho acaecido en la Plataforma Aban Pearl, se requería que PDVSA sustituyera el equipo de perforación para garantizar la continuidad de las operaciones de producción y suministro de gas al mercado nacional.

En el documento se asegura que se realizó una búsqueda exhaustiva de equipos a nivel internacional, "PDVSA encontró un equipo de perforación cuya tarifa es competitiva y a disposición inmediata".

Según la explicación, el equipo de perforación directa para el Suministro y Operación de la Unidad de Perforación Costa Afuera-Songa Saturn se contrató por 1 mil 302 millones 645 mil 907 dólares americanos con 86 centavos. (USD 1.302.645.907,86) por un período de 2.557 días (7 años) con la empresa PetroSaudi Oil Services (Venezuela) Ltd.

Para ese momento, la junta directiva aprobó el pago por concepto de movilización inicial de la Unidad de Perforación de 56 millones de dólares (USD 56.000.000). Se especifica que el pago será de USD 40 millones para la salida del equipo y USD 16 millones a la llegada del equipo a Venezuela.

Asimismo, se aprobó la inclusión de la Cláusula de Arbitraje Comercial Internacional en el Contrato de Suministro y Operación de la Unidad de Perforación  Costa Afuera-Songa Saturn, en los términos previsto en el artículo 4 de la Ley de Arbitraje Comercial y, solicitar al Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo (ministro Rafael Ramírez Carreño) la autorización correspondiente para la inclusión definitiva en la misma.

La directiva de PDVSA aprobó en esa misma reunión la emisión de una fianza solidaria a favor de PetroSaudi Oil Services (Venezuela) Ltd., a los efectos de garantizar las obligaciones asumidas por PDVSA Servicios S.A. La misma entraría en vigencia a partir de la llegada del equipo a Venezuela, la cual deberá ser emitida según condiciones de la Dirección Ejecutiva de Finanzas y la Junta directiva de PDVSA.

Se acordó delegar en el Director de Enlace de PDVSA Servicios, la firma de la Fianza Solidaria por Petróleos de Venezuela S.A para el contrato de Suministro y Operación de la mencionada unidad de perforación. Además decidieron delegar a la presidencia de PDVSA Servicios S.A., la firma del Acto Motivado, Carta de Adjudicación y Firma de Contrato, así como la administración de dicho contrato.

La directa de PDVSA dio el visto bueno, como condición previa para la firma del contrato de suministro y operación de la Unidad de Perforación Costa Afuera-Songa Saturn, la firma conjunta de una carta de intención que debía ser suscrita por PDVSA Servicios, S.A. y Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd. a los fines siguientes:

a) Las partes acordarán en un plazo de 6 meses, los términos de la constitución de la empresa mixta de perforación Costa Afuera con PDVSA, reservándose esta última el derecho de suscribir el 60 por ciento del capital de dicha empresa mixta.

b) Las partes acordarán en un plazo de 6 meses los términos económicos y contractuales para que la empresa mixta reciba el aporte de 2 unidades de perforación, Petrosaudi Discoverer y Songa-Saturn, y opere dichas unidades al tiempo que obtenga como cesionaria los respectivos contratos de perforación y contratos de suministros y operación.

En esa misma reunión también se aprobó la emisión de una garantía financiera en forma de carta de crédito a favor de Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd., por la cantidad de 130 millones de dólares. Aseguran que la emisión de la carta de crédito estaba condicionada a la firma previa entre PDVSA Servicios S.A. y Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd. de la carta de intención aprobado en el punto anterior.

En los asuntos aprobados también se destaca que el contrato de suministro y operación de la Unidad de Perforación Costa Afuera-Songa Saturn, debía incorporar la tripulación de la Plataforma Aban Pearl, la cual fue absorbida por PDVSA, debiéndose deducir del monto presupuestado por el concepto de oferta presentada.

Se pidió en esa reunión instruir a la gerencia contratante a presentar un Plan de Adquisición y Administración de los Equipos necesarios para los servicios de Apoyo Logísticos Naval de los equipos (plataformas y buques) de Perforación Costa Afuera.

Este documento representa la culminación del proceso de contratación realizado, y es esa Junta Directiva la que posee el Nivel de Autoridad Administrativa  y Financiera (NAAF), para aprobar ese tipo de contratación por el monto involucrado en el mismo.

En la resolución de la Junta Directiva de PDVSA, se muestra como la JD toma la decisión de aprobar la contratación del buque en los términos que allí se establecen y ante los cuales no existe ningún récord de que los directivos allí presentes y mencionados al inicio de esta nota, hayan emitido ninguna opinión negativa sobre los términos de la contratación.

