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lunes, 23 de diciembre de 2019

Comisionado para la ONU deja en evidencia la catástrofe ocasionada por el Arco Minero

  Un informe sobre la situación del Arco Minero y la emergencia humanitaria en Venezuela elaborado por el Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas en noviembre 2019, revela el caótico estado y la devastación que las actividades mineras —legales e ilegales— allí  desarrolladas, han ocasionado.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Daños ecológicos, perjuicios a la salud, deterioro del patrimonio natural y cultural, alta criminalidad, son sólo algunas de las consecuencias que han causado las actividades de minería que de manera legal e ilegal se desarrollan en los territorios que comprende el Arco Minero, las cuales se han constituido en un mecanismo de financiamiento del gobierno de Nicolás Maduro.
   Así lo determinó en noviembre de 2019 el Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas en su “Informe sobre la situación del Arco Minero y la emergencia humanitaria compleja en Venezuela” que a continuación presentamos.

    El reporte recuerda que en el año 2011, el expresidente de la república, Hugo Chávez, anunció la creación del Arco Minero del Orinoco, al cual incluyó en el Plan de la Patria para el período presidencial 2013-2019 con el objetivo inicial de nacionalizar la explotación y exportación de metales y no metales, un fin que, se subraya, ha devenido en grandes fallas de regulación.

   Se informa que el Arco Minero del Orinoco es una zona que abarca el 12 por ciento del territorio venezolano con alrededor de 111.846 km2 contentivos de un estimado de 700 toneladas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro y bauxita, además de la presencia de depósitos de materiales radiactivos y no metálicos de alto valor, como el torio y el uranio, lo que ha levantado el interés de ciertos países se han involucrado en su extracción en procura de su propio beneficio[1]. Se destaca en el reporte que la actividad de estos países cuenta con el amparo del régimen de Nicolás Maduro, manteniéndose gran hermetismo con relación a los detalles de la misma.
     Indica el informe que el 24 de febrero de 2016, por disposición de Nicolás Maduro se creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco, con el objetivo de acceder a divisas por medio de la explotación de yacimientos de materia prima distintas al petróleo —principal fuente de ingresos— una decisión adoptada en razón a la dependencia a la fluctuación de sus precios en el mercado internacional[2].  Apunta el mal manejo de la economía venezolana y la corrupción imperante, lo cual ha ocasionado la disminución en la producción nacional y obliga a encontrar nuevos medios de ingresos que permitan mantener las existentes estructuras de poder.

    En tal sentido, el informe del Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas destaca que la explotación del Arco Minero es una alternativa para la consolidación económica y el empoderamiento político de Nicolás Maduro, afectado por el déficit económico y las sanciones internacionales en su contra. Para hacer uso institucional de los recursos, el gobierno se vale del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (MPPDME), entidad que recientemente formalizó la explotación rusa a través de un Fondo Rotatorio Minero por USD 17,8 millones con la excusa de hacer frente a la guerra económica, en marzo de 2019[3].

    Un hecho relevante a que hace referencia el informe es que 91 por ciento del oro venezolano se produce ilegalmente, lo que se erige como el mayor índice de cualquier país de Latinoamérica, encontrándose zonas de explotación de materia prima que cuentan con la presencia de grupos armados y criminales, los cuales cuentan con el amparo de la corrupción del Estado. La actividad va más allá de la explotación de recursos naturales al abarcar el tráfico de estos a través de Colombia y las Islas del Caribe con el apoyo de militares venezolanos. Esto causa inestabilidad regional y afianza la mafia estatal que enriquece a grupos irregulares e incrementa la migración por causa de la violencia[4]. 

   El reporte advierte de la ausencia de planificación en las actividades de exploración profunda del Arco Minero en materia de medidas de seguridad para el medio ambiente, como tampoco existen evidencias de que se realicen estudios técnicos dirigidos a desarrollar una adecuada explotación. Como consecuencia de esto es una zona con problemas de contaminación, desforestación, degradación ambiental del bioma de Amazonas, explotación de comunidades indígenas y epidemias de salud.

Sobre la explotación minera

    Seguidamente el reporte hace referencia a la explotación minera y dentro de esta exposición hace mención, en primer término, al hecho de que Venezuela cuente con las mayores reservas naturales en oro, diamantes y níquel, así como de otros minerales de interés. Entre estos últimos, tenemos que Venezuela es la quinta reserva mundial de torio[5],  mientras que de coltán y uranio, no existe cuantificación pública formulada por organismos oficiales en razón de la gran explotación ilegal del mismo, la cual se hace al amparo del régimen. 

   Al coltán se le conoce como “oro azul” y su uso es fundamental en la industria electrónica. Se encuentra colocalizado con el uranio[6]. En el arco Minero, se encuentra concentrado mayormente en las zonas 1 y 4. La explotación de este mineral es rentable y el control de sus reservas es estratégico para los países que lo poseen, otorgándoles gran poder geopolítico a nivel mundial. Se apunta que el coltán venezolano tiene alta concentración de tantalita, lo que lo convierte en extremadamente valioso, alrededor de USD 400.000 la tonelada. En 2009, el entonces presidente Hugo Chávez anunció la existencia de alrededor de USD 100.000 millones en reservas de coltán, pero nunca se publicaron cifras oficiales de las reservas naturales. Ha habido denuncias de contrabando de coltán de alrededor de 5 toneladas de este mineral venezolano decomisadas en Italia.

