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lunes, 5 de abril de 2021

Falta de respuesta de Venezuela acrecienta las exigencias de los tenedores de bonos en los tribunales de Estados Unidos

 Dos demandas enmendadas han sido presentadas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por Altana Credit Opportunities Fund SPC, exigiendo un juicio sumario, pago de capital, intereses y daños y perjuicios.

Por Maibort Petit

   Los bonos emitidos por Venezuela siguen generando controversias que se dirimen en las cortes internacionales, principalmente, las de Estados Unidos. La administración de Nicolás Maduro pareciera haber instrumentado como estrategia la falta de respuestas a estas acciones judiciales y, entretanto, las condiciones y exigencias de los acreedores se hacen más leoninas.

  Es el caso de la demanda interpuesta por de Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds Ltd. Cayman, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra la República Bolivariana de Venezuela por incumplimiento de contrato[1] y que el gobierno venezolano pretende ignorar[2].

  En esta nueva entrega damos a conocer como Altana ha incrementado sus exigencias en dos demandas enmendadas que a presentado ante el tribunal en exigencia del pago, tanto del capital, como de los intereses de los intereses vencidos que están en sus manos, además de daños y perjuicios.

La demanda enmendada

  El 5 de noviembre de 2020, los abogados de Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds Ltd. Cayman, presentaron ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York la Demanda Enmendada contra la República Bolivariana de Venezuela por incumplimiento de contrato surgido de la falta de pago de capital, intereses o ambos por parte de la demandada de una serie de bonos adquiridos por los demandantes.

  En esta ocasión, los demandantes acotaron que Venezuela desde octubre de 2017 no realizó los pagos de intereses a que estaba obligada semestralmente en la medida en que se cumplía su vencimiento, incluso a través de la aceleración.

  Igualmente, apuntaron que la corte en razón de esto, tal como ha procedido en casos relacionados, debe denegar la moción de suspensión de Venezuela y conceder la moción de los demandantes de juicio sumario sobre reclamos por incumplimiento de contrato.

  Esta demanda enmendada agrega que el 6 de diciembre de 2018, un grupo de acreedores que posee un 25 por ciento o más en el monto capital pendiente agregado de los bonos 9.375% 2034 aceleró a esos bonos, lo que representa la cantidad inmediata y pagadera la cantidad total de todo el capital no remunerado y interesar. Según los términos de los bonos, el interés del cupón continúa acumulando si ha pasado o no su fecha de vencimiento.

  La querella enmendada sostiene que el incumplimiento de pago de Venezuela del capital, el interés, o ambos, actualmente debido a los bonos ha continuado durante más de 30 días. Como resultado, existe un evento de predeterminado bajo los términos de los bonos.

  Se indicaba que el 8 de octubre, 2020, según lo modificado el 5 de noviembre de 2020, los demandantes enviaron a Venezuela, a través de avisos escritos a los respectivos agentes fiscales identificados en los bonos, una demanda de pago de la parte vencida y el capital impago y los intereses.

  En esa misma fecha, igualmente según lo modificado el 5 de noviembre de 2020, los demandantes también remitieron a Venezuela la misma demanda, a los representantes de Nicolás Maduro y Juan Guaidó.

  Advertía la demanda enmendada que los demandantes habían cumplido todas sus obligaciones en virtud de las FAAS o los bonos emitidos de él y señalaron que, como los beneficiarios de un interés en cada uno de los bonos, reclamaban pago por daños que, en ningún caso, podían ser menores que los pagos de intereses y reembolso de capital.

 En razón de que Venezuela continuaba dejando de pagar semestralmente los intereses o el capital de los bonos después de la presentación de esta queja, el reclamo de los demandantes por daños también incluía los pagos perdidos.

  Exigieron que Venezuela pagara todos los gastos razonables y documentados de los demandantes, incluidos los honorarios de abogados y costos judiciales, incurridos en cualquier "investigación razonable de cualquier Evento de Incumplimiento o la ejecución de los Valores”, por lo que, además de los daños anteriores, Venezuela adeuda los costos y honorarios de abogados para preparar y entablar la acción.

