Conozca el papel protagónico de José Gregorio Vielma Mora en el esquema de lavado de dinero encabezado por Álvaro Pulido Vargas, socio de Álex Saab

   El alto dirigente chavista habría recibido millones de dólares en cuentas bancarias creadas para recibir los fondos corruptos derivados del manejo irregular del programa de alimentación gubernamental.

Por Maibort Petit 

   En el esquema de corrupción del esquema de corrupción encabezado por el socio de Álex Saab, Álvaro Pulido Vargas, juega un papel fundamental el exgobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, alto personero del partido de gobierno y ficha importante del chavismo desde los primeros tiempos de la denominada revolución bolivariana. La acusación que la fiscalía de los Estados Unidos presentó ante la El Tribunal del Distrito Sur de la Florida, describe al detalle la participación de Vielma Mora en la trama corrupta que esquilmó millones de dólares al estado venezolano a través del programa de alimentación CLAP.

La acusación

   El 7 de octubre de 2021, la fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentó ante el tribunal homónimo la acusación que un Gran Jurado formulara contra Álvaro Pulido Vargas, alias“Germán Enrique Rubio Salas”, alias “Cuchi”, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique y Ana Guillermo Luis, señalándolos de la comisión de cinco cargos de lavado de dinero. Todo en violación a lo establecido en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Título 15 y el Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd1, et seq.(FCPA).

    El referido instrumento legal hace referencia a cierta clase de personas y entidades que actúan de manera corrupta en cumplimiento de una oferta, promesa, autorización o pago de dinero o cualquier cosa de valor a un funcionario de un gobierno extranjero con el propósito de influir en este e inducirlo a realizar u omitir ciertos actos, y asegurar una ventaja indebida para ayudar a esas clases de personas a obtener o retener negocios.

   La acusación señala que en los parámetros definidos en la FCPA encajan los imputados Álvaro Pulido Vargas, colombiano quien, junto con co-conspirador 1 controlaba varias compañías que obtuvieron contratos de COBISERTA y CORPOVEX para proveer alimentos y medicinas a Venezuela, incluyendo Group Grand Limited y Asasi Food.

  Asimismo, José Gregorio Vielma Mora, venezolano quien desde 2012 hasta 2017, fue gobernador del estado Táchira y desde esa posición supervisó COBISERTA y su proceso de contratación. Vielma Mora encaja en la figura de "funcionario extranjero" que se define en la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3 (9 (2) (A), y como "funcionario público", según la ley venezolana.

  Entretanto, el co-conspirador 1, colombiano, con Álvaro Pulido Vargas, controlaban varias empresas que obtuvieron contratos de COBISERTA y CORPOVEX. El co-conspirador 2, venezolano, es una “persona” como se usa ese término en la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3 (a).

   También figuran en la acusación el Funcionario 1 del Gobierno de Venezuela desde octubre de 2014 hasta septiembre de 2020 ostentó un alto rango en el FONDEN; el Oficial 1 del Gobierno de Venezuela quien se desempeñó con alto rango en BANDES. El funcionario 1 era un "funcionario extranjero" según se define ese término en la FCPA. El Funcionario 2, un venezolano que desde diciembre de 2017 hasta marzo de 2020 tuvo un alto cargo en el Ministerio de Finanzas y en BANDES, siendo un "funcionario extranjero" según la FCPA.

   Las entidades que figuran en la acusación son el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa estatal de distribución de alimentos y medicamentos.

  La Comercializadora de Bienes y Servicios del Estado Táchira (COBISERTA), la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX); el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas; el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN); y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES); son un "departamento", "agencia" e "instrumentalidad" de un gobierno extranjero, y sus funcionarios y empleados son "funcionarios extranjeros", según se utilizan esos términos en la FCPA.

Conspiración para cometer blanqueo de capitales

  El primer cargo formulado contra los imputados es el de Conspiración para cometer blanqueo de capitales.

   Se indica que desde julio de 2015 hasta por lo menos 2020, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, los acusados, Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique y Ana Guillermo Luis, se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron a sabiendas y voluntariamente entre sí, y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para cometer un delito contra los Estados Unidos.

   Específicamente, se les señala de, primero, transportar, transmitir y transferir a sabiendas un instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados Unidos hacia dentro y fuera del país, con la intención de promover la realización de una actividad ilegal específica, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A); y segundo, transportar, transmitir y transferir a sabiendas, un instrumento monetario y fondos que involucren el producto de una actividad ilegal especificada, desde un lugar en los Estados Unidos hacia fuera del país, sabiendo que los fondos involucrados representaban el producto de alguna actividad ilegal y que dichas operaciones se diseñaron en su totalidad o en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad y control de los ingresos de dicha actividad ilegal especificada, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (B) (i).

   Tales actividades constituyen un delito grave de violación de la FCPA bajo el Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3; y un delito contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucra el soborno de un funcionario público y la malversación, robo y malversación de fondos públicos por y para el beneficio de un funcionario público, según lo dispuesto por el Título 18, Estados Unidos Código, Sección 1956 (c) (7) (B) (iv).

El propósito de la conspiración

   Se señala en la acusación que el propósito de la conspiración para que los acusados y sus co-conspiradores fue enriquecerse ilegalmente a través de un plan para sobornar a funcionarios venezolanos y así obtener y retener contratos milmillonarios y otras ventajas comerciales con entidades. e instrumentalidades propiedad y controladas por el gobierno venezolano para la importación y entrega de alimentos y medicinas.

  Procuraban lavar los sobornos, ganancias y otros fondos relacionados con el esquema corrupto hacia y a través de cuentas en los Estados Unidos y así ocultar la naturaleza y el propósito de dicho plan corrupto.

El papel de Vielma Mora en la conspiración

   Los imputados y sus co-conspiradores utilizaron numerosas empresas controladas por ellos para celebrar contratos con el gobierno venezolano destinados a exportación de cajas de alimentos de México y cajas de medicinas de varios países, y distribuirlas en Venezuela.

   Pagaban sobornos a los funcionarios del gobierno venezolano, incluidos los funcionarios encargados de adjudicar los contratos, ocultando la naturaleza de las operaciones mediante el diseño de un esquema consistente en la creación de una red de cuentas bancarias personales y corporativas en múltiples países, las cuales utilizaban para recibir y transferir el producto de los contratos obtenidos de manera corrupta.

   Se describe que, en 2015, Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique, co-conspirador 1 y otros co-conspiradores maniobraron para obtener contratos relacionados con la producción, importación y distribución de alimentos con el gobierno venezolano. Para ese entonces, José Gregorio Vielma Mora se desempeñaba como gobernador del estado Táchira, posición desde la que supervisaba el proceso de contratación relacionado con el programa CLAP.

   Refiere que entre principios y mediados de 2016, Vielma Mora se reunió con los co=conspiradores 1 y 2 para conversar sobre su papel en la importación de alimentos al estado Táchira. También se reunió con Carlos Rolando Lizcano Manrique y los co-conspiradores 1 y 2 para discutir una propuesta para la producción, importación y distribución de cajas de alimentos para el programa CLAP. Entonces, bajo la dirección del gobernador tachirense, el co-conspirador 2 elaboró una propuesta cuyo costo real discutieron en una reunión sostenida entre el mandatario, Lizcano Manrique, co-conspirador 1 y co-conspirador 2.

