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miércoles, 29 de septiembre de 2021

Conozca algunas de las empresas que PDVSA usa para violar las sanciones de EE. UU.

   China es el destino del crudo venezolano desde que Estados Unidos suspendió las operaciones comerciales con el régimen de Nicolás Maduro.

Por Maibort Petit

  Una serie de empresas de maletín, de reciente constitución, son utilizadas por el régimen de Nicolás Maduro y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para violar las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Los propietarios han logrado hacer millones de dólares y han contribuído a que la dictadura venezolano logre mantenerse en el poder.

En esta entrega damos cuenta de algunas estas compañías.

American Multinational Energy Corp

   American Multinational Energy Corp. es una sociedad anónima registrada el 30 de mayo de 2018 en Panamá bajo el número 155665848, la cual está domiciliada en el el Corregimiento Ciudad de Panamá, Distrito Panamá, Provincia Panamá, Panamá.

  El agente es Jimy Ponce Castro, quien además cumple funciones como director, tesorero y suscriptor. Abner Torres funge como presidente y director; Maryorie Mendieta Navarro, es directora, secretaria y suscriptora; Pedro Alonso Montoya Medina es suscritor.

  La representación legal de la compañía recae en su presidente o la persona que este autorice[1].

   American Multinational Energy Corp. también estaba registrada en el estado de la Florida, Estados Unidos, desde el 28 de junio de 2017, bajo el número P17000056186. En la actualidad esta firma está inactiva.

Abner Torres era el agente y el presidente de la misma[2].

   Esta empresa figura como la compradora de 4 millones de barriles de crudo Merey 16 a PDVSA Petróleo S.A., una operación que, de acuerdo al Resumen de la Dirección Ejecutiva de Comercio y Suministro de PDVSA, tuvo lugar el 14 de abril de 2020.


   El despacho de la carga se haría en el Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudo Complejo José Antonio Anzoátegui (TAECJAA), o cualquier otro puerto designado por el vendedor y aceptado por el comprador.

  El destino del crudo era Asia, sin que se ofrezca mayores explicaciones del puerto de destino de la carga.

   Las evidencias de las violaciones están en manos de las autoridades estadounidenses.

Globe Max Trade LTD

    En su página web Globe Max Trade LTD dice que es una empresa privada con “alta diversificación, comprometida en la venta de varios productos físicos de petróleo, petróleo crudo, alimentos, telas y otros. Nuestra empresa ha estado operando en el mercado checo e internacional durante más de 15 años. La oficina principal de nuestra empresa está ubicada en Praga (República Checa) y una oficina representativa en Moscú (Rusia). Trabajamos con empresas en Europa oriental y occidental, Asia, Estados Unidos de América, África y la Federación de Rusia. La estrategia comercial de la compañía es el crecimiento y la expansión responsables y sostenibles”[3].

    Entretanto, el portal Open Corporates informa que Globe Max Trade LTD fue registrada el 5 de septiembre de 2018 en el Reino Unido, bajo el número 11553908.

   El domicilio de la empresa es el Unit-Q 35 Astbury Road, Peckham, Londres,SE15 2NL, Inglaterra.

   Anteriormente, la empresa se llamaba VHS-CZ LTD y cambió a Globe Max Trade LTD el 30 de julio de 2020. Ya antes, había cambiado denominación el 18 de marzo de 2020, cuando pasó de llamarse Vodohospodarske Stavby Javornik-CZ Ltd a VHS-CZ LTD.

  Como director figura Jan Krnac, quien asumió el 10 de diciembre de 2018 en sustitución de Lucie Cervenakova[4].

   Un Resumen de la Dirección Ejecutiva de Comercio y Suministro de PDVSA, fechado el 25 de enero de 2021, refiere que PDVSA Petróleo S.A. vendió a Globe Max Trade LTD 1.900.000 barriles de crudo Merey 16 que serían embarcados por el TAECJAA con destino a Asia.

Misil Group LTD

   El portal Open Corporates informa que Misil Group LTD es una empresa registrada  en el Reino Unido el 14 de septiembre de 2020, bajo el número 12879318.

  Tiene su sede en Flat 33 Consort House, Lensbury Avenue, Londres, SW6 2JZ, Inglaterra.

 Como propietario beneficiarios finales figuran Martin Alexander Sampson, George Sampson y Miguel Josue Silva Pérez. Este último figura como director activo, mientras que Martin Alexander Sampson, George Sampson y Marvin Alberto Linares Montesinos, aparecen como directores inactivos[5].


