VENEZUELA EN EL LIMBO: LA CONSULTA POPULAR VS. LAS ELECCIONES PARLAMENTA...

El gobierno de Trinidad evitó divulgar detalles del contrato suscrito con Venezuela para construcción de gasoducto

  El gobierno no supo argumentar su negativa para divulgar la información sobre la negociación hecha con la administración de Nicolás Maduro.

Por Maibort Petit

  El juez de la Corte Superior de Justicia trinitaria, Ricky N. Rahim, ordenó a la oficina del Primer Ministro de Trinidad y Tobago dar acceso a la información relacionada con el contrato suscrito entre ese gobierno y el régimen de Venezuela para la construcción de un gasoducto entre los dos países.

    El demandante, el activista social y político de Trinidad y Tobago, Devant Maharaj, quien exigió al máximo tribunal de la nación antillana, revisar de la decisión del gobierno de negarse a divulgar los detalles de la negociación que, según algunas versiones tendría un costo de mil millones de dólares trinitarios.

La demanda

   El 30 de septiembre de 2020, el demandante pidió a la Corte Superior de Justicia la revisión judicial de la decisión del Gobierno de la República de Trinidad y Tobago de negarse a divulgar la información solicitada de conformidad con la sección 13 de la Ley de Libertad de Información, Capítulo 22: 02 (FOIA), los cuales, sostiene, están exentos de divulgación en virtud del artículo 26 (a) de dicha Ley. Tal argumentación del acusado es considerada por el demandante, como ilegal, irracional, injusta, equivalente a una violación de las disposiciones de la FOIA.

    El demandado recibió el 20 de diciembre de 2018 una solicitud del demandante, de información con respeto a lo difundido por la prensa y otros medios, acerca de que el gobierno de la República de Trinidad y Tobago y el gobierno de Venezuela había propuesto y acordado la construcción de un gasoducto entre ambos países.

   Las versiones de prensa sugerían que la Compañía Nacional de Gas [NGC] y Shell estaban involucradas en una empresa conjunta para la construcción de un gasoducto de dieciocho kilómetros desde la plataforma Hibiscus en el extremo noroeste de Trinidad hasta Dragon Field, propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), con la intención de transferir el gas desde la segunda hasta la primera. Desde Hibiscus, entonces, el gas se distribuiría a los clientes de Point Lisas Industrial Estate y NGC. Este proyecto se conoció en los medios de comunicación como el acuerdo del Dragón. No se dijo cuál sería el precio que el gobierno de Trinidad pagaría por el gas, pero trascendió extraoficialmente que el costo de la construcción del gasoducto era de mil millones de dólares de Trinidad y Tobago.

  El demandante cita en su demanda un artículo publicado el 29 de agosto de 2018 en Caribbean News Now, en el que se planteaba que el acuerdo de Dragon buscaba eludir las sanciones estadounidenses evitando el sistema bancario de EE. UU.

Lo demandado

  Dada la desinformación existente respecto a esta negociación, el demandante procedió con la demanda, preocupado por la decisión tomada por el gobierno de Trinidad gastar una gran cantidad de dinero de los fondos de la nación sin que se haya realizado una consulta pública; además, por el impacto ambiental del proyecto; y por haber negociado con el liderazgo autocrático del presidente Nicolás Maduro en un momento en que Venezuela se encuentra en medio de un desastre de derechos humanos.

  El demandante expresa igualmente su preocupación, dado que el artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela impide expresamente la celebración de un contrato con otro gobierno sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Manifiesta que “la situación en Venezuela parece, desde el exterior, ser volátil tanto desde el punto de vista humanitario como político”.

  Específicamente, el demandante reclamó al demandado: 1) copias de todos los acuerdos, memorandos de entendimiento y/o contratos suscritos entre PDVSA y el gobierno de Trinidad y Tobago y/o el Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago (NGC) en lo que se refiere al gasoducto en cuestión; 2) la política, práctica y procedimiento del gobierno trinitario y/o NGC para certificar o evaluar el acuerdo de gas propuesto como económicamente viable; 3) la política, práctica y procedimiento del gobierno trinitario y/o NGC para certificar y/o evaluar el acuerdo de gas propuesto como ambientalmente seguro; 4) la política, práctica y procedimiento del gobierno de Trinidad y/o NGC para certificar y/o evaluar el acuerdo de gas propuesto como legalmente exigible; 5) los nombres y cargos de las personas que realizarán estos ejercicios de certificación/evaluación económica, ambiental y legal y cuáles son sus competencias; 6) copias de todos los informes, opiniones o hallazgos de estos ejercicios de evaluación/certificación; 7) si el gobierno trinitario y/o NGC han obtenido asesoramiento legal sobre el potencial de impacto de las sanciones internacionales en Trinidad y Tobago como resultado del acuerdo de gas con Venezuela.

  También se exigen: 8) copias de cualquier documento relativo al costo de construcción del oleoducto y quién será responsable de pagarlo; 9) detalles del proceso de licitación y negociación; 10) costo por unidad de gas que Trinidad y Tobago está obligada a pagar; 11) copias de dibujos, planos o mapas de la tubería propuesta y la logística de la construcción de la tubería; 12) actas de todas las reuniones en NGC para el acuerdo del gasoducto propuesto.

