El juicio del contratista del Estado Venezolano, Álex Saab Morán, acusado de delitos de lavado de dinero no tiene fecha de inicio, debido a que la defensa —del considerado por los fiscales como testaferro de Nicolás Maduro— optó por aprovechar todas los beneficios de las instancias judiciales de Estados Unidos, para evitar que se dé un paso más hacia el enjuiciamiento por las vías de la justicia ordinaria ante la cual sigue aclamando poseer inmunidad diplomática.
Luego que el juez federal de distrito Robert Scola en Miami rechazara una moción para desestimar un cargo de lavado de dinero en su contra, la defensa introdujo un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones del 11avo Circuito de Estados Unidos en Atlanta.
Los abogados de Saab argumentan que el acusado fue arrestado en la isla africana de Cabo Verde, cuando estaba en una misión diplomática del gobierno de Venezuela en Irán para comprar combustible y suministros humanitarios en 2020.
El recurso de apelación le permitirá a la defensa ganar tiempo, mientras continúan las conversaciones en el ámbito político que tienen, entre otros objetivos, que la administración de Joe Biden conceda la entrega de Saab, uno de los puntos claves en las negociaciones entre el régimen de Maduro y EE. UU.
EE. UU. ha apoyado y reconocido desde enero de 2019, a Juan Guaidó como presidente Interino. y no reconoce oficialmente a Nicolàs Maduro como jefe de Estado legítimo. No obstante, desde el pasado viernes 30 de diciembre de 2022. la Asamblea Nacional de Venezuela, [elegida en 2015] que era reconocida como legítima por muchos países de la comunidad internacional, eliminó [por una votación de 72 votos a favor], el sistema del interinato, con lo cual dejó en el limbo los apoyos y reconocimientos otorgados a la figura emblemática de Guaidó por muchos países.
Hasta ahora se desconoce qué decisión tomará la Casa Blanca sobre la pérdida de apoyo de Juan Guaidó. Lo que no alberga dudas es que la administración. de Joe Biden está decidida acabar con todo lo gestado por su antecesor en materia de política exterior. Con relación a Venezuela, ya se han tomado medidas que han complacido a Maduro, incluyendo la liberación de dos narcotraficantes convictos, sobrinos de la esposa de Maduro, CIlia Flores, levantamiento de algunas sanciones impuestas a la dictadura, incluyendo la autorización a Chevron para que reinicie sus operaciones y los negocios con PDVSA, entre otros.
Los abogados de Álex Saab informaron al tribunal de Miami que el acusado apeló ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito la orden final sobre la moción del demandado para desestimar la acusación por delitos de lavado de dinero y corrupción de más de $350 millones provenientes de programas sociales del gobierno venezolano. Los fondos fueron blanqueados en el sistema financiero norteamericano, según los fiscales.
En mayo 2022, la Corte de Apelaciones del 11º Circuito se negó a pronunciarse sobre el tema de la inmunidad diplomática de Saab y dijo que primero debería abordarse a nivel de la corte de circuito.
Según la defensa, Estados Unidos y la Interpol tenía conocimiento que Saab tenía inmunidad diplomática, por lo que han pedido desde su arresto desestimar la acusación por ser improcedente.
La fiscalía estadounidense y el juez de la Corte del Distrito Sur de la Florida, en Miami, Robert Scola niegan el conocimiento y reconocimiento del estatus de diplomático de Saab.
Si no tienen éxito el recurso en la Corte de Apelaciones del 11 avo. Circuito, la defensa puede apelar ante la Corte Suprema de Justicia de EE. UU.
El Juez Robert Scola notificó a las partes del caso por delitos de lavado de dinero de Álex Saab Morán que el personal informático del juzgado estará en la sala 12-3 el 9 de diciembre de 2022 a las 2PM para realizar pruebas de conectividad en anticipación de la audiencia probatoria que se realizará desde la Embajada de Suiza en Venezuela y que permitirá que los testigos de la defensa expliquen que el acusado es, supuestamente, diplomático.
El la orden del tribunal, se señala que tanto la defensa como la fiscalía pueden usar la sala del tribunal durante este tiempo para probar sus propios equipo y el de sus contrapartes en los lugares desde los cuales se espera testimonio.
El personal informático de la Corte utilizará la sala de reuniones Zoom para realizar su prueba. En el mismo comunicado, se informa que, de conformidad con las reglas de la Corte, los no abogados (por ejemplo, los asistentes legales y testigos) sólo pueden traer equipos electrónicos a la sala del tribunal con un Mandato judicial.
El juez Scola aprobó la petición de Álex Saab de permitir el testimonio por videoconferencia de los testigos de la defensa ubicados en Venezuela. Al hacerlo, la Corte ordenó a las partes reunirse y consultar la logística que se usará para ese procedimiento fuera de país. Inicialmente, Saab había propuesto que los testigos testificaran por Zoom desde el Hotel Cayena de Caracas, porque en esa localidad hay buen servicio de internet pero luego se informó que lo habían desde la Embajada de Suiza en Venezuela.
Un gobierno reconocido por EE. UU.
En un informe conjunto de la defensa y la fiscalía, se informó que el acusado informó que por nota diplomática al Ministerio del Pueblo de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, la Embajada de Suiza confirmado que está dispuesta a ofrecer las instalaciones de la Misión Suiza en Caracas.
Los fiscales se opusieron inicialmente al testimonio por Zoom desde Venezuela pero, en vista que los testimonios han sido autorizados, no se negaron al uso de las instalaciones suizas en Caracas, o de las instalaciones diplomáticas de otro tercer país.
Saab también obtuvo confirmación por escrito del Fiscal General de Venezuela, Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza. En dicha notificación se señala que la ley venezolana no prohíbe a los testigos prestar testimonio en procesos penales extranjeros, a través de tecnología de vídeo, desde dentro de Venezuela.
Las partes acordaron que el testimonio por videoconferencia debe realizarse a través de la sistema seguro Zoom.gov. de los Estados Unidos e informaron que coordinarán con el personal del Tribunal para organizar la logística.
Igualmente, Saab propuso que el personal de la corte de EE. UU. juramentara a los testigos, pero la Corte señaló que en su experiencia previa, es preferible que la juramentación la haga alguien en el lugar (Caracas) que esté autorizado para administrar un juramento bajo las leyes de ese estado o país
"La defensa está de acuerdo con la propuesta del Tribunal y está dispuesto a identificar a una persona física autorizada, conforme a las leyes venezolanas, para tomar el juramento y verificar la identidad de los testigos", dice el informe.
En el período entre la entrega del Informe de Estado Conjunto y la Audiencia, la defensa de Saab anticipó que habrá conversaciones adicionales con la Embajada de Suiza sobre logística, tecnología y requisitos de las autoridades suizas, por lo que se presentará información adicional sobre el tema.
Los fiscales recordaron que Estados Unidos no reconoce al Gobierno de la administración Maduro como el gobierno de Venezuela. Esto incluye al individuo antes mencionado, por ello, la Fiscalía estadounidense sugirió que para que los testimonios ocurran en la Embajada de Suiza, el juramento local debe hacerse de conformidad con la ley suiza, no la ley venezolana, porque la embajada es "suelo suizo".
Las partes seguirán consultando sobre los detalles del juramento prestado in situ en Caracas Asimismo, los fiscales federales advierten que prefieren que los testigos también sean juramentados por el personal judicial de los EE. UU.
La Fiscalía no se opone a la administración de un juramento local, pero ha planteado que si así se hiciere, los testigos deben ser además juramentados por por EE. UU.; y cualquier juramento local potencialmente debería hacerse de conformidad con la ley suiza, no la ley venezolana, porque la embajada está técnicamente en suelo suizo.
En el informe se acuerda que durante el testimonio de cada testigo, las únicas personas que estarán presentes son el propio testigo y una persona neutral adicional, preferiblemente de la embajada o consulado en el que se toma el testimonio, quien asistirá con las cámaras y cualquier otros problemas tecnológicos que puedan surgir.
La defensa y la fiscalía acordaron que habrá una cámara en la sala, enfocada en el testigo y que antes del inicio del testimonio de cada testigo, una persona neutral utilizará la cámara para escanear toda la habitación y establecer que no hay nadie más presente y/o confirmar verbalmente que no hay nadie más presente.
Las partes llegaron a un acuerdo que establece que antes de tomar el testimonio, se verificará la identidad de cada testigo a través de una identificación emitida por el gobierno. Esta identificación se mostrará sobre la cámara y verificado por la persona que administra los juramentos de los testigos.
