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lunes, 5 de julio de 2021

Cantante mexicano busca suspender un proceso en EE. UU. en el que se le señala como agente de las FARC en juicio que reclama activos de PDVSA

   El juez de la causa garantizó que, durante el juicio, Álvarez tendría la oportunidad plena y justa de ser escuchado y de presentar pruebas que refuten las evidencias presentadas en su contra.

Por Maibort Petit

La moción del cantante mexicano, Julio César Álvarez Montelogo, designado como agente de la
FARC fue rechazada en el tribunal.

    Una enrevesada interpretación procura ante las cortes de los Estados Unidos hacer valer una sentencia previa del 20 de mayo de 2020, dictada por el Tribunal del Distrito Sur de Florida el cual sentenció a favor de Antonio Caballero en la demanda que mantenía contra las FARC y, determinó, que este tenía derecho a obtener su reclamo por daños y perjuicios, de acuerdo a lo que establece la Ley Antiterrorista. Al demandante, se le otorgaron USD 45.000.000 en daños no económicos compensatorios reales y USD 1.729.667 en daños económicos compensatorios reales más intereses posteriores al juicio a una tasa del 0,15 por ciento anual.

   El demandante, desde entonces, busca verse resarcido en el pendiente que se le adeuda de la sentencia, equivalentes a USD 41.734.153,93. En razón de que la empresa Vitol Inc. es, de acuerdo con las sanciones administradas impuestas por OFAC del Departamento del Tesoro, poseedora de ciertos activos bloqueados de Rosneft Trading S.A. por un total de USD 12.661.259,98 y de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por USD 9.444.116,76, Caballero estima que estas dos empresas son agentes o instrumentalidades de las FARC, uno de los deudores del juicio[1].

  El padre del demandante, fue secuestrado en 1999 y murió en manos del grupo terrorista colombiano y Antonio Caballero debió huir de la nación neogranadina. A partir de allí inició una batalla para llevar a la justicia a los culpables.

  Pero igualmente hay otros señalados como agentes de las FARC, según Caballero, uno de ellos el cantante mexicano Julio César Álvarez Montelogo.

  No es la primera vez que Álvarez Montelogo es señalado por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, pues en agosto de 2017, el Departamento del Tesoro refirió tenerlo en la mira por presuntas operaciones ligadas con el tráfico de drogas y lavado de dinero[2].

La decisión

  El 13 de mayo de 2021, el juez Unidos para el Distrito Central de California, John W. Holcomb, negó una moción interpuesta por el músico mexicano, Julio César Álvarez Montelogo, para suspender el proceso judicial que Antonio Caballero mantiene con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Cartel del Norte del Valle de Colombi que cursa en la Corte del que el magistrado es titular.

  Igualmente, ordenó mantener en calendario una videoconferencia de estado, programada para el 14 de mayo de 2021.

   El cantante ha sido señalado por el demandante Caballero de ser y actuar como agencias o instrumentalidades de las FARC, en procura de obtener la satisfacción de una sentencia dictada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida el 20 de mayo de 2020 a su favor y en contra de las FARC y del Cártel del Valle del Norte.

   Mediante moción presentada el 13 de julio de 2020, el demandante inicialmente solicitó una declaración de que el músico mexicano Julio César Álvarez Montelongo y el futbolista mexicano Rafael Márquez son agencias o instrumentalidades de las FARC. Mediante orden del 4 de diciembre de 2020, el juez Billings denegó la moción del demandante de sentencia declarativa al encontrar que, en el mejor de los casos, la evidencia presentada pudo haber vinculado a Montelongo y Márquez con la Organización Flores para el Narcotráfico que tiene una alianza estratégica con los líderes de Sinaloa Cartel, quienes resultaron ser una agencia o instrumentalidad de las FARC. Sin embargo, en su decisión, la jueza Billings declaró específicamente que la denegación se realizó sin perjuicio de una moción futura del demandante que presente más pruebas. El demandante ahora busca renovar y reafirmar su moción anterior de conformidad con CPLR 2221 (d) y (e).

