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lunes, 1 de noviembre de 2021

¿Por qué los fiscales retiraron los siete cargos de lavado de dinero más graves contra Álex Saab ?

   La próxima audiencia del caso será el 15 de noviembre cuando el empresario colombiano señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro de a conocer si se declara culpable o inocente de los delitos que se le imputan.

Por Maibort Petit

   La audiencia el Tribunal del Sur de la Florida durante la cual este lunes Álex Saab debía pronunciarse declarándose culpable o inocente, fue postergada por dos semanas luego de que el juez federal de Miami, Edwin Torres, aceptara el pedido del empresario colombiano acusado de lavado de dinero. Del mismo modo, la fiscalía solicitó desechar buena parte de los cargos que se le imputan.
   Saab quien está acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y siete de lavado de instrumentos monetarios, le informó por escrito a la Corte su decisión de renunciar a su derecho a presentarse en persona o a través de videoconferencia a dicha próxima audiencia. Por tanto, el acusado estará representado por su abogado en ese próximo encuentro. Una posición que se presume es consecuencia de la amplia difusión que tuvo su audiencia de presentación en los medios de comunicación que lo mostraron ante el mundo vestido con la braga anaranjada que deben portar los imputados en Estados Unidos.
   Se suponía que este lunes Álex Saab se declararía no culpable, Henry Bell, su abogado, le informó al juez Torres que su representado se encontraba aún en cuarentena en razón de los protocolos por el Covid-19, por lo que no habían podido reunirse. El empresario está recluido en una prisión federal de Miami y su abogado aspira que esta semana pueda concretarse la reunión entre ambos.
   A través de Zoom, Henry Bell hizo el pedido al juez Torres a la misma hora en que estaba prevista la audiencia. Estuvieron presentes los fiscales Kurt Lukenheimer y Alex Kramer, pero no se vio a Saab conectado[1].

  La Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, a través del fiscal Juan Antonio González, pidió eliminar los cargos del 2 al 8 “Para cumplir con las garantías que Estados Unidos hizo a la República de Cabo Verde durante el proceso de extradición del acusado (…)”[2].
   Entretanto esto sucede en el Tribunal de la Florida la extradición de Álex Saab parece haber repercutido en otras locaciones del orbe, donde se activaron averiguaciones respecto al empresario.

¿Por qué le retiraron los cargos a Álex Saab?
   
     El acuerdo de extradición entre los gobiernos de Estados Unidos y Cabo Verde para que se hiciera entrega de Saab a los agentes federales norteamericanos responde a que la ley caboverdiana establece que el máximo de la sentencia por los delitos de lavado de dinero no podía superar los 20 años de cárcel.  En ese sentido, los fiscales estadounidenses debieron establecer un compromiso de quitarle siete cargos y juzgarlo por conspiración para lavar dinero cuyo sentencia máxima es de dos décadas en prisión.


México bloqueó cuentas a relacionados con Álex Saab

  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de México, en trabajo conjunto con el Departamento del Tesoro estadounidense y la Administración para el Control de Drogas (DEA) investigó y bloqueó cuentas pertenecientes a 25 personas supuestamente involucradas con la red de lavado de dinero encabezada por Álex Saab, según nota publicada por Infobae. Por esto la UIF presentó denuncia ante la Fiscalía general mexicana.

  Habrían sido alrededor de 26 millones de pesos y 1.5 millones de pesos correspondientes a fondos utilizados para comprar alimentos en mal estado para los Comités Locales de Abastecimientos de Producción (CLAP).

  El titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer la información a través de la red social Twitter, indicando que, por haber sido parte de un acuerdo reparatorio ilegal, también se denunció a exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y asuntos internos de la FGR.

   Anteriormente, el 18 de junio de 2020, la UIF notificó el bloqueo del sistema financiero mexicano contra 19 personas aparecidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC). Entre estas personas figuraban Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela; Tareck El Aissami, ministro del Poder Popular de Petróleo; Walter Jacob Gavidia Flores, Yosser Daniel Gavidia Flores y Yoswal Alexander Gavidia Flores, los tres hijastros de Nicolás Maduro, hijos de Cilia Flores[3].

