El barranquillero habría hecho imponer sus influencias políticas para librarse de la justicia en el Ecuador.
Por Maibort Petit
Caricatura cortesía del artista Fernando Pinilla
El Fondo Global de Constructores, la empresa de Álex Saab y Álvaro Pulido Vargas que sirvió para instrumentar el mecanismo de defraudación que operó a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos Sucre, de acuerdo a las conclusiones de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador, tuvo que vérselas con la justicia ecuatoriana, pero el poder político se impuso y logró salir ilesa del proceso. Prosiguieron, entonces, la estafa y los operadores financieros del empresario colombiano lograron sacar mediante un entramado de empresas, al menos USD. 70 millones de dólares de los bancos ecuatorianos para enviarlos a cuentas en paraísos fiscales. La fiscalía formuló cargos por el delito de lavado de activos llevada a cabo el 22 de noviembre de 2013, vinculándose en los hechos a Luis Zúñiga Burneo, Álvaro Pulido Vargas, Amir Nassar Tayupe y Luis Sánchez Yánez.
Se trató del proceso penal número 09286-2015-02285, que se siguió en contra de Foglocons, la cual tenía en cuentas bancarias de Ecuador (Banco del Austro y Banco Amazonas) y la jueza de la causa como medida cautelar ordenó la retención de fondos por la cantidad de USD 56.300.000 depositados en los referidos bancos. Pesar de esto, en la audiencia preparatoria de juicio, el 28 de julio de 2014, la jueza Madeline Pinargote, declaró la nulidad del caso. La Fiscalía apeló, pero fue negada por la Corte Provincial de Guayas.
Después, en junio de 2015, se celebró una nueva audiencia de formulación de cargos, pero en enero de 2016, la jueza María Lorena Jaramillo Hidalgo, emitió el sobreseimiento definitivo de los procesados y ordenó el desbloqueo de las cuentas y la devolución del dinero.
Para la comisión parlamentaria resultó inaudito y asombroso que se haya vinculado al proceso penal a Álvaro Pulido Vargas, quien falleció en el año 2005 en Miami, Estados Unidos. Cabe destacar que Pulido Vargas es en realidad Germán Rubio Salas, jefe del Cartel de Bogotá, condenado en ausencia en 1997 por la corte de Milán a 15 años de prisión por tráfico de drogas. Estuvo en prisión en 2000 acusado de transportar a Europa 2 toneladas de cocaína y 17 kg de heroína. Se suicidó judicialmente y asumió el nombre de otro muerto, Álvaro Enrique Pulido Vargas, también colombiano, fallecido en 2005, como ya dijimos en Fort Lauderdale. Con su nueva identidad conoció a Saab.
En Estados Unidos
Entretanto, la Fiscalía de la Florida asegura que, desde el mes de marzo de 2012 hasta finales del año 2014, Saab y Pulido han realizado transferencias por más de USD 350 millones desde Venezuela a bancos corresponsales en Estados Unidos. Los beneficiarios han sido varios ecuatorianos.
Entre los beneficiarios dentro del Ecuador y en los Estados Unidos, la comisión parlamentaria destaca Miguel Ángel Loor Centeno, abogado asociado a empresas escogidas por Víctor Silva Sosa, representante de Foglocons para que recibieran transferencias millonarias de los depósitos que habían sido devueltos por orden judicial en Ecuador.
A Prymera Asesores S.A. (Panamá) en la que Miguel Ángel Loor Centeno figura como director, Víctor Silva ordenó se le entregara USD 24 millones. Loor también recibió USD 2.580.000 el 29 de agosto de 2016, igual por instrucciones de Víctor Silva.
También fueron beneficiarios de los dineros que fueron retenidos y posteriormente liberados, Whangarei Asset Corp, Víctor Silva Sosa, Jorge Zabala Egas, Luis Esteban de Guzmán Ollague, Joel Espinoza, Víctor León, Oscar Farez, Gabriel Bonilla, Eduardo Yépez, Andrea Alonzo, Carlos Pesantez, Edwin Porro, Jorge Saltos, Néstor Molina, M&M Loor Investments LLC.
Refiere el informe que dos años después, el 6 de marzo de 2018, dos años después de haber sido devuelto el dinero a los presuntos representantes de Foglocons, sospechosamente, apareció un nuevo pedido suscrito por el abogado ecuatoriano, Cesar Villavicencio Solórzano, dirigido a Verónica Artola, gerente del Banco Central del Ecuador en el que, tras exponer el fallo de la jueza Jaramillo, solicitó nuevamente la devolución de USD 47.536.403,93.
César Villavicencio explicó a la Comisión que el pedido lo hizo por solicitud de Víctor Alfaro, abogado personal de Álex Saab Morán y, además, representante de la empresa española FGDC, una de las dueñas de Foglocons Ecuador. Luis Eduardo Sánchez Yánez informó que las acciones legales para la Foglocons en Ecuador las dirigió Víctor Alfaro Márquez desde Venezuela.
Piedad Córdoba y Álex Saab
Determinó la comisión a través de su presidente, que la exsenadora colombiana, Piedad Córdoba, estaría vinculada con Álex Saab, así como que sus visitas al Palacio Presidencial de Carondelet durante el mandato de Rafael Correa eran frecuentes.
Refiere que tal hecho lo confirma el periodista colombiano Gerardo Reyes en su libro “Álex Saab: La verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro”. Allí se narra que Córdoba habría gestionado en la Secretaría de Finanzas de Venezuela, así como también en Cadivi para obtener beneficios económicos para Álex Saab Morán y otros personajes.
El mecanismo de extracción
El informe de la comisión de Fiscalización y Control Político obtuvo información acerca de cómo los operadores financieros lograron sacar, al menos USD. 70 millones de dólares de los bancos ecuatorianos para enviarlos a cuentas fuera del país.
Foglocons, desde sus cuentas en bancos locales, transfirió a la cuenta de la empresa Clever Financial Investment Services (CFIS), Casa de Valores de Panamá, USD 23.000.166,47; a Blue Numbers Securities Inc. Punta Pacífica, de Panamá USD 20.000.000; a Fondo Global de Construcción SAC, de Perú, USD 11.000.000; a la filial de CFIS en Ecuador, USD 9.692.538,94; a Window World USD 6.723.937,39; a “Sin Beneficiario” USD 4.557.613,55; a Inconeg S.A. USD 4.285.710; incluso, a Miguel Centeno (relacionado con Muxidercorp S.A y tío de Miguel Ángel Loor) le transfirió USD 736.002, entre otros beneficiarios.
Los destinatarios del dinero de Álex Saab
Asimismo, un viaje que realizaron el 5 de marzo de 2013 a la ciudad de Cuenca Carlos Felipe Pérez Castro, Guillermo Alfredo Montefusco Lange, Carlos Francisco León Ponte, Luis Sánchez Yánez, Luis Gusti Lugo, Luis Gusti López, Álvaro Pulido Vargas y José Sánchez Borja a bordo de un Gulfstream GLF4 con matrícula N1459A procedente de Bogotá, permitió a la comisión parlamentaria conocer quienes eran los destinatarios del dinero de Álex Saab.
Se trataba del directorio de Fondo Global de Construcciones y un selecto grupo de empresarios financieros que tenían como objetivo manejar el dinero de Saab y ponerlo a buen recaudo en países como Suiza, Panamá, Islas Vírgenes.
Determinó la comisión que el empresario venezolano, Carlos León Ponte Soto-Roso, y su pareja, Micaela Lehrer Alarcón, manejaron alrededor de USD 46,1 millones de dólares de Álex Saab.
Se presume que León Ponte es un presunto operador de Saab y directivo de varias empresas de Panamá, tales como Clever Financial Investment Services CFIS S.A. Casa de Valores, inscrita en Panamá en noviembre de 2006. Un año después de esto, León Ponte tomó el control total de Foglocons y recibió USD 23 millones.
La explicación que se le dio a esto fue que el monto transferido estaba destinado a la apertura de una cuenta de inversión en esa casa de valores, desde la cual se pagaba a proveedores y negociaciones en el exterior de Fondo Global Ecuador. En mayo de 2013, Ponte León aseguró estar autorizado por Foglocons para transferir millones de dólares, desde Ecuador a Panamá. Entre ambas empresas se habría firmado un contrato de administración de inversiones y asesoría que, supuestamente, se ejecutó a través de la cuenta de inversiones, abierta el 10 de enero de 2013.
Se dijo que existía un contrato para prestarles USD 36 millones a Fondo Global Perú.
El mecanismo para mover el dinero incluía otras empresas, entre ellas CFIS S.A. Ecuador, filial de la casa de valores panameña, constituida en octubre de 2016 por María Alarcón Bastidas y Daniel Lehrer Cociovitch, padres de Micaela Lehrer Alarcón. Esta empresa recibió USD 9,6 millones de Foglocons. Carlos León Ponte también era representante legal en Ecuador CFIS.