   Entonces, el co-conspirador 1 acordó realizar pagos corruptos a Vielma Mora para obtener y retener contratos del CLAP en el estado Táchira. En tal sentido, el co-conspirador 1 ordenó a Lizcano Manrique y al co-conspirador 2 que trabajaran juntos para producir las cajas de alimentos para la importación a Venezuela.

   Después, a mediados o finales de 2016, José Gregorio Vielma Mora, Carlos Rolando Lizcano Manrique, co-conspirador 1 y co-conspirador 2 se reunieron con los Funcionarios del Gobierno de Venezuela 1 y 2 para obtener el apoyo de estos en la adjudicación de los contratos a empresas controladas por Álvaro Pulido Vargas y co-conspirador 1.

   La acusación precisa que el 14 de octubre de 2016, Group Grand Limited, empresa propiedad y controlada por Álvaro Pulido Vargas y co-conspirador 1, obtuvo un contrato de COBISERTA para importar y distribuir 10 millones de cajas de alimentos para el programa CLAP a USD 34 cada caja, para un monto total de USD 340.000.000. Una negociación que se llevó a cabo a pesar de que José Gregorio Vielma Mora sabía que el costo de producción e importación de dichas cajas era mucho menor, todo por el interés de que los co-conspiradores pudieran usar los fondos adicionales para pagarle los sobornos acordados a él y otros funcionarios involucrados en el esquema corrupto.

   En la conspiración, Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González, y otros fueron los encargados de la compra de alimentos en México, ensamblar las cajas de comida y exportarlas a Venezuela. Entretanto, Carlos Rolando Lizcano Manrique y otros fueron los encargados de recibir las cajas de alimentos en Venezuela y distribuirlas cajas en el Estado de Táchira.

  La acusación dice que a mediados o finales de 2016, José Gregorio Vielma Mora se reunió con los co-conspiradores 1 y 2 para conversar sobre la forma cómo recibiría el dinero del soborno que se le debía por su participación en la adjudicación de los contratos a las empresas de Álvaro Pulido Vargas. Acordaron que el co-conspirador 2 serviría como intermediario para recibir el dinero que después remitiría, pagaría, transferiría y dirigiría al gobernador. Por esta labor, co-conspirador 2 recibiría pagos en el esquema de soborno ilegal.

Una red de empresas y cuentas bancarias

   En el esquema de corrupción, a Ana Guillermo Luis, quien trabajaba para Álvaro Pulido y co-conspirator 1, le correspondió crear una red de decenas de empresas y cuentas bancarias asociadas en varios países. Dicha red le permitiría a Pulido Vargas, co-conspirator 1 y otros co-conspiradores recibir y mover el dinero pagado desde Venezuela por concepto de los contratos de alimentos y medicinas obtenidos de manera corrupta.

  En este sentido, Ana Guillermo Luis ayudó al co-conspirador 2 a abrir cuentas bancarias a través de las cuales recibía el dinero que, como intermediario, transfería luego a Vielma Mora, así como también para cobrar sus propias ganancias corruptas. También ayudó a crear empresas y abrir cuentas bancarias asociadas para que otros conspiradores recibieran su parte de las ganancias del esquema de soborno ilegal. Igualmente creó contratos y otros documentos falsos y fraudulentos para justificar las transferencias de fondos, sobornos y ganancias corruptas relacionadas con el esquema.

Las ganancias de Vielma Mora

   Refiere la acusación que entre el 12 de diciembre de 2016 y el 10 de abril de 2018, José Gregorio Vielma Mora y co-conspirator 2 recibieron aproximadamente USD 17.256.935 en sobornos y ganancias corruptas a cambio de su asistencia e influencia en la adjudicación de contratos de alimentos de COBISERTA y CORPOVEX. Su papel incluyó el otorgamiento de ventajas comerciales en beneficio de las empresas controladas por Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique, Ana Guillermo Luis y co-conspirador 1, entre otros.

  Desde el 12 de diciembre de 2016 hasta el 17 de julio de 2017, Vielma Mora y co-conspirador 2 provocaron transferencias electrónicas de aproximadamente USD 6.355.158 en ingresos del esquema de soborno ilegal a una cuenta bancaria en el sur Distrito de Florida propiedad y controlada por co-conspirador 2.

   Se indica que el 11 de febrero de 2017, co-conspirador 2 estaba en los Estados Unidos y transfirió USD 1.600.000 desde una cuenta bancaria que controlaba en Panamá a una cuenta bancaria que controlaba en el Distrito Sur de Florida cuyo destinatario final era José Gregorio Vielma Mora.

Más contratos, más ganancias corruptas

   El 14 de febrero de 2017, Group Grand Limited obtuvo un segundo contrato para importar y distribuir en Venezuela 10 millones de cajas de alimentos a través del programa CLAP. El valor de este contrato fue de USD 369.900.000.

  A principios de 2017, Álvaro Pulido Vargas y co-conspirator 1 procurar obtener otros contratos del programa CLAP mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno venezolano.

  Del mismo modo, el 31 de marzo de 2017, Group Grand Limited obtuvo un contrato de CORPOVEX por USD 70.889.234 para importar y distribuir medicamentos en Venezuela a través del programa CLAP. Un segundo contrato de esta naturaleza lo logró el 22 de mayo de 2017 por USD 74.990.942.

  En julio de 2017, los miembros de la conspiración recibieron transferencias electrónicas del FONDEN por un total de USD 33.750.295 a una cuenta en Antigua a nombre de Group Grand Limited, como pago de los contratos de alimentos y medicinas obtenidos de manera corrupta.

  Desde enero de 2018 hasta marzo de 2018, los miembros de la conspiración recibieron transferencias electrónicas de BANDES por un total de USD. 105.001.292 a una cuenta en los Emiratos Árabes Unidos a nombre de Asasi Food, empresa de propiedad y controlado por Álvaro Pulido Vargas y co-conspirator 1, como pago por los contratos de alimentos y medicinas.

   Describe la acusación que, desde enero de 2018 hasta mayo de 2018, los miembros de la conspiración recibieron transferencias bancarias de BANDES por un total de 248.727.831 euros en una cuenta en los Emiratos Árabes Unidos a nombre de Asasi Food.

  Se señala que, durante el transcurso de la conspiración, Álvaro Pulido Vargas Carlos Rolando Lizcano Manrique y co-conspirator 1, utilizaron parte de a través de los referidos contratos corruptos, para transferir de manera electrónica, al menos USD 10.000.000 a cuentas bancarias en los Estados Unidos de propiedad, controladas por y para el beneficio de los co-conspiradores. Por lo menos USD 5.500.000 de esos fondos se transfirieron directamente al Distrito Sur de Florida.

  También se indica que en el transcurso de la conspiración, Álvaro Pulido Vargas y co-conspirador 1 transfirieron en su nombre, al menos USD 170.000.000 en ganancias a través de bancos corresponsales en los Estados Unidos a cuentas bancarias en beneficio de los co-conspiradores. Por cable, ellos y sus empresas transfirieron USD 22.000.000 a una empresa de transporte y envío de carga ubicada en México, para pagar los costos asociados con el cumplimiento de los contratos COBISERTA y CORPOVEX.