De acuerdo a las regulaciones de PDVSA, los miembros de la Junta directiva de la petrolera son responsables de las decisiones que se tomen durante su período como accionistas.

El Petrosaudi Saturn

Esta embarcación contratada —el Petrosaudi Songa Saturn— es (supuestamente) un buque taladro de última generación que permite dar inicio a la tarea de taladrar a una profundidad de hasta 1.200 metros, pudiendo perforar hasta 1.000 metros a partir del fondo marino. Esta fue la explicación que, desde el estado Zulia, Rafael Ramírez—ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA para la época—dio acerca de las características y objetivo de contratación de la nave, al tiempo que anunciaba la llegada del equipo para el 28 de septiembre de 2010.

Ramírez agregó que la nueva plataforma procedía de Arabia Saudí y, para ese momento del anuncio, había zarpado hacía 10 días de Malta, donde había sido certificada.

Del mismo modo, el ministro y presidente de la estatal petrolera, precisó que la incorporación del barco taladro al desarrollo gasífero venezolano costa afuera, era una actividad que formaba parte de un acuerdo con Arabia Saudita para la conformación de una compañía mixta. En tal sentido, subrayó que “será la primera vez en la historia que se constituye una empresa de estas características entre Venezuela y otra nación miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)”.


Resultó altamente significativo que estas contrataciones se produjeron luego del naufragio de la plataforma de perforación gasífera Aban Pearl, hecho que ocurrió a mediados de abril de 2010 y que justificó la negociación con Petrosaudi como se advierte en el documento de la JD de PDVSA.

La junta directiva de PDVSA Servicios, S.A.

De acuerdo con un documento protocolizado en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado bolivariano de Miranda, por Rubén Darío Bolívar, se presentó un acta de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil PDVSA Servicios, S.A., filial de Petróleos de Venezuela, domiciliada en Caracas y constituida el 27 de diciembre de 2007. Dicha acta reposa en el N-29, Tomo 265-A segundo de los libros respectivo, Expediente N-689260.

La citada acta destaca la reunión celebrada el 23 de septiembre de 2010 donde se designa la junta directiva de PSVSA Servicios S.A., estuvo encabezada por Rafael Ramírez Carreño, quien señaló que en la reunión N-2010-05 de fecha 31 de agosto de 2010 se resolvió la constitución de la junta directiva, la cual estaría integrada por Eulogio Del Pino (presidente) y como directores: Ricardo Coronado, Orlando Chacín, Victor E. Aular y José Luis Parada. Como secretario actuó Rubén Darío Bolívar Carrasquel.
El 2 de febrero de 2009 se realizó una reunión de la Asamblea de Accionistas de PDVSA Servicios S.A., donde también actuó como presidente de PDVSA, Rafael Ramírez Carreño y como secretario de PDVSA Servicios, Rafael Rodríguez Sánchez. En esa reunión sólo se discutió un punto único, a saber, la sustitución de Jesús Figueroa como presidente de la Sociedad, así como de los directores Carlos Valles, José Flores y Manuel González, al tiempo de dar nombramiento a la nueva junta directiva.

La curiosa destitución de Parada

En los documentos referidos anteriormente resulta sumamente curioso el hecho de que en fecha 15 de marzo de 2010 se registró un acta de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA Servicios S.A. que tuvo como propósito y así se desprende de que este asunto fuera el único punto a tratar por la reunión de asamblea, la sustitución de José Luis Parada, quien hasta ese momento había ocupado la presidencia de PDVSA Servicios, S.A. y designar en su lugar a Romer Antonio Valdez Prieto, C.I. V-7.960.269.
Tal decisión fue adoptada por unanimidad de la asamblea de conformidad a lo acordado por el Comité de Recursos Humanos de Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, en la reunión N° 2010-05 del 15 de marzo de 2010, es decir, en la misma fecha de la reunión de asamblea de la filial petrolera.

El resto de la directiva de PDVSA Servicios quedó conformada de la misma manera como lo venía estando hasta esa fecha, a saber, por Jesús Figueroa, Lioner Valdez, Adelso Molero y Elías Roa en carácter de directores.
En esa reunión —como en resto a las que hemos hecho referencia en esta nota— actuó como secretario accidental Rafael Rodríguez Sánchez y se aclara que estuvo presente el 100 por ciento de los accionistas representados por Rafael Ramírez, titular de la C.I. V-5.479.706, presidente de PDVSA, única accionista de PDVSA Servicios, S.A. Tal representación de Ramírez del resto miembros de la directiva de la filial, la hace de acuerdo a lo establecido en la cláusula trigésima sexta de los estatutos que reza que “El presidente de Petróleos de Venezuela, S.A., cualquiera de las vicepresidentes o cualquier otro miembro de la junta directiva de dicha empresa que este designe, ejercerá la representación de las acciones que posee Petróleos de Venezuela, S.A. en la asamblea y la presidirá”.

