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miércoles, 17 de octubre de 2018

Waller Marine: Una empresa que pese a su incumplimiento fue recontratada por Corpoelec

A pesar de los antecedentes con que contaba la empresa estadunidense, Corpoelec suscribió un nuevo contrato para la construcción de un sistema flotante de almacenamiento de combustible en el Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas, mejor conocido como Tacoa.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Como lo hemos venido denunciando en estas páginas, buena parte de las razones de la crisis eléctrica venezolana estaría supuestamente en el fenómeno de la corrupción que ha imperado en las dos últimas décadas en la administración pública en general y, en particular, en los entes encargados de ofrecer el servicio, con la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, y sus empresas filiales a la cabeza. De los cuestionamientos no escaparía ninguno de los funcionarios gubernamentales que ha ocupado la presidencia de la estatal, entre ellos Alí Rodríguez Araque. En esta entrega presentamos un contrato suscrito por él con la igualmente cuestionada empresa estadounidense Waller Marine, que supuso una inversión de USD 49.750.000,00 para el estado venezolano con el objetivo de construir dos gabarras de almacenamiento de combustible en la planta de Tacoa, conocida ahora como Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas.

Rodríguez Araque fue el primer ministro de energía y minas (luego energía y petróleo) del finado expresidente Hugo Chávez Frías. Luego, entre 2010 y 2012, ocupó el despacho de energía eléctrica cuando también estuvo al frente de Corpoelec. Su gestión, de acuerdo a la Asamblea Nacional que analizó la crisis eléctrica a través de una comisión mixta, se caracterizó por el supuesto “incumplimiento de sus funciones como planificador, fiscalizador y regulador del sector eléctrico en concordancia establecido en el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PDSEN) para el lapso 2010-2011”[1], razón por la cual fue objeto de una sanción política.

El experto en energía eléctrica, José Aguilar, responsabiliza a Alí Rodríguez de haber dejado de informar a través de los boletines mensuales que hasta su llegada al despacho del ejecutivo se publicaban regularmente para dar a conocer el estado del sector. Una acción —recuerda Aguilar— que viola el artículo 108 de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico de Venezuela, pues es ilegal no hacerlo, estableciéndose castigo de 8 a 16 años de prisión para quienes incurran en el ocultamiento de información en el país.

La empresa Waller Marine ya había firmado un contrato previo al que hoy presentamos en estas páginas, específicamente en julio de 2010, por 248 millones de dólares para la compra de las tres turbinas y la construcción de dos de ellas en gabarra, así como para su conversión dual gas/diesel. El acuerdo no incluyó la construcción del muelle ni las facilidades, como un gasoducto o una subestación, para su operación. Se sabe que la instalación y conversión de 2 de las barcazas se llevó a cabo en mayo de 2011, en el Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas, pero la tercera turbina nunca fue traída al país por parte de la empresa[2], se lee en portal Confirmado.

José Aguilar en una entrevista con Alek Boyd para el portal Infodio, incluye a Waller Marine entre el grupo de compañías con las que supuestamente se cometió una estafa a la nación que estuvo por el orden de los 2.933 millones de dólares. El especialista eléctrico refirió que “la argentina IMPSA, la española IBERDROLA y Duro Felguera, la francesa Alstom, la china CMEC y Sinohydro, la alemana Ferroostaal, la tailandesa TSK, y la estadounidense Waller Marine” supuestamente formaron parte del esquema de corrupción con el que se esquilmó el erario público.
“En cada proyecto en el que las compañías mencionadas y una gran cantidad de socios locales han participado, la sobrefacturación pasa del 48 por ciento al 515 por ciento”[3], sostiene Aguilar.

El especialista estima que por detrás de los sobreprecios y las estafas a la república se encuentra —presuntamente— la mano de Alí Rodríguez Araque.

El contrato NCO/0511-112

Waller Marine[4] es una empresa estadounidense con sede en Houston, Texas, que “ofrece servicios de diseño, ingeniería, gestión de proyectos y construcción para las industrias de petróleo y gas y marinas. La compañía fue fundada en 1974”. Su dirección es 14410 West Sylvanfield Drive, Houston, TX 77014. 

