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martes, 10 de mayo de 2022

Expresidente de Honduras se declaró no culpable de cargos de narcotráfico ante un juez de NY, defensa denuncia que JOH es tratado como un terrorista

  La defensa denunció ante el juez que al exmandatario se le están violando los derechos, incluyendo la posibilidad de comprar comida en el comisariato, consultar correos electrónicos, llamar a su familia, hacer ejercicios una hora al día y hablar con sus abogados para preparar su juicio.

Por Maibort Petit

  Durante la primera audiencia presencial del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York., el ex-mandatario se declaró no culpable de los cargos interpuestos en su contra por el gobierno de los Estados Unidos que incluyen conspiración para narcotráfico y dos de uso de armas.

      El exmandatario llegó a la sala del juez Kevin Castel vistiendo un uniforme de presidiario color azul, una camiseta y zapatos deportivos naranja. Se le veía sereno, pálido y bastante delgado. Cuando el magistrado le preguntó si se declaraba culpable o no culpable, en español dijo: "No culpable su señoría".

     En el marco de la audiencia el abogado de Hernández, Raymond Colón denunció ante el juez lo que la defensa considera una violación de los derechos del ex-mandatario, al señalar que es tratado como un terrorista a pesar que en este caso no hay violencia. En ese sentido,  afirmó que no sabía por qué Hernández está en una celda aislado las 24 horas del día, no se le permite hacer ejercicios, el sistema rechaza el dinero que la defensa le deposita para que pueda comprar comida en el comisariato de la cárcel, no puede llamar a su familia como el resto de los recluidos en el Centro Metropolitano de Brooklyn, y no puede leer correos electrónicos ni reunirse con la defensa para prepararse para el juicio.

   El magistrado Castel ordenó a los fiscales tomar nota de toda la denuncia y presentar un reporte ante su despacho en 7 días, aclarando que las condiciones descritas por el abogado Colón no representan la esencia del sistema de justicia de Estados Unidos, ni del gobierno, prometiendo que todo acusado tiene derecho a los beneficios denunciados y a ser tratado con respeto, tal cual lo establecen las leyes del país.

   El juez también ordenó a los fiscales preparar las evidencias del caso que incluyen grabaciones de reuniones, documentos, datas extraída de aparatos electrónicos, información sobre redes sociales y otras evidencias fuertes. El descubrimiento (evidencias del caso) deben ser entregadas a la defensa en 60 días, y las mismas deben incluir pruebas que ayuden a exculpar al acusado.


 ya había comparecido virtualmente a la presentación inicial ante un juez accidental de Manhattan, cuando fue extraditado a los Estados Unidos. Mañana, el juez del caso Kevin Castell leerá el expediente en el que se describen los detalles de la acusación contra Hernández, acusado de haber formado parte de una conspiración para enviar cocaína a suelo estadounidense, utilizando para ello su poder político como jefe de Estado.


    Una vez concluyó la audiencia, Hernández agradeció a sus abogados y saludó a los presentes en la sala levantando el brazo. De manera poco regular, algunos activistas que estaban en la sala gritaron insultos contra el exmandatario sin que hubiese un llamado de atención por parte de los alguaciles de la corte. 

     Una vez fuera de las instalaciones, el abogado de JOH, explicó que estaban realizando los trámites para solicitar una fianza ante el tribunal, para lo cual se requiere que se presenten los documentos de las propiedades de los garantes, que forman parte de la comunidad judía de Honduras y de Nueva York.

    La defensa de Hernández informó que "está preparada para desmontar las acusaciones de los fiscales federales, y que para ello están elaborando una investigación detallada de los testigos de la fiscalía, que en su mayoría son narcotraficantes extraditados cuando JOH era presidente".

La estrategia de la defensa

  Tan pronto el nombre de Juan Orlando Hernández surgió en anteriores procesos judiciales que tuvieron lugar en 2019 en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, este comenzó a negar la veracidad de las afirmaciones que testigos del gobierno habían expresado en dichos juicios.

  JOH sostiene que los señalamientos en su contra no son más que una “venganza” de los narcotraficantes que fueron extraditados a Estados Unidos durante su gobierno.

  En aquel entonces escribió en su cuenta personal en la red social Twitter: "Ahora vean como delincuentes confesos que han cometido los peores crímenes, expolicías depurados, políticos buscando venganza, (los narcotraficantes) buscando que les rebajen sus penas dicen y dirán cualquier bajeza para sacarse clavos y obtener, entre otros, beneficios en sus sentencias".

  Durante el juicio de Juan Antonio Hernández Alvarado, el fiscal federal, Jason A. Richman, le dijo al jurado que JOH había recibido un millón de dólares como contribución de Joaquín “Chapo” Guzmán a su campaña electoral. La defensa de Hernández ha referido que el abogado de Guzmán negó esa afirmación del fiscal en unas declaraciones publicadas en The New York Post.

   De hecho, el defensor de Guzmán, Jeffrey Litchman calificó en 2019, en el marco del proceso contra su cliente que se desarrolló en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que la acusación contra JOH era mentira.

  “No hay ningún testimonio de que el Chapo Guzmán haya sobornado al presidente de Honduras”, dijo Lichtman. “En todo caso, lo hizo uno de los testigos del gobierno y su gran grupo de cooperadores”(1).

  Otro argumento que ha esgrimido a su favor JOH y que seguramente será un elemento usado por la defensa, es el hecho de que la Constitución Política de la República de Honduras de 1982, establecía en su artículo 102 que “Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero”[7], siendo él durante su gestión como presidente del Congreso, quien promovió la reforma constitucional que permitió la entrega de narcotraficantes a Estados Unidos. Asimismo, ya en el ejercicio de la presidencia de Honduras, JOH aprobó la extradición de 32 narcotraficantes, aunque efectivamente se extraditaron 31, pues uno deberá purgar primero condena en Honduras para luego ser entregado a la justicia de EE. UU. Esto podría haber sido simplemente un método de sacar de en medio a competidores y rivales, han alertado algunos analistas consultados.

  Voceros de la defensa de Hernández han señalado extraoficialmente que la Fiscalía estadounidense subirá, aproximadamente, 32 testigos al estrado para sustentar su acusación más allá de la duda razonable. Se adelantado además que los defensores del hondureño buscará enfrentarlas con la declaración de 16 testigos.

  Apuntar al descrédito de los testigos del gobierno sería el objetivo de los abogados Colón y Pérez, toda vez que el principal de los convocados de la fiscalía sería quien, igualmente, ha jugado un papel estelar en anteriores causas, a saber, Devis Rivera Maradiaga, exlíder de Cartel de Los Cachiros, como también lo serían los hermanos Valle Valle, quienes presentan un amplio prontuario criminal.

  Poner en duda ante el jurado tales testimonios recordando, por ejemplo, que el propio Rivera Maradiaga admitió en corte su participación en el asesinato de más de 75 personas, seguramente será la estrategia y el objetivo de los abogados cuando enfrenten en el estrado las afirmaciones de los testigos.

  Colón dijo a los periodistas a las afueras de la corte que la defensa estaba  lista para desmentir los señalamientos que en contra de JOH esgrimen los fiscales.

  Colón aseguró que "tienen todo preparado para tratar de desvirtuar frente a los jueces en una primera parte la acusación de los narcotraficantes contra Hernández indicando que se trata de una venganza".

Los testigos de las partes

  Uno de los testigos que presentará la fiscalía en este caso es el líder del violento cártel hondureño conocido como los Cachiros, Devis Rivera Maradiaga que ha participado como testigo cooperante del gobierno en los principales casos de narcotráfico de Honduras, incluyendo el de Fabio Lobo, hijo del expresidente, Pepe Lobo y Juan Antonio Hernández, hermano del expresidente, Juan Orlando Hernández, ambos sentenciados en Nueva York por delitos de narcotráfico.