  Dado que el demandante no recibió la información requerida al gobierno trinitario, escribió una carta de protocolo de acción previa al demandado, quien solicitó más tiempo a través de sus abogados. Finalmente, mediante carta del 20 de marzo de 2019, el acusado respondió que el Memorando de Entendimiento y la información relacionada están exentos de divulgación de conformidad con la sección 26 (a) de la FOIA.

Las consideraciones

  Para llegar a su decisión, el juez Ricky Rahim, analizó los establecido en la Ley de Libertad de Información (FOIA), precisando, en primer término, que la misma pone a disposición del público información sobre el funcionamiento de las autoridades públicas y, en particular, garantiza que las autorizaciones, políticas, normas y prácticas que afecten al público en sus relaciones con las autoridades públicas estén fácilmente disponibles para las personas afectadas por las estas; y a la creación de un derecho general de acceso a la información en forma documental en posesión de las autoridades públicas, limitado únicamente por las excepciones y exenciones necesarias para la protección de los intereses públicos esenciales y los asuntos privados y comerciales de las personas respecto de las cuales se recopila información y en poder de las autoridades públicas.

  Se indica que cualquier discreción conferida por la ley se ejercerá en la medida de lo posible para facilitar y promover, con prontitud y en la menor medida posible, costo razonable, la divulgación de información.

  Luego de una serie de especificidades con relación al instrumento legislativo en lo atinente al acceso a la información y la discrecionalidad que los funcionarios puedan tener al respecto, así como las razones por las cuales algunos documentos pudieran estar exentos de hacerse públicos.

   Se establece que un documento es exento si la divulgación bajo la FOIA contraria al interés público, bien porque perjudicaría las relaciones entre el Trinidad y Tobago y cualquier otro Estado. Sin embargo se advierte que se dará acceso a un documento exento cuando exista evidencia razonable de que existe abuso de autoridad o negligencia en el desempeño de funciones oficiales; o injusticia hacia un individuo; o peligro para la salud o la seguridad de una persona o del público; o el uso no autorizado de fondos públicos, ha ocurrido o es probable que haya ocurrido o en las circunstancias que dan acceso al documento está justificado en el interés público, teniendo en cuenta tanto cualquier beneficio como cualquier daño que pueda derivarse de hacerlo.

Argumentos de la decisión judicial

  La decisión del juez Rahim pasa a responder las interrogantes planteadas por el demandante y, primeramente, niega que exista una decisión de acceso válida que se pueda mantener y advierte que no se proporcionó ningún razonamiento ni pruebas para respaldar la exención planteada.

  Igualmente negó que sea obligatorio considerar la sección 35 de la FOIA cuando se plantea una exención, pues esto hace que la decisión sea defectuosa. Advierte que una decisión será ilegal, nula y sin efecto si se levanta una exención y no está sujeta a las disposiciones de anulación de la sección 35.

   La decisión también niega al acusado introducir nuevas exenciones en las pruebas de su declaración jurada, puesto que ello contraviene el principio de que deben fundamentarse las decisiones que permitan al demandante conocer plenamente la decisión que se debe impugnar. “Introducir nuevas razones o pruebas ex post facto es fundamentalmente injusto para el ciudadano que impugna una decisión de las ‘autoridades’ públicas”.

  La decisión indica que el tribunal tiene la capacidad de realizar la consideración de la sección 35 por sí mismo o remitirla al acusado para que realice correctamente su toma de decisiones, en congruencia con las conclusiones asumidas por la corte.

  Cree el tribunal que el acusado no condescendió a los detalles que hubieran llevado al ejercicio de su discreción. 

  El tribunal advierte que no se permitirá que la autoridad pública invoque por primera vez nuevas razones en sus pruebas o alegatos, ya que hacerlo sería manifiestamente injusto para el demandante. 

  En razón de que al declarar el gobierno de Trinidad que los documentos solicitados por el demandante estaban exentos según lo dispuesto en la FOIA, entonces debieron cubrirse todos los extremos que dicta dicho instrumento en el sentido de explicar las razones de la negativa a través de una serie de pasos y requisitos que no se cumplieron.

   El gobierno de Trinidad argumentó para su negativa que la entrega de la documentación requerida por el demandante viola la clausula de confidencialidad del contrato suscrito con Venezuela. Sostiene que la divulgación sentaría un mal precedente, pues disminuiría la confianza tanto de Venezuela como de otros gobiernos en el gobierno de Trinidad. La consecuencia adicional sería un daño a la reputación de Trinidad y Tobago en asuntos de confianza y específicamente su capacidad para hacer negocios con Venezuela y otros Estados. Agrega que el incumplimiento de la cláusula de no divulgación puede poner en peligro todo el acuerdo, lo que resultaría en la ruptura de las negociaciones y la pérdida del trato.

  Dado que estas son las únicas razones proporcionadas para justificar la decisión de que los documentos están exentos en virtud del artículo 26 (a) de la FIOA. Cree el tribunal que esta información, debió establecerse en la carta de 20 de marzo de 2019, por parte del gobierno de Trinidad.

