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martes, 14 de julio de 2020

Las mafias de Bolívar: Así denunció Jesús Curvelo la corrupción de Francisco Rangel Gómez y Julio Fuentes Manzulli

   A través de un informe-denuncia, este oficial de la Fuerza Armada, dio a conocer los supuestos vínculos del exgobernador y su secretario de seguridad, con las organizaciones criminales de la zona.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Múltiples fueron las alertas que se emitieron antes y después de la masacre de Tumeremo, las cuales daban cuenta de las irregularidades y hechos de corrupción que tenían lugar al sur del Orinoco en lo que tiempo después se convirtió en proyecto bandera del gobierno de Nicolás Maduro y que se conoce con el nombre de Arco Minero. Una de ellas la lazó el teniente Jesús Leonardo Curvelo, quien advirtió en un informe remitido al diputado Américo de Grazia, acerca de los delitos y acciones criminales cometidos en el estado Bolívar al amparo del exgobernador de esa entidad, Francisco Rangel Gómez y de quien fue el encargado de resguardar la seguridad en la región, Julio César Fuentes Manzulli.
    Primer teniente Jesús Leonardo Curvelo, quien se desempeñó por 14 años como asistente personal del general Julio César Fuentes Manzulli, exdirector de la policía y exsecretario de seguridad ciudadana de la gobernación de Bolívar, lo denunció por hecho de corrupción y cometer irregularidades.

  Curvelo fue detenido el 24 de octubre de 2015 en la Troncal 10 con más de 33 millones de bolívares en efectivo que llevaba almacenados en 31 cajas, por lo que fue acusado por la Fiscalía de pertenecer a una red criminal y lo mantuvo preso por 106 días [1].

“La Fiscalía estableció que Curvelo y Pedro Rafael Goitía Salazar, el conductor del vehículo en que trasladaban el dinero, formaban parte de una organización criminal más amplia. No identificó a otros involucrados, a pesar de que obtuvo pruebas de que el dinero procedía de cuatro organizaciones gubernamentales relacionadas con programas sociales: Mercal, Pdval, Red de Abastos Bicentenario y Gas Comunal, y que algunos de estos programas sociales tenían su sede en instalaciones militares” refiere el portal “Arco Minero. Crimen, corrupción y cianuro”, el cual recoge una serie de trabajos periodísticos y de investigación sobre este proyecto gubernamental.

  A Curvelo lo mantuvieron detenido por 106 días, pero el 3 de febrero de 2016 le concedieron el beneficio de casa por cárcel, una situación que le facilitó su huida del país y solicitar asilo político en Portugal.

   Desde entonces, se dedicó a recabar algunos datos para completar la información privilegiada que ya poseía gracias a sus 14 años de servicio junto a Fuentes Manzulli, comisionado de la gobernación de Bolívar para los pueblos del sur con la función de combatir las mafias mineras.

   Fue así como el 28 de septiembre de 2016 presentó al diputado de la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Américo De Grazia, en el que afirma que el dinero que le incautaron era una encomienda de Fuentes Manzulli y que “...sería empleado para la compra de oro por Juan Gabriel Rivas Núñez, Juancho...”.

  Igualmente, relata que el general Fuentes Manzulli, aprovechaba su posición como mano derecha del entonces gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, para facilitar a los “pranes” o líderes de bandas criminales protección gubernamental y armamentos, además de encubrir a los delincuentes.
   En una entrevista telefónica que concedió desde Portugal, Jesús Leonardo Curvelo dijo que la referida, no fue la única operación irregular que realizó para Fuentes Manzulli. Contó que “la última remesa de dinero que intentó llevar al jefe del pranato en Las Claritas se frustró porque ‘no hubo coordinación’ entre los jefes militares destacados en los pueblos del sur del estado Bolívar”.
   Narró que cuando fue detenido, un sobrino de Cilia Flores, de nombre Eduardo Gámez Flores, quien es teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, lo llamó por teléfono para asegurarle que se encontraba “resolviendo el problema, mi problema. En verdad, yo creo que era un problema que se podía resolver fácilmente: un teniente, un carro del gobierno (...) Lo que pasó es que nunca se pusieron de acuerdo”.

  Curvelo sostiene que, además de dinero, “suministró armas de fuego a los jefes de las bandas criminales vinculadas con la minería. ‘No podría decir un número exacto. Hagan un registro de las armas que decomisan en los pueblos del sur y compárenlas con las que supuestamente han inutilizado. Vamos a darnos cuenta de que son las mismas, que es un reciclaje’, agregó. En el expediente del caso Curvelo no aparecen mencionados, ni siquiera referencialmente, el general Fuentes Manzulli o el teniente coronel Gámez Flores. Después de la huida del teniente del Ejército a Portugal, el asunto quedó en el olvido”[2].

El informe de Curvelo

   El 28 de septiembre de 2016, el primer teniente del ejército, Jesús Leonardo Curvelo, remitió al diputado Américo de Grazia, un informe denominado “Denuncias, testimonios y pruebas sobre actos irregulares en el estado Bolívar y en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana” en el que refirió la acción criminal de la entidad, la dotación y distribución de armas de fuego a los pueblos del sur, la vinculación de altos funcionarios del gobierno nacional y de la FANB en la compra y negociación de oro y diamantes[3].

   En su presentación, Curvelo refiere que egresó el 5 de julio de 2002, en la promoción “Cnel. Ermenegildo Mujica”. Es Licenciado en Administración de Empresas y al momento de su detención se encontraba en Comisión de Servicio en la Gobernación del Estado Bolívar. Tal comisión se extendió desde agosto de 2006 hasta febrero de 2016.

   Seguidamente, procede a hacer del conocimiento público una serie de situaciones de corrupción y acción criminal cometidos regionalmente en el estado Bolívar, así como nacionalmente y en los niveles jerárquicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

   Aseguró que su integridad y su vida corría peligro, toda vez que era víctima de las acciones del entonces gobernador, Francisco Rangel Gómez, como de Julio César Fuentes Manzulli, quienes pretendían hacerlo responsables de las irregularidades y hechos de corrupción por ellos cometidas. Señaló a estos funcionarios de cometer una “corrupción desmedida, violando los derechos humanos del pueblo, de funcionarios y subalternos a su cargo sin importar que no existan basamentos legales para inculparme hechos que a su vez son empleados para apartarme de las filas militares”.

El arresto según Curvelo

   Se remite al día 24 de octubre de 2015, fecha en que fue detenido en el Punto de Control La Romana, ubicado en Upata, Municipio Piar, cuando cumplía una orden directa de su jefe inmediato, a saber, el G/B Julio César Fuentes Manzulli, quien le había encomendado llevar unas cajas con 33 millones de bolívares en efectivo desde Ciudad Bolívar a Tumeremo, en el Municipio Sifontes. Esta tarea la llevó a cabo en un vehículo marca Toyota, modelo chasis largo de color blanco, sin placas, perteneciente al estado venezolano, que le habría entregado el propio Fuentes Manzulli.

  Del mismo modo, le entregó el dinero en efectivo, el cual estaba destinado a la compra de oro por parte de “Juan Gabriel Rivas Núñez, nacido en Colombia, pero nacionalizado con la cédula de identidad V-15.962.862, conocido como ‘Juancho’, quien, gracias a las relaciones con altos funcionarios del estado venezolano”.

  Fuentes Manzulli y alias “Juancho”, según Curvelo, mantenían una relación de negocios de compra y venta de oro.

   Juan Gabriel Rivas Núñez supuestamente poseía otra identidad con el nombre de Aponte Rodríguez Wilson Starling, según la cédula V-15.349.063.

   Refiere que, en todo momento, sostuvo que el dinero no le pertenecía y, al mismo tiempo denunció que, al momento de su detención, fue objeto de extorsión por parte del comandante del punto de control en el que fue arrestado, teniente coronel, Yusti Luna, “quien me pidió que le diera 10 de las cajas que trasladaba para así poder continuar mi camino hasta Tumeremo, Municipio Sifontes. El G/B Julio César Fuentes Manzulli se comunicó con el comandante Luna y al no llegar a ningún acuerdo, este último dio parte al Ministerio Público sobre la situación que había generado un gran clima de confrontación entre ambos oficiales superiores.