  Ángel Martínez, un investigador privado de Estados Unidos, contratado por el despacho de abogados defensores de Juan Orlando Hernández, para investigar a los testigos de la fiscalía, ha sorprendido con algunas afirmaciones. Este investigador sostiene que el gobierno ha levantado su caso únicamente con el testimonio de narcos, algo que podría hacer tambalear la acusación ante el jurado, toda vez que la defensa se enrumbará a descalificar a los exlíderes de los Cachiros y el Clan Valle Valle.

  Y aunque luzca algo peregrina, Martínez ha dejado colar una tesis que asegura que la carta bajo la manga del gobierno sería Tony Hernández, a quien los fiscales estarían presionando para que acceda a testificar contra su propio hermano. “La clave de este juicio es convencer a ‘Tony’ Hernández porque si es el hermano que habla, el jurado lo va a ver desde otro ángulo, porque él puede salvarse o salvar a su hermano”[3].

   Por su parte, los abogados de Juan Orlando Hernández han indicado que mientras la fiscalía sentará en el estrado a testificar a delincuentes para poder respaldar su acusación, la defensa llamará a altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno estadounidense a objeto de que reiteren ante el jurado lo que muchas veces, en ocasiones anteriores, han asegurado acerca de su defendido.

  Y es que durante las administraciones de Barack Obama y Donald Trump, se calificó al entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, como un aliado de los EE. UU. y gran colaborador en materia de lucha contra el narcotráfico. La defensa, ha dicho, echará mano de información publicada por el Departamento de Estado y el Comando Sur de los Estados Unidos, que así lo certificarían.

Se juzgarán conductas y no opiniones

  Fuentes consultadas por Venezuela Política ven como un hecho muy poco probable el que la defensa pueda llamar a declarar en favor de JOH, a los expresidentes Obama y Trump, así como a los exsecretarios de estado, Hillary Clinton y Mike Pompeo, o al jefe del Comando Sur, quienes calificaron Hernández como un gran socio de los EE. UU. en materia de lucha contra el narcotráfico. Mucho menos al actual presidente, Joe Biden, quien ejerció como vicepresidente en gestión de Obama.

 Estas mismas fuentes advirtieron que aún cuando la defensa argumente que el propio gobierno estadounidense ha destacado el papel de JOH en la lucha contra el narcotráfico en otras ocasiones, y busque descalificar a los testigos del gobierno, será difícil que pueda rebatir los hechos y acciones en que habría incurrido el expresidente Hernández y que muy seguramente presentará la fiscalía como sustento del caso.

  No desestiman a rajatabla que el juez llame a los exaltos funcionario gubernamentales de EE. UU. a declarar, pero lo ven con muy poco probable. 

  La acusación contra JOH seguramente contendrá hechos concretos, específicos que son los que realmente conforman la base del caso contra con el expresidente hondureño. Es el comportamiento de Juan Orlando Hernández lo que se juzgará en el Tribunal del distrito Sur de Nueva York, no las opiniones sobre él. Subrayan que, en todo caso, lo que quedaría en evidencia es la doble vida de Hernández, quien a modo de mampara habría exhibido una conducta ante sus homólogos y el gobierno de EE. UU., mientras que al mismo tiempo llevaba a cabo los actos por los cuales ahora se le juzgará.

  En todo caso, nuestras fuentes expertas advierten que esta no sería la primera vez que la justicia de EE. UU. siente en el banquillo de los acusados a antiguos aliados, tal fue el caso de Manuel Noriega, ex-dictador de Panamá.

  Lo que sí no descartan estas fuentes es que este juicio sirva para ponderar y censurar la poca previsión de las pasadas administraciones a la hora de emitir sus reconocimientos.

    El juez Castel fijó como probable fecha del juicio el 17 de enero de 2023. Pidió a las partes que dejarán el calendario abierto para que en la fecha por él seleccionada se inicie la selección del jurado que tendrá la responsabilidad de juzgar a un expresidente que jugó un rol protagónico en las alianzas de EE. UU. en los países del triángulo norte para la lucha contra el narcotráfico en la región. 

Cazador cazado.

[1] EFE. “Hernández atribuye a venganza la denuncia de que usó dinero del narcotráfico”. 4 de agosto de 2019. https://www.efe.com/efe/espana/mundo/hernandez-atribuye-a-venganza-la-denuncia-de-que-uso-dinero-del-narcotrafico/10001-4036843

[2] Venezuela Política. “Fiscalía de EE. UU. asegura que el presidente de Honduras recibió un millón de dólares para su campaña de Joaquín El Chapo Guzmán”. 2 de octubre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/10/fiscalia-de-ee-uu-informa-que-el.html

[3] Justia Honduras. Constitución Política de la República de Honduras de 1982. https://honduras.justia.com/federales/constitucion-politica-de-la-republica-de-honduras-de-1982/titulo-iii/capitulo-ii/



martes, 29 de marzo de 2022

Por orden del Tribunal se restringirá la información durante el juicio contra Álex Saab que se celebrará en octubre 2022

  El pedido lo formuló la fiscalía del Distrito Sur de la Florida al juez de la causa. La audiencia de argumentos orales del caso de apelación se realizará el 4 de abril.

Por Maibort Petit

   El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Robert N. Scola Jr., ordenó la restricción de la información que se divulgue sobre el juicio a Álex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, cuyo inicio pautó recientemente para el 11 de octubre del presente año 2022.

  La orden responde a un pedido del gobierno en razón al interés y el carácter mediático que reviste el caso tanto en el estado de la Florida como en el extranjero, por lo que pidió la aplicación de la regla local 77.2 en este juicio.

   Recientemente, el 14 de marzo, el magistrado también había ordenado, luego de revisar las mociones el 22 de diciembre de 2021, el juez adelantó la fecha de la apelación para la semana del 4 de abril de 2022. En tal sentido, dado el estado tentativo del calendario, concedió una contra-moción para agilizar el argumento y eliminar la apelación del calendario tentativo antes de la reprogramación.

Orden de protección

  El 21 de marzo de 2022, Robert N. Scola Jr., juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, dictó una orden de protección para asegurar el cumplimiento de la regla local 77.2, en atención a una moción sin oposición presentada por la fiscalía.

  Instruyó el magistrado para que las partes revisen y cumplan la Regla Local 77.2 en lo atinente a sus obligaciones con respecto a la divulgación de información en procesos penales.

  Ordenó que tanto los abogados del gobierno, como los del acusado, informen de inmediato cualquier infracción conocida de la Regla Local 77.2 y la orden del Tribunal al Tribunal.

Orden de programación

   El 16 de febrero de 2022, Roberto N. Scola Jr., juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, encontrándose en una conferencia de estado, emitió una orden de programación que estableció la realización de la conferencia sobre el estado de la apelación pendiente ante el Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. para el 10 de junio de 2022 a las 8:30 a. m. Advirtió que, ser necesario, se aceleraría la celebración de la conferencia sobre el estado a pedido de las partes. Igualmente instruyó para que el acusado se encuentre presente en la misma.

  También el juez Scola manifestó que los intereses de la justicia atendidos por una prórroga superan cualquier interés del público o del Acusado en un juicio rápido. De allí que indicó que el período de demora resultante de esta continuación, es decir, desde la fecha de la conferencia de estado, 16 de febrero de 2022 hasta el 11 de octubre de 2022 C, será un tiempo excluible según la Ley de juicio rápido.

   Del mismo modo, Roberto N. Scola Jr. fijó para el 11 de octubre de 2022 a las 9:00 am el juicio con jurado en la sede del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, el cual tendrá una duración de dos semanas. Precisó que se realizará una convocatoria de calendario el martes 4 de octubre de 2022 a las 9:00 am en el mismo lugar, requiriéndose que todos los abogados y el acusado estén presentes en la llamada.


 

martes, 4 de enero de 2022

Corte de Apelaciones revisará recurso de Álex Saab en abril de 2022

   En el Corte de Distrito hay una audiencia fijada para el 16 de febrero de 2022, ahora aludiendo una supuesta cuarentena del acusado que evitaría que se reuniera con los abogados. 