Pese a los antecedentes antes referidos, el 8 de septiembre de 2011, la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, representada por su presidente, Alí Rodríguez Araque, actuando en nombre y representación de la C.A. La Electricidad de Caracas, en virtud de la Encomienda de Gestión suscrita entre ambas Sociedades Mercantiles, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N" 39.572 de fecha 13 de diciembre de 2010, por una parte, y por la otra, la empresa Waller Marine Inc, representada por su vicepresidente, Anthony Paul Waller, suscribieron un contrato de suministro identificado con el N° NCO/0511-112.

El objeto del contrato se definió en la primera cláusula la cual Waller Marine se obligó a suministrar por su exclusiva cuenta, con personal, equipos, materiales y elementos propios, un sistema flotante de almacenamiento de combustible que incluye la ingeniería de los sistemas de instalación y anclaje, los sistemas de protección ambiental, las gabarras tanque, amarres, anclajes, mangueras, equipos de conexión, así como tres plantas desmineralizadoras de agua por osmosis reversa en el Complejo Generador “Josefa Joaquina Sánchez Bastidas” ubicada en el estado Vargas, bajo el término comercial Dap Taloa (Incoterms 2010).

De acuerdo a información suministrada por la empresa estatal venezolana, esta inversión tenía como principal propósito la instalación de estos dos equipos flotantes para garantizar el suministro de combustible diesel y agua desmineralizada que fuera confiable y permitiera autonomía en su almacenamiento. Dichos equipos tendrán capacidad de reserva de 20 días y optimizarían el proceso de generación diaria de Planta Barcazas, ubicada en el Conjunto Generador “Josefa Joaquina Sánchez Bastidas”, refirió Corpoelec[6].

Esto deberá ser entregado en el sitio que se señala en el contrato y en condiciones que garanticen su calidad y operatividad, dentro de las especificaciones técnicas, condiciones, precios y plazos establecidos en dicho contrato.

Enseguida en el contrato se hacen una serie de especificaciones técnicas referidas a la conexión de las unidades en una ubicación costa afuera al oeste de la parte norte de la escollera existente en aproximadamente 40 metros de agua. La facilidad comprenderá dos gabarras; las gabarras se llamarán iguana I e iguana II. La gabarra Iguana II se modificará para servir como almacén de combustible mientras que la Iguana l se modificará para almacén de combustible y también se acondicionará con tres plantas de osmosis reversa. Los amarres requerirán la conexión de un sistema de amarres que soportaran las dos gabarras de combustible y agua y el buque de transporte que suministrará el combustible.

Entonces se pasa a describir la conexión Fast Track para las gabarras (Iguana I e Iguana II), la unidad flotante de soporte, el sistema de agua desmineralizada, los amarres de las gabarras, las conexiones de tuberías de combustible, las operaciones de transferencia de combustible, la protección ambiental.

El precio del contrato

En la cláusula tercera se prevé lo relativo al precio del contrato, el cual quedó establecido en USD 49.750.000,00 equivalentes a Bs. 213.925.000,00, calculados a tasa de cambio de Bs. 4,30 por dólar.

En la cuarta cláusula se establecieron los conceptos que cubría el precio del contrato, especificándose que dicho precio contemplaba todos los costos, directos o indirectos, necesarios o convenientes, para la cabal y total ejecución del mismo, advirtiéndose que se incluía el costo de la mercancía, seguro y flete marítimo.

Waller Marine se haría cargo de la cobertura de todos y cada uno de los costos necesarios para la cabal y total ejecución del contrato y, especialmente, sin que ello se tornara limitativo de la obligación general descrita, la cobertura del pago de impuestos, tasas y contribuciones establecidas por cualquiera de los niveles del Poder Público, que estuvieran vigentes al momento de presentación de la oferta.

Forma de pago

La cláusula quinta estipulaba lo relativo a la forma en que se realizaría el pago del precio del contrato por parte de Corpoelec a la Waller Marine previa verificación del cumplimiento de las obligaciones asumidas, indicando en primer término, que se cancelaría un anticipo del 50 por ciento del monto del contrato cotizado de USD 24.875.000,00, equivalentes a Bs. 106.962.500,00 calculados a Bs. 4,30 por dólar, mediante transferencia a la cuenta de la contratista (Frost National Bank, Houston, Texas, Waller Marine, lnc, Acct. N° 130041616, ABA Routing N° 114 0000 93, Swift Code: FRST US 44) a realizarse luego de la las firmas del contrato y del acta de inicio previa presentación de la fianza de anticipo por parte de la contratista.