    Se explica en el informe del Comisionado para Naciones Unidas que el Torio es una sustancia radioactiva que se utiliza para la generación de energía, encontrándose colocalizado con el uranio, pero es más más seguro y limpio que esté al no producir desechos radioactivos como el plutonio, ni causa accidentes radioactivos. Se cree que las reservas venezolanas de torio podrían proporcionar energía a reactores durante unos 300 años, tal como lo indican estudios de la Sociedad Nuclear de Venezuela (SNV).  Para China, el torio es necesario para terminar de construir sus plantas de energía de última generación. La mayor concentración de Torio está ubicada en Amazonas, zona declarada como Área Bajo Régimen Ambiental Especial.

   Luego, el reporte se refiere a la infraestructura y se remite al Plan Minero 2019-2025, anunciado por Nicolás Maduro con una proyección de ingresos de USD 37.000 millones o 33.000 millones de euros[7]. Se advierte que Venezuela no cuenta con la infraestructura que le permitan dar un manejo adecuado a los compuestos radioactivos y sus ingresos provienen de su venta a terceros que cuenten con la capacidad nuclear para manipularlos. Alertan que la minería ilegal se extiende por el Arco Minero del Orinoco a través de los estados Amazonas, Zulia, Cojedes, Carabobo, Mérida, Táchira, Trujillo, Aragua y Barinas.

   Se explica que en cada zona del país y dependiendo del material que se vaya a extraer, se utilizan diversos métodos de extracción cada uno de ellos con sus propios requerimientos en maquinarias específicas y generando una huella geográfica única. La extracción legal cuenta con mayores equipamientos y el impacto de sus actividades en el largo plazo y dar respuesta está más controlado. El asunto es que siendo las operaciones ilegales las que más se producen, carecen de la infraestructura adecuada para la actividad.

   El reporte agrega en este sentido, que cuando Venezuela oficializó las operaciones en el Arco Minero no se abrieron licitaciones públicas, sino que se procedió a la adjudicación de los contratos de manera arbitraria, no contando muchas de las empresas beneficiadas con los registros necesarios para trabajar con el Estado y sin que tampoco la minería sea una de sus especialidades

   A manera de información, se indica que la minería aluvial requiere equipos en el agua, mientras que la excavación genera residuos de tierra en la locación del túnel y la minería a cielo abierto requiere de deforestación, por lo que puede ser detectada con el uso de satélites. Precisa que la molienda es más difícil de detectar en razón de que su equipamiento frecuentemente se oculta.

   En cuanto a producción, el informe del Comisionado de la ONU asegura que con el objetivo de legitimar la producción de oro, Nicolás Maduro instaló 54 nuevas plantas en el Arco Minero a finales del año 2018, para lo cual contó con financiamiento público y privado.

   Dichas plantas se encuentran ubicadas en todo el territorio con el objeto de a aumentar la productividad, pero sus locaciones legales son desconocidas, teniéndose conocimiento solamente de la primera inaugurada en noviembre de 2018 con capacidad inicial de 45 kilos mensuales de oro, con expectativa de crecimiento de hasta 90 kilos para el mes de junio. El ingreso promedio de la planta se estima en USD 11.2 millones.
  La primera planta de concentración de coltán fue instalada en octubre de 2018, constituyéndose en la que tiene la mayor producción de Latinoamérica con 160 toneladas y una inversión de USD 3.5 millones, aunque se sospecha que esta no es su verdadera capacidad de producción ni la verdadera relación entre inversión y ganancias.

   En marzo de 2019, el gobierno de Nicolás Maduro anunció la alianza de 154 grupos de minería artesanal con Palestina y en abril de 2019, Rusia reveló su inversión en la producción de Níquel en el Estado Aragua.

   Por otra parte, el informe da a conocer que en Venezuela hay unos 250.000 mineros de pequeña escala —tanto nacionales como provenientes de Brasil y Colombia— quienes laboran de manera legal  e ilegal. 

   El comisionado de la ONU alerta que muchas de las minas están controladas, bien por grupos armados irregulares o por la misma Fuerza Armada Nacional.

  Indica que siendo la población indígena venezolana de unas 724.592 personas, lo que representa un 2.8 por ciento de la población. Estos residen en las zonas donde se practica la minería, estando muchos de ellos involucrados en la actividad.

Minas de oro para los gobernadores

   El 15 de octubre de 2019 —continúa el informe del comisionado para la ONU— Nicolás Maduro anunció la asignación de una mina de oro a cada gobernador de estado para su manejo y como mecanismo para generar recursos financieros. “Voy a proceder a entregar una mina de oro en pleno proceso productivo, en plena capacidad productiva, a cada gobernación”, dijo el mandatario.

   Según Maduro, los gobernadores dispondrían “de inmediato” de los recursos provenientes de los yacimientos que invertirían en las “tantas necesidades” de sus estados y, de este modo, poder sortear el “bloqueo” económico dispuesto por Estados Unidos. Eso sí, advirtió que únicamente los gobernadores del oficialismo recibirían la asignación, pues en el caso de los opositores el yacimiento se le entregaría a una “corporación de protección social”, designada por su gobierno.

   De acuerdo a lo expuesto por Maduro, la iniciativa forma parte del “proceso de reorganización del Plan Minero Tricolor” y de la reorganización de “la inversión extranjera internacional que ha llegado y está llegando para producir oro, para producir coltán, para producir diamantes, etcétera, en el Arco Minero del Orinoco”[8].

