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martes, 9 de marzo de 2021

Esta es la carta que ocultó la fiscalía e hizo desmoronar el caso de Ali Sadr, el iraní que lavó más de $100 millones del programa de viviendas de Hugo Chávez

  El gobierno quería mantener sellado su contenido, pero la juez del caso autorizó su divulgación.

Por Maibort Petit

  En el proceso judicial que en la Corte del Distrito Sur de Nueva York se siguió contra Ali Sadr Hashemi Nejad, en el que un jurado lo declaró culpable, una carta del Commerzbank al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que la fiscalía pretendió ocultar a la defensa y que se identificó como GX 411, fue determinante a la hora de que la juez de la causa, Alison Nathan anulara el veredicto y el caso se viniera al piso.
   Las irregularidades cometidas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en torno a esta comunicación, dieron al traste con el caso en el que inicialmente se había determinado que Sadr pasara largos años en la cárcel por el hecho cierto, según las evidencia de haber incurrido en la “violación de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Irán, fraude bancario y conspiración para lavado de dinero internacional con fondos provenientes de los programas de viviendas que el régimen de Hugo Chávez acordó con la República Islámica de Irán”[1].

A continuación, presentamos el contenido del documento.

   El 16 de junio de 2011, el Commerzbank AG, sucursal de Nueva York (CBNY) remitió una comunicación a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, firmada por Deepa Keswani, Jefe de Cumplimiento de ALD/Antifraude/Sanciones, y por Vinay Jepal, Oficial de Cumplimiento de Sanciones de la entidad bancaria.

  El objeto de la carta era ofrecer información a la OFAC sobre el Stratus International Contracting Company y el papel de este banco en una transferencia por USD 29.442.967,57 en el contexto de la trama por medio de la cual un programa de viviendas implementado en Venezuela por el finado expresidente, Hugo Chávez, había servido para violar las sanciones contra Irán.

  Le refirió el Commerzbank a la OFAC que el 20 de abril de 2011, el sistema de monitoreo de transacciones ALD de CBNY generó una alerta, que tenía que ver con una transacción por USD 29.442.967,57, la cual había tenido lugar el 4 de abril de 2011.

   Se trataba de una transacción originada en el Banco del Tesoro C.A. Banco Universal Caracas, la cual tenía como beneficiario a la empresa Stratus International Contracting Company, un cliente de Hyposwiss Privatbank AG, Zurich.

  El movimiento bancario tenía ver, según el asunto de la operación, con un Fideicomiso del Fondo Chino Venezolano en Caracas.
   Explica la comunicación que al detectar la operación se procedió de acuerdo con el procedimiento estándar y el CBNY solicitó información al Banco del Tesoro de los detalles sobre ambas entidades y su relación.

  Entretanto la respuesta llegaba, el CBNY llevó a cabo una averiguación a sobre la empresa Stratus en su sitio web y allí encontró que la compañía fue fundada en 1978 en Teherán, Irán.
  Igualmente, la carta del Commerzbank indica que los datos encontrados sobre Stratus International precisaban que la compañía se especializa en brindar servicios de contratación para proyectos de infraestructura como carreteras, ferrocarriles, presas, túneles, aeropuertos y edificios y que para el momento se encontraba trabajando en un proyecto de desarrollo de viviendas que contemplaba la construcción de 7.000 unidades de apartamentos en Ciudad Ojeda, estado Zulia, Venezuela, denominado “Proyecto Urbanismo Nueva Ciudad Fabricio Ojeda”.

   La carta indica que el 12 de mayo de 2011, el CBNY recibió una respuesta del Banco del Tesoro en la que informaba, primero, la dirección de la empresa que, según dijeron era: Gardenya Plaza 5, K: 3 D: 3 (Piso 3, Suite 3) 34758 Atasehir, Estambul, Turquía; que la misma estaba registrada en Estambul, Turquía; y que presta servicios de construcción en Turquía, Dubai y Venezuela.
   Seguidamente, la comunicación refería que el propósito del pago era por la construcción del citado proyecto habitacional.

   Alertaba la comunicación que, aunque Stratus no figura como SDN, y el pago no indicaba ninguna participación directa de Irán o con Irán, la información contradictoria derivada de lo que decía el sitio web de la empresa y lo que informó el Banco del Tesoro, el CBNY creía apropiado compartir la información con la OFAC en virtud de que Stratus International podía ser una empresa iraní.

  Deepa Keswani y Vinay Jepal le dijeron a la OFAC que el CBNY había agregado a Stratus International a su filtro de sanciones para monitorear cualquier pago futuro. Al mismo tiempo advirtió: “Tenga en cuenta que, aparte de esta transacción, hasta la fecha, CVNY no ha procesado ningún otro pago relacionado con Stratus”.

   Finaliza la carta diciendo que el propósito de la comunicación era informar los buenos esfuerzos de Commerzbank AG, Sucursal de Nueva York, para cumplir con los requisitos aplicables de la OFAC y dar a conocer voluntariamente de cualquier dato recibido durante la investigación sobre posibles entidades relacionadas con sanciones.


















[1] Venezuela Política. “Ali Sadr Hasheminejad fue declarado culpable de violar las sanciones de EE. UU. contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero de los programas de viviendas de Hugo Chávez”. 16 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/ali-sadr-hasheminejad-fue-declarado.html













lunes, 8 de marzo de 2021

¿Por qué la juez del caso Ali Sadr decidió publicar los documentos que dejaron mal parada a la justicia de EE. UU. ?

   La juez del caso ordenó divulgar las declaraciones del fiscal, las cartas de las partes y los documentos de respaldo del caso.

Por Maibort Petit

  Una victoria para la libertad de expresión e información significó la decisión de la juez, Alison Nathan, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York respecto al caso que en esa instancia judicial se dirime entre Estados Unidos y Ali Sadr Hashemi Nejad, toda vez que en uno de los apartes de su decisión del pasado 17 de febrero de 2021, concedió la solicitud de la prensa —a través de The Associated Press— de permitir la divulgación de los documentos que la fiscalía neoyorquina manipuló y pretendió ocultar durante el juicio del banquero iraní.

   En la citada corte, un jurado determinó que Sadr Hsheminejad era culpable de “violación de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Irán, fraude bancario y conspiración para lavado de dinero internacional con fondos provenientes de los programas de viviendas que el régimen de Hugo Chávez acordó con la República Islámica de Irán”, delitos por los que podía pasar varias décadas en la cárcel.

    Sin embargo, recientemente se conoció que los fiscales ocultaron de los abogados del imputado un documento que habría ayudado en la defensa de Sadr, a saber, una carta del Commerzbank al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la atención del despacho encargado de hacer cumplir las sanciones. La extraña conducta de los fiscales llegó al extremo de, en lugar de enmendar su error, procedieron a “enterrar” el documento entre otra serie de papeles que remitieron a la defensa, creyendo que la irregularidad no iba a ser detectada.