  En opinión del tribunal, las razones proporcionadas por el acusado carecen de consideración de los beneficios del acceso a los documentos por parte del público al considerar si el acceso es de interés público. Solamente se emitieron consideraciones sobre el daño que puede surgir de la divulgación. Dice que el tribunal que el artículo 35 obliga a la autoridad pública a sopesar los beneficios de la divulgación frente al daño que puede causar la divulgación, lo que no ha ocurrido en las explicaciones ofrecidas por el demandado.

  El acusado no ha presentado ante el tribunal los beneficios que se consideraron y sopesaron en el momento en que se tomó la decisión de denegar la documentación requerida por el demandante, sino que pretendió hacerlo a modo de respuesta después de que se tomó la decisión. En opinión del tribunal, este modus operandi deroga el deber del tomador de decisiones de considerar y sopesar los beneficios y el daño en el momento de tomar la decisión en contraposición a un ejercicio ilusorio de equilibrio como una ocurrencia tardía algún tiempo después, para justificar la negativa de acceso, un evento que muy probablemente ha ocurrido en este caso.

  En opinión del tribunal, por lo tanto, no existen pruebas de la consideración y ponderación de los beneficios frente al daño en el momento en que se tomó la decisión y el tribunal así lo determina.

   El tribunal evitó pronunciarse sobre los problemas sociopolíticos y el historial de derechos humanos de Venezuela por no tener pruebas sustanciales ante sí y por considerar que lo dicho sobre el asunto en el proceso judicial es meramente anecdótico.

  Debido a que el demandado no consideró los asuntos relevantes del caso, el tribunal concluyó que la decisión de considerar el documento requerido por el demandante como exento, es una decisión inválida. Sin embargo, para no usurpar la función de quien toma la decisión de este caso, se pronuncia por la que estima es la mejor manera de ejercer la discreción, y el elige remitirla al gobierno de Trinidad y Tobago para que emita una nueva decisión.

Sobre los costos

  Estima la corte, con respecto a las reparaciones del proceso, que el demandado debe pagar los costos de la parte ganadora, ya que el reclamante ha tenido éxito en la reparación original reclamada.

La decisión judicial

  El juez, Ricky N. Rahim, dictaminó, primero, que es ilegal, irracional e irrazonable la declaración del gobierno de Trinidad y Tobago de fecha 20 de marzo de 2019, respecto a la solicitud que le formulara el demandante el 18 de diciembre de 2018, sobre la documentación reclamada está exenta bajo la Ley de Libertad de Información, bajo el artículo 26 (a) del Capítulo 22:02, infringiéndose. Estima que se infringen las secciones 26 (a) y 35 de la Ley de Libertad de Información.

   En segundo lugar, el tribunal concedió una orden de certiorari, por lo que la decisión de acceso pasa al Tribunal Superior de Justicia y se anula.

    En tercer lugar, dispuso el tribunal el envío de la solicitud de acceso al acusado de conformidad con la sección 21 de la Ley de Revisión Judicial, capítulo 7:08 y se le insta a reconsiderar la solicitud de acceso, la cual debe incluir un ejercicio de equilibrio respecto a si las circunstancias que dan acceso al documento están justificadas en el interés público —considerando tanto los beneficios como los daños— y proporcionar la decisión y los motivos completos por escrito al reclamante dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta orden.

   Finalmente, el tribunal ordenó que el gobierno de Trinidad y Tobago pague al demandante los costos de la reclamación.

Diputados de la Fracción CLAP habrían cobrado USD 3.500.000 por desaparecer informe de Álex Saab

  Cada parlamentario habría recibido USD 400.000, USD 10.000 mensuales durante 2019 y USD 100.000 por cada gestión realizada.

Por Maibort Petit

   Un reporte llegado a nuestras manos revela que los diputados de la Asamblea Nacional pertenecientes a la denominada Fracción CLAP, habría cobrado USD 3.500.000 por hacer desaparecer el informe de la investigación sobre el empresario colombiano y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, encargado del negocio de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, programa de alimentación del gobierno venezolano, señalado de manejos irregulares y corrupción.

 El grupo parlamentario integrado por los diputados Conrado Pérez (Primero Justicia), Richard Arteaga (Voluntad Popular), Luis Parra Rivero (Primero Justicia), Adolfo Superlano (Cambiemos), José Brito (Primero Justicia, Chaim Bucaram (Un Nuevo tiempo) y Guillermo Luce (Voluntad Popular), sería el responsable de haber hecho “desaparecer” de la Comisión permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, el informe de las investigaciones que se desarrollaron sobre Saab y la irregularidades por él cometidas en la implementación del programa CLAP.

  Precisa el informe que cada uno de estos diputados habría supuestamente recibido USD 400.000 a cambio de ·esconder” el expediente de la investigación; USD 10.000 mensuales durante el año 2019, y USD 100.000 por cada gestión realizada. También se les aseguró —de acuerdo a la versión del reporte— continuidad como diputados en las elecciones parlamentarias programadas irregularmente por el Consejo nacional Electoral (CNE) y la Asamblea Nacional Constituyente. Para lograr tal propósito, con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominado por el oficialismo, se apropiarían de los partidos políticos Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo tiempo. Desde el seno de estos partidos títeres, establecerían alianzas con el PSUV.