   También USD 50.000.000 a una empresa de servicios de alimentos ubicada en México, a través de cuentas bancarias corresponsales en los Estados Unidos, para pagar los costos asociados con el cumplimiento de los contratos COBIERTA y CORPOVEX.

  En razón de la escasez de dólares estadounidenses experimentada por Venezuela, lo cual le impedía pagar a empresas extranjeras, el co-conspirador 1 y Álvaro Pulido Vargas realizaron negocios para refinar y vender oro en nombre de Venezuela para facilitar así la obtención de divisas y el correspondiente pago a sus empresas.

    El 6 de marzo de 2019, el co-conspirador 2, mientras se encontraba en los Estados Unidos, autorizó la transferencia de fondos bajo la dirección de José Gregorio Vielma Mora desde una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Florida a individuos para beneficio del gobernador.

   El 5 de agosto de 2019, co-conspirador 2 autorizó una transacción con tarjeta de crédito utilizando la tarjeta de crédito para pagar USD 4.499 a un sitio web de viajes de un familiar cercano de José Gregorio Vielma Mora.

Los cargos por blanqueo de Instrumentos Monetarios

   La acusación además contempla cargos —del 2 al 5— por blanqueo de instrumentos monetarios.

  Las operaciones que contemplan dichos cargos se describen en el siguiente cuadro:

   La acusación contempla que de ser declarados culpables, se confiscarán todas las propiedades que los imputados tengan en los Estados Unidos.

  Se incluye el decomiso de USD 1.607.626.307,19 en moneda estadounidense, que representa la cantidad de fondos involucrados en las violaciones del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 que se alega en la acusación.

Saab de cara a la justicia: Juez niega libertad bajo fianza y tendrá que enfrentar el juicio en prisión

  La próxima audiencia se estableció para 1º de noviembre cuando el empresario deberá decidir si se declara culpable o inocente.

Por Maibort Petit

   El contratista colombiano, Álex Naim Saab Morán — señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro— se enfrentó este lunes 18 de octubre, por primera vez, con la justicia estadounidense, luego de su extradición desde la República de Cabo Verde a suelo norteamericano. Ante el juez John J. O’Sullivan, del Tribunal del Distrito Sur de Florida, escuchó los ocho cargos de lavado de dinero que se le imputan, así como la negativa del magistrado a otorgarle el beneficio de libertad bajo fianza.

   Previamente, el juez O’Sullivan le informó a Saab sus derechos y le consultó si aceptaba ser representado en la audiencia por un abogado de oficio, a lo cual accedió. La defensa del empresario recayó en el abogado Henry Bell.

  En la sesión, que tuvo lugar de manera virtual, con Saab desde la prisión federal donde se encuentra detenido, la primera acción de su abogado fue solicitar se le concediera a su representado la libertad bajo fianza. Bell  recordó que está pendiente una apelación sobre la supuesta inmunidad diplomática de su defendido.

  El magistrado negó la solicitud, pues acogió la advertencia de la fiscalía que alertó que el acusado presentaba “riesgo de fuga”.

   La próxima audiencia se fijó para el 1º de noviembre, cita en la que Álex Saab deberá decidir si se declara culpable o inocente.

La acusación

  El 25 de julio de 2019, Adriana Fajardo Orshan, para entonces fiscal del Distrito Sur de la Florida, presentó ante la corte homónima la acusación formulada por un Gran Jurado contra Álex Naim Saab Morán y su socio Álvaro Pulido Vargas, de dos cargos de lavado de dinero.

   La acusación que tiene que ver con violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y el Código de los Estados Unidos, Título 15, Secciones 78dd-1,  (FCPA), involucra en primer lugar a los acusados, por un lado, Álex Naím Saab Morán, ciudadano colombiano quien encaja en la definición de “persona” que este último instrumento legislativo hace; y a la Álvaro Pulido Vargas, alias el alemán Enrique Rubio Salas, también colombiano y con igual designación.

   Los co-conspiradores 1, 2 y 3, ciudadanos colombianos, quienes pasaron un. tiempo significativo en Miami, Florida, en el Distrito Sur de Florida. Los tres, igualmente, encajan en lo definido por el término de “persona” según la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3 (f) (l).

   Hace mención del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) de Venezuela; la extinta Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) organismo gubernamental venezolano que administraba el tipo de cambio controlado por el gobierno entre bolívares venezolanos y dólares estadounidenses; y la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB) uno de los cuatro componentes militares de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, encargados de desempeñar funciones de defensa civil militar para el gobierno de Venezuela, los cuales actuaban como un departamento, agencia e instrumentalidad del gobierno venezolano, tal como se utilizan esos términos en la FCPA.

El cargo de conspiración

  El primero de los cargos formulados contra Saab y Pulido es por Conspiración para cometer lavado de dinero, indicando que desde noviembre de 2011 hasta al menos septiembre de 2015, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, los acusados intencionalmente conspiraron y se pusieron de acuerdo entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para cometer un delito contra los Estados Unidos, tipificado en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 y 1957; a  saber:

a) transportar, transmitir y transferir a sabiendas un instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados Unidos hacia otro lugar del mismo, desde y a través de un lugar fuera de los EE. UU. con la intención de promover la realización de una actividad ilegal específica, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A); y

b) participar a sabiendas en una transacción monetaria a través de una institución financiera, afectando el comercio interestatal y extranjero con una propiedad derivada delictivamente por un valor superior a USD 10.000 que se deriva de una actividad ilegal específica, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957 (a).

  Se identifican las actividades ilegales: (a) delitos graves de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3; y (b) delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucren el soborno de un funcionario público y la malversación, robo y malversación de fondos públicos por y para beneficio de un funcionario público, según lo dispuesto en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (c) (7) (B) (iv).

   El objeto de la conspiración de Saab y Pulido y sus co-conspiradores fue enriquecerse ilícitamente mediante el pago de sobornos a funcionarios extranjeros venezolanos para así obtener ventajas comerciales indebidas, incluida la aprobación de documentos falsos y fraudulentos relacionados con la importación de bienes y materiales de construcción, así como el acceso al sistema de cambio de moneda extranjera controlado por CADIVI, para garantizar que los pagos se realizaran en dólares estadounidenses con base en facturas falsas y fraudulentas y documentos de bienes que nunca fueron importados a Venezuela.

El modus operandi de la conspiración

  Álex Saab, Álvaro Pulido y sus co-conspiradores actuaron de la siguiente manera para concretar la conspiración:

  En noviembre de 2011, Álex Naim Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas celebraron un contrato, a través de una empresa de su propiedad con el gobierno de Venezuela para construir viviendas de interés social. Solicitaron la asistencia de los co-conspiradores 1 y 2 para importar bienes y materiales de construcción y estos contrataron al co-conspirador 3, quien era un agente de aduanas independiente con experiencia en la importación de mercancías a Venezuela.

  Todos explotaron el sistema de rastreo de CADIVI utilizando un solo envío de bienes y materiales de construcción los cuales respaldaron con múltiples conjuntos de facturas y documentos falsos y fraudulentos que hicieron aparecer como nuevos envíos. En algunos casos, bajo la dirección del co-conspirador 3, los funcionarios del SENIAT y la GNB tomaron fotografías del solo envío efectuado en diferentes ubicaciones, para crear la falsa impresión de supuestos envíos múltiples.