Micaela Lehrer y su padre Daniel, además son accionistas de Inmobiliaria Comercial y de Negocios, Inconeg S.A. compañía que también recibió USD 4,2 millones de las cuentas de Fondo Global y USD 8.446.360,80 de la empresa Pifogardens, investigada por lavado de activos en el Sistema Sucre, ambas vinculadas a exportaciones ficticias. Entre estas y otras transferencias, Inconeg, recibió USD 13,5 millones que fueron enviados posteriormente a Andorra, las Antillas Holandesas, Suiza, Hong Kong, Panamá, Estados Unidos, Venezuela y a otras empresas.
Pifogardens, empresa dedicada a la “exportación de flores y otras especies vegetales, al cultivo, cría, producción, explotación, comercialización, intermediación, importación y exportación de productos agropecuarios, forestales, agrícolas, florícolas”, figuró exportando carbonato de calcio con sobreprecio. Quien realizaba el pago de estos valores desde Venezuela era la empresa Inversiones Delsati C.A. Los últimos accionistas de Pifogardens fueron Marco Haro Haro y Byron Padilla. Este último sentenciado a 9 años de prisión y al pago de una multa de USD 44 millones por el delito de lavado de activos cometido a través de las exportaciones fraudulentas a Venezuela.
Contra Micaela Lehrer pesa una orden de detención preventiva desde 2014, indiciada por los delitos de lavado de activos relacionados con las exportaciones ficticias.
Lehrer, ecuatoriana de padre argentino, figura como intermediaria de Colonsworth Estates Corporation, una firma creada en enero de 2013 en las Islas Vírgenes, según los Papeles de Panamá.
Está establecido que Micaela Leherer Alarcón aportó en dinero y especie a la campaña electoral de Rafael Correa con Jorge Glas en 2013.
Las conclusiones de la investigación desarrollada por una Comisión de la Asamblea Nacional del Ecuador determinaron que el sistema de compensación creado por Hugo Chávez y Rafael Correa únicamente fue un mecanismo defraudación.
Por Maibort Petit
Paradójicamente el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos Sucre, creado por los gobiernos socialistas de Hugo Chávez y Rafael Correa para combatir la hegemonía del dólar del tan aborrecible para ellos imperio de los Estados Unidos, encontró en la propia moneda el atractivo para poner en funcionamiento dicho sistema de pago y llevar a cabo el gran cúmulo de irregularidades y corruptelas que la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador ha evidenciado en una investigación cuyos resultados están contenidos en un informe publicado el 13 de diciembre de 2021. Y es que, para los artífices de su instrumentación, las operaciones únicamente tenían atractivo si se llevaban a cabo con la moneda estadounidense que circula en el sistema financiero ecuatoriano.
Así lo refiere el ente parlamentario en las conclusiones del informe final de la investigación que establece que las presuntas irregularidades que pudiesen haberse cometido en las diferentes modalidades de comercio exterior entre Ecuador y Venezuela, bajo el sistema Sucre, “se tornaron atractivas por el uso de una moneda sólida como es el dólar, la misma que es de curso legal en nuestro país”.
Se determinó, igualmente, que la mayor parte de las operaciones de exportación de productos desde Ecuador hacia Venezuela, estaban sobrevaloradas y, en su mayoría, eran ficticias. Se comprobó que, por todas las transacciones comerciales internacionales, ya habían mediado los valores compensatorios que, sin lugar a dudas, eran los dólares que circulaban en el sistema financiero ecuatoriano. El propio subdirector del Servicio de Rentas Internas del Ecuador así lo reconoció en su comparecencia ante la comisión parlamentaria.
En pocas palabras, el enemigo a combatir se convirtió en la razón de su implementación a través de una trama de corrupción que involucró la creación de empresas de maletín detrás de las cuales estaría quien es señalado de ser el supuesto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab —actualmente en proceso judicial en una corte de la Florida por lavado de dinero— y su socio, Álvaro Pulido.
Todo deja ver que se constituyeron empresas en Venezuela exclusivamente para importar desde Venezuela a través del Fondo Global de Construcción (Foglocons). De nada importó que las compañías involucradas carecieran de la experiencia y credenciales necesarias para llevar a cabo las tareas para las que se les contrató.
Señala informe que las compañías no tenían siquiera “antecedentes mínimos en el comercio exterior y peor aún en el uso y manejo de recursos económicos que sustenten la viabilidad financiera de tales actividades. La empresa Thermo Group, tiene como objeto social, comercializar productos para cabello; y, la empresa ELM Import, carecía de experiencia en temas de construcción”.
Refiere el informe parlamentario que el mayor volumen de requerimientos de materiales-órdenes de importación tuvieron como origen Venezuela, a través de la compañía ELM Import. Se trataba de órdenes de compra de materiales para la construcción de casas prefabricadas destinadas a las clases más necesitadas en Venezuela. El gobierno venezolano suscribió para ello un contrato con la citada empresa cuyo representante legal es Héctor David Sirit Rodríguez, quien también firmó el contrato para construir 5.600 viviendas multifamiliares. El precio del contrato fueron USD 435 millones.
Acota el informe que el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, solicitó el 28 de febrero de 2013 al Superintendente Nacional Aduanero y Tributario (SENIAT) de Venezuela, José David Cabello Rondón, información detallada de todas las importaciones realizadas por ELM Import, Thermo Group C.A. y cualquier otra compañía que hubiera declarado como proveedor extranjero a la empresa ecuatoriana Fondo Global de Construcciones (Foglocons) entre octubre de 2012 a la fecha de la solicitud, sin que se haya atendido la solicitud por el funcionario venezolano.
Destaca el informe de la comisión de la AN del Ecuador el conocimiento público que se tiene de que las referidas ELM Import y Thermo Group C.A. tienen vínculos con el señor Álex Naim Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas. Asimismo, de que José David Cabello Rondón, quien dirigía y controlaba las importaciones y exportaciones en Venezuela, es hermano de Diosdado Cabello, uno de los funcionarios más poderosos del régimen chavista.
No escapó a la comisión parlamentaria la responsabilidad que también tenía, por su reincidente accionar de carácter omisivo, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), cuyos funcionarios pudieran tener responsabilidades administrativas y/o presuntamente penales, por el posible incumplimiento en sus funciones.
Otra irregularidad detectada fue el hecho de que varias empresas domiciliadas en España, Colombia, Holanda, Estados Unidos, los cuales no eran estados miembros y/o beneficiarios del Sistema Sucre y, sin embargo, “se les permitió favorecerse de dichos mecanismos con la anuencia de las autoridades aduaneras ecuatorianas, presumiéndose la participación de estos funcionarios dentro de una organización delictiva”.
Apunta el informe que, presumiblemente, se habría querido ocultar deliberadamente la presencia o participación de Foglocons de Venezuela, cuando en determinados actos de comercio exterior entre Ecuador y Venezuela, se encontraban etiquetadas de la empresa, a pesar de tener otro destino que era la Red de Abastos Bicentenario S.A.
Para los parlamentarios es evidente que funcionarios del SENAE buscaban ocultar, disimular o impedir la determinación real de la naturaleza o procedencia de los bienes objeto de las exportaciones y su destino.
Las relaciones de Saab y Pulido con el régimen venezolano
Las conclusiones del informe parlamentario sobre el Sistema Sucre refieren que es público y notorio el vínculo existente entre Álex Saab Morán y el gobierno venezolano.
Una relación que, incluso, tenía carácter legal y formal, en razón del contrato suscrito entre la administración de Hugo Chávez y el empresario colombiano para la construcción de unidades habitacionales para el programa gubernamental “Gran Misión Vivienda”.
Las empresas de papel
La investigación desarrollada por la comisión determinó que se habría conformado una estructura jerárquicamente organizada que constituyó “aproximadamente 308 empresas, muchas de las cuales, prestaron sus nombres tanto para ordenar pedidos de materiales de construcción de viviendas y otros productos, como para exportarlos desde los países de origen requeridos, como es en el presente caso entre Venezuela y Ecuador respectivamente”.
Remitiéndose a una información del Diario El Comercio a través de YouTube[1], indican que el representante legal de Foglocons en Colombia, era Álex Naim Saab Morán, quien suscribió de manera pública dicho convenio con el ministro de Industria de Venezuela, Ricardo Menéndez, ante la presencia del finado Hugo Chávez Frías, del expresidente de Colombia Juan Manuel Santos; y, del entonces canciller venezolano, Nicolás Maduro Moro, el día 28 de noviembre de 2011. Dicha empresa se había conformado apenas cuatro días antes de la firma del contrato, por lo que se le estaba asignando la responsabilidad a una compañía recién creada, sin ninguna experiencia en el campo de la construcción y sin el historial financiero necesario para llevar a cabo un multimillonario proyecto social de vivienda.
Deja sentado el informe que es evidente que la única intención de un convenio binacional entre Venezuela y Colombia, país este último que no integra el Sistema Sucre, solamente tenía por objetivo, “integrar al esquema preconcebido, a la empresa Foglocons, y a sus dos principales operadores, también de nacionalidad colombiana: Álex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, quienes liderarían las actividades desde Venezuela”.
Entretanto, Fondo Global de Construcción-Foglocons (Ecuador), fue constituida el 19 de septiembre de 2012, ante la Notaria Trigésima Séptima encargada del cantón Guayaquil dirigida por Wendy María Vera Ríos. Los socios propietarios de esta persona jurídica eran Álvaro Enrique Pulido Vargas y Luis Eduardo Sánchez Yánez.