   El tribunal estimó que la moción de Álvarez Montelogo era un asunto que perfectamente apropiado para emitir al respecto una resolución sin que para ello mediara la realización de una audiencia, luego de considerar los papeles presentados en apoyo y en oposición.

  Álvarez formuló el pedido a objeto de esperar a que se emitiera la resolución de una acción relacionada la cual está pendiente en el Distrito Norte de California. Demandante y demandados estuvieron de acuerdo en que los casos pendientes tienen problemas de hecho y de derecho comunes y, por lo tanto, el procedimiento en un solo distrito es el enfoque más eficiente para continuar el litigio.

  Alegó Álvarez Montelogo ante la corte, que el Caso del Distrito Norte se encuentra en la etapa más avanzada y que el procedimiento en ese caso no perjudicará al demandante Antonio Caballero, al tiempo de que advirtió que, a diferencia de este caso, el tribunal del Distrito Norte no ha emitido ningún dictamen, ex parte o de otro tipo, sobre si él es o no una agencia o instrumentalidad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia acusadas (FARC).

  Por su parte, el demandante Antonio Caballero estima que el Distrito Norte de California es un foro más favorable para Julio César Álvarez Montelogo, pues se encuentra en la etapa más avanzada.

  Se advierte que siendo Antonio Caballero quien más ha avanzado en esta jurisdicción con respecto a sus gestiones de cobranza y, por tanto, una suspensión de este caso provocaría una demora indebida que lo perjudicaría a Caballero, mientras que Álvarez Montelogo, habiéndosele concedido la intervención en este caso, tendrá la oportunidad de ser escuchado sobre el fondo y, por tanto, no sufrirá perjuicio alguno.

  Advierte la resolución de la corte que dicho tribunal del distrito tiene facultad discrecional de suspender los procedimientos que en ella cursan, de acuerdo a lo señala la jurisprudencia, atendiendo a las penurias o inequidades que pueda sufrir una parte al ser obligada a seguir adelante.

  Sin embargo, el juez Holcomb consideró que en el caso de la demanda de Antonio Caballero contras las FARC y el Cartel del Valle del Norte, la suspensión no está justificada dadas las circunstancias.

  El magistrado creyó que las dificultades que puede sufrir Álvarez Montelogo al ser requerido para proceder en este foro, es la consideración más relevante aquí pues, si bien la Corte no llega a un dictamen sobre los méritos del argumento de Caballero sobre el "cambio de carga", el tribunal observa que hizo su dictamen anterior y que Álvarez es una agencia e instrumentalidad de las FARC.

  La corte manifestó que Álvarez ha intervenido debidamente en el caso y se le debe otorgar —y se le otorgará— la protección total del debido proceso.

  Se advierte de que antes de que el Tribunal tome una determinación final con respecto a la supuesta condición de Interventor Julio Cesar Álvarez Montelongo como una agencia o instrumentalidad de las FARC a los efectos de TRIA § 201.

   Se garantiza Álvarez Montelogo tendrá una oportunidad plena y justa de ser escuchado y de presentar pruebas que refuten las pruebas de Antonio Caballero.

La decisión del juez de California

  En la misma fecha, 13 de mayo de 2021, los abogados de Zumpano Patricios & Popok PLLC, presentaron de manera electrónica ante el Tribunal de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, un aviso de orden para informar de la existencia de cuatro procesos de cobranza pendientes relacionados con Julio Álvarez Montelongo.

  Se refería en la comunicación que el demandante, Antonio Caballero y Álvarez Montelogo estaban de acuerdo en que solo debía proceder una jurisdicción en este momento.

  En tal sentido, adjuntaron una Orden emitida igualmente el 13 de mayo de 2021 por el juez, John W. Holcomb, del Tribunal para el Distrito Central de California, en la que el magistrado negó la moción del Interventor Julio César Álvarez Montelongo de la acción que se encontraba en curso.