Se utilizará además el servicio de interpretación del Tribunal, con el intérprete que se conectará de forma remota, en consonancia con la práctica anterior del Tribunal de utilizar videoconferencias y interpretación. Asimismo se usará el taquígrafo judicial típico del Tribunal, presente en la Sala de la Corte en Miami.
Las partes acuerdan que los Anexos se mostrarán a los testigos mediante la videoconferencia función de pantalla compartida, y copias impresas también estarán disponibles en la sala del tribunal para su examen por la Corte, el personal y el defensa.
Alex Saab ha pedido en varias mociones al tribunal que le otorgue que desestime la acusación en su contra por delitos de lavado de dinero porque goza de inmunidad diplomática, y que fue ilegalmente “secuestrado” cuando se trasladaba a Irán para cumplir una misión diplomática.
Según los alegatos de la defensa, Estados Unidos sabía que Álex Saab era un diplomático de Venezuela cuando fue arrestado en Cabo Verde, para lo cual presentó una serie de documentos que incluyen cartas enviadas por Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez a las autoridades del régimen de Irán, copia de las supuestas gestiones.
Los fiscales acusan a Saab Morán de haber lavado unos 350 millones de dólares que obtuvo a través del pago de sobornos a funcionarios venezolanos a cambio de contratos para la construcción de viviendas para los pobres de Venezuela.
Según la defensa, Estados Unidos y la Interpol tenía conocimiento que Saab tenía inmunidad diplomática, por lo que han pedido desde su arresto desestimar la acusación por ser improcedente.
La fiscalía estadounidense niega el conocimiento y reconocimiento del estatus de diplomático de Saab.
De ser declarado culpable podría enfrentar una condena máxima de hasta 20 años de prisión.
Quien es considerado testaferro de Nicolás Maduro, busca hacerse de una serie de documentos del Departamento de Estado que, a su juicio, comprobarían las supuestas funciones diplomáticas del colombiano en el régimen venezolano.
Por Maibort Petit
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida ratificó una orden anterior en la que concedió en parte a Álex Saab, así como denegó otra parte, para que se produjeran una serie de materiales del descubrimiento que la defensa del empresario colombiano asegura que comprobarían la misión diplomática que supuestamente cumplía el demandado cuando fue arrestado en Cabo Verde. Se trata de Documentos del Departamento de Estado que la Corte determinó no son parte activa del proceso judicial.
Los abogados de Saab sostienen que se trata de nuevas evidencias que no estuvieron a la disposición del acusado ni del tribunal cuando se emitió la anterior decisión y, por tanto, esta debía ser reconsiderada.
La moción
El 13 de octubre de 2022, Lindy K. Keown, de la firma Baker & Hostetler LLP, en representación de Álex Naim Saab Morán, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, una moción limitada a objeto de solicitar la reconsideración de la orden emitida por la Corte el 15 de septiembre del presente 2022 en la que concedió en parte, igualmente, y denegó en parte, la petición del demandado para obligar a la producción del descubrimiento. El pedido de Saab, en esta ocasión, se limita a la revisión de la parte relativa al Departamento de Estado.
El pedido original de Saab fue presentado ante el tribunal el 25 de agosto de 2022, cuando requirió a través de una moción, obligar a la producción de evidencias al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado. Procuraba el demandado hacerse de siete categorías de documentos, entre estos, los relacionados son su supuesto “servicio como enviado especial u otra función diplomática en nombre de Venezuela; su papel en las actividades de Estado a Estado con Irán”; así como aquellos en los que se presuntamente se produjo un “conocimiento por parte del personal del gobierno de los EE. UU. del estatus diplomático” de Saab.
Posteriormente el 15 de septiembre de 2022, tuvo lugar la decisión del tribunal que concedió en parte y denegó también en parte la moción, como referimos líneas arriba.
La representación de Saab apunta que esta nueva moción de reconsideración es limitada, pues está dirigida únicamente a aquellas partes que niegan las solicitudes que tienen que ver con el Departamento de Estado, en virtud de que, de acuerdo a la defensa, han aparecido nuevas pruebas que respaldan la moción anterior del acusado. Por ello es necesaria la reconsideración, pues no habrían sido consideradas por la Corte anteriormente.
Departamento de Estado como testigo del gobierno
Cuando el tribunal negó anteriormente la moción en parte, lo hizo al determinar que el Departamento de Estado no formaba parte del equipo de acusación y, de acuerdo al criterio de los abogados de Álex Saab, el tribunal no tomó en cuenta para su decisión el argumento del acusado en el que indicó que el gobierno las había presentado aparentemente con la intención de sustentarse en ciertas declaraciones proporcionadas por el Departamento de Estado en la audiencia próxima para contrarrestar lo esgrimido por el demandado.
Se trata de una certificación del Departamento de Estado en la que “la Oficina de Misiones Extranjeras [refiere que] no tiene conocimiento de una base para que Alex Nain Saab Morán disfrute de inmunidad penal” o jurisdicción civil de los Estados Unidos”. Al presumir que el gobierno presentará al Departamento de Estado como testigo sobre el asunto de la inmunidad diplomática, la defensa reclama conocer las pruebas correspondientes.
La decisión de la Corte que otorgó en parte la moción previa de Saab ordenó al DOJ a presentar las los materiales sin clasificar en posesión y custodia del equipo de acusación antes del 18 de octubre de 2022. En razón de que la fiscalía se comprometió el 23 de septiembre a adelantar la entrega antes del 10 de octubre y para el 12 de dicho mes aún no presentaba ningún documento estatal y sólo entregó 17 versiones redactadas de los papeles, procedió a presentar la moción de reconsideración.
Los papeles reclamados
La defensa hace referencia a algunos de que entre los documentos que reclama, se encuentran los que supone serán pruebas de juicio político relacionadas con la declaración del Departamento de Estado.
Entre estos papeles están unas comunicaciones entre altos funcionarios del Departamento de Estado y el de Justicia, en los que se toca el tema de los reclamos la inmunidad de Saab.
Uno de los correos entre el Representante Especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, con el Fiscal General, Bruce Abrams, fechado el 14 de junio de 2020, refiere que el para le fecha Secretario de Estado, Mike Pompeo, habla de los varios pasaportes del acusado y en particular el venezolano, el cual era un pasaporte de inmersión, el cual fue emitido en una fecha en que el gobierno de los Estados Unidos no reconocía a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, sino a Juan Guaidó.
Pompeo planteaba la posibilidad de argumentar la ilicitud del documento, toda vez que había sido emitido por delincuentes y no por el presidente Guaidó.
Asimismo, Mike Pompeo alertaba que Álex Saab no se encontraba ninguna misión diplomática, sino que probablemente había estado involucrado en una misión diseñada para violar las sanciones de la ONU contra Irán.
La defensa argumentó en la moción que, en los correos producidos por el gobierno obtenidos de los custodios del Departamento de Justicia, no se incluye correspondencia con personas del Departamento de Estado. En tal sentido, los abogados de Saab creen que es por ello que se justifica la Orden por parte del tribunal, a objeto de que ordene una búsqueda minuciosa y la pronta producción de los citados documentos.
Otro correo reclamado por Saab es uno dirigido a Abrams, el cual fue enviado en fecha anterior a la detención de Saab en Cabo Verde. Lo remitía Brian Hook, Representante Especial del Departamento de Estado para Irán, con copia a Matt McInnis, Representante Especial Adjunto para Irán.
El mensaje versaba sobre la intermediación en virtud del interés de Pompeo en discutir sobre Álex Saab, quien para entonces negociaba acuerdos entre Irán y Venezuela.
Refiere Saab en su moción de reconsideración que evidentemente EE. UU. “estaba trabajando de cerca en el enjuiciamiento del Sr. Saab y que había conocimiento de misiones diplomáticas anteriores como el Enviado Especial”.
Asimismo, la moción reclama un correo fechado el 16 de diciembre de 2020, entre un reportero del New York Times y el oficial de prensa del Departamento de Estado, Daniel Binder, el cual versaba sobre un contacto que se establecería entre el periodista y Abrams para, extraoficialmente, darle detalles sobre “los antecedentes de Saab y su papel en la organización de Maduro”.
Se advirtió en el correo que “Abrams está MUY consciente de las preocupaciones del DOJ e intentará no discutir el caso”.