La segunda demanda enmendada

  Del 12 de enero de 2021, los abogados de Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds Ltd. Cayman, presentaron al tribunal la Segunda Demanda Enmendada.

  Refiere Altana en esta segunda demanda enmendada que el 6 de diciembre de 2018, un grupo de acreedores que poseían el 25% del monto total de capital pendiente de los Bonos 2034 al 9.375%, aceleró dichos bonos, una situación que dio vencimiento inmediato y pagadero al monto total de todo el capital impago e intereses.

   Precisa que, de acuerdo a los términos de los Bonos, los intereses de los cupones continúan devengándose independientemente de que haya transcurrido, o no, su fecha de vencimiento.

   Señalan que la falta de pago de capital, intereses, o ambos, por parte de Venezuela ha continuado durante más de 30 días, por lo que claramente existe un evento de incumplimiento bajo los términos pactados.

  Reseña que el 8 de octubre de 2020, según la demanda enmendada del 5 de noviembre de 2020 y el 12 de enero de 2021, Altana envió a Venezuela a través de una notificación escrita dirigida a los respectivos agentes fiscales identificados en los Bonos, una demanda de pago del capital vencido y no pagado, así como de sus intereses.

  En la misma fecha, 8 de octubre de 2020, según la demanda enmendada el 5 de noviembre de 2020 y el 12 de enero de 2021, Altana también envió a Venezuela la misma demanda, tanto a representantes de Nicolás Maduro como de Juan Guaidó.

  Señalan que Altana ha cumplido con todas las obligaciones que pudieran tener bajo las FAA o cualquier Bono emitido en virtud de las mismas y que como beneficiarios finales de una participación en el capital de cada uno de los Bonos, tienen reclamaciones por daños y perjuicios que, en ningún caso podrán ser inferiores a los pagos de intereses y el reembolso del capital exigidos contractualmente.

  Advierten que en el caso de Venezuela continúe sin realizar los pagos de intereses semestrales requeridos o los pagos de capital después de la presentación de esta demanda, las reclamaciones por daños también abarcarán los pagos atrasados.

  Para los demandantes, es fundamental que Venezuela pague todos los gastos exigidos por Altana, incluidos los honorarios razonables de abogados y costos judiciales, incurridos aquellos relacionados con cualquier "investigación razonable de cualquier Evento de Incumplimiento o la ejecución de los Valores", por lo que, en consecuencia, además de los daños anteriores, Venezuela adeuda los costos y honorarios de abogados para preparar y entablar esta acción.


[1] Venezuela Política. “Altana Credit Opportunities Fund SPC: Otro acreedor que se enfrenta a Venezuela en las cortes por incumplimiento en el pago de los Bonos”. 2 de abril de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/04/altana-credit-opportunities-fund-spc.html


[2] Venezuela Política. “Venezuela insiste en no darse por aludida ante la demanda de Altana por impago de Bonos en Nueva York”. 5 de abril de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/04/venezuela-insiste-en-no-darse-por.html


Venezuela insiste en no darse por aludida ante la demanda de Altana por impago de Bonos en Nueva York

    Se han seguido todos los procedimientos de ley y, por tanto, la acción legal continúa en progreso.

Por Maibort Petit

  Pese a que Venezuela insiste en no darse por aludida, Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds LTD. Caimán, quienes la demandan ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por incumplimiento de contrato, en razón de no haber pagado intereses y capital de un conjunto de Bonos adquiridos por los demandantes cuando la demanda los ofertó, prosigue con la acción legal cubriendo todo lo previsto en la ley.
   Desde que el 8 de octubre de 2020 los demandantes presentaran la demanda ante la referida instancia judicial, Venezuela no ha podido ser servida —informada— de la acción emprendida contra ella. Sin embargo, esta estrategia de Venezuela no ha impedido que el proceso siga su curso como, en efecto, lo ha seguido.