Se autorizó a Guillermo Ríos para que hiciera los trámites pertinentes de la inscripción y protocolización del acta en el registro correspondiente.

Ahora bien, el día 3 de agosto de 2010, a escasos días de que se aprobara el contrato con la empresa Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd. Para arrendar por siete años el "Petrosaudi Saturn", el recientemente nombrado presidente de PDVSA Servicios, Romer Valdez en nombre y representación de la filial y actuando de conformidad con lo acordado por el Comité Ejecutivo de PDVSA en su reunión N° 2010-03 de fecha 30 de junio de 2010, confirió un Poder Especial a José Luis Parada en su carácter de Director Ejcutivo de Producción de PDVSA Exploración y Producción para que ejecutara y realizara “todas las actividades y medidas necesarias y tendentes a incrementar la producción nacional de hidrocarburos”. Entre estas actuaciones estuvo la contratación del “buque fantasma”.
Con esta acción, José Luis Parada quedó facultado plenamente “para suscribir y administrar contratos para servicios de construcción y mantenimiento de pozos petroleros, con operaciones de taladros, cabilleros, unidades de servicios; promover y realizar actividades de rehabilitación de pozos, actividades menores de unidades de tubería continua, estimulación, cambio de métodos, captura de datos en subsuelo, perforación direccional, registros eléctricos, suministro de fluidos, apoyo logístico, guaya fina, alquiler, pesca, cañoneo, control de sólidos, productos químicos y servicios de cementación, además de mantenimiento y reparación de equipos propios, tecnologías emergentes; Aprobar las estrategias de contratación y administración de los contratos de todas las actividades inherentes a la construcción y mantenimiento de pozos (servicios a pozos, taladros, cabilleros, unidades de servicio) en el marco de la renegociación o negociación de tarifas; Aprobar la compra de partes, piezas, repuestos y todos los productos necesarios para la continuidad de las operaciones en la construcción y mantenimiento de pozos; y en fin, realizar y ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objetivo planteado dentro del marco corporativo establecido, considerando que las facultades aquí conferidas son enunciativas y no limitativas”.

Además, este poder se otorgó a Parada, aun cuando la cláusula vigésima de los estatutos de PDVSA Servicios le confiere a su junta directiva la facultad de celebrar contratos.

Parada volvió a la junta directiva de PDVSA Servicios de la que había sido destituido en marzo de 2010 en fecha 23 de septiembre de 2010, cuando la asamblea de accionistas de la filial lo designó como director.

Lo que dice la norma

El Manual de contratación de PDVSA y sus filiales establece entre sus políticas generales que los procesos de contratación para la ejecución de obras, prestación de servicios comerciales y/o profesionales y adquisición de bienes muebles, deben garantizar integralmente las condiciones más convenientes para Petróleos de Venezuela, S.A., y sus Filiales.

Para ello, toda negociación debe cumplir con los parámetros calidad, precio, tiempo de entrega que sean favorables para la empresa, lo cual a criterio de la fiscalía en manos de Tarek William Saab no se cumplió al haberse convertido el contrato de alquiler del Saturn en un convenio de condiciones leoninas para la nación.

El referido manual igualmente estipula que los procedimientos de contratación deben estar fundamentados en los principios establecidos en la Ley de Licitaciones, algo que tampoco se cumplió al haberse recurrido a la adjudicación directa.

Del mismo modo, el manual refiere que las contrataciones deben realizarse con personas naturales o jurídicas, con comprobada capacidad legal, técnica y financiera, establecidas en concordancia con las políticas del Estado, garantizando satisfacer las necesidades de PDVSA y sus filiales. Esto, de acuerdo a lo denunciado por la fiscalía fue obviado, pues como señaló Saab la empresa Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd. carecía de experiencia comprobada en la materia.

Surgen algunas preguntas respecto a la contratación del Petrosaudi Saturn, como por ejemplo saber si PDVSA Servicios contaba con el aval y la facultad delegada por la junta directiva de Petróleos de Venezuela, S.A., como máxima autoridad de la filial, tal como lo indican las normas del Manual de Delegación de Autoridad Financiera Corporativa, los deberes y responsabilidades en el proceso de contratación para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, ejecución de obras y prestación de servicios comerciales o profesionales.