  Tal asignación contradeciría lo establecido en la Constitución, la cual estipula que “el régimen y administración de las minas e hidrocarburos, el régimen de las tierras baldías, y la conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas naturales del país”, es de competencia del Poder Público Nacional[9].    

  Actores externos y operadores internacionales comerciales del Arco Minero

  El capítulo siguiente del informe del Comisionado de la Organización de Naciones Unidas está referido a los actores externos que intervienen en el Arco Minero, así como también a los operadores internacionales.

  Destaca el reporte la existencia de permisibilidad y la flexibilidad legal en Venezuela en materia de explotación de minerales, hecho este que se ha convertido en un atractivo para quienes aspiran involucrarse, legal o ilegalmente, en la minería.
   En razón de esto el comisionado alerta que en la medida en la que Venezuela mantenga los niveles de inestabilidad que ahora exhibe, otros países tendrán mayor capacidad de influir en el país. Indica que las sanciones económicas han derivado en que Venezuela haya aumentado su intercambio comercial con Rusia, China, Vietnam e India. Igualmente agrega que en el corto plazo se estima que aumente la minería como un mecanismo que compense la falta de ingresos lícitos por parte del régimen de Nicolás Maduro.

   El incremento se prevé, tanto por la necesidad de obtener ingresos, como por el aumento en la demanda por parte de otros países.

   De hecho, en 2017, 4 de las 10 mayores exportaciones venezolanas fueron bienes minerales, tales como el acero, oro, aluminio y cobre.

Grupos ilícitos irregulares presentes en el Arco Minero

    En la zona del Arco Minero operan un conjunto de grupos ilícitos irregulares bajo el amparo del estado venezolano, sentencia el informe del Comisionado de la ONU.

      El informe recuerda que desde el año 2000 cuando Hugo Chávez reestructuró el sector minero, grupos delincuentes comenzaron a proporcionar seguridad privada a quienes se dedicaban a la actividad. A estos grupos se les conoce como sindicatos, colectivos, pranes, bases, megabandas, entre otros, los cuales funcionan como intermediarios entre los mineros locales y las fuerzas armadas venezolanas.

   El precio de la protección equivale a 30 por ciento de los ingresos, siendo absolutamente obligatorio para los mineros hacer esta erogación. Las bandas criminales dividen l pago con los oficiales militares de la zona.
    Diversas masacres perpetradas por estas bandas se reportan, entre ellas la ocurrida en marzo de 2016, conocida como “La masacre de Tumeremo”, en el estado Bolívar, donde alrededor de 28 mineros fueron asesinados en un ataque vinculado a las fuerzas gubernamentales. La fiscal general para la fecha, Luisa Ortega Díaz, informó el hallazgo de 17 cadáveres dentro de una fosa común. El hecho se atribuyó a la banda de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias El Topo. Asimismo, en septiembre de 2017, en una sola semana, 30 mineros murieron en enfrentamientos con tropas estatales cerca del municipio de Tumeremo.

    También en octubre de 2018 se reportó una masacre en la mina Los Candados, ubicada también en Tumeremo, en la que perdieron la vida 16 personas y 6 resultaron heridas. El informe del comisionado de la ONU indica que el ataque fue perpetrado la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo irregular que se beneficia de la minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco, según ha afirmado el diputado Américo De Grazia. Los sobrevivientes recibieron atención médica en el hospital José Gregorio Hernández de Tumeremo[10].

   Entre agosto y septiembre de 2019, fueron reportadas más hechos irregulares en Tumeremo cuando ciudadanos locales aseguraron que se habían producido más de 400 desapariciones y, en algunos casos, ejecuciones[11].

   Desde el Observatorio Venezolano de la Violencia, se denunció que en 2018, El Callao, localidad cercana a Tumeremo, se erigió como el sitio más violento de Venezuela, al haberse producido 619,8  homicidios por cada 100.000 habitantes[12].

   El documento del Comisionado para la ONU refiere que en la zona en cuestión las mafias sindicales cumplen un rol político de control sobre la lucha de los trabajadores por sus estructuras gremiales y sus reivindicaciones, pero dados los múltiples homicidios y denuncias de corrupción en las empresas, las bandas comenzaron migraron progresivamente a las zonas mineras del sur donde pueden actuar con mayor impunidad por estar alejadas de las principales ciudades, a saber, Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar.

La guerrilla colombiana

  En este aparte, el informe hace referencia a la presencia de guerrilleros del ELN y disidentes de las FARC en las zonas mineras, donde núcleos insurgentes de estos movimientos irregulares colombianos han reclutado alrededor de 15 mil venezolanos a quienes pagan diariamente aproximadamente USD 15, a cambio de que lleven a cabo acciones ilegales en la frontera con Colombia. De este modo, estos grupos se han convertido en los mayores empleadores de la región con una oferta de salarios competitiva y atractiva en comparación con la posibilidad de obtener ingresos a través de mecanismos legales.

  En ellos reposa la responsabilidad de vender los materiales minerales a locales y revendedores, lo que promueve el contrabando hacia Colombia a mayores precios. Igualmente, se estimula el transporte no solamente de la mercancía propia, sino también de otras drogas ilícitas, a lo largo del mar Caribe.