Saab ayudaría a lavar USD 2.000 millones a Chávez y Correa

  Igualmente, otra información reciente reveló que, supuestamente, Álex Saab, habría diseñado un esquema que permitió lavar USD 2.000 millones con exportaciones ficticias y subvaloradas entre Ecuador y Venezuela, durante los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez. Tal situación es objeto de la investigación de la Comisión de Fiscalización del Congreso ecuatoriano, instancia que se encuentra indagando los nexos entre el empresario colombiano y los citados mandatarios.

  Saab y su socio Álvaro Pulido, habrían actuado como operadores del régimen venezolano con presuntos cómplices en Ecuador, México, Perú y Chile.

  Fernando Villavicencio, presidente de la comisión parlamentaria refirió que los vínculos entre Saab, Chávez y Correa estarían dados por la empresa Fondo Global de Construcciones (Fonglocons), de propiedad del primero, mediante la cual se habrían llevado a cabo las operaciones que quedaron al descubierto al analizar los impuestos declarados por la compañía y el sistema de compensación Sucre.
   La empresa fue constituida en 2011 por Saab y Pulido, misma fecha en que Juan Manuel Santos (Colombia) y Hugo Chávez (Venezuela), suscribieron un convenio para q ejecutar un plan de viviendas populares en el que la que Fonglocons estaría a cargo de proveer los materiales de construcción para que las casas que se levantarían en Venezuela.

   En paralelo, Saab y Pulido registraron una filial de Fonglocons en Ecuador, con Luis Eduardo Sánchez Yánez como socio. Este último es hermano de Jaime Sánchez Yánez alias “El Chamo”, persona de confianza de Hugo Chávez que igualmente fue asesor de seguridad de Rafael Correa. Las averiguaciones de Villavicencio indican que Chávez ubicó a Jaime Sánchez Yánez dentro del staff de Correa, erigiéndose como una figura clave de la relación del presidente ecuatoriano con el venezolano en la trama de Álex Saab.

  El parlamentario ecuatoriano refirió que documentos de la Secretaría de Aduanas, del Banco Central del Ecuador, así como de inteligencia, a los que tuvo acceso, revelaron que hasta 2013, Fonglocons Ecuador declaró USD. 296 millones supuestamente correspondientes a las exportaciones de los para ser usados en el plan de viviendas populares, pero estos nunca llegaron a Venezuela. Se trataba, por tanto, de exportaciones ficticias.
   Las investigaciones señalan que Fongoclons Ecuador le compraba materiales eléctricos a Electrocables, propiedad esta última de Nassib Neme, amigo de Rafael Correa. Villavicencio dijo que Neme firmó por lo menos dos contratos con Fonglocons, los cuales sumaban USD 69 millones, pero los cables negociados nunca llegaron a Venezuela.

   Para las autoridades ecuatorianas resultó llamativo que pese a estos contratos, Fonglocons solamente declaró USD 2 millones en impuestos a la salida de divisas, aun cuando las importaciones superaron los USD 44 millones. El parlamentario subrayó que la empresa de Álex Saab en Ecuador exportó más de USD 290 millones. Todo indicaba que no se declararon las exportaciones reales y que el dinero tuvo otro destino.

  Tras los procesos judiciales iniciados, se decomisaron USD 60 millones a Foglocons, de los cuales USD 56,3 millones fueron depositados en dos bancos. Se conoció que el abogado de Rafael Correa, Caupolicán Ochoa, presionó a uno de los bancos para que liberara los fondos.

  La jueza María Jaramillo Hidalgo ordenó en 2016 desbloquear el dinero retenido a Fonglocons, el cual fue transferido a través de empresas offshore pertenecientes a Miguel Ángel Loor Centeno y Víctor Silva Sosa, representante de Fondo Global.

   El Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), el cual tenía como propósito canalizar pagos internacionales resultantes de las operaciones de comercio recíproco entre sus países miembros Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, usando el Sucre, una moneda virtual.

