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lunes, 25 de febrero de 2019

Abogado del caso CLAP demanda a sus contratantes por incumplimiento de pago caso Armando.info

Al mejor estilo del cazador cazado, el abogado que representó a la empresa Salva Foods 2015 C.A. que demandó a los periodistas Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk y Roberto Deniz por sus denuncias sobre el programa gubernamental CLAP, ahora es quien demanda a la referida compañía por incumplimiento de pago.

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

El abogado Pedro Francisco Aranguren Gualdrón, quien en nombre de la empresa Salva Foods 2015 C.A.[1] demandó por difamación e injuria a los portales Armando Info y El Cooperante por las informaciones publicadas por dichos medios sobre la supuesta corrupción e irregularidades en que se habría incurrido en los contratos para la distribución de alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) promovidos por el gobierno de Nicolás Maduro, presentó una demanda en contra de la referida compañía por incumplimiento de pago.
Aranguren Gualdrón presentó la demanda  el pasado 19 de febrero de 2019 ante los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

El expediente del caso de demanda por estimación e intimación de honorarios profesionales de abogado interpuesta por el abogado quedó identificado con el número AP11-V- FALLAS-2019-000020.

Salva Foods 2015 C.A., según consta en el documento, está representada por Carlos Rolando Lizcano Manrique.


En febrero de 2018, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, editores del portal Armando.info y el redactor Roberto Deniz, fueron demandados por el empresario colombiano, Alex Nain Saab Morán, por difamación agravada continuada e injuria agravada, luego de que publicaran los resultados de una investigación en un par de reportajes que versaban sobre el supuesto negocio irregular en que está sustentado el programa gubernamental de distribución de alimentos casa por casa, CLAP. Esta demanda fue presentada en el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

El tribunal prohibió a los comunicadores sociales hacer mención alguna sobre Saab y les dictó una medida de prohibición de salida del país. Igualmente el Consejo Nacional de las Telecomunicaciones (Conatel) les prohibió difundir información sobre Alex Saab, sustentado tal medida en un oficio del 23 de agosto de 2018 en el que el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones del Juicio de Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas que prohíbe a los comunicadores “publicar y difundir a través de los medios digitales, específicamente en el sitio denominado Armando.Info, menciones que vayan en contra del honor y la reputación Alex Nain Saab (…) hasta tanto finalice el presente proceso, en la causa que le sigue en contra de los mencionados ciudadanos”, informó Prodavinci[2].

Armando.info y los periodistas en cuestión han sido objeto de diversos ataques cibernéticos tan pronto hubieron publicado las notas sobre el CLAP. Su integridad física también habría estado en peligro.

Prodavinci refiere que estudios de Ipys Venezuela basado en los criterios del Observatorio Abierto de Interferencias de Internet, levantó “evidencias técnicas durante el 13 de agosto (de 2018) que demostraron que este portal no estuvo disponible desde las conexiones fijas y móviles a través de CANTV, Movistar y Digitel, según las pruebas que se corrieron en Caracas, Carabobo, Lara y Bolívar. Armando.info presentó un bloqueo irregular —que no fue homogéneo— en los 22 test de censura que se realizaron. En 10 de ellos se observó el fenómeno de bloqueo por HTTP, que responde a una modalidad de censura en Internet”.

La ONG Espacio Público denunció que las decisiones del tribunal y Conatel constituyen censura previa y evitan “que se conozcan temas de especial interés protegidos por el derecho a la libertad de expresión e información, consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución nacional. Además la restricción de publicar información que vaya ‘en contra del honor y la reputación’ de Saab resulta amplia, con términos que pueden ser interpretados de manera discrecional en perjuicio de los periodistas y del medio de comunicación social, afectando directamente a la sociedad que se queda privada de esta información”.

También el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela y la Escuela de Comunicación Social de la de la Universidad Católica Andrés Bello de Guayana, criticaron la medida contra el portal informativo y los periodistas.