  La prensa bregó ante el tribunal a objeto de que se permitiera la divulgación, tanto de la carta del Commerzbank, como de los correos electrónicos y mensajes de texto, entre otros, que se cruzaron los fiscales y que revelaban cómo su actuación permitió el desmoronamiento del caso contra Sadr cuando el juicio estaba a punto de completarse.

  Ocurrió que un registro bancario apareció a último momento cuando la fiscal federal adjunta, Jane Kim, lo quería presentar como prueba, pero se percató de que aún no lo había compartido con los abogados de Alí Sadr, algo que violaba las reglas del debido proceso. 

   Tales hechos llevaron a la juez Alison Nathan a anular el veredicto del jurado y a, en los últimos días, recomendar al Departamento de Justicia, investigar la probable conducta irregular de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, específicamente a la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales.

  En su decisión del 17 de febrero, la juez Nathan permitió el acceso público a las declaraciones de la fiscalía y a los documentos que esta aspiraba mantener bajo sello. Y si bien la magistrada accedió a sellar los expedientes que constituyen la base del dictamen que estableció que el público tiene derecho a saber cómo sucedieron los hechos.

   Recuerda la decisión que tanto la Constitución como las leyes y la tradición judicial reconocen el derecho de acceso público a los procedimientos judiciales y a los documentos judiciales. Subraya que las Enmiendas Primera y Sexta también protegen el derecho a iniciar un proceso judicial —la Sexta para los acusados y la Primera para el público y los miembros de la prensa— siendo condición que el documento solicitado sea un "documento judicial".

   Señala la jurisprudencia que la Corte debe considerar la “relevancia del contenido específico del documento para la naturaleza del procedimiento y el grado en que el acceso al documento ayudaría materialmente al público a comprender los asuntos ante la corte y a evaluar la imparcialidad e integridad de la resolución judicial". Agrega que el tribunal en el ejercicio de sus poderes de supervisión tiene poder para investigar las declaraciones falsas y sancionar la mala conducta de los abogados. 

  De este modo, las declaraciones del fiscal, los anexos y las cartas de las partes son importantes para que el público comprenda las cuestiones que tiene ante sí la Corte, refiere la decisión, incluida la desestimación de los cargos subyacentes contra Alí Sadr y la tergiversación de la fiscalía ante la Corte con respecto a la divulgación de pruebas exculpatorias. En tal sentido, el Tribunal mostró su desacuerdo con la posición de los fiscales de que los documentos están exentos de divulgación porque la presente investigación del es análoga a un procedimiento disciplinario. Contundentemente el tribunal estableció que el caso de Sadr no es un procedimiento disciplinario. 

  La Corte estimó que el derecho público de acceso a los documentos judiciales no se evapora cuando está involucrada la mala conducta de un abogado y, por el contrario, sostiene que es más importante "tener cierta responsabilidad y que el público tenga confianza en la administración de justicia". Así, el tribunal concluyó que las declaraciones del fiscal y las cartas de las partes son documentos judiciales.

  Igualmente, la Corte concluyó que tanto la Primera Enmienda como el derecho consuetudinario apoyan el acceso público a los documentos en el caso de Alí Sadr, una conclusión a la que llegó sobre la base de que las declaraciones en las que se basa un tribunal para llegar a una decisión judicial son documentos históricamente abiertos a la prensa y al público, el cual tiene un profundo interés en la conducta de los fiscales federales. 

  Precisa la juez Nathan que la información sobre la mala conducta de la fiscalía que dio pie a la anulación del veredicto del jurado y la desestimación de una acusación, es de gran valor para quienes supervisan los tribunales federales. El hecho de que se haya decidido no imponer más sanciones basándose únicamente en dichos documentos, sin una audiencia pública, pesa más a favor de la divulgación. 

   Refiere la decisión que las declaraciones del fiscal y sus anexos hacen referencia solo a un puñado de correos electrónicos con terceros, ninguno de los cuales incluye información privada o vergonzosa. Sostiene que los intereses de privacidad de los propios fiscales tampoco justifican la denegación del acceso público a los documentos, mientras que el interés del público precisamente en estos detalles pesa en contra del sellado.

  La juez Alison Nathan determinó que es apropiado revelar las identidades de los fiscales involucrados y concluyó que dicha información se puede verificar fácilmente a partir de documentos presentados públicamente y transcripciones del juicio. 

  Determinó la magistrada que el público tiene derecho a saber cómo ocurrieron los hechos extraordinarios de este caso en el cual el Gobierno terminó por solicitar y obtener la vacante del veredicto del jurado en razón de la responsabilidad de los funcionarios públicos y en la confianza del público en la administración de justicia. 

“Con la excepción de una clase limitada de materiales que tratan con información confidencial, la Corte no mantendrá en secreto las declaraciones del fiscal, las cartas de las partes y los documentos de respaldo en este caso. La Corte espera que a medida que el Distrito Sur de Nueva York deje atrás este desafortunado capítulo, estos documentos proporcionarán a otros fiscales y miembros del público una idea de cómo el Gobierno llegó a manejar tan mal sus obligaciones éticas en este caso, algo de disuasión para conducta indebida en juicios futuros y cierta seguridad de que el poder judicial trata estos asuntos con la mayor seriedad”, concluye la decisión.

jueves, 4 de marzo de 2021

Conozca la declaración del fiscal que hizo desmoronar el caso contra Ali Sadr Hashemi Nejad, el iraní que lavó más de $100 de los programas de vivienda de Hugo Chávez

   El tribunal del Distrito Sur de Nueva York permitió la divulgación de la declaración del fiscal Garret Lych con respecto a la evidencia que la fiscalía pretendió ocultar a la defensa.

Por Maibort Petit
  A raíz de que se conociera que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York encargados de imputar a Ali Sadr Hashemi Nejad, incurrieron en mala conducta y ocultaron a los abogados del imputado un documento que habría ayudado en la defensa, el tribunal ordenó a los involucrados, presentar sus declaraciones.

   Como se recordará, Sadr Nejad fue declarado culpable por un jurado de los delitos de violación de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Irán, fraude bancario y conspiración para lavado de dinero internacional con fondos provenientes de los programas de viviendas que el régimen de Hugo Chávez acordó con la República Islámica de Irán[1]. En razón de conocerse las irregularidades cometidas en el proceso, la juez de la causa, Alison Nathan, anuló el veredicto, recomendó al Departamento de Justicia investigar los hechos. El 17 de febrero de 2021, la magistrada permitió el acceso público a las declaraciones de la fiscalía y a los documentos que esta aspiraba mantener bajo sello.

   El documento que ocultó la fiscalía es una carta del Commerzbank, fechada el 16 de junio de 2011, remitida al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la atención del despacho encargado de hacer cumplir las sanciones. Esta comunicación quedó identificada como GX 411 en el proceso judicial.

  El 16 de septiembre de 2020, la juez del Distrito Sur de Nueva York, Alison Nathan, ordenó a los fiscales involucrados en el caso de Alí Sadr presentaran declaraciones sobre la aparente mala conducta en la que habrían incurrido y así determinar si se requería una mayor investigación de los hechos. Ante este requerimiento, el 16 de octubre de 2020e, el l fiscal Garrett Lynch presentó su declaración ante el tribunal y el 17 de febrero de 2021, solicitó a la Corte presentar la declaración adjunta y los anexos en su nombre, en razón de que no tiene privilegios de presentación electrónica.