Por otra parte, el manual advierte que cuando el Nivel de Delegación de Autoridad Financiera requerido para la contratación, exceda el monto delegado al ente o filial contratante, la Gerencia Contratante podrá solicitar la recomendación previa de la Comisión de Licitaciones correspondiente, con la sola aprobación del Nivel de Delegación de Autoridad Administrativo para someter casos a la consideración de la respectiva Comisión.

Igualmente alerta el manual que solamente se podrá iniciarse un procedimiento de contratación cuando exista un proyecto de ejecución de la obra que contemple todas las especificaciones, cálculos, dibujos y planos que se hacen para determinar su alcance, lo que permitirá además estimar el costo de la obra a ejecutar, bien sea de arquitectura, ingeniería, infraestructura pública o social, e instalación industrial. De acuerdo a lo denunciado por la fiscalía, este paso debió ser obviado pues se hubiera advertido que el monto del contrato resultaba exagerado y no se compadecía con la naturaleza del trabajo a realizar.

Todo indica que para la contratación con Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd. para alquiler del Saturn la junta directiva de PDVSA Servicios no poseía el Nivel de Delegación de Autoridad Financiera (NDAF) requerido para llevar a cabo tal negociación. Sin embargo, la fiscalía a cargo de Tarek William Saab obvia la responsabilidad que la directiva de Petróleos de Venezuela, S.A. tuvo al momento de permitir que la operación se llevara a cabo y se afectara el patrimonio nacional en los términos en que se hizo.

La pregunta final es: ¿a quién intenta proteger el fiscal Saab?

miércoles, 24 de enero de 2018

Maduro es imputable penalmente por delitos cometidos contra PDVSA

 Al haber formado parte de la junta directiva de la estatal petrolera como director externo tiene, junto al resto de quienes integraron ese cuerpo, responsabilidad por cada una de las decisiones adoptadas que hayan significado ilícitos y/o impliquen daño patrimonial a la principal industria venezolana.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El presidente de la república, Nicolás Maduro, sería responsable penalmente de los delitos cometidos en Petróleos de Venezuela S.A., durante los años 2011 hasta el 2013, según se desprende de lo establecido en la actual legislación.
Al analizar la normativa legal vigente en Venezuela, es posible determinar con claridad que la responsabilidad de un miembro de la junta directiva o de un miembro de un consejo de administración hoy en día conlleva la responsabilidad sobre el propio patrimonio e, incluso, puede conllevar la privación de la libertad en caso de existir delitos que comprometan a una persona con la toma de decisiones, dependiendo cuál sea el delito que implique esa decisión, dice un documento publicado por Badell & Grau un Despacho de abogados que se ha desempeñado desde hace más de treinta años en el área del derecho público y privado venezolano.

Los responsables 

Maduro formó parte de la directiva de PDVSA junto a Jorge Giordani, Will Rangel y otros que fueron designados por el entonces presidente Hugo Chávez Frías como directores externos de la petrolera estatal[1], tal como quedó establecido en el expediente 73.023 de Petróleos de Venezuela que se encuentra en el tomo 151-A del Registro Mercantil Primero del Distrito Capital y estado Bolivariano de Miranda correspondiente al número 13 del año 2011.
En dicho expediente reposa el acta de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA de fecha 26 de mayo de 2011, que versa sobre la designación de la junta directiva de la Empresa Estatal Petróleos de Venezuela, S.A., conforme al decreto presidencial N° 8.237, de fecha 24 de mayo de 2011 y que fue publicado en la Gaceta Oficial N° 39.681[2] del 25 de mayo de 2011.

El acta suscrita por el secretario de la junta directiva y la Asamblea de Accionistas de PDVSA, Juan Carlos Márquez, señala que los accionistas de la empresa se reunieron el 26 de mayo de 2011 en la sede principal de la petrolera ubicada en el Edificio Petróleos de Venezuela de la Avenida Libertador, Torre Este, Urbanización “La Campiña”, para la fecha en que la compañía estaba presidida por Rafael Darío Ramírez Carreño, quien también ejercía el cargo de ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo.

El único punto de esa Asamblea fue designar a la junta directiva de la empresa petrolera del Estado venezolano, para lo cual Ramírez Carreño informó que, atendiendo instrucciones del Ejecutivo Nacional —encabezado en ese entonces por Hugo Chávez— formalizó los directivos de PDVSA, quedando constituida la junta de la siguiente manera: 

Como directores externos, los ciudadanos Nicolás Maduro Moros, Jorge Giordani y Will Rangel. Como directores internos, fueron designados Asdrúbal Chávez, Eulogio Del Pino, Ricardo Coronado, Orlando Chacín, Jesús Luongo, Ower Manrique, Víctor Aular.