Para la defensa, la aparición de nuevas pruebas que no estaban disponibles en el momento en que se emitió la orden que ahora se buscaba modificar, justificaba la reconsideración de la decisión por parte del Tribunal.
Sostiene la defensa que el Departamento de Estado es un participante activo de este proceso contra Saab y, por tanto, debe obligarse a presentarlas.
Con el objetivo de proteger 'la salvaguardias y logística necesarias para asegurar la integridad del testimonio' de los testigos propuestos por Álex Saab Morán, acusado de delitos de lavado de dinero y de ser el supuesto testaferro de Nicolás Maduro, la Embajada de Suiza autorizó que las testificaciones se realicen en la Misión suiza en Caracas. Saab busca probar que gozaba de Inmunidad Diplomática cuando fue arrestado en Cabo Verde en junio de 2020 y que, por ende, no puede ser juzgado por la justicia ordinaria de los Estados Unidos.
El tribunal del Distrito Sur de la Florida determinó que la defensa y la fiscalía debía presentar un informe detallado sobre las nueve salvaguardias y consideraciones logísticas planteadas en el informe de la moción de Saab para los argumentos orales de sus testigos, que fue concedida por la corte al acusado.
Saab pidió al tribunal permitir el testimonio por videoconferencia de los testigos de la defensa ubicados en Venezuela. Al hacerlo, la Corte ordenó a las partes reunirse y consultar la logística que se usará para ese procedimiento fuera de país. Inicialmente, Saab había propuesto que los testigos testificaran por Zoom desde el Hotel Cayena de Caracas, porque en esa localidad hay buen servicio de internet.
Un gobierno reconocido por EE. UU.
En un informe conjunto de la defensa y la fiscalía, se informa que el acusado informó que por nota diplomática al Ministerio del Pueblo de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, la Embajada de Suiza confirmado que está dispuesta a ofrecer las instalaciones de la Misión Suiza en Caracas, probablemente la Residencia de Embajadores, como sede de la testimonio.
Los fiscales se oponen al testimonio por Zoom desde Venezuela pero, en vista que los testimonios han sido autorizados, no se oponen al uso de las instalaciones suizas en Caracas, o de las instalaciones diplomáticas de otro tercer país.
Saab también obtuvo confirmación por escrito del Fiscal General de Venezuela, Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza. En dicha notificación se señala que la ley venezolana no prohíbe a los testigos prestar testimonio en procesos penales extranjeros, a través de tecnología de vídeo, desde dentro de Venezuela.
Las partes acordaron que el testimonio por videoconferencia debe realizarse a través de la sistema seguro Zoom.gov. de los Estados Unidos e informaron que coordinarán con el personal del Tribunal para organizar la logística.
Igualmente, Saab propuso que el personal de la corte de EE. UU. juramentara a los testigos, pero la Corte señaló que en su experiencia previa, es preferible que la juramentación la haga alguien en el lugar (Caracas) que esté autorizado para administrar un juramento bajo las leyes de ese estado o país
"La defensa está de acuerdo con la propuesta del Tribunal y está dispuesto a identificar a una persona física autorizada, conforme a las leyes venezolanas, para tomar el juramento y verificar la identidad de los testigos", dice el informe.
En el período entre la entrega del Informe de Estado Conjunto y la Audiencia, la defensa de Saab anticipó que habrá conversaciones adicionales con la Embajada de Suiza sobre logística, tecnología y requisitos de las autoridades suizas, por lo que se presentará información adicional sobre el tema.
Los fiscales recordaron que Estados Unidos no reconoce al Gobierno de la administración Maduro como el gobierno de Venezuela. Esto incluye al individuo antes mencionado, por ello, la Fiscalía estadounidense sugirió que para que los testimonios ocurran en la Embajada de Suiza, el juramento local debe hacerse de conformidad con la ley suiza, no la ley venezolana, porque la embajada es "suelo suizo".
Las partes seguirán consultando sobre los detalles del juramento prestado in situ en Caracas.
Asimismo, los fiscales federales advierten que prefieren que los testigos también sean juramentados por el personal judicial de los EE. UU.
La Fiscalía no se opone a la administración de un juramento local, pero ha planteado que si así se hiciere, los testigos deben ser además juramentados por por EE. UU.; y cualquier juramento local potencialmente debería hacerse de conformidad con la ley suiza, no la ley venezolana, porque la embajada está técnicamente en suelo suizo.
En el informe se acuerda que durante el testimonio de cada testigo, las únicas personas que estarán presentes son el propio testigo y una persona neutral adicional, preferiblemente de la embajada o consulado en el que se toma el testimonio, quien asistirá con las cámaras y cualquier otros problemas tecnológicos que puedan surgir.
La defensa y la fiscalía acordaron que habrá una cámara en la sala, enfocada en el testigo y que antes del inicio del testimonio de cada testigo, una persona neutral utilizará la cámara para escanear toda la habitación y establecer que no hay nadie más presente y/o confirmar verbalmente que no hay nadie más presente.
Las partes llegaron a un acuerdo que establece que antes de tomar el testimonio, se verificará la identidad de cada testigo a través de una identificación emitida por el gobierno. Esta identificación se mostrará sobre la cámara y verificado por la persona que administra los juramentos de los testigos.
Se utilizará además el servicio de interpretación del Tribunal, con el intérprete que se conectará de forma remota, en consonancia con la práctica anterior del Tribunal de utilizar videoconferencias y interpretación. Asimismo se usará el taquígrafo judicial típico del Tribunal, presente en la Sala de la Corte en Miami.
Las partes acuerdan que los Anexos se mostrarán a los testigos mediante la videoconferencia función de pantalla compartida, y copias impresas también estarán disponibles en la sala del tribunal para su examen por la Corte, el personal y el defensa.
Alex Saab ha pedido en varias mociones al tribunal que le otorgue que desestime la acusación en su contra por delitos de lavado de dinero porque goza de inmunidad diplomática, y que fue ilegalmente “secuestrado” cuando se trasladaba a Irán para cumplir una misión diplomática.
Según los alegatos de la defensa, Estados Unidos sabía que Álex Saab era un diplomático de Venezuela cuando fue arrestado en Cabo Verde, para lo cual presentó una serie de documentos que incluyen cartas enviadas por Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez a las autoridades del régimen de Irán, copia de las supuestas gestiones.
Los fiscales acusan a Saab Morán de haber lavado unos 350 millones de dólares que obtuvo a través del pago de sobornos a funcionarios venezolanos a cambio de contratos para la construcción de viviendas para los pobres de Venezuela.
Según la defensa, Estados Unidos y la Interpol tenía conocimiento que Saab tenía inmunidad diplomática, por lo que han pedido desde su arresto desestimar la acusación por ser improcedente.
La fiscalía estadounidense niega el conocimiento y reconocimiento del estatus de diplomático de Saab.
De ser declarado culpable podría enfrentar una condena máxima de hasta 20 años de prisión.
Estima que el tema es muy complejo y requiere de una amplia exposición fáctica. El juez concedió la moción.
Por Maibort Petit
Roberto N. Scola Jr., juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida otorgó una moción a Álex Saab que permitió ampliar las páginas del informe sobre el tema de la inmunidad diplomática que debe presentar durante la próxima reunión informativa de las partes.
El 17 de octubre de 2022 vence el plazo para que Saab presente el escrito de apertura, solicitó la consideración acelerada del asunto antes del 7 de octubre de 2022, de manera de poder utilizar el fallo de la Corte en la preparación de dicho escrito. El pedido se formuló sin oposición de la fiscalía. La defensa, dada la naturaleza de las cuestiones y el expediente de hechos a ser desarrollar, cree que las 20 páginas que tenía antes previstas, serían insuficientes.
De esta forma, el magistrado estableció que los escritos que las partes presentarán en relación con la moción de desestimación de la inmunidad diplomática tendrán una extensión de 35 páginas, el escrito inicial del demandado; de igual extensión será el escrito de oposición del gobierno.
A su vez, el escrito de respuesta del demandado será de 17 páginas, mientras la respuesta a este informe por parte gobierno será de 12 páginas. Se advierte que en este último caso regirá esto si, y sólo si, la respuesta de Álex Saab plantea cuestiones que no se plantearon en la respuesta de la fiscalía a la petición. El Gobierno puede presentar una respuesta adicional sobre esas cuestiones únicamente.