La declaración de Lynch
   Bajo pena de perjurio, el fiscal Garret Lynch declaró el 16 de octubre de 2020 ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York que trabaja como asistente del fiscal de distrito en la oficina de Cyrus R. Vance, Jr., fiscal de distrito del condado de Nueva York (DANY), donde fue asignado como Fiscal Adjunto Especial Unido (SAUSA) en junio de 2017.

  En tal declaración, Lynch responde a una serie de preguntas formuladas en la orden judicial del 16 de septiembre de 2020, siendo la primera de estas interrogantes: “¿Cuándo se enteró por primera vez de GX 411?”.

  Refirió que el documento que se convirtió en GX 411 fue presentado al fiscal de distrito del condado de Nueva York (DANY) y otras agencias de investigación federales y estatales de forma voluntaria en marzo de 2015.

  Manifestó que en el cuarto trimestre de 2015 revisó la carta del Commerzbank en relación con una investigación sobre posibles violaciones de la ley del estado de Nueva York, entre ellas la falsificación de registros comerciales relacionados con la evasión de las leyes y regulaciones de sanciones de EE. UU. Indicó que le pareció relevante para la investigación que adelantaban los fiscales de DANY.

  Ante la segunda pregunta sobre cuándo se había dado cuenta de que GX 411 no había sido revelado a la defensa de Ali Sadr y por qué no divulgó inmediatamente el documento, Garret Lynch le manifestó al tribunal que entregó documentos e información obtenida por DANY en la Investigación de Vivienda Venezolana a los diversos Fiscales Federales Auxiliares asignados a este caso a lo largo del tiempo. Los fiscales manejaron la producción del descubrimiento en el caso de Sadr y GX 411 se encuentra entre los documentos que proporcionados. 

   Advirtió no recordar haber considerado si había sido presentado por los AUSA a la defensa, hasta que, entre la tarde del viernes 6 y sábado 7 de marzo de 2020, supo que no se había revelado. “En el momento en que me enteré de esta no divulgación, los fiscales estaban en proceso de divulgar GX 411 a la defensa”.

   Garret Lynch hace un aparte para referir, a modo de antecedentes, que mientras revisaba archivos en su oficina el 19 diciembre de 2019 antes del juicio de Ali Sadr, se encontró con GX 411 y en un intercambio de correo electrónico con los AUSA, resaltó que el Commerzbank actuaba como un banco intermediario en el primer pago en dólares a la empresa Stratus Turquía. Se estableció que este último tenía conexión con la entidad iraní, y presentó un informe a la OFAC.
  Prosigue la declaración de Lynch indicando que el 7 de enero de 2020, mientras AUSA-1 estaba revisaba la evidencia obtenida de conformidad con las citaciones emitidas por DANY relativas a cada una de las transferencias electrónicas en cuestión en el caso, el fiscal le envió un correo electrónico preguntando sobre una transferencia de 2011, un pago mencionado en GX 411.

   En dicho correo Stephanie Lake le refiere a Lynch y los otros fiscales que los pagos reflejados en una hoja de cálculo que adjuntan, no encontró confirmación de la transferencia bancaria de USD 29 millones del 4 de abril de 2011. Indicó que halló una referencia a este pago en las declaraciones de citaciones de CHIPS y que este parecía mostrar que había pasado del “Fondo Chino-Venezolano” a Stratus International Contracting. Lake le preguntó a Lynch si tenían una confirmación de dicha transferencia.
  Lake agrega que notó que las confirmaciones de transferencias por lo general no muestran el banco intermediario de EE. UU. y se preguntaba si no faltaba documentación con esta información.
  Lynch les manifestó a los otros fiscales que GX 411 podría ser probatorio en el caso del gobierno.
   Garret Lynch dijo en su declaración al tribunal que la discusión sostenida con los otros fiscales a principios de enero de 2020, “expresé mi opinión de que GX 411 sería prueba probatoria en el juicio porque, en mi opinión, reflejaba un intento por parte del Sr. Sadr de engañar al Banco con respecto a la conexión con Irán de la entidad beneficiaria de los hallazgos a que se refiere el documento, así como de los propietarios de la entidad.

  Informó que, a fines de enero de 2020, preguntó si el gobierno deseaba considerar que el Commerzbank proporcionara un testigo para explicar GX 411, así como para autenticar y proporcionar la base para admitir el registro de transferencia bancaria del 4 de abril de 2011 del pago que la fiscalía estaría ofreciendo como prueba. Subraya que, en tal sentido, se ofreció para contactar a la entidad.
   Explica que en otro correo del 31 de enero de 2020 informó a los otros fiscales luego de contactar al Commerzbank, donde obtuvo información de que el GX 411 no se había preparado en el momento de la transferencia que el gobierno planeaba introducir en el juicio, sino en un momento posterior. La Investigación Bancaria determinó que el pago ocurrió en abril de 2011, mientras que GX 411 fue de junio de 2011.
  Después de este intercambio, Garret Lynch habló con AUSA-1 sobre los antecedentes de GX-411, la cual se generó como parte de un ejercicio de "revisión retrospectiva" de cumplimiento realizado después del registro del cable del 4 de abril de 2011 y que fue divulgada voluntariamente a DANY en la Investigación Bancaria.

  AUSA-1 estimó que, en vista de los antecedentes, las pruebas en cuanto a GX 411 serían indebidamente complejas y consideró que no había necesidad de convocar un testigo del Commerzbank para que hablara en torno a GX 411. “En consecuencia, dejé mis esfuerzos para conseguir un testigo del Banco para testificar sobre GX 411 y no recuerdo ningún contacto posterior con el Banco hasta el 6 de marzo de 2020”.

  La tercera pregunta a Garret Lynch requería datos de comunicaciones específicas sobre GX 411 o su divulgación con otros fiscales, ya sea oral, escrita o electrónica.

  Al respecto, el fiscal Lynch le refirió al tribunal que, además de las conversaciones y comunicaciones electrónicas descritas anteriormente, el viernes 6 de marzo de 2020 conversó con AUSA-1 y ella le transmitió que, con base en el contrainterrogatorio de la defensa de un testigo bancario ese mismo día, ella creía ahora que el gobierno debería convocarlo para el lunes 9 de marzo de 2020.
  Después de esta conversación, Lynch se comunicó con el banco para convocar el testigo.
  Acerca de cuándo estimó Lynch que GX 411 tenía valor exculpatorio para Sadr, el fiscal le manifestó a la Corte que esto ocurrió cuando la defensa planteó este problema luego de recibir el documento del gobierno el 7 de marzo de 2020. “Creí que el documento era totalmente inculpatorio porque, como lo vi en combinación con otras pruebas”.
    Pensó que el Banco había llevado a cabo la debida diligencia en el pago del 4 de abril de 2011 para determinar si Stratus International era una entidad iraní o estaba relacionada con Irán, pero no pudo tomar esa determinación de manera concluyente porque fue engañado por Alí Sadr, pues este dio información parcial y engañosa sobre esta entidad al banco venezolano remitente. Por ello, Commerzbank no pudo verificar que la entidad en realidad fuera iraní, a pesar de sus sospechas, que informó a la OFAC.