  Información de prensa reveló en 2015 que las transacciones “sumaron USD 2.549,6 millones, desde el 6 de julio de 2010 hasta el 7 de mayo de 2015, con 5.455 operaciones, según el Banco Central del Ecuador (BCE). El 94,5% de las operaciones correspondían a transferencias recibidas por exportaciones.

  El sistema de compensación Sucre “no sirvió para nada más que no sea para lavar dinero”, aseguró Villavicencio[4].

REFERENCIAS

[1] Documento de la Corte del Distrito Sur de la Florida, decisión que acepta la petición del gobierno de Estados Unidos de desestimar los cargos contra Álex Saab.

[2] Documento de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida pidiendo a la corte desestimar los cargos contra Álex Saab.

[3] Infobae. “Inteligencia Financiera mexicana bloqueó cuentas millonarias a 25 personas relacionadas con Alex Saab, testaferro de Maduro”. 31 de octubre de 2021. https://www.infobae.com/america/mexico/2021/10/31/inteligencia-financiera-mexicana-bloqueo-cuentas-millonarias-a-25-personas-relacionadas-con-alex-saab-testaferro-de-maduro/

[4] Infobae. “Alex Saab armó un sistema que habría ayudado a lavar USD 2.000 millones entre los gobiernos de Hugo Chávez y Rafael Correa”. 29 de Octubre de 2021. https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/10/29/exportaciones-ficticias-por-usd-2000-millones-entre-ecuador-y-venezuela-revelarian-los-nexos-entre-alex-saab-y-rafael-correa/

sábado, 16 de octubre de 2021

Finalmente, Álex Saab fue extraditado a EE. UU., el considerado testaferro de Maduro enfrentará cargos por lavado de dinero

 Por Maibort Petit

  El periódico caboverdiano, Noticias do Norte informó en exclusiva este sábado 16 de octubre que Álex Saab, considerado testaferro de Nicolás Maduro, fue  extraditado de Cabo Verde a las 4:00 PM  para ser traslado a los Estados Unidos para ser juzgado por cargos de lavado de dinero.

    La nota del periódico Notícias do Norte dice que Saab abordó un avión perteneciente al Departamento de Justicia. 


   Desde tempranas horas de la mañana se conoció que el avión con matrícula N708JH despegó del aeropuerto  Regional de Manassas en Washington DC a las 6:30 AM y aterrizó en el Aeropuerto Amílcar Cabral de Cabo Verde  a las 3:49 PM, en un vuelo que duró 6:46 minutos. A las 4:53 PM, el Gulfstream Aerospace Gulfstream G550 (twin-jet)  despegó del terminal aéreo caboverdiano con Álex Saab a bordo para ser traslado a los Estados Unidos donde enfrentar un proceso judicial por delitos financieros.

   Saab fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020 cuando su avión se detuvo en Cabo Verde para repostar combustible.

   El gobierno de Cabo Verde no ha dado comentarios sobre el particular. El tribunal constitucional caboverdiano dictaminó en septiembre después de una prolongada batalla judicial que Saab debería ser extraditado. 

   Los fiscales federales del Distrito Sur de la Florida han acusado a Saab de haber participado en un esquema de corrupción, según el cual el acusado logró lavar unos $350 millones provenientes de un programa estatal venezolano de subsidios alimentarios.

jueves, 7 de octubre de 2021

Conozca las razones por las cuales el Tribunal Constitucional de Cabo Verde negó la última petición de Álex Saab

   Los abogados del empresario colombiano aspiraban obtener, mínimo, 30 días más para analizar la decisión y pronunciarse sobre su pertinencia.

Por Maibort Petit

    El pasado 5 de octubre del presente año 2021, los jueces consejeros, Aristides R. Lima, José Pina Delgado y João Pinto Semedo, del Tribunal Constitucional de Cabo Verde, decidieron no admitir, por su manifiesta extemporaneidad, la solicitud formulada por los abogados del extraditado, Álex Saab, de que se les entregara copia de la Sentencia Nº 39/2021, traducida al español, así como una prórroga del plazo procesal legalmente determinado para el despacho por un mínimo de 30 días, que les permitiera analizar la sentencia y pronunciarse sobre la legalidad de la extradición.