  Saab, Pulido y los co-conspiradores necesitaban realizar pagos corruptos a funcionarios del SENIAT, GNB y CADIVI para asegurar su asistencia en la aprobación de facturas y documentos falsos y fraudulentos de bienes que nunca fueron importados a Venezuela. Para ello, discutieron entre sí para concretar el asunto.

   Saab, Pulido y los co-conspiradores 1, 2 y 3 hicieron y provocaron numerosos pagos corruptos, en efectivo y transferencias bancarias, al gobierno funcionarios del SENIAT, GNB y CADIVI para asegurar su asistencia en la aprobación de facturas y documentos falsos y fraudulentos de bienes que nunca fueron importados a Venezuela, pero fueron pagados por la intervención de estos últimos.

  Asimismo, en noviembre de 2011, Álex Saab, Álvaro Pulido, el co-conspirador 3 y un funcionario del SENIAT se reunieron en un hotel en Caracas, Venezuela, para coordinar los pagos corruptos relacionados con la importación de bienes y materiales de construcción relacionados con el Contrato de Vivienda.

  El 5 de marzo de 2014 y, luego, el 9 de marzo de 2014, los co-conspiradores 1 y 3 se reunieron en Miami para discutir el estado de los pagos corruptos a funcionarios del gobierno venezolano. Poco después, el co-conspirador 1 llamó a Álvaro Pulido para informar sobre su conversación con el co-conspirador 3, indicándole que se debían pagos corruptos a funcionarios del SENIAT, GNB y CADIVI por facilitar los pagos de los documentos falsos y ficticios de bienes y materiales de construcción. El co-conspirador 1 dijo que los pagos corruptos tenían que hacerse lo antes posible o los funcionarios no continuarían aprobando los documentos falsos y fraudulentos.

   Entre el 12 de marzo de 2012 y el 1 de diciembre de 2014, Álex Saab, Álvaro Pulido sus co-conspiradores hicieron transferencias electrónicas por un total de USD 350.041.500 desde cuentas bancarias en Venezuela propiedad y controladas por Saab y Pulido, a través de cuentas bancarias corresponsales en los Estados Unidos, y luego a cuentas bancarias en el extranjero controladas por estos.

  Entre el 16 de enero de 2014 y el 15 de septiembre de 2015, Álex Saab y Álvaro Pulido, distribuyeron utilidades y pagaron gastos relacionados con el esquema corrupto llevando a cabo transferencias bancarias a las cuentas bancarias del co-conspirador 1 en el Distrito Sur de Florida.

Los cargos de lavado de dinero

  La acusación comprende los cargos del 2 al 8 por Lavado de instrumentos monetarios.

   Se indica que los acusados transportaron y transmitieron a sabiendas, un instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados Unidos hacia otro lugar en el mismo país, desde un lugar fuera de los EE. UU. con la intención de promover la realización de una actividad ilegal específica, es decir, (a) infracciones graves de la FCPA bajo el Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3; y (b) delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucren el soborno de un funcionario público y la malversación, robo y malversación de fondos públicos por y para beneficio de un funcionario público, de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (c) (7) (B) (iv).

  Las operaciones se llevaron a cabo tal como se describe en el siguiente cuadro:

Las confiscaciones

   Refiere la acusación que, de ser declarados culpables, Álex Naim Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas perderán cualquier propiedad que tengan e Estados Unidos.

Tales propiedades sujetas a decomiso incluyen, pero no se limitan a:

(i) una suma de aproximadamente USD 350.041.500.00, que representa la cantidad de fondos involucrados en las violaciones del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 alegadas en esta Acusación, y que pueden solicitarse como una sentencia de decomiso de dinero;

(ii) aproximadamente USD 3.225.593,90 incautados el 20 de agosto de 2018;

(iii) aproximadamente USD 30.000 incautados el 21 de agosto de 2018 o alrededor de esa fecha;

(iv) aproximadamente USD 3.313.757,69 incautados el 24 de septiembre de 2018;

(v) aproximadamente USD 3.138.844,70 incautada el 5 de noviembre de 2018; y

(vi) aproximadamente USD 2.942.501,37 incautada el 13 de febrero de 2019.

 

 

Tribunal de Nueva York cambia nuevamente fecha de la sentencia del Profesor vinculado al caso de Álex Saab

   Aunque parezca increíble, la sentencia de una de las fichas de Álex Saab en Estados Unidos será condenado el mismo día que el considerado testaferro de Nicolás Maduro sea presentado en corte para que el juez le lea los cargos por los cuales será procesado en Miami.

Por Maibort Petit

    Nuevamente fue cambiada la fecha de sentencia del profesor y experto en Crimen Organizado Trasnacional, Bruce Bagley que fue acusado de ser parte de una red de lavado de dinero encabezada por el colombiano, Álex Saab y su socio Álvaro Pulido. La condena estaba prevista para 18 de octubre, luego fue cambiada para el 16 de noviembre y existe la posibilidad que sea prorrogada una vez más. 

     El 1 de junio de 2020, el profesor de la Universidad de la Florida y autor de un libro sobre Crimen Organizado en América Latina se declaró culpable de haber participado en una trama de lavado de dinero internacional de más de $ 2 millones derivados del pago de soborno y de actividades relacionadas con la corrupción en Venezuela.

    Bagley se declaró culpable de dos cargos de lavado de dinero. El acusado usó cuentas bancarias a su nombre y de una compañía que creó en Florida para lavar más de $ 2 millones en ganancias de un esquema de soborno y corrupción de Venezuela en los Estados Unidos.

   Bagley se desempeñaba como profesor universitario y autor de un libro especializados en narcotráfico y blanqueo de capitales y de manera sorpresiva decidió cometer los delitos de corrupción y lavado de dinero en un esquema vinculado directamente a los colombianos Álex Saab y Álvaro Pulido.

  El profesor Bagley admitió que lavaba dinero para ciudadanos extranjeros corruptos, que era producto del soborno y la corrupción. "Eran fondos robados a los ciudadanos de Venezuela", dicen los documentos federales. 

La acusación

 En noviembre de 2016, Bruce Bagley, profesor de estudios internacionales y autor del libro 'Tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en las Américas',  abrió una cuenta bancaria (1) en nombre de una empresa (1) de su propiedad. 

  Entre noviembre de 2016 o alrededor de noviembre de 2017, la Cuenta-1 tuvo una actividad mínima, pero alrededor de noviembre de 2017, comenzó a recibir depósitos mensuales de cientos de miles de dólares de cuentas bancarias ubicadas en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos. 

  Cada mes, Bagley recibiría un depósito de aproximadamente $ 200,000 de una de las cuentas en el extranjero en la cuenta-1. Posteriormente, retiraría aproximadamente el 90 por ciento de los fondos en forma de cheque de caja, pagadero a una cuenta en poder de otra persona. 

  Bagley enviaba el resto de los fondos a su cuenta personal. Entre noviembre de 2017 y alrededor de octubre de 2018, la cuenta 1 recibió aproximadamente $ 2.5 millones de las cuentas en el extranjero.