Este último compareció ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador durante la fase investigativa. Esto ocurrió el 10 de noviembre de 2021, cuando Sánchez Yánez manifestó que conoció a Pulido Vargas en agosto de 2011, durante una reunión social en la que conversaron sobre el proyecto “Misión Vivienda” en el que Álex Naim Saab Morán, firmó el convenio antes mencionado. En aquel entonces, Nicolás Maduro fungía como canciller venezolano. Dijo que, en enero de 2012, se reunió con Álvaro Pulido Vargas en Venezuela, en donde conversaron respecto de su contratación, y reconoce la existencia de la empresa Foglocons.
Luis Sánchez Yánez informó a la comisión que Foglocons operaba en Venezuela, Colombia y Ecuador, constituyéndose un holding de empresas, “una estructura corporativa o un velo desde Malta, con empresas españolas, para que a futuro absorbieran las acciones de las compañías anteriormente referidas. Por información de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se desprende que los accionistas de Foglocons actuales, son de origen español y se denominan: Fondo Global Petrolero SL; y, Grupo FGDC Latinoamericana Sociedad Limitada, “tomando en consideración que los socios de las referidas empresas españolas, son los mismos integrantes del paquete accionario en ambas personas jurídicas”.
Sánchez Yánez confirmó su sociedad con Álvaro Pulido Vargas y que además conoció a Álex Saab Morán, como parte del proceso de constitución del holding empresarial que tenía sucursales en España, Colombia, Venezuela y Ecuador. También informó que viajó varias veces a Ecuador en aviones privados propiedad de Saab y Pulido Vargas.
Dijo que Foglocons con sede en Ecuador se constituyó en septiembre de 2012, fecha en que no ingresó a Ecuador, según información obtenida del Ministerio de Gobierno y manifestó que, posiblemente, firmó el documento de creación en Venezuela. Sin embargo, en el informe de la notaria Wendy Vera Ríos, se dice que comparecieron personalmente. Entretanto, los registros migratorios dan cuenta de que en la fecha de la suscripción de la escritura de constitución de Foglocons, Álvaro Pulido Vargas y Luis Eduardo Sánchez Yánez, no estaban en Ecuador.
Aunque Luis Eduardo Sánchez Yánez negó tener otros negocios o relaciones comerciales con Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab Morán, al siguiente día de la constitución de Foglocons, en la misma notaría, constituyó la Constructora Jaar S.A. (CONSJARSE) en la que figuran como socios Pulido Vargas y Sánchez Yánez. Se trata de una con el mismo nombre de otra domiciliada en Caracas-Venezuela, ubicada en el 9no piso de la torre Marriott, en la misma oficina, donde opera la empresa ELM Import, en la que laboraba Álvaro Pulido Vargas.
Los beneficios del diferencial cambiario
Se advierte que con el sistema de control cambiario que operaba en Venezuela, las empresas venezolanas que ordenaban supuestas importaciones del Ecuador, obtuvieron millonarios beneficios y recursos monetarios a través de ese diferencial cambiario.
Tal situación ocasionaba al mismo tiempo una afectación a la circulación propia del dólar en el territorio ecuatoriano, en razón de que se recibían tales cuantías de las exportaciones fantasmas, estos recursos eran enviados a paraísos fiscales e, inclusive, a los propios Estados Unidos.
Se indica que el SENAE certificó que las recién creadas empresas exportadoras de material de construcción, casi en su totalidad, nunca llegaron a realizar dichas operaciones comerciales internacionales. Agregan que llegaron a una situación que se agravó cuando también evadieron el pago de los tributos que le corresponderían al estado ecuatoriano.
Los vínculos con Rafael Correa
Los vínculos de Saab y Pulido con el gobierno de Rafael correa estarían dados por Luis Sánchez Yánez, cuyo hermano Jaime Sánchez Yánez, fue asesor del mandatario ecuatoriano.
Ante la comisión parlamentaria, el exgerente del Banco Central del Ecuador, Mateo Villalba, informó que Jaime Sánchez Yánez, visitó al presidente del directorio del BCE, Diego Martínez Vinueza, para hablar sobre el sistema de compensación Sucre.
Villalba refirió que, tras la visita de Jaime Sánchez Yánez, Martínez, elevó el caso a conocimiento del secretario de la Presidencia de la República Omar Simons.
Del mismo modo, Mateo Villalba relató que, por información del Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, conoció que algunos de los socios de Foglocons podían tener antecedentes de narcotráfico y con medidas de seguridad. Se trataba de Álvaro Pulido, quien vivía “rodeado de policías y guardaespaldas armados, tenía guardias en su casa, en los fines de semana, e inclusive cuando viajaba a Venezuela a las reuniones del Consejo Monetario Regional en Caracas, era con escolta armada, por eso para él fue bien difícil olvidarse de este evento porque fue muy traumático".
Lo expuesto por Villalba ante la comisión parlamentaria, deja sentado que la máxima autoridad penal del Ecuador, Galo Chiriboga Zambrano, conocía que los socios de Foglocons estaban vinculados al narcotráfico, lo cual además fue confirmado a través del informe suscrito por el Agente Especial de la DEA-Embajada Americana, con sede en Bogotá, Edward Martínez, de fecha 26 de marzo de 2018, así como otros informes de la justicia estadounidense del mismo año, en los que se identifica a Álvaro Pulido Vargas, “con operaciones de narcotráfico, hecho que se encuentra relatado en la investigación realizada por el periodista Gerardo Reyes”.
REFERENCIAS
[1] YouTube. Diario el Comercio Videos. “¿Quién es ALEX SAAB y cómo se enriqueció con el régimen de NICOLÁS MADURO?”. S/F. https://www.youtube.com/watch?v=G29yyvJvf18
En el Corte de Distrito hay una audiencia fijada para el 16 de febrero de 2022, ahora aludiendo una supuesta cuarentena del acusado que evitaría que se reuniera con los abogados.
Por Maibort Petit
Un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos Undécimo Circuito de Atlanta, Georgia, revisará el recurso de apelación interpuesto por Álex Saab Morán en la semana del 4 de abril de 2022 en Miami, Florida, de acuerdo a la decisión tomada por las autoridades de la corte.
La programación se dio a conocer en un memorando fechado el 22 de diciembre de 2021, suscrita por Jennifer Tubbs, supervisora de sesiones de la Corte de Apelaciones.
En la comunicación dirigida a los defensores de Saab y otros, se señala que las audiencias del tribunal se llevarán a cabo de martes a viernes de la semana que se inicia el 4 de abril. Posteriormente, los abogados recibirán un calendario final, aproximadamente en 6 u 8 semanas antes de la sesión, donde se indicará una fecha específica para exponer los argumentos orales.
La defensa de Saab está representada por los abogados David Rivkin, David B. Rivkin Jr., Lee A. Casey, Elizabeth P. Foley, Richard B. Raile, Jenna M. Lorence, todos del bufete Baker & Hostetler LLP.
Se advierte en la comunicación que, después de que se asigna una apelación a un día específico para la argumentación oral, cualquier cambio o adición del abogado en la apelación, requiere autorización de la corte.
La razón de la apelación
El recurso de apelación interpuesto por Álex Saab requiere que la Corte de Apelaciones suprima el fallo de un juez de primer circuito que desestimó el argumento de que el acusado no podía pedir la desestimación de la acusación porque para la fecha se encontraba en estatus de fugitivo.
Los abogados de Saab pidieron a la corte la desestimación de los cargo debido a que el considerado testaferro de Nicolás Maduro no puede ser detenido ni juzgado porque posee inmunidad diplomática en razón a su cargo de encargado de asuntos humanitarios ante el gobierno de la República Islámica de Irán y de Rusia por designación de la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente, los abogados pidieron la revisión del argumento de que el caso como tal generó víctimas legales de los delitos alegados en la acusación.
La posición del gobierno de los Estados Unidos en este caso, es que Álex Saab, al ser un fugitivo, no podía enviar a terceros al tribunal para pedir que se desestimara su acusación, sino que debía estar físicamente en el tribunal. Asimismo, los fiscales sostuvieron que no existen víctimas legales de los delitos alegados en la acusación.
La fiscalía sostiene que "no hay ninguna parte corporativa no gubernamental en este procedimiento, ni asociación de personas, formas, sociedades o corporaciones que tengan un interés en este caso o en el resultado de la apelación" y, por tanto, el tribunal debe desestimar la causa por carecer de fundamento.
Oposición al argumento de los fiscales
Entretanto, los abogados de Álex Saab piden a la corte denegar la moción del Departamento de Justicia, porque la misma no se ajusta a derecho, pues "el único argumento del gobierno es que este caso es discutible, pero está equivocado".
Esto significa que los fiscales alegan que el tribunal de Apelaciones debe denegar el recurso a la defensa porque el argumento de que Saab no puede ser detenido ni juzgado porque tiene inmunidad no fue discutido en la corte de distrito porque él no estaba presente. Por ende, piden a los jueces que nieguen el recurso porque el tema de la inmunidad diplomática no fue tratado en el fallo, pero si puede ser discutido ahora que Saab está presente.