Por Maibort Petit

   Un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos Undécimo Circuito de Atlanta, Georgia, revisará el recurso de apelación interpuesto por Álex Saab Morán en la semana del 4 de abril de 2022 en Miami, Florida, de acuerdo a la decisión tomada por las autoridades de la corte.

   La programación se dio a conocer en un memorando fechado el 22 de diciembre de 2021, suscrita por Jennifer Tubbs, supervisora de sesiones de la Corte de Apelaciones.

  En la comunicación dirigida a los defensores de Saab y otros, se señala que las audiencias del tribunal se llevarán a cabo de martes a viernes de la semana que se inicia el 4 de abril. Posteriormente, los abogados recibirán un calendario final, aproximadamente en 6 u 8 semanas antes de la sesión, donde se indicará una fecha específica para exponer los argumentos orales.

  La defensa de Saab está representada por los abogados David Rivkin, David B. Rivkin Jr., Lee A. Casey, Elizabeth P. Foley, Richard B. Raile, Jenna M. Lorence, todos del bufete Baker & Hostetler LLP.

  Se advierte en la comunicación que, después de que se asigna una apelación a un día específico para la argumentación oral, cualquier cambio o adición del abogado en la apelación, requiere autorización de la corte.

La razón de la apelación

   El recurso de apelación interpuesto por Álex Saab requiere que la Corte de Apelaciones suprima el fallo de un juez de primer circuito que desestimó el argumento de que el acusado no podía pedir la desestimación de la acusación porque para la fecha se encontraba en estatus de fugitivo. 

   Los abogados de Saab pidieron a la corte la desestimación de los cargo debido a que el considerado testaferro de Nicolás Maduro no puede ser detenido ni juzgado porque posee inmunidad diplomática en razón a su cargo de encargado de asuntos humanitarios ante el gobierno de la República Islámica de Irán y de Rusia por designación de la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente, los abogados pidieron la revisión del argumento de que el caso como tal generó víctimas legales de los delitos alegados en la acusación.

  La posición del gobierno de los Estados Unidos en este caso, es que Álex Saab, al ser un fugitivo, no podía enviar a terceros al tribunal para pedir que se desestimara su acusación, sino que debía estar físicamente en el tribunal. Asimismo, los fiscales sostuvieron que no existen víctimas legales de los delitos alegados en la acusación.

  La fiscalía sostiene que "no hay ninguna parte corporativa no gubernamental en este procedimiento, ni asociación de personas, formas, sociedades o corporaciones que tengan un interés en este caso o en el resultado de la apelación" y, por tanto, el tribunal debe desestimar la causa por carecer de fundamento.

Oposición al argumento de los fiscales

  Entretanto, los abogados de Álex Saab piden a la corte denegar la moción del Departamento de Justicia, porque la misma no se ajusta a derecho, pues "el único argumento del gobierno es que este caso es discutible, pero está equivocado".

   Esto significa que los fiscales alegan que el tribunal de Apelaciones debe denegar el recurso a la defensa porque el argumento de que Saab no puede ser detenido ni juzgado porque tiene inmunidad no fue discutido en la corte de distrito porque él no estaba presente. Por ende, piden a los jueces que nieguen el recurso porque el tema de la inmunidad diplomática no fue tratado en el fallo, pero si puede ser discutido ahora que Saab está presente. 

  La defensa piensa todo lo contrario y ha empujado a los jueces para que decidan que el tema de la inmunidad diplomática de Saab si puede ser discutida por los jueces de apelaciones, porque ya hay jurisprudencia que dice que las cortes de segundo circuito si pueden decidir sobre la materia.

  Agrega la defensa, que la posición de los fiscales se contradice cuando señalan que "el caso es discutible solo si ya no presenta una controversia viva con respecto a la cual el tribunal puede dar una reparación significativa".

  La defensa argumenta que es evidente que este Tribunal puede ofrecer un alivio significativo en este caso, puesto que el apelante, Álex Nain Saab Morán, está preso en un centro de detención federal de Miami y eso no debería ocurrir porque él goza ampliamente de inmunidad diplomática, para lo cual, de hecho tiene los comunicados públicos que así lo ratifican de Rusia e Irán.

"Si prevalece esta apelación, su afirmación de absoluta inmunidad diplomática contra el arresto y el juicio, será liberado de la prisión y se le permitirá continuar en su misión diplomática. Por lo tanto, esta Corte puede y, sobre la base de su propio precedente vinculante, debe brindar el alivio más significativo e impactante que se pueda imaginar".

  Los abogados van más allá y sostienen que "las afirmaciones contrarias del Gobierno intentan confundir más que persuadir. Sostiene que debido a que la cuestión de la privación de derechos de fugitivo en esta apelación ahora es discutible, toda la apelación es discutible".

  No obstante, lo discutible de un tema no equivale a lo discutible de todo el caso", acotan.

  Aseguran que "el Gobierno también sostiene que el tribunal de distrito no llegó a la afirmación de inmunidad del Sr. Saab y debería tener la oportunidad de abordar esa cuestión de derecho en primera instancia".

  Los abogados argumentan que la posición de los fiscales "confunde el estándar de la prisión preventiva discrecional con la cuestión jurisdiccional de la discutibilidad" y aseguran que el tribunal de apelaciones tiene jurisdicción sobre esta apelación, independientemente de cómo elija finalmente ejercer su discreción.

  La fiscalía y la defensa coinciden en que es fundamental una pronta resolución de esta Corte sobre el fondo para poder tomar decisiones en el caso. "La forma de lograr este objetivo no es a través de un fallo jurisdiccional de inadmisibilidad, sino más bien mediante expedición de argumentos y decisiones".

  En ese sentido, los abogados de Saab propusieron una moción ante la corte que busca realizar movimientos cruzados para acelerar la discusión y la decisión del caso. "Este caso está completamente informado y listo para la revisión de este Tribunal".

  La defensa pide a la Corte denegar la moción del Gobierno o llevarla con el caso, así como también, programar las actividades para la próxima fecha disponible para el argumento y acelerar su decisión final.

Antecedentes del caso

   La defensa sostiene que Álex Saab "es diplomático de Venezuela.  Fue arrestado ilegalmente en Cabo Verde mientras se encontraba en una misión diplomática humanitaria en Irán para obtener alimentos, combustible y suministros para ayudar a Venezuela en su lucha contra Covid-19".

  Continúan señalando que el arresto de Saab se produjo a pedido de Estados Unidos, en razón de una orden de detención emitida por el tribunal de distrito.

  Agregan que "Rusia e Irán han reconocido públicamente el estatus del Sr. Saab como diplomático venezolano, y las Naciones Unidas, la Unión Africana y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental han pedido un diálogo diplomático para resolver este disputar y honrar la inmunidad diplomática del apelante [Saab].”

"El Sr. Saab ha afirmado inmunidad durante todo este caso, sin embargo, permanece detenido hasta el día de hoy”.

  La defensa sostiene que Saab se opuso a la solicitud de extradición del Gobierno ante un tribunal de Cabo Verde. Paralelamente a estos esfuerzos, el acusado se trasladó al tribunal de distrito para pedir autorización para presentarse en una comparecencia especial para impugnar la acusación por motivos de inmunidad diplomática y se adjuntó una moción de desestimación.

  Ante esa petición, la fiscalía argumentó en Miami, el año pasado, que Álex Saab era un prófugo de la justicia y, por lo tanto, no tenía derecho a impugnar la acusación, pero el demandado argumentó que la afirmación de la inmunidad diplomática de “cualquier forma de arresto o detención” e, incluso, desde la "jurisdicción penal" (Convención de Viena, 18 de abril de 1961, 23 UST 3227, arts. 29, 31) no es similar a un escape de la justicia y no lo convierte en un fugitivo.

"Dicho de otra manera, tratar al Sr. Saab como un fugitivo equivaldría a negar su inmunidad".

La denegación de la moción y la respuesta de Saab

  El 18 de marzo de 2021, el tribunal de distrito denegó la moción de Saab, sosteniendo que es obligación de este “comparecer físicamente en este distrito como el Gobierno lo ha solicitado repetidamente”, antes de afirmar la inmunidad de arresto, detención y enjuiciamiento.