Rafael Ramírez precisó, además, que Asdrúbal Chávez y Eulogio Del Pino ejercerían las funciones de vicepresidentes. Asimismo, indicó que los ya citados, junto a Ricardo Coronado, Orlando Chacín, Jesús Luongo, Ower Manrique y Víctor Aular, se dedicarán a tiempo completo a sus funciones dentro de la sociedad, mientras que Nicolás Maduro Moros, Jorge Giordani y Will Rangel, lo harían a tiempo parcial, es decir, asistiendo solo a las reuniones de directiva.

En esa misma asamblea de accionista se informó que se mantenía vigente el decreto N° 3.264 de fecha 20 de noviembre de 2004 [3], mediante el cual se designó a Rafael Ramírez como presidente de PDVSA y donde se hace la aclaratoria que sólo podrá percibir remuneración correspondiente a uno de los cargos públicos desempeñados.

Las responsabilidades según la ley

De acuerdo a la interpretación jurídica que se hace de la norma, cuando se habla de la junta directiva, la responsabilidad penal es estrictamente personal lo cual implica que, indispensablemente, se tenga que determinar la aportación de cada uno de los sujetos que integran dicho ente en la adopción del acuerdo que se esté considerando. En definitiva, se trata de resolver si a todos los miembros que componen la junta directiva se les puede imputar objetivamente por la decisión delictiva que ha sido adoptada por la mayoría.

El miembro de una junta directiva debe asumir y ejercer las funciones que conlleva el cargo y a la inversa, pues aunque no tenga un reconocimiento formal de ostentar el cargo de dirección, si ejerce como tal, asume un compromiso de actuar para evitar un riesgo o un resultado lesivo.

En todo caso, si la mayoría de los miembros de la junta directiva acuerdan llevar a cabo un hecho contrario a Derecho, el miembro que no apoyó con su voto tal acuerdo está obligados a actuar, pues el hecho de haber votado en contra no implica su inculpabilidad, puesto que existe relación causal entre el resultado y el voto en contra y, por tanto, en estos casos, falta el dominio del hecho sobre el resultado lesivo. En pocas palabras, aunque el consejero no haya participado con su voto positivo en la adopción del acuerdo, sólo puede quedar exento de responsabilidad criminal cuando no participe en la ejecución del acuerdo delictivo.

En conclusión, el miembro de la junta directiva solamente será libre de responsabilidad criminal cuando no asista a la sesión donde se toma un acuerdo constitutivo de delito o cuando no tenga conocimiento, o no participe en la adopción de un acuerdo contrario a derecho.

La junta directiva en la actualidad

La interpretación jurídica que prevalece en la actualidad considera que la responsabilidad de un miembro de una junta directiva o de un consejo de administración, conlleva la responsabilidad sobre el propio patrimonio e, incluso, puede acarrear la privación de la libertad cuando se esté en presencia de delitos que comprometan a la persona en cuestión en la toma de decisiones y dependiendo, igualmente, de la naturaleza del delito que sea consecuencia de la decisión adoptada.

Esta nueva manera de interpretar la norma se deriva del hecho de que la naturaleza de las juntas directivas ha evolucionado, tanto en el plano empresarial como en el legal. Una visión que dista de la manera como se interpretaba en el pasado a estos organismos, a los que sólo se les tenía la reunión ceremonial de unos miembros con la finalidad de aprobar las propuestas de la administración. Los miembros de la directiva eran valorados por sus consejos y recomendaciones.

Por el contrario, en la actualidad el rol de la junta directiva cambió y se convirtió en el máximo órgano de gobierno de una empresa, una organización cuya misión es dirigir y controlar la empresa como un todo.

Igualmente, las principales responsabilidades legales de las juntas directivas pueden resumir en “tres deberes”, a saber, primero el deber de cuidado, el cual se entiende como la obligación de los miembros de una junta directiva de participar activamente en la planificación y toma de decisiones de la organización y de aportar opiniones sensatas y bien informadas. Segundo, el deber de lealtad, que en el contexto de las actuaciones que los miembros lleven a cabo cuando actúan en nombre de la organización, estos deben anteponer los intereses de la organización por encima de los personales o profesionales para así evitar cualquier conflicto de interés. En tercer lugar está el deber de obediencia por lo que los miembros de la junta directiva deberán asegurarse de que la organización cumpla con todos los requisitos legales federales, estatales, y locales aplicables a su tipo de institución y vigilando que se mantenga estrechamente dedicada a su misión.

No solamente son legales las responsabilidades de las juntas directivas, sino que también juega el papel de fiduciario sobre los bienes de la organización y mantiene estricto control sobre sus finanzas.