La defensa piensa todo lo contrario y ha empujado a los jueces para que decidan que el tema de la inmunidad diplomática de Saab si puede ser discutida por los jueces de apelaciones, porque ya hay jurisprudencia que dice que las cortes de segundo circuito si pueden decidir sobre la materia.
Agrega la defensa, que la posición de los fiscales se contradice cuando señalan que "el caso es discutible solo si ya no presenta una controversia viva con respecto a la cual el tribunal puede dar una reparación significativa".
La defensa argumenta que es evidente que este Tribunal puede ofrecer un alivio significativo en este caso, puesto que el apelante, Álex Nain Saab Morán, está preso en un centro de detención federal de Miami y eso no debería ocurrir porque él goza ampliamente de inmunidad diplomática, para lo cual, de hecho tiene los comunicados públicos que así lo ratifican de Rusia e Irán.
"Si prevalece esta apelación, su afirmación de absoluta inmunidad diplomática contra el arresto y el juicio, será liberado de la prisión y se le permitirá continuar en su misión diplomática. Por lo tanto, esta Corte puede y, sobre la base de su propio precedente vinculante, debe brindar el alivio más significativo e impactante que se pueda imaginar".
Los abogados van más allá y sostienen que "las afirmaciones contrarias del Gobierno intentan confundir más que persuadir. Sostiene que debido a que la cuestión de la privación de derechos de fugitivo en esta apelación ahora es discutible, toda la apelación es discutible".
No obstante, lo discutible de un tema no equivale a lo discutible de todo el caso", acotan.
Aseguran que "el Gobierno también sostiene que el tribunal de distrito no llegó a la afirmación de inmunidad del Sr. Saab y debería tener la oportunidad de abordar esa cuestión de derecho en primera instancia".
Los abogados argumentan que la posición de los fiscales "confunde el estándar de la prisión preventiva discrecional con la cuestión jurisdiccional de la discutibilidad" y aseguran que el tribunal de apelaciones tiene jurisdicción sobre esta apelación, independientemente de cómo elija finalmente ejercer su discreción.
La fiscalía y la defensa coinciden en que es fundamental una pronta resolución de esta Corte sobre el fondo para poder tomar decisiones en el caso. "La forma de lograr este objetivo no es a través de un fallo jurisdiccional de inadmisibilidad, sino más bien mediante expedición de argumentos y decisiones".
En ese sentido, los abogados de Saab propusieron una moción ante la corte que busca realizar movimientos cruzados para acelerar la discusión y la decisión del caso. "Este caso está completamente informado y listo para la revisión de este Tribunal".
La defensa pide a la Corte denegar la moción del Gobierno o llevarla con el caso, así como también, programar las actividades para la próxima fecha disponible para el argumento y acelerar su decisión final.
Antecedentes del caso
La defensa sostiene que Álex Saab "es diplomático de Venezuela. Fue arrestado ilegalmente en Cabo Verde mientras se encontraba en una misión diplomática humanitaria en Irán para obtener alimentos, combustible y suministros para ayudar a Venezuela en su lucha contra Covid-19".
Continúan señalando que el arresto de Saab se produjo a pedido de Estados Unidos, en razón de una orden de detención emitida por el tribunal de distrito.
Agregan que "Rusia e Irán han reconocido públicamente el estatus del Sr. Saab como diplomático venezolano, y las Naciones Unidas, la Unión Africana y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental han pedido un diálogo diplomático para resolver este disputar y honrar la inmunidad diplomática del apelante [Saab].”
"El Sr. Saab ha afirmado inmunidad durante todo este caso, sin embargo, permanece detenido hasta el día de hoy”.
La defensa sostiene que Saab se opuso a la solicitud de extradición del Gobierno ante un tribunal de Cabo Verde. Paralelamente a estos esfuerzos, el acusado se trasladó al tribunal de distrito para pedir autorización para presentarse en una comparecencia especial para impugnar la acusación por motivos de inmunidad diplomática y se adjuntó una moción de desestimación.
Ante esa petición, la fiscalía argumentó en Miami, el año pasado, que Álex Saab era un prófugo de la justicia y, por lo tanto, no tenía derecho a impugnar la acusación, pero el demandado argumentó que la afirmación de la inmunidad diplomática de “cualquier forma de arresto o detención” e, incluso, desde la "jurisdicción penal" (Convención de Viena, 18 de abril de 1961, 23 UST 3227, arts. 29, 31) no es similar a un escape de la justicia y no lo convierte en un fugitivo.
"Dicho de otra manera, tratar al Sr. Saab como un fugitivo equivaldría a negar su inmunidad".
La denegación de la moción y la respuesta de Saab
El 18 de marzo de 2021, el tribunal de distrito denegó la moción de Saab, sosteniendo que es obligación de este “comparecer físicamente en este distrito como el Gobierno lo ha solicitado repetidamente”, antes de afirmar la inmunidad de arresto, detención y enjuiciamiento.
El tribunal de distrito invocó la doctrina de la privación de derechos de fugitivo, que “limita el acceso a los tribunales de un fugitivo que ha huido de una condena penal en un tribunal de los Estados Unidos”.
La corte de distrito dejó en claro que Álex Saab puede impugnar la acusación una vez que "esté físicamente presente en esta jurisdicción" y por ello, "apeló oportunamente de esa orden bajo la doctrina de la orden colateral, que habitualmente se considera una base para apelar órdenes que frustran la afirmación coloreada de un defensor de un derecho a no ser juzgado".
El 28 de mayo de 2021 la Corte solicitó la exposición informativa sobre la cuestión de si el tribunal tiene competencia apelativa por la orden de no llegar a la defensa de inmunidad de Saab.
El 11 de junio, Saab dio una respuesta afirmativa a esa pregunta, citando una decisión del Séptimo Circuito que sostenía que las órdenes que declinan adjudicar un derecho a no ser juzgado por referencia a la doctrina de fugitivo-desautorización son apelables de inmediato.
Mencionó un precedente de la Corte de Apelaciones de Atlanta que sostiene que las órdenes de “diferir un fallo” sobre una defensa de inmunidad son apelables de inmediato.
El 6 de agosto de 2021, un panel de dos jueces del citado Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos Undécimo Circuito de Atlanta, emitió una orden llevando la cuestión jurisdiccional con el caso. Se indicó claramente que la cuestión jurisdiccional está lo suficientemente cerca de la adjudicación de méritos por parte de los méritos.
Refiere que el escrito de apertura de Saab y el escrito de contestación del Gobierno se refieren tanto a la jurisdicción como a la desautorización de fugitivos; ambos discuten la doctrina de la inmunidad diplomática y las posiciones de las partes sobre su aplicación en este caso; ambos reconocen el principio de que el Tribunal a veces se niega a abordar cuestiones preservadas, pero no transmitidas en el tribunal de distrito; y ambos reconocen que esta doctrina es prudencial, no jurisdiccional.
Saab estima que la Corte debería abordar la cuestión de la inmunidad y reivindicarla con su indiscutible inviolabilidad frente al arresto y desestimar directamente la acusación.
El Gobierno argumentó que la Corte debería (si se encontraran en su contra por la desautorización de fugitivos) remitir el caso al Tribunal de distrito para que juzgue la afirmación de inmunidad en primera instancia.
Las partes acuerdan que Álex Saab ya no es un fugitivo.
Saab se centra en las razones por las que la Corte debería ejercer su facultad discrecional para resolver su defensa de inmunidad diplomática y por qué debería mantener esa defensa y ordenar la desestimación de la acusación con fecha el 4 de noviembre de 2021.
Advierten que "el proceso de extradición fue, desde un principio, muy irregular, que culminó con la destitución del Sr. Saab antes de que se agotara el proceso judicial en Cabo Verde".
La defensa se remite a la jurisprudencia para sostener que "el Tribunal puede otorgar la reparación más eficaz imaginable: una orden que transfiera al Sr. Saab del encarcelamiento a la libertad total".
Saab no pide ser considerado competente para ser juzgado, sino que reclama "el derecho a no ser llevado a los tribunales en absoluto". Un pedido que estiman que la Corte de Apelaciones está en capacidad de brindar.
El reclamo de inmunidad de Saab depende de su condición de diplomático, y el Gobierno expresado nada que comprometa esa condición desde que se presentó la apelación.
Saab solicitó a la Corte determinar, no solamente que él no es un prófugo, sino también que su condición de diplomático lo inmuniza de ser enjuiciado.
La defensa estima que existen razones imperiosas para que la Corte ejerza su facultad discrecional de abordar su inmunidad en primera instancia en apelación, como tiene derecho a hacerlo.
Aseguran que, hasta la fecha, el gobierno no ha identificado ninguna prueba que refute el hecho incontrovertido de que Álex. Saab es un diplomático de Venezuela acreditado ante Irán.
La defensa de Saab manifestó su acuerdo en que no es deseable una apelación prolongada y, por lo tanto, realiza movimientos cruzados para acelerar la discusión y la decisión.
Los abogados de Saab advierten que la fiscalía de manera tardía y repetidamente, solicitó prórrogas de las sesiones informativas y no cumplió con uno de los plazos establecidos por la Corte. Y ahora, casi seis semanas después de la extradición y comparecencia inicial de Saab en el tribunal de distrito, presenta esta moción dilatoria de desestimación, que solo puede retrasar aún más la resolución de esta apelación.