  De las actuaciones emprendidas por los demandantes y las respuestas del Tribunal, damos cuenta a continuación.

Juez ordena a las partes acordar procedimiento

  El 15 de octubre de 2020, la Juez del Distrito Sur de Nueva York, Analisa Torres, ordenó a las partes —Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds LTD. Caimán, por un lado y la República Bolivariana de Venezuela, por el otro— discutieran entre sí, si estaban dispuestas a consentir, según 28 U.S.C. 63(c), llevar a cabo todos los procedimientos posteriores ante el juez de instrucción asignado.
   De ser así, el abogado del demandado debería enviar antes del 1 de diciembre de 2020, vía correo electrónico, un aviso, consentimiento y referencia de acción civil completamente ejecutados al tribunal que, de ser aprobados por este, también debía adjuntarse a dicha orden toda la hoja de procedimientos posteriores ante los magistrados.

   La juez, igualmente instruyó para que cualquier apelación se lleve directamente a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos.

   Aclaraba la juez Torres que, si alguna de las partes no consentía en dichos procedimientos ante el Juez Magistrado asignado, las partes debían presentar una carta conjunta, antes del 1 de diciembre de 2020, notificando al Tribunal acerca de la negativa, pero sin revelar la identidad de la parte o partes que no consintiera. Las partes son libres de negar el consentimiento sin consecuencias negativas.

Previsiones por la pandemia

   En la misma fecha, 15 de octubre de 2020, la juez Torres también ordenó, para proteger la salud pública y al mismo tiempo promover la “determinación justa, rápida y económica de cada acción y trámite”, que todas las declaraciones del caso Altana contra Venezuela, podrían tomarse por teléfono, videoconferencia u otros medios remotos.
   También ordenó que se considerará que una deposición había tenido lugar "ante un oficial designado o designado de conformidad con la Regla 28" si este asiste al acto utilizando los mismos medios remotos utilizados para conectar todos otros participantes, siempre que todos puedan escuchar y ser escuchado claramente por todos los demás participantes.

  Se animó a las partes a participar en el descubrimiento a través de medios remotos en cada oportunidad disponible.

La notificación

   El 12 de noviembre de 2020, la Juez del Distrito Sur de Nueva York, Analisa Torres, ordenó que los demandantes Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds LTD. Caimán, notificaran a la demandada, por el método establecido en 28 U.S.C. 1608 (a) (4).

Corte ordena aplazamiento

  El 17 de noviembre de 2020, la juez Analisa Torres, ordenó el aplazamiento de los lapsos establecidos en las Órdenes del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York del 15 de octubre de 2020, las cuales establecieron, en primer término, el 1º de diciembre de 2020, como fecha límite para presentar una carta conjunta sobre si las partes estaban dispuestas a consentir para proceder ante un juez de instrucción; en segundo término, en la misma fecha también debían presentar una carta conjunta sobre la conferencia inicial previa al juicio.

  El otro lapso a aplazar era el 8 de diciembre de 2020, a las 11:40 a. m. cuando se produciría la conferencia inicial previa al juicio.

  La juez igualmente ordenó que los demandantes informaran sin demora al Tribunal cuando se completaran la notificación del proceso, advirtiendo que si el servicio no se había completado dentro de los 60 días posteriores a la fecha de esta orden, Altana debía presentar una carta de estado ante el Tribunal.
Altana pide permiso para presentar segunda demanda enmendada

  El 12 de enero de 2021, David W. Bowker, de la firma de abogados Wilmer Hale, en representación de Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds Ltd. Cayman, remitió a la juez Analisa Torres, una solicitud de permiso para presentar la Segunda Demanda Enmendada bajo lo prescrito en la Regla III.A de las Prácticas Individuales pues se cumplían todos los estándares de ley.