Cabe destacar que, igualmente, el Tribunal programó una sesión informativa posterior a la audiencia de Álex Saab y el gobierno, para el 23 de diciembre de 2022 y, aunque el demandado cree que pudieran requerir espacio adicional en esa sesión informativa, hasta la fecha no presentado ninguna solicitud específica aparte de audiencia probatoria programada para comenzar el 12 de diciembre de 2022.
Para los abogados de la defensa resultaba fundamental la ampliación del número de páginas, en virtud de que la complejidad del caso.
Desde que en el enero de 2021 se planteó por primera vez, las partes han venido bregando sobre el asunto en el que el acusado sostiene que tiene derecho a inmunidad diplomática pues es un enviado especial del gobierno de Nicolás Maduro, por lo que se impone la desestimación de la acusación en su contra.
Recuerdan los abogados de Saab que la misma Corte de Apelaciones alertó que “las partes no tuvieron la oportunidad de desarrollar completamente el expediente, y la corte de distrito no tuvo la oportunidad de sopesar la evidencia…”.
Lindy K. Keown, abogado de Álex Saab expuso en su solicitud que el caso “requerirá un extenso desarrollo fáctico, la presentación de testimonios de testigos, posibles expertos y cuestiones importantes de derecho que sustentan la base para el despido” y recordó que el propio Tribunal reservó varios días solo para la audiencia probatoria, por lo que se “anticipa que el escrito de apertura del Demandado incluirá una recitación fáctica significativa, con muchos anexos de apoyo para ser resumidos y explicados”.
Ahora será el 31 de octubre cuando el Tribunal para el Distrito Sur de Florida decida si quien hasta ahora es tenido como testaferro del dictador venezolano, detenta o no inmunidad diplomática.
Por Maibort Petit
Quien creyó que con su extradición a los Estados Unidos había terminado la controversia acerca de si el empresario colombiano, Álex Saab, debe ser considerado o no, un diplomático y, por tanto, detentador o no de inmunidad, se equivoca. El asunto continúa en el tapete a un en territorio estadounidense y, si no hay un nuevo cambio, se dilucidará el 31 de octubre en el Tribunal del Distrito Sur de Florida. De determinarse que posee inmunidad diplomática, quien es señalado de ser, supuestamente, testaferro de Nicolás Maduro, se libraría de ser juzgado por el delito de lavado de dinero de que se le acusa en la citada corte. De negársele el privilegio, enfrentará juicio por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
Pero, ¿Se trata de un simple cambio de en el cronograma o estamos en presencia de un sabotaje al proceso judicial de Saab como así lo denunció recientemente el exsubsecretario de Financiamiento del Terrorismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Marshall S. Billingslea? El ex funcionario de la administración de Donald Trump alertó acerca de que la Casa Blanca, bajo el mando de Joe Biden, pretende cambiar al empresario con Venezuela por los seis estadounidenses presos en las cárceles venezolanas y, para ello, estarían planeando darle curso a su reconocimiento como diplomático.
En su cuenta en la red social Twitter, Billingslea denunció:
“Circulan rumores creíbles de que la Casa Blanca quiere cambiar a Alex Saab a Venezuela. Al reconocer su falsa pretensión de ser diplomático, sabotearían el caso judicial en su contra.
“Tomó años construir el paquete de sanciones y la acusación, y asegurar el arresto y la extradición.
“Saab fue uno de los principales hombres de Maduro. Lo que es peor, hizo su dinero lucrándose con la hambruna del pueblo venezolano, saqueando el programa CLAP. Bajo ninguna circunstancia se debe liberar a este criminal”[1].
En estas páginas, hemos informado cómo, primero, para lograr que se materializara la extradición de Álex Saab desde Cabo Verde a los Estados Unidos, fue necesario eliminar siete cargos de la acusación original en su contra; igualmente, que la Corte de Apelaciones decidió que debía ser el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida, Robert N. Scola Jr., quien decida lo relativo a la inmunidad; que el juez cambió la audiencia en que se dirimiría la materia del 29 de agosto al 31 de octubre; y que ante los rumores de que se produciría un canje del acusado con el régimen de Venezuela, la Casa Blanca negó que esto sea cierto.
Venezuela Política conversó con el abogado Omar Estacio, quien, en primer lugar, recuerda que existen instrumentos jurídicos para se produzcan intercambio de presos entre gobiernos de distintos países, siempre y cuando se haya celebrado previamente un convenio internacional entre ambos estados que así lo establezca. En el caso de Venezuela existe un instrumento internacional, un convenio multilateral en el contexto de la OEA, que prevé el mecanismo para que una persona condenada cumpla dicha condena en su país. Esto permitiría, por ejemplo, el canje con los estadounidenses presos en Venezuela. La segunda vía sería la del indulto que el presidente Biden pudiera otorgar a Saab.
Una tercera vía estaría dada por el reconocimiento que el gobierno de Biden haga de Nicolás Maduro, como presidente de Venezuela, lo cual, automáticamente, tendría varios efectos, siendo el primero de ellos que ipso iure, se le otorgaría a este, inmunidad para ser juzgado por los tribunales de EE. UU. con lo cual la acusación en su contra (contra Maduro, el narcoguerrillero colombiano, Luciano Martín Arango (a) “Iván Reyes” y contra 13 altos funcionarios de su gobierno, caso:1:11-cr-00205-AKH) en el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, quedaría sin efecto por falta de jurisdicción y habría que revocar la orden de captura que sobre él pesa. Esto porque Estados Unidos reconoce inmunidad a los jefes de estado en ejercicio.
Al obtener el reconocimiento de los EE. UU. como presidente, Nicolás Maduro, por ejemplo, podría nombrar como canciller de la república a Álex Saab, a quien hasta ahora ha catalogado como supuesto embajador. Tal designación como ministro de Relaciones Exteriores, le otorgaría a Saab inmunidad judicial similar a la adquirida por Maduro, pues es doctrina que los cancilleres en ejercicio, adquieren, ipso iure, inmunidad equiparable a la de los jefes de Estado.
“La Casa Blanca así como desmintió el rumor de que iba a intercambiar a Álex Saab por unos detenidos estadounidenses que están en Venezuela, debería pronunciarse sobre la posibilidad de que por haber sido declarado a Maduro como jefe de estado, también declarar sobre los efectos secundarios de esa medida”, aclaró Estacio.
Omar Estacio manifiesta su preocupación ante la posibilidad de que Álex Saab quede en libertad, no porque se demuestre su inocencia en un juicio justo y por dictamen de un juez imparcial, sino gracias a un artilugio jurídico como que se ha planteado en líneas precedentes.
Tal panorama hace sospechar, entonces, que las demoras que están ocurriendo en el proceso judicial de Álex Saab, pudieran estar sucediendo por motivos de tipo político.
Continuar considerando la inmunidad de Saab
El 5 de julio de 2022, Roberto N. Scola Jr., juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida, concedió la moción conjunta que solicitó anular y continuar con el cronograma de presentación de la moción relacionada con la inmunidad diplomática del acusado, Álex Naim Saab Morán.
El juez Scola dejó, por tanto, sin efecto el cronograma de presentación establecido previamente y mantuvo la conferencia de estado fijada para el 15 de julio de 2022, así como la audiencia probatoria sobre la moción del acusado fijada para el 29 de agosto de 2022 a las 9:00 a. m. Precisó que el tribunal entrará en un programa de información revisado después de la conferencia de estado.
Nuevo cronograma
El 15 de julio de 2022, el juez Robert N. Scola Jr., durante la conferencia de estado en el caso de Estados Unidos de América contra Álex Naim Saab Morán, adoptó el calendario de sesiones informativas de las partes y emitió una orden de programación con fechas específicas.
Asimismo, se canceló la audiencia probatoria fijada para el 29 de agosto de 2022 a las 9:00 a. m., la cual ahora se llevará a cabo el 31 de octubre de 2022 a las 9:00 a. m. y se reserva una semana.
También se programó una conferencia de estado para el 26 de agosto de 2022 a las 9:30 a. m. En esa oportunidad, el tribunal discutirá el tema de los intérpretes en vivo versus los intérpretes remotos para testigos.
Se determinó igualmente la par icipación de William Callo y Francisco Rincon, de la DEA; así como de los del fiscal Kurt K. Lunkenheimer, de los abogados del Departamento de Justicia, Alexander J. Kramer, Jonathan B. New, David B. Rivkin, Jr, Elizabeth Price Foley, Neil M. Schuster y Joseph Schuster.