Igualmente se pagaría el cien por ciento del monto del contrato cotizado contra presentación de la factura comercial o valuaciones por concepto de entrega y conexión de partes, materiales o equipos, debidamente aprobada por Corpoelec, pagaderas dentro de los treinta días hábiles siguientes a su presentación, descontando de cada pago un 50 por ciento por concepto del anticipo otorgado.

De este modo, los pagos quedarían así:

Primer pago: de 50 por ciento de con la primera entrega y conexión de la unidad FB2, es decir, la cantidad de USD 12.437.500,00 equivalentes a Bs 53.481.250,00.

Segundo pago: de 50 por ciento de con la segunda entrega y conexión de la unidad FB1, es decir, la cantidad de USD 12.437.500,00 equivalentes a Bs 53.481.250,00.
Vigencia del contrato y plazos de entrega

La vigencia del contrato y el plazo de entrega del suministro quedaron establecidos en la cláusula sexta que indicaba que el mismo comenzaría a regir tan pronto las partes lo suscribieran y mantendría su valor y eficacia hasta el otorgamiento del finiquito correspondiente.

El plazo de entrega del objeto del contrato regiría desde la firma del acta de inicio, siendo de cuatro semanas para la primera gabarra, ocho semanas para la segunda gabarra y doce semanas para la primera gabarra.

Se previó la prórroga de los plazos de entrega en la cláusula séptima que rezaba que la extensión en el tiempo para la entrega de los suministros podría ocurrir en caso de que existieran circunstancias no imputables a la contratista, para lo cual debía solicitar por escrito a Corpoelec la prórroga dentro de los 30 días siguientes de ocurrido el evento que afectara el plazo de entrega de los bienes, so pena de caducidad.

Corpoelec podía ordenar por escrito la suspensión total o parcial de la ejecución del contrato (cláusula octava) por cualquier causa y por el tiempo que lo considerara necesario. La contratista suspendería los trabajos salvo aquellos necesarios para la preservación de las partes hasta que Corpoelec ordenara el reinicio. Todo esto se haría constar por escrito.

Si la suspensión no hubiere obedecido a causas imputables a la contratista, las partes establecerían un acuerdo para compensar a Waller Marine por los gastos, debidamente demostrados, que le ocasionara la suspensión de la ejecución de la obra.

Otros aspectos contemplados

La cláusula novena estipulaba lo relativo a los cambios en el suministro, refiriendo que si la contratista estimaba que la modificación ordenada por Corpoelec traía como consecuencia un aumento o disminución del tiempo requerido para la entrega parcial de alguna parte del suministro de acuerdo con lo programado, Waller Marine debería revisar su Programa de Entrega para reflejar el aumento o disminución de tiempo.

Igualmente indicaba que la contratista podía proponer a Corpoelec, por escrito y durante la entrega del suministro, las modificaciones, adiciones o reducciones que considerara necesarias o deseables incorporar para mejorar la calidad, gastos, plazo de ejecución, eficiencia o seguridad de las mismas y que fueran beneficiosas para el suministro a entregar.

La cláusula décima novena establecía que Corpoelec, por causas especiales, podía tomar posesión y utilizar los bienes objeto del suministro que hubieran sido entregados, aun cuando no se hubiera efectuado la Aceptación Provisional, para lo cual se levantaría un acta en la que se dejará expresa constancia del estado en que se encontraban los bienes, de los defectos que presenten y si debían ser objeto de reparación o reemplazo.

El contrato previó las modalidades acostumbradas en este tipo de negociaciones, tales como fianzas, garantías, obligaciones de las partes, patentes, regalías, derechos de autor o protección de propiedad intelectual, la representación de las partes, penalidades, exigencias de buena calidad de las obras, entrega del suministro y verificación de la calidad de los trabajos, entre otras formalidades.