  Refería el abogado de Altana que desde la presentación de la Demanda Modificada el 5 de noviembre de 2020, los demandantes modificaron sus posiciones sobre los bonos en cuestión, por lo que la República Bolivariana de Venezuela no paraba de hacer los pagos requeridos de interés y capital. Por lo tanto, la Segunda Demanda Enmendada reflejaba el estado más actual de las posiciones y reclamos de bonos de los demandantes. Advertía que no había problema de retrasos indebidos o mala fe, ni tampoco ningún perjuicio potencial para Venezuela, que a la fecha no había sido notificada, habiéndose modificado los plazos de programación a la espera de la notificación bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras.

  Le manifestó David W. Bowker a la juez Torres, que en razón de que los demandantes no habían servido aún a Venezuela, estos desconocían si la demandada estaba representada por un abogado en el asunto; tampoco conocían la posición de Venezuela sobre esta solicitud.

   Indicó que, al igual que con las presentaciones anteriores en este caso, dado que anteriormente habían mantenido correspondencia con los abogados de Venezuela en un caso relacionado, las copiaban en esta comunicación.

La juez aprobó dicha solicitud

Carta estado del proceso

 El 19 de enero de 2021, el abogado de los demandantes, David W. Bowker, le remitió a la juez Analisa Torres, la carta de estado del 
proceso que el tribunal le solicitara el 17 de noviembre de 2020.

   Refirió Bowker en la comunicación que Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds Ltd. Cayman se habían preparado diligentemente para notificar a la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con la Sección 1608 (a) (4) de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, incluso obteniendo las traducciones necesarias de documentos del inglés al español.

  Explicaron que los demandantes habían adquirido los bonos recientemente y Venezuela no había cumplido con los pagos de interés y capital requeridos. En razón de ello, debían modificar su reclamo en este caso. Así, el 12 de enero de 2021, presentaron una carta previa a la moción de autorización para presentar una Segunda Demanda Enmendada, que a la fecha de la comunicación se encontraba pendiente ante el Tribunal. Dada la solicitud pendiente de licencia, los demandantes propondrían esperar la decisión del Tribunal sobre ese asunto antes de proceder rápidamente con la notificación de la Segunda Demanda Enmendada.

  Agregó el abogado que, dado que los demandantes aún no habían servido a Venezuela, no sabía si esta tenía ya abogado designado.

Altana informa a Venezuela a través del Departamento de Estado

   EL 22 de marzo de 2021, David W. Bowker, en representación de los demandantes, presentó una carta estado del proceso, en atención a una solicitud del tribunal de fecha 21 de enero de 2021.

   Manifestó que Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds Ltd. Cayman entendían que, a su leal saber y entender, el servicio estaba en proceso, pero aún no se había completado.

   El abogado explicó que, lego de la presentación de la Segunda Demanda Enmendada, preparó rápidamente los materiales necesarios para notificar a la República Bolivariana de Venezuela, incluida la obtención de las traducciones requeridas de los documentos del inglés al español y, en tal sentido envió esos materiales al Secretario de Tribunal, de conformidad con la Sección 1608 (a) (4) de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras.

  Luego de lo anterior, el 10 de febrero de 2021, el secretario del Tribunal envió por correo los documentos de servicio al Departamento de Estado de EE. UU. y presentó el certificado correspondiente a la corte.

  El 15 de marzo de 2021, los demandantes se comunicaron con la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Estado para preguntar sobre el estado del servicio y el 18 de marzo de 2021 este último respondió que “recibió el caso y actualmente [está] en proceso de atender al país”.

  Refirió a la juez que el Departamento de Estado los invitó a indagar nuevamente a finales de esa semana, cuando esperaba tener más información, e indicó que los mantendría "actualizados sobre el estado de este caso en el futuro".

  Por último, David Bowker indicó a la juez Analisa Torres que notificarían de inmediato al Tribunal cuando se completara la notificación del proceso.


 

 


viernes, 2 de abril de 2021

Altana Credit Opportunities Fund SPC: Otro acreedor que se enfrenta a Venezuela en las cortes por incumplimiento en el pago de los Bonos.