  El tribunal de distrito invocó la doctrina de la privación de derechos de fugitivo, que “limita el acceso a los tribunales de un fugitivo que ha huido de una condena penal en un tribunal de los Estados Unidos”.

  La corte de distrito dejó en claro que Álex Saab puede impugnar la acusación una vez que "esté físicamente presente en esta jurisdicción" y por ello, "apeló oportunamente de esa orden bajo la doctrina de la orden colateral, que habitualmente se considera una base para apelar órdenes que frustran la afirmación coloreada de un defensor de un derecho a no ser juzgado".

  El 28 de mayo de 2021 la Corte solicitó la exposición informativa sobre la cuestión de si el tribunal tiene competencia apelativa por la orden de no llegar a la defensa de inmunidad de Saab.

  El 11 de junio, Saab dio una respuesta afirmativa a esa pregunta, citando una decisión del Séptimo Circuito que sostenía que las órdenes que declinan adjudicar un derecho a no ser juzgado por referencia a la doctrina de fugitivo-desautorización son apelables de inmediato.

  Mencionó un precedente de la Corte de Apelaciones de Atlanta que sostiene que las órdenes de “diferir un fallo” sobre una defensa de inmunidad son apelables de inmediato.

  El 6 de agosto de 2021, un panel de dos jueces del citado Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos Undécimo Circuito de Atlanta, emitió una orden llevando la cuestión jurisdiccional con el caso. Se indicó claramente que la cuestión jurisdiccional está lo suficientemente cerca de la adjudicación de méritos por parte de los méritos.

  Refiere que el escrito de apertura de Saab y el escrito de contestación del Gobierno se refieren tanto a la jurisdicción como a la desautorización de fugitivos; ambos discuten la doctrina de la inmunidad diplomática y las posiciones de las partes sobre su aplicación en este caso; ambos reconocen el principio de que el Tribunal a veces se niega a abordar cuestiones preservadas, pero no transmitidas en el tribunal de distrito; y ambos reconocen que esta doctrina es prudencial, no jurisdiccional.

   Saab estima que la Corte debería abordar la cuestión de la inmunidad y reivindicarla con su indiscutible inviolabilidad frente al arresto y desestimar directamente la acusación. 

  El Gobierno argumentó que la Corte debería (si se encontraran en su contra por la desautorización de fugitivos) remitir el caso al Tribunal de distrito para que juzgue la afirmación de inmunidad en primera instancia.

Las partes acuerdan que Álex Saab ya no es un fugitivo.

   Saab se centra en las razones por las que la Corte debería ejercer su facultad discrecional para resolver su defensa de inmunidad diplomática y por qué debería mantener esa defensa y ordenar la desestimación de la acusación con fecha el 4 de noviembre de 2021.

   Advierten que "el proceso de extradición fue, desde un principio, muy irregular, que culminó con la destitución del Sr. Saab antes de que se agotara el proceso judicial en Cabo Verde".

  La defensa se remite a la jurisprudencia para sostener que "el Tribunal puede otorgar la reparación más eficaz imaginable: una orden que transfiera al Sr. Saab del encarcelamiento a la libertad total".

  Saab no pide ser considerado competente para ser juzgado, sino que reclama "el derecho a no ser llevado a los tribunales en absoluto". Un pedido que estiman que la Corte de Apelaciones está en capacidad de brindar.

  El reclamo de inmunidad de Saab depende de su condición de diplomático, y el Gobierno expresado nada que comprometa esa condición desde que se presentó la apelación. 

  Saab solicitó a la Corte determinar, no solamente que él no es un prófugo, sino también que su condición de diplomático lo inmuniza de ser enjuiciado.

  La defensa estima que existen razones imperiosas para que la Corte ejerza su facultad discrecional de abordar su inmunidad en primera instancia en apelación, como tiene derecho a hacerlo.

   Aseguran que, hasta la fecha, el gobierno no ha identificado ninguna prueba que refute el hecho incontrovertido de que Álex. Saab es un diplomático de Venezuela acreditado ante Irán.

  La defensa de Saab manifestó su acuerdo en que no es deseable una apelación prolongada y, por lo tanto, realiza movimientos cruzados para acelerar la discusión y la decisión.

  Los abogados de Saab advierten que la fiscalía de manera tardía y repetidamente, solicitó prórrogas de las sesiones informativas y no cumplió con uno de los plazos establecidos por la Corte. Y ahora, casi seis semanas después de la extradición y comparecencia inicial de Saab en el tribunal de distrito, presenta esta moción dilatoria de desestimación, que solo puede retrasar aún más la resolución de esta apelación.

  La defensa cree que el Tribunal debe conceder la contra-moción del Saab para acelerar, ordenar al secretario del tribunal que programe este caso para la próxima fecha de discusión disponible y resolver esta apelación lo antes posible.

Lo que dice el gobierno

   Por su parte la fiscalía solicitó al tribunal desestimar la apelación de Álex Saab pues, como sostiene, en el caso supuesto de exista jurisdicción en virtud de la doctrina de la orden colateral para abordar los méritos de la sentencia de privación de derechos de fugitivo del tribunal de distrito, se trata de una cuestión que ahora es indiscutiblemente discutible. Para el gobierno, sí Saab tiene derecho a la inmunidad diplomática de enjuiciamiento no es materia de la corte de apelaciones.

  El gobierno tampoco cree que sea necesario un argumento oral para resolver esta moción de desestimación, si se opta por llevar la moción con el caso y programar la apelación. La fiscalía no se opone a la solicitud de Saab de que se acelere la argumentación y la decisión.

  Estima la fiscalía que el Tribunal debería desestimar la apelación, porque la impugnación de Álex Saab a la decisión del tribunal de distrito sobre la privación de derechos de fugitivo es discutible ahora que ha sido extraditado a los Estados Unidos y compareció en el tribunal de distrito. También al hecho de que el gobierno cree que el Tribunal debería devolver la jurisdicción al tribunal de distrito para permitirle decidir sobre la solicitud de inmunidad diplomática de Saab en primera instancia.

   Al argumento de Saab de que no se requiere desestimación con relación al "problema de la privación de derechos de fugitivo en este caso es discutible", indicando que no se requiere la desestimación porque “lo discutible de un asunto no equivale a lo discutible de todo el caso”, la fiscalía no discute esta propuesta bien aceptada. Sin embargo, advierte que eso no significa que la Corte tenga una “obligación prácticamente inquebrantable”, para decidir sobre la solicitud de inmunidad de Saab en esta apelación interlocutoria. Asegura que se debe desestimar el pedido de Saab porque no se presentó debidamente ante la Corte y porque la reclamación de inmunidad diplomática no se desarrolló ni fue plenamente informada, no fue considerada por el tribunal de distrito, y por lo tanto no está bien planteada ante el tribunal de apelaciones.

  Recuerda el gobierno que el tribunal de distrito negó la moción de Álex Saab de anular una orden anterior que lo clasificaba como prófugo; y también le negó otra solicitud de autorización para presentarse a una comparecencia especial para impugnar la acusación. Al respecto, la fiscalía cree las partes están de acuerdo en que este aspecto de la apelación de Saab es discutible y debe desestimarse. Sobre lo segundo, estima el gobierno que el tribunal de distrito se limitó a pronunciarse sobre una solicitud de autorización para comparecer de manera especial, en el contexto de un caso en el que el acusado aún no había comparecido.

   Subraya el gobierno que el tribunal de distrito no se pronunció sobre la moción para desestimar o negar a Saab la oportunidad de obtener un fallo inmediato una vez que compareció, por lo que se debería permitir que lo haga ahora en primera Instancia.

   En tal sentido, el gobierno considera cualquier apelación con respecto al reclamo de inmunidad diplomática de Saab, en este momento es prematura. Y por esa razón, no es una cuestión de discusión y la Corte de Apelaciones debería desestimarla.