Por ello, les corresponde a los miembros de la directiva evaluar las políticas financieras de la organización, aprobar sus presupuestos anuales y revisar periódicamente sus informes financieros para asegurarse de que la organización posee los recursos necesarios para llevar a cabo su misión y de que pueda continuar siendo responsable ante sus contribuyentes y el público en general.

Cuando el estado se vale de la figura mercantil

En procura de librarse de la rigidez de las normas del derecho público, el estado —cada vez con mayor intervención en la actividad económica— recurre al recurso de crear empresas públicas o estatales, como es el caso de Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, en la cual el estado venezolano es el único accionista.

Entonces el estado crea o comienza a actuar a través de una sociedad mercantil para dotar de personalidad jurídica a un patrimonio adscrito a un fin determinado, obteniendo, además, el beneficio de la responsabilidad limitada.

De esta manera, la administración de estas empresas públicas o estatales se somete a las reglas y prácticas comerciales ordinarias como cualquier otro particular y, a la vez, fomenta su crédito frente a terceros y dota a dicho ente de una gestión ágil tanto desde el punto de vista jurídico y económico, colocándola en el mismo estadio de acción de los empresarios privados.

Para el dirigente político, líder público y docente italiano, Gaetano Stammati, la empresa del Estado se define como “aquella empresa productora de bienes y servicios que el Estado gestiona o controla directamente mediante sus propios órganos o indirectamente mediante entes públicos instituidos al efecto, con la finalidad principal de satisfacer necesidades de naturaleza individual en interés general de la colectividad”[4].

Entretanto, el abogado especialista en derecho administrativo y político argentino, Roberto José Dromi, estima que las empresas del Estado son “entidades descentralizadas que realizan actividades de índole comercial o industrial, organizadas bajo un régimen jurídico mixto, semi administrativo, y regidas alternativamente por el derecho público o por el derecho privado, según la naturaleza de sus actos”[5].

En Venezuela, por costumbre las empresas del Estado se constituían y funcionaban en consonancia a lo establecido en el Código de Comercio al no existir un cuerpo de normas particulares que fueran aplicables a este tipo de empresas. Como no existía una ley que regulara la materia, se recurría cada año a las distintas leyes de presupuesto en las que se exigían autorizaciones legislativas para la constitución de sociedades mercantiles, para la suscripción o venta de acciones y para la incorporación de nuevos accionistas del sector público por la administración central, los institutos autónomos y las empresas del Estado.

Al crearse la Ley Orgánica de la Administración Pública se solucionó esta situación pues con esta legislación se establecieron las disposiciones que normarían de manera especial la organización y el funcionamiento de las empresas estatales. En ella, específicamente en su artículo 103, se define a las empresas del Estado como “personas jurídicas de derecho público constituidas de acuerdo a las normas de derecho privado, en las cuales la República, los estados, los distritos metropolitanos y los municipios, o alguno de los entes descentralizados funcionalmente a los que se refiere el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, solos o conjuntamente, tengan una participación mayor al cincuenta por ciento del capital social”[6].

Esta definición legal se constituyó en la primera que en el ordenamiento jurídico venezolano se establece respecto a las empresas del estado, englobándose en ella a las empresas de capital totalmente público, así como las empresas en cuyo capital concurren capitales públicos y privados (empresas mixtas).

En virtud de que las empresas del Estado son personas jurídicas de derecho privado, la ley en el artículo 108 establece que “las empresas del Estado se regirán por la legislación ordinaria, por lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y las demás normas aplicables; y sus trabajadores y trabajadoras se regirán por la legislación laboral ordinaria”.

Es decir, esta ley estipuló que las empresas del Estado deben regirse por las mismas normas que gobiernan las actividades de los particulares en lo que a materia mercantil se refiere, tal es el caso  del Código de Comercio y, de manera supletoria, el Código Civil. 

Entretanto, los trabajadores de estas empresas se sujetarán a lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo. Del mismo modo, se podrán aplicar las normativas especiales reguladoras de las distintas actividades económicas que éstas desarrollan, a saber la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico, en lo atinente a las empresas públicas que desarrollan actividades en el ámbito del servicio eléctrico, o la Ley de Aviación Civil, cuando se trate de las que desarrollan actividades de transporte aéreo de pasajeros.

La LOAP viene entonces a establecer el régimen que norma la creación de empresas estatales, para publicar actos societarios, para enajenar acciones y constituir ab initio sociedades mercantiles públicas unipersonales o con accionistas únicos, para el ejercicio de derechos societarios en las sociedades mercantiles unipersonales y para la constitución de empresas matrices.