Grupos y mafias delincuentes de Colombia

   Cita el informe que los grupos y mafias delincuentes de Colombia son entes armados surgidos a raíz de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUD), entre los cuales se encuentran los Rastrojos, Puntilleros, Bloque Libertadores de Vichada, Clan del Golfo, entre otros. Ahora son de pequeño o mediano tamaño —menos de 150 integrantes— que se enfocan en la producción de cocaína y su tráfico, aunque también se ocupan de la minería ilegal en la zona del Arco Minero del Orinoco.
Garimpeiros brasileños

   Desde 1980 operan en las zonas mineras venezolanas los mineros ilegales brasileños, habiéndose incrementado su presencia a partir de 2005.

  Por lo general —narra el informe— se establecen en campamentos temporales en el territorio amazónico y someten a la esclavitud al pueblo indígena Yanomami, contra quienes cometen actos en violación de sus derechos fundamentales.

   Los garimpeiros suelen provenir de regiones de bajos recursos y con oportunidades económicas limitadas, por lo que estiman que la explotación ilegal de minerales genera un ingreso conveniente, máxime, al contar con el aval desde estado venezolano.

Métodos de transporte y comercialización ilegal

 La institucionalización minera en Venezuela se ha visto obstaculizada por el alto porcentaje de minería ilegal y la corrupción que la caracteriza, llevando a que gran parte de los ingresos ilícitos terminen en manos de los efectivos del Estado.

   Solamente una parte del oro es procesado y la gran mayoría se comercializa como materia prima por grupos irregulares que se valen de las fronteras venezolanas como principal canal de tráfico de los minerales. 

  Entretanto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sostiene operaciones contra la minería ilegal, encabezada por la Región de Defensa Integral, pero estas acciones lucen ineficientes debido al conflicto de intereses entre las relaciones de poder y la falta de planificación estratégica para el fundamento de soluciones sostenibles a largo plazo. También influye en ello el hecho de que gran parte de las operaciones ilícitas están amparadas y asociadas a grupos militares.

El ecocidio de la amazonia venezolana

  El reporte del Comisionado para la organización de las Naciones Unidas se remite entonces a las implicaciones ecológicas que las desplegadas en la zona del Arco Minero y a la emergencia humanitaria que tales actividades han desencadenado.

   En materia de ambiente, el informe dice que el territorio del Arco Minero coinciden cinco parques nacionales, así como grupos indígenas, por lo que las malas prácticas mineras tienen consecuencias directas, tanto en él (el ambiente) como en el ecosistema y la preservación cultural de la región.

   Refiere que cuando Nicolás Maduro estableció en 2016 el Arco Minero, puso a disposición del mismo un territorio que abarca alrededor de 112.000 kilómetros cuadrados y pese a que leyes de preservación ambiental internacionales prohíben la minería en Amazonas, más de 10 mil mineros practican la actividad ilegalmente en la zona.

   Dependiendo de cada tipo de minería desarrollada, hay diversas repercusiones negativas para el entorno, como la contaminación química de la minería informal, la cual se constituye en la más peligrosa, puesto que tiene lugar sin previsión alguna ha traído como consecuencia la deforestación de 80 mil hectáreas, pérdida de la biodiversidad, contaminación del suelo y del agua. Se estima que los daños ocasionados requieren de una recuperación que puede tomar 30 años si se detiene la minería ilegal este año.

    Reza el informe que el mercurio es utilizado para la extracción de los minerales presentes en la zona y describe que, inicialmente, un motor abre paso en el agua para poder llegar al fondo del río donde se hace un hoyo para encontrar el oro y luego se aplica mercurio con el fin de extraerlo. El mercurio queda en el hoyo luego de la extracción y una vez que se quita el motor, el agua también se contamina. Se trata de una práctica prohibida en razón de que el mercurio es altamente contaminante, imposibilitando el consumo del agua de río y contaminando sus peces. Cita un estudio de la Universidad de Oriente que estableció que las comunidades Yekuana y Sanema exhiben en su organismo 40 veces más mercurio del estándar fijado por la OMS.

   También se remite a estudios que han establecido que en comunidades mineras en Las Claritas, Santo Domingo, El Manteco, El Callao, y Bajo Carón, solo 13 por ciento de las mujeres examinadas y el 32 por ciento de los niños examinados, presentaban niveles de mercurio por debajo del límite saludable.

    Otra investigación citada es la que llevó a cabo un grupo de científicos del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, la cual informó que la contaminación de estos ríos no solamente afecta al país, puesto que “todos los sedimentos y químicos producidos por la minería, desembocarían en el Océano Atlántico y el Mar Caribe a través del Delta del Orinoco y ocasionará importantes implicaciones en otros ecosistemas marino costero y oceánico […], alcanzando la región del Caribe Sur”.

    Ese estudio igualmente encontró que el Arco Minero puede influir en la intensidad de desastres ambientales. “Las evidencias demuestran que la intensidad y duración de la mayoría de los huracanes más destructivos de la historia en la región, han sido influenciados por la interacción atmósfera-océano con la descarga de los ríos Orinoco y Amazonas justo antes de llegar al Caribe. Esto implica que al generar aguas aún más cálidas debido al incremento de la descargas del río Orinoco producto de la mega minería, se generarán período de huracanes más vigorosos a los observados en los últimos meses”[13].