    La República Bolivariana de Venezuela está 'acribillada' en los tribunales por quienes exigen el pago de obligaciones que la administración de Nicolás Maduro dejó dejó de cancelar.

Por Maibort Petit

   La actuación irresponsable de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha tenido consecuencias nefastas para la república, las cuales se manifiestan, principalmente, en las cortes de los Estados Unidos donde cursan múltiples demandas en reclamo del incumplimiento de pagos de sus obligaciones con tenedores de bonos o agentes expropiados de sus bienes en el país.
  Tal situación mantiene en vilo el destino de los activos venezolanos en el extranjero con los cuales los acreedores esperan hacerse de sus pagos.

   Uno de estos casos corresponde a Altana Credit Opportunities Fund SPC (ACOF SPC), una empresa constituida y domiciliada en las Islas Caimán; Altana Credit Opportunities Fund 1 SP (ACOF 1 SP), su cartera segregada; y Altana Funds Ltd. Cayman, asesora de inversiones y administradora de las dos primeras, las cuales reclaman en la Corte del Distrito Sur de Nueva York el pago del capital e intereses vencidos y no pagados de los Bonos a los que tienen derecho.
 
Los papeles en manos de Altana suman USD 108.675.500.

La demanda

   El 8 de octubre de 2020, Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds LTD. Caimán, demandaron ante la Corte del distrito Sur de Nueva York a la República Bolivariana de Venezuela por incumplimiento de contrato.

   Tal incumplimiento tiene que ver con la falta de pago de capital, intereses, o ambos, por parte de Venezuela, de una serie de bonos en posesión de los demandantes —una compañía de inversión, su fondo, así como su asesor y administrador de inversiones— de acuerdo a como se muestra a continuación:

   Se explica en la demanda que Venezuela emitió los Bonos y los vendió a inversionistas en virtud de ciertos "acuerdos de agencia fiscal" (FAA) celebrados en 1997, 1998 y 2001. En las FAA y los propios bonos, Venezuela se comprometió incondicionalmente a realizar pagos de capital e intereses programados regularmente, compromiso que no cumplió pues no canceló sus obligaciones de pago.
  A saber, a partir de octubre de 2017, Venezuela dejó de pagar los pagos de intereses semestrales de los Bonos en la medida en que estos han ido venciendo. Tampoco ha pagado el capital de los Bonos que han vencido desde entonces.

   Considera Altana que tal como la Corte del Distrito Sur de Nueva York ha concluido en otros casos en los que Venezuela ha incumplido sus obligaciones contractuales, en este se debe dictar sentencia a favor de los demandantes.

  Los demandantes piden a la corte declare que la FAA de 1997, la FAA de 1998, la FAA de 2001, así como cada Bono, son obligaciones exigibles, válidas e incondicionalmente contraídas por Venezuela; que se declare que el país ha violado los citados acuerdos de agencia fiscal y los términos de cada uno de los Bonos, al no pagar los pagos de intereses y el reembolso del capital requeridos contractualmente.
   Altana pide que el tribunal le otorgue daños y perjuicios en una cantidad por probar que en ningún caso inferior a los pagos de intereses y reembolso del capital exigidos contractualmente; los honorarios y costos, incluidos los honorarios de abogados, según lo permita la ley; los intereses previos y posteriores al juicio; y cualquier otro alivio adicional que considere justo y equitativo.

Jurisdicción de la Corte

   Estiman los demandantes que la Corte del distrito Sur de Nueva York tiene jurisdicción para cursar la demanda bajo 28 U.S.C. § 1330 y 28 U.S.C. § 1605, en razón de que se trata de una acción civil sin juramento contra un estado extranjero que no tiene derecho a inmunidad soberana.