REFERENCIAS
[1] Twitter. Marshall S. Billingslea. @M_S_Billingslea. https://twitter.com/M_S_Billingslea/status/1548032903212281860?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1548032905108041729%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elnacional.com%2Fvenezuela%2Fcirculan-versiones-creibles-exsubsecretario-del-tesoro-advierte-que-casa-blanca-estaria-evaluando-medidas-para-liberar-a-alex-saab%2F
La defensa denunció ante el juez que al exmandatario se le están violando los derechos, incluyendo la posibilidad de comprar comida en el comisariato, consultar correos electrónicos, llamar a su familia, hacer ejercicios una hora al día y hablar con sus abogados para preparar su juicio.
Por Maibort Petit
Durante la primera audiencia presencial del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York., el ex-mandatario se declaró no culpable de los cargos interpuestos en su contra por el gobierno de los Estados Unidos que incluyen conspiración para narcotráfico y dos de uso de armas.
El exmandatario llegó a la sala del juez Kevin Castel vistiendo un uniforme de presidiario color azul, una camiseta y zapatos deportivos naranja. Se le veía sereno, pálido y bastante delgado. Cuando el magistrado le preguntó si se declaraba culpable o no culpable, en español dijo: "No culpable su señoría".
En el marco de la audiencia el abogado de Hernández, Raymond Colón denunció ante el juez lo que la defensa considera una violación de los derechos del ex-mandatario, al señalar que es tratado como un terrorista a pesar que en este caso no hay violencia. En ese sentido, afirmó que no sabía por qué Hernández está en una celda aislado las 24 horas del día, no se le permite hacer ejercicios, el sistema rechaza el dinero que la defensa le deposita para que pueda comprar comida en el comisariato de la cárcel, no puede llamar a su familia como el resto de los recluidos en el Centro Metropolitano de Brooklyn, y no puede leer correos electrónicos ni reunirse con la defensa para prepararse para el juicio.
El magistrado Castel ordenó a los fiscales tomar nota de toda la denuncia y presentar un reporte ante su despacho en 7 días, aclarando que las condiciones descritas por el abogado Colón no representan la esencia del sistema de justicia de Estados Unidos, ni del gobierno, prometiendo que todo acusado tiene derecho a los beneficios denunciados y a ser tratado con respeto, tal cual lo establecen las leyes del país.
El juez también ordenó a los fiscales preparar las evidencias del caso que incluyen grabaciones de reuniones, documentos, datas extraída de aparatos electrónicos, información sobre redes sociales y otras evidencias fuertes. El descubrimiento (evidencias del caso) deben ser entregadas a la defensa en 60 días, y las mismas deben incluir pruebas que ayuden a exculpar al acusado.
ya había comparecido virtualmente a la presentación inicial ante un juez accidental de Manhattan, cuando fue extraditado a los Estados Unidos. Mañana, el juez del caso Kevin Castell leerá el expediente en el que se describen los detalles de la acusación contra Hernández, acusado de haber formado parte de una conspiración para enviar cocaína a suelo estadounidense, utilizando para ello su poder político como jefe de Estado.
Una vez concluyó la audiencia, Hernández agradeció a sus abogados y saludó a los presentes en la sala levantando el brazo. De manera poco regular, algunos activistas que estaban en la sala gritaron insultos contra el exmandatario sin que hubiese un llamado de atención por parte de los alguaciles de la corte.
Una vez fuera de las instalaciones, el abogado de JOH, explicó que estaban realizando los trámites para solicitar una fianza ante el tribunal, para lo cual se requiere que se presenten los documentos de las propiedades de los garantes, que forman parte de la comunidad judía de Honduras y de Nueva York.
La defensa de Hernández informó que "está preparada para desmontar las acusaciones de los fiscales federales, y que para ello están elaborando una investigación detallada de los testigos de la fiscalía, que en su mayoría son narcotraficantes extraditados cuando JOH era presidente".
La estrategia de la defensa
Tan pronto el nombre de Juan Orlando Hernández surgió en anteriores procesos judiciales que tuvieron lugar en 2019 en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, este comenzó a negar la veracidad de las afirmaciones que testigos del gobierno habían expresado en dichos juicios.
JOH sostiene que los señalamientos en su contra no son más que una “venganza” de los narcotraficantes que fueron extraditados a Estados Unidos durante su gobierno.
En aquel entonces escribió en su cuenta personal en la red social Twitter: "Ahora vean como delincuentes confesos que han cometido los peores crímenes, expolicías depurados, políticos buscando venganza, (los narcotraficantes) buscando que les rebajen sus penas dicen y dirán cualquier bajeza para sacarse clavos y obtener, entre otros, beneficios en sus sentencias".
Durante el juicio de Juan Antonio Hernández Alvarado, el fiscal federal, Jason A. Richman, le dijo al jurado que JOH había recibido un millón de dólares como contribución de Joaquín “Chapo” Guzmán a su campaña electoral. La defensa de Hernández ha referido que el abogado de Guzmán negó esa afirmación del fiscal en unas declaraciones publicadas en The New York Post.
De hecho, el defensor de Guzmán, Jeffrey Litchman calificó en 2019, en el marco del proceso contra su cliente que se desarrolló en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que la acusación contra JOH era mentira.
Otro argumento que ha esgrimido a su favor JOH y que seguramente será un elemento usado por la defensa, es el hecho de que la Constitución Política de la República de Honduras de 1982, establecía en su artículo 102 que “Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero”[7], siendo él durante su gestión como presidente del Congreso, quien promovió la reforma constitucional que permitió la entrega de narcotraficantes a Estados Unidos. Asimismo, ya en el ejercicio de la presidencia de Honduras, JOH aprobó la extradición de 32 narcotraficantes, aunque efectivamente se extraditaron 31, pues uno deberá purgar primero condena en Honduras para luego ser entregado a la justicia de EE. UU. Esto podría haber sido simplemente un método de sacar de en medio a competidores y rivales, han alertado algunos analistas consultados.
Voceros de la defensa de Hernández han señalado extraoficialmente que la Fiscalía estadounidense subirá, aproximadamente, 32 testigos al estrado para sustentar su acusación más allá de la duda razonable. Se adelantado además que los defensores del hondureño buscará enfrentarlas con la declaración de 16 testigos.
Apuntar al descrédito de los testigos del gobierno sería el objetivo de los abogados Colón y Pérez, toda vez que el principal de los convocados de la fiscalía sería quien, igualmente, ha jugado un papel estelar en anteriores causas, a saber, Devis Rivera Maradiaga, exlíder de Cartel de Los Cachiros, como también lo serían los hermanos Valle Valle, quienes presentan un amplio prontuario criminal.
Poner en duda ante el jurado tales testimonios recordando, por ejemplo, que el propio Rivera Maradiaga admitió en corte su participación en el asesinato de más de 75 personas, seguramente será la estrategia y el objetivo de los abogados cuando enfrenten en el estrado las afirmaciones de los testigos.
Colón dijo a los periodistas a las afueras de la corte que la defensa estaba lista para desmentir los señalamientos que en contra de JOH esgrimen los fiscales.
Colón aseguró que "tienen todo preparado para tratar de desvirtuar frente a los jueces en una primera parte la acusación de los narcotraficantes contra Hernández indicando que se trata de una venganza".
Los testigos de las partes
Uno de los testigos que presentará la fiscalía en este caso es el líder del violento cártel hondureño conocido como los Cachiros, Devis Rivera Maradiaga que ha participado como testigo cooperante del gobierno en los principales casos de narcotráfico de Honduras, incluyendo el de Fabio Lobo, hijo del expresidente, Pepe Lobo y Juan Antonio Hernández, hermano del expresidente, Juan Orlando Hernández, ambos sentenciados en Nueva York por delitos de narcotráfico.
Ángel Martínez, un investigador privado de Estados Unidos, contratado por el despacho de abogados defensores de Juan Orlando Hernández, para investigar a los testigos de la fiscalía, ha sorprendido con algunas afirmaciones. Este investigador sostiene que el gobierno ha levantado su caso únicamente con el testimonio de narcos, algo que podría hacer tambalear la acusación ante el jurado, toda vez que la defensa se enrumbará a descalificar a los exlíderes de los Cachiros y el Clan Valle Valle.