  Américo De Grazia, representante del estado Bolívar en la Asamblea nacional declaró que “por primera vez en su vida al Guri tienen que dragarlo por el alto contenido de sedimento por la explotación minera del oro y de los diamantes en la sede del lago, lo cual afecta las turbinas de la hidroeléctrica del Caroní”.

   El comisionado para la ONU destaca que el Arco Minero abarca el Parque Nacional Canaima, el cual es Patrimonio de la Humanidad y posee 30.000 kilómetros cuadrados con bosques y mesetas de cima plana que albergan jaguares, nutrias gigantes y osos hormigueros gigantes. También incluye a la Reserva Forestal Imataca (30.000 kilómetros cuadrados), las reservas de La Paragua y El Caura (50.000 kilómetros cuadrados), el Monumento Natural Cerro Guanay y la cuenca del río Caroní (96.000 kilómetros cuadrados).

Pueblos indígenas

   El informe resalta que la minería está prohibida en territorios indígenas, pudiendo llegar a realizarse solamente si es autorizada por los líderes tribales. Se agrega que muchas áreas de protección ambiental comprendidas en el territorio del Arco Minero son patrimonio cultural y religioso de las tribus, por lo que la actividad minera altera la vocación natural de las tierras.

   Se advierte que los nativos carecen de la capacidad de enfrentarse y poner oposición a la minería que amenaza con destruir su tierra, dado que los grupos ilícitos que las ocupan cuentan con el respaldo de grupos armados y/o efectivos militares. Unos 20 grupos étnicos se ven afectados, especialmente los Yanomami, cuya salud se ve afectada por el daño ambiental, así como su estilo de vida, a la par de que constantemente son víctimas de la violencia.

   El informe del Comisionado para la ONU se hace eco de los reportes emitidos a propósito de os eventos ocurridos el 23 de febrero de 2019, cuando la Asamblea Nacional intentó ingresar ayuda humanitaria por las fronteras terrestres de Venezuela, entre ellas, la de Brasil, ocasión en que el pueblo Pemón —originario de la zona minera— fue reprimido por 6 fuerzas militares y paramilitares que buscaban bloquear el ingreso de la ayuda humanitaria. Cinco personas de esta etnia resultaron muertas y se militarizó la zona para resguardar el negocio de la minería ilícita.

  El control de la zona por parte de los irregulares quedó en evidencia en el hecho de que las fuerzas militares se retiraron en el momento en el que los grupos armados comenzaron a actuar. Quedó demostrado que la zona es controlada por bandas armadas de minería que trabajan en conjunto con las Fuerzas Armadas y grupos terroristas como el ELN.

Los riesgos sanitarios

   Finalmente, el informe del Comisionado para la Organización de Naciones Unidas hace mención a los riesgos sanitarios que las actividades desarrolladas en el arco Minero ocasionan.

  Cita en primer término las que estima más graves, a saber el envenenamiento a causa del mercurio y las enfermedades como la malaria que, luego de haber sido erradicada internacionalmente, se ha convertido en una epidemia sin precedentes en Venezuela, asociada ésta a la degradación ambiental producida por la minería. “La malaria es una enfermedad infecciosa causada por un parásito que ocasiona severas fiebres, dolores musculares y de cabeza, y potencialmente, la muerte. Los bosques deforestados y los fosos de agua estancada son ideales para la epidemia ya que el sol calienta rápidamente el agua y como no hay sombra de los árboles se acelera el desarrollo de las larvas”[14].

   Más un millón de personas estarían afectadas por la malaria, dice el informe al tiempo que alerta que 16 millones se encuentran en riesgo de contraerla. Esto causa alarma no solo a escala nacional, sino regional en razón del éxodo de venezolanos a causa de la violencia y las precarias condiciones de dichas zonas fronterizas.

  En 2016 se reportó la transmisión de la enfermedad en 209 parroquias, distribuidas en 89 municipios pertenecientes a 17 estados del país. Destaca el caso del municipio Sifontes, donde se desarrolla la mayor parte de la actividad minera, donde se produce el 43 por ciento de todos los casos del país. Este municipio del estado Bolívar contempla el 74 por ciento de todos los casos, mientras que el estado Amazonas reporta el 10 por ciento, el estado Sucre el 9 por ciento, el estado Delta Amacuro el 4 por ciento y el estado Monagas el 2 por ciento. Estos cinco estados aportan el 89% de la malaria en Venezuela[15].  

  El reporte del comisionado se remite a lo informado por la Organización Mundial de la Salud que afirma que en 2017 se superaron los 400.000 casos de enfermos palúdicos, lo que significa el 53 por ciento del total reportado en la totalidad del continente americano[16]. 

  Otra enfermedad que se ha propagado es el sarampión, desde las zonas de minería hasta la capital y países fronterizos como Brasil, Colombia y Ecuador. Se advierte que los programas de vacunación y prevención sanitaria funcionan parcialmente o han sido suspendidos, convirtiéndose la desnutrición de la población en el foco de la reactivación de enfermedades mortales para las que no se cuenta con medicación ni atención médica adecuada.

  “Los exámenes de salud de las zonas mineras muestran que el 90% de los trabajadores de las minas se encuentran peligrosamente expuestos al mercurio, dada su constante inhalación. También se ven afectados el 87 por ciento de las mujeres y el 68 por ciento de los niños, así no trabajen en las minas, solo por estar expuestos a la contaminación en el ambiente”, establece el reporte.