  Igualmente, los citados parlamentarios se habrían encargado de una serie de jugadas destinadas a la destitución de Juan Guaidó de la presidencia del Poder Legislativo Nacional. Este hecho se materializó el 5 de enero de 2020, cuando los diputados CLAP se confabularon con los parlamentarios del PSUV para impedir la entrada de Juan Guaidó y los demás diputados de la fracción democrática de oposición al Palacio Federal Legislativo, para así poder defenestrarlos del poder parlamentario y designarse con directivos de la Asamblea Nacional[1].

  Esta jugada parlamentaria se conoció como “operación alacrán”, habiendo sido descubierta cuando el diputado Alfonso Marquina (Primero Justicia) publicó un video en el que intentaban sobornarlo para que se sumara a la Fracción CLAP[2].

  La diputada de Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano, había denunciado previamente —el 19 de diciembre de 2019— que Nicolás Maduro había instrumentado la referida operación para evitar que Guaidó fuera reelecto titular del Parlamento el 5 de enero de 2020. “La dictadura ha intentado comprar conciencias ofreciendo un millón de dólares a parlamentarios para comprarle su voto el 5 de enero” y agregó que “como no lo lograron encarcelan y allanan sus inmunidades”. Explicó que la propuesta oficialista consistía en pagarles a cambio de que no asistieran a la sesión en que se produciría la votación para así romper el quorum[3].

  La Fracción CLAP también habría hecho paralizar leyes y deshacerse de la oposición democrática del parlamento, para lo cual presuntamente contaron con el financiamiento de Álex Saab en toda la trama de corrupción.

  Luis Parra, quien fue designado de manera fraudulenta como presidente de la Asamblea Nacional, fue protagonista de un nuevo escándalo recientemente, cuando circuló un video en el que se le veía contando un fajo de billetes —euros o dólares— en un baño cuando se encontraba de compras por Europa.

  Parra, de acuerdo a investigaciones desarrolladas por el periodista, Roberto Deniz, encabezó “La llamada ‘rebelión de las regiones’ [la cual] comenzó en Europa defendiendo a Alex Saab y contando fajos de euros. El chavismo había dicho que iba a investigar a los diputados involucrados en el caso. Luego formaron un frente para asaltar la Asamblea Nacional y dijeron que Saab es diplomático (…) En 2019 Luis Parra dirigió la operación para defender en Europa y Colombia a Alex Saab, sus colaboradores y sus empresas, especialmente las relacionadas al negocio de los CLAP. Posteriormente llegó el asalto a la presidencia de la AN el pasado 5 de enero con el apoyo del chavismo”[4].

  El periplo europeo de Parra y el resto de los diputados CLAP se. Llevó a cabo sin que nunca el referido parlamentario explicara nunc, cómo no formando parte de la Comisión de Contraloría, viajó a Bulgaria en abril de 2019 junto a Conrado Pérez y Richard Arteaga, en inexplicada gira, que según sugirió el portal Armando.Info tuvo como objetivo entregar oficios en favor de Álex Saab y sus empresas relacionadas con los CLAP. No explicó quién costeó ese viaje y el realizado en mayo con parlamentarios de esa comisión a Roma y Madrid[5].

La desaparición del expediente de Saab

  De acuerdo a lo referido en el informe, los diputados de la Fracción CLAP supuestamente extrajeron las pruebas del expediente sobre la investigación que se le siguió al programa alimentario del gobierno y a los empresarios y empresas encargados del mismo que se desarrollaba desde el año 2016 en el seno de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN.

  Los parlamentarios presuntamente también ocultaron que el hijo de Álex Saab, igualmente formaba parte de la empresa Grand Group Limited.

 En tal sentido, habrían elaborado un informe paralelo en los que eximieron y favorecieron a Álex Saab y su entramado de 20 empresas de toma responsabilidad en la trama de corrupción de que se les acusaba. Las denuncias en su contra sostienen que estos empresarios conformaron y registraron empresas en el exterior con apoderados venezolanos y cuentas bancarias diferentes a las del país de origen de dichas empresas de maletín, con el objetivo de crear un velo corporativo y así dificultar las investigaciones y su detección.

 El informe real que los diputados CLAP supuestamente desaparecieron, demostraba el sobreprecio aplicado por todas las empresas involucradas en el esquema, ocasionando con esto un daño al patrimonio público por miles de millones de dólares.

 Del mismo modo, el informe comprobaba el daño a la salud ocasionado a la población venezolana debido a los productos de mala calidad que se suministraban para el programa CLAP.

 A pesar del daño y los crímenes de lesa humanidad causados, inexplicablemente la Comisión permanente de Contraloría de la AN, otorgó cartas de buena conducta a los empresarios señalados y sus empresas para trámites en bancos en España y Estados Unidos.