   Narra que lo mantuvieron privado de libertad “en condiciones inhumanas en una celda 3x2 junto a 20 delincuentes en el Centro de Coordinación Policial Los Olivos en Puerto Ordaz, Municipio Caroní, por orden del Gobernador Francisco Rangel Gómez”.

   En el informe, Curvelo advierte que el Ministerio Público pudo comprobar la veracidad de sus afirmaciones luego de investigar su historial y patrimonio, así como por el hecho de que se pudo verificar, por la relación numérica de las pacas de los billetes incautados, que estos procedían de entidades estatales, como PDVAL, Mercal, Abasto Bicentenario y Gas Comunal, como habría supuestamente comprobado y asentado en el expediente del Ministerio Público, en la página 172, donde constan todos estos datos.

   Igualmente, el teniente Curvelo advierte en su denuncia, que tal cantidad de dinero, Bs. 33.034.920,00, provenientes del Banco de Venezuela y Banco Exterior, así como de Blindados de Oriente a través de las empresas del estado como son Mercal, PDVAL, Bicentenario y Gas Comunal, solamente puede ser entregada bajo la coordinación y autorización de un alto funcionario estatal.

Testigo de irregularidades

   El teniente Jesús Leonardo Curvelo relata en su informe de denuncia, que los 14 años en los que estuvo asignado en comisión de servicios en el estado Bolívar, tanto en el 512 Batallón de Infantería de Selva “Tomás de Heres”, en Tumeremo, Municipio Sifontes, como en la gobernación del estado Bolívar, en la Policía del estado Bolívar y en la Secretaría de Mantenimiento y Servicios Generales, fue testigo de los vínculos existentes entre el general Julio César Fuentes Manzulli con “pranes” de la zona sur de la entidad a quienes brindaba protección gubernamental y armamentos.

  Del mismo modo, el exsecretario de seguridad también contactaba a estos líderes irregulares con altos funcionarios del gobierno nacional, tal es el caso del M/G, Efraín Velasco Lugo, quien para el año 2013-2014 cuando era director del Despacho del Ministerio de Interior y Justicia y, presuntamente, habría ayudado a borrar los registros policiales de Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, “a cambio de grandes sumas de dinero. Rivas Núñez, de acuerdo a la versión de Curvelo, tenía registros por delitos de homicidios y se encontraba solicitado por las delegaciones del CICPC de Villa de Cura y de Cagua.

  Otro caso referido por Curvelo, fue el de Jesús Emmanuel Morocoima, exfuncionario policial, quien supuestamente fungía como enlace entre Julio César Fuentes Manzulli y el fallecido “Gordo Bayón”, así como con quien para el momento de la redacción del informe ejercía como “pran” y era conocido como “Capitán”, el cual operaba entre San Félix, Municipio Caroní y las minas de Guasipati, Municipio Roscio.

  A este sujeto, el general Fuentes Manzulli le habría entregado un armamento tipo sub ametralladora, marca HKMP5, calibre 9mm, serial C301847 para ser trasladado a la población minera de Tumeremo, Municipio Sifontes. A partir de dicha entrega, quien para la fecha del informe era funcionario policial y chofer de Fuentes Manzulli, Hernán Castillo Bolívar, denunció ante el CICPC Guayana, el supuesto hurto de dicho armamento del vehículo del citado general en una oportunidad en que se encontraba estacionado en el Parque La Llovizna, Municipio Caroní.

   De acuerdo a la denuncia de Jesús Leonardo Curvelo, este es uno de los procedimientos utilizados por Fuentes Manzulli para dotar de armamento a los grupos delictivos de las zonas mineras. “En el año 2009-2010, en la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX), donde funciona el Parque Nacional de Armas se encontraba el Gral. Julio César Morales Prieto como director. Este General promoción año 85 (Centauros), es compañero y amigo del G/B Julio César Fuentes Manzulli. En reiteradas ocasiones se reunían en una finca vía a la población de El Manteco, Municipio Piar, que lleva por nombre ‘El Lechozo’, propiedad del señor Álvaro González, exsuegro del G/B Julio César Fuentes Manzulli, donde pude observar la entrega de dinero en efectivo y barras de oro”.

  También, Curvelo, por instrucciones de Julio César Fuentes Manzulli, supuestamente debía retirar armamentos provenientes del Plan Desarme que se encontraban en el Parque Nacional de Armas de la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX), para trasladarlos a las poblaciones del sur del Estado Bolívar, un hecho del que estaba en conocimiento el entonces gobernador, Francisco Rangel Gómez.

   Explica que entre 2011 y 2012, al frente del DAEX se encontraba el G/B, Gustavo Ygnacio Velazco Ramos, mientras que la de jefatura del Parque Nacional de Armas la ocupaba el Mayor del Ejército, Alexander Rafael Salazar Laviera, quien para la fecha de redacción del informe tenía el grado de teniente coronel. A Salazar Laviera le correspondía facilitar a Fuentes Manzulli a través de Curvelo, armas cortas y largas (AR15), “las cuales eran dirigidas al pranato ubicado en los pueblos mineros del sur del Estado Bolívar. A raíz de la venta de dicho armamento este Tcnel. adquirió un inmueble (apartamento) en la ciudad Capital”.

   Salazar Laviera administró entre 2003 y 2004, el 512 BIS “Tomás de Heres” acantonado en Tumeremo, donde el G/B Julio César Fuentes Manzulli era el comandante, “por tal motivo tienen vínculos de mucha confianza y amistad”, asegura Curvelo.

“Cabe destacar que recibí órdenes específicas del G/B Julio César Fuentes Manzulli de gestionar la permisología de portes de armas a sus conocidos, tal es el caso de Jesús Emmanuel Morocoima, Juan Gabriel Rivas Núñez ‘Juancho’ y muchos más, lo que incluye a compradores de oro, ya que el G/B Julio César Fuentes Manzulli y Francisco Rangel Gómez a través de su hijo Francisco Rangel Escobar, sostienen negocios con la compra de oro y diamantes que luego son vendidos fuera del país, hechos que denuncio en mi carácter de testigo ocular”, también denuncia Jesús Leonardo Curvelo.

Otro sobrino de Cilia Flores

  En el listado de hecho irregulares denunciados por el teniente, Jesús Leonardo Curvelo, también figura un sobrino de la Cilia Flores, a saber, el (para la fecha del informe) teniente coronel, Eduardo Gámez Flores, quien prestaba servicios en el destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana en la población de Santa Elena de Uairén, Municipio Gran Sabana.

  El familiar de la primera dama venezolana, supuestamente sería el enlace con los oficiales generales y superiores de el área de Defensa Integral (ADI) Guayana, quien estaba directamente vinculado en la compra de oro y diamante “con un ciudadano conocido con el remoquete ‘Toti’, juntos coordinaban la entrega de dinero en efectivo desde Maturín, Estado Monagas y otras partes del país, presuntamente proveniente de las empresas del Estado venezolano, como Mercal donde se encontraba como sub jefe estadal, José Narváez Flores. Este dinero en efectivo era retirado por el “Toti”, quien se hacía acompañar por su padre y de su supuesto sobrino. Asimismo, en varias oportunidades recibí la orden del G/B Julio César Fuentes Manzulli de trasladarme hacia el conjunto residencial Loma Linda Country Club, ubicado en el Municipio Caroní, donde el ‘Toti’ resguardaba dinero en efectivo y oro producto de dichos negocios, siempre contando con la protección de un funcionario de la PEB. Tengo conocimiento que, a raíz de mi detención, el ciudadano Toti salió del país junto a su esposa Lois, dejando en Ciudad Bolívar, Municipio Heres a su padre y su supuesto sobrino.