   Por último, el Comisionado para la ONU refiere “la mortalidad infantil en los pueblos indígenas llega a ser 10 o 20 veces mayor al promedio nacional, al estar relacionada a cuadros de desnutrición severa, suspensión de programas de vacunación, carencia de insumos, contaminación del entorno, entre otros. Muchos indígenas recurren a la migración por las fronteras en estado de mendicidad”.

CITAS

[1] MiamiDiario. “El extraño mineral apetecido por China que tiene Venezuela”. 12 de diciembre de 2018.https://miamidiario.com/el-extrano-mineral-apetecido-por-china-que-tiene-venezuela/

[2] Mongabay Latam. Ebus, Bram. “Venezuela: militarización y minería son una mezcla peligrosa en la Amazonía”. 12 de enero de 2018. https://es.mongabay.com/2018/01/venezuela-militarizacion-mineria/

[3] Gobierno Bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular del Desarrollo Minero Ecológico. Díaz, Martha. “Presidente Maduro creó fondo especial rotatorio para apoyar la producción minera”. 16 de mayo de 2019.  http://www.desarrollominero.gob.ve/presidente-maduro-creo-fondo-especial-rotatorio-para-apoyar-la-produccion-minera/

[4] The Global Initiative Against Transnational Organized Crime. “Organized Crime and Illegally Mined Gold in Latin America”. 30 de marzo de 2016.  https://globalinitiative.net/organized-crime-and-illegally-mined-gold-in-latin-america/

[5] RT. Actualidad RT, Reuters. Cerny, David W. “Este país latinoamericano podría albergar la quinta mayor  reserva de torio del mundo”. 27 de junio de 2017. https://actualidad.rt.com/actualidad/242620-venezuela-podria-quinto-lugar-mundial-reservas-torio

[6] KonZapata. Avellaneda, Juan Antonio. “El coltán de Venezuela es un factor de la lucha geopolítica de las potencias”. 15 de abril de 2019. https://konzapata.com/noticia/71550/kolumnistas/el-coltan-de-venezuela-es-un-factor-de-la-lucha-geopolitica-de-las-potencias.html

[7] Gobierno bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico.   Depablos,Karina. Plan Nacional  Minero  2019-2025 jalona recuperación productiva del país. 10 de junio de 2019. http://www.desarrollominero.gob.ve/plan-nacional-minero-2019-2025-jalona-recuperacion-productiva-del-pais/

[8] Efecto Cocuyo. “Maduro asignará una mina de oro a cada  gobernación chavista”. 15 de octubre de 2019. https://efectococuyo.com/politica/maduro-asignara-una-mina-de-oro-a-cada-gobernacion-chavista/

[9] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 156, numeral 16.

[10] El Nacional. “Masacre en minas de Tumeremo dejó aproximadamente 16 muertos y 6 heridos”. 16 de octubre de 2018. https://www.elnacional.com/venezuela/sucesos/masacre-minas-tumeremo-dejo-aproximadamente-muertos-heridos_255935/

[11] Correo del Caroní. Siverio, Jhoalys. “Protestan contra cierre  de minas en Tumeremo por orden del comandante del Ejército acusado de desapariciones”. 15 de septiembre de 2019. https://www.correodelcaroni.com/index.php/ciudad/region/3003-protestan-contra-cierre-de-minas-en-tumeremo-por-orden-del-comandante-del-ejercito-acusado-de-desapariciones

[12] Miami Herald. Montiel,  A & Benezra,  J.  “Gold mining may be all that’s keeping Venezuela in business. Organized crime runs it”. 23  de  julio de  2019. https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/venezuela/article232672327.html

[13] Universidad Monte Ávila. Hernández, G. “Arco Minero: El pulmón del país tiene cáncer por la minería”. 20 de mayo de 2019. http://uma.edu.ve/periodico/2019/05/20/arco-minero-ecocidio/

[14] El Espectador. Ebus, Bram. “La malaria invade las minas de Venezuela”. 17 de enero de 2018. https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-malaria-invade-las-minas-de-venezuela-articulo-733871

[15] Cendes. UCV. Observatorio Venezolano de la Salud. “Pronunciamiento ante la grave epidemia de Malaria  en Venezuela. Carta Abierta al Ciudadano Luis López, Ministro del Poder Popular para  la Salud de la República Bolivariana  de Venezuela”. https://www.ovsalud.org/publicaciones/salud/epidemia-malaria-venezuela/

[16] El País. “Venezuela sufre el mayor aumento de casos de malaria del mundo”. 16 de abril de 2019.  https://elpais.com/elpais/2019/04/16/planeta_futuro/1555402255_653709.html

domingo, 3 de marzo de 2019

PARTE III: En el Amazonas hay laboratorios que procesan cocaína que luego es enviada en aviones del gobierno a Cuba

En la tercera parte de la conversación que sostuvimos con el Teniente desertor del ejército venezolano, Daniel Archer Chirinos, el militar asegura que fue testigo de una discusión entre miembros de la guerrilla, el ELN y oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas en el territorio amazónico venezolano.