  

  Las cuentas en el extranjero pertenecían a un individuo colombiano (Alex Saab). En diciembre de 2018, o alrededor de esa fecha, la Persona-1 tuvo una conversación con Bagley sobre el hecho de que Bagley estaba trasladando los fondos de la Persona-2 a los Estados Unidos y que los fondos representaban los ingresos del soborno y la malversación de fondos extranjeros robados al pueblo venezolano. Sin embargo, en diciembre de 2018, Bagley creó una nueva cuenta bancaria ("Cuenta-2") para transferir dinero adicional perteneciente a Individual-2.

    Bagley continuó recibiendo cientos de miles de dólares de las cuentas en el extranjero después de abrir la cuenta 2. Bagley transfirió la mayoría de estos fondos al Individuo-1 pero retuvo una comisión por sus servicios.

    El acusado, de 73 años y residente de Coral Gables, Florida, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. 

   Bagley será sentenciado por el juez Rakoff el 18 de octubre de 2021.

 

 

Caso Álex Saab: Una novela por entregas en la que su extradición a EE. UU. representa su etapa culminante

  Los fiscales pidieron una prórroga para rebatir la posición de la defensa, pero los abogados del empresario colombiano se oponen a la extensión del plazo.

Por Maibort Petit 

  La última entrega de la novela en que se ha convertido el caso de Álex Saab —señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro y solicitado por Estados Unidos bajo acusación de la comisión de delitos de lavado de dinero— muestra que el Departamento de Justicia pidió una prórroga de 30 días al Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos, para rebatir los argumentos del empresario colombiano. Una solicitud que, a ojos de los abogados de la defensa, sólo representa un riesgo de que su cliente pueda ser extraditado de Cabo Verde a Miami, donde lo espera el banquillo de los acusados del Tribunal del Distrito Sur de la Florida.

   El informe por el que los fiscales piden plazo para presentarlo, debe responder a la impugnación que los abogados de Saab hicieron a la acusación que se formuló ante la corte de Miami. Además, rebatieron la jurisdicción de los Estados Unidos en el caso, sustentándose en supuesta inmunidad derivada que, aseguran, supuestamente ostenta su representado por su papel de embajador de la administración de Nicolás Maduro.

  En tal sentido, los representantes legales del Saab pidieron al citado tribunal de apelaciones, negar el pedido de la fiscalía de prorrogar del 7 de septiembre al 7 de octubre el plazo para que el gobierno exponga su posición ante lo argumentado por el acusado[1].

   Los fiscales del caso, al momento de formular su pedido, le recordaron a la corte que sobre el “acusado-apelante” recaen siete cargos de lavado de dinero, además de uno por conspiración para cometer ese delito. La acusación formal señala a Saab y a su socio Álvaro Pulido Vargas, de lavar las ganancias de las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), mediante un esquema de pago de sobornos que se aprovechaba del tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela. La fiscalía en su acusación, igualmente pidió la confiscación de más de USD 350 millones que es el monto de los de fondos involucrados en delito[2].

   Los abogados de Saab creen que “una demora de 30 días en este caso aumenta en gran medida el riesgo de que el Sr. Saab sea extraditado y sujeto a la custodia de los Estados Unidos, a expensas de su inmunidad diplomática”, pues a su modo de ver el asunto, la prórroga sería equivalente “a otros 30 días más de detención ilegal (...) ya sea en Cabo Verde o en Estados Unidos”.

   Para el DOJ el plazo solicitado es necesario en razón de que nuevos fiscales asumieron el caso, siendo que quienes formularon el pedido “no eran parte del equipo del gobierno durante el proceso ante la corte de distrito y estaban poco familiarizados con este caso antes de ser asignados al caso de la apelación”. Por ello, alegaron, “requieren de tiempo adicional para revisar los historiales, examinar los argumentos de hechos y legales presentados por Saab y desarrollar los argumentos para responder a los alegatos de Saab”.

  De igual forma, este tiempo adicional permitirá a las autoridades del Departamento de Justicia analizar la estrategia de los nuevos titulares del gobierno en el caso

Los escenarios posibles

  De pronunciarse los magistrados del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos en favor de la extradición, el destino de Álex Saab se definiría en la Corte de la Florida.

  En caso contrario, si los magistrados dictan veredicto en favor del empresario colombiano, el caso pasaría a otra corte que se encargaría de definir el proceso iniciado por Estados Unidos que exige el traslado de Saab a territorio estadunidense para juzgarlo por los delitos líneas arriba señalados.

  Los defensores de Saab siguen sosteniendo que el arresto de su representado fue ilegal y alegan que tiene inmunidad diplomática. El 1º de abril pidieron “anular la orden que le confiere el estado de fugitivo” de la justicia de los Estados Unidos[3].

Se presenta como víctima

   Álex Saab se presenta como una víctima del gobierno estadounidense y sus abogados y el pasado 19 de agosto denunció a tres jueces y fiscal general de Cabo Verde, José Landim, de violar sus derechos en múltiples ocasiones. Una acusación que se suma a una anterior formulada también contra Landim y tres inspectores de la policía judicial que participaron en su detención.

   Los abogados de Saab sostienen que estos funcionarios cometieron numerosos errores procesales, entre ellos haberse excedido del tiempo de detención provisional en la cárcel alrededor de cien días.

   Sobre el fiscal acusan tortura, perjurio y ocultación de pruebas sin que estos hechos se hayan investigado a pesar de haberlos denunciado desde hace un buen tiempo.

   Luego de que el Tribunal de Apelación de Barlavento se pronunció en favor de la extradición de Saab, la defensa del empresario colombiano formuló ante Tribunal Supremo de Cabo Verde un recurso que, pese a los propósitos de los abogados, terminó ratificando la sentencia en contra del supuesto testaferro de Nicolás Maduro emitida el 17 de marzo. También presentaron en julio un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el cual dio revisión el 13 de agosto al asunto para evaluar el recurso y la solicitud que defiende la inconstitucionalidad de la detención de Saab. El veredicto se espera para los próximos días[4].

La carta de Saab

  En la misma tónica de víctima, Álex Saab escribió una carta el 12 de agosto, la cual se conoció posteriormente y en la cual acusa a los Estados Unidos de violar el derecho internacional cuando ordenaron su arresto.

   En la misiva, primeramente, denuncia no habérsele permitido estar presente en la audiencia ante el Tribunal Constitucional, al tiempo que reiteró su acusación de mantenerse bajo secuestro desde hace 417 días (con relación a la fecha de la carta).

   Refirió nuevamente su condición de Enviado Especial al servicio del estado venezolano desde abril de 2018, cumpliendo un papel “en misiones humanitarias especiales pacíficas, bajo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro para atender necesidades básicas del país, como alimentos y medicinas, entre otros”.

    Se dedica a halagar a Nicolás Maduro y sus colaboradores quienes se esfuerzan para enfrentar “los esfuerzos de Estados Unidos por imponer su voluntad política e imponernos extraterritorialmente sus leyes, Venezuela ha podido contar con muchos años de confianza y amistad con la Federación de Rusia, la República Popular de China, la República Islámica del Irán, la República de Cuba y la República de Turquía, entre muchos, muchos otros aliados, para asegurar que no solo hayamos sobrevivido a las sanciones ilegales, sino que estamos viendo el inicio de la recuperación económica”.

  En tal sentido, hizo mención del pronunciamiento de Rusia en que advirtió a Estados Unidos y a Cabo Verde que el derecho internacional lo protege.