La defensa cree que el Tribunal debe conceder la contra-moción del Saab para acelerar, ordenar al secretario del tribunal que programe este caso para la próxima fecha de discusión disponible y resolver esta apelación lo antes posible.
Lo que dice el gobierno
Por su parte la fiscalía solicitó al tribunal desestimar la apelación de Álex Saab pues, como sostiene, en el caso supuesto de exista jurisdicción en virtud de la doctrina de la orden colateral para abordar los méritos de la sentencia de privación de derechos de fugitivo del tribunal de distrito, se trata de una cuestión que ahora es indiscutiblemente discutible. Para el gobierno, sí Saab tiene derecho a la inmunidad diplomática de enjuiciamiento no es materia de la corte de apelaciones.
El gobierno tampoco cree que sea necesario un argumento oral para resolver esta moción de desestimación, si se opta por llevar la moción con el caso y programar la apelación. La fiscalía no se opone a la solicitud de Saab de que se acelere la argumentación y la decisión.
Estima la fiscalía que el Tribunal debería desestimar la apelación, porque la impugnación de Álex Saab a la decisión del tribunal de distrito sobre la privación de derechos de fugitivo es discutible ahora que ha sido extraditado a los Estados Unidos y compareció en el tribunal de distrito. También al hecho de que el gobierno cree que el Tribunal debería devolver la jurisdicción al tribunal de distrito para permitirle decidir sobre la solicitud de inmunidad diplomática de Saab en primera instancia.
Al argumento de Saab de que no se requiere desestimación con relación al "problema de la privación de derechos de fugitivo en este caso es discutible", indicando que no se requiere la desestimación porque “lo discutible de un asunto no equivale a lo discutible de todo el caso”, la fiscalía no discute esta propuesta bien aceptada. Sin embargo, advierte que eso no significa que la Corte tenga una “obligación prácticamente inquebrantable”, para decidir sobre la solicitud de inmunidad de Saab en esta apelación interlocutoria. Asegura que se debe desestimar el pedido de Saab porque no se presentó debidamente ante la Corte y porque la reclamación de inmunidad diplomática no se desarrolló ni fue plenamente informada, no fue considerada por el tribunal de distrito, y por lo tanto no está bien planteada ante el tribunal de apelaciones.
Recuerda el gobierno que el tribunal de distrito negó la moción de Álex Saab de anular una orden anterior que lo clasificaba como prófugo; y también le negó otra solicitud de autorización para presentarse a una comparecencia especial para impugnar la acusación. Al respecto, la fiscalía cree las partes están de acuerdo en que este aspecto de la apelación de Saab es discutible y debe desestimarse. Sobre lo segundo, estima el gobierno que el tribunal de distrito se limitó a pronunciarse sobre una solicitud de autorización para comparecer de manera especial, en el contexto de un caso en el que el acusado aún no había comparecido.
Subraya el gobierno que el tribunal de distrito no se pronunció sobre la moción para desestimar o negar a Saab la oportunidad de obtener un fallo inmediato una vez que compareció, por lo que se debería permitir que lo haga ahora en primera Instancia.
En tal sentido, el gobierno considera cualquier apelación con respecto al reclamo de inmunidad diplomática de Saab, en este momento es prematura. Y por esa razón, no es una cuestión de discusión y la Corte de Apelaciones debería desestimarla.
Igualmente, considera erróneo el argumento de Álex Saab de que la Corte no debería desestimar su apelación porque si ejerciera su discreción para abordar su reclamo de inmunidad diplomática en primera instancia y fallar a su favor, le estaría brindando “la reparación más eficaz imaginable: una orden que lo transfiere del encarcelamiento a la completa libertad”.
El gobierno responde a la queja de Saab por estar "detenido en un centro de detención federal en Miami sin derecho a fianza", advirtiendo que este no menciona que ni siquiera ha solicitado la libertad previa al juicio en el tribunal de distrito. Indicaron los fiscales que sí Saab cree que tiene derecho a una fianza, que presente una solicitud de este tipo en el tribunal de distrito.
Del mismo modo, el gobierno cree que la corte debe desestimar la apelación del reclamo de inmunidad diplomática por ser prematuro, dado que el tribunal de distrito aún no se ha pronunciado al respecto.
Por último, el gobierno se remite a lo expresado por Álex Saab en el sentido de que las partes “están de acuerdo en que es fundamental una pronta decisión de esta Corte sobre el fondo” y advierte que tergiversa la posición de la fiscalía. “Aunque el Gobierno solicitó a este Tribunal que desestime la apelación de Saab ‘rápidamente para devolver la jurisdicción al tribunal de distrito’, (…) el argumento del Gobierno desde el inicio de esta apelación es que este Tribunal no necesita, y no debería abordar los méritos de esta apelación en absoluto. Mas bien, el Gobierno ha argumentado que esta apelación debe ser desestimada tanto por falta de jurisdicción como por la doctrina de la controversia”.
Juez del primer circuito cambia la audiencia
Por otro lado, el juez Robert N. Scola anunció el cambio de la audiencia que estaba prevista para el viernes 7 de enero para el 16 de febrero, argumentando que Saab tendría que pasar 14 días en cuarentena si la audiencia se llevara a cabo el 7 de enero, como estaba previsto.
El juez Scola alega que hay un incremento significativo de los casos de COVID-19 en el estado de la Florida
“Teniendo en cuenta el aumento del COVID-19, si la audiencia se llevara a cabo el 7 de enero, el acusado tendría que estar en cuarentena durante 14 días después de la audiencia, lo que interferiría con su capacidad para consultar con un abogado”, señala el fallo del juez.
Parlamentarios ecuatorianos explicaron el mecanismo de defraudación instrumentado por el chavismo en Venezuela y Ecuador.
Por Maibort Petit
Luego de que política y jurídicamente se sentaran las bases para la constitución del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) y de que Colombia y Venezuela suscribieran el 28 de noviembre del 2011 el convenio para la construcción de casas prefabricadas para la Gran Misión Vivienda, Álex Saab y Álvaro Pulido —propietarios de la empresa Fondo Global de Construcción-Foglocons, conformada apenas cuatro días antes de la firma del contrato, así como de su gemela en Ecuador, Fondo Global de Construcción Ecuador, en septiembre del 2012— movieron los hilos para proceder a darle operatividad al sistema que habría de hacerlos milmillonarios. La gran estafa del Sucre tenía forma y eran solo necesario instrumentarla.
Así lo refiere el informe de la comisión especializada permanente de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador sobre el “Proceso de fiscalización Caso Sucre-Foglocons”, el cual estableció que el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) sólo era un mecanismo de defraudación, un instrumento de enriquecimiento ilícito estructurado sobre una plataforma político-ideológica.
Con Colombia y Juan Manuel Santos solamente de recuerdo en la foto del día de la firma, Saab y Pulido apuntaron al Ecuador donde la dolarización allí imperante permitiría poner el negocio en movimiento. Procedieron a firmar un contrato para la exportación de paneles prefabricados desde Ecuador, se firmó entre Foglocons Ecuador y ELM Import de Venezuela, ambas, propiedad del colombiano y pusieron la estafa en funcionamiento.
Refiere el informe que con fondos provenientes del Banco Central del Ecuador (BCE), a saber, USD 159,8 millones, ELM Import pagó por adelantado a través del Sistema Sucre, algo que ocurría a solo tres meses de operaciones, del 28 de diciembre de 2012 al 26 de marzo de 2013. En ese tiempo la trampa se materializaba mediante exportaciones ficticias y compulsivas, de tal manera que, casi a diario, el BCE emitía pagos a Foglocons por USD 864 mil. De este modo, la empresa de Saab y Pulido recibió esos USD 160 millones, pero solamente envió a Venezuela USD 3.1 millones en paneles prefabricados para las casas de la Gran Misión Vivienda.
Sobre Saab y Pulido
Estas actividades delictivas de Saab y Pulido contaban con la complicidad de autoridades ecuatorianas. Sus fichas en Ecuador Luis Eduardo Sánchez Yánez —quien dirigía Foglocons Ecuador— y Jaime Sánchez Yánez —quien fungía como asesor de Rafael correa— cumplían con su papel y agenciaban y diligenciaban para que la operación marchara sobre ruedas. Los parlamentarios determinaron que Jaime Sánchez se entrevistó con el presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez, para interceder a favor de la empresa de Saab, algo que ocurrió en el primer trimestre del 2013, cuando el ente emisor “desangraba los dólares de su Reserva Internacional para adelantar los pagos a Foglocons por importaciones de ELM Import”.
El periodista Gerardo Reyes relata en su libro “Alex Saab. La verdad del empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro”, que Álex Saab y Álvaro Pulido —en realidad, Germán Rubio Salas, un individuo envuelto en negocios de narcotráfico— en el 2009 cuando el primero estaba en bancarrota, a través de un amigo común, Reinaldo Slebi. Según Reyes, Saab conocía los antecedentes de Pulido, lo cual no pareció ser problema, tal vez una ventaja.