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

Daniel Archer Chirinos, un teniente que desertó del Ejército venezolano y que logró conocer los secretos que se esconden en ese vasta zona geográfica donde conviven desde el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los cárteles de la droga, garimpeiros y otros elementos del crimen organizado internacional. El oficial sostuvo que en Amazonas hay laboratorios que procesan cocaína procedente de Bolivia y Colombia, y luego esa droga de traslada en aviones del gobierno venezolano a Maiquetía, para luego ser enviada a Cuba desde donde se transportaba a México para que los cortes de Juárez y el de Sinaloa lo meten a los Estados Unidos por la frontera.
Archer Chirinos sostiene que el general de Brigada, Tito José Urdaneta Zenil; el Comandante del N- 521 Batallón de Infantería de Selva, Joey  Roy Niño Castro y el Mayor José Daniel Caraballo Mudarra, el Comandante de la ZODI, el Mayor Manuel Alfonzo Graterol; el comandante de la Guardia del muelle y los agentes de la Guardia Nacional y el resto de las autoridades militares que estaban en el estado Amazonas sostienen relaciones directas con los grupos guerrilleros y del narcotráfico que operan en el el Amazonas.

Comentó que cuando estuvo en la Base Territorial de Seguridad de Yapacana lo enviaron con 4 sargentos y 20 tropas alistadas a la zona. "Yo por supuesto tenía conocimiento que allá operaban elementos de guerrilla pero no fue sino hasta que llegué a la base que choqué con un muro de contención de lo que realmente existía".

Continúo señalando lo siguiente: "El sargento que estaba conmigo (el más antiguo), me mostró unas notas de voz que eran del segundo comandante que es el Mayor Caraballo Mudarra, dándole una serie de órdenes, es decir, utilizando al sargento como intermediario para recaudarle cuotas, negociar con los comandantes de guerrilla".

Explicó que en la zona de Yapacana existen unos radios a través de los cuales se comunican.los mineros y los guerrilleros. "El sargento me entregó el radio y me dijo: Mi teniente, si usted no asume el mando lo asumo yo. Obviamente como yo era el oficial, tuve que asumir el mando y tratar de controlar la situación lo más que pude".

Dijo que en oportunidades le tocó sentarse  a negociar con los guerrilleros, y vio como esos agentes explotan a los ciudadanos venezolanos y colombianos. Ellos extraen minerales con maquinarias que pasaban todas las alcabalas que están en el río sin ningún problema o supervisión.

En una segunda oportunidad, Archer Chirinos asegura que vio campamentos de garimpeiros brasileños en Amazonas. "El general tenía conocimiento de esto y no hacía nada. Pide observar las comunidades indígenas que estaban prácticamente muriendo de hambre, a pesar que el ministro de los indígenas dice que les provee de comidas. 

Dijo que había visto niños que las niguas (insectos) les estaban comiendo sus partes íntimas por falta de medicamentos. El 50 por ciento de los  niños de la tribu Yanomamis que nacen mueren por malaria,  paludismo. Viven en condiciones críticas, y pareciera que el gobierno nunca hubiese pasado por allí.
La tercera vez que se adentró al lugar fue cuando desertó, y decidió ir nuevamente a recabar pruebas. Fue cuando observó la presencia del narcotráfico. 

¿Opera el narcotráfico en esa parte de la frontera?

En la frontera -que es muy amplia- hay zonas donde los colombianos pasan toda la cocaína que les de la gana, ellos la transportan en avionetas más adelante de la Base de Seguridad Territorial de Santa Bárbara del Orinoco, donde se encuentra una posada turística que antes utilizaban mucho los norteamericanos, turistas que venían de todas partes del mundo a conocer nuestro Amazonas, la posada de Manacas. Allí hay una pista donde pueden aterrizar aeronaves pequeñas. Esa pista- afirmó- la están usando para transportar la mercancía (cocaína) hacia los puntos donde ellos las distribuyen después que llega allí, [al Amazonas].

Sostuvo que en oportunidades conversó con comandantes de la guerrilla, la mayoría de la mercancía llegaba a Puerto Ordaz, y luego la transportaban al aeropuerto Internacional Simón Bolívar de  Maiquetía [La Guaira, estado Vargas] en aviones del gobierno. De allí lo embarcaban en una aerolínea cubana y desde Cuba, los altos funcionarios del gobierno la sacan a los distribuidores (porque recuerda que estamos hablando de un cártel internacional de distribución de drogas, de cocaína, de una red internacional del crimen organizado. En esa organización están involucrados gente de Bolivia que son los que cultivan la coca, gente de Colombia que son quienes la procesan. Aquí en Venezuela también la procesan, y es el país actualmente con la mayor distribución porque desde donde sale la gran parte de esa mercancía es desde aquí [Venezuela]. ¿por qué?pues prácticamente utilizan los organismos del gobierno para sacarla por los aeropuertos principales y llevarla hasta Cuba, luego la trasladan a México que es desde donde -posteriormente- se encargan de pasarla a Estados Unidos con la ayuda del Cártel de Juarez y el Cártel de Sinaloa.

¿Viste alguna actividad irregular directamente? 

Directamente no, pero si tuve oportunidad de ver a oficiales de la Guardia Nacional supervisaban la llegada y embarcaban la droga en  la pista que se encuentra en la posada Manaca y los enviaban al destino acordado.

Cuando le pregunté a ciertos comandantes de la guerrilla lo que estaba ocurriendo "ellos me respondieron naturalmente porque ellos se consideran así mismo como una fuerza armada y tienen sus jerarquías como el ejército o los órganos legalmente constituidos".

A mi me tocaba hablar tanto con los rangos altos como los bajos -acotó- y ellos me informaban todas las irregularidades. El comandante de la Base de allá tiene que saber todo y debe estar al tanto de lo que pasa  y deja de pasar allá.