  Garret Lynch le aseguró al tribunal que no redactó una carta que la fiscalía remitió el 8 de marzo de 2020 relativa a la Orden del 16 de septiembre.
   “No recuerdo y no he encontrado comunicaciones o documentos que reflejen que fui incluido en alguna comunicación electrónica u oral relacionada con la carta del gobierno, editada después de las 9:42 PM cuando comenté el borrador de AUSA-1, y tal como se envió en forma final el 8 de marzo de 2020 bajo Dkt. Nº 277. No participé en conversaciones con un Jefe de Unidad ni con las AUSA de juicio sobre el cambio de lenguaje al que se refiere la Corte. Aparte de los cambios realizados para reflejar mis comentarios (enviados a las 9:42), no sé por qué se modificó la versión de la carta que revisé a las 9:31 p.m.”.

   Finalmente, Garret Lynch le aseguró al tribunal que desconocía que la sentencia del caso había sido anulada.













[1] Venezuela Política. “Ali Sadr Hasheminejad fue declarado culpable de violar las sanciones de EE. UU. contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero de los programas de viviendas de Hugo Chávez”. 16 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/ali-sadr-hasheminejad-fue-declarado.html





 

lunes, 9 de noviembre de 2020

Un error procedimental convierte a Ali Sadr Hashemi Nejad de acusado en acusador

  Sin embargo, en Malta estiman que los delitos de lavado de dinero no quedan exentos por el error procedimental y trabajan para extraditar a Sadr.

Por Maibort Petit

  El caso sobre el Pilatus Bank, propiedad de Ali Sadr Hashemi Nejad quien, en marzo de este año, fue declarado culpable de violar las sanciones de Estados Unidos contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero de los programas de viviendas de Hugo Chávez, parece estar muy lejos de encontrarse cerrado, dado que continúan revelándose aspectos relacionados con la causa por parte de importantes autoridades y voceros vinculados a la trama.
  En marzo un jurado en Nueva York declaró culpable a Ali Sadr Hashemi Nejad de “violación de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Irán, fraude bancario y conspiración para lavado de dinero internacional con fondos provenientes de los programas de viviendas que el régimen de Hugo Chávez acordó con la República Islámica de Irán”. Por estos delitos, Sadr enfrentaba la posibilidad de pasar varias décadas en la cárcel.

  La jueza decidió no enviarlo a prisión de inmediato, sino que le permitió esperar la sentencia en arresto domiciliario con un monitor en el tobillo[1].

   Pero a raíz de que en julio pasado la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York decidiera abandonar la acusación referida a la violación de las sanciones impuestas al régimen iraní, en razón de que se conoció posteriormente a la decisión judicial que fiscales y agentes no entregaron pruebas que podrían haber exculpado al acusado, se ha desatado una ola de reacciones que dieron un revés inesperado al caso y ahora la cuestionada es la parte acusadora. La defensa de Sadr calificó de insólito que ahora el gobierno considere que el asunto de las sanciones “no sería de interés para la justicia seguir adelante con este caso", luego de haber “perseguido” a su cliente durante más de 6 años.
 
   Igualmente, los abogados subrayaron el hecho de que a mitad del proceso judicial se conociera que pruebas exculpatorias fueron suprimidas indebidamente[2].

Jueza da un vuelco al caso

  Ante tal revelación, la jueza del caso, Alison Nathan, anuló el veredicto de culpabilidad del jurado, pues transcurridos varios meses después del veredicto y más de dos años de la acusación de la fiscalía, salieron a relucir unos correos electrónicos donde un fiscal sugirió "enterrar" un documento que, finalmente, no sufrió este destino y se entregó a la defensa.

 Los abogados defensores Reid Weingarten y Brian Heberlig manifestaron su sorpresa por las tergiversaciones del Departamento de Justicia antes de que comenzara el juicio, así como sobre la forma en que el FBI revisó los correos electrónicos de Sadr pues, de haberlo hecho, el juicio no habría tenido lugar.

   La jueza exigió conocer qué abogados y supervisores del gobierno participaron y advirtió que podría ordenar investigar y castigar a la fiscalía[3].

   De hecho, la actitud del Departamento de Justicia cada vez queda más en entredicho, toda vez que durante un interrogatorio ante jueces que investigan el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia, el ex fiscal general, Peter Grech, sostuvo su posición de no actuar frente a los grandes escándalos políticos, como el del Banco Pilatus, pues su trabajo era simplemente "dar consejos".

   Dijo que advirtió al entonces comisionado adjunto, Silvio Valletta, pedir una investigación judicial sobre Pilatus Bank si se basaba únicamente en un blog[4].

   Recientemente, el juez del caso de sanciones que involucra a Sadr, exigió publicar las presentaciones selladas del caso, según informó el bloguero financiero, Kenneth Rijock, quien agregó que el exbanquero podría haberse convertido en informante en un caso que involucra a funcionarios malteses y los documentos podría solucionar el problema.

Reclamado en Malta

   En Malta, a Ali Sadr se le relaciona con altos personeros del gobierno del ex primer ministro, Joseph Muscat, vinculados a investigaciones por corrupción de las que escribió la periodista asesinada Daphne Caruana Galizia[5].

   Y si bien en estados Unidos el caso ha sido anulado por un problema de procedimiento, lo relativo al delito de lavado de dinero se mantiene y por ello, en Malta, la Fundación Daphne Caruana Galizia pidió su extradición.

  “El hecho de que Ali Sadr haya sido procesado en los Estados Unidos significa que fue acusado sobre la base de pruebas de lavado de dinero. El enjuiciamiento finaliza sobre la base de un supuesto problema técnico y de procedimiento, y sólo en relación con los cargos de incumplimiento de las sanciones estadounidenses. Nada de esto cambia la evidencia contra Hashemi Nejad, que sigue siendo abrumadora”, dijo la fundación en un comunicado.

   La acusación de lavado de dinero refería que Sadr diseñó un esquema internacional de blanqueo de capitales por el que legitimó fondos irregulares provenientes de PDVSA. Para ello, se habría valido de empresas de fachada a través de las cuales ejecutó un plan para evadir las sanciones estadounidenses y pudo lavar más de USD 476 millones a través de una subsidiaria de PDVSA que se encargaba construir viviendas en Venezuela[6].

    La fiscalía dijo que Stratus Grupo, controlado por el padre de Sadr, el acusado y su familia, incluye a la empresa Iranian International Housing Corp., contratada por PDVSA, para construir 7 mil viviendas en el estado Zulia, en el marco de los acuerdos firmados entre Venezuela e Irán en 2006[7].