Los reportajes y la demanda

Los reportajes publicados en 2017 firmados por Roberto Deniz, hacían referencia a la vinculación de Saab con la empresa Group Grand Limited y la venta de los alimentos al gobierno venezolano. Los trabajos de investigación periodística habrían comprobado “la conexión de Saab con la distribución de alimentos gracias a los contratos que la empresa Group Grand Limited obtuvo con la administración de Nicolás Maduro. El primero de los trabajos fue publicado en abril del año pasado con el título ‘Empresarios cuestionados en Ecuador y EE. UU. le venden comida al Gobierno venezolano’. El segundo fue divulgado en septiembre del año pasado con el título ‘De Veracruz a la Guaira: un viaje que une a Nicolás Maduro con Piedad Córdoba’, poco después de que la Fiscal General de la República destituida por el Ejecutivo venezolano, Luisa Ortega Díaz, denunciara la relación entre Saab, Group Grand Limited y el propio Nicolás Maduro”[3], se lee en la nota que La Razón publica sobre el asunto.

Agrega la reseña que luego de publicado el segundo de los reportajes, comenzaron las amenazas contra los cuatro periodistas, cuyos datos personales fueron publicados en una cuenta anónima de las redes sociales, lo que fue denunciado por organizaciones gremiales y civiles como el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP),  el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela) y Espacio Público.

Alex Saab sostiene que su honor y reputación se vieron afectados por los citados reportajes, pero los periodistas argumentan que en las oficinas de Group Grand Limited en Caracas no atendieron sus solicitudes de fijar su posición, las cuales se les presentaron por vía telefónica y por correos electrónicos. El empresario también demando en Miami al periodista Gerardo Reyes que trabaja para Univisión, quien también ha hecho seguimiento de los negocios de Saab en Colombia y Venezuela y por informar en 2017 que este no puede entrar a Estados Unidos en razón de una investigación que le hizo la DEA.

Exiliados por informar

Meza, Scharfenberg, Poliszuk y Deniz debieron abandonar Venezuela por denunciar el supuesto enriquecimiento de Alex Saab mediante la venta de alimentos y productos de mala calidad, por las intimidaciones recibidas y por la prohibición del tribunal que les impedía hablar sobre el caso.

El temor a ser encarcelados los obligó a salir del país, dirigiéndose primero a Miami, Estados Unidos, y después a Bogotá, Colombia, para poder seguir ejerciendo su oficio periodístico.

En una nota de El Nuevo Herald[4], Joseph Poliszuk refiere que “El programa CLAP, en vez de ser una solución [al hambre], se había convertido en un negocio para unas cuantas personas (…) Tuvimos que marcharnos para salvaguardar la investigación”.

El silencio impuesto a los periodistas en Venezuela no impidió que siguieran denunciando el caso, labor que fue recompensada al haber sido galardonado Poliszuk en Washington DC con el Premio Knight Internacional de Periodismo del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ). También desde Colombia, México y otros países, diversos medios de comunicación decidieron publicar historias sobre Alex Saab y la ex fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, Luisa Ortega, acusó al empresario de ser un testaferro del presidente Nicolás Maduro, lo cual Saab niega vehementemente. “Esto ha sido muy alentador para nosotros —comenta Poliszuk— Ha legitimado lo que hemos estado diciendo durante más de un año”.

Ahora los periodistas trabajan desde una oficina cedida en Bogotá por otra organización noticiosa. “Cuando lanzamos Armando.info, yo no tenía idea de que nos iban a suceder todas estas cosas (…) Siempre creí que me iba de Venezuela temporalmente, y todavía creo que ese es el caso”.

Notas citadas

[1] Salva Foods. https://salvafoods.com.ve/

[2] Prodavinci. “Conatel prohíbe a Armando.Info difundir información sobre empresario investigado por los CLAP”. 12 de diciembre de 2018. https://prodavinci.com/conatel-prohibe-a-armando-info-difundir-informacion-sobre-empresario-investigado-por-los-clap/

[3] La Razón. “Alex Saab demanda a editores de Armando.info por investigación sobre los CLAP”. Sin fecha. https://www.larazon.net/2018/02/alex-saab-demanda-editores-armando-info-investigacion-los-clap/ n

[4] El Nuevo Herald. “Sus reportajes sobre el hambre en Venezuela los llevaron al exilio. Ahora los premian por su trabajo”. 5 de noviembre de 2018. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article221146760.html