Otras sociedades

  De acuerdo a la denuncia de Jesús Curvelo, Julio César Fuentes Manzulli se vale de socios y testaferros para guardar las apariencias. Inmobiliarias, agencias de venta de carros, agropecuarias y fincas en el estado Bolívar, en manos de estos socios servirían a Fuentes Manzulli para ocultarse. Entre los presuntos socios se encontrarían Manuel Rosales, Nelson López, Fernando conocido como “Fercho”, de nacionalidad colombiana y Castro.

  Las fincas supuestamente estarían ubicadas, una en Tumeremo y otra en el sector Agua Linda, Municipio Heres, vía a la población de Maripa, Municipio Sucre. Estas serían sociedad con Manuel Rosales y Patricia de las Nieves Velásquez Hernández, quien es o era concubina de Fuentes Manzulli. Esta mujer, igualmente sería propietaria de un Town House en un conjunto residencial ubicado en el sector Chilemex, avenida Estados Unidos, en el municipio Caroní.

   María Alejandra González Fernández, expareja de Julio César Fuentes Manzulli, también se cuenta entre los socios del general. Esta mujer, de acuerdo a la narración de Curvelo, es propietaria de una casa en la urbanización Florida Suite y otra en Caroní. Entretanto, Ludmila de Lourdes Rojas de Fuentes, es dueña de una quinta en la urbanización “La Rosaleda” de San Antonio de los Altos, Estado Miranda. Todos estos bienes, insiste Jesús Leonardo Curvelo, son el resultado de las ganancias obtenidas con la vinculación de las compras de oro y negocios fraudulentos, dándole así la apariencia legal.

  Cuenta Curvelo que, en una ocasión en el año 2013, por órdenes del gobernador Rangel Gómez, debió acompañar a Julio César Fuentes Manzulli a Caracas, adonde arribaron a bordo del avión privado del Ejecutivo, que aterrizó en el aeropuerto militar La Carlota, “donde nos esperaba el ciudadano Manuel Alcocer para llevarnos a una quinta en El Rosal cerca de la sede principal del PSUV, donde retiramos 20 bolsos grandes contentivos con dinero en efectivo y cajas de tarjetas de telefonía móvil para ser distribuidas supuestamente en los municipios del Sur para la campaña electoral”.

Extrañas muertes y agresiones

  Jesús Leonardo Curvelo se refiere, entonces, al caso del subteniente (EJ), Alejandro Alfonso Guevara Barrios, quien era plaza del 512 BIS “Tomás de Heres”, donde Fuentes Manzulli era Comandante. Este hombre tenía un expediente abierto por la Fiscalía Militar y, “extrañamente”, fue asesinado en Caracas, el 18 de agosto de 2007 cuando llegaba a su casa.

  Guevara Barrios habría colaborado en varias oportunidades con Julio César Fuentes Manzulli en la compra de diamantes y oro en la isla de Anacoco, San Martín de Turumban, Municipio Sifontes. Estas operaciones supuestamente las realizó “a través de un guyanés conocido como ‘Andy’”.

  Para Curvelo, también resultó sospechosa la extraña muerte de Yorman Pedro Márquez Rodríguez, conocido como “Gordo Bayón”, hecho que ocurrió en Caracas.

— El 27 de octubre de 2015, cuando llegué a los calabozos del Centro de Coordinación Policial Los Olivos, en Caroní, se encontraban tres individuos de nombres Franklin José Córdova (Tripa), Elvis Ramón Leiba (Vista al Sol) y Ramón José Pinto (Fito,) pertenecientes a la banda del líder negativo conocido con el remoquete de “Capitán”. El primero de los mencionados me abordó negativamente supuestamente por mi condición de funcionario militar, extorsionándome para no herirme con un arma punzo penetrante, pero en realidad el objetivo que le había ordenado su “patrón” era agredirme físicamente dejándome en peligro de muerte. Durante esos 108 días que permanecí en los calabozos con estos delincuentes, Franklin José Córdova en reiteradas oportunidades me preguntaba por qué mi cabeza tenía precio, cuestionamiento que no entendía al desconocer el origen del mismo. Al salir en libertad Franklin José Córdova fue asesinado en extrañas circunstancias por un individuo a bordo de una camioneta tipo pick up modelo Hilux de color blanca sin placas, que sin mediar palabras le propinó un disparo en el pecho, como lo reflejaran los diarios nacionales[4]. Da que pensar que el móvil del asesinato pudo tratarse del incumplimiento de una orden de su “patrón”, situación que me impulsa a ratificar mi denuncia sobre el interés que tienen de asesinarme.

   Curvelo señala que Julio Fuentes Manzulli supuestamente impartía órdenes de cometer asesinatos a un funcionario policial de apellido Bravo, conocido como “Cara Cortada”, quien fue involucrado en un homicidio en Ciudad Bolívar, Municipio Heres, específicamente en el relleno sanitario. Bravo se habría librado de la cárcel por la mediación de Fuentes, intervino para que lo reincorporaran en las fuerzas policiales.

“Quiero dejar en evidencia también una de las razones por la cual el G/D Francisco Rangel Gómez destituyó en tanto solo 11 meses (16/09/2014-25/08/2015) de su cargo de Comandante de la PEB al G/B Juvenal Villegas, reincorporándolo al Comando de la ZODI Bolívar por negarse a encubrir una serie de irregularidades que ocurren en las poblaciones del sur del Estado Bolívar, por tal motivo es designado al Comisario Gerónimo Guerra como nuevo Comandante de la PEB, ya que este responde a los intereses del G/B Julio César Fuentes Manzulli, específicamente en las poblaciones mineras”.

En peligro de muerte

  En la última parte de su informe, el teniente Jesús Leonardo Curvelo, denunció encontrarse en peligro de muerte. “Mi vida y la de mi familia están en peligro de muerte”.

  Tal afirmación la hizo en razón de que Julio Fuentes Manzulli, supuestamente buscaba incriminarlo para que procediera su detención y, posteriormente, mientras estuviera en un centro de reclusión, ordenar su muerte.

  Precisó que la acción se llevaría a cabo por orden de Fuentes Manzulli, a través del M/G, Jesús García Tousen, Comandante General del Ejército Nacional Bolivariano de Venezuela, quien fue su compañero de promoción y amigo personal. Juntos procuraban separarlo de la Fuerza Armada, argumentando que habría incurrido en faltas establecidas   en el Reglamento del Castigo Disciplinario.

  Igualmente denunció que exgobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, de tergiversar el origen real del dinero en efectivo por el cual fue detenido y acusado. El objetivo es, asegura, alejar las sospechas de los verdaderos responsables, “ya que estarían en peligro funcionarios de alto nivel del Estado venezolano, dejando en clara evidencia los actos de corrupción cometidos por el G/B Julio César Fuentes Manzulli, comisionado especial en los pueblos del Sur y a su hijo Francisco Rangel Escobar, manipulando la justicia a su favor para que a cambio de mi silencio se me otorgase a través del Presidente del Circuito Penal del Estado Bolívar, Gilberto López, la medida de Derecho a la Salud”.

   Curvelo acusa que para que se llevaran a cabo estas acciones en su contra, por órdenes de Rangel Gómez supuestamente se pagaron 10 millones de bolívares a Gilberto López, los cuales habrían sido depositados en una cuenta en el Banco de Venezuela, el 29 de enero de 2016.


 También se habrían pagado 8 millones de bolívares al abogado, Celestino Adolfo Flores Castillo; un millón de bolívares en la cuenta Banesco a nombre de la abogada, María Pérez, según transferencia número 547208472; y un millón de bolívares en efectivo, entregados al abogado, Marco Antonio Hernández Ruiz, para aprobar dicha medida.