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Víctima de las FARC quiere cobrar indemnización con activos de PDVSA y Rosneft en manos de Vitol”. 12 de febrero de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/02/victima-de-las-farc-quiere-cobrar.html

[2] Expansión. “EU liga a Rafael Márquez y Julión Álvarez con el narcotráfico”. 9 de agosto de 2017. https://expansion.mx/nacional/2017/08/09/eu-liga-a-rafael-marquez-y-julion-alvarez-con-el-narcotrafico?internal_source=PLAYLIST


 

lunes, 21 de junio de 2021

Demandante estima inapropiado desestimar caso contra Samark López Bello en juicio que reclama activos de PDVSA para resarcir a víctima de las FARC

  El supuesto testaferro de Tareck El Aissami procura a través de diversas acciones legales, verse desvinculado del caso.

Por Maibort Petit
 
  El nombre de quien es señalado de ser un supuesto testaferro de Tareck El Aissami, Samark López Bello, figura no solamente en los procesos directamente relacionados con el alto funcionario estatal venezolano y por haber violado las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU., así como otras irregularidades, sino que también aparece como parte en el juicio que Antonio Caballero, víctima de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Cartel del Norte del Valle, quien reclama una sentencia millonaria otorgada en una corte estadunidense.
  El demandante estima que López Bello es una instrumentalizada de las FARC y, por tanto, aplicaría como objeto que le permitirá ver resarcida la deuda.

  Ante tales señalamientos, Samark López, brega en el tribunal a través de sus abogados para deslastrarse de tales acusaciones y lograr que sea desestimada su causa en el referido proceso.
  Antonio Caballero pretende cobrarse con activos de Petróleos de Venezuela S.A. por un monto de USD 9.444.116,76, así como de la empresa rusa Rosneft Trading S.A. por un total de USD 12.661.259,98 los cuales están en poder de Vitol Inc., pero bloqueados a consecuencia de las sanciones impuestas contra esta última por parte de la OFAC.

La posición del demandante

  El 8 de febrero de 2021, los abogados Joseph I. Zumpano, Nicholas Rostow, León N. Patricios, de la firma Zumpano Patricios & Popok que representa los intereses del demandante Antonio Caballero, remitieron una comunicación electrónica al juez Andrew L. Carter Jr., titular del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York que lleva la causa que mantiene contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Cartel del Valle del Norte y en el que López Bello figura como parte interesada.

  Los abogados le manifestaron al magistrado que debido a que el abogado de Caballero no estaba seguro de si la Orden anterior del juez había entrado en la acción —requiriendo que el demandante responda a la solicitud de Samark José López Bello de una conferencia previa a la moción antes de presentar una moción de desestimación— se suspendió de conformidad a la orden de la corte en la Acción Stansell relacionada.

   Refirieron que Antonio Caballero “con mucha precaución”, presenta su respuesta a la solicitud de Bello.

   Aunque expresaron el agradecimiento de Caballero a la oportunidad de llevar a cabo una conferencia de estado ante el juez Carter con respecto a la intención de López, estimaron que dicha moción es inapropiada, dado que no hay alegato en el caso al que pueda dirigirse dicha moción para desestimar.

   En este sentido, apuntan que el propio López Bello lo concede en su carta en razón de que “La acción del tribunal estatal se inició mediante una moción. No se presentó ninguna denuncia en el tribunal estatal”. Agregan que siendo el referido proceso un procedimiento de cobranza posterior al juicio, Antonio Caballero domesticó su Juicio Final de la Ley Antiterrorista (ATA) en el Condado de Erie de conformidad con CPLR 5018 (b) el 4 de noviembre de 2020.