Germán Rubio Salas —verdadero nombre de pila de Álvaro Pulido— estaba señalado de ser jefe del Cartel de Bogotá, condenado en ausencia en 1997 por la corte de Milán a 15 años de prisión por narcotráfico. Estuvo preso en 2000 por transportar a Europa dos toneladas de cocaína y 17 kg de heroína.
Queriendo convertirse en un hombre nuevo, Germán Rubio Salas se suicidó judicialmente y el nombre de un muerto, Álvaro Enrique Pulido Vargas, fallecido en 2005, en Fort Lauderdale, Miami. Con su nueva personalidad conoció a Álex Saab. Por su cabeza piden USD 10 millones, apenas el 6 por ciento del dinero lavado en Ecuador.
Ya asociados, Saab y Pulido pasaron a ser los contratistas favoritos del régimen chavista y luego del escándalo de Foglocons, vino el contrato del Clap, los contratos millonarios con PDVSA, así como otros acuerdos de intercambio de metales preciosos a cambio de bienes, entre Venezuela y Turquía.
El informe parlamentario hace mención al “venezolano Carlos Francisco León Ponte, representante de la Casa de Valores Panameña CFIS S.A., quien recibió la autorización de Luis Zuñiga Burneo, representante legal de Foglocons, a efectos de transferir aproximadamente siete millones de Dólares, desde Ecuador hacia el Banco Pichincha Panamá; el referido ciudadano venezolano Carlos León Ponte, conforme consta de la documentación recabada en la presente investigación, viajó junto a los señores: Carlos Pérez; Guillermo Montefusco; Luis Sánchez (Accionista en Foglocons-Ecuador); Luis Giusti Lugo (CEO de empresa CITGO, filial de PDVSA en USA); Luis Giusti López (Padre de Luis Giusti Lugo y ex presidente de PDVSA); Álvaro Pulido Vargas (Accionista en Foglocons- Ecuador); y, José Borja Sánchez, el día 05 de marzo de 2013, en un vuelo privado con origen en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, hacia el aeropuerto Mariscal Lamar en la ciudad de Cuenca, a bordo de la aeronave N1459A, recordando que tanto Pulido Vargas como Luis Sánchez Yánez, eran los socios de la Compañía FOGLOCONS con sede en la ciudad de Guayaquil-Ecuador”.
El esquema operativo del Sucre
A diferencia de los sistemas de compensación de comercio exterior regulares, el instrumentado por el ALBA y, particularmente, por Venezuela y Ecuador, se vale de una unidad de cuenta virtual, el “Sucre”, que opera como un medio de pago restringido a los bancos centrales.
Como se refirió en nota anterior, el organismo de decisión del Sucre es el Consejo Monetario Regional (CMR), conformado por la Cámara Central de Compensación de Pagos y el Fondo de Reservas y Convergencia Comercial.
Con sede en Caracas, los estados miembros hicieron los aportes iniciales, descritos a continuación:
Funcionamiento del Sucre
Los parlamentarios ecuatorianos al momento de explicar el funcionamiento del Sistema Sucre establecen en el informe la existencia de dos momentos.
El primer momento tiene que ver con la firma de un contrato por parte de dos empresas privadas de Venezuela y Ecuador para la construcción de viviendas prefabricadas, ELM Import y Foglocons Ecuador.
El contrato lo presenta el importador que, en este caso es ELM Import, a su Banco Operativo Autorizado (BOA), Banesco de Venezuela.
Luego de que el importador y el exportador son autorizados en sus respectivos países para llevar a cabo la operación de comercio exterior a través del Sucre, entonces el BOA —Banesco en este caso— remite los bolívares al Banco Central del país exportador —aquí el Banco Central de Venezuela (BCV)— el cual se comunica con el Banco del ALBA para la realizar la conversión a Sucres y, luego, notificar al Banco Central del país exportador —aquí el Banco Central del Ecuador (BCE)—, que procederá a depositar en dólares en la cuenta de la empresa exportadora en el BOA local —en este caso el Banco Amazonas o banco Territorial— y cuando el Banco del ALBA recibe la autorización de pago por parte del BCV, notifica la acreditación al Banco Central del Ecuador (BCE).
El siguiente paso es que el BCE acredita inmediatamente BOA del exportador que aquí es el Banco Territorial o Banco Amazonas. Esto ocurre porque Ecuador adelantó los dólares al exportador usando los fondos de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD). Los valores totales de la operación comercial, se compensarán seis meses después.
El informe parlamentario refiere que el 28 de diciembre de 2012, Ruth Arregui, Gerente General del BCE para la fecha informó que “en el caso de pagos al exterior por importaciones, los Bancos Centrales receptan de los importadores a través de las instituciones financieras, el valor de la operación en moneda local, el cual queda en poder de dicho Banco Central por un período de seis meses. Por esta razón, a pesar de la posición superavitaria del Ecuador frente a Venezuela, el país no recibe dichos recursos en ese lapso de tiempo, sino al final del mencionado período de compensación.”
Igualmente se acota que el BOA, aun cuando estaba obligado a cumplir el rol de debida diligencia, que incluye el conocimiento de su cliente, en la mayoría de casos no cumplieron.
Se indica que el “ciclo en este primer momento, en los casos investigados, como Foglocons, terminaba con la transferencia de estos dólares a paraísos fiscales, fondos que insistimos, fueron tomados de la RILD, mientras se esperaban las ‘compensaciones con Venezuela’. En términos sencillos, mientras se esperaba la devolución del dinero prestado. De esta forma se incumplieron los principios generales de los objetivos estratégicos para el manejo de una reserva, que son: Seguridad, Liquidez y Rentabilidad. La RILD, según la normativa es un activo público y en este caso fue utilizado para garantizar negocios privados, manchados de corrupción”.
Se advierte que, al no existir importaciones originadas en Ecuador, lo que procedía era exigir a Venezuela devolver el dinero que Ecuador había adelantado.
El segundo momento
Pasa el informe de la comisión especializada permanente de fiscalización y control político de la AN ecuatoriana a explicar el segundo momento del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos Sucre, el cual se justificaba a partir de una supuesta compensación semestral entre las importaciones y exportaciones por los países miembros; pero que en realidad operó exclusivamente, como un mecanismo de exportaciones a Venezuela.
Refiere el reporte que el Banco del ALBA notificaba los resultados de la “compensación” semestral, y los valores en “Sucres" a pagar y a cobrar a los Bancos Centrales de los países miembros, quienes hacían el pago en dólares, al ser ésta la moneda de referencia común. En el caso explicado en el informe, el ALBA, notificó el valor a pagar al Banco Central de Venezuela y el valor a cobrar al Banco Central de Ecuador.
Entretanto, el BCV ordenó el pago en dólares, a través de sus bancos corresponsales ubicados en el exterior, a los bancos corresponsales del BCE, un dinero que provenía de las Reservas Internacionales de Venezuela. Esto ocurre seis meses después de que el BCE, adelantó a los exportadores los recursos tomados de la reserva.
En el caso estudiado por la comisión y ejemplificado en el informe, se utilizó el Commerzbank de Alemania como el Banco Corresponsal en virtud de que tanto Ecuador como Venezuela tienen una cuenta en ese banco.
Sobre la compensación semestral
El tratado del Sucre establece mencionan que las operaciones realizadas usen como medio de pago la unidad de cuenta común denominada “Sucre”, conformada por monedas de los estados parte y por las principales divisas de uso internacional.
El valor de inicio del “sucre” se estableció en USD 1.25, el cual ha se ha mantenido fluctuando entre USD 1.24 y USD 1.25 USD.
Los Sucres se asignaban a cada estado parte por el Consejo Monetario Regional de acuerdo a sus operaciones de importación y exportación.
Entre 2010 y 2018 se asignaron USD 421,6 millones de sucres equivalentes a USD 527 millones, un monto que se mantuvo mediante un pagaré.
Subraya el informe que, a partir de 2012, las operaciones cursadas en Sucres ya formaban parte de la Reservas Internacionales.
Desde sus inicios, la asignación de sucres solamente se incrementó en el caso de Venezuela, por lo que se incrementó su cupo semestral en tres ocasiones.
La compensación se realiza entre dos países que forman parte del Sistema Sucre en razón de la diferencia entre las importaciones y exportaciones de particulares, que se realiza semestralmente.
El informe parlamentario advierte que en el caso de Ecuador todas estas “compensaciones” fueron a favor, “por lo que no se puede hablar de una compensación real, ya que para que esto se dé, es necesario que las importaciones y exportaciones estén equilibradas o que al menos existan”.
Se explica que las exportaciones de Ecuador a Venezuela se ubicaron en USD 2.697 millones, mientras que las importaciones de Venezuela a Ecuador, apenas alcanzaron USD 143 millones. A partir del año 2016, las importaciones fueron cero, es decir no se puede hablar de sistema de compensación.
El actual gerente del BCE, Guillermo Avellán, le dijo a la comisión parlamentaria que “el resultado de las operaciones del sistema Sucre, anularon el concepto de compensación, por lo que, se confirma el uso de los fondos del Estado para pagar a exportadores privados que como se verá más adelante, fueron ficticias o sobrevaloradas, y que incluso se utilizaron empresas de papel. Entonces, mal se podría hablar de la existencia de una balanza de pagos. Lo que se obtuvo fue una deuda de Venezuela por los pagos que el BCE anticipó a los exportadores, en un gran número falsos o fraudulentos”.