  El reporte en nuestras manos que da cuenta de las acciones de la Fracción CLAP, recomienda que Álex Saab, Shadi Saab, Carlos Lizcano, así como los diputados, sean denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI), por la vulneración al derecho de la alimentación y a la salud cometidas por ellos, lo cual constituyen crímenes de lesa humanidad.

Las cartas de buena Conducta

  Refiere en informe, que la Fracción CLAP habría emitido 48 oficios desde el seno de la subcomisión de contraloría encargada de la averiguación de las denuncias formuladas por supuestas irregularidades y corrupción imperante en el programa alimentario oficialista. Estas comunicaciones estuvieron dirigidas a organismos internacionales, instituciones financieras y ministerios de gobiernos extranjeros, con el objeto de exculpar a Alex Saab y Carlos Lizcano y sus empresas de denunciadas.

  Tales oficios de la Comisión de Contraloría, según reza el informe, fueron emitidos como cartas de buena conducta en favor de las firmas Salva Foods 2015, Mulberry Proje Yatirim, Group Grand Limited, Adon Trading, Asasi Food Fze. En detalle, estos oficios se emitieron a favor de Group Grand Limited, el 29 de noviembre de 2018; Salva Food, el 28 de noviembre de 2018; de Ramsés Reyes, el 1 de agosto de 2018.

  Se emitió, además, una Resolución de la Subcomisión Especial; un Poder para el abogado italiano, Frediano Sanneris, el 2 de julio de 2019.

  Oficios de la Comisión Permanente de Contraloría (CPC/P/18/08), el 1 de agosto de 2018; (P/18/06314), el 27 de junio de 2018; (CPC/P/18/08), el 1 de agosto de 2018, dirigido a Luisa Ortega Díaz (Fiscal General).

 También se remitieron informes para el Primer Ministro de los Emiratos Árabes, Mohamed Bin Rachid Al Maktun, el 2 de mayo de 2019; para Grand Group Limited, el 29 de noviembre de 2018.

 Igualmente, una Constancia de fecha 29 de noviembre de 2018; una Certificación de documentos, el 14 de agosto de 2018; a los Servicios Financieros de Dubai, Saeb Eigner, el 3 de mayo de 2019; a favor de Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi, el 29 de noviembre de 2018; a favor de Carlos Lizcano Presidente de Salva Foods (P/18/11505), el 16 de noviembre de 2018.

  A la ministra de Asuntos Exteriores, Justicia y Cultura del Principado Liechtestein, Aurella C.K. Frick, se le dirigieron varias comunicaciones, una el 9 de abril de 2019; otra el 8 de abril de 2019; y otra el 10 de abril de 2019.

 A favor de Adon Trading Fze, el 29 de noviembre de 2018; a favor de Carlos Lizcano, presidente de Salva Foods, el 16 de noviembre de 2018.

La absolución a Alex Saab se emitió el 29 de noviembre de 2018.

  Una comunicación de la Comisión Permanente de Contraloría (CPC/P/000520/2018), dirigida al Banco Itau Panamá, se remitió el 27 de noviembre de 2018; otra identificada con el código CPC/P/000519/2018, para el Banco Banesco, se emitió el 27 de noviembre de 2018; una para el Banco Itau Bogotá, el 27 de noviembre de 2018; una con el código CPC/P/000522/2018, para el Banco Corp Banca Helm, se remitió el 27 de noviembre de 2018.

  Al ministro de asuntos exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, le enviaron un oficio el 9 de abril de 2019; al embajador de Suiza en Venezuela, Didier Chassot, el 29 de mayo de 2019; al Primer Ministro de Bulgaria, Boyko Borissov, se le enviaron dos comunicaciones, una el 9 de abril de 2019 y la otra el 10 de abril de 2019; a Miguel Oliveira, director de Novo Banco, el 10 de abril de 2019 y el 9 de abril de 2019.

  Por su parte, los diputados señalados, así como también el ex vicepresidente de la Comisión de Contraloría, Conrado Pérez (padre), con propiedades en Georgia (EE. UU.), consignaron ante la Fiscalía de Colombia y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, cartas de Buena Conducta y Certificación de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN, en las que se absuelve de toda responsabilidad en la comisión de irregularidades y corrupción a los empresarios Álex Saab y Carlos Lizcano.

CITAS

[1] El Nacional. “Golpe al Parlamento: Fracción CLAP y PSUV juramentan a Luis Parra como presidente de la AN”- 5 de enero de 2020. https://www.elnacional.com/venezuela/golpe-al-parlamento-fraccion-clap-y-psuv-juramentan-a-luis-parra-como-presidente-de-la-an/

[2] Tal Cual. “La Operación Alacrán en 16 frases: montos, nombres y Maduro”. 17 de enero de 2020. https://talcualdigital.com/la-operacion-alacran-en-16-frases-montos-nombres-y-maduro/

[3] CNN en español. “Venezuela: ¿qué es la Operación Alacrán?”. 18 de diciembre de 201. https://cnnespanol.cnn.com/radio/2019/12/18/venezuela-que-es-la-operacion-alacran/