   Saab, a través de sus abogados, luego de conocer la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 39/2021 del 7 de septiembre de 2021, invocó varios artículos de la legislación caboverdiana para solicitar a esa instancia judicial que le fuera entregada copia traducida al español de la referida resolución, para analizar su contenido y, en consecuencia, ejercer los actos procesales que considere necesarios para su defensa.

   Del mismo modo, en razón de la extensión de la referida decisión, así como la complejidad técnica y legal de los contenidos cubiertos, pidió se le otorgara un plazo adicional no menor a 30 días, para que la defensa pudiera pronunciarse sobre la misma y solicitar todo lo que estime conveniente o pertinente para la defensa de la legalidad.

Literalmente, los pedidos de Saab ante el tribunal fueron:

a) Una copia traducida de la Sentencia Nº 39/2021, de 7 de septiembre de 2021, se proporciona al Demandado a continuación, de conformidad con y para los fines de los artículos 3-A, 5 - del Código de Procedimiento Civil de Cabo Verde y los artículos - 22º en 3º y 35º en n. 7- de la Constitución de la República de Cabo Verde;

b) Se otorga un plazo adicional no menor a 30 días, para que la defensa tenga la oportunidad de analizar la decisión y, si así lo desea, solicitar las aclaraciones que estime pertinentes - cfr. previsto en los artículos 140, 575, 578 y ss. del Código de Procedimiento Civil de Cabo Verde y los artículos 22, nº 3 y 35, nº 7 - de la Constitución de la República de Cabo Verde”.

Argumentos del procurador

  La sentencia cita lo alegado por el Procurador General de la República respecto al pedido de Saab, quien sostuvo que la solicitud de la defensa carecía absolutamente de base legal.

   Aseguró que, de acuerdo a la ley, no existe una obligación legal de notificación personal de la persona extraditada, sino de su abogado designado. Citó lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 232 del código de procedimiento civil que indica que "las notificaciones a las partes en los casos pendientes se realizan en la persona de un representante con cargo en la sede del distrito o que haya elegido domicilio allí para recibir notificaciones”.

   Aseguró que la ley no impone al tribunal la carga de traducir la sentencia y calificó el pedido de traducción como “otra maniobra meramente dilatoria, convencida la defensa de que la ley lo permite todo, incluidos los expedientes dilatorios, y al tribunal no le queda más que cruzar los brazos”. Y agrega que por ello algunas declaraciones de los abogados defensores en los medios de comunicación, señalan que “la persona extraditada aún no será extraditada en los próximos meses”.

   Refiere que “la defensa ha estado pregonando en los medios que hará todo lo posible para retrasar la ejecución de la decisión de extradición, incluso señaló uno de los abogados en su página de red social (FB). que ‘en un futuro próximo, Alex Saab solo será extraditado si es secuestrado’”.

   Así han sido las acciones promovidas por la defensa para retrasar el proceso, lo cual se ilustra con la cronología de algunos hechos:

   El 7 de septiembre de 2021 se notificó a la defensa la Sentencia N º 39/2021, que desestimó el recurso de fiscalización concreta de constitucionalidad.

   Luego, el 13 de septiembre de 2021, dentro del plazo legal, solicitó la aclaración de la referida sentencia, en una demanda firmada por dos abogados defensores, uno de los cuales es suscriptor de esta solicitud de traducción.

  Después, el 22 de septiembre, tras ser notificado de la negativa a atender la solicitud de aclaración, el 24 de septiembre se solicitó la traducción de la referida decisión.

  “Ante esta cronología de hechos, con interés por la decisión, en una primera lectura de la demanda, se destaca la idea de una total falta de coordinación entre los miembros del equipo de defensa del extraditado, cada uno pidiendo lo que quieren, contradiciendo sus propias peticiones del resto. Y esto no es inaudito a lo largo de este proceso”, cita textualmente la sentencia.

  Se acota que, desde la detención del extraditado, Álex Saab, hace más de quince meses, más de tres docenas de decisiones emitidas por varios tribunales, además de haberse producido alrededor de una decena de respuestas a solicitudes enviadas al Gobierno, Policía Judicial, Fiscalía General de la Nación, entre otras, que todas estaban redactadas todas en portugués.