   La Fundación Daphne Caruana Galizia cree que lo ocurrido en EE. UU. para nada eximen ni impiden que la Policía de Malta y el Fiscal General procesen a Ali Sadr. "Por el contrario, ahora es más importante que nunca que sea procesado en Malta, ya que ha destruido la reputación de Malta en el proceso de utilizar el país como base para facilitar la actividad delictiva, a través de Pilatus Bank"[8].

   Habrá que ver el destino de esta solicitud, toda vez que en julio la fiscalía le garantizó al tribunal que no "buscarán ni cooperarán con" ningún intento de expulsión de Estados Unidos[9].



CITAS
[1] Venezuela Política. “Ali Sadr Hasheminejad fue declarado culpable de violar las sanciones de EE. UU. contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero de los programas de viviendas de Hugo Chávez”. 16 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/ali-sadr-hasheminejad-fue-declarado.html

[2] Law. “The Exoneration of Our Client Ali Sadr”. 24 de julio de 2020. https://www.law.com/newyorklawjournal/2020/07/24/the-exoneration-of-ali-sadr/?slreturn=20201006152101

[3] NPR. "Judge Dismisses Troubled Sanctions Case, Could Probe Prosecutors' Credibility”. 17 de julio de 2020. https://www.npr.org/2020/07/17/892320755/judge-dismisses-troubled-sanctions-case-could-probe-prosecutors-credibility

[4] The Shift News. “Former Attorney General defends inaction on major political scandals”. 30 de octubre de 2020. https://theshiftnews.com/2020/10/30/former-attorney-general-defends-inaction-on-major-political-scandals/

[5] Lovin Malta. "US Judge Demands Publication Of Sealed Filings In Pilatus Bank Owner’s Case”. 21 de octubre de 2020. https://lovinmalta.com/news/us-judge-demands-publication-of-sealed-filings-in-pilatus-bank-owners-case/

[6] Venezuela Política. “125 años de cárcel podría enfrentar el banquero iraní que logró evadir las sanciones de EE. UU. contra Irán a través de contratos con el gobierno de Hugo Chávez Frías”. 16 de febrero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/02/125-anos-de-carcel-podria-enfrentar-el.html

[7] Venezuela Política. “Este lunes continúan las deliberaciones del jurado del juicio de Ali Sadr Hasheminejad, dueño de Pilatus Bank”. 15 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/este-lunes-continuan-las-deliberaciones.html


[8] The Shift News. “Call for Ali Sadr’s extradition to Malta after US government drops case”. 6 de junio de 2020. https://theshiftnews.com/2020/06/06/call-for-ali-sadrs-extradition-to-malta-after-us-government-drops-case/

[9] Malta Today. “Pilatus banker given US guarantee over immigration removal”. 20 de julio de 2020. https://www.maltatoday.com.mt/news/world/103644/pilatus_banker_given_us_guarantee_over_immigration_removal#.X6WDBVMzaYU

 


lunes, 2 de noviembre de 2020

Demandado en el caso de Tareck El Aissami retira su declaración de culpabilidad en tribunal de Nueva York

Por Maibort Petit

   Uno de los acusados en el expediente contra el exvicepresidente venezolano, Tareck El Aissami retiró su declaración de culpabilidad autorizado por un juez de Nueva York debido a que los fiscales federales habrían retenido evidencia que le permitía al demandado, Víctor Mones Coro defenderse de las acusaciones en su contra.

   Mones Coro se declaró culpable, el 26 de noviembre de 2019, de haber conspirado para violar las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos impuso contra el actual ministro de Petróleo de Venezuela, El Aissami, así como a su asociado Samark López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien se encuentra a la cabeza de la máxima instancia de Criptomonedas del país suramericano.

  Según los documentos federales, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York fueron señalados por el juez de haber retenido evidencias del caso, que podría beneficiar a los acusados en el caso.

  El juez, Alvin Hellerstein acordó permitir a Mones Coro, un empresario de la aviación del estado de la Florida, retirar su declaración de culpabilidad de organizar los vuelos para Tareck El Aissami y Samark López Bello a más de cinco países.

  Víctor Mones Coro, se declaró culpable hace un año de haber organizado los viajes del alto jerarca del régimen venezolano que violaron las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Los hechos muestran que los fiscales que se encuentran al frente del caso, continuaron produciendo cantidades masivas de evidencia en contra del acusado.

  Hellerstein dijo en una audiencia que estaba preocupado por el retraso de los fiscales en la entrega de información a la defensa.

   El juez comentó que la producción tardía de una gran cantidad de evidencia por parte de los fiscales, que la defensa del acusado no ha tenido la oportunidad de considerar obliga a tomar la decisión de autorizar al acusado retirar su declaración de culpabilidad.

   Mones Coro decidió retirar su declaración el viernes a través de su abogado . La sentencia del acusado estaba prevista para octubre y luego fue cambiada para noviembre 2020.

  Un testigo clave que cooperó en el caso, el piloto, Alejandro Javier Marín, fue acusado en septiembre de mentir a los agentes federales. Este evento va a  complicar el caso, de acuerdo a los documentos federales.

  Víctor Mones Coro es uno de los acusados bajo custodia de las autoridades estadounidenses  en la acusación contra El Aissami, quien ha sido señalado por el gobierno de estar vinculado al narcotráfico internacional, el crimen organizado, el terrorismo y lavado de dinero. 

  El caso de Víctor Mones Coro recuerda lo ocurrido con el juicio del empresario iraní, Ali Sadr Hashemi Nejad, que fue procesado por haber violado las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a la República Islámica de Irán. Luego de ser declarado culpable por un jurado en Nueva York bajo el pretexto que los fiscales había retenido  un documento exculpatorio durante el proceso de descubrimiento que hubiese podido ayudar a la defensa a preparar mejor su estrategia.

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  La defensora de Mones Coro, Christine Chung, escribió que el caso que involucra a su cliente, que trata de la facilitación de los vuelos ilegales de los grandes jerarcas del régimen venezolano está siendo procesado por la misma Unidad de Investigación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que manejó el caso de Ali Sadr. 

  En ese sentido, Chung sostiene que desde julio 2020 se superpuso con la evidencia recientemente producida en el caso por el arresto de una fuente confidencial del gobierno que fue arrestado por haber mentido a los agentes federales. "El control de daños del Distrito Sur en Sadr a partir de julio se superpuso con la evidencia recién producida en el caso Mones", acotó Chung.

“Los esfuerzos extremadamente tardíos, seriales y continuos para complementar el descubrimiento previo al juicio, así como las investigaciones tardías de la Fuente Confidencial que llevaron al evento altamente inusual de que la Fuente fue acusada de mentir a agentes federales, son una prueba más de 'patrones' de violaciones ”, escribió Chung, citando comentarios del caso Sadr.

  La evidencia revelada después de la declaración de culpabilidad de Mones muestra que era menos culpable de lo que parecía en el momento de su declaración de culpabilidad, argumenta Chung.

 La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha dicho que está tomando medidas para evitar que se repitan los errores ocurrido en el caso de Ali Sadr.