[4] Infobae. “Escándalo en Venezuela: videos muestran al diputado Luis Parra contando un fajo de billetes en un baño y de compras por Europa”. 6 de octubre de 2020. https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/10/06/escandalo-en-venezuela-videos-muestran-al-diputado-luis-parra-contando-un-fajo-de-billetes-en-un-bano-y-de-compras-por-europa/

[5] La Gran Aldea. “Luis Parra: La bisagra entre la ‘fracción CLAP’ y la ‘Operación Alacrán’” . 23 de diciembre de 2019. https://lagranaldea.com/2019/12/23/luis-parra-la-bisagra-entre-la-fraccion-clap-y-la-operacion-alacran/

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Visiones del “mundo raro” chavista: Las “buenas noticias” de los socialistas

Por Maibort Petit

   Lo que diversos informes y expertos han advertido con respecto a la arremetida que la izquierda en Latinoamérica viene implementando y planea incrementar próximamente, lo confirma un artículo aparecido en el Boletín número 17, “Economía política y revolución”, correspondiente al mes de agosto del presente año 2020 que edita la Vicepresidencia de economía productiva del PSUV, el cual se titula “Buenas noticias”, referidas estas a los avances que, en la visión del autor, Sergio Rodríguez Gelfenstein, ha experimentado el socialismo en diversos países del continente.

 Rodríguez Gelfenstein es consultor y analista internacional, Licenciado en Estudios Internacionales y Magister en Relaciones Internacionales egresado de la Universidad Central de Venezuela. También es doctor en Estudios Políticos de la Universidad de los Andes.

  Refiere que, tanto en Venezuela como en el resto de América Latina, desde 2014, “se desató una furia conservadora, neoliberal y reaccionaria que obligó a la resistencia en las trincheras conquistadas, para defendernos, esperar una mejor situación y volver a la ofensiva”.

  Advierte que en las artes militares tiene tanta importancia la defensa como la ofensiva, siendo que esta última “es solo otra forma que toman las acciones combativas”. Y remata: “En el arte de la política no es diferente”.

 Para Rodríguez Gelfenstein, “furia conservadora, neoliberal y reaccionaria” no es más que el despertar democrático que experimentaron varios países latinoamericanos donde la izquierda había causado estragos y en los que el hartazgo de la población execró los regímenes totalitarios socialistas que se habían instaurado. 

  Entonces retoma el dicho de que “soldado vivo sirve para la próxima batalla” para alertar que dicha situación debe entenderse como un periodo de reacomodo en el deben resolverse las “contingencias” derivadas de la “permanente y cada vez más asfixiante agresión imperial, en especial contra Venezuela y Cuba. Los cubanos ya tienen una experiencia de 60 años, nosotros en Venezuela estamos aprendiendo”.

 Coincidiendo con las advertencias de expertos y centros de estudios, Sergio Rodríguez Gelfenstein indica que este año 2020, en particular los días recientes, “hemos comenzado a tener buenas noticias que soplan como aire fresco en medio del agobiante calor de la presión imperialista”.

 Subraya que estos hechos no deben verse como sucesos aislados —ciertamente no lo son y obedecen a una planificada estrategia, como lo señalan los analistas democráticos— sino como una tendencia de rumbo distinto que está señalando un nuevo rumbo en el desarrollo de luchas populares de la región.

 Como “buenas noticias” —inimaginables en los regímenes socialistas donde no hay independencia de los poderes públicos y la institucionalidad es inexistente— cita el autor en primer lugar la elección de Mohammed Irfaan Alí del Partido Progresista del Pueblo (PPP) como nuevo presidente de Guyana, “derrotando a la impronta neoliberal y a la ciega subordinación imperial de su antecesor”[1].

 Luego se refiere al retiro por parte del Supremo Tribunal Federal de Brasil de la denuncia de la acción judicial contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

 Como tercera “buena noticia”, Rodríguez Gelfenstein estimó el rechazo de Interpol de difundir una alerta roja contra el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, como lo había solicitaba el gobierno de la nación suramericana[2].

 También en Ecuador tiene lugar la otra buena noticia de Rodríguez, referida ella a la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador de dejar sin efecto las medidas cautelares de suspensión que regían sobre el movimiento Fuerza Compromiso Social, confederación de partidos que respaldan a Correa[3].

El acuerdo para restructurar la deuda argentina entre el gobierno de Alberto Fernández y los bonistas de Wall Street[4].

  El autor menciona como “buena noticia” un supuesto aumento de la aprobación popular del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México durante el mes de julio “a pesar de la virulenta campaña en su contra de la derecha neoliberal y el gran empresariado nacional”. Una interpretación muy particular de la encuesta que mensualmente presenta “El Economista” de México, toda vez que el propio portal interpreta los números como un estancamiento del mandatario[5].

  La detención de Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno y fraude procesal es tenida como otra de las “buenas noticias” para los socialistas.