   En la carta arremete contra Estados Unidos y los medios de comunicación, al tiempo que asegura que Venezuela, pese a las sanciones, “comienza a ver los frutos de las políticas económicas del presidente Nicolás Maduro y su equipo; y es importante recordar esto, mientras nos preparamos para las elecciones del 21 de noviembre. Nuestra fuerza es nuestra unidad. Nuestra unidad mostrará al mundo la transparencia de nuestro gobierno. Por eso debemos barrer estas elecciones”.

  Acusa que algunas naciones sin recursos “se ven obligadas a doblar las rodillas y tender la mano como mendigos”, a diferencia de Venezuela, a la cual define como “una nación bendecida con todos los recursos naturales en abundancia”.

  Finalizó su carta advirtiendo que “No importa lo fuerte que griten los pseudoperiodistas, no importa las presiones de otros estados, nunca le daré la espalda al pueblo de Venezuela ni a nuestro presidente Nicolás Maduro”[5].

La defensa rusa e iraní

  Vale la pena mencionar la incursión en el asunto que últimamente ha asumido Rusia, nación que un día antes de que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde emitiera un fallo sobre la legalidad de la extradición de Álex Saab, emitió una nota desde la cancillería calificando la detención del empresario de ilegal.

  Para su pronunciamiento, se sustentó en la supuesta inmunidad de que estaría investido el empresario señalado testaferro de Maduro.

   Al respecto, el gobierno ruso dijo que “Esta práctica de secuestrar a ciudadanos de otros países, incluida la Federación de Rusia, en terceros países por cargos fabricados por las fuerzas del orden de Estados Unidos, se ha convertido en la infame 'tarjeta de presentación' de los Estados Unidos. Ahora Washington parece haber decidido pasar a un nuevo nivel, sentando un precedente dañino para la extradición de una persona autorizada con estatus diplomático".

  Igualmente, Irán ha calificado a Saab como prisionero de guerra, al sostener que este, “con pasaporte diplomático y como enviado del gobierno venezolano para proporcionar artículos médicos y alimenticios al pueblo de Venezuela, tenía la misión de evitar que el gobierno de Estados Unidos hiciera cumplir sus leyes nacionales y extraterritoriales solo con fines políticos”.

  Ambas posiciones buscan ratificar la estrategia de la defensa que apunta a desacreditar la acusación de los Estados Unidos y catalogar el caso como una persecución política.

   Otras voces apuntan a que, en realidad, Rusia e Irán sólo están interesadas en evitar que con al traslado a EE. UU. de Saab se conozcan detalles de los negocios irregulares que el régimen de Maduro mantiene con estos gobiernos.

REFERENCIAS

[1] Infobae. “La Fiscalía de EEUU pidió un plazo de 30 días para presentar argumentos contra Alex Saab lo que aumenta la probabilidad de su extradición”. 26 de Agosto de 2021. https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/08/26/la-fiscalia-de-eeuu-pidio-un-plazo-de-30-dias-para-presentar-argumentos-contra-alex-saab-lo-que-aumenta-la-probabilidad-de-su-extradicion/

[2] Departamento de Justicia . “Two Colombian Businessmen Charged With Money Laundering in Connection With Venezuela Bribery Scheme. 25 de julio de 2019. https://www.justice.gov/opa/pr/two-colombian-businessmen-charged-money-laundering-connection-venezuela-bribery-scheme

[3] El Nuevo Herald. “EEUU pide prórroga de 30 días para presentar caso contra Alex Saab”. 27 de agosto de 2021. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article253729698.html

[4] El Espectador. “Alex Saab denunció a jueces y fiscal de Cabo Verde por violar sus derechos”. 19 de agosto de 2021. https://www.elespectador.com/judicial/alex-saab-denuncio-a-jueces-y-fiscal-de-cabo-verde-por-violar-sus-derechos/

[5] Workers World. “Alex Saab’s Letter: No retreat, No surrender!”. 23 de agosto de 2021. https://www.workers.org/2021/08/58518/

Abogados de Álex Saab advierten que EE. UU. basa solicitud de extradición en un argumento erróneo

  El 13 de agosto el Tribunal Constitucional podría emitir la decisión final del caso. No obstante, hay algunas fuentes que señalan que el proceso podría durar más tiempo.

Por Maibort Petit

  El equipo de abogados defensores de Alex Saab emitió una declaración en la que advierten de los supuestos errores que habría cometido el Fiscal General de Cabo Verde, José Landim, con el único objetivo de facilitar la extradición del empresario a los Estados Unidos.

   Específicamente, Landim, en uno de los apartes del documento habría afirmado que los compromisos diplomáticos contraídos por el gobierno de los Estados Unidos a través de sus departamentos de Estado y Justicia, constituiría una obligación para los tribunales estadounidenses lo cual, al entender de los representantes de Saab, es incorrecto.

   Recuerdan que la Constitución de los Estados Unidos se basa en el principio de la separación de poderes, por lo que el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo. Partiendo de esto, los tribunales estadounidenses solamente se someten a los dictados constitucionales y las leyes de los EE. UU., por lo que aun cuando los tratados forman parte de la legislación, estos sólo obligan a los tribunales en la medida en que crean disposiciones de "ejecución automática" que el propio acusado tiene derecho a hacer cumplir.

   El comunicado de los abogados de Saab subraya que la "regla de la especialidad" es aplicable en los casos de extradición en los que un país ha contraído ciertos compromisos específicos con otro país como condición para asegurar la custodia de la persona extraditada. “Establece que, cuando esos compromisos impliquen una limitación de los delitos por los que una persona extraditada puede ser procesada, esa persona solo podrá ser juzgada por los delitos específicamente declarados. No se pueden presentar nuevos cargos contra dicha persona”.

  Y advierten entonces que, aunque la regla es de aplicación general, tiene limitaciones importantes en los Estados Unidos, aplicables en el caso de Álex Saab Morán. Según el precedente judicial vinculante aplicable al Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Florida donde cursa el caso contra Saab Morán, aplica solo cuando la extradición se haya sustentado en un tratado de extradición que incluya específicamente la "regla de la especialidad" entre Estados Unidos y el país de donde se solicitó la extradición, en este caso Cabo Verde.

   Al no haber tratado de extradición entre los EE. UU. y Cabo Verde, no podrá establecerse este compromiso, aún en el caso de que Estados Unidos se comprometiera a cumplir el compromiso. Por ende, el Departamento de Justicia podría presentar cargos adicionales si así lo considera pertinente en contra Saab.

   Esto significa que mientras las autoridades de Cabo Verde sustenten su decisión en la regla de especialidad para justificar su aprobación, no estarían garantizando ninguna protección exigible para Saab Morán en un juicio que pudiera tener una sentencia de cadena perpetua, la cual es inadmisible en Cabo Verde.

  Finaliza el comunicado con la advertencia sobre el hecho contradictorio de que, por un lado, se argumente que Estados Unidos hace su solicitud de extradición sobre lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Transnacional —que no aplica pues UNTOC no contempla la cláusula de especialidad— y por el otro, EE. UU. dice que aplicará el mecanismo de las Naciones Unidas[1].

Cuenta regresiva

  Pero la batalla campal que se libra en los tribunales de Cabo Verde en donde desde un lado y de otra se dispara a matar, pareciera estar en sus últimos estertores dado que el próximo 13 de agosto se espera que la Corte Constitucional caboverdiana emita la decisión final de este caso.