 Citas:


[1] Transparecia Venezuela. Asamblea Nacional. Informe de la comisión mixta para ele estudio de la crisis eléctrica en el país. Informe final. https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/02/Informe-CMECEP.pdf

[2] Confirmado. “Gobierno pagó $ 472 millones por adquisición, instalación y mantenimiento de 3 turbinas”. 28 de marzo de 2016. http://confirmado.com.ve/gobierno-pago-472-millones-por-adquisicion-instalacion-y-mantenimiento-de-3-turbinas/

[3] Infodio. “Expert: Derwick Associates overbilling estimated at $2.93 billion”. Sin fecha. http://infodio.com/030813/jose/aguilar/derwick/associates/billion/scam

[4] Waller Marine, Inc. https://www.wallermarine.com/

[5] Bloomberg. Company Overview of Waller Marine, Inc. https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapid=6870021

[6] Corpoelec. “Corpoelec invierte 49 MM de dólares en tanques de combustible para Barcazas de Generación Eléctrica”. Sin fecha. http://www.corpoelec.gob.ve/corpoelec-invierte-49-mm-de-d%C3%B3lares-en-tanques-de-combustible-para-barcazas-de-generaci%C3%B3n-el%C3%A9ctrica

sábado, 1 de septiembre de 2018

Incongruencia en las políticas, elevados costos y corrupción: La causa de la crisis eléctrica venezolana

No ha sido la falta de inversión la causante de la terrible crisis eléctrica que padece el país, pues cuantiosos han sido los montos que las distintas negociaciones, contrataciones y acuerdos han representado para el erario público venezolano.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Venezuela atraviesa por la peor crisis de energía eléctrica de toda su historia, un hecho que encontraría justificación en la falta de inversión pública en el sector pero, lamentablemente no es así si se revisan las grandes sumas que representan los múltiples contratos y negociaciones suscritas por el estado que supondrían la modernización y optimización del sistema y, sin embargo, no es así. Las razones de tal situación parecen estar más bien en la ausencia de políticas o en la incongruencia de estas cuando son aplicadas. La corrupción es, se deduce, el leitmotiv de los encargados de los organismos del ramo, que mediante estratagemas de todo tipo, entre ellos los sobrecostos, logran esquilmar el tesoro nacional sin que la colectividad obtenga beneficio alguno de tales inversiones.
                                                   Este viernes en la madrugada se produjo 
                                                   una explosión en la subestación Tarabas,
                                                   ubicada en el estado Zulia, por lo que 
                                                   varios sectores de Maracaibo se quedaron sin luz.

  A lo largo de nuestras entregas hemos dado a conocer a nuestros amables lectores los mecanismos de que se han valido las diferentes administraciones de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, así como sus empresas filiales, para burlar la contraloría social sobre sus gestiones. Hoy traemos un nuevo ejemplo de las formas de actuar de los protagonistas de esta trama de corrupción que se ha enquistado en el país en las últimas dos décadas.

 Contratos de financiamiento que no se traducen en la mejora del Sistema Eléctrico Nacional pese a tratarse de milmillonarias inversiones. Obras contratadas de las que no se tienen noticias sobre sus resultados pues el secretismo se ha convertido en política de estado y poco o nada se dan a conocer los resultados que el gasto público supone.
Los convenios que presentamos en esta oportunidad se suscribieron durante la administración de Alí Rodríguez Araque, quien los firmó con el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) en el contexto de los acuerdos suscritos entre los gobiernos de China y Venezuela. Los mismos totalizan la cantidad de USD 2.250.233.084,24 equivalentes a Bs. 9.651.924.768,38.

 Tales cantidades estaban dirigidas al Proyecto de Diseño y Construcción del Desarrollo Hidroeléctrico "El Chorrín", al Proyecto de Desarrollo y Recuperación del Sector Eléctrico que comprendía la construcción de la Planta Termoeléctrica 500MW en "El Vigía" y al Proyecto de Rehabilitación y Ampliación de la Unidad 6 del Complejo Termoeléctrico "Planta Centro" en el estado Carabobo.

La Comisión Mixta para el estudio de la crisis eléctrica en el país de la Asamblea Nacional, en su informe final[1] hace referencia, entre otros aspectos, a la gestión de Alí Rodríguez Araque al frente de Corpoelec y, en tal sentido, recomendó someter a investigación los proyectos contratados y ejecutados bajo su administración ante la sospecha de que se hubiera incurrido en posibles sobrecostos respecto a lo previsto en el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, PDSEN 2005-2024: Tocoma, Termozulia II y III.

Del mismo modo, en relación al caso que nos ocupa, el ente parlamentario subrayó el hecho de que el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional PDSEN 2005-2024, hubiera descartado la expansión de la generación hidroeléctrica en el estado Bolívar pese a que EDELCA identificó un potencial de al menos 50TWh en las cuencas del Alto Caroní, específicamente en los ríos Paragua, Caura, Suapure y Cuchivero.