   Un resumen de la Dirección Ejecutiva de Comercio y Suministro d e PDVSA  con fecha de 27 de enero de 2021, indica que PDVSA Petróleo S.A. vendió dos cargas de crudo Merey 16, el primero de 1.900.000 barriles y el segundo por igual cantidad, a la empresa Misil Group LTD.

  El crudo sería cargado en el Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudo Complejo José Antonio Anzoátegui (TAECJAA) con destino a la República Popular de China.

Corporación de Transporte y Servicios LDC C.A. Limited

   Según el portal Open Corporates, Corporacion De Transporte Y Servicios LDC C.A. Limited es una empresa registrada en Hong Kong el 21 de agosto de 2019, bajo el número 2865661.

   No se da información sobre domicilio y directorio de la empresa[6].

   En Venezuela, Corporacion De Transporte Y Servicios LDC C.A. está ubicada en la Urbanización Puerto Morro, avenida Américo Vespucio, casa 642, a 200 metros del Centro Comercial Caribean Mall, Lecherías, estado Anzoátegui. RIF J-298693126, según informa el portal Pymes Venezuela, que agrega que la empresa cuenta con tres trabajadores y sus teléfonos son el 0281-2743313 y 0414-8244863[7].

  Un Resumen de la Dirección Ejecutiva de Comercio y Suministro de PDVSA, con fecha de 23 de marzo de 2021, refiere que PDVSA Petróleo S.A. le vendió 1.900.000 barriles de crudo Merey 16 a la Corporación De Transporte Y Servicios LDC C.A. Limited.

  La carga se efectuaría en el Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudo Complejo José Antonio Anzoátegui (TAECJAA), con destino a la República Popular China.


[1] Open Corporates. American Multinational Energy Corp. https://opencorporates.com/companies/pa/155665848

[2] Open Corporates. American Multinational Energy Corp. https://opencorporates.com/companies/us_fl/P17000056186

[3] Globe Max Trade Ltd http://globemaxtrade.com/about-us/

[4] Open Corporates. Globe Max Trade LTD. https://opencorporates.com/companies/gb/11553908

[5] Open Corporates. Misil Group LTD. https://opencorporates.com/companies/gb/12879318

[6] Open Corporates. Corporacion De Transporte Y Servicios LDC C.A. Limited. https://opencorporates.com/companies/hk/2865661

[7] Pymes Venezuela. Corporacion De Transporte Y Servicios LDC C.A. http://pymesvenezuela.com/ficha/corporacion-de-transporte-y-servicios-ldc-ca-148155


martes, 13 de julio de 2021

¿Qué es lo que busca Samark López Bello en su demanda contra el gobierno de lo EE. UU. ?

   Quien es señalado de ser supuesto testaferro de Tareck El Aissami, cataloga de ilegal su designación por parte de la OFAC bajo la Ley de Kingpin.

Por Maibort Petit

   El 29 de junio de 2021, Erich C. Ferrari, de la firma Ferrari & Associates P.C., presentó ante el Tribunal para el Distrito de Columbia, actuando en representación de Samark José López Bello, una demanda en contra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el director de dicho despacho, por haber ejercido ilegalmente su autoridad bajo la Ley de Designación de Kingpin de narcóticos extranjeros, al sancionar al demandante y bloquear y aprovechar sus propiedades en EE. UU., y devastando sus operaciones comerciales y su reputación internacional.

   Sostiene López Bello que los demandados difundieron información errónea y el rumor no demostrado para hacer denuncias dañinas de su persona sustentadas en falsos criterios de designación. Agrega que esto se hizo sin dar aviso a López Bello sobre cómo los tratos con ciertas partes constituyen una conducta sancionable y sobre la base de importantes "hallazgos" que no se le han dado a conocer.

  Considera López Bello que las acusaciones de la OFAC y sus evidencias son sólo falsas, sino también fabricadas por completo, pues es un “hombre de negocios internacional” cuya reputación ha sido difamada y cuyo sustento ha sido seriamente amenazado por las acciones ilegales de los acusados. Niega haber proporcionado asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de Tareck El Aissami ni a ninguna otra persona, como asegura la OFAC. Dice no actuar por o en nombre de este último al tiempo de que advierte que, hasta esta fecha, no es consciente de que El Aissami tenga una participación en el tráfico de drogas.