   Igualmente, considera erróneo el argumento de Álex Saab de que la Corte no debería desestimar su apelación porque si ejerciera su discreción para abordar su reclamo de inmunidad diplomática en primera instancia y fallar a su favor, le estaría brindando “la reparación más eficaz imaginable: una orden que lo transfiere del encarcelamiento a la completa libertad”.

   El gobierno responde a la queja de Saab por estar "detenido en un centro de detención federal en Miami sin derecho a fianza", advirtiendo que este no menciona que ni siquiera ha solicitado la libertad previa al juicio en el tribunal de distrito. Indicaron los fiscales que sí Saab cree que tiene derecho a una fianza, que presente una solicitud de este tipo en el tribunal de distrito.

  Del mismo modo, el gobierno cree que la corte debe desestimar la apelación del reclamo de inmunidad diplomática por ser prematuro, dado que el tribunal de distrito aún no se ha pronunciado al respecto.

  Por último, el gobierno se remite a lo expresado por Álex Saab en el sentido de que las partes “están de acuerdo en que es fundamental una pronta decisión de esta Corte sobre el fondo” y advierte que tergiversa la posición de la fiscalía. “Aunque el Gobierno solicitó a este Tribunal que desestime la apelación de Saab ‘rápidamente para devolver la jurisdicción al tribunal de distrito’, (…) el argumento del Gobierno desde el inicio de esta apelación es que este Tribunal no necesita, y no debería abordar los méritos de esta apelación en absoluto. Mas bien, el Gobierno ha argumentado que esta apelación debe ser desestimada tanto por falta de jurisdicción como por la doctrina de la controversia”.

Juez del primer circuito cambia la audiencia


   Por otro lado, el juez Robert N. Scola anunció el cambio de la audiencia que estaba prevista para el viernes 7 de enero para el 16 de febrero, argumentando que  Saab tendría que pasar 14 días en cuarentena si la audiencia se llevara a cabo el 7 de enero, como estaba previsto.

   El juez Scola alega que hay un incremento significativo de los casos de COVID-19 en el estado de la Florida 

“Teniendo en cuenta el aumento del COVID-19, si la audiencia se llevara a cabo el 7 de enero, el acusado tendría que estar en cuarentena durante 14 días después de la audiencia, lo que interferiría con su capacidad para consultar con un abogado”, señala el fallo del juez.


 

miércoles, 24 de noviembre de 2021

Juez fija para el 6 de diciembre audiencia de procedimiento (presencial) de Álex Saab

Por Maibort Petit

  En una orden firmada por el Juez de Distrito, Robert Scola anunció que la audiencia presencial de Álex Saab, considerado testaferro de Nicolás Maduro, será el día 6 de diciembre en la Corte del Distrito Sur de la Florida en Miami.
   La orden dice que se otorga la moción 73, solicitada la defensa, para que se adelante la audiencia de Álex Nain Saab Morán para discutir un cronograma razonable para los procedimientos del juicio. La cita inicial estaba prevista para el 28 de diciembre de 2021.

  El tribunal fijó el inicio del juicio para el 3 de enero de 2022, durará dos semanas.

   La audiencia del 6 de diciembre estará presidida por el Magistrado Scola.

  Álex Saab está acusado de un sólo cargo de conspirar para lavar dinero en el sistema financiero de los Estados Unidos.

  En la última audiencia del caso, Saab se declaró no culpable y accedió ir a un juicio con jurado.

   La fiscalía general de los Estados Unidos retiró siete cargos de la acusación original relacionados con delitos de lavado de dinero luego de llegar a un acuerdo con el gobierno de Cabo Verde para concretar su extradición el pasado 16 de octubre del 2021.

   El fiscal Kurt Lunkenheimer, en una moción luego de la presentación inicial del acusado ante la corte, solicitó solo dejar el cargo por conspiración para el lavado de dinero, con el fin de evitar que Saab, de 49 años, pueda ser condenado a una pena superior a la máxima contemplada por las leyes del mencionado país africano (20 años).

   Saab enfrenta una condena de unos 20 años si es hallado culpable del único cargo que tiene en la corte de Miami, pena que puede ser reducida si hace un trato con la Fiscalía, que suele incluir delación de otros cómplices.

miércoles, 10 de noviembre de 2021

Bruce Bagley, el experto en crimen organizado que cedió a las tentaciones de Álex Saab, pide a la Corte sentencia de tiempo cumplido

   Mientras la defensa de Bruce Bagley  sostiene ante el tribunal que el acusado trabajó  para Álex Saab y recibió dinero de los negocios del colombiano con el régimen de Maduro en sus cuentas bancarias, Saab lo contradice al afirmar que no conoce ni ha trabajado con el profesor experto en crimen organizado internacional.

Por Maibort Petit 
  Quien recientemente revelara que, supuestamente, Álex Saab habría mantenido reuniones con fuerzas del orden de los Estados Unidos para suministrar información sobre el régimen de Nicolás Maduro antes de ser acusado en 2019, Bruce Bagley, solicitó, a través de sus abogados al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, próximo a dictarle sentencia el 16 de noviembre, que la misma se imponga en tiempo cumplido y no conforme a las directrices que corresponde de acuerdo al delito por el cual se declaró culpable ante un juez de Nueva York, donde admitió haber participado en una trama de lavado de dinero internacional por una superior que casi rondaba los USD 3 millones, derivados estos del pago de soborno recibido del empresario colombiano.
    La Fiscalía que lleva el caso solicitó 12 meses de prisión y ahora los abogados defensores piden que la sentencia sea equivalente al tiempo que ya ha pasado en reclusión, por lo que, en concreto, están pidiendo la liberación inmediata de su cliente.

   Las informaciones sobre Álex Saab, emitidas por Bagley, ex-profesor en la Universidad de Miami, experto en el tema de la delincuencia organizada, incluso, autor del libro “Tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en las Américas”, se produjeron a través de un Memorando de Sentencia presentado por sus abogados en el pedido formulado a la corte. Tales datos divulgados por la defensa de Bagley, refieren que Álex Saab se reunió con agentes federales de los EE. UU. entre ellos la DEA, para conversar aspectos del gobierno venezolano a la cabeza de Nicolás Maduro. Esto habría ocurrido en Colombia y en países de Europa, antes de que fuera acusado en 2019.
    Lo que sigue siendo un misterio es el contenido de los encuentros, pues mientras unos suponen que Saab habría ofrecido información importante sobre las actividades ilícitas del régimen venezolano, otros alertan que sólo habrían sido intentos del colombiano por conocer sobre las investigaciones que el gobierno estadunidense había abierto en su contra. 

   En un comunicado difundido por  el abogado de Saab, David Rivkin, este negó rotundamente que su representado hubiera cooperado con las autoridades de EE. UU. alguna vez. En la misma tónica, Baker Hostetler, otro abogado de Saab, aseguró que su cliente no ha entregado información de Nicolás Maduro al gobierno estadunidense. "En todo momento, Alex Saab Morán ha sido un ciudadano leal de Venezuela y ha llevado a cabo todas sus actividades con el pleno conocimiento y la bendición del gobierno de Venezuela. (...) Cualquier afirmación de que ha cooperado con las autoridades estadounidenses en contra de los intereses de Venezuela es totalmente falsa".
     A través del Memorando de Sentencia presentado por sus abogados al que también tuvo acceso Venezuela Política, Bagley pide clemencia al tribunal aduciendo su edad de 73 años, problemas de salud, que se trata de su primera condena penal, que la misma es por un delito no violento, así como su récord como investigador, mentor, profesor y conferencista.

  Refiere el memorando que Bruce Bagley “Ha dedicado sus considerables habilidades a compartir su conocimiento de las condiciones que producen la indigencia rural persistente en América Latina y ha enseñado métodos ilustrados para aliviar los patrones de pobreza arraigados allí. Las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos no reflejan estos y otros factores de sentencia convincentes planteados en 18 U.S.C. Sección 3553 (a)”.
   Subrayan que “El Dr. Bagley ya ha sufrido graves consecuencias colaterales como resultado de esta condena, incluida la lesión irreparable a su carrera, la mancha en su reputación y el estrés que afectó a la salud de su esposa durante el año anterior a su muerte. Una sentencia que incluya cualquier tiempo en prisión pondría en grave peligro la salud física y emocional del Dr. Bagley”, advierten.