  Por último, Sergio Rodríguez Gelfenstein se remite a lo que denomina la “rebelión del pueblo mapuche contra la agresión del gobierno chileno”. Cataloga al nuevo ministro del interior, Víctor Pérez, de “nazi “después de haber perdido la votación en el Congreso para aprobar la reforma constitucional que permite el retiro de 10% de los fondos depositados por los trabajadores en el sistema de pensiones privado”. Para nada menciona el autor la manipulación del conflicto mapuche han hecho guerrillas ligadas a la extrema izquierda y el narcotráfico. Vemos aquí, tal como lo apuntara Alexis López en entrega reciente de este portal, en la que explicaba cómo opera el Modelo de la Revolución Molecular Disipada, que se aprovecha de las justas demandas populares para crear caos y sacar dividendos políticos de los mismos[6].

CITAS

[1] BBC Mundo. “Irfaan Ali, presidente de Guyana: quién es el hombre encargado de dirigir el país sudamericano que tendrá el mayor crecimiento económico del mundo”. 3 de agosto de 2020. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53633721

[2] La Hora. “Interpol niega pedido de difusión roja para Rafael Correa”. 1 de agosto de 2020. https://lahora.com.ec/loja/noticia/1102324161/interpol-niega-pedido-de-difusion-roja-para-rafael-correa

[3] El Comercio. “Juez electoral dejó sin efecto la suspensión del movimiento que acoge al correismo”. 2 de agosto de 2020. https://www.elcomercio.com/actualidad/juez-tce-suspension-movimiento-correa.html  

[4] France 24. “Argentina: Fernández celebra el acuerdo con sus acreedores para reestructurar la deuda”. 4 de agosto de 2020. https://www.france24.com/es/20200804-argentina-acuerdo-deuda-acreedores-alberto-fernandez-economia

[5] El Economista. “En pandemia, aprobación presidencial se estanca”. 2 de agosto de 2020. https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-pandemia-aprobacion-presidencial-se-estanca-20200802-0069.html

[6] Venezuela Política. “La Revolución Molecular Disipada apunta al fin del modelo republicano”. 20 de agosto de 2020. https://www.venezuelapolitica.info/la-revolucion-molecular-disipada-apunta-al-fin-del-modelo-republicano/

 

 

Las malignas y peligrosas alianzas del régimen de Maduro

  Un informe da cuenta de cómo el régimen venezolano instrumenta su actividad criminal a través de alianzas perversas.

Por Maibort Petit

   Desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, fue configurando una serie de alianzas que le servían de sustento a su proyecto político del “socialismo del siglo XXI” que fue extendiendo por toda la región. Se trataba de una alianza ideológica que procuraba disminuir la influencia de Estados Unidos en el continente, al tiempo que impulsaba la presencia de actores extrarregionales como Rusia, Irán y China. Transformó a PDVSA en la entidad de financiamiento del referido proyecto y su estructura en una gigantesca máquina de lavar dinero.

  Así lo sostiene un informe firmado por Douglas Farah para el Centro para América Latina “Adrienne Arsht” del Atlantic Council denominado “Las actividades ilícitas del régimen de Maduro: Una amenaza para la democracia en Venezuela y la seguridad en América Latina”, en el que se advierte que a través de los años, Chávez y posteriormente Nicolás Maduro dieron forma a una red social y política que dio paso a la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana (BJCE), que es una alianza de actores estatales y no estatales que, en conjunto con líderes políticos, élites económicas y organizaciones criminales que cuentan con el apoyo del gobierno venezolano.

Con Irán

  Farah quien también es presidente de IBI Consultants, miembro invitado senior del Centro de Investigación Estratégica de la Universidad Nacional de Defensa, especialista en seguridad, terrorismo y crimen organizado transnacional en América Latina, refiere en el reporte que El régimen venezolano y el iraní vieron, cada uno, la posibilidad de que el otro le sirviera a sus intereses. Así, mientras Chávez usó al país persa como un instrumento para avanzar en su agenda anti-estadounidense, Irán se valió de Venezuela para expandir su influencia en América Latina. De hecho, las relaciones con Chávez le sirvieron al gobierno de Teherán para establecer once nuevas embajadas en la región entre 2005 y 2009 e, igualmente, financió una academia de entrenamiento militar bolivariana en Bolivia[1].

  Refiere que aun cuando luego de la muerte de Hugo Chávez, redujeron las relaciones entre Irán y Venezuela, ahora Nicolás Maduro ha retomado el vínculo y lo ha estrechado. Fue así como, en franco desafió a Washington y sus sanciones, Teherán ha enviado gasolina a Venezuela, la cual ha intercambiado por oro[2].

  El producto de la minería ilegal que practica el régimen venezolano en alianza con la guerrilla colombiana, se comercializa, entre otras vías, “a través de actores globales malignos y aliados regionales”, refiere el reporte de Douglas Farah.

  Maduro pagó a Irán USD 500 millones en barras de oro por 1,5 millones de barriles de combustible entregados de abril a junio de 2020[3].

Con Rusia

  El informe se remite entonces a las relaciones del régimen venezolano con Rusia, país que se ha convertido en su aliado militar, económico y político más importante, esto durante el periodo de Chávez como ahora con Maduro.

  Se indica que, en los últimos 15 años, Venezuela le compró a Rusia armamento por USD 11 mil millones que incluyó tanques, aviones de combate avanzados y sistemas de misiles antibalísticos[4].