“La defensa nunca planteó la cuestión de la traducción al idioma español de los referidos actos judiciales, dejando claro que los entendía perfectamente, sobre todo porque los impugnó a todos, mediante denuncias, recursos ordinarios, hábeas corpus, recursos de revisión concreta de constitucionalidad, recursos de amparo, solicitud de aclaración”, destaca.

   Del mismo modo se deja sentado que “En la solicitud de aclaración de la sentencia cuya traducción ahora se requiere, quedó claro que fue leída y perfectamente entendida, incluso, calificándola de ambigua y oscura, lo que constituye la base de la solicitud de aclaración. Lee, percibe, desafía y, después, viene a pedir la traducción porque, al final, no entendió”.

   Se deja sentado que la solicitud de traducción también es infundada y debe desestimarse la pretensión de la demandante, por carecer de fundamento y justificación jurídica y ser un expediente meramente dilatorio.

Los fundamentos de la decisión

   Aclara en primer término la sentencia que, por error manifiesto, al demandante se le presenta en cuatro ocasiones como "imputado", un estatus que no define la relación de Álex Saab y el Tribunal Constitucional. En tal sentido puntualiza que la correcta designación del solicitante tiene que ver con su condición de extraditante, “ya que el caso principal o “caso pretexto” es un proceso de extradición. Y esto no puede ser ignorado por el distinguido abogado en su sabida intervención procesal”.

    Subraya la decisión que la Corte Constitucional no puede dejar de notar que la solicitud es absolutamente infundada, pues el pedido de que se entregue una copia traducida no tiene fundamento legal, pues “no existe disposición en la Constitución, en el Derecho Internacional, en la Ley que regule la organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional, en la legislación nacional subsidiariamente aplicable a los procesos ante el Tribunal Constitucional, de disposición alguna que imponga tal carga al Estado”.

   Del mismo modo se indica que la solicitud de prórroga de por lo menos 30 días solicitada por los abogados para analizar la sentencia, tampoco cuenta con la base legal mínima en lo antes mencionado, reglas, y mucho menos en los casos en que el proceso esté catalogado por ley como urgente. “Tanto más cuanto que el plazo establecido en la Ley para el esclarecimiento es de cinco días y ya venció hace mucho tiempo, y el demandante, además, solicitó el esclarecimiento a través de su demanda, que fue presentada ante el Tribunal Constitucional el 13 de septiembre pasado y fue resuelto mediante Sentencia Nº 42/2021, de 20 de septiembre.

    Por último, la sentencia determina que la solicitud de los abogados de Álex Saab es manifiestamente tardía, por lo que no puede ser admitida para una decisión sobre el fondo. Se recuerda que la legislación establece un plazo de cinco días para que las partes soliciten "cualquier acto o diligencia, reclamen la nulidad, deduzcan incidencias o ejerciten cualquier otra facultad procesal". Y precisa: “Ocurre que la Sentencia Nº 39/2021, respecto de la cual el demandante está reaccionando procesalmente, le fue notificada el 7 de septiembre, a través de los respectivos abogados designados. La demanda bajo análisis fue presentada en la Secretaría de la Corte Constitucional el 23 de septiembre del presente año”.


jueves, 18 de marzo de 2021

Juez estadounidense niega petición de Álex Saab de desestimar acusación en su contra por lavado de dinero

 Por Maibort Petit

   Un juez estadounidense denegó la petición de los abogados de Álex Saab Morán ante la Corte del Distrito Sur de Florida donde pedían desestimar la acusación por cargos vinculados a delitos de lavado de dinero y corrupción. Actualmente, Saab, quien es considerado testaferro de Nicolás Maduro, se encuentra a la espera de su extradición en Cabo Verde, donde la Corte Suprema de Justicia aprobó la solicitud el gobierno de Estados Unidos. El caso se encuentra en la última etapa del proceso.

   En la decisión del Juez Robert N. Scola, se lee que Saab no puede atacar su condición de fugitivo y su acusación hasta que esté físicamente presente en esta jurisdicción.