En este sentido, hizo mención a que el exministro de Planificación, Jorge Giordani, había defendido públicamente el desarrollo del Alto Caroní pero, posteriormente, a raíz de la primera crisis energética de 2003, cambió de parecer y recomendó la cancelación de todos los proyectos hidroeléctricos, decisión que finalmente fue adoptada en 2009 por Alí Rodríguez.

De todas maneras, hay que hacer la salvedad de que no obstante haberse producido esta prohibición, en el PDSEN 2013-2019 se incluyó la Central Hidroeléctrica El Chorrín, la cual debía aportar 380MW en 2018.

Destaca el informe de la Asamblea Nacional, que en 2015, como antesala a la tercera crisis energética de 2016, el para entonces ministro de energía eléctrica, Jesse Chacón, admitió que la cancelación de los proyectos hidroeléctricos en el Alto Caroní había sido un error y anunció el inicio de la ingeniería conceptual de la central hidroeléctrica Tayucay.

La comisión de la AN también se refirió al proyecto de la Central Termoeléctrica El Vigía en el estado Mérida, indicando que el costo de este proyecto estuvo en el orden de USD 956 millones.

Compareció ante la instancia legislativa el asesor legal de China Camc Engineering, empresa encargada de la ejecución de la obra, Julio Peng, quien destacó que la compañía asiática se había encargado de la termoeléctrica Don Luis Zambrano, de 594MW en el Vigía, cuyo contrato se firmó en 2010 con una inversión de USD 804 millones. Detalló que las dos primeras turbinas entraron en funcionamiento en 2013 y la tercera en 2015 y corresponden a dos turbinas de gas que en el presente trabajan con diesel y una a vapor, las cuales actualmente generan al 98 por ciento de su capacidad total. Sobre el costo del megavatio por encima del precio referencial, Julio Peng dijo que esto obedecía a que la tecnología empleada es más avanzada, así como también a las condiciones de la zona de instalación. Precisó que la asignación de USD 1.045 millones a la empresa incluía,  además de la planta, la instalación de una línea de transmisión de 56 km. Esta planta no tiene alimentación de gas natural por lo cual depende exclusivamente del combustible diesel, lo cual acorta los lapsos de mantenimiento.

La comisión observó una diferencia entre el costo anunciado y el costo referencial del orden de USD 317 millones a precios del 2005 que debe ser debidamente justificado.

A continuación conozcamos los detalles de los convenios entre Corpoelec y el Bandes.

Diseño y Construcción del Desarrollo Hidroeléctrico "El Chorrín”

El 2 de marzo de 2011, entre el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) representado por su presidenta, Edmeé Betancourt de García, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.210.071, designada según Decreto N° 7.201, de fecha 28 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.358 de fecha 1 de febrero de 2010, y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), representada a su vez por su presidente, Alí Rodríguez Araque, titular de la Cédula de Identidad N° 1.270.755, cuya designación consta en Decreto N° 7.177, de fecha 15 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.348, de fecha 18 de enero de 2010 y Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas N° 07, de fecha 25 de mayo de 2010, se suscribió un Convenio de Asistencia Técnico-Financiera Interinstitucional que tenía por objeto el financiamiento del Proyecto de Desarrollo y Recuperación del Sector Eléctrico, en lo atinente al desarrollo del Proyecto de Diseño y Construcción del Desarrollo Hidroeléctrico "El Chorrín", tal como le definía la cláusula segunda del mismo.

Este convenio se inscribía en el contexto de la Ley Aprobatoria del Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre Cooperación para Financiamiento a Largo Plazo, de fecha 16 de septiembre de 2010. En tal sentido, la Corporación Banco de Desarrollo de China otorgó a Bandes un financiamiento para fomentar la cooperación entre las dos naciones a través de proyectos de envergadura en las áreas de infraestructura, agricultura, minería, energía, tecnología, petroquímica, asistencia técnica, entre otros; con la finalidad de acelerar el desarrollo social y económico en Venezuela.

La cláusula tercera indicaba que el Bandes convenía en conceder a Corpoelec dicha asistencia financiera hasta por USD 280.000.000,00 equivalentes a Bs. 1.201.004.000,00, calculados Bs. 4,2893 por cada dólar.

