Pide acciones penales contra los diputados Freddy Superlano, Conrado Pérez, Richard Arteaga y Luis Parra.
El abogado, Ramsés Augusto Reyes Colmenares, denunció ante la Fiscalía controlada por Nicolás Maduro, a los diputados a la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, Conrado Pérez, Richard Arteaga y Luis Parra, integrantes de la Comisión Permanente de Contraloría del referido Poder Legislativo, de endilgarle la autoría de una supuesta denuncia en la que hacía referencia a hechos de corrupción cometidos por el empresario colombiano, Álex Saab, aparentemente investigados por dicho ente parlamentario, cuando esto (su autoría) es totalmente falso.
Expone Reyes Colmenares que durante los primeros días del mes de septiembre de 2020, conoció a través de los medios de comunicación que varios integrantes de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, durante un periplo realizado por varios países del mundo para gestionar el desbloqueo de las cuentas intervenidas de Álex Naim Saab Morán, argumentaron los resultados de una investigación por ellos desarrollada sobre una supuesta denuncia interpuesta por él (por Reyes) ante dicha instancia parlamentaria. Habría denunciado el ahora denunciante ante la AN, hechos de corrupción supuestamente cometidos por Saab, según el finiquito de la investigación que lo exoneraba de toda responsabilidad.
“Es de resaltar que la información en las redes sociales que vinculan a Álex Naim Saab Morán a unos diputados de la Asamblea Nacional de la República de Venezuela, se fueron en defensa del investigado (…) llevando consigo los resueltos y finiquitos de la supuesta investigación que ellos alegan en sus documentos públicos (…)”.
Las informaciones que circulan, igualmente señalan que dichos resultados de la investigación se le comunicaron a Ramsés Reyes en su carácter de denunciante, y se le dieron a conocer también a diversas instituciones bancarias en nombre de la referida Comisión Permanente de Contraloría con el objetivo de diligenciar el desbloqueo de las cuentas de Saab en esas entidades financieras.
Ante tales hechos, Ramsés Augusto Reyes Colmenares asegura ante el Fiscal General que “jamás denuncié tales hechos alegados en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional en contra del ciudadano colombiano Álex Naim Saab Morán”.
Ante tales circunstancias, el denunciante considera que los denunciados por él, Freddy Superlano, Conrado Pérez, Richard Arteaga y Luis Parra, exhiben una conducta volitiva que emana la comisión de un conjunto de delitos enjuiciables de oficio, tipificados en el Código Penal, en la Ley contra la Corrupción, en la Ley contra la delincuencia organizada y el terrorismo, así como en la Convención de Palermo.
Sostiene, además, Reyes Colmenares que sus denunciados, por los hechos narrados, resultan subsumibles de los tipos penales de los delitos contra la independencia y la seguridad de la nación, fraude, forjamiento de documento público, falsa atestación ante funcionario público, corrupción propia, abuso de poder y asociación para delinquir.
Herrera agrega que a su juicio los denunciados estarían incursos en la comisión de hechos punibles de la Ley Sustantiva Penal, al atribuírseles delitos de acción pública y en razón de esto invocó el Fuero de Atracción al juez que vaya a conocer su causa.
Dado su temor fundado