Y aunque luzca algo peregrina, Martínez ha dejado colar una tesis que asegura que la carta bajo la manga del gobierno sería Tony Hernández, a quien los fiscales estarían presionando para que acceda a testificar contra su propio hermano. “La clave de este juicio es convencer a ‘Tony’ Hernández porque si es el hermano que habla, el jurado lo va a ver desde otro ángulo, porque él puede salvarse o salvar a su hermano”[3].
Por su parte, los abogados de Juan Orlando Hernández han indicado que mientras la fiscalía sentará en el estrado a testificar a delincuentes para poder respaldar su acusación, la defensa llamará a altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno estadounidense a objeto de que reiteren ante el jurado lo que muchas veces, en ocasiones anteriores, han asegurado acerca de su defendido.
Y es que durante las administraciones de Barack Obama y Donald Trump, se calificó al entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, como un aliado de los EE. UU. y gran colaborador en materia de lucha contra el narcotráfico. La defensa, ha dicho, echará mano de información publicada por el Departamento de Estado y el Comando Sur de los Estados Unidos, que así lo certificarían.
Se juzgarán conductas y no opiniones
Fuentes consultadas por Venezuela Política ven como un hecho muy poco probable el que la defensa pueda llamar a declarar en favor de JOH, a los expresidentes Obama y Trump, así como a los exsecretarios de estado, Hillary Clinton y Mike Pompeo, o al jefe del Comando Sur, quienes calificaron Hernández como un gran socio de los EE. UU. en materia de lucha contra el narcotráfico. Mucho menos al actual presidente, Joe Biden, quien ejerció como vicepresidente en gestión de Obama.
Estas mismas fuentes advirtieron que aún cuando la defensa argumente que el propio gobierno estadounidense ha destacado el papel de JOH en la lucha contra el narcotráfico en otras ocasiones, y busque descalificar a los testigos del gobierno, será difícil que pueda rebatir los hechos y acciones en que habría incurrido el expresidente Hernández y que muy seguramente presentará la fiscalía como sustento del caso.
No desestiman a rajatabla que el juez llame a los exaltos funcionario gubernamentales de EE. UU. a declarar, pero lo ven con muy poco probable.
La acusación contra JOH seguramente contendrá hechos concretos, específicos que son los que realmente conforman la base del caso contra con el expresidente hondureño. Es el comportamiento de Juan Orlando Hernández lo que se juzgará en el Tribunal del distrito Sur de Nueva York, no las opiniones sobre él. Subrayan que, en todo caso, lo que quedaría en evidencia es la doble vida de Hernández, quien a modo de mampara habría exhibido una conducta ante sus homólogos y el gobierno de EE. UU., mientras que al mismo tiempo llevaba a cabo los actos por los cuales ahora se le juzgará.
En todo caso, nuestras fuentes expertas advierten que esta no sería la primera vez que la justicia de EE. UU. siente en el banquillo de los acusados a antiguos aliados, tal fue el caso de Manuel Noriega, ex-dictador de Panamá.
Lo que sí no descartan estas fuentes es que este juicio sirva para ponderar y censurar la poca previsión de las pasadas administraciones a la hora de emitir sus reconocimientos.
El juez Castel fijó como probable fecha del juicio el 17 de enero de 2023. Pidió a las partes que dejarán el calendario abierto para que en la fecha por él seleccionada se inicie la selección del jurado que tendrá la responsabilidad de juzgar a un expresidente que jugó un rol protagónico en las alianzas de EE. UU. en los países del triángulo norte para la lucha contra el narcotráfico en la región.
Cazador cazado.
[1] EFE. “Hernández atribuye a venganza la denuncia de que usó dinero del narcotráfico”. 4 de agosto de 2019. https://www.efe.com/efe/espana/mundo/hernandez-atribuye-a-venganza-la-denuncia-de-que-uso-dinero-del-narcotrafico/10001-4036843
[2] Venezuela Política. “Fiscalía de EE. UU. asegura que el presidente de Honduras recibió un millón de dólares para su campaña de Joaquín El Chapo Guzmán”. 2 de octubre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/10/fiscalia-de-ee-uu-informa-que-el.html
[3] Justia Honduras. Constitución Política de la República de Honduras de 1982. https://honduras.justia.com/federales/constitucion-politica-de-la-republica-de-honduras-de-1982/titulo-iii/capitulo-ii/
El pedido lo formuló la fiscalía del Distrito Sur de la Florida al juez de la causa. La audiencia de argumentos orales del caso de apelación se realizará el 4 de abril.
Por Maibort Petit
El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Robert N. Scola Jr., ordenó la restricción de la información que se divulgue sobre el juicio a Álex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, cuyo inicio pautó recientemente para el 11 de octubre del presente año 2022.
La orden responde a un pedido del gobierno en razón al interés y el carácter mediático que reviste el caso tanto en el estado de la Florida como en el extranjero, por lo que pidió la aplicación de la regla local 77.2 en este juicio.
Recientemente, el 14 de marzo, el magistrado también había ordenado, luego de revisar las mociones el 22 de diciembre de 2021, el juez adelantó la fecha de la apelación para la semana del 4 de abril de 2022. En tal sentido, dado el estado tentativo del calendario, concedió una contra-moción para agilizar el argumento y eliminar la apelación del calendario tentativo antes de la reprogramación.
Orden de protección
El 21 de marzo de 2022, Robert N. Scola Jr., juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, dictó una orden de protección para asegurar el cumplimiento de la regla local 77.2, en atención a una moción sin oposición presentada por la fiscalía.
Instruyó el magistrado para que las partes revisen y cumplan la Regla Local 77.2 en lo atinente a sus obligaciones con respecto a la divulgación de información en procesos penales.
Ordenó que tanto los abogados del gobierno, como los del acusado, informen de inmediato cualquier infracción conocida de la Regla Local 77.2 y la orden del Tribunal al Tribunal.
Orden de programación
El 16 de febrero de 2022, Roberto N. Scola Jr., juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, encontrándose en una conferencia de estado, emitió una orden de programación que estableció la realización de la conferencia sobre el estado de la apelación pendiente ante el Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. para el 10 de junio de 2022 a las 8:30 a. m. Advirtió que, ser necesario, se aceleraría la celebración de la conferencia sobre el estado a pedido de las partes. Igualmente instruyó para que el acusado se encuentre presente en la misma.
También el juez Scola manifestó que los intereses de la justicia atendidos por una prórroga superan cualquier interés del público o del Acusado en un juicio rápido. De allí que indicó que el período de demora resultante de esta continuación, es decir, desde la fecha de la conferencia de estado, 16 de febrero de 2022 hasta el 11 de octubre de 2022 C, será un tiempo excluible según la Ley de juicio rápido.
Del mismo modo, Roberto N. Scola Jr. fijó para el 11 de octubre de 2022 a las 9:00 am el juicio con jurado en la sede del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, el cual tendrá una duración de dos semanas. Precisó que se realizará una convocatoria de calendario el martes 4 de octubre de 2022 a las 9:00 am en el mismo lugar, requiriéndose que todos los abogados y el acusado estén presentes en la llamada.
En el Corte de Distrito hay una audiencia fijada para el 16 de febrero de 2022, ahora aludiendo una supuesta cuarentena del acusado que evitaría que se reuniera con los abogados.
Por Maibort Petit
Un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos Undécimo Circuito de Atlanta, Georgia, revisará el recurso de apelación interpuesto por Álex Saab Morán en la semana del 4 de abril de 2022 en Miami, Florida, de acuerdo a la decisión tomada por las autoridades de la corte.
La programación se dio a conocer en un memorando fechado el 22 de diciembre de 2021, suscrita por Jennifer Tubbs, supervisora de sesiones de la Corte de Apelaciones.
En la comunicación dirigida a los defensores de Saab y otros, se señala que las audiencias del tribunal se llevarán a cabo de martes a viernes de la semana que se inicia el 4 de abril. Posteriormente, los abogados recibirán un calendario final, aproximadamente en 6 u 8 semanas antes de la sesión, donde se indicará una fecha específica para exponer los argumentos orales.
La defensa de Saab está representada por los abogados David Rivkin, David B. Rivkin Jr., Lee A. Casey, Elizabeth P. Foley, Richard B. Raile, Jenna M. Lorence, todos del bufete Baker & Hostetler LLP.
Se advierte en la comunicación que, después de que se asigna una apelación a un día específico para la argumentación oral, cualquier cambio o adición del abogado en la apelación, requiere autorización de la corte.