   Entre sus alegatos, citan jurisprudencia (Pepper v. Estados Unidos) que señala el principio de que “el castigo debe ajustarse al delincuente y no meramente al delito” y que el “juez de sentencia [debe] considerar a cada condenado como un individuo y cada caso como un estudio único en las fallas humanas que a veces mitigan, a veces magnifican, el crimen y el castigo que sobreviene”.
   Para argumentar su pedido de que no sean tomadas en cuenta las Pautas de Sentencia, los abogados de Bagley citaron a la Corte Suprema de Justicia en el caso de Nelson v. Estados Unidos, el cual estableció que “[l] os Lineamientos no sólo no son obligatorios en los tribunales de sentencia; tampoco deben presumirse razonables”.

No a las tentaciones

  El memorando hace una extensa exposición sobre la vida del catedrático, sus diferentes luchas y aportes académicos, su trabajo durante 32 años en la Universidad de Miami, así como su historia familiar. También se hace referencia a sus reiteradas negativas a aceptar jugosos pagos por actividades poco cónsonas con la ética. Tal sería el caso ocurrido en 2014, cuando el gobernador colombiano, Kiko Gómez, ofreció pagarle USD 25.000 por escribir un informe que negara sus actividades con paramilitares dedicados a narcotráfico, cuando en realidad esto era cierto. Bagley entró en contacto con el gobernante colombiano a través de Jorge Luis Hernández, conocido con el alias de Boliche, con larga trayectoria como informante en Colombia para agentes antinarcóticos de Estados Unidos.
   Durante años, Boliche habría insistido ante el catedrático para participara como consultor de políticos latinoamericanos ligados con actividades delictivas, pero siempre se había negado, refieren los abogados de Bagley en el Memorando de Sentencia.

  “En 2018, Jorge Luis Hernández, Boliche, le presentó a Bagley una oportunidad de trabajo de consultoría de un candidato a la presidencia de Paraguay. Y se le ofreció un pago generoso pero el cliente lo dobló para incluir una comisión para él. Luego de una conversación telefónica con el posible cliente, Bagley decidió no aceptar porque no estaba claro que se esperaba de él, e inclusive con la misma agenda del candidato que no dejaba claro el plan, lo que le generó suspicacia (…) En 2019, Boliche se acercó a Bagley con otra oportunidad de ganar dinero como asesor de otro candidato presidencial de República Dominicana, Domingo Trujillo. En ese sentido, Bagley viajó a Nueva York para conocer a Trujillo y Boliche, como en las otras ofertas no se sintió cómodo y declinó la oferta”, se lee en el Memorando como ejemplo de la recta conducta del profesor universitario.
   Para ese entonces, ya Jorge Luis Hernández trabajaba como informante confidencial de la justicia estadounidense y una de las encomiendas de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York era vigilar las interacciones entre Trujillo y Bagley, Boliche documentaría las actividades ilícitas financieras del catedrático. Se indica en el memorando que en esa oportunidad el pago no iba a ser en efectivo, sino que se buscaba una vía que evitar exponerse criminalmente ante las autoridades de los Estados Unidos, pero Bagley declinó la oferta de involucrarse con Trujillo y esto enojó a “Boliche”.

Saab y Babley se conocen

   Finalmente, Bagley cedería a las tentaciones de “Boliche”, según lo deja ver el Memorando cuando refiere que Jorge Luis Hernández coordinó la presentación de Álex Saab con Bruce Bagley, cuando el primero ya estaba involucrado como operador de lavado de dinero del empresario colombiano. Entonces, Hernández ofreció un trabajo a Bagley que este aceptó durante un viaje que hizo a Colombia para reunirse con Saab y su hijo. El profesor universitario los asistiría con una carta que remitirían a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá para la aplicación de una visa.
    Para cumplir con tal cometido, Bagley viajó a Bogotá y consultó a la Embajada en varias oportunidades, pero la visa del hijo de Saab fue negada ante las preocupaciones que existían sobre las relaciones de su padre, Álex Saab, con el régimen venezolano. Bagley esperaba el pago por su esfuerzo, pero en virtud de que la visa de Álex Saab también fue negada, este último y “Boliche” le ofrecieron que trabajara como consultor.

    En específico, la propuesta de Saab a Bagley giraría en torno a un nuevo negocio en Guatemala. Saab le propuso un pago de USD 1.000 por hora a Bagley, el cual se limitaría a 20 horas por mes. También le pidieron que recibiera en Estados Unidos dinero adicional que sería transferido de una empresa.
    Se indica que nuevamente intentaron involucrar a Bruce Bagley con una nueva conspiración con Domínguez Trujillo de República Dominicana, pero nuevamente rechazó la oferta.

   La defensa de Bagley considera que la persecución de su cliente parece haber sido selectivamente deliberada. Refieren que el gobierno se acercó a Bagley para buscar asistencia en su investigación sobre Álex Saab y así involucrarlo.

   Sostiene la defensa de Bruce Bagley que este desconocía que el dinero que le transferirían a era el producto de la corrupción en Venezuela.

    En diciembre de 2018, Bagley confirmó que Saab no estaba acusado en los Estados Unidos ni en ningún otro país y que no aparecía reseñado en la OFAC y que fue contratado por Boliche y Saab para proveer servicios de consultoría, por lo que estimó que el dinero recibido su cuenta personal representaban el pago de dichos servicios.

La acusación

   En noviembre de 2019, Bruce Bagley fue acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, a través del fiscal Geoffrey S. Berman, quien lo señaló de abrir cuentas bancarias en instituciones financieras de los Estados Unidos con el objetivo expreso de lavar dinero para venezolanos corruptos.

   Específicamente, a Bagley se le imputaron tres cargos, uno por conspiración para cometer lavado de dinero, y dos por lavado de dinero de una operación que inició desde noviembre de 2017 y se extendió hasta abril de 2019. Cada uno de estos cargos implicaba una condena máxima de 20 años de prisión, algo que contrasta enormemente con la solicitud que ahora fórmula su defensa para que se le imponga una sentencia de tiempo cumplido.
    La acusación del Gran Jurado contra Bagley sostiene que, en el 2005, este constituyó una empresa en el estado de la Florida, a saber, Bagley Consultants Inc. en la que él y su esposa figuran como directores y que tuvo muy poca actividad en el periodo que va 2005 al 2006. El Departamento de Estado cerró administrativamente la cuenta de la compañía porque no se presentó un reporte anual de la misma en 2017.

   Bagley abrió una cuenta bancaria a nombre de la empresa en noviembre de 2016 en un banco de Weston, Florida y a partir de noviembre de 2017 empezó a recibir depósitos mensuales de cientos de miles de dólares de cuentas bancarias ubicadas en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos.

    La cuenta fue cerrada en octubre de 2018 por el propio banco ante las actividades sospechosas de la empresa. Bagley abrió una nueva cuenta en diciembre de 2018 en la que empezó a recibir las transferencias de fondos que, como las de la anterior cuenta, fueron registradas en la acusación.
  Todos estos movimientos que totalizaron casi USD 3 millones, supusieron las operaciones dirigidas a legitimar los fondos ilícitos de Álex Saab. Bagley se quedó con el 10 por ciento del dinero manejado a través de sus cuentas[4].

   Bruce Bagley fue arrestado en Miami el 18 de noviembre de 2019 y fue presentado ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, donde se le dieron a conocer los cargos que se le imputaban.

    El 19 de noviembre de 2019, Bagley salió en libertad condicional, luego de pagar una fianza de USD 300.000[5].

    El 1 de junio de 2020, ante el juez de Nueva York, Jed S. Rakoff, Bruce Bagley se declaró culpable de dos cargos de lavado de dinero[6].