Los desembolsos del Bandes estaban sujetos a las retenciones aplicables en materia fiscal y tributaria.

Se establecieron dos años como el periodo de para efectuar los desembolsos de acuerdo a lo estipulado en la cláusula quinta, advirtiéndose que al cesar dicho plazo cesaba toda obligación del Bandes de efectuar los desembolsos en ejecución del Convenio de Asistencia Financiera Interinstitucional y, en tal sentido, el monto se reducirá al monto utilizado hasta la fecha.

El monto no utilizado podrá ser reasignado a la ejecución de otro proyecto enmarcado en el financiamiento de gran volumen y largo plazo.

El Bandes estaba facultado para suspender o modificar el monto de la asistencia en cualquier momento y de manera unilateral cuando lo considerara conveniente o recibiera instrucciones del  Ejecutivo Nacional, sin que Corpoelec pudiera acometer acción alguna o reclamo alguno.

La cláusula sexta estipulaba que Bandes haría los desembolsos a favor de las contratistas que indicara Corpoelec, previa solicitud que debía ser suscrita por quien indicara la estatal eléctrica como autorizada para ello.

Bandes llevaría a cabo evaluaciones técnico financieras del proyecto periódicamente durante la ejecución del proyecto.

Corpoelec debía hacer rendiciones de cuentas mensuales, someterse a las supervisiones que Bandes dispusiera, así como también a las auditorías que en cualquier momento estimara conveniente llevar a cabo.

Se contemplaban igualmente los formalismos que este tipo de convenios acostumbra estipular.

Recursos en renminbi para El Chorrín

El 2 de septiembre de 2011, entre el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) representado por su presidenta, Edmeé Betancourt de García, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.210.071, designada según Decreto N° 7.201, de fecha 28 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.358 de fecha 1 de febrero de 2010, y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), representada a su vez por su presidente, Alí Rodríguez Araque, titular de la Cédula de Identidad N° 1.270.755, cuya designación consta en Decreto N° 7.177, de fecha 15 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.348, de fecha 18 de enero de 2010 y Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas N° 07, de fecha 25 de mayo de 2010, se suscribió un Convenio de Asistencia Técnico-Financiera Interinstitucional que tenía por objeto el financiamiento del Proyecto de Desarrollo y Recuperación del Sector Eléctrico, que comprendía el desarrollo del Proyecto de Diseño y Construcción del Desarrollo Hidroeléctrico "El Chorrín", tal como le definía la cláusula segunda del mismo.

En la tercera cláusula de este convenio se establecía el monto y los términos en que se llevaría a cabo la asistencia financiera, indicándose que el Bandes concedería con cargo a los recursos del financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo a Corpoelec hasta la cantidad de 2.898.000.000,00 Renmimbi (moneda de curso legal de la República Popular China emitida por el Banco Popular Chino. El yuan es la unidad básica del renminbi), equivalentes a USD 431.339.862,47, los cuales a la tasa preferencial de Bs. 4,2893 por cada dólar corresponden a la cantidad de Bs. 1.850.146.072,10).

Los desembolsos que Bandes estarían sujetos a las retenciones aplicables en materia fiscal y tributaria. Asimismo, los costos asociados a eventuales diferenciales cambiarías y gastos operativos, serán imputados al monto de la Asistencia Financiera Interinstitucional.

El tiempo de ejecución del financiamiento se fijó en dos años, por lo que vencido dicho plazo cesaría toda obligación del Bandes de efectuar los desembolsos del convenio y se reduciría hasta la cantidad utilizada hasta la fecha. El monto no utilizado podrá ser reasignado a la ejecución de otro proyecto enmarcado en el Financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo.

Bandes tenía la facultad de suspender o modificar, en cualquier momento y de manera unilateral, el monto de la asistencia cuando lo considerara conveniente o recibiera instrucciones al respecto por parte del Ejecutivo Nacional.

Los desembolsos, de acuerdo a la sexta cláusula, Bandes los emitiría en nombre de Corpoelec a favor de las contratistas que esta indicare.

Bandes realizaría las evaluaciones técnico-financieras del proyecto que estimare convenientes de manera periódica durante la ejecución del proyecto.

Igualmente, Corpoelec estaba obligada a presentar mensualmente rendiciones de cuentas y someterse a las supervisiones que Bandes dispusiera, así como también a las auditorías que en cualquier momento estimara conveniente llevar a cabo.