Abuso de autoridad

   En la demanda se enfatiza que los acusados actúan más allá de los que les permite su autoridad legal, contradiciendo el debido proceso constitucional. En tal sentido, refiere que al haber sido catalogado Tareck El Aissami como Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT) de manera simultánea como él como quien lo asiste material y financieramente, lo cual a su manera de ver es ilógico al no haber sido advertido antes de ello. Por tanto, el registro de apoyo de OFAC no es razonable ni puede estar sustentado en pruebas que demuestren que López Bello estaba proporcionando asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de narcóticos El Aissami.
Foto cortesía de Noticiero Univisión 
  Sobre esto, la demanda estima que esta designación simultánea, hace suponer que la designación del demandante se hace sobre la base de denuncias de conducta que preceden la designación de El Aissami como un SDNT. Por tanto, la OFAC se habría basado en una creencia errónea de que Samark López proporcionó apoyo o servicios a las actividades de tráfico internacional para o en nombre de una persona que no era un SDNT durante el tiempo en que se produjeron aquellas actividades supuestamente. Denuncia que, entonces, se violó de manera arbitraria y caprichosa la Ley de Procedimiento Administrativo.

Consecuencias inconmensurables

  Al hablar de las consecuencias de las acciones ilegales de los acusados, el demandante asegura que estas son inconmensurables y sobrepasan lo que sufren usualmente quienes son objeto de estas designaciones.

  Esta afirmación obedece, en primer lugar, a que Samark López y sus empresas estadounidenses y extranjeras han sido designadas por la OFAC y/o bloqueadas de conformidad con la Ley de Kingpin.

  En segundo lugar, por el bloqueo de sus las propiedades y otros activos reales basadas en los Estados Unidos.

  En tercer lugar, por sanciones a que están sujetas las personas extranjeras por involucrarse en transacciones con López Bello o sus compañías, lo que ha socavado su capacidad para realizar negocios incluso fuera de los Estados Unidos.

   En cuarto lugar, por la injusta investigación de índole penal de que ha sido objeto, al ser acusado por supuestamente inducir a personas estadounidenses comercien con propiedad bloqueada en violación de las regulaciones que implementan su designación.
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   Por último, siendo lo que el demandante considera como más dañino, el hecho de que terceros se valgan de las falsas acusaciones de la OFAC para ejecutar los activos bloqueados de López Bello en satisfacción de sentencias dictadas contra grupos terroristas designados por Estados Unidos, con los que López Bello no tiene relación o conexión. Sostiene que la acción de bloqueo de la OFAC se ha convertido en un mecanismo para la incautación y decomiso de sus activos en EE. UU.

  Refiere Samark López que, para la fecha de la demanda, el decomiso ilegal de sus propiedades se ubicaba en uno USD 160 millones.

Samark López Bello según Samark López Bello

  En la demanda, Samark José López Bello se presenta a sí mismo —además de ciudadano venezolano e italiano— como un “prominente empresario con experiencia internacional en los campos de la ingeniería industrial, la negociación de productos básicos y equipos, y logística para la industria del petróleo y el gas”.
  Refiere que es CEO y presidente de Profit Corporation C.A., a la que señala como “empresa líder en el mercado energético venezolano en las áreas de ingeniería de soluciones, adquisiciones y construcción”

  Del mismo modo, informa que dirige Yakima Trading Corporation, la cual ofrece servicio para la industria de petróleo y gas venezolanos, “incluida la negociación de materiales ferrosos, así como en la adquisición de materiales y equipos necesarios para viviendas prefabricadas de alta calidad para albergar equipos para la industria petrolera”.

  Otra empresa de la que da cuenta López Bello como parte de sus haberes, es Postar, compañía de logística que se encargaba de conseguir materiales de construcción para enviarlos Venezuela en kits de viviendas de fácil acceso para personas de bajos recursos.

  También se presenta como una persona dedicada a actividades humanitarias en Venezuela a través de “The Profit Foundation” (Fundación Empresas Profit), con la cual brinda apoyo financiero regular a niños en situación de riesgo. Esta fundación habría financiado la construcción de una escuela y centros de atención de salud rural.

Las propiedades de López Bello en EE. UU.

   La demanda hace referencia a las propiedades de Samark López Bello en Estados Unidos afectadas con la medida bloqueo a consecuencia de su designación como SDN por parte de la OFAC. Igualmente cita a las entidades extranjeras propiedad del demandante.

   Entre las propiedades de López Bello, según la OFAC, se encuentran Alfa One, C.A.; Grupo Sahect, C.A.; MFAA Holdings Limited, Profit Corporation C.A., Servicios Tecnológicos Industriales C.A., SMT Tecnología C.A. y Yakima Trading Corporation.