La razón de la apelación
El recurso de apelación interpuesto por Álex Saab requiere que la Corte de Apelaciones suprima el fallo de un juez de primer circuito que desestimó el argumento de que el acusado no podía pedir la desestimación de la acusación porque para la fecha se encontraba en estatus de fugitivo.
Los abogados de Saab pidieron a la corte la desestimación de los cargo debido a que el considerado testaferro de Nicolás Maduro no puede ser detenido ni juzgado porque posee inmunidad diplomática en razón a su cargo de encargado de asuntos humanitarios ante el gobierno de la República Islámica de Irán y de Rusia por designación de la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente, los abogados pidieron la revisión del argumento de que el caso como tal generó víctimas legales de los delitos alegados en la acusación.
La posición del gobierno de los Estados Unidos en este caso, es que Álex Saab, al ser un fugitivo, no podía enviar a terceros al tribunal para pedir que se desestimara su acusación, sino que debía estar físicamente en el tribunal. Asimismo, los fiscales sostuvieron que no existen víctimas legales de los delitos alegados en la acusación.
La fiscalía sostiene que "no hay ninguna parte corporativa no gubernamental en este procedimiento, ni asociación de personas, formas, sociedades o corporaciones que tengan un interés en este caso o en el resultado de la apelación" y, por tanto, el tribunal debe desestimar la causa por carecer de fundamento.
Oposición al argumento de los fiscales
Entretanto, los abogados de Álex Saab piden a la corte denegar la moción del Departamento de Justicia, porque la misma no se ajusta a derecho, pues "el único argumento del gobierno es que este caso es discutible, pero está equivocado".
Esto significa que los fiscales alegan que el tribunal de Apelaciones debe denegar el recurso a la defensa porque el argumento de que Saab no puede ser detenido ni juzgado porque tiene inmunidad no fue discutido en la corte de distrito porque él no estaba presente. Por ende, piden a los jueces que nieguen el recurso porque el tema de la inmunidad diplomática no fue tratado en el fallo, pero si puede ser discutido ahora que Saab está presente.
La defensa piensa todo lo contrario y ha empujado a los jueces para que decidan que el tema de la inmunidad diplomática de Saab si puede ser discutida por los jueces de apelaciones, porque ya hay jurisprudencia que dice que las cortes de segundo circuito si pueden decidir sobre la materia.
Agrega la defensa, que la posición de los fiscales se contradice cuando señalan que "el caso es discutible solo si ya no presenta una controversia viva con respecto a la cual el tribunal puede dar una reparación significativa".
La defensa argumenta que es evidente que este Tribunal puede ofrecer un alivio significativo en este caso, puesto que el apelante, Álex Nain Saab Morán, está preso en un centro de detención federal de Miami y eso no debería ocurrir porque él goza ampliamente de inmunidad diplomática, para lo cual, de hecho tiene los comunicados públicos que así lo ratifican de Rusia e Irán.
"Si prevalece esta apelación, su afirmación de absoluta inmunidad diplomática contra el arresto y el juicio, será liberado de la prisión y se le permitirá continuar en su misión diplomática. Por lo tanto, esta Corte puede y, sobre la base de su propio precedente vinculante, debe brindar el alivio más significativo e impactante que se pueda imaginar".
Los abogados van más allá y sostienen que "las afirmaciones contrarias del Gobierno intentan confundir más que persuadir. Sostiene que debido a que la cuestión de la privación de derechos de fugitivo en esta apelación ahora es discutible, toda la apelación es discutible".
No obstante, lo discutible de un tema no equivale a lo discutible de todo el caso", acotan.
Aseguran que "el Gobierno también sostiene que el tribunal de distrito no llegó a la afirmación de inmunidad del Sr. Saab y debería tener la oportunidad de abordar esa cuestión de derecho en primera instancia".
Los abogados argumentan que la posición de los fiscales "confunde el estándar de la prisión preventiva discrecional con la cuestión jurisdiccional de la discutibilidad" y aseguran que el tribunal de apelaciones tiene jurisdicción sobre esta apelación, independientemente de cómo elija finalmente ejercer su discreción.
La fiscalía y la defensa coinciden en que es fundamental una pronta resolución de esta Corte sobre el fondo para poder tomar decisiones en el caso. "La forma de lograr este objetivo no es a través de un fallo jurisdiccional de inadmisibilidad, sino más bien mediante expedición de argumentos y decisiones".
En ese sentido, los abogados de Saab propusieron una moción ante la corte que busca realizar movimientos cruzados para acelerar la discusión y la decisión del caso. "Este caso está completamente informado y listo para la revisión de este Tribunal".
La defensa pide a la Corte denegar la moción del Gobierno o llevarla con el caso, así como también, programar las actividades para la próxima fecha disponible para el argumento y acelerar su decisión final.
Antecedentes del caso
La defensa sostiene que Álex Saab "es diplomático de Venezuela. Fue arrestado ilegalmente en Cabo Verde mientras se encontraba en una misión diplomática humanitaria en Irán para obtener alimentos, combustible y suministros para ayudar a Venezuela en su lucha contra Covid-19".
Continúan señalando que el arresto de Saab se produjo a pedido de Estados Unidos, en razón de una orden de detención emitida por el tribunal de distrito.
Agregan que "Rusia e Irán han reconocido públicamente el estatus del Sr. Saab como diplomático venezolano, y las Naciones Unidas, la Unión Africana y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental han pedido un diálogo diplomático para resolver este disputar y honrar la inmunidad diplomática del apelante [Saab].”
"El Sr. Saab ha afirmado inmunidad durante todo este caso, sin embargo, permanece detenido hasta el día de hoy”.
La defensa sostiene que Saab se opuso a la solicitud de extradición del Gobierno ante un tribunal de Cabo Verde. Paralelamente a estos esfuerzos, el acusado se trasladó al tribunal de distrito para pedir autorización para presentarse en una comparecencia especial para impugnar la acusación por motivos de inmunidad diplomática y se adjuntó una moción de desestimación.
Ante esa petición, la fiscalía argumentó en Miami, el año pasado, que Álex Saab era un prófugo de la justicia y, por lo tanto, no tenía derecho a impugnar la acusación, pero el demandado argumentó que la afirmación de la inmunidad diplomática de “cualquier forma de arresto o detención” e, incluso, desde la "jurisdicción penal" (Convención de Viena, 18 de abril de 1961, 23 UST 3227, arts. 29, 31) no es similar a un escape de la justicia y no lo convierte en un fugitivo.
"Dicho de otra manera, tratar al Sr. Saab como un fugitivo equivaldría a negar su inmunidad".
La denegación de la moción y la respuesta de Saab
El 18 de marzo de 2021, el tribunal de distrito denegó la moción de Saab, sosteniendo que es obligación de este “comparecer físicamente en este distrito como el Gobierno lo ha solicitado repetidamente”, antes de afirmar la inmunidad de arresto, detención y enjuiciamiento.
El tribunal de distrito invocó la doctrina de la privación de derechos de fugitivo, que “limita el acceso a los tribunales de un fugitivo que ha huido de una condena penal en un tribunal de los Estados Unidos”.
La corte de distrito dejó en claro que Álex Saab puede impugnar la acusación una vez que "esté físicamente presente en esta jurisdicción" y por ello, "apeló oportunamente de esa orden bajo la doctrina de la orden colateral, que habitualmente se considera una base para apelar órdenes que frustran la afirmación coloreada de un defensor de un derecho a no ser juzgado".
El 28 de mayo de 2021 la Corte solicitó la exposición informativa sobre la cuestión de si el tribunal tiene competencia apelativa por la orden de no llegar a la defensa de inmunidad de Saab.
El 11 de junio, Saab dio una respuesta afirmativa a esa pregunta, citando una decisión del Séptimo Circuito que sostenía que las órdenes que declinan adjudicar un derecho a no ser juzgado por referencia a la doctrina de fugitivo-desautorización son apelables de inmediato.
Mencionó un precedente de la Corte de Apelaciones de Atlanta que sostiene que las órdenes de “diferir un fallo” sobre una defensa de inmunidad son apelables de inmediato.
El 6 de agosto de 2021, un panel de dos jueces del citado Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos Undécimo Circuito de Atlanta, emitió una orden llevando la cuestión jurisdiccional con el caso. Se indicó claramente que la cuestión jurisdiccional está lo suficientemente cerca de la adjudicación de méritos por parte de los méritos.