Aun cuando cada seis meses, entre enero y julio, se debía realizar la compensación de las operaciones y cobrar o pagar el valor a favor o en contra, obtenido por el país, en función de las exportaciones e importaciones realizadas, lo que ocurrió en realidad fue que los bancos centrales retenían durante seis meses los fondos de los importadores. “El banco central del país exportador, en este caso Ecuador, adelantaba los dólares a los falsos exportadores, los mismos que eran inmediatamente transferidos a paraísos fiscales y a Estados Unidos de Norteamérica”.
El informe de la comisión parlamentaria ecuatoriana que investiga el caso, narra en detalle cómo la exsenadora colombiana, Piedad Córdoba, vinculó a Álex Saab con el gobierno venezolano.
Por Maibort Petit
La investigación parlamentaria desarrollada por la comisión especializada permanente de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador sobre el “Proceso de fiscalización Caso Sucre-Foglocons” que determinó que el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) había derivado en un mecanismo delitos de "enriquecimiento ilícito, peculado, defraudación tributaria", estableció que dicho entramado se estructuró gracias a una plataforma político-ideológica. Los supuestos postulados de igualdad, justicia social y lucha contra el imperialismo, devinieron en una estructura corrupta entre Venezuela y Ecuador que habría permitido blanquear USD 2.000 millones a través de los bancos centrales de ambos países, así como de una trama de exportaciones ficticias. Una trama en la que, Piedad Córdoba, exsenadora colombiana, jugaría un papel fundamental.
En alarde de verborrea, Hugo Chávez —junto a su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa— aseguró el 7 de junio del 2011 que con el Sistema-Sucre “nos estamos librando de la dictadura del dólar”, arenga pronunciada durante la rueda en la que exhortó a los exportadores ecuatorianos y los bancos regionales a usar una novedosa divisa, denominada Sucre en honor al prócer independentista. “Algún día me imagino, el Sucre será físico, Rafael, hasta ahora es virtual (...) Juguemos duro con el Sucre, no seamos mezquinos, es un mecanismo maravilloso, nos estamos liberando de la dictadura del dólar a nivel nacional, con una divisa que hemos creado que es el Sistema Único de Compensación Regional”[1].
Se trataba de un sistema de pagos internacional instrumentado a través de una unidad monetaria común y virtual, que apuntaba a la minimización del uso del dólar —un objetivo absolutamente contrario al efectivamente logrado— y crear una arquitectura paralela que haga frente al sistema financiero de Estados Unidos.
Según el Tratado Constitutivo del SUCRE, esta divisa brindaría facilidades al sistema de pagos de los países miembros, para compensar el intercambio comercial.
Política del “contra”
Habrían aplicado los ideólogos de la nueva moneda virtual una política de creación de modelos que enfrentaran a los impulsados por EE. UU.
De este modo, para acabar con la hegemonía del dólar, instituyeron el Sucre; para enfrentar al Tratado de Libre Comercio-ALCA (TLC), constituyeron el Tratado por el Comercio de los pueblos (TPC); el ALBA fue la respuesta al ALCA.
En este contexto se movió el denominado por Chávez, Socialismo del Siglo XXI, siempre con el objetivo de y contraponerse a los EE. UU.
Así, el Sucre fue promocionado por la prensa oficialista como uno de los principales logros de la ALBA. Con su ejecución, sostenían, sería posible la sustitución del dólar en las operaciones comerciales entre los países de la alianza bolivariana[2].
Pero no solamente en Venezuela, Chávez se empeñaba en su objetivo de subyugar al dólar y con él a los EE. UU., sino también en Ecuador, donde su homólogo, Rafael Correa, criticaba la dolarización imperante en su país: “La dolarización fue una pésima decisión, pero tuvimos suerte con un dólar continuamente depreciándose (...) La moneda nacional es un emblema de soberanía nacional”, dijo en una reunión con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos[3].
Estos postulados se quedaron solamente en eso, en enunciados y declaraciones de guerra contra el dólar, pues el Sucre, más allá de su componente ideológico y geopolítico, no llegó a prosperar.
¿Cómo operó el Sucre en Ecuador?
El cuestionado sistema de pagos tuvo su génesis a pocos meses de llegar al poder en Ecuador Rafael Correa Delgado, quien el 1 de junio de 2007, emitió el Decreto Ejecutivo Nº 334, en línea y concordancia directa con la propuesta de Hugo Chávez. El decreto estuvo acompañado de la constitución de la Comisión Técnica Presidencial y toda la arquitectura financiera que serviría para enfrentar al dólar.
Entretanto, Correa establecía su hegemonía y control político en Ecuador a través de un movimiento denominado “Alianza País”, liderado por él mismo, que tenía la mayoría absoluta dentro de la Asamblea Nacional. Igualmente, controlaba la Corte Constitucional — misma que posteriormente fue cesada por actos de corrupción— incidiendo en la asignación de sus magistrados; en la Corte Nacional del Ecuador con la asignación de los jueces.
El control se extendía al Contralor General del Estado —sentenciado y prófugo en los Estados Unidos— así como en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cesado en sus funciones mediante consulta popular, en febrero de 2017. Tenía, pues Correa, el control total de las funciones del Estado.
En ese contexto, crearon el andamiaje de la estructura financiera que sirvió para dar viabilidad y funcionamiento al sistema Sucre, el mismo tras el cual ocultarían después los actos de corrupción que ahora son objeto de investigación.
Con el control institucional que ejercía, Rafael Correa no encontró obstáculos para instaurar la estructura del Sucre, luego de que el 16 de octubre del 2009, los demás mandatarios de los países del ALBA, suscribieron el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación de Pagos, en Cochabamba, Bolivia.
Hechos los nombramientos en las distintas comisiones y entes, se plantearon los objetivos del Sucre: minimización del uso del dólar en el comercio exterior, mayor eficiencia, generación de liquidez adicional para el comercio entre los países y reducción de costos de transacción.
Aseguraron que los riesgos que enfrentaría el Ecuador al ratificar el Sucre serían mínimos y obtendrían múltiples beneficios, como la reducción de la salida de divisas, el establecimiento de un seguro para las exportaciones, coadyuvar a la regulación de precios para beneficiar a los pequeños productores.
De este modo, el 1 de junio del 2010, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el Tratado Constitutivo del Sucre con 63 votos a favor, 29 negativos y 11 abstenciones. La Alianza País —con el 48 por ciento de los escaños, a saber, 59— se impuso con los votos del Movimiento Popular Democrático y algunos independientes.
Para lograr la aprobación del Convenio Constitutivo del Banco del Sur, suscrito en Venezuela el 26 de septiembre de 2009, Correa se valió igualmente de su control sobre la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional, logrando así que el Poder Legislativo aprobara el 1 de junio del 2010, el referido convenio con 78 votos a favor.
Posteriormente, Rafael Correa, emitió los decretos 935 y 936 que viabilizaban la operatividad del Sistema Sucre y del Banco del Sur.
El artículo 3 del Reglamento General del Sucre estableció que los Bancos Centrales, son las instituciones que ejercen las funciones de banca central de cada Estado Parte, acreditadas ante el Consejo Monetario Regional (CMR) del Sucre para operar en el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos. Se designó como representantes de Ecuador al Gerente General y al Subgerente de Servicios, en calidad de directores, principal y suplente, ante el CMR.
Desde Caracas, bajo control del chavismo, operaban los organismos de operación y control del Sistema Sucre (CMR y Banco del ALBA), hasta la presente fecha, en que el Sucre se encuentra en “pausa administrativa”, por decisión venezolana.
Refiere el informe que, del Banco del Sur, no queda una sola sucursal en pie, “aunque sí sobreviven, un enorme costo económico por auditar y un cementerio de documentos inservibles”.
De sistema de compensación a mecanismo de lavado
El informe deja sentado que el corazón de la ALBA, fue el Sistema Sucre y el Banco del Sur y advierte que, aunque sus postulados integracionistas y liberadores sumaron respaldos ideológicos, en la práctica el proyecto nació contaminado.
Indica que las primeras operaciones comerciales entre Ecuador y Venezuela evidenciaban opacidad, silencio gubernamental y uso irregular del dólar para realizar exportaciones. De ello advirtió la prensa ecuatoriana en 2011, cuando dio a conocer el fraude comercial que encerraba el Sucre.
Ese mismo año, específicamente en noviembre, se suscribió un convenio estratégico entre Venezuela y Colombia, mediante el cual el régimen chavista dotaría de viviendas populares a miles de humildes familias, estableciéndose un contrato con el Fondo Global de Construcción (Foglocons), una empresa de papel conformada días antes por Álex Naim Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas. La negociación era para la importación de casas prefabricadas, lo cual degeneró en una de las mayores tramas de corrupción del chavismo.
A la pregunta de por qué buscaron a Ecuador, un país deficitario en materiales de construcción, el informe de la comisión parlamentaria de esa nación recuerda que es una nación dolarizada.