 Finaliza la denuncia insistiendo “que la estrategia es responsabilizarme del hecho que se me imputa y ser recluido en un centro penitenciario donde posteriormente sería asesinado, de esta manera no existiría testigo alguno de los actos cometidos por estos altos funcionarios del Gobierno bolivariano. Por tal motivo hago responsable al gobierno del presidente Nicolás Maduro, al gobernador del Estado Bolívar, G/D Francisco Rangel Gómez, y al G/B Julio César Fuentes Manzulli, comisado especial en los pueblos del sur del Estado Bolívar, ante el peligro de muerte en el que me encuentro y el riesgo que corre mi esposa, mi madre y mis dos hijos”.

CITAS

[1] Diario 2001. “Detienen a funcionario de la Gobernación Bolívar por legitimación de capitales”. 28 de octubre de 2015. https://www.2001online.com/en-la-calle/113961/detienen-a-funcionario-de-la-gobernacion-bolivar-por-legitimacion-de-capitales.html

[2] Arco Minero. Crimen, corrupción y cianuro. “Una mafia disfrazada de sindicato está al mando. Capítulo 01. Edgar López. https://arcominerodelorinoco.com/capitulo-01/

[3] Linkedin. Slide Share. “Informe del comisario Jesus Curvelo revela nexos de la Gobernación con pranes mineros al sur del estado Bolívar”. 24 de marzo de 2017. https://es.slideshare.net/LaCausaRVe/informe-de-comisario-curvelo-del-sebin-revela-nexos-de-la-gobernacin-con-pranes-mineros-al-sur-del-estado-bolvar



[4] El Diario de Guayana. “Ejecutan a presunto atracador frente a su residencia en El Mangal”. 15 de junio de 2016. https://www.eldiariodeguayana.com.ve/ejecutan-a-presunto-atracador-frente-a-su-residencia-en-el-mangal-2/


lunes, 23 de diciembre de 2019

Comisionado para la ONU deja en evidencia la catástrofe ocasionada por el Arco Minero

  Un informe sobre la situación del Arco Minero y la emergencia humanitaria en Venezuela elaborado por el Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas en noviembre 2019, revela el caótico estado y la devastación que las actividades mineras —legales e ilegales— allí  desarrolladas, han ocasionado.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Daños ecológicos, perjuicios a la salud, deterioro del patrimonio natural y cultural, alta criminalidad, son sólo algunas de las consecuencias que han causado las actividades de minería que de manera legal e ilegal se desarrollan en los territorios que comprende el Arco Minero, las cuales se han constituido en un mecanismo de financiamiento del gobierno de Nicolás Maduro.
   Así lo determinó en noviembre de 2019 el Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas en su “Informe sobre la situación del Arco Minero y la emergencia humanitaria compleja en Venezuela” que a continuación presentamos.

    El reporte recuerda que en el año 2011, el expresidente de la república, Hugo Chávez, anunció la creación del Arco Minero del Orinoco, al cual incluyó en el Plan de la Patria para el período presidencial 2013-2019 con el objetivo inicial de nacionalizar la explotación y exportación de metales y no metales, un fin que, se subraya, ha devenido en grandes fallas de regulación.

   Se informa que el Arco Minero del Orinoco es una zona que abarca el 12 por ciento del territorio venezolano con alrededor de 111.846 km2 contentivos de un estimado de 700 toneladas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro y bauxita, además de la presencia de depósitos de materiales radiactivos y no metálicos de alto valor, como el torio y el uranio, lo que ha levantado el interés de ciertos países se han involucrado en su extracción en procura de su propio beneficio[1]. Se destaca en el reporte que la actividad de estos países cuenta con el amparo del régimen de Nicolás Maduro, manteniéndose gran hermetismo con relación a los detalles de la misma.
     Indica el informe que el 24 de febrero de 2016, por disposición de Nicolás Maduro se creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco, con el objetivo de acceder a divisas por medio de la explotación de yacimientos de materia prima distintas al petróleo —principal fuente de ingresos— una decisión adoptada en razón a la dependencia a la fluctuación de sus precios en el mercado internacional[2].  Apunta el mal manejo de la economía venezolana y la corrupción imperante, lo cual ha ocasionado la disminución en la producción nacional y obliga a encontrar nuevos medios de ingresos que permitan mantener las existentes estructuras de poder.

    En tal sentido, el informe del Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas destaca que la explotación del Arco Minero es una alternativa para la consolidación económica y el empoderamiento político de Nicolás Maduro, afectado por el déficit económico y las sanciones internacionales en su contra. Para hacer uso institucional de los recursos, el gobierno se vale del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (MPPDME), entidad que recientemente formalizó la explotación rusa a través de un Fondo Rotatorio Minero por USD 17,8 millones con la excusa de hacer frente a la guerra económica, en marzo de 2019[3].

    Un hecho relevante a que hace referencia el informe es que 91 por ciento del oro venezolano se produce ilegalmente, lo que se erige como el mayor índice de cualquier país de Latinoamérica, encontrándose zonas de explotación de materia prima que cuentan con la presencia de grupos armados y criminales, los cuales cuentan con el amparo de la corrupción del Estado. La actividad va más allá de la explotación de recursos naturales al abarcar el tráfico de estos a través de Colombia y las Islas del Caribe con el apoyo de militares venezolanos. Esto causa inestabilidad regional y afianza la mafia estatal que enriquece a grupos irregulares e incrementa la migración por causa de la violencia[4]. 

   El reporte advierte de la ausencia de planificación en las actividades de exploración profunda del Arco Minero en materia de medidas de seguridad para el medio ambiente, como tampoco existen evidencias de que se realicen estudios técnicos dirigidos a desarrollar una adecuada explotación. Como consecuencia de esto es una zona con problemas de contaminación, desforestación, degradación ambiental del bioma de Amazonas, explotación de comunidades indígenas y epidemias de salud.

Sobre la explotación minera

    Seguidamente el reporte hace referencia a la explotación minera y dentro de esta exposición hace mención, en primer término, al hecho de que Venezuela cuente con las mayores reservas naturales en oro, diamantes y níquel, así como de otros minerales de interés. Entre estos últimos, tenemos que Venezuela es la quinta reserva mundial de torio[5],  mientras que de coltán y uranio, no existe cuantificación pública formulada por organismos oficiales en razón de la gran explotación ilegal del mismo, la cual se hace al amparo del régimen. 

   Al coltán se le conoce como “oro azul” y su uso es fundamental en la industria electrónica. Se encuentra colocalizado con el uranio[6]. En el arco Minero, se encuentra concentrado mayormente en las zonas 1 y 4. La explotación de este mineral es rentable y el control de sus reservas es estratégico para los países que lo poseen, otorgándoles gran poder geopolítico a nivel mundial. Se apunta que el coltán venezolano tiene alta concentración de tantalita, lo que lo convierte en extremadamente valioso, alrededor de USD 400.000 la tonelada. En 2009, el entonces presidente Hugo Chávez anunció la existencia de alrededor de USD 100.000 millones en reservas de coltán, pero nunca se publicaron cifras oficiales de las reservas naturales. Ha habido denuncias de contrabando de coltán de alrededor de 5 toneladas de este mineral venezolano decomisadas en Italia.

    Se explica en el informe del Comisionado para Naciones Unidas que el Torio es una sustancia radioactiva que se utiliza para la generación de energía, encontrándose colocalizado con el uranio, pero es más más seguro y limpio que esté al no producir desechos radioactivos como el plutonio, ni causa accidentes radioactivos. Se cree que las reservas venezolanas de torio podrían proporcionar energía a reactores durante unos 300 años, tal como lo indican estudios de la Sociedad Nuclear de Venezuela (SNV).  Para China, el torio es necesario para terminar de construir sus plantas de energía de última generación. La mayor concentración de Torio está ubicada en Amazonas, zona declarada como Área Bajo Régimen Ambiental Especial.

   Luego, el reporte se refiere a la infraestructura y se remite al Plan Minero 2019-2025, anunciado por Nicolás Maduro con una proyección de ingresos de USD 37.000 millones o 33.000 millones de euros[7]. Se advierte que Venezuela no cuenta con la infraestructura que le permitan dar un manejo adecuado a los compuestos radioactivos y sus ingresos provienen de su venta a terceros que cuenten con la capacidad nuclear para manipularlos. Alertan que la minería ilegal se extiende por el Arco Minero del Orinoco a través de los estados Amazonas, Zulia, Cojedes, Carabobo, Mérida, Táchira, Trujillo, Aragua y Barinas.