  Desde entonces, Bruce Bagley espera porque se le fije sentencia, habiendo esta sido diferida en varias oportunidades. La última de estas citas establecida para el 18 de octubre del presente año 2021, fue cambiada para el 16 de noviembre existiendo la posibilidad de que sea nuevamente diferida[7].

Álex Saab afirma que no conoce a Bagley

   P or medio de un comunicado, la defensa de Álex Saab aseguró que es completamente “falso” que su cliente haya tenido contactos con agentes del gobierno de los Estados Unidos.
 
     En el comunicado de la defensa se señala que las actividades y encuentros que sostuvo el empresario colombiano contaban con la aprobación total del gobierno venezolano. Asimismo, plantea que Saab  no tuvo o ha tenido intenciones de colaborar con las autoridades del país norteamericano.

    La defensa sostiene que “cualquier afirmación de que haya cooperado con las autoridades estadounidenses contra los intereses de Venezuela es totalmente falsa. En todo momento, Alex Saab ha sido un ciudadano leal de Venezuela y ha realizado todas sus actividades con el pleno conocimiento y la bendición del gobierno de Venezuela”.

    Los abogados de Saab argumentan además que  "su cliente, Álex Saab afirma que nunca ha conocido a Bruce Bagley y que Bruce Bagley nunca ha trabajado para él de ninguna manera”.



REFERENCIAS

[1] El Heraldo. “Fiscalía pide año de prisión para estadounidense que lavó dinero de Alex Saab”. S/F. https://www.elheraldo.co/mundo/fiscalia-de-ee-uu-pide-ano-de-prision-para-estadounidense-que-lavo-dinero-de-alex-saab-864401



[2] AP News. “Aliado de Maduro se reunió con agentes EEUU antes de arresto”. 11 de noviembre de 2021. https://apnews.com/article/noticias-aa1390acad47709632fba0d3bb90189b



[3] El Heraldo. “Saab dice que no ha entregado información contra Maduro”. S/F. https://www.elheraldo.co/mundo/saab-dice-que-no-ha-entregado-informacion-contra-maduro-864569



[4] Venezuela Política. “EE. UU. acusa a un profesor experto en Crimen Organizado de lavar dinero proveniente de la corrupción en Venezuela”. 18 de noviembre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/11/profesor-experto-en-crimen-organizado.html



[5] Venezuela Política. “Profesor que lavó dinero en Miami de la corrupción en Venezuela salió en libertad tras pagar fianza de 300 mil dólares”. 20 de noviembre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/11/profesor-que-lavo-dinero-en-miami-de-la.html



[6] Venezuela Política. “En NYC: Profesor Bruce Bagley se declara culpable de lavado de dinero proveniente de la corrupción en Venezuela”. 1 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/en-nyc-profesor-bruce-bagley-se-declara.html



[7] Venezuela Política. “Tribunal de Nueva York cambia nuevamente fecha de la sentencia del Profesor vinculado al caso de Álex Saab”. 17 de octubre de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/10/profesor-vinculado-al-caso-de-alex-saab.html

jueves, 21 de octubre de 2021

EE. UU. acusa a cinco personas acusadas de lavado de dinero en relación con un presunto plan de soborno en Venezuela, José Gregorio Vielma Mora es uno de los señalados

Por Maibort Petit

   Un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida emitió una acusación formal el 7 de octubre, que fue revelada este jueves, acusando a tres ciudadanos colombianos y dos ciudadanos venezolanos por sus supuestos roles en el lavado de las ganancias de los contratos para proporcionar alimentos y medicinas a Venezuela que fueron obtenido a través de sobornos.

   Según documentos judiciales, Álvaro Pulido Vargas, alias "el alemán", Enrique Rubio Salas, alias "Cuchi", (de 57 años, de Colombia); José Gregorio Vielma-Mora, 55, (de Venezuela); Emmanuel Enrique Rubio González, (32, de Colombia); Carlos Rolando Lizcano Manrique, (50, de Colombia); y Ana Guillermo Luis, de 49 años, de Venezuela, fueron acusados ​​en una acusación por su presunto papel en el lavado de las ganancias de un esquema de soborno para obtener y retener contratos inflados a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), una entidad estatal venezolana. y un programa de distribución de alimentos y medicamentos controlado por el estado para el pueblo de Venezuela.

   La acusación formal alega que a partir de julio de 2015 o alrededor de esa fecha y hasta al menos 2020, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo conspiraron con otros para lavar las ganancias de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Antigua, Emiratos Árabes Unidos y en otros lugares hacia y a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos. 

  Según la acusación formal, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo y otros obtuvieron contratos con entidades gubernamentales venezolanas para importar y distribuir cajas de alimentos y medicinas en Venezuela a través del CLAP mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno venezolano, incluido Vielma-Mora. 

   Los acusados ​​y sus co-conspiradores inflaron a sabiendas los costos de los contratos para pagar los sobornos y enriquecerse injustamente. 

  La acusación también alega que los co-conspiradores ordenaron que se transfirieran fondos para promover el esquema de soborno mientras estaban en los Estados Unidos, y transfirieron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida. 

  Como resultado del plan, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano, Guillermo y sus co-conspiradores supuestamente recibieron aproximadamente $ 1.6 mil millones de la República de Venezuela y transfirieron aproximadamente $ 180 millones a través o hacia los Estados Unidos.

   Cada uno de los mencionados ​​está acusado formalmente de cinco cargos con un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro cargos de lavado de dinero. Si son declarados culpables, cada uno de ellos enfrenta una pena máxima total de 100 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. Y otros factores legales.

   El Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth A. Polite Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Interino Juan Antonio González para el Distrito Sur de Florida y el Agente Especial Interino a Cargo La Verne J. Hibbert de la Oficina de Campo de la DEA en Miami hicieron el anuncio este jueves a través de un comunicado oficial.

   Este caso fue investigado por la DEA Miami con la ayuda de la Oficina de Campo de Miami del FBI y la Oficina de Campo de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional.


  El abogado litigante Alexander J. Kramer de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal y el Fiscal Federal Auxiliar Kurt K. Lunkenheimer del Distrito Sur de Florida están procesando el caso. 


lunes, 18 de octubre de 2021

Saab de cara a la justicia: Juez niega libertad bajo fianza y tendrá que enfrentar el juicio en prisión

  La próxima audiencia se estableció para 1º de noviembre cuando el empresario deberá decidir si se declara culpable o inocente.

Por Maibort Petit

   El contratista colombiano, Álex Naim Saab Morán — señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro— se enfrentó este lunes 18 de octubre, por primera vez, con la justicia estadounidense, luego de su extradición desde la República de Cabo Verde a suelo norteamericano. Ante el juez John J. O’Sullivan, del Tribunal del Distrito Sur de Florida, escuchó los ocho cargos de lavado de dinero que se le imputan, así como la negativa del magistrado a otorgarle el beneficio de libertad bajo fianza.



   Previamente, el juez O’Sullivan le informó a Saab sus derechos y le consultó si aceptaba ser representado en la audiencia por un abogado de oficio, a lo cual accedió. La defensa del empresario recayó en el abogado Henry Bell.

  En la sesión, que tuvo lugar de manera virtual, con Saab desde la prisión federal donde se encuentra detenido, la primera acción de su abogado fue solicitar se le concediera a su representado la libertad bajo fianza. Bell  recordó que está pendiente una apelación sobre la supuesta inmunidad diplomática de su defendido.

  El magistrado negó la solicitud, pues acogió la advertencia de la fiscalía que alertó que el acusado presentaba “riesgo de fuga”.

   La próxima audiencia se fijó para el 1º de noviembre, cita en la que Álex Saab deberá decidir si se declara culpable o inocente.

La acusación

  El 25 de julio de 2019, Adriana Fajardo Orshan, para entonces fiscal del Distrito Sur de la Florida, presentó ante la corte homónima la acusación formulada por un Gran Jurado contra Álex Naim Saab Morán y su socio Álvaro Pulido Vargas, de dos cargos de lavado de dinero.