   Los abogados de Caballero informaron al juez Carter que Samark López Bello recibió notificación de los procedimientos de la corte estatal en el momento apropiado, “es decir, después de que el sujeto bloqueó los activos”, “Debido a que los factores pesan a favor del embargo inmediato, el demandante no tenían derecho constitucional a una audiencia antes de la emisión del resumen y tenían derecho a ser notificadas y ser escuchadas antes de la ejecución, aunque no necesariamente antes del embargo.”)

   Bajo este principio legal, los abogados consideran que, en conjunto con el hecho de que se trata de un proceso de cobranza posterior a la sentencia, quedan derrotados los argumentos de López Bello sobre "proceso insuficiente" y "servicio de proceso insuficiente".

   Sin embargo, para el despacho de abogados de Caballero, si la Corte estimaba una moción para desestimar el vehículo apropiado para que Samark López Bello lo utilice en respuesta a estos procesos de cobranza iniciados contra el sujeto de activos, el demandante abordará con más detalle el caso de este, sus argumentos, así como sus demás alegatos relacionados con la “falta de jurisdicción personal” y la “falta de presentación de un reclamo sobre el cual se pueda otorgar reparación”. Esto, una vez que el Tribunal entregue un cronograma de sesiones informativas al respecto.

viernes, 12 de febrero de 2021

Víctima de las FARC quiere cobrar indemnización con activos de PDVSA y Rosneft en manos de Vitol

   Los activos de la petrolera venezolana en el extranjero se han convertido en blanco de acciones legales destinadas a cobrar acreencias.

Por Maibort Petit

  Activos de Petróleos de Venezuela S.A.  por USD 9.444.116,76 y de la empresa rusa Rosneft Trading S.A. por un total de USD 12.661.259,98, en manos de Vitol Inc, pero que permanecen bloqueados en razón de las sanciones impuestas contra esta última por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), están en la mira de una de las víctimas de las FARC, el ELN y Cartel del Norte del Valle de Colombia, para cobrar la indemnización por daños y perjuicios que le concediera un tribunal de la Florida.
  La aspiración del demandante, Antonio Caballero, es hacer valer la Ley de Aclaración Antiterrorista promulgada por el expresidente Donald Trump, la cual permite que las víctimas de grupos terroristas reciban activos incautados por la administración estadounidense sustentados en leyes antidroga, en el Tribunal Distrito Sur de Texas-División de Houston.
   Antonio Caballero se encuentra asilado en los Estados Unidos desde hace varios años, luego de que su padre, Carlos Caballero —líder del Partido Liberal, cinco veces senador y ex-embajador de Colombia en la ONU— fue secuestrado en febrero de 1999 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Cártel del Norte del Valle de Colombia exigiendo USD 6 millones. Pero en lugar de liberarlo después del pago, los secuestradores lo asesinaron de un disparo en la nuca.

  Tras el asesinato de su progenitor, Antonio Caballero debió huir de Colombia y abandonar sus propiedades y negocios, por lo que se ha dedicado a bregar ante diferentes instancias para llevar a los responsables del asesinato ante la justicia, donde ha reclamado por las torturas de que fuera objeto su padre en manos de los rebeldes colombianos.

  En 2014 un tribunal de primera instancia de Florida le otorgó a Antonio Caballero daños y perjuicios de parte de los guerrilleros y narcotraficantes responsables del secuestro de su padre, a quienes había demandado en 2012.

  Para poder cobrar la indemnización, los abogados de Caballero se encuentran rastreando dinero y bienes de los guerrilleros y narcotraficantes que hayan pasado por los Estados Unidos. Es así cómo ha logrado cobrar una parte de la sentencia[1].

  El 20 de mayo de 2020, el Tribunal del Distrito Sur de Florida sentenció a favor de Antonio Caballero en la demanda que mantenía contra las FARC y determinó que tenía derecho a recuperar su reclamo por daños y perjuicios de conformidad con la Ley Antiterrorista contra las FARC y el Cartel del Norte de Valle (NDVC), otorgándole USD 45.000.000 en daños no económicos compensatorios reales y USD 1.729.667 en daños económicos compensatorios reales más intereses posteriores al juicio a una tasa del 0,15 por ciento anual.