   Se explica que en cada zona del país y dependiendo del material que se vaya a extraer, se utilizan diversos métodos de extracción cada uno de ellos con sus propios requerimientos en maquinarias específicas y generando una huella geográfica única. La extracción legal cuenta con mayores equipamientos y el impacto de sus actividades en el largo plazo y dar respuesta está más controlado. El asunto es que siendo las operaciones ilegales las que más se producen, carecen de la infraestructura adecuada para la actividad.

   El reporte agrega en este sentido, que cuando Venezuela oficializó las operaciones en el Arco Minero no se abrieron licitaciones públicas, sino que se procedió a la adjudicación de los contratos de manera arbitraria, no contando muchas de las empresas beneficiadas con los registros necesarios para trabajar con el Estado y sin que tampoco la minería sea una de sus especialidades

   A manera de información, se indica que la minería aluvial requiere equipos en el agua, mientras que la excavación genera residuos de tierra en la locación del túnel y la minería a cielo abierto requiere de deforestación, por lo que puede ser detectada con el uso de satélites. Precisa que la molienda es más difícil de detectar en razón de que su equipamiento frecuentemente se oculta.

   En cuanto a producción, el informe del Comisionado de la ONU asegura que con el objetivo de legitimar la producción de oro, Nicolás Maduro instaló 54 nuevas plantas en el Arco Minero a finales del año 2018, para lo cual contó con financiamiento público y privado.

   Dichas plantas se encuentran ubicadas en todo el territorio con el objeto de a aumentar la productividad, pero sus locaciones legales son desconocidas, teniéndose conocimiento solamente de la primera inaugurada en noviembre de 2018 con capacidad inicial de 45 kilos mensuales de oro, con expectativa de crecimiento de hasta 90 kilos para el mes de junio. El ingreso promedio de la planta se estima en USD 11.2 millones.
  La primera planta de concentración de coltán fue instalada en octubre de 2018, constituyéndose en la que tiene la mayor producción de Latinoamérica con 160 toneladas y una inversión de USD 3.5 millones, aunque se sospecha que esta no es su verdadera capacidad de producción ni la verdadera relación entre inversión y ganancias.

   En marzo de 2019, el gobierno de Nicolás Maduro anunció la alianza de 154 grupos de minería artesanal con Palestina y en abril de 2019, Rusia reveló su inversión en la producción de Níquel en el Estado Aragua.

   Por otra parte, el informe da a conocer que en Venezuela hay unos 250.000 mineros de pequeña escala —tanto nacionales como provenientes de Brasil y Colombia— quienes laboran de manera legal  e ilegal. 

   El comisionado de la ONU alerta que muchas de las minas están controladas, bien por grupos armados irregulares o por la misma Fuerza Armada Nacional.

  Indica que siendo la población indígena venezolana de unas 724.592 personas, lo que representa un 2.8 por ciento de la población. Estos residen en las zonas donde se practica la minería, estando muchos de ellos involucrados en la actividad.

Minas de oro para los gobernadores

   El 15 de octubre de 2019 —continúa el informe del comisionado para la ONU— Nicolás Maduro anunció la asignación de una mina de oro a cada gobernador de estado para su manejo y como mecanismo para generar recursos financieros. “Voy a proceder a entregar una mina de oro en pleno proceso productivo, en plena capacidad productiva, a cada gobernación”, dijo el mandatario.

   Según Maduro, los gobernadores dispondrían “de inmediato” de los recursos provenientes de los yacimientos que invertirían en las “tantas necesidades” de sus estados y, de este modo, poder sortear el “bloqueo” económico dispuesto por Estados Unidos. Eso sí, advirtió que únicamente los gobernadores del oficialismo recibirían la asignación, pues en el caso de los opositores el yacimiento se le entregaría a una “corporación de protección social”, designada por su gobierno.

   De acuerdo a lo expuesto por Maduro, la iniciativa forma parte del “proceso de reorganización del Plan Minero Tricolor” y de la reorganización de “la inversión extranjera internacional que ha llegado y está llegando para producir oro, para producir coltán, para producir diamantes, etcétera, en el Arco Minero del Orinoco”[8].

  Tal asignación contradeciría lo establecido en la Constitución, la cual estipula que “el régimen y administración de las minas e hidrocarburos, el régimen de las tierras baldías, y la conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas naturales del país”, es de competencia del Poder Público Nacional[9].    

  Actores externos y operadores internacionales comerciales del Arco Minero

  El capítulo siguiente del informe del Comisionado de la Organización de Naciones Unidas está referido a los actores externos que intervienen en el Arco Minero, así como también a los operadores internacionales.

  Destaca el reporte la existencia de permisibilidad y la flexibilidad legal en Venezuela en materia de explotación de minerales, hecho este que se ha convertido en un atractivo para quienes aspiran involucrarse, legal o ilegalmente, en la minería.
   En razón de esto el comisionado alerta que en la medida en la que Venezuela mantenga los niveles de inestabilidad que ahora exhibe, otros países tendrán mayor capacidad de influir en el país. Indica que las sanciones económicas han derivado en que Venezuela haya aumentado su intercambio comercial con Rusia, China, Vietnam e India. Igualmente agrega que en el corto plazo se estima que aumente la minería como un mecanismo que compense la falta de ingresos lícitos por parte del régimen de Nicolás Maduro.

   El incremento se prevé, tanto por la necesidad de obtener ingresos, como por el aumento en la demanda por parte de otros países.

   De hecho, en 2017, 4 de las 10 mayores exportaciones venezolanas fueron bienes minerales, tales como el acero, oro, aluminio y cobre.

Grupos ilícitos irregulares presentes en el Arco Minero

    En la zona del Arco Minero operan un conjunto de grupos ilícitos irregulares bajo el amparo del estado venezolano, sentencia el informe del Comisionado de la ONU.

      El informe recuerda que desde el año 2000 cuando Hugo Chávez reestructuró el sector minero, grupos delincuentes comenzaron a proporcionar seguridad privada a quienes se dedicaban a la actividad. A estos grupos se les conoce como sindicatos, colectivos, pranes, bases, megabandas, entre otros, los cuales funcionan como intermediarios entre los mineros locales y las fuerzas armadas venezolanas.

   El precio de la protección equivale a 30 por ciento de los ingresos, siendo absolutamente obligatorio para los mineros hacer esta erogación. Las bandas criminales dividen l pago con los oficiales militares de la zona.
    Diversas masacres perpetradas por estas bandas se reportan, entre ellas la ocurrida en marzo de 2016, conocida como “La masacre de Tumeremo”, en el estado Bolívar, donde alrededor de 28 mineros fueron asesinados en un ataque vinculado a las fuerzas gubernamentales. La fiscal general para la fecha, Luisa Ortega Díaz, informó el hallazgo de 17 cadáveres dentro de una fosa común. El hecho se atribuyó a la banda de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias El Topo. Asimismo, en septiembre de 2017, en una sola semana, 30 mineros murieron en enfrentamientos con tropas estatales cerca del municipio de Tumeremo.

    También en octubre de 2018 se reportó una masacre en la mina Los Candados, ubicada también en Tumeremo, en la que perdieron la vida 16 personas y 6 resultaron heridas. El informe del comisionado de la ONU indica que el ataque fue perpetrado la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo irregular que se beneficia de la minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco, según ha afirmado el diputado Américo De Grazia. Los sobrevivientes recibieron atención médica en el hospital José Gregorio Hernández de Tumeremo[10].

   Entre agosto y septiembre de 2019, fueron reportadas más hechos irregulares en Tumeremo cuando ciudadanos locales aseguraron que se habían producido más de 400 desapariciones y, en algunos casos, ejecuciones[11].