De este modo debe tenerse claro que las empresas del Estado deberán someterse, por tanto, a un régimen de inter-aplicación de ordenamientos jurídicos en donde rige el derecho privado y únicamente se exceptúan los casos en que se dispongan las normativas administrativas especiales.

Los directores

Es importante tener claro que la Ley Orgánica de la Administración Pública no pauta ninguna excepcionalidad en lo referido al régimen de incompatibilidades de los directores de las empresas estatales ni las responsabilidades derivadas de la violación de dicho régimen. Por tanto, solamente cuando existan disposiciones específicas en la ley en los casos de empresas públicas creadas mediante ley nacional, el Código de Comercio y a los estatutos sociales regirá el régimen de incompatibilidades aplicable a los directores de las empresas del Estado.

Cabe destacar que los directores, igualmente conocidos como administradores en la legislación mercantil, se erigen como el órgano de ejecución de la sociedad con el objetivo de llevar adelante el objeto social que fue expresado en el documento de constitución y estatutos. También son el instrumento que permite cumplir su actividad económica. La actuación de los directores se orienta en dos sentidos, los señalados por la ley y los establecidos en los estatutos.

El Código de Comercio rige esta materia en su artículo 243 que establece que: “Los administradores no responden sino de la ejecución del mandato y de las obligaciones que la ley les impone; y no contraen por razón de su administración ninguna obligación personal por los negocios de la compañía.

“No pueden hacer otras operaciones que las expresamente establecidas en el estatuto social; en caso de transgresión, son responsables personalmente, así para los terceros como para la sociedad”[7].

De esto se desprende que los directores o administradores deberán sujetarse a lo que establecen los estatutos sociales de la empresa y, por tanto, no podrán realizar ninguna otras operaciones que las allí estén pautadas expresamente. Además, queda estipulado que el director o administrador no responde sino de la ejecución del mandato.

Facultades de los directores

Cuando se analizan cuáles son las facultades que poseen los directores o administradores, una interpretación restrictiva lleva obligatoriamente a que en el documento constitutivo y estatutos las partes enumeren de manera exhaustiva todas y cada una de estas atribuciones, con lo cual se corre el riesgo de que después muchas actuaciones sean declaradas nulas por carecer los administradores de facultades expresas para ello.

Es por ello que la doctrina venezolana se inclina a dejar de lado la interpretación rigurosa del artículo 243 relativo a las facultades de los administradores para aplicar el artículo 325 del Código de Comercio, que establece que los “administradores se consideran autorizados para ejecutar los actos de administración que abarquen el objeto de la compañía. Salvo disposición en contrario del documento constitutivo, representarán, conjunta o separadamente, a la compañía y podrán obligarla”. De este modo se amplía el campo de acción de los administradores  al estar autorizados para realizar todos los actos requeridos para la ejecución del objeto social de la compañía.

Es sumamente importante este tema relativo a las facultades de los administradores y sus límites, puesto que se determina la responsabilidad que puede exigírseles. Así, los directores o  administradores serán responsables cuando de los daños que ocasionen a través de un acto ilícito que tenga lugar, tanto por el incumplimiento como por el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, como consecuencia de sus actos u omisiones.

Para determinar el régimen de incompatibilidades que es aplicable a los directores de las empresas del Estado es preciso examinar sus obligaciones y limitaciones a la luz de la normativa vigente en esa materia, así como también las responsabilidades que eventualmente podrían derivar de la violación de las disposiciones legales o estatutarias que prevén dicho régimen.

Los límites constitucionales

La propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en referendo popular en 1999 establece, en su artículo 145, limitantes que deben ser de estricto cumplimiento para quienes ejercen funciones públicas.

Reza la disposición constitucional lo siguiente: “Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Su nombramiento o remoción no podrán estar determinados por la afiliación u orientación política. Quien esté al servicio de los Municipios, de los Estados, de la República y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales, no podrá celebrar contrato alguno con ellas, ni por sí ni por interpósita persona, ni en representación de otro u otra, salvo las excepciones que establezca la ley”.

Por tanto, no hay dudas sobre la imposibilidad jurídica que la Carta Magna fija a las personas que están al servicio de los municipios, los estados, la República o cualquier persona jurídica de derecho público o de derecho privado estatal de contratar con ellas. Y la prohibición es reafirmada cuando se señala que no podrán contratar directamente ni por interpuestas personas, ni en representación de otro, sin perjuicio de las excepciones legalmente establecidas.

Se trata de un principio ético que alerta del interés particular que un funcionario puede tener en un determinado contrato, el cual puede colidir con los intereses del organismo público contratante. Es pues, un asunto de preservar el principio de probidad pública y también de defender el patrimonio público. Esta prohibición constitucional es absoluta.