  Hace mención la demanda a que, atendiendo a una solicitud de registro administrativo formulada por López Bello, sobre la designación y bloqueo de sus propiedades de conformidad con la Ley de Kingpin, la OFAC, mediando una carta remitida el 12 de abril de 2017, en la que hacía alusión al bloqueo de 325 Leucadendra Drive en Coral Gables, Florida, identificado con el ID PITK-9310. El registro administrativo no clasificado incluyó el memorándum que evidencia que la propiedad pertenecía al demandante y, además, se proponía el bloqueo de cinco compañías en EE.UU. también controladas por López Bello.

   Asimismo, se refiere que el 22 de mayo de 2017, la OFAC remitió el registro administrativo relacionado con la designación de López Bello y sus empresas, entre las cuales se hacía referencia a ciertas empresas, su avión y otros bienes raíces y activos en los Estados Unidos, identificado como caso ID FNK-6137.

 Indica la demanda respecto a este punto, que este registro administrativo incluyó el memorando de evidencias que llevó al organismo gubernamental a establecer que Samark López Bello cumple con los criterios de designación bajo la Ley de Kingpin. Según OFAC, "la información presentada [en el Memorándum] proporciona motivos para creer que [López Bello] es una persona extranjera que está asistiendo materialmente, o brinda apoyo financiero o tecnológico para o, o proporciona bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de El Aissami, y está actuando por o en nombre de El Aissami".

   Se hace un recuento de las propiedades de López Bello según la OFAC que, primero, refiere cuáles son las entidades extranjeras que cumplen lo estipulado bajo 21 U.S.C. § 1904 (b) (3) para tal designación y que, a saber, son Profit Corporation C.A., registrada en Venezuela; Yakima Trading Corporation, registrada en Panamá; Grupo Sahect C.A.(Venezuela); ALFA ONE C.A. (Venezuela); SMT Tecnología C.A. (Venezuela); Servicios Tecnológicos Industriales C.A. (Venezuela); MFAA Holdings Limited (Islas Vírgenes Británicas); Yakima Oil Trading LLP (Reino Unido).

  Respecto a las compañías basadas en los Estados Unidos y otras propiedades que la OFAC sostiene están en control del demandante, está 1425 Brickell Ave 63-F LLC, registrada en la Florida; 1425 Brickell Ave 63-F LLC (Florida); 1425 Brickell Avenue Unit 46b (Florida); 1425 Brickell Avenue 64E LLC (Florida); Agusta Grand I LLC (Delaware); 200G PSA Holdings LLC (Delaware); todas ajustadas a la designación de conformidad con [21 USC § 1904 (b)].

   La OFAC también determinó que tiene "razones para creer que un Gulfstream 200 con el número de registro de aeronaves FAA N200vr es una aeronave propiedad o controlada por 200 g de Holdings LLC" y que esta aeronave se identificará en la lista de SDN de OFAC de conformidad con 21 U.S.C. § 1904 (b).

Sin sustento legal

   Se advierte que la OFAC no ofrece suficientes bases de ley que sustenten sus afirmaciones, las cuales terminan básicamente basadas, no en evidencias, sino informes y reportes de prensa. Hacen referencia a un artículo de julio de 2013 del periódico en línea de Venezuela, Reportero24, que dice que "López Bello está “vinculado como como testaferro de El Aissami. El artículo afirma que López Bello tiene un patrimonio neto estimado de mil millones de dólares”.

  Subrayan que la OFAC no evalúa la credibilidad del artículo de Reportero-24 ni la base para que la agencia diera por ciertas las afirmaciones de este. Tampoco se evidencia que la OFAC haya corroborado la veracidad de esta información ni de que López Bello es el testaferro de Tareck El Aissami.

   Sostiene la demanda que, en ninguna parte del memorando, la OFAC establece su evidencia acerca de cómo Samark López Bello asiste materialmente o brinda apoyo financiero o tecnológico o proporciona bienes o servicios en apoyo del tráfico internacional de narcóticos de Tareck El Aissami.

Resúmenes no clasificados

   La demanda hace referencia a una serie de resúmenes no clasificados en los cuales se hacen afirmaciones respecto a Samark López Bello, indicando que el primero de estos documentos declara al demandante como testaferro de Tareck El Aissami, lo cual “Además de ser falso, este resumen no identifica ninguna conducta sancionable ni cómo esta caracterización de López Bello se relaciona con las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de El Aissami”.

   El segundo resumen no clasificado de OFAC establece, en parte, que López Bello "está a cargo de las ganancias de los medicamentos para el lavado de [PDVSA] y organizar las rutas de cocaína aérea y marítimo para transportar cocaína a Oriente Medio y Asia". Sobre esto, la demanda sostiene que es falso y no identifica cómo esta supuesta conducta se relaciona con las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de El Aissami.