Mientras esto ocurre en el tribunal neoyorquino, el actual ministro de Petróleo del régimen venezolano, Tareck El Aissami celebra señalando, a través de su cuenta en la red social Twitter que las acusaciones de los Estados Unidos en su contra son "mentiras, infamias y falsas evidencias".



miércoles, 10 de junio de 2020

Juez pide a fiscales del caso de Ali Sadr que expliquen por qué están retirando los cargos contra el banquero convicto por violar las sanciones estadounidenses con Irán

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  La juez federal para el Distrito Sur de Nueva York, Alison Nathan, aseguró que tiene "serias preocupaciones sobre la conducta de la gobierno", en relación a la decisión que tomaron los fiscales de tratar de retirar los cargos de violación de sanciones de Estados Unidos contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero contra un banquero Ali Sadr Hashemi Nejad, quien fue condenado por un jurado en marzo de 2020 y cuya sentencia estaba prevista para agosto.
  Nathan, ordenó a los fiscales que explicaran su decisión de solicitar el rechazo del caso contra Ali Sadr Hashemi Nejad, de 40 años, quien fue declarado culpable en un tribunal federal de Nueva York de ayudar a canalizar $ 115 millones provenientes de proyectos de construcción de Venezuela a Irán, a través del sistema financiero de los Estados Unidos, usando para ello varias firmas off shores creadas para tal fin en varios países.

  La decisión del Departamento de Justicia de desestimar el enjuiciamiento del Sadr, sorprendió a varias personas vinculadas al caso, ya que es inusual que se retiren los cargos a una persona que ha sido convicto por un jurado, y antes de la lectura de su condena.

   Los fiscales en el caso Sadr habían citado la probabilidad de un litigio continuo sobre la evidencia suprimida en su solicitud presentada  el viernes ante la juez Nathan.

  La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York informó en un comunicado que debido a que abordar los problemas que se planteaban ante la solicitud de la defensa de apelar el caso, requería fondos, continuar con el caso "no sería en interés de la justicia". 

  La defensa de Sadr pidió al tribunal que apruebe un nuevo juicio y que presente una sentencia de absolución. 

  Los representantes de Sadr sostienen que  desestimar el caso y dejar en su lugar la condena de Sadr podría resultar en su deportación de los EE. UU.

    La juez del Distrito Sur de Nueva York planteó su preocupación ante la posibilidad que los fiscales del caso hayan fallado en el proceso de entregar a la defensa evidencia que podría considerarse exculpatoria, como lo exige la ley. 

   Nathan ordenó al gobierno que compilara una lista de todas las pruebas que pueden haber sido retenidas incorrectamente. También pidió los nombres de todos los fiscales que podrían haber estado involucrados con la retención de evidencia, así como sus supervisores.

sábado, 6 de junio de 2020

Inexplicable: EE. UU. retira los cargos y deja en libertad al banquero iraní que fue hallado culpable por un jurado en NY de lavar millones de dólares del programas de viviendas del régimen chavista

   En este caso hubo un extraño comportamiento de las autoridades. A todos sorprendió cuando Ali Sadr, quien fue hallado culpable por un jurado, lo dejaran ir del tribunal sin restricciones. La jueza, Alison Nathan no ordenó ponerlo en custodia. Los periodistas que cubrimos este caso, notamos que algo raro había desde el principio. Los fiscales trabajaron arduamente para ganar el caso que investigaron desde 2013, ahora, sin explicación convincente, dejaron en libertad al banquero Ali Sadr. Esto ocurre justo cuando EE. UU. celebra la liberación del veterano de guerra norteamericano Michael White que había sido condenado a 13 años en una cárcel iraní. Expertos han señalan que la decisión de los abogados del gobierno es inusual en este tipo de casos.
Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El dueño del extinto, Pilatus Bank, quien fue hallado culpable por un jurado en Nueva York por cargos de lavado de dinero, fraude bancario y violación de las sanciones que impuso el Departamento del Tesoro a Irán, Ali Sadr Hasheminejed se salió con la suya, al lograr que el gobierno estadounidense le quitara los cargos alegando que supuestamente carece de recursos para ir a la apelación. 

  Ali Sadr Hasheminajed fue condenado por un jurado el 18 de marzo de 2020 por graves delitos financieros. Durante las audiencias frente al jurado, el iraní se presentó como un gran admirador y seguidor del expresidente Barack Obama, un enemigo del régimen de los Ayatolas islámicos, un torturado 'física y mentalmente' por el gobierno del Mohammad Khatami y perseguido por el exmandatario Mahmoud Ahmadinejad. La historia, que incluyó lágrimas, no fue creída por el panel de jurados que se centró —únicamente— en las evidencias presentadas por la fiscalía y no en las incoherentes confesiones de Sadr y los argumentos de sus abogados: Reid Weingarten, Brian Hebeling y Bruce Bishop de Steptoe.

  Los fiscales neoyorquinos ganaron su caso contra Sadr y el millonario fue condenado por cinco cargos criminales, incluida la conspiración para cometer fraude bancario y hacer declaraciones falsas a funcionarios federales. La acusación se centraba en que Sadr había participado en un plan para canalizar ilegalmente $ 115 millones en pagos por un proyecto de construcción del régimen venezolano de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a personas y empresas iraníes.

  Este viernes 5 de junio, el Departamento de Justicia de EE. UU. tomó una decisión inusual de retirar los cargos contra un prominente banquero iraní que ha estado vinculado en otros países a escándalos de lavado de dinero. Extrañamente, los fiscales en Nueva York dijeron que "no tenían los recursos para continuar procesando el caso en apelación".

  La inexplicable decisión del Departamento de Justicia es difícil de entender porque el caso fue el resultado de una investigación que se inició en 2013. La sentencia de Sadr estaba prevista para agosto de 2020. 

   El equipo de abogados de Sadr presentó ante el tribunal varias mociones sobre el manejo de las pruebas por parte de los fiscales en el caso, incluidas preguntas sobre si los abogados del gobierno de los Estados Unidos habían revelado adecuadamente las pruebas que tenían a los abogados de Sadr.

   El fiscal de los Estados Unidos en Nueva York, Geoffrey Berman le pidió al juez que desestimara el caso, diciendo que reconocía que Sadr habría seguido diferentes estrategias legales si se le hubieran revelado durante el juicio.

  Geoffrey Berman dijo que había considerado para la decisión la cantidad de recursos que se necesitarían para abordar los problemas en el tribunal de apelaciones y tomó la determinación de que "no sería en interés de la justicia seguir procesando el caso".

   El abogado de Sadr, Reid Weingarten, dijo que él y su cliente estaban seguros de por qué el gobierno interpuso la moción extraordinaria para abandonar el caso. 

   La defensa había sometido una solicitud ante la federal de distrito Alison Nathan para que desestimara el caso, argumentando que el procedimiento tenía fallas y que los fiscales habían revelado antes del veredicto una evidencia exculpatoria, y conversaciones con testigos que no fueron incluidas en el descubrimiento. 
   