Los nexos de Saab y Pulido con Miraflores
Advierte el informe de la comisión especializada permanente de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador que sin el apoyo de la exsenadora colombiana Piedad Córdova, Álex Saab Morán, continuaría siendo el empresario barranquillero de textiles en bancarrota que era antes de relacionarse con el gobierno venezolano.
Sin ambages, el informe sostiene que “Saab no se hubiera levantado y amasado su fortuna sin la intermediación de Córdoba, con el gobierno de Venezuela, para cobrar USD 30 millones, que Cadivi le debía por exportaciones desde Colombia. Fue Piedad Córdoba la que tendió a Saab, la alfombra roja para su ingreso al Palacio de Miraflores”.
Recuerda que Piedad Córdoba era la ficha de Hugo Chávez en Colombia, la “mujer de la revolución” en la nación neogranadina, “la que mapeaba a los enemigos del chavismo en su país y enlistaba prioridades. Piedad era la elegida del chavismo para ser presidenta de Colombia para, por fin, terminar con las turbulentas relaciones con su vecino”. Pero subraya que aun sin ser funcionaria, solo siendo la “elegida por Chávez”, Córdoba se convirtió en la tramitadora de empresarios amigos con el gobierno de Venezuela.
En su libro “Alex Saab. La verdad del empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro”, el periodista de Univisión, Gerardo Reyes, dice que Piedad Córdoba se aprovechó de su ascendencia con el chavismo para usarla a su favor, “ella tenía la influencia y los empresarios el dinero”. A ella acudían los empresarios colombianos cuando Hugo Chávez congeló en 2010 los pagos de la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) a varias empresas colombianas, pues se convirtió en su lobista. Córdova, aprovechó su cercanía con Chávez para interceder por ellos.
A Álex Saab, Córdoba se refería como el “palestino amigo” y agotó sus esfuerzos para que Cadivi les pagara a las empresas de este, a saber, Yumah, Canali Color Siete, Metas, Corporación All, Importadora GLM, Distrimodas, entre otras.
Destaca el informe que Piedad Córdova, incluso, recurrió al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela y en un correo fechado en septiembre de 2010, “le ruega angustiosamente a un Miguel Eduardo Rodríguez Torres del SEBIN, que se les pague primero las deudas de Cadivi a un listado de ‘empresarios árabes que siempre los han apoyado’. En la comunicación, deja claro que ella es la tramitadora”.
Cómo comenzó la relación entre Saab y Córdoba
Gerardo Reyes cuenta en su libro que todo empezó en 2009, cuando Lorenzo Hernández presentó a Álex Saab con Piedad Córdoba, a quien le contó en esa misma primera cita, su complicada situación con los papeles de Cadivi en Venezuela. Ella se comprometió a ayudarle a liberar USD 29.546.849 a cambio de un 10 por ciento de comisión.
Narra Reyes que en su desesperación por lograr los desembolsos del Cadivi, Álex Saab se mudó en 2009 a Caracas, donde por dos meses vivió en las suites de Piedad Córdova en el Hotel Gran Meliá, las cuales eran pagadas desde 2007 por el gobierno venezolano. Incluso, Córdoba habría pedido a los asistentes del entonces canciller, Nicolás Maduro, que se encargaran de la seguridad del empresario, luego de que Saab fuera víctima de un robo en Caracas.
Se indica en el libro que Álex Saab devolvió el favor a Piedad Córdoba prestándole cuentas de sus empresas en Barranquilla, Maquila Textiles y Confecciones S.A., para que la exsenadora canalizara a través de ellas, las coimas por otros favores que hizo a otros empresarios con Cadivi.
Aunque Córdoba aceptó que ayudó a cobrar los USD 30 millones para 19 empresas de Álex Saab, destacó que lo hizo “gratuitamente”.
Pero, “Los asistentes de Piedad Córdoba confirmaron que el retraso en los pagos del Cadivi no solo se debió a la restricción que impuso Chávez, sino porque las empresas de Saab figuraban como sospechosas por exportaciones ficticias a Venezuela”, advierte el informe.
Gerardo Reyes relata que la presión de pagos en el Cadivi se convirtió en el modus operandi para financiar las campañas políticas de Córdoba en Colombia, algo que corroboró un cercano asesor a la exsenadora, Andrés Alberto Vásquez Moreno.
Se explica que la amistad entre Córdoba y Saab era tal, que un hijo de la primera, Camilo Castro presidía la empresa panameña Papalma Investment S.A. a través de la cual se harían negocios el empresario. Los hijos de Córdoba Juan Luis y Camilo Castro, se convirtieron en 2011, en los responsables de los manejos relacionados a Saab.
Aunque Piedad Córdoba niega vehementemente haber amparado a Saab y haberlo presentado con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, la investigación de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador confirmó la estrecha relación y afinidad. Se indica que Álex Saab, Piedad Córdova y Camilo Castro, arribaron a Quito en vuelo privado proveniente desde Bogotá el 8 de julio del 2013. Se trataba de la aeronave Bombardier 45, con matrícula N72LJ de la empresa Aircraft Guaranty Corporation, propiedad de Debra Lynn Mercer-Erwin, una mujer que es investigada por transportar narcóticos hacia EE. UU. en sus aviones.
Asimismo, el informe refiere los nexos de Piedad Córdoba con la guerrilla colombiana de las FARC y su papel como mediadora para la liberación de secuestrados por la organización terrorista, por solicitud de la propia guerrilla desde 2007, siempre de la mano de Hugo Chávez. El nombre de la exsenadora figuraba también en los correos electrónicos de la computadora de Raúl Reyes, en los que se la identificaba como “Teodora”
“La cercanía que empezó a forjarse entre el gobierno de Juan Manuel Santos con Hugo Chávez, en gran medida es el mérito de Piedad Córdova, como mediadora por la paz con la guerrilla. Después de todos los cobros a Cadivi, gracias a Piedad Córdoba, Alex Saab terminó siendo el protagonista del gran acto de reconciliación entre Colombia y Venezuela”, refiere el informe parlamentario que agrega que la mujer fue igualmente el nexo para restablecer las relaciones binacionales entre Colombia y Venezuela.
Saab firma el convenio
El convenio entre Colombia y Venezuela para la construcción de casas prefabricadas para la Gran Misión Vivienda, no fue firmado por ningún funcionario colombiano, sino por Álex Saab. Esto ocurrió el 28 de noviembre del 2011 en el Palacio de Miraflores en Caracas.
El informe parlamentario subraya que en este acto “el presidente Juan Manuel Santos fue un accesorio testigo. Por Venezuela, firmó Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular de Industrias”.
El contrato se le entregó sin que mediara para ello licitación alguna, a la empresa colombiana Fondo Global de Construcción-Foglocons, propiedad de Álex Saab. Una compañía sin experiencia en la materia constituida apenas cuatro días antes. Igualmente, se firmaron convenios con la empresa ELM Import de Saab y Pulido, para construir 8.400 casas, por USD 654 millones.
Era el inicio de los grandes y millonarios negociados de Álex Saab, “todo, gracias a Teodora de Bolívar”.
“Piedad Córdoba fue el engranaje que le faltaba a Saab para triunfar de nuevo en los negocios, la bisagra perfecta que intercedió con Hugo Chávez para que Foglocons ganara el contrato de la Gran Misión Vivienda, que terminó siendo un atraco a los más humildes de Venezuela”, sostiene el informe.
Los dólares de Ecuador
A pesar de que Ecuador es uno de los países menos industrializados de la región, exportador prominente de materias primas y nulo productor de mercancías elaboradas, tiene una mina de dólares. De allí su escogencia para participar en el negocio del Sistema Sucre para acceder a dólares preferenciales de Cadivi.
Alex Saab y Álvaro Pulido, dueños de Foglocons, apuraron entonces la creación de una compañía gemela en Ecuador, nación en la que se requería un operador político, quien no fue otro que Jaime Sánchez Yánez[4], de quien hablamos en entrega anterior. Al no poder figurar pues era asesor de Rafael Correa, su lugar lo ocupó su hermano, Luis Eduardo Sánchez Yánez, quien, junto a Álvaro Pulido Vargas, en ausencia, registraron la empresa Fondo Global de Construcción Ecuador, en septiembre del 2012.
Comenzaba la gran estafa del Sucre
[1] YouTube. “Chávez: el SUCRE nos libera de la dictadura del dólar”. 7 de junio de 2011. https://www.youtube.com/watch?v=4ivo-_oBXY4
[2] Youtube. Telesur. Creación de Sucre, logro de ALBA. 15 de diciembre del 2010. https://www.youtube.com/watch?v=lstpm2ssWaQ
[3] YouTube. Telesur. “Ecuador quiere recuperar moneda ‘emblema de soberanía’: Correa”. 15 de diciembre del 2014. https://www.youtube.com/watch?v=vb_GGHak7Ps
[4] Venezuela Política. “Los hermanos Luis y Jaime Sánchez: Los socios necesarios de Álex Saab para poner en práctica sus operaciones en Ecuador”. 23 de diciembre de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/12/los-hermanos-luis-y-jaime-sanchez-los.html