  Se remite la demanda al segundo resumen no clasificado donde se alega que López Bello "fue utilizado por El Aissami” para comprar y manipular noticias en Venezuela, especialmente aquellas críticas del régimen de Chávez, lo cual se habría hecho con fondos gubernamentales para influir en la opinión pública venezolana. Se indica que el resumen no identifica cómo esta supuesta conducta se relaciona con las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de El Aissami y tampoco informa cómo López Bello actúa por o en nombre de un SDNT, puesto que para ese momento no había sido designado como tal.

  Entretanto, el tercer resumen no clasificado de OFAC establece que López Bello es el" representante de Negocios", "gerente financiero" y "lavador de dinero” de Tareck El Aissami, lo cual cataloga de falso y de no señalar quién identificó a López Bello como tal, ni cómo se evaluaron estas afirmaciones n la veracidad de las mismas.

  Respecto al cuarto resumen no clasificado de OFAC alega la demanda que la afirmación de que López Bello "maneja asuntos financieros para El Aissami" y "gestiona los bonos venezolanos, como parte privada, y lleva a cabo acuerdos no específicos que generan beneficios significativos", son absolutamente falsas y no explican cómo se apoyaron las actividades internacionales de narcóticos internacionales de El Aissami.

   Se alerta en la demanda que la fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York en su acusación del 8 de marzo de 2019 contra Samark López Bello, lo señala de cargos penales por violaciones de la Ley de Kingpin, pero, en ningún momento, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó cargos penales contra López Bello por tráfico de narcóticos o lavado de dinero.

   Además de hacer un recuento de las propiedades y cuentas bancarias bloqueadas, Samark López Bello hace referencia a los daños económicos y morales que las acciones de la OFAC en su contra, le han ocasionado.

El reclamo de López Bello

  La demanda de Samark López Bello contra la OFAC del departamento de Estado y el director de esta entidad, Bradley Smith, comprende siete cargos que sostienen que su designación bajo la Ley de Kingpin constituye una acción arbitraria y caprichosa en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo; que la designación excede la jurisdicción estatutaria, limitaciones o autoridades en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo; que los acusados no lo notificaron de manera justa cuando lo designaron bajo la Ley de Kingpin en violación de la cláusula de debido proceso de la quinta enmienda; que la designación bajo la Ley de Kingpin y la imposición de sanciones sobre él y sus propiedades viola su derecho de la Cuarta Enmienda a estar libres de convulsiones irrazonables; que la designación según la ley de Kingpin es contraria al derecho constitucional; que la designación y el incumplimiento del aviso violan su quinto derecho de enmienda al debido proceso; y porque el incumplimiento de la notificación de las razones de la designación de López Bello bajo la Ley de Kingpin, viola la Ley de Procedimiento Administrativo.

  López Bello pide al Tribunal para el Distrito de Columbia que se ordene a los demandados a rescindir su designación y la de sus empresas bajo la Ley de Kingpin; declarar ilegal su designación como SDNT; declarar ilegal la designación de sus empresas; que los demandados divulguen la evidencia que los llevó a su designación bajo la Ley de Kingpin; un premio de los costos y honorarios de abogados bajo la Ley de Justicia Igual Acceso a la Justicia; y cualquier otra disposición aplicable de la ley y beneficio que se considere apropiado.

martes, 22 de junio de 2021

Las falsas ofertas de Maduro en la mesa de negociación con Guaidó: La causa del fracaso

  El vicioso ciclo de elecciones falsas y una red de amenazas que el régimen mantiene gracias a un conjunto de “agentes adaptativos” que le sirven de sustento, son la fórmula de supervivencia del dictador en el poder.

Por Maibort Petit

   El fracaso de las negociaciones establecidas entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana desde 2019 con la facilitación de la comunidad internacional han fracaso y han resultado ineficaces, en razón de la falsa oferta electoral que el gobierno ha puesto sobre la mesa con el único objetivo de engañar y distraer de sus verdaderas intenciones de mantenerse en el poder indefinidamente.
   Así lo establece un informe del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS), fechado el 21 de junio de 2021 y suscrito por José Gustavo Arocha, investigador senior de la institución, Teniente Coronel retirado del Ejército de Venezuela y ex-preso político entre 2014 a 2015. Es especialista en relaciones cívico-militares, conflictos violentos, ciberseguridad y amenazas terroristas en América Latina y brinda asesoría y servicios logísticos a disidentes venezolanos de alto perfil y críticos del régimen venezolano.
   Arocha advierte que la oferta del régimen de Maduro constituye un círculo vicioso de elecciones en el que se vale de altos niveles de desinformación, inteligencia y contrainteligencia, así como de operaciones de influencia estratégica para engañar constantemente a la comunidad internacional sobre sus intenciones de negociar con la oposición política.