    En conversaciones con Venezuel Política, una fuente cercana al caso [que no está autorizada a declarar] dijo que hubo desconcierto por la decisión tomada por la fiscalía. Argumentó que dicho procedimiento es muy poco habitual, y que son muy pocos los casos [no conoce ninguno] que por cargos tan graves como los de Sadr, los fiscales le retiren los cargos luego de haber sido  convicto por un jurado y justo antes de ser condenado. 

  Es tan poco usual dicha acción que la fuente cree que debería ser investigada porque "lo ocurrido tiene pocos precedentes y deja muchas interrogantes. Tomando en cuenta que el acusado es un millonario que recibió beneficios extraordinarios del sistema durante todo el proceso criminal, todo esto luce muy raro".


El fiscal se pronunció cuando ganaron el caso en marzo 2020

  El Fiscal Berman había dicho que la justicia había logrado su objetivo cuando Ali Sadr Hasheminejad fue condenado después de un juicio con jurado de dos semanas.

   Berman dijo que el jurado comprendió como Sadr H. organizó un plan de varios años para canalizar más de $ 115 millones en pagos relacionados con un proyecto de construcción en Venezuela, a través del sistema financiero de los EE. UU., para beneficio de la empresa familiar iraní de Sadr, en violación de las sanciones de los EE. UU. contra Irán.

  El fiscal sostuvo que "el Gobierno estableció en el juicio que estos pagos beneficiaron a las personas y entidades iraníes, incluida la Compañía de Vivienda Internacional de Irán y su propietario iraní, Mohammad Sadr Hasheminejad (padre de Sadr)".

  Berman afirmó en marzo 2020: “El jurado descubrió que Ali Sadr Hasheminejad creó una red de compañías y cuentas bancarias para enmascarar los negocios iraníes en Venezuela y evadir las sanciones de Estados Unidos. Durante años, Sadr utilizó compañías de fachada en Suiza, Turquía y San Cristóbal y Nieves para ocultar el hecho de que $ 115 millones en pagos que eran realmente para su negocio familiar y parientes en Irán. La condena de Sadr muestra que las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán son reales, y los infractores serán expuestos y procesados".

  Según la acusación, la evidencia presentada durante el juicio, los documentos judiciales y las declaraciones en audiencia pública el gobierno logró demostrar lo siguiente:

  A partir de 1979, el presidente de EE.UU., de conformidad con la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia ("IEEPA"), encontró repetidamente que las acciones y políticas del gobierno de Irán constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior y la economía de los Estados Unidos y declaró una emergencia nacional para hacer frente a esa amenaza. De acuerdo con estas declaraciones presidenciales, Estados Unidos ha instituido una serie de sanciones económicas contra Irán y entidades iraníes. Este régimen de sanciones prohíbe, entre otras cosas, las transacciones financieras que involucren a los Estados Unidos o personas de los Estados Unidos destinadas al Gobierno de Irán o entidades y personas iraníes.

  En agosto de 2004, los gobiernos de Irán y Venezuela (Hugo Chávez Frías) celebraron un acuerdo, mediante el cual acordaron cooperar en ciertas áreas de interés común. Al año siguiente, ambos gobiernos complementaron el Acuerdo mediante la celebración de un Memorando de Entendimiento sobre un proyecto de infraestructura en Venezuela, que consistiría en la construcción de unidades de vivienda en Venezuela.

  El Proyecto fue liderado por Stratus Group, un conglomerado iraní controlado por Sadr y su familia con operaciones comerciales internacionales en las industrias de la construcción, la banca y el petróleo.

  En diciembre de 2006, Stratus Group incorporó una compañía en Teherán, que entonces se conocía como la Compañía de Vivienda Internacional de Irán (IIHC). IIHC fue responsable de la construcción del Proyecto en Venezuela.

  Posteriormente, IIHC celebró un contrato con una subsidiaria de la compañía energética estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), que solicitó a IIHC que construyera 7,000 unidades de vivienda en el estado Zulia a cambio de aproximadamente $475 millones. Stratus Group creó el Comité del Proyecto Venezuela en Teherán para supervisar la ejecución de dicho Proyecto. Ali Sadr fue miembro fundador del Comité y fue responsable de administrar las finanzas del Proyecto.

    En relación con su papel en el Proyecto, Sadr tomó medidas para evadir las sanciones económicas de Estados Unidos y defraudar a los bancos estadounidenses al ocultar el papel de las partes iraníes en los pagos en dólares estadounidenses enviados a través del sistema bancario estadounidense. Por ejemplo, en 2010, Sadr y un co-conspirador, usaron los pasaportes de San Cristóbal y Nieves y una dirección de los Emiratos Árabes Unidos para incorporar dos compañías de fachada fuera de Irán para recibir pagos en dólares estadounidenses relacionados con el Proyecto en nombre del IIHC.

  La primera entidad, Clarity Trade and Finance, se incorporó en Suiza, y la segunda, Stratus International Contracting, J.S., alias "Stratus Turkey", se registró en Turquía. Ambas empresas de fachada eran propiedad y estaban controladas por Ali Sadr y por los miembros de su familia en Irán, incluido su padre Mohammad Sadr.


  Posteriormente, Sadr y otros llevaron a cabo una serie de transacciones financieras internacionales utilizando a Clarity y a Stratus Turkey en beneficio de las partes iraníes de una manera que ocultaba el nexo iraní a los pagos, en violación de las sanciones económicas de los EE. UU. Específicamente, entre abril de 2011 y noviembre de 2013, PDVSA, bajo la dirección de Sadr y otros conspiradores, realizó aproximadamente 15 pagos a IIHC a través de Stratus Turkey o Clarity, totalizando aproximadamente $ 115 millones.

  Durante ese tiempo, Sadr tomó varias medidas para ocultar a los beneficiarios iraníes de estos fondos, incluyendo: (1) cambiar el nombre de la Compañía de Vivienda Internacional de Irán a solo las iniciales, IIHC; (2) ordenar a los empleados que eliminen sitios web y artículos de Internet donde aparecía el nombre de Irán o Iranian; (3) mentir sobre los propietarios de las empresas de fachada cuando los bancos lo solicitan; y (4) alterar los comprobantes de pago y los contratos anteriores para engañar a los bancos sobre la fuente de los fondos. Sadr y otros conspiradores, también ordenaron específicamente que los pagos se enrutaran a través de bancos en los Estados Unidos a las cuentas bancarias de Stratus Turquía o Clarity en una institución financiera en Suiza (Hyposwiss Private Bank AG).

  La mayoría de los fondos se transfirieron luego a otra entidad offshore ubicada en San Cristóbal y Nieves, que había sido incorporada por Ali Sadr y Mohammad Sadr en 2009.

   Mohammad Sadr Hasheminejad, padre del banquero convicto por crímenes financieros y violación de las sanciones de Estados Unidos contra Irán. 

  Entre 2011 y 2013, las compañías principales de Sadr enviaron más de $ 8.6 millones directamente a los Estados Unidos. Algunos de esos fondos se utilizaron para comprar bienes inmuebles en California en beneficio de la familia Sadr.