  Luego de esto, el 28 de septiembre de 2020, Caballero registró la referida sentencia en el expediente de la Corte del Distrito Judicial 284 del Condado de Montgomery, Texas, en la causa que en dicha instancia judicial mantiene contra las FARC y otros (Caso Nº 20-09-11744).

  Desde entonces, Caballero ha iniciado varios casos complementarios en procura de obtener la indemnización por daños y perjuicios que aún no ha sido satisfecha en su totalidad. El saldo pendiente se estima en USD 41.734.153,93.

  Ahora, por considerar que la empresa Vitol Inc. es, de acuerdo con las sanciones administradas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, posee ciertos activos bloqueados de Rosneft Trading S.A. por un total de USD 12.661.259,98 y de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por USD 9.444.116,76, estas dos empresas son agentes o instrumentalidades de las FARC, uno de los deudores del juicio.

  En tal sentido, Antonio Caballero aspira para embargar los referidos activos bloqueados de Rosneft y PDVSA para satisfacer la Sentencia Definitiva a su favor.

  Caballero alega que Rosneft y PDVSA son agentes de las FARC y sobre esa base obtuvo un auto de embargo contra Vitol como parte en la Acción del Tribunal del Estado para embargar los activos bloqueados de Rosneft y PDVSA para satisfacer la sentencia Definitiva, de acuerdo a la Ley de seguro contra riesgos de terrorismo de 2002 (TRIA). 

  Sostiene el demandante que “en cualquier acción en la que un nacional de los Estados Unidos haya obtenido una sentencia contra una parte terrorista de conformidad con esta sección, el término ‘activo bloqueado’ incluirá cualquier activo de esa parte terrorista (incluidos los activos bloqueados de cualquier agencia o instrumentalidad de esa parte) incautado o congelado por los Estados Unidos en virtud de la sección 805 (b) de la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros (21 USC 1904 (b))”.

  Destaca que, “los activos bloqueados de esa parte terrorista (incluidos los activos bloqueados de cualquier agencia o instrumentalidad de esa parte terrorista) estarán sujetos a ejecución o embargo en ayuda de la ejecución a fin de satisfacer dicha sentencia en la medida de cualquier daño compensatorio por el cual dicha parte terrorista haya sido declarada responsable”.

   Le corresponde ahora al demandante, demostrar ante el tribunal que, efectivamente, PDVSA y Rosneft son agentes o instrumentalidades de un Deudor de Sentencia bajo TRIA.

   En su favor, Caballero sostiene que los activos están bloqueados de conformidad con las sanciones de la OFAC, refiere que Vitol está sujeta a varias prohibiciones con respecto a transacciones o transferencias que involucren activos bloqueados, como se establece en el Reglamento de Sanciones de Venezuela de la OFAC.

  Como lo exige la ley, Vitol fue informada el 22 de diciembre de 2020 de la acción de Antonio Caballero.

  Se estima que la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, División de Houston, es competente para llevar este caso, pues la misma comprende el condado de Montgomery donde Caballero presentó la Acción de la Corte Estatal. En consecuencia, la deportación al Distrito Sur de Texas es adecuada de conformidad con 28 U.S.C. § 1441 (a).

  Vitol se reserva expresamente todas las defensas, mociones y/u objeciones que puedan tener en cuanto al servicio, jurisdicción o cualquier otra defensa u objeción que puedan presentar a esta acción.











[1] CNN en Español. “Hijo de diplomático colombiano asesinado por las guerrillas recibe narcodinero como indemnización”. 28 de febrero de 2017. https://cnnespanol.cnn.com/2017/02/28/hijo-de-diplomatico-colombiano-asesinado-y-torturado-por-las-guerrillas-recibe-un-millon-de-dolares-de-narcodinero/