  Entretanto, refiere que la oposición y muchos observadores internacionales se encuentran distraídos con este círculo vicioso de las elecciones falsas, momento que el régimen aprovecha para aumentar su compleja red de amenazas adaptativas en toda la región.
  El informe hace mención a la red de amenazas de Venezuela que complica cualquier proceso de negociación con el régimen en razón de que las economías ilícitas están capturando más territorio en el país que, en lugar de debilitar a Maduro, lo endurecen y este aprovecha para expandir dichas amenazas, cooptando a empresas y ONG que, de otro modo, serían legítimas.

  El experto subraya el error de comenzar el proceso sin partir de un diagnóstico adecuado, tanto de la estrategia de engaño del régimen, como de su red de amenazas, conducirá a un juego de suma cero donde el régimen tiene toda la influencia y el control.
   En su informe, el especialista se pronuncia por el desmantelamiento de la compleja y adaptativa red de amenazas de Venezuela en el exterior, dado que esto le quita influencia y opciones al régimen y hace más viable un proceso de negociación en el futuro.

Las negociaciones actuales

  Refiere el informe que Venezuela ha llegado a otra encrucijada en la que el presidente interino, Juan Guaidó, presentó recientemente una propuesta de reanudación de las negociaciones con el régimen de Maduro con el objetivo de alcanzar la evasiva meta de elecciones libres y justas en un país que atraviesa la peor crisis humanitaria del hemisferio occidental. La respuesta de Maduro fue exigir tres condiciones previas a cualquier negociación: 1) levantamiento de todas las sanciones; 2) reconocimiento del régimen como un poder legítimo; y 3) acceso a fondos incautados y congelados en el exterior.

  Pocos venezolanos creen en un diálogo y negociaciones con el régimen, pues este en el pasado, ha utilizado repetidamente las negociaciones como táctica dilatoria logrando con ello dividir aún más a la oposición política y distrayendo a la comunidad internacional, advierte el reporte.

   De hecho, se hace mención a que, en mayo de 2019, luego de que las partes iniciaran una negociación en Oslo/Barbados, con mediación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega y Guaidó anunciara unos meses después, el fracaso de las mismas y el retiro del régimen, la oposición perdió el control de la Asamblea Nacional y cierto apoyo de la comunidad internacional. Varios estados europeos ya no reconocen a Guaidó, aunque tampoco a Maduro.

  Plantea el informe algunas interrogantes básicas centradas no en el hecho de si una negociación debería tener lugar, pues se sostiene que, efectivamente, debe tener lugar, sino respecto al costo y condiciones de la misma.

El vicioso ciclo de las falsas elecciones

  El informe de José Gustavo Arocha detalla cómo el régimen de Maduro perpetúa un círculo vicioso de negociaciones que conducen a elecciones falsas.
   No se ha detenido el gobierno chavista en las últimas dos décadas para perfeccionar su capacidad para utilizar altos niveles de desinformación, inteligencia y contrainteligencia, así como operaciones de influencia estratégica para engañar permanentemente a la comunidad internacional con relación a sus intenciones de negociar con la oposición política. Tal comportamiento permitió un patrón cíclico y un proceso de varios pasos para cumplir el engaño estratégico que, en la actualidad lleva a cabo el régimen.

  Se inicia el ciclo con la falsa promesa de elecciones libres, seguida de nuevas reglas impuestas por el régimen, mientras la oposición enojada llama a protestas y el régimen aplica la represión violenta. Tal situación conduce a más diálogo y negociaciones y el "círculo vicioso" cierra el círculo al celebrar, de nuevo, elecciones simuladas en Venezuela.
   Cita el informe el último "círculo vicioso" completo de elecciones falsas en Venezuela, el cual en las que la oposición obtuvo la mayoría de la legislatura para trabajar hacia una eventual reforma electoral. La respuesta del régimen fue utilizar a los legisladores salientes para llenar el Tribunal Supremo de Justicia de leales y después constituir la Asamblea Constituyente, integrada en su totalidad por adeptos del régimen, la cual se convirtió en la legislatura paralela del gobierno.