   La acusación que tiene que ver con violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y el Código de los Estados Unidos, Título 15, Secciones 78dd-1,  (FCPA), involucra en primer lugar a los acusados, por un lado, Álex Naím Saab Morán, ciudadano colombiano quien encaja en la definición de “persona” que este último instrumento legislativo hace; y a la Álvaro Pulido Vargas, alias el alemán Enrique Rubio Salas, también colombiano y con igual designación.

   Los co-conspiradores 1, 2 y 3, ciudadanos colombianos, quienes pasaron un. tiempo significativo en Miami, Florida, en el Distrito Sur de Florida. Los tres, igualmente, encajan en lo definido por el término de “persona” según la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3 (f) (l).

   Hace mención del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) de Venezuela; la extinta Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) organismo gubernamental venezolano que administraba el tipo de cambio controlado por el gobierno entre bolívares venezolanos y dólares estadounidenses; y la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB) uno de los cuatro componentes militares de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, encargados de desempeñar funciones de defensa civil militar para el gobierno de Venezuela, los cuales actuaban como un departamento, agencia e instrumentalidad del gobierno venezolano, tal como se utilizan esos términos en la FCPA.

El cargo de conspiración

  El primero de los cargos formulados contra Saab y Pulido es por Conspiración para cometer lavado de dinero, indicando que desde noviembre de 2011 hasta al menos septiembre de 2015, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, los acusados intencionalmente conspiraron y se pusieron de acuerdo entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para cometer un delito contra los Estados Unidos, tipificado en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 y 1957; a  saber:

a) transportar, transmitir y transferir a sabiendas un instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados Unidos hacia otro lugar del mismo, desde y a través de un lugar fuera de los EE. UU. con la intención de promover la realización de una actividad ilegal específica, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A); y

b) participar a sabiendas en una transacción monetaria a través de una institución financiera, afectando el comercio interestatal y extranjero con una propiedad derivada delictivamente por un valor superior a USD 10.000 que se deriva de una actividad ilegal específica, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957 (a).

  Se identifican las actividades ilegales: (a) delitos graves de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3; y (b) delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucren el soborno de un funcionario público y la malversación, robo y malversación de fondos públicos por y para beneficio de un funcionario público, según lo dispuesto en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (c) (7) (B) (iv).

   El objeto de la conspiración de Saab y Pulido y sus co-conspiradores fue enriquecerse ilícitamente mediante el pago de sobornos a funcionarios extranjeros venezolanos para así obtener ventajas comerciales indebidas, incluida la aprobación de documentos falsos y fraudulentos relacionados con la importación de bienes y materiales de construcción, así como el acceso al sistema de cambio de moneda extranjera controlado por CADIVI, para garantizar que los pagos se realizaran en dólares estadounidenses con base en facturas falsas y fraudulentas y documentos de bienes que nunca fueron importados a Venezuela.

El modus operandi de la conspiración

  Álex Saab, Álvaro Pulido y sus co-conspiradores actuaron de la siguiente manera para concretar la conspiración:

  En noviembre de 2011, Álex Naim Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas celebraron un contrato, a través de una empresa de su propiedad con el gobierno de Venezuela para construir viviendas de interés social. Solicitaron la asistencia de los co-conspiradores 1 y 2 para importar bienes y materiales de construcción y estos contrataron al co-conspirador 3, quien era un agente de aduanas independiente con experiencia en la importación de mercancías a Venezuela.

  Todos explotaron el sistema de rastreo de CADIVI utilizando un solo envío de bienes y materiales de construcción los cuales respaldaron con múltiples conjuntos de facturas y documentos falsos y fraudulentos que hicieron aparecer como nuevos envíos. En algunos casos, bajo la dirección del co-conspirador 3, los funcionarios del SENIAT y la GNB tomaron fotografías del solo envío efectuado en diferentes ubicaciones, para crear la falsa impresión de supuestos envíos múltiples.

  Saab, Pulido y los co-conspiradores necesitaban realizar pagos corruptos a funcionarios del SENIAT, GNB y CADIVI para asegurar su asistencia en la aprobación de facturas y documentos falsos y fraudulentos de bienes que nunca fueron importados a Venezuela. Para ello, discutieron entre sí para concretar el asunto.

   Saab, Pulido y los co-conspiradores 1, 2 y 3 hicieron y provocaron numerosos pagos corruptos, en efectivo y transferencias bancarias, al gobierno funcionarios del SENIAT, GNB y CADIVI para asegurar su asistencia en la aprobación de facturas y documentos falsos y fraudulentos de bienes que nunca fueron importados a Venezuela, pero fueron pagados por la intervención de estos últimos.

  Asimismo, en noviembre de 2011, Álex Saab, Álvaro Pulido, el co-conspirador 3 y un funcionario del SENIAT se reunieron en un hotel en Caracas, Venezuela, para coordinar los pagos corruptos relacionados con la importación de bienes y materiales de construcción relacionados con el Contrato de Vivienda.

  El 5 de marzo de 2014 y, luego, el 9 de marzo de 2014, los co-conspiradores 1 y 3 se reunieron en Miami para discutir el estado de los pagos corruptos a funcionarios del gobierno venezolano. Poco después, el co-conspirador 1 llamó a Álvaro Pulido para informar sobre su conversación con el co-conspirador 3, indicándole que se debían pagos corruptos a funcionarios del SENIAT, GNB y CADIVI por facilitar los pagos de los documentos falsos y ficticios de bienes y materiales de construcción. El co-conspirador 1 dijo que los pagos corruptos tenían que hacerse lo antes posible o los funcionarios no continuarían aprobando los documentos falsos y fraudulentos.

   Entre el 12 de marzo de 2012 y el 1 de diciembre de 2014, Álex Saab, Álvaro Pulido sus co-conspiradores hicieron transferencias electrónicas por un total de USD 350.041.500 desde cuentas bancarias en Venezuela propiedad y controladas por Saab y Pulido, a través de cuentas bancarias corresponsales en los Estados Unidos, y luego a cuentas bancarias en el extranjero controladas por estos.

  Entre el 16 de enero de 2014 y el 15 de septiembre de 2015, Álex Saab y Álvaro Pulido, distribuyeron utilidades y pagaron gastos relacionados con el esquema corrupto llevando a cabo transferencias bancarias a las cuentas bancarias del co-conspirador 1 en el Distrito Sur de Florida.

Los cargos de lavado de dinero

  La acusación comprende los cargos del 2 al 8 por Lavado de instrumentos monetarios.

   Se indica que los acusados transportaron y transmitieron a sabiendas, un instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados Unidos hacia otro lugar en el mismo país, desde un lugar fuera de los EE. UU. con la intención de promover la realización de una actividad ilegal específica, es decir, (a) infracciones graves de la FCPA bajo el Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3; y (b) delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucren el soborno de un funcionario público y la malversación, robo y malversación de fondos públicos por y para beneficio de un funcionario público, de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (c) (7) (B) (iv).

  Las operaciones se llevaron a cabo tal como se describe en el siguiente cuadro:

Las confiscaciones

   Refiere la acusación que, de ser declarados culpables, Álex Naim Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas perderán cualquier propiedad que tengan e Estados Unidos.

Tales propiedades sujetas a decomiso incluyen, pero no se limitan a:

(i) una suma de aproximadamente USD 350.041.500.00, que representa la cantidad de fondos involucrados en las violaciones del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 alegadas en esta Acusación, y que pueden solicitarse como una sentencia de decomiso de dinero;

(ii) aproximadamente USD 3.225.593,90 incautados el 20 de agosto de 2018;

(iii) aproximadamente USD 30.000 incautados el 21 de agosto de 2018 o alrededor de esa fecha;

(iv) aproximadamente USD 3.313.757,69 incautados el 24 de septiembre de 2018;

(v) aproximadamente USD 3.138.844,70 incautada el 5 de noviembre de 2018; y

(vi) aproximadamente USD 2.942.501,37 incautada el 13 de febrero de 2019.