Se contemplaban igualmente los formalismos que este tipo de convenios acostumbra estipular.

Termoeléctrica en El Vigia

El 2 de marzo de 2011, entre el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) representado por su presidenta, Edmeé Betancourt de García, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.210.071, designada según Decreto N° 7.201, de fecha 28 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.358 de fecha 1 de febrero de 2010, y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), representada a su vez por su presidente, Alí Rodríguez Araque, titular de la Cédula de Identidad N° 1.270.755, cuya designación consta en Decreto N° 7.177, de fecha 15 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.348, de fecha 18 de enero de 2010 y Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas N° 07, de fecha 25 de mayo de 2010, se suscribió un Convenio de Asistencia Técnico-Financiera Interinstitucional que tenía por objeto el financiamiento del Proyecto de Desarrollo y Recuperación del Sector Eléctrico que comprendía la construcción de la Planta Termoeléctrica 500MW en "El Vigía" (Cláusula segunda).
Para ello el 1° de diciembre de 2010, el presidente de la república firmó el Punto de Cuenta N° 302, que autorizaba la asignación de recursos provenientes de Bandes.

El monto y los términos de la asistencia financiera se establecieron en la tercera cláusula, la cual fijo en USD 280.000.000,00 la cifra que el Bandes concedería a Corpoelec con cargo a los recursos del financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo. Tal cantidad equivalía a Bs. 1.201.004.000,00, calculados al tipo de cambio referencial de Bs. 4,2893 por cada dólar.

La cláusula cuarta estableció que los desembolsos que Bandes estaban sujetos a las retenciones que en materia fiscal y tributaria aplicaran. Asimismo, los costos asociados a eventuales diferenciales cambiarios y gastos operativos, serían imputados al monto de la Asistencia Financiera Interinstitucional.

Bandes tramitaría los desembolsos presentados por Corpoelec para el manejo de los recursos asignados a través del convenio.

Las partes debían tener claro que la ejecución del cronograma de desembolsos estaba directamente relacionada a la ejecución del proyecto objeto del contrato y estaría sujeta a la disponibilidad financiera que Bandes tuviera para la fecha de la solicitud.

Del mismo modo, la cláusula quinta previó que el periodo de ejecución del convenio era por dos años y que una vez vencido ese plazo, cesaría toda obligación del Bandes de efectuar los desembolsos. EL monto del financiamiento se reduciría, de no haber sido utilizado en su totalidad para la fecha, a lo ejecutado para ese momento.

El monto no utilizado podría ser reasignado a la ejecución de otro proyecto enmarcado en el Financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo, Bandes tenía la facultad de suspender o modificar, en cualquier momento y de manera unilateral, el monto de la asistencia cuando lo considerara conveniente o le fuera instruido por el Ejecutivo Nacional.

Tal como se estableció en los otros convenios, Bandes realizaría las evaluaciones técnico-financieras del proyecto que estimare convenientes de manera periódica durante la ejecución del proyecto.

Corpoelec estaba obligada a presentar mensualmente rendiciones de cuentas y someterse a las supervisiones que Bandes dispusiera, así como también a las auditorías que en cualquier momento estimara conveniente llevar a cabo.

Se contemplaban igualmente los formalismos que este tipo de convenios acostumbra estipular.

Inyección de dinero chino para El Vigía

El 2 de marzo de 2011, entre el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) representado por su presidenta, Edmeé Betancourt de García, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.210.071, designada según Decreto N° 7.201, de fecha 28 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.358 de fecha 1 de febrero de 2010, y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), representada a su vez por su presidente, Alí Rodríguez Araque, titular de la Cédula de Identidad N° 1.270.755, cuya designación consta en Decreto N° 7.177, de fecha 15 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.348, de fecha 18 de enero de 2010 y Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas N° 07, de fecha 25 de mayo de 2010, se suscribió un Convenio de Asistencia Técnico-Financiera Interinstitucional que tenía por objeto el financiamiento del Proyecto de Desarrollo y Recuperación del Sector Eléctrico contemplando la construcción de la Planta Termoeléctrica 500MW en "El Vigía", de acuerdo lo especificaba el objeto del contrato en su cláusula segunda.

Para ello, el presidente de la república había aprobado el punto de cuenta N° 302, de fecha 1 de diciembre de 2010, autorizando la asignación de recursos provenientes de Bandes.