  Para la defensa de Saab es vital el pronunciamiento que la corte constitucional adopte en cuanto a la citada regla de la especialidad y sobre lo que ha sido su revisión del proceso que ya supera más de un año.

   Esta decisión es fundamental, toda vez que ya el tribunal Supremo de Justicia autorizó la extracción el pasado 17 de marzo.

    Entre los últimos asaltos de esta dura pelea, Álex Saab arremetió en una carta abierta contra el fiscal Landim, a quien señaló junto al primer ministro, Ulisses Correia, de ocultar información y de mentir. Acusó nuevamente al gobierno de Cabo Verde de haberlo “sacado a golpes” del avión cuando paró a recargar combustible para proseguir su viaje a Irán en donde, supuestamente cumpliría una misión diplomática en nombre de Venezuela.

  Refiere Saab en su pronunciamiento que el fiscal ha ignorado sus argumentos y lo acusó de entregar información errada al Tribunal Constitucional[2].

Reino Unido lo califica de corrupto

  Y si de acusaciones se trata, el Reino Unido a través del secretario de la Relaciones Exteriores, no dudó en calificar a Álex Saab de corrupto, al anunciar el ingreso del colombiano a la lista de ciudadanos sancionados por actos de corrupción.

   La decisión del Reino Unido se erige sobre la acusación que Estados Unidos mantiene contra Saab en los tribunales, en donde se lo señala, junto a su socio Álvaro Enrique Pulido, de enriquecerse a cosa te de los programas de alimentación y vivienda del gobierno venezolano[3].

 El gobierno británico impuso sanciones a Saab y a Pulido, consistentes en la congelación de sus activos en el Reino Unido y prohibición de entrada al país.

   La cancillería británica al explicar la razón de sus sanciones dijo que Saab y Pulido “Se beneficiaron de contratos adjudicados indebidamente, en los que los bienes prometidos se entregaban a precios muy inflados. Sus acciones causaron más sufrimiento a los venezolanos, ya golpeados por la pobreza, para su propio enriquecimiento privado”[4].

Desestimado recurso de apelación

Antes de esto, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde había rechazado el 21 de julio el recurso de apelación interpuesto por la defensa de quien es acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, con el cual se buscaba suspender el proceso de extradición en razón de un pedido del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El tribunal decidió por unanimidad desestimar el recurso de “cumplimiento de la solicitud de adopción de medidas provisionales”, por cuanto el estado caboverdiano no tiene obligación alguna de cumplir la solicitud del comité de Naciones Unidas y porque “no existen razones suficientemente persuasivas para justificar su aceptación”[5].

REFERENCIAS

[1] Justicia Fuser. “Declaración del equipo de defensa del diplomático Alex Saab”. 4 de agosto de 2021. https://www.justiciafuser.com/declaracion-del-equipo-de-defensa-del-diplomatico-alex-saab/

[2] El Tiempo. “Saab arremete contra fiscal de Cabo Verde ad portas de extradición”. 27 de julio 2021. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-arremete-contra-fiscal-y-primer-ministro-de-cabo-verde-606171

[3] El Tiempo. “Reino Unido califica a Saab de corrupto y le impone sanción”. 22 de julio 2021. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-y-alvaro-pulido-sancionados-por-el-reino-unido-605020

[4] Semana. “Congelan cuentas de Álex Saab en el Reino Unido por malversar ayudas públicas en Venezuela”. 22 de julio de 2021. https://www.semana.com/mundo/articulo/congelan-cuentas-de-alex-saab-en-el-reino-unido-por-malversar-ayudas-publicas-en-venezuela/202146/

[5] Infobae. “El Tribunal Constitucional de Cabo Verde rechazó suspender la extradición de Alex Saab a Estados Unidos”. 21 de Julio de 2021. https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/07/21/el-tribunal-constitucional-de-cabo-verde-rechazo-suspender-la-extradicion-de-alex-saab-a-estados-unidos/

Los negocios del oro venezolano operados por Álex Saab

Por Maibort Petit

  Álex Saab se mueve por distintas áreas. Por ello, desde 2018 incursionó en el negocio del oro. Una decisión que coincide con la escasez de divisas que existe en Venezuela, a tal extremo que el gobierno de Nicolás Maduro comenzó a usar el metal precioso para pagar algunos contratos.

  El empresario busca ayudar al gobierno de Maduro a liquidar el oro extraído en Venezuela y convertirlo en divisas.

   También Saab trabajó con Tareck El Aissami, actual ministro del Poder Popular de Petróleo y personero de la administración venezolana con nexos con el Medio Oriente y grupos terroristas como Hezbolá. Con él, Saab busca crear una estructura para que el gobierno venda oro a Turquía. Como resultado de estas operaciones corruptas y para evitar que Maduro y sus asociados “exploten aún más al pueblo y los recursos de Venezuela, el Departamento del Tesoro identificó al sector del oro de la economía venezolana como sujeto a sanciones en noviembre de 2018.

  Álex Saab firmó un contrato con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) para adquirir moneda venezolana para comprar oro de mineros locales. A su vez el gobierno presionó a los mineros para que vendieran oro a Saab a una tasa de mercado oficial inflada, en lugar de mercado negro. Parte del oro fue enviado a Caracas para ser refinado, luego vendido al Banco Central de Venezuela (BCV) y, posteriormente, ser exportado fuera de Venezuela a lugares como los Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Las entidades turcas comprarían oro al gobierno venezolano y como mecanismo de pago, depositarían dinero en cuentas en Turquía, que a su vez transferiría fondos a una cuenta mantenida por el BCV en la nación oriental.  Mulberry, la compañía de Álex Saab en Turquía, compró bienes en ese país en nombre de clientes venezolanos, subiendo los precios antes de ser vendidos nuevamente a Venezuela.

   Se trata, pues, de un conjunto de irregulares transacciones con el oro venezolano que han sido señaladas de malos manejos y relacionadas con grupos criminales venezolanos, así como con funcionarios de seguridad corruptos y de la guerrilla colombiana, el Ejército Nacional de Liberación (ELN).

  Cabe acotar, que la comercialización del oro proveniente de Venezuela ha sido sancionada por el Departamento del Tesoro[1].

Las sanciones de la OFAC

  En julio de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una serie de sanciones en contra de Álex Nain Saab Morán, por sus actividades especulativas erigidas como una vasta red de corrupción por medio de la cual, el expresidente venezolano, Nicolás Maduro y su régimen, se han beneficiado irregularmente a través de la importación y distribución de alimentos.

   Según la OFAC, Saab obtuvo s contratos sobrevalorados, entre ellos el correspondiente al programa alimentario del gobierno denominado Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Para ello, conformó una sofisticada red de empresas fantasma con socios comerciales y miembros de la familia, que le permitieron supuestamente lavar millones de dólares en en todo el mundo.

  Las investigaciones de las autoridades estadounidenses determinaron que los tres hijastros de Nicolás Maduro, a saber, Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, así como al sobrino de la primera dama venezolana, Carlos Erick Malpica Flores, conocidos como “los chamos”, recibieron dinero del empresario colombiano, a cambio de resultar favorecido con contratos públicos, entre ellos el correspondiente al programa de subsidio de alimentos.