   Desde el Observatorio Venezolano de la Violencia, se denunció que en 2018, El Callao, localidad cercana a Tumeremo, se erigió como el sitio más violento de Venezuela, al haberse producido 619,8  homicidios por cada 100.000 habitantes[12].

   El documento del Comisionado para la ONU refiere que en la zona en cuestión las mafias sindicales cumplen un rol político de control sobre la lucha de los trabajadores por sus estructuras gremiales y sus reivindicaciones, pero dados los múltiples homicidios y denuncias de corrupción en las empresas, las bandas comenzaron migraron progresivamente a las zonas mineras del sur donde pueden actuar con mayor impunidad por estar alejadas de las principales ciudades, a saber, Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar.

La guerrilla colombiana

  En este aparte, el informe hace referencia a la presencia de guerrilleros del ELN y disidentes de las FARC en las zonas mineras, donde núcleos insurgentes de estos movimientos irregulares colombianos han reclutado alrededor de 15 mil venezolanos a quienes pagan diariamente aproximadamente USD 15, a cambio de que lleven a cabo acciones ilegales en la frontera con Colombia. De este modo, estos grupos se han convertido en los mayores empleadores de la región con una oferta de salarios competitiva y atractiva en comparación con la posibilidad de obtener ingresos a través de mecanismos legales.

  En ellos reposa la responsabilidad de vender los materiales minerales a locales y revendedores, lo que promueve el contrabando hacia Colombia a mayores precios. Igualmente, se estimula el transporte no solamente de la mercancía propia, sino también de otras drogas ilícitas, a lo largo del mar Caribe.

Grupos y mafias delincuentes de Colombia

   Cita el informe que los grupos y mafias delincuentes de Colombia son entes armados surgidos a raíz de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUD), entre los cuales se encuentran los Rastrojos, Puntilleros, Bloque Libertadores de Vichada, Clan del Golfo, entre otros. Ahora son de pequeño o mediano tamaño —menos de 150 integrantes— que se enfocan en la producción de cocaína y su tráfico, aunque también se ocupan de la minería ilegal en la zona del Arco Minero del Orinoco.
Garimpeiros brasileños

   Desde 1980 operan en las zonas mineras venezolanas los mineros ilegales brasileños, habiéndose incrementado su presencia a partir de 2005.

  Por lo general —narra el informe— se establecen en campamentos temporales en el territorio amazónico y someten a la esclavitud al pueblo indígena Yanomami, contra quienes cometen actos en violación de sus derechos fundamentales.

   Los garimpeiros suelen provenir de regiones de bajos recursos y con oportunidades económicas limitadas, por lo que estiman que la explotación ilegal de minerales genera un ingreso conveniente, máxime, al contar con el aval desde estado venezolano.

Métodos de transporte y comercialización ilegal

 La institucionalización minera en Venezuela se ha visto obstaculizada por el alto porcentaje de minería ilegal y la corrupción que la caracteriza, llevando a que gran parte de los ingresos ilícitos terminen en manos de los efectivos del Estado.

   Solamente una parte del oro es procesado y la gran mayoría se comercializa como materia prima por grupos irregulares que se valen de las fronteras venezolanas como principal canal de tráfico de los minerales. 

  Entretanto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sostiene operaciones contra la minería ilegal, encabezada por la Región de Defensa Integral, pero estas acciones lucen ineficientes debido al conflicto de intereses entre las relaciones de poder y la falta de planificación estratégica para el fundamento de soluciones sostenibles a largo plazo. También influye en ello el hecho de que gran parte de las operaciones ilícitas están amparadas y asociadas a grupos militares.

El ecocidio de la amazonia venezolana

  El reporte del Comisionado para la organización de las Naciones Unidas se remite entonces a las implicaciones ecológicas que las desplegadas en la zona del Arco Minero y a la emergencia humanitaria que tales actividades han desencadenado.

   En materia de ambiente, el informe dice que el territorio del Arco Minero coinciden cinco parques nacionales, así como grupos indígenas, por lo que las malas prácticas mineras tienen consecuencias directas, tanto en él (el ambiente) como en el ecosistema y la preservación cultural de la región.

   Refiere que cuando Nicolás Maduro estableció en 2016 el Arco Minero, puso a disposición del mismo un territorio que abarca alrededor de 112.000 kilómetros cuadrados y pese a que leyes de preservación ambiental internacionales prohíben la minería en Amazonas, más de 10 mil mineros practican la actividad ilegalmente en la zona.

   Dependiendo de cada tipo de minería desarrollada, hay diversas repercusiones negativas para el entorno, como la contaminación química de la minería informal, la cual se constituye en la más peligrosa, puesto que tiene lugar sin previsión alguna ha traído como consecuencia la deforestación de 80 mil hectáreas, pérdida de la biodiversidad, contaminación del suelo y del agua. Se estima que los daños ocasionados requieren de una recuperación que puede tomar 30 años si se detiene la minería ilegal este año.

    Reza el informe que el mercurio es utilizado para la extracción de los minerales presentes en la zona y describe que, inicialmente, un motor abre paso en el agua para poder llegar al fondo del río donde se hace un hoyo para encontrar el oro y luego se aplica mercurio con el fin de extraerlo. El mercurio queda en el hoyo luego de la extracción y una vez que se quita el motor, el agua también se contamina. Se trata de una práctica prohibida en razón de que el mercurio es altamente contaminante, imposibilitando el consumo del agua de río y contaminando sus peces. Cita un estudio de la Universidad de Oriente que estableció que las comunidades Yekuana y Sanema exhiben en su organismo 40 veces más mercurio del estándar fijado por la OMS.

   También se remite a estudios que han establecido que en comunidades mineras en Las Claritas, Santo Domingo, El Manteco, El Callao, y Bajo Carón, solo 13 por ciento de las mujeres examinadas y el 32 por ciento de los niños examinados, presentaban niveles de mercurio por debajo del límite saludable.

    Otra investigación citada es la que llevó a cabo un grupo de científicos del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, la cual informó que la contaminación de estos ríos no solamente afecta al país, puesto que “todos los sedimentos y químicos producidos por la minería, desembocarían en el Océano Atlántico y el Mar Caribe a través del Delta del Orinoco y ocasionará importantes implicaciones en otros ecosistemas marino costero y oceánico […], alcanzando la región del Caribe Sur”.

    Ese estudio igualmente encontró que el Arco Minero puede influir en la intensidad de desastres ambientales. “Las evidencias demuestran que la intensidad y duración de la mayoría de los huracanes más destructivos de la historia en la región, han sido influenciados por la interacción atmósfera-océano con la descarga de los ríos Orinoco y Amazonas justo antes de llegar al Caribe. Esto implica que al generar aguas aún más cálidas debido al incremento de la descargas del río Orinoco producto de la mega minería, se generarán período de huracanes más vigorosos a los observados en los últimos meses”[13].

  Américo De Grazia, representante del estado Bolívar en la Asamblea nacional declaró que “por primera vez en su vida al Guri tienen que dragarlo por el alto contenido de sedimento por la explotación minera del oro y de los diamantes en la sede del lago, lo cual afecta las turbinas de la hidroeléctrica del Caroní”.

   El comisionado para la ONU destaca que el Arco Minero abarca el Parque Nacional Canaima, el cual es Patrimonio de la Humanidad y posee 30.000 kilómetros cuadrados con bosques y mesetas de cima plana que albergan jaguares, nutrias gigantes y osos hormigueros gigantes. También incluye a la Reserva Forestal Imataca (30.000 kilómetros cuadrados), las reservas de La Paragua y El Caura (50.000 kilómetros cuadrados), el Monumento Natural Cerro Guanay y la cuenca del río Caroní (96.000 kilómetros cuadrados).

Pueblos indígenas

   El informe resalta que la minería está prohibida en territorios indígenas, pudiendo llegar a realizarse solamente si es autorizada por los líderes tribales. Se agrega que muchas áreas de protección ambiental comprendidas en el territorio del Arco Minero son patrimonio cultural y religioso de las tribus, por lo que la actividad minera altera la vocación natural de las tierras.