   Esta última afirmación lo asegura Altana que Venezuela renunció explícita e incondicionalmente a la inmunidad soberana en las FAA y los Bonos por acciones derivadas de las FAA, los Bonos o cualquier cupón correspondiente. Agregan que tampoco tiene derecho a la inmunidad soberana porque su conducta relacionada con la fianza constituye una actividad comercial en los Estados Unidos dentro de la excepción expresa a la inmunidad para actividades comerciales bajo 28 U.S.C. Sección 1605 (a) (2). En tal sentido recuerda que Venezuela comercializó, ofreció, prometió hacer pagos sobre ellos y dirigió las acciones de sus agentes fiscales en Estados Unidos y no cumplió con el pago de capital e intereses en los Estados Unidos. Es decir, Venezuela participó en actividades comerciales en los Estados Unidos y otros lugares que causaron efectos directos en territorio estadunidense.

  Precisan que Venezuela designó a su Cónsul General o a cualquier funcionario del Consulado de Venezuela con oficinas en Nueva York como su agente autorizado para el servicio de proceso.

  Sostienen que Nueva York es el lugar es apropiado porque Venezuela consintió y renunció irrevocablemente a cualquier objeción al lugar y porque una parte sustancial de los eventos y omisiones que dieron lugar al reclamo surgieron en este Distrito.
Los alegatos

   Manifiesta la demanda que la FAA de 1997 es un contrato celebrado el 3 de septiembre de 1997 entre Venezuela —con el Banco Central de Venezuela actuando como agente financiero oficial— y el Chase Manhattan Bank como agente fiscal, la cual se rige por las leyes del Estado de Nueva York sin tener en cuenta los principios de conflictos de leyes.

   Igualmente, la FAA de 1998 es un contrato celebrado el 6 de agosto de 1998 entre Venezuela y el Chase Manhattan Bank como agente fiscal (también el BCV fue el agente financiero). El contrato fue enmendado el 14 de enero de 2004 y el 29 de septiembre de 2004. Esta FAA del mismo modo se rige por las leyes del Estado de Nueva York en los mismos términos que el anterior.

  Entretanto, la FAA de 2001 se celebró entre Venezuela —BCV como agente financiero oficial— y Deutsche Bank AG y Bankers Trust Company como agentes fiscales y principales agentes pagadores. El contrato se enmendó el 19 de septiembre de 2003, el 21 de marzo de 2005 y el 17 de diciembre de 2007. Esta FAA igualmente se rige por las leyes del Estado de Nueva York.

  Indican que el monto de capital, tasa de interés, vencimiento y otros términos se establecen en los Bonos; que ciertos términos también se resumen en sus documentos de oferta; que las respectivas FAA, Venezuela comprometió su plena fe y crédito por el debido y pago puntual de todos los Bonos emitidos en virtud de dichos contratos.

  Explica la demanda que, a partir de octubre de 2017, Venezuela no ha realizado ninguno de los pagos de intereses semestrales requeridos sobre los Bonos, ni tampoco ha pagado la totalidad del monto capital de los papeles vencidos.

  Subrayan que, según los términos de los Bonos, los intereses de los cupones continúan devengándose independientemente de que haya transcurrido o no su fecha de vencimiento.

  Destacan que al haber transcurrido más de 30 días desde que se produjo la falta pago, existe un evento de incumplimiento bajo los términos de los Bonos.

  En tal sentido, los demandantes notificaron por escrito a Venezuela el 8 de octubre de 2020, una demanda de pago de capital e intereses vencidos y no pagados antes.

  En la misma fecha, la demanda fue comunicada a Venezuela a través de su embajador.

  La demanda de Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds LTD. Caimán contra Venezuela, comprende doce cargos por incumplimiento de contrato, el primero correspondiente a los Bonos 7,75% 2019; el segundo por los Bonos 6,00% 2020; el tercero, por los Bonos 12,75% 2022; el cuarto por los Bonos 9,00% 2023, el quinto por los Bonos 8,25% 2024; el sexto por los Bonos 7,65% 2025; el séptimo por los Bonos 11,75% 2026; el octavo por los Bonos 9,25% 2027; el noveno por los Bonos 9,25% 2028; el décimo por los Bonos 11,85% 2031; el undécimo por los Bonos 9,375% 2034; y el duodécimo por los Bonos 7,00% 2038.