  Esta relación con los familiares de Nicolás Maduro y Cilia Flores habría sido determinante para el acceso de Saab y Pulido a los funcionarios del gobierno de Venezuela, “permitiéndoles pagar los sobornos y comisiones ilegales necesarios para obtener contratos gubernamentales”.

   “Los Chamos” también tuvieron acceso frecuente Tareck Zaidan El Aissami Maddah, designado el 13 de febrero de 2017 de conformidad con la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Como resultado, “Los Chamos” pudieron manipular a los destinatarios de los contratos y Saab tuvo la oportunidad de trabajar con los niveles más altos del gobierno venezolano.

  “Álex Saab se involucró con los expertos de Maduro para administrar una red de corrupción a gran escala que usaron cruelmente para explotar la población hambrienta de Venezuela. El Tesoro está apuntando a quienes están detrás de los sofisticados esquemas de corrupción de Maduro, así como a la red global de compañías fantasmas que se benefician del programa de distribución de alimentos controlado por el ejército del antiguo régimen", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien agregó: “La red de corrupción que opera el programa CLAP ha permitido a Maduro y a sus familiares robar al pueblo venezolano. Utilizan los alimentos como una forma de control social, para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los opositores, mientras se embolsan cientos de millones de dólares a través de una serie de esquemas fraudulentos".

   Refiere la OFAC que el programa CLAP, creado en 2016, “En lugar de garantizar que la población vulnerable reciba los alimentos que necesita desesperadamente, el régimen lo utiliza como una herramienta política para recompensar el apoyo y castigar las críticas políticas. Al ofrecer alimentos a través de este programa, el régimen mantiene su influencia porque muchos venezolanos no tienen suficiente dinero para comprar alimentos y, por lo tanto, dependen de las raciones que proporciona el CLAP para sobrevivir.

   “La participación de Saab con el programa CLAP comenzó en 2016 cuando él y Pulido idearon una estructura corporativa para adquirir la comida de un distribuidor extranjero, ensamblarla en un país extranjero y enviarla a Venezuela, todo al precio más rentable para ellos. Bajo la supervisión de Maduro, Saab obtuvo ganancias sustanciales e importó sólo una fracción de los alimentos necesarios para el programa CLAP”.

   Saab y Pulido usaron negocios en México, como Group Grand Limited bajo el control del hijo de Pulido, Emmanuel Enrique Rubio González, para maximizar las ganancias. Álex Saab se valió de una empresa estatal venezolana del estado Táchira que estaba exenta de impuestos a la importación. En la trama de corrupción intervinieron el para entonces gobernador tachirense, José Gregorio Vielma Mora, y Rodolfo Clemente Marco Torres, quien fungía como ministro de Alimentación. Ambos influyeron para que le fuera asignado el contrato a Saab.

   Varias empresas tuvieron participación en el esquema corrupto: Asasi Food FZE, Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi (Mulberry), Group Grand Limited. Estas compañías, luego de ser designadas sin licitación, recibían la aprobación de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX) para importar alimentos.

    En muchos casos, estas empresas fantasmas recibían anticipos del gobierno de Venezuela, fondos de los cuales pagaban sobornos a los funcionarios del gobierno que facilitaban las operaciones. Tales desvíos se justificaban mediante cuentas corporativas de su propiedad o de otras empresas ficticias y de fachada. “Para oscurecer aún más el origen del dinero, estas compañías de fachada enviarían una parte del dinero robado a cuentas comerciales de compañías relacionadas cuya actividad financiera no estaba relacionada con el suministro de alimentos o la logística. Finalmente, utilizando estas cuentas, los conspiradores enviarían una parte del dinero robado a corruptos personajes políticos venezolanos de alto rango, sus familiares o asociados”.

   Entonces, las empresas contratadas por el CLAP procedían a presentar facturas fraudulentas que reflejaban la compra de bienes por un monto alineado con el valor del contrato original sobrevaluado. “En muchos casos, las empresas contratadas por CLAP subcontratarían con otras empresas para cumplir con los términos del contrato, como comprar alimentos o armar cajas de alimentos a menudo con un valor nutricional inferior al estándar. Las compañías contratadas por CLAP trabajaron con compañías navieras y de seguros controladas por funcionarios corruptos del gobierno venezolano o sus socios comerciales para organizar el transporte físico de alimentos a los puertos venezolanos”, refiere el informe de la OFAC.

El proceso judicial en EE. UU.

   El 25 de julio de 2019, se conoció que la Fiscalía General de los Estados Unidos había acusó a los empresarios colombianos, Álex Naim Saab Morán y a Álvaro Pulido Vargas, por la supuesta comisión de los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y de lavado de instrumentos monetarios.

   Específicamente, la acusación contempla que, en el Distrito Sur de la Florida, los demandados cometieron un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y siete cargos de lavado de dinero. Se alega la pérdida de más de USD 350 millones que representan la cantidad de fondos involucrados en la violación.

  La acusación formal contra Saab y Pulido refiere que estos presuntamente desempeñaron roles fundamentales en el lavado del producto de las “violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en relación con un plan para pagar sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela”.

  La acción legal la emprendieron el Fiscal General Adjunto, Brian A. Benczkowski, de la División Criminal del Departamento de Justicia; la Fiscal Federal, Ariana Fajardo Orshan, del Distrito Sur de Florida; y el Agente Especial a Cargo, Adolphus P. Wright, de la División de Campo de Miami de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Miami.

  Se explica que “a partir de noviembre de 2011 y aproximadamente hasta septiembre de 2015, Saab y Pulido conspiraron con otros para lavar el producto de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Venezuela a través de cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos. Según la acusación, Saab y Pulido obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas de bajos ingresos. Los acusados y sus cómplices supuestamente aprovecharon el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela, según el cual se podían obtener dólares estadounidenses a un tipo favorable, mediante la presentación de documentos de importación falsos y fraudulentos sobre bienes y materiales que nunca se importaron a Venezuela y sobornando funcionarios del gobierno venezolano para que aprobarán esos documentos. 

   La acusación formal alega que la actividad ilegal fue un esquema de soborno que violó la FCPA e implicó delitos de soborno contra Venezuela. También alega que se realizaron reuniones para promover el pago de sobornos en Miami y que Saab y Pulido enviaron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida. Como resultado del plan, Saab y Pulido transfirieron aproximadamente USD 350 millones de Venezuela, a través de los Estados Unidos, a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban”[2].

  Pero también en Nueva York se realiza una investigación sobre las actividades delictivas de Saab y Pulido, junto a otros nombres de ciudadanos colombianos que, supuestamente, integran el entramado de corrupción que movió millones de dólares provenientes del régimen de Maduro por Suiza, Emiratos Árabes, Francia, Bélgica, Italia, Turquía, Irán y Rusia.

CITAS

[1] U.S. Department of the Treasury. “Treasury Disrupts Corruption Network Stealing From Venezuela’s Food Distribution Program, CLAP”. 25 de julio de 2019. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm741

[2] Department of Justice. Office of Public Affairs. “Two Colombian Businessmen Charged With Money Laundering in Connection With Venezuela Bribery Scheme”. 25 de julio de 2019. https://www.justice.gov/opa/pr/two-colombian-businessmen-charged-money-laundering-connection-venezuela-bribery-scheme