   Se advierte que los nativos carecen de la capacidad de enfrentarse y poner oposición a la minería que amenaza con destruir su tierra, dado que los grupos ilícitos que las ocupan cuentan con el respaldo de grupos armados y/o efectivos militares. Unos 20 grupos étnicos se ven afectados, especialmente los Yanomami, cuya salud se ve afectada por el daño ambiental, así como su estilo de vida, a la par de que constantemente son víctimas de la violencia.

   El informe del Comisionado para la ONU se hace eco de los reportes emitidos a propósito de os eventos ocurridos el 23 de febrero de 2019, cuando la Asamblea Nacional intentó ingresar ayuda humanitaria por las fronteras terrestres de Venezuela, entre ellas, la de Brasil, ocasión en que el pueblo Pemón —originario de la zona minera— fue reprimido por 6 fuerzas militares y paramilitares que buscaban bloquear el ingreso de la ayuda humanitaria. Cinco personas de esta etnia resultaron muertas y se militarizó la zona para resguardar el negocio de la minería ilícita.

  El control de la zona por parte de los irregulares quedó en evidencia en el hecho de que las fuerzas militares se retiraron en el momento en el que los grupos armados comenzaron a actuar. Quedó demostrado que la zona es controlada por bandas armadas de minería que trabajan en conjunto con las Fuerzas Armadas y grupos terroristas como el ELN.

Los riesgos sanitarios

   Finalmente, el informe del Comisionado para la Organización de Naciones Unidas hace mención a los riesgos sanitarios que las actividades desarrolladas en el arco Minero ocasionan.

  Cita en primer término las que estima más graves, a saber el envenenamiento a causa del mercurio y las enfermedades como la malaria que, luego de haber sido erradicada internacionalmente, se ha convertido en una epidemia sin precedentes en Venezuela, asociada ésta a la degradación ambiental producida por la minería. “La malaria es una enfermedad infecciosa causada por un parásito que ocasiona severas fiebres, dolores musculares y de cabeza, y potencialmente, la muerte. Los bosques deforestados y los fosos de agua estancada son ideales para la epidemia ya que el sol calienta rápidamente el agua y como no hay sombra de los árboles se acelera el desarrollo de las larvas”[14].

   Más un millón de personas estarían afectadas por la malaria, dice el informe al tiempo que alerta que 16 millones se encuentran en riesgo de contraerla. Esto causa alarma no solo a escala nacional, sino regional en razón del éxodo de venezolanos a causa de la violencia y las precarias condiciones de dichas zonas fronterizas.

  En 2016 se reportó la transmisión de la enfermedad en 209 parroquias, distribuidas en 89 municipios pertenecientes a 17 estados del país. Destaca el caso del municipio Sifontes, donde se desarrolla la mayor parte de la actividad minera, donde se produce el 43 por ciento de todos los casos del país. Este municipio del estado Bolívar contempla el 74 por ciento de todos los casos, mientras que el estado Amazonas reporta el 10 por ciento, el estado Sucre el 9 por ciento, el estado Delta Amacuro el 4 por ciento y el estado Monagas el 2 por ciento. Estos cinco estados aportan el 89% de la malaria en Venezuela[15].  

  El reporte del comisionado se remite a lo informado por la Organización Mundial de la Salud que afirma que en 2017 se superaron los 400.000 casos de enfermos palúdicos, lo que significa el 53 por ciento del total reportado en la totalidad del continente americano[16]. 

  Otra enfermedad que se ha propagado es el sarampión, desde las zonas de minería hasta la capital y países fronterizos como Brasil, Colombia y Ecuador. Se advierte que los programas de vacunación y prevención sanitaria funcionan parcialmente o han sido suspendidos, convirtiéndose la desnutrición de la población en el foco de la reactivación de enfermedades mortales para las que no se cuenta con medicación ni atención médica adecuada.

  “Los exámenes de salud de las zonas mineras muestran que el 90% de los trabajadores de las minas se encuentran peligrosamente expuestos al mercurio, dada su constante inhalación. También se ven afectados el 87 por ciento de las mujeres y el 68 por ciento de los niños, así no trabajen en las minas, solo por estar expuestos a la contaminación en el ambiente”, establece el reporte.

   Por último, el Comisionado para la ONU refiere “la mortalidad infantil en los pueblos indígenas llega a ser 10 o 20 veces mayor al promedio nacional, al estar relacionada a cuadros de desnutrición severa, suspensión de programas de vacunación, carencia de insumos, contaminación del entorno, entre otros. Muchos indígenas recurren a la migración por las fronteras en estado de mendicidad”.

CITAS

[1] MiamiDiario. “El extraño mineral apetecido por China que tiene Venezuela”. 12 de diciembre de 2018.https://miamidiario.com/el-extrano-mineral-apetecido-por-china-que-tiene-venezuela/

[2] Mongabay Latam. Ebus, Bram. “Venezuela: militarización y minería son una mezcla peligrosa en la Amazonía”. 12 de enero de 2018. https://es.mongabay.com/2018/01/venezuela-militarizacion-mineria/

[3] Gobierno Bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular del Desarrollo Minero Ecológico. Díaz, Martha. “Presidente Maduro creó fondo especial rotatorio para apoyar la producción minera”. 16 de mayo de 2019.  http://www.desarrollominero.gob.ve/presidente-maduro-creo-fondo-especial-rotatorio-para-apoyar-la-produccion-minera/

[4] The Global Initiative Against Transnational Organized Crime. “Organized Crime and Illegally Mined Gold in Latin America”. 30 de marzo de 2016.  https://globalinitiative.net/organized-crime-and-illegally-mined-gold-in-latin-america/

[5] RT. Actualidad RT, Reuters. Cerny, David W. “Este país latinoamericano podría albergar la quinta mayor  reserva de torio del mundo”. 27 de junio de 2017. https://actualidad.rt.com/actualidad/242620-venezuela-podria-quinto-lugar-mundial-reservas-torio

[6] KonZapata. Avellaneda, Juan Antonio. “El coltán de Venezuela es un factor de la lucha geopolítica de las potencias”. 15 de abril de 2019. https://konzapata.com/noticia/71550/kolumnistas/el-coltan-de-venezuela-es-un-factor-de-la-lucha-geopolitica-de-las-potencias.html

[7] Gobierno bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico.   Depablos,Karina. Plan Nacional  Minero  2019-2025 jalona recuperación productiva del país. 10 de junio de 2019. http://www.desarrollominero.gob.ve/plan-nacional-minero-2019-2025-jalona-recuperacion-productiva-del-pais/

[8] Efecto Cocuyo. “Maduro asignará una mina de oro a cada  gobernación chavista”. 15 de octubre de 2019. https://efectococuyo.com/politica/maduro-asignara-una-mina-de-oro-a-cada-gobernacion-chavista/

[9] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 156, numeral 16.