Refiere que el escrito de apertura de Saab y el escrito de contestación del Gobierno se refieren tanto a la jurisdicción como a la desautorización de fugitivos; ambos discuten la doctrina de la inmunidad diplomática y las posiciones de las partes sobre su aplicación en este caso; ambos reconocen el principio de que el Tribunal a veces se niega a abordar cuestiones preservadas, pero no transmitidas en el tribunal de distrito; y ambos reconocen que esta doctrina es prudencial, no jurisdiccional.
Saab estima que la Corte debería abordar la cuestión de la inmunidad y reivindicarla con su indiscutible inviolabilidad frente al arresto y desestimar directamente la acusación.
El Gobierno argumentó que la Corte debería (si se encontraran en su contra por la desautorización de fugitivos) remitir el caso al Tribunal de distrito para que juzgue la afirmación de inmunidad en primera instancia.
Las partes acuerdan que Álex Saab ya no es un fugitivo.
Saab se centra en las razones por las que la Corte debería ejercer su facultad discrecional para resolver su defensa de inmunidad diplomática y por qué debería mantener esa defensa y ordenar la desestimación de la acusación con fecha el 4 de noviembre de 2021.
Advierten que "el proceso de extradición fue, desde un principio, muy irregular, que culminó con la destitución del Sr. Saab antes de que se agotara el proceso judicial en Cabo Verde".
La defensa se remite a la jurisprudencia para sostener que "el Tribunal puede otorgar la reparación más eficaz imaginable: una orden que transfiera al Sr. Saab del encarcelamiento a la libertad total".
Saab no pide ser considerado competente para ser juzgado, sino que reclama "el derecho a no ser llevado a los tribunales en absoluto". Un pedido que estiman que la Corte de Apelaciones está en capacidad de brindar.
El reclamo de inmunidad de Saab depende de su condición de diplomático, y el Gobierno expresado nada que comprometa esa condición desde que se presentó la apelación.
Saab solicitó a la Corte determinar, no solamente que él no es un prófugo, sino también que su condición de diplomático lo inmuniza de ser enjuiciado.
La defensa estima que existen razones imperiosas para que la Corte ejerza su facultad discrecional de abordar su inmunidad en primera instancia en apelación, como tiene derecho a hacerlo.
Aseguran que, hasta la fecha, el gobierno no ha identificado ninguna prueba que refute el hecho incontrovertido de que Álex. Saab es un diplomático de Venezuela acreditado ante Irán.
La defensa de Saab manifestó su acuerdo en que no es deseable una apelación prolongada y, por lo tanto, realiza movimientos cruzados para acelerar la discusión y la decisión.
Los abogados de Saab advierten que la fiscalía de manera tardía y repetidamente, solicitó prórrogas de las sesiones informativas y no cumplió con uno de los plazos establecidos por la Corte. Y ahora, casi seis semanas después de la extradición y comparecencia inicial de Saab en el tribunal de distrito, presenta esta moción dilatoria de desestimación, que solo puede retrasar aún más la resolución de esta apelación.
La defensa cree que el Tribunal debe conceder la contra-moción del Saab para acelerar, ordenar al secretario del tribunal que programe este caso para la próxima fecha de discusión disponible y resolver esta apelación lo antes posible.
Lo que dice el gobierno
Por su parte la fiscalía solicitó al tribunal desestimar la apelación de Álex Saab pues, como sostiene, en el caso supuesto de exista jurisdicción en virtud de la doctrina de la orden colateral para abordar los méritos de la sentencia de privación de derechos de fugitivo del tribunal de distrito, se trata de una cuestión que ahora es indiscutiblemente discutible. Para el gobierno, sí Saab tiene derecho a la inmunidad diplomática de enjuiciamiento no es materia de la corte de apelaciones.
El gobierno tampoco cree que sea necesario un argumento oral para resolver esta moción de desestimación, si se opta por llevar la moción con el caso y programar la apelación. La fiscalía no se opone a la solicitud de Saab de que se acelere la argumentación y la decisión.
Estima la fiscalía que el Tribunal debería desestimar la apelación, porque la impugnación de Álex Saab a la decisión del tribunal de distrito sobre la privación de derechos de fugitivo es discutible ahora que ha sido extraditado a los Estados Unidos y compareció en el tribunal de distrito. También al hecho de que el gobierno cree que el Tribunal debería devolver la jurisdicción al tribunal de distrito para permitirle decidir sobre la solicitud de inmunidad diplomática de Saab en primera instancia.
Al argumento de Saab de que no se requiere desestimación con relación al "problema de la privación de derechos de fugitivo en este caso es discutible", indicando que no se requiere la desestimación porque “lo discutible de un asunto no equivale a lo discutible de todo el caso”, la fiscalía no discute esta propuesta bien aceptada. Sin embargo, advierte que eso no significa que la Corte tenga una “obligación prácticamente inquebrantable”, para decidir sobre la solicitud de inmunidad de Saab en esta apelación interlocutoria. Asegura que se debe desestimar el pedido de Saab porque no se presentó debidamente ante la Corte y porque la reclamación de inmunidad diplomática no se desarrolló ni fue plenamente informada, no fue considerada por el tribunal de distrito, y por lo tanto no está bien planteada ante el tribunal de apelaciones.
Recuerda el gobierno que el tribunal de distrito negó la moción de Álex Saab de anular una orden anterior que lo clasificaba como prófugo; y también le negó otra solicitud de autorización para presentarse a una comparecencia especial para impugnar la acusación. Al respecto, la fiscalía cree las partes están de acuerdo en que este aspecto de la apelación de Saab es discutible y debe desestimarse. Sobre lo segundo, estima el gobierno que el tribunal de distrito se limitó a pronunciarse sobre una solicitud de autorización para comparecer de manera especial, en el contexto de un caso en el que el acusado aún no había comparecido.
Subraya el gobierno que el tribunal de distrito no se pronunció sobre la moción para desestimar o negar a Saab la oportunidad de obtener un fallo inmediato una vez que compareció, por lo que se debería permitir que lo haga ahora en primera Instancia.
En tal sentido, el gobierno considera cualquier apelación con respecto al reclamo de inmunidad diplomática de Saab, en este momento es prematura. Y por esa razón, no es una cuestión de discusión y la Corte de Apelaciones debería desestimarla.
Igualmente, considera erróneo el argumento de Álex Saab de que la Corte no debería desestimar su apelación porque si ejerciera su discreción para abordar su reclamo de inmunidad diplomática en primera instancia y fallar a su favor, le estaría brindando “la reparación más eficaz imaginable: una orden que lo transfiere del encarcelamiento a la completa libertad”.
El gobierno responde a la queja de Saab por estar "detenido en un centro de detención federal en Miami sin derecho a fianza", advirtiendo que este no menciona que ni siquiera ha solicitado la libertad previa al juicio en el tribunal de distrito. Indicaron los fiscales que sí Saab cree que tiene derecho a una fianza, que presente una solicitud de este tipo en el tribunal de distrito.
Del mismo modo, el gobierno cree que la corte debe desestimar la apelación del reclamo de inmunidad diplomática por ser prematuro, dado que el tribunal de distrito aún no se ha pronunciado al respecto.
Por último, el gobierno se remite a lo expresado por Álex Saab en el sentido de que las partes “están de acuerdo en que es fundamental una pronta decisión de esta Corte sobre el fondo” y advierte que tergiversa la posición de la fiscalía. “Aunque el Gobierno solicitó a este Tribunal que desestime la apelación de Saab ‘rápidamente para devolver la jurisdicción al tribunal de distrito’, (…) el argumento del Gobierno desde el inicio de esta apelación es que este Tribunal no necesita, y no debería abordar los méritos de esta apelación en absoluto. Mas bien, el Gobierno ha argumentado que esta apelación debe ser desestimada tanto por falta de jurisdicción como por la doctrina de la controversia”.
Juez del primer circuito cambia la audiencia
Por otro lado, el juez Robert N. Scola anunció el cambio de la audiencia que estaba prevista para el viernes 7 de enero para el 16 de febrero, argumentando que Saab tendría que pasar 14 días en cuarentena si la audiencia se llevara a cabo el 7 de enero, como estaba previsto.
El juez Scola alega que hay un incremento significativo de los casos de COVID-19 en el estado de la Florida
“Teniendo en cuenta el aumento del COVID-19, si la audiencia se llevara a cabo el 7 de enero, el acusado tendría que estar en cuarentena durante 14 días después de la audiencia, lo que interferiría con su capacidad para consultar con un abogado”, señala el fallo del juez.