  En 2017, ocurrió el nuevo engaño cuando después de una represión brutal y violaciones de derechos humanos resultaron en el asesinato de unas 157 personas y el arresto de más de 5.300. La comunidad internacional, inconsciente de las manipulaciones del régimen, pidió más diálogo, lo que llevó a las negociaciones en República Dominicana patrocinadas por José Luis Rodríguez Zapatero, las cuales fracasaron en febrero de 2018. Un encuentro que allanó el camino para que el régimen celebrara otra elección falsa, las presidenciales de 2018 que la oposición no reconoció. El "círculo vicioso" se completó con los comicios parlamentarios de 2020, donde Maduro recuperó la mayoría legislativa. Por tal, no sorprendió la disolución de la Constituyente.
  Ahora, Nicolás Maduro, sigue siendo presidente hasta 2024, advierte el informe, con más del 90 por ciento de la Asamblea Nacional a su favor y la oposición cada vez más fracturada y dividida y con menor apoyo popular.

  Y alerta el reporte: “Sin embargo, parece que las duras lecciones del 'círculo vicioso' no se aprenden, ya que un 'nuevo' ciclo se repetirá este noviembre de 2021 con las próximas elecciones a gobernador en Venezuela”.

Las amenazas

  El informe de José Gustavo Arocha alerta de que mientras la oposición y muchos observadores internacionales están distraídos por el "círculo vicioso" de las elecciones falsas, el régimen intensifica su red de amenazas, pues su enfoque principal no son las negociaciones ni las elecciones, sino consolidar la compleja red de amenazas adaptativas en Venezuela que proyecta un poder asimétrico en el exterior.

  Explica que estos "agentes adaptativos" son individuos y entidades capaces de interactuar entre sí de manera dinámica, a menudo no lineal, operando autónomamente tanto en actividades ilícitas como en negocios legítimos. No tienen estructura de comando y control, pero cuentan con la coherencia suficiente para reconocer que su supervivencia está conectada con la supervivencia del régimen de Maduro. “La dependencia mutua reemplaza cualquier diferencia ideológica o cultural y permite un equilibrio entre la autonomía y el propósito. Esta es la esencia de la red de amenazas venezolana, que está descentralizada y distribuida horizontalmente en toda la sociedad. Es una de las principales razones por las que el régimen de Maduro persiste en el poder a pesar de la presión internacional”.

   Agrega que la convergencia de amenazas depende de redes logísticas sólidas que amplíen el alcance y el alcance de varios actores ilícitos, impulsada por economías ilícitas, como el narcotráfico, el lavado, el contrabando, la falsificación, etc., que crecen en tamaño y en importancia en Venezuela.
   Apunta el reporte que, si bien las economías ilícitas se apoderan cada vez de más territorio en Venezuela, esto, en lugar de debilitar al régimen Maduro, endurece y expande la red de amenazas y le proporciona más herramientas y oportunidades para apropiarse de partes del sector privado y la sociedad civil. Esta red de amenazas combina actividades ilícitas con empresas legítimas y ONG que participan en sectores e industrias clave, como la energía, el oro, el transporte, las comunicaciones y la ayuda humanitaria.

   Se cita a Ecoanalítica, una consultora de finanzas corporativas, la cual afirma que en Venezuela circulan más de USD 6 mil millones en moneda estadounidense, vinculados a tres economías ilícitas: contrabando de oro, contrabando de petróleo y narcotráfico. El flujo de este efectivo permitió la creación de nuevas tiendas solo en dólares estadounidenses conocidas como "bodegones", las cuales son cooptadas por el régimen para construir un aparato político, económico, social y de comunicación que le de escape frente a la presión internacional, en particular las sanciones y se convierten en agentes adaptativos en la red de amenazas de Venezuela.

  Advierte, igualmente el informe, que esta red de amenazas es lo que complica cualquier proceso de negociación con el régimen, pues el gran tamaño de las economías ilícitas en Venezuela ha creado condiciones en las que demasiados empresarios y otros son complacientes con la corrupción y neutrales a las estrategias engañosas del régimen, porque, a pesar de su oposición al régimen, necesita sobrevivir.

¿Qué hacer?

  Tajantemente, el informe advierte que “no hay una bala de plata” para derrumbar a Maduro” y subraya que la lección más importante de los últimos dos años de la estrategia de máxima presión de la administración Trump es que el régimen sobrevive gracias a su red de amenazas transnacionales y transregionales, que lo oxigena para resistir la presión internacional.
  Se deja sentado en el reporte que seguir con las negociaciones sin un diagnóstico adecuado tanto de la estrategia de engaño estratégico del régimen como de su red de amenazas, sencillamente conducirá a un juego de suma cero en el que Maduro tiene todo el control. Incorporar a la sociedad civil, el ejército u otros actores resultará en que el régimen encuentre palancas adicionales para dirigir las negociaciones en su dirección preferida.