[10] El Nacional. “Masacre en minas de Tumeremo dejó aproximadamente 16 muertos y 6 heridos”. 16 de octubre de 2018. https://www.elnacional.com/venezuela/sucesos/masacre-minas-tumeremo-dejo-aproximadamente-muertos-heridos_255935/

[11] Correo del Caroní. Siverio, Jhoalys. “Protestan contra cierre  de minas en Tumeremo por orden del comandante del Ejército acusado de desapariciones”. 15 de septiembre de 2019. https://www.correodelcaroni.com/index.php/ciudad/region/3003-protestan-contra-cierre-de-minas-en-tumeremo-por-orden-del-comandante-del-ejercito-acusado-de-desapariciones

[12] Miami Herald. Montiel,  A & Benezra,  J.  “Gold mining may be all that’s keeping Venezuela in business. Organized crime runs it”. 23  de  julio de  2019. https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/venezuela/article232672327.html

[13] Universidad Monte Ávila. Hernández, G. “Arco Minero: El pulmón del país tiene cáncer por la minería”. 20 de mayo de 2019. http://uma.edu.ve/periodico/2019/05/20/arco-minero-ecocidio/

[14] El Espectador. Ebus, Bram. “La malaria invade las minas de Venezuela”. 17 de enero de 2018. https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-malaria-invade-las-minas-de-venezuela-articulo-733871

[15] Cendes. UCV. Observatorio Venezolano de la Salud. “Pronunciamiento ante la grave epidemia de Malaria  en Venezuela. Carta Abierta al Ciudadano Luis López, Ministro del Poder Popular para  la Salud de la República Bolivariana  de Venezuela”. https://www.ovsalud.org/publicaciones/salud/epidemia-malaria-venezuela/

[16] El País. “Venezuela sufre el mayor aumento de casos de malaria del mundo”. 16 de abril de 2019.  https://elpais.com/elpais/2019/04/16/planeta_futuro/1555402255_653709.html

domingo, 3 de marzo de 2019

PARTE III: En el Amazonas hay laboratorios que procesan cocaína que luego es enviada en aviones del gobierno a Cuba

En la tercera parte de la conversación que sostuvimos con el Teniente desertor del ejército venezolano, Daniel Archer Chirinos, el militar asegura que fue testigo de una discusión entre miembros de la guerrilla, el ELN y oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas en el territorio amazónico venezolano.

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

Daniel Archer Chirinos, un teniente que desertó del Ejército venezolano y que logró conocer los secretos que se esconden en ese vasta zona geográfica donde conviven desde el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los cárteles de la droga, garimpeiros y otros elementos del crimen organizado internacional. El oficial sostuvo que en Amazonas hay laboratorios que procesan cocaína procedente de Bolivia y Colombia, y luego esa droga de traslada en aviones del gobierno venezolano a Maiquetía, para luego ser enviada a Cuba desde donde se transportaba a México para que los cortes de Juárez y el de Sinaloa lo meten a los Estados Unidos por la frontera.
Archer Chirinos sostiene que el general de Brigada, Tito José Urdaneta Zenil; el Comandante del N- 521 Batallón de Infantería de Selva, Joey  Roy Niño Castro y el Mayor José Daniel Caraballo Mudarra, el Comandante de la ZODI, el Mayor Manuel Alfonzo Graterol; el comandante de la Guardia del muelle y los agentes de la Guardia Nacional y el resto de las autoridades militares que estaban en el estado Amazonas sostienen relaciones directas con los grupos guerrilleros y del narcotráfico que operan en el el Amazonas.

Comentó que cuando estuvo en la Base Territorial de Seguridad de Yapacana lo enviaron con 4 sargentos y 20 tropas alistadas a la zona. "Yo por supuesto tenía conocimiento que allá operaban elementos de guerrilla pero no fue sino hasta que llegué a la base que choqué con un muro de contención de lo que realmente existía".

Continúo señalando lo siguiente: "El sargento que estaba conmigo (el más antiguo), me mostró unas notas de voz que eran del segundo comandante que es el Mayor Caraballo Mudarra, dándole una serie de órdenes, es decir, utilizando al sargento como intermediario para recaudarle cuotas, negociar con los comandantes de guerrilla".

Explicó que en la zona de Yapacana existen unos radios a través de los cuales se comunican.los mineros y los guerrilleros. "El sargento me entregó el radio y me dijo: Mi teniente, si usted no asume el mando lo asumo yo. Obviamente como yo era el oficial, tuve que asumir el mando y tratar de controlar la situación lo más que pude".

Dijo que en oportunidades le tocó sentarse  a negociar con los guerrilleros, y vio como esos agentes explotan a los ciudadanos venezolanos y colombianos. Ellos extraen minerales con maquinarias que pasaban todas las alcabalas que están en el río sin ningún problema o supervisión.

En una segunda oportunidad, Archer Chirinos asegura que vio campamentos de garimpeiros brasileños en Amazonas. "El general tenía conocimiento de esto y no hacía nada. Pide observar las comunidades indígenas que estaban prácticamente muriendo de hambre, a pesar que el ministro de los indígenas dice que les provee de comidas. 

Dijo que había visto niños que las niguas (insectos) les estaban comiendo sus partes íntimas por falta de medicamentos. El 50 por ciento de los  niños de la tribu Yanomamis que nacen mueren por malaria,  paludismo. Viven en condiciones críticas, y pareciera que el gobierno nunca hubiese pasado por allí.
La tercera vez que se adentró al lugar fue cuando desertó, y decidió ir nuevamente a recabar pruebas. Fue cuando observó la presencia del narcotráfico. 

¿Opera el narcotráfico en esa parte de la frontera?

En la frontera -que es muy amplia- hay zonas donde los colombianos pasan toda la cocaína que les de la gana, ellos la transportan en avionetas más adelante de la Base de Seguridad Territorial de Santa Bárbara del Orinoco, donde se encuentra una posada turística que antes utilizaban mucho los norteamericanos, turistas que venían de todas partes del mundo a conocer nuestro Amazonas, la posada de Manacas. Allí hay una pista donde pueden aterrizar aeronaves pequeñas. Esa pista- afirmó- la están usando para transportar la mercancía (cocaína) hacia los puntos donde ellos las distribuyen después que llega allí, [al Amazonas].

Sostuvo que en oportunidades conversó con comandantes de la guerrilla, la mayoría de la mercancía llegaba a Puerto Ordaz, y luego la transportaban al aeropuerto Internacional Simón Bolívar de  Maiquetía [La Guaira, estado Vargas] en aviones del gobierno. De allí lo embarcaban en una aerolínea cubana y desde Cuba, los altos funcionarios del gobierno la sacan a los distribuidores (porque recuerda que estamos hablando de un cártel internacional de distribución de drogas, de cocaína, de una red internacional del crimen organizado. En esa organización están involucrados gente de Bolivia que son los que cultivan la coca, gente de Colombia que son quienes la procesan. Aquí en Venezuela también la procesan, y es el país actualmente con la mayor distribución porque desde donde sale la gran parte de esa mercancía es desde aquí [Venezuela]. ¿por qué?pues prácticamente utilizan los organismos del gobierno para sacarla por los aeropuertos principales y llevarla hasta Cuba, luego la trasladan a México que es desde donde -posteriormente- se encargan de pasarla a Estados Unidos con la ayuda del Cártel de Juarez y el Cártel de Sinaloa.

¿Viste alguna actividad irregular directamente? 

Directamente no, pero si tuve oportunidad de ver a oficiales de la Guardia Nacional supervisaban la llegada y embarcaban la droga en  la pista que se encuentra en la posada Manaca y los enviaban al destino acordado.

Cuando le pregunté a ciertos comandantes de la guerrilla lo que estaba ocurriendo "ellos me respondieron naturalmente porque ellos se consideran así mismo como una fuerza armada y tienen sus jerarquías como el ejército o los órganos legalmente constituidos".

A mi me tocaba hablar tanto con los rangos altos como los bajos -acotó- y ellos me informaban todas las irregularidades. El comandante de la Base de allá tiene que saber todo y debe estar al tanto de lo que pasa  y deja de pasar allá.

¿Hay laboratorios de procesamiento de cocaína  que funcionan en Venezuela?

Muchísimos. Es increíble, en el Amazonas hay de todo. Usted va a la Base de Yapacana, y se da una vuelta a los alrededores, (en la selva), y va a conseguir una ciudad construida con tablas de madera forradas con plástico negro, con cabos, unas tremendas construcciones de madera donde hay prostíbulos, venta de teléfonos, centros de comunicaciones con telefonía satelital, internet. Hay de todo lo que te puedas imaginar, venta de ropa, insumos, medicinas, Todo se vende allí.

En esa zona se encuentran los laboratorios de la droga que son controlados por elementos de la guerrilla. Son los guerrilleros los que supervisan y controlan lo que allí pasa, y cuando ven que un venezolano o un colombiano le intentan quitar el negocio, ellos lo eliminan y los sacan de ese territorio. Ellos no permiten que más nadie sino ellos mismos comercialicen su mercancía.