  Por su parte, Rusia compra el petróleo venezolano, brinda apoyo diplomático en el seno de la Naciones Unidas al tiempo que, regionalmente, sabotea la legitimidad de Estados Unidos en América Latina.

Con China

 Mientras de Rusia recibe el apoyo militar, el régimen venezolano obtiene de China respaldo financiero.

  Pekín ha otorgado préstamos y ha invertido en diversos proyectos que han significado decenas de miles de millones de dólares.

  El área petrolera y la minería acaparan la mayoría de dichas inyecciones de dinero. De hecho, desde 2018, las inversiones chinas en Venezuela totalizaron USD 67 mil millones, que constituyeron en el 40 por ciento de la inversión de China en la región[5].

Con las FARC y el ELN

  La guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que Hugo Chávez apoyó y con la que se alió desde la década de los años ´90.

  El proceso de paz firmado en Colombia entre el gobierno y las fuerzas insurgentes dio pie a una escisión del grupo terrorista —así fue designado por Estados Unidos y la Unión Europea— y decenas de altos mandos y combatientes encontraron cobijo en territorio venezolano al amparo del régimen de Maduro[6].

  Tanto estos disidentes, como agentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) operan en Venezuela protegidos por Maduro, sostiene el informe.

 Farah sostiene que con Nicolás Maduro, la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana (BJCE), ha experimentado un gran crecimiento, el cual ha ido de la mano de las FARC y el ELN. Algo que ha ocurrido en la misma medida y proporción que los precios petroleros cayeron y, por ende, la fuente de financiamiento de la la actividad criminal del régimen venezolano.

 Los negocios irregulares del régimen venezolano con las FARC, los cuales alcanzan escala internacional, tienen que ver con minería de oro ilícita, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y corrupción masiva.

  Para determinarlo tajantemente, sirvieron dos eventos ocurrido en 2020, primero, la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos de altos funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos el propio Nicolás Maduro, cuando se describió la asociación criminal entre el régimen y la guerrilla para llevar a cabo actividades de narcotráfico. El segundo de dichos eventos, fue la captura del empresario colombo-venezolano, Álex Saab, señalado de ser presunto testaferro de Maduro, un hecho que transparentó ante la opinión pública internacional el esquema de corrupción y lavado de dinero que opera en Venezuela[7].

 El reporte indica que diversas investigaciones y acciones del gobierno estadounidense documentan “red ilícita adaptable y multifacética del régimen de Maduro proporciona el apoyo financiero y político muy necesario”, lo que le permite junto a “sus compinches y aliados, robar miles de millones de dólares para beneficio personal y supervivencia del régimen, a expensas del pueblo venezolano”.

  El informe se remite a una estructura criminal militar que opera dentro del régimen venezolano, conocida como el Cartel de los Soles, la cual mantiene una sólida relación con miembros disidentes de las FARC y que permite que la cocaína producida por las FARC sea traficada a través de Venezuela a cambio de dinero en efectivo y servicios. Entretanto, el régimen ofrece a las FARC seguridad en territorio venezolano, armas y rutas seguras de transporte de la droga.

 El ELN controla gran parte de la minería de oro ilícita en Venezuela y Colombia, la economía criminal de más rápido crecimiento en la región.

 Ambas guerrillas terroristas, FARC y ELN, proporcionan fondos a Maduro y ayudan al régimen a mantener el control territorial en lugares remotos, pero estratégicamente vitales, zonas limítrofes con Colombia y Guyana[8].

CITAS

[1] AEI. “Kingpins and Corruption: Targeting Transnational Organized Crime in the Americas”. 26 de junio de 2017. https://www.aei.org/wp-content/uploads/2017/06/Kingpins-and-Corruption.pdf

[2] Foreign Policy. “Iran Is Working Hard to Revive Anti-U.S. Operations in Latin America”. 21 de junio de 2020. https://foreignpolicy.com/2020/06/01/iran-venezuela-alliances-latin-america/

[3] Reuters. “ran Is Hauling Gold Bars Out of Venezuela’s Almost-Empty Vaults”. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-30/iran-is-hauling-gold-bars-out-of-venezuela-s-almost-empty-vaults

 

[4] National Defense University. Douglas Farah and Kathryn Babineau. “Extra-regional Actors in Latin America: The United States is not the Only Game in Town”. 26 de febrero de 2019. https://cco.ndu.edu/News/Article/1767399/extra-regional-actors-in-latin-america-the-united-states-is-not-the-only-game-i/

[5] The Dialogue. China-Latin America Finance Database. https://www.thedialogue.org/map_list/

[6] InSight Crime. “FARC Dissidents and the ELN Turn Venezuela Into Criminal Enclave”. 10 de diciembre de 2018. https://www.insightcrime.org/news/analysis/farc-dissidents-eln-turn-venezuela-criminal-enclave/

[7] Department of Justice. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism

[8] InSight Crime. “ELN in Venezuela”. 28 de enero de 2020. https://www.insightcrime.org/venezuela-organized-crime-news/eln-in-venezuela/