¿Hay laboratorios de procesamiento de cocaína  que funcionan en Venezuela?

Muchísimos. Es increíble, en el Amazonas hay de todo. Usted va a la Base de Yapacana, y se da una vuelta a los alrededores, (en la selva), y va a conseguir una ciudad construida con tablas de madera forradas con plástico negro, con cabos, unas tremendas construcciones de madera donde hay prostíbulos, venta de teléfonos, centros de comunicaciones con telefonía satelital, internet. Hay de todo lo que te puedas imaginar, venta de ropa, insumos, medicinas, Todo se vende allí.

En esa zona se encuentran los laboratorios de la droga que son controlados por elementos de la guerrilla. Son los guerrilleros los que supervisan y controlan lo que allí pasa, y cuando ven que un venezolano o un colombiano le intentan quitar el negocio, ellos lo eliminan y los sacan de ese territorio. Ellos no permiten que más nadie sino ellos mismos comercialicen su mercancía.

miércoles, 27 de febrero de 2019

II PARTE: Teniente desertor de la Fuerzas Armada Bolivariana denuncia: Hezbollah presente en el Arco Minero

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Hay células del grupo terrorista Hezbollah en Venezuela. Están presente en la zona del Arco Minero del Orinoco (AMO) ubicado al sur del río Orinoco, en la parte norte del estado Bolívar. Según el testimonio del Teniente (desertor) Daniel Archer Chirinos los grupos actúan en componenda con miembros de las fuerzas armadas y de guerrilleros colombianos. He aquí la segunda parte de su testimonio.
En una extensa conversación que sostuve con el ex militar, quien huyó de Venezuela y se encuentra escondido en algún lugar de Colombia, este nos contó cómo funcionan las mafias en el Arco Minero. 

Empresas ficticias

En relación al contrabando de los minerales por parte de grupos aliados al gobierno y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o FANB​​​, Archer dijo que creaban empresas ficticias "como el Arco Minero para negociar con células terrorista como Hezbollah". Sostuvo que "le venden coltán y todo tipo de minerales estratégicos".  

El oficial comentó que esas asociaciones tienen emplazamientos en Amazonas, en San Juan de Manapiare, un pueblo ubicado al sur de ese estado y en Atabapo, "donde ellos extraen la cantidad de minerales que les da la gana".

_Yo lo ví. Nadie me contó. Cuando estaba con el comandante de seguridad de la Base Territorial de Yapacana presencié un encontronazo que tuvo la guerrilla con un grupo de venezolanos  que estaban extrayendo coltán. A uno lo desaparecieron y a otro lo expulsaron de ese territorio, acotó el militar quien se declaró a favor de la presidencia interina de Juan Guaidó.


Archer Chirinos sostuvo que hay una asociación entre el Ejército venezolano y los grupos guerrilleros colombianos que normalmente permiten que se ejecuten la actividad minera de forma irregular, especialmente con el oro que es el más comercializado en la zona.

Dice que en el estado Amazonas todo se comercializa en oro incluyendo el pago de sobornos a funcionarios públicos.

Aseguró que supuestamente hay extracción de uranio regularmente para lo cual "han llevado maquinarias en grandes barcos y han hecho instalaciones allá, para extraer los minerales que únicamente los explotan ellos. Ya te podrás imaginar para qué lo utilizan", acotó.

Dijo que la economía de Puerto Ayacucho por ejemplo se mueve en base al oro. "Si cae preso un malandro que mató cinco personas, el fiscal le dice son 300 gramos y te quedas libre".

Comentó que entre los que participan en la mafia hay funcionarios del CICPC, el Seniat [que maneja una alcabala antes de llegar a la población de San Fernando de Atabapo], igual ocurre en el punto de control de la Guardia Nacional en  la zona. Asegura que todos los organismo "comen de allí porque todos son parte de ese sistema".

Gobernador de Amazonas y la mafia del oro

Archer Chirinos afirmó que el gobernador de Amazonas y viepresidente del PSUV,  Miguel L. Rodríguez "utiliza recursos del estado para comprar maquinarias en Colombia y se las lleva al Amazonas para sacar oro". 

Dice que "hay mil y una forma de ejecutar actividades de contrabando y todos los políticos que tienen algún cargo en el gobierno, utilizan su investidura y su uniforme para adquirir bienes para explotar y  ejercer la minería ilegal".

El militar sostuvo que países como China, naciones árabes apoyan y participan en estos negocios. "Los gobiernos que apoyan al régimen China, una células rusas, cubanos" forman parte de ese sistema irregular.

Hezbollah en el Arco Minero

En relación a Hezbollah y grupos del terrorismo islámico que supuestamente actúan en la zona, Archer dice que "ellos son un poco más cerrados, sólo tienen relación con ciertos funcionarios importantes del alto gobierno y en la medida de lo posible ejecutan sus actividades de manera legal pero igual utilizan los recursos de la manera que todos saben los utilizan".

_Nadie me va a decir que esos árabes que extraen uranio con el arco minero no usan ese uranio para hacer plantas de producción  de energía nuclear. O por qué extraen mercurio rojo, coltán, hierro. Ahora están comprando chatarra (porque en Europa ya no hay) para construir armamentos, para ampliar su arsenal, para la construcción de armas".

Continuará en la tercera entrega de la entrevista...