   El 15 de marzo, en una audiencia ante el Juez Scola, en la que los abogados de Saab pretendían desocupar la orden que le confiere el estatus de fugitivo, y una moción de la defensa para impugnar la acusación el juez Scola escuchó los argumentos de las dos partes. Los abogados de Saab Alexander J. Kramer, Kurt K. Lunkenheimer insistieron que su cliente tiene inmunidad diplomática y que los Estados Unidos estaba violando la Convención de Viena.

   El juez Scola dijo en su escrito que la Corte no se inclina por las circunstancias que la defensa estableció en la moción. Este caso no es como el de Noriega, en el cual el tribunal no tenía expectativas que apareciera. "Con Saab hay una extradición en proceso que hasta el momento permite pensar que será enviado a los Estados Unidos para comparecer ante la justicia".

La petición de la defensa

  En un documento de 24 páginas, los abogados del escritorio jurídico Baker & Hostetler, David B. Rivkin, Jr., Lee A. Casey, Jonathan R. Barr,  Kendall E. Wangsgard y Richard B. Raile sostienen que los Estados Unidos tienen obligaciones con las normas internacionales y la Ley de Relaciones Diplomáticas y por ello los tribunales del país deben adherirse a los deberes que las mismas imponen.
  La defensa argumenta que Alex Nain Saab Moran es un diplomático de Venezuela y fue arrestado por insistencia del gobierno de Estados Unidos en Cabo Verde, mientras se encontraba realizando una misión humanitaria para obtener medicamentos y suministros para la batalla de Venezuela contra el Covid-19.

 "Saab permanece detenido y su misión no fue cumplida. Esto no debería haber ocurrido porque las autoridades de Venezuela lo designaron como enviado especial, y el gobierno de Irán lo aceptó como tal. El precedente del Undécimo Circuito confirma que este estado conlleva inmunidad diplomática".

   Agrega la defensa en el documento que "Un defecto legal igualmente fundamental es que la acusación no alega ningún interés suficiente de Estados Unidos para justificar juzgar al Sr. Saab aquí [Florida], cuando todos los supuestos actos de su parte ocurrieron en el extranjero".
  
  "El gobierno alega una conspiración de ciudadanos extranjeros que actúan fuera de los Estados Unidos para sobornar al Gobierno venezolano en relación con un proyecto de construcción de viviendas en Venezuela",  y añaden que "Saab niega estas acusaciones, pero la Corte no necesita llegar a ninguna pregunta de hecho para desestimar este caso". 

    La defensa sostiene que el delito determinante fundacional de esta supuesta conspiración de lavado de dinero es una disposición de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) que se aplica sólo a un ciudadano extranjero que comete prácticas corruptas "mientras se encuentran en el territorio de los Estados Unidos". 

   Asegura que "Saab es un ciudadano extranjero que no ha puesto un pie en este país en ningún momento relevante". Mientras tanto, “el debido proceso requiere "al menos algún contacto mínimo entre un Estado y el sujeto regulado", acotan.

  Saab solicita respetuosamente al Tribunal que desestime la acusación en su contra" sostiene la defensa.

  En las argumentaciones, la defensa recuerda que la Ley de Relaciones Diplomáticas (DRA) establece que cualquier acción o procedimiento iniciado contra un individuo que tiene derecho a inmunidad con respecto a tal acción o procedimiento bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, bajo la sección 254b o 254c de este título, o bajo cualquier otra ley que extienda los privilegios e inmunidades diplomáticos será derogada.

  Explica que dicha inmunidad podrá establecerse por moción o sugerencia de o en nombre del individual, o según lo permita la ley o las reglas de procedimiento aplicables, ya que la inmunidad diplomática priva a los tribunales federales de la jurisdicción de la materia, los tribunales tienen “una obligación afirmativa que debe ser considerada para una acusación de este tipo.

  Una acusación debe contener una “declaración de los hechos esenciales que constituyen el delito cargado y debe ser desestimado si, entre otras cosas, “no declara una ofensa ”, sostiene la defensa en la moción interpuesta en al corte.