   Del conocimiento del comportamiento del régimen, de entender la complejidad de la red de amenazas y la estrategia regional del régimen, depende la opción de la oposición para poder desmantelarla.

   El verdadero clamor del pueblo venezolano no son vacunas contra el coronavirus o ayuda humanitaria, alerta el reporte, sino que la comunidad internacional que los ayude a desalojar un régimen totalitario. Pero debe quedar claro que esto no podrá ser desde adentro solamente, pues el camino hacia una nueva Venezuela pasa por quitarle las opciones al régimen en el exterior cercano.
   Es necesario trabajar con los gobiernos regionales y la sociedad civil en América Latina y el Caribe para localizar, identificar y neutralizar a los agentes adaptativos de la red de amenazas venezolanas que existen en sus países, pues su desmantelamiento le quitará el apalancamiento y las opciones al régimen. Esto, sostiene el informe, hará que el proceso de negociación sea más eficaz y más viable en el futuro.

viernes, 22 de enero de 2021

Defensa exige a la justicia de EE. UU. desestimar la acusación contra Álex Saab

Por Maibort Petit

   La defensa del colombiano, Álex Saab sometió a consideración de la Corte del Distrito Sur de la Florida una moción donde pide desestimar la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el acusado, alegando que "el enjuiciamiento presenta una contravención alarmante de las normas internacionales estadounidenses".
   En un documento de 24 páginas, los abogados del escritorio jurídico Baker & Hostetler, David B. Rivkin, Jr., Lee A. Casey, Jonathan R. Barr,  Kendall E. Wangsgard y Richard B. Raile sostienen que los Estados Unidos tienen obligaciones con las normas internacionales y la Ley de Relaciones Diplomáticas y por ello los tribunales del país deben adherirse a los deberes que las mismas imponen.

  La defensa argumenta que Alex Nain Saab Moran es un diplomático de Venezuela y fue arrestado por insistencia del gobierno de Estados Unidos en Cabo Verde, mientras se encontraba realizando una misión humanitaria para obtener medicamentos y suministros para la batalla de Venezuela contra el Covid-19.

 "Saab permanece detenido y su misión no fue cumplida. Esto no debería haber ocurrido porque las autoridades de Venezuela lo designaron como enviado especial, y el gobierno de Irán lo aceptó como tal. El precedente del Undécimo Circuito confirma que este estado conlleva inmunidad diplomática".

   Agrega la defensa en el documento que "Un defecto legal igualmente fundamental es que la acusación no alega ningún interés suficiente de Estados Unidos para justificar juzgar al Sr. Saab aquí [Florida], cuando todos los supuestos actos de su parte ocurrieron en el extranjero".
  
  "El gobierno alega una conspiración de ciudadanos extranjeros que actúan fuera de los Estados Unidos para sobornar al Gobierno venezolano en relación con un proyecto de construcción de viviendas en Venezuela",  y añaden que "Saab niega estas acusaciones, pero la Corte no necesita llegar a ninguna pregunta de hecho para desestimar este caso". 

    La defensa sostiene que el delito determinante fundacional de esta supuesta conspiración de lavado de dinero es una disposición de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) que se aplica sólo a un ciudadano extranjero que comete prácticas corruptas "mientras se encuentran en el territorio de los Estados Unidos". 

   Asegura que "Saab es un ciudadano extranjero que no ha puesto un pie en este país en ningún momento relevante". Mientras tanto, “el debido proceso requiere "al menos algún contacto mínimo entre un Estado y el sujeto regulado", acotan.

  Saab solicita respetuosamente al Tribunal que desestime la acusación en su contra" sostiene la defensa.

  En las argumentaciones, la defensa recuerda que la Ley de Relaciones Diplomáticas (DRA) establece que cualquier acción o procedimiento iniciado contra un individuo que tiene derecho a inmunidad con respecto a tal acción o procedimiento bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, bajo la sección 254b o 254c de este título, o bajo cualquier otra ley que extienda los privilegios e inmunidades diplomáticos será derogada.

  Explica que dicha inmunidad podrá establecerse por moción o sugerencia de o en nombre del individual, o según lo permita la ley o las reglas de procedimiento aplicables, ya que la inmunidad diplomática priva a los tribunales federales de la jurisdicción de la materia, los tribunales tienen “una obligación afirmativa que debe ser considerada para una acusación de este tipo.

  Una acusación debe contener una “declaración de los hechos esenciales que constituyen el delito cargado y debe ser desestimado si, entre otras cosas, “no declara una ofensa ”, sostiene la defensa en la moción interpuesta en al corte.