El convicto

   Ali Sadr, de 40 años, nació en Irán. Fue condenado en el juicio por un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, un cargo de conspiración para violar la IEEPA, un cargo de fraude bancario, un cargo de conspiración para cometer fraude bancario y un cargo de lavado de dinero. Sadr fue declarado no culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

  A continuación se muestra un cuadro que contiene los cargos y las sanciones máximas de los cargos

 CASO DEL VETERANO MICHAEL WHITE Y EL DE ALI SADR

   A otras fuentes consultadas recordaron que el 4 de junio de 2020, el régimen de la República Islámica de Irán autorizó la salida del país del estadounidense Michael White, veterano de las Fuerzas Armadas que había sido condenado a 13 años de cárcel islámica, un día después de que llegase a Irán un científico retenido en Estados Unidos y de que ambos gobiernos negasen que hubiesen pactado canje alguno.

  White fue el primer marine detenido y condenado por el régimen iraní durante el gobierno de Donald Trump en 2018. Fue acusado entre otros cargos, por insultar al líder supremo de la República Islámica, el ayatollah Alí Khamenei.

   El Departamento de Estado norteamericano confirmó en marzo que había abandonado la cárcel por razones médicas, pero debía permanecer bajo custodia de la Embajada suiza, que representa los intereses diplomáticos de Washington en Teherán.

   El presidente Donald Trump celebró el regreso de White. Dichas fuentes especularon que el hecho que el gobierno haya eliminado los cargos al banquero Ali Sadr y lo haya puesto en libertad, luego que el jurado lo halló culpable de graves crímenes financieros podría "corresponder a un acuerdo secreto, a un intercambio entre los Estados Unidos y el régimen iraní". Es decir, que la libertad de Michael White fue a cambio de la liberación de Ali Sadr. Esta versión es mera opinión de la fuente y no ha sido confirmada por Venezuela Política.





NOTAS PUBLICADAS SOBRE EL CASO DE ALI SADR 

http://eltiempolatino.com/news/2020/mar/12/ali-sadr-hasheminejad-se-declaro-fanatico-barack-o/

https://www.maibortpetit.info/2020/03/la-fiscalia-entra-en-receso-en-el.html

http://eltiempolatino.com/news/2020/mar/16/continuan-las-deliberaciones-del-jurado-del-juicio/

http://eltiempolatino.com/news/2020/feb/16/125-anos-de-carcel-podria-enfrentar-el-irani-que-e/







domingo, 16 de febrero de 2020

125 años de cárcel podría enfrentar el banquero iraní que logró evadir las sanciones de EE. UU. contra Irán a través de contratos con el gobierno de Hugo Chávez Frías

Juicio en Nueva York revela esquema internacional de lavado de dinero de PDVSA  para favorecer a Irán

Por Maibort Petit

   El juicio de un ciudadano iraní, que se iniciará el 2 de marzo de 2020, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, expone un complejo esquema internacional de lavado de dinero proveniente de Petróleos de Venezuela S.A. que utilizó sofisticados mecanismos de inversiones para blanquear millones de dólares y violar las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a la República Islámica de Irán.
   El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Ali Sadr Hashemi Nejad de haber usado un conglomerado de empresas de fachada para ejecutar un plan que les permitió evadir las sanciones estadounidenses y blanquear más de $476 millones a través de una subsidiaria de PDVSA que se encargaba construir viviendas en Venezuela.

  El juicio de Ali Sadr se iniciará el 2 de marzo de 2020. Los fiscales dijeron que existen un voluminoso expediente que permitirá al jurado comprender el complicado esquema criminal del acusado.
Ali Sadr elaboró y ejecutó un esquema de lavado de dinero para blanquear capitales provenientes de los contratos firmados
por Hugo Chávez son su homólogo, Mahmoud Ahmadinejad en Caracas y que lograron violar las sanciones impuestas por EE. UU. a la República Islámica de Irán.

   Ali Sadr, nació en Irán, fue arrestado el 19 de marzo de 2018 en el aeropuerto de Dulles en Washington, DC. Según los documentos federales, él y su madre se dirigían a Londres para celebrar el año nuevo persa con su familia. Sadr, es acusado de seis cargos de fraude bancario e intrigas para evadir las sanciones del Departamento del Tesoro.
  De acuerdo a la acusación, Iranian International Housing Corporation (IIFC) fue la empresa de construcción incorporada en Teherán por el principal holding de la familia Sadr, Stratus Group. 

  El expediente señala que en 2007, IIHC celebró un contrato de $ 476 millones con la subsidiaria de PDVSA, Desarrollos Urbanos S.A. (DULCOSA) para construir miles de unidades de vivienda de un programa del gobierno de Hugo Chávez.

  Ali Sadr estableció una red de empresas fachadas y cuentas bancarias en varios países para poder ocultar la participación de las compañías de Irán en el acuerdo. Para evitar llamar la atención de las autoridades, el acusado utilizó pasaportes de San Cristóbal y Nieves, y de Malta.

  Sadr forma parte de los fundadores de una compañía en Suiza, Clarity Trade and Finance y otra en Turquía llamada Stratus International Contracting.

  La acusación asegura que la sucursal de JPMorgan en Nueva York fue la entidad usada como el banco intermediario. JP Morgan forma parte del juicio en calidad de víctima. 

  Dentro de las evidencias se menciona una comunicación enviada a DULCOSA, que era el ente supervisor del proyecto de viviendas sociales. En la carta, fechada el 22 de julio de 2011,un director de IIHC solicitó que los pagos del contrato se hicieran a una cuenta bancaria en Hyposwiss Private Bank Ltd, con sede en Zurich, a nombre de Clarity Trade and Finanzas.

  Los fiscales aseguran que Sadr registró múltiples compañías en Malta, Suiza, Hong Kong, Chipre, el Reino Unido y los Estados Unidos, y que en ninguno de los registros corporativos el acusado reveló su origen iraní, a pesar de que mantiene un vínculo con los sectores de la banca y la construcción en Irán a través de su padre, Mohammad Sadr Hashemi Nejad, fundador del primer banco privado de la República Islámica de Irán, Eghtesad Novin Bank, en 2001. Actualmente, Mohammad Sadr Hashemi Nejad es presidente Stratus Holding Group, uno de los mayores conglomerados de la construcción  de viviendas y carreteras de Irán.

  Sadr y otros ordenaron que los pagos se hicieran a través de bancos estadounidenses a las cuentas bancarias de Stratus Turquía o Clarity en el banco en Suiza. La mayoría de los fondos se transfirieron a otra entidad offshore ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, que fue incorporada por Sadr y otros en 2009. El 1 de febrero de 2012, Clarity transfirió más de $ 2,000,000 de ganancias del Proyecto directamente a los Estados Unidos. Esas ganancias se utilizaron para comprar bienes inmuebles en California.

  Tras ser arrestado, el gobierno le confiscó propiedades de Sard en Maryland, Washington, DC; Malibú (California), incluyendo unas granjas de pistachos en ese estado. 

  De ser hallado culpable, Sard enfrenta una condena máxima de 125 años de cárcel y una millonaria sentencia de dinero.