Al referirse el artículo 145 a las personas jurídicas de derecho privado estatales, entre las encontraremos a las empresas del Estado, estas se encuentran sometidas al régimen laboral ordinario previsto en la Ley Orgánica del Trabajo.

El Código de Comercio también establece algunas obligaciones de los directores en el artículo 269 del Código de Comercio establece que el administrador que “en una operación determinada tiene, ya en su propio nombre, ya como representante de otro, un interés contrario al de la compañía, debe manifestarlo así a los demás administradores, dando aviso a los comisarios y abstenerse de intervenir en las deliberaciones sobre la materia. Así, de conformidad con esta disposición los directores que por cualquier razón puedan tener un interés contrario al de la compañía deben manifestarlo y abstenerse de intervenir en las deliberaciones”.

Esto aplica por tanto a los directores de empresas del Estado cuyas actividades económicas o profesionales paralelas puedan generar un conflicto de intereses directa o indirectamente, así como causar un perjuicio al interés colectivo o al patrimonio público y, por tanto, tendrán que ser  reveladas a la junta directiva o junta administradora. Este sería el caso cuando la actividad económica paralela desarrollada por el director esté en competencia con las actividades desarrolladas por la empresa y el director estaría impedido de formarse una opinión objetiva o de tomar una posición que salvaguarde adecuadamente los intereses de la empresa y, simultáneamente, de sus propios negocios.

Corresponde entonces al director revelar toda la información relacionada con las actividades económicas o profesionales paralelas que puedan constituir supuestos de conflictos de interés, por cuanto se podría estar en presencia de supuestos de responsabilidad administrativa de acuerdo con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Responsabilidad de los directores

Ya sean internos o externos, los directores serán responsables cuando sus decisiones ocasionen daños al llevar a cabo un acto ilícito derivado del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de sus obligaciones.

En todo caso hay que diferenciar entre la responsabilidad civil proveniente de no cumplir las disposiciones del Código de Comercio y la responsabilidad administrativa que se rige por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control fiscal y la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público.

De acuerdo al artículo 266 del Código de Comercio, los administradores son solidariamente responsables para con los accionistas y para con los terceros: 1° de la verdad de las entregas hechas en caja por los accionistas; 2° de la existencia real de los dividendos pagados; 3° de la ejecución de las decisiones de la asamblea; 4° y, en general, del exacto cumplimiento de los deberes que les imponen la ley y los estatutos sociales. 

Es decir, los directores son responsables tanto de la correcta realización de las operaciones anteriormente señaladas, como también del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley y en los estatutos.

La responsabilidad civil tiene que ver con el incumplimiento de una conducta preexistente tutelada, preestablecida o impuesta por el legislador o contractualmente; la existencia de una conducta acción u omisión o incumplimiento culposo, atribuible al agente del daño; un daño real, cierto y efectivo derivado de la conducta o el incumplimiento culposo y  una relación de causalidad entre la conducta y el incumplimiento culposo y el daño inferido.

Entretanto, la responsabilidad administrativa de los directores ocurriría cuando omitan revelar los conflictos de interés que mantengan como miembros de juntas administradoras o juntas directivas de empresas estatales a sabiendas de que pueden causar daños al patrimonio público.

La Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público establece en el artículo 38 y que los miembros de las juntas directivas o de los cuerpos colegiados incurren solidariamente en responsabilidad administrativa si con su voto concurren a la aprobación de pagos ilegales, esto sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que de tales acuerdos puedan derivarse.

Igualmente, el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República en el numeral 15 establece como hecho generador de responsabilidad administrativa la “aprobación o autorización con sus votos, de pagos ilegales o indebidos por parte de los miembros de las juntas directivas o de los cuerpos colegiados encargados de la administración del patrimonio de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, incluyendo a los miembros de los cuerpos colegiados que ejercen la función legislativa de los Estados, Distritos Metropolitanos y Municipios”.

De acuerdo a las normas, no hay diferencia alguna en la responsabilidad de un director debido a que sea este interno o externo. En ambos casos la responsabilidad es la misma, pues la única diferencia entre uno y otro deriva de que dedique a sus actividades a tiempo completo o asistiendo únicamente a la toma de decisiones porque se dedican a una actividad paralela. Por tales razones, en su carácter de directores, Nicolás Maduro Moros, Jorge Giordani y Will Rangel (directores internos), como Asdrúbal Chávez, Eulogio Del Pino, Ricardo Coronado, Orlando Chacín, Jesús Luongo, Ower Manrique, Víctor Aular (directores internos), son responsables de cuanta decisión los órganos jurisdiccionales estimen que constituyan delito para la época en que ejercieron como tales.