Según la cláusula tercera, el Bandes convenía en conceder asistencia financiera con cargo a los recursos del financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo a Corpoelec hasta por la cantidad de 4.732.000.000,00 Renmimbi equivalentes a USD 704.313.398,62 calculados a Bs. 4,2893 por dólar que sumaban la cantidad de Bs. 3.021.011.460,72.
Los desembolsos que Bandes efectuara estaban sujetos a las retenciones aplicables en materia fiscal y tributaria. Asimismo, los costos asociados a eventuales diferenciales cambiarlos y gastos operativos, serán imputados al monto de la Asistencia Financiera Interinstitucional.

El tiempo de ejecución del convenio era por dos años, que una vez vencidos cesaría toda obligación del Bandes de efectuar los desembolsos. El monto del financiamiento se reduciría, de no haber sido utilizado en su totalidad para la fecha, a lo ejecutado para ese momento.

El monto no utilizado podría ser reasignado a la ejecución de otro proyecto enmarcado en el Financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo, Bandes tenía la facultad de suspender o modificar, en cualquier momento y de manera unilateral, el monto de la asistencia cuando lo considerara conveniente o le fuera instruido por el Ejecutivo Nacional.

Igualmente se llevarían a cabo evaluaciones técnico financieras del proyecto por parte de Bandes y Corpoelec se obligaba a presentar mensualmente rendiciones de cuentas y a someterse a las supervisiones que Bandes dispusiera, así como también a las auditorías que en cualquier momento estimara conveniente llevar a cabo.

Se contemplaban igualmente los formalismos que este tipo de convenios acostumbra estipular.

Ampliación y rehabilitación en Planta Centro

En marzo de 2011, entre el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) representado por su presidenta, Edmeé Betancourt de García, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.210.071, designada según Decreto N° 7.201, de fecha 28 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.358 de fecha 1 de febrero de 2010, y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), representada a su vez por su presidente, Alí Rodríguez Araque, titular de la Cédula de Identidad N° 1.270.755, cuya designación consta en Decreto N° 7.177, de fecha 15 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.348, de fecha 18 de enero de 2010 y Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas N° 07, de fecha 25 de mayo de 2010, se suscribió un Convenio de Asistencia Técnico-Financiera Interinstitucional que tenía por objeto el desarrollo del Proyecto de Rehabilitación y Ampliación de la Unidad 6 del Complejo Termoeléctrico "Planta Centro", Estado Carabobo.

A través del Punto de cuenta N° 302, de fecha 1 de diciembre de 2010, de la presidencia de la república, se había autorizado la asignación de recursos provenientes de Bandes con cargo a los fondos del referido financiamiento, para el Proyecto de Desarrollo y Recuperación del Sector Eléctrico.

La cláusula tres estableció que el Bandes se comprometió a conceder asistencia financiera con cargo a los recursos del financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo a Corpoelec hasta por la cantidad de 3.726.000.000,00 Renmimbi equivalentes a USD 554.579.823,18, calculados a Bs. 4,2893 por dólar para sumar Bs. 2.378.759.235,56.

Como los convenios ya referidos, el tiempo de ejecución era por dos años, por lo que al cumplirse el plazo cesaría toda obligación del Bandes de efectuar los desembolsos. El monto del financiamiento se reduciría, de no haber sido utilizado en su totalidad para la fecha, a lo ejecutado para ese momento.

El monto no utilizado podría ser reasignado a la ejecución de otro proyecto enmarcado en el Financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo, Bandes tenía la facultad de suspender o modificar, en cualquier momento y de manera unilateral, el monto de la asistencia cuando lo considerara conveniente o le fuera instruido por el Ejecutivo Nacional.

Se contemplaban evaluaciones técnico financieras del proyecto por parte de Bandes y Corpoelec debía presentar mensualmente rendiciones de cuentas y a someterse a las supervisiones que Bandes dispusiera, así como también a las auditorías que en cualquier momento estimara conveniente llevar a cabo.
Se contemplaban igualmente los formalismos que este tipo de convenios acostumbra estipular.

Todos estos convenios fueron firmados y acordados de acuerdo a lo previsto por la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela.




[1] Transparencia Venezuela. Asamblea Nacional. Comisión Mixta para el estudio de la crisis eléctrica en el país. Informe final. https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/02/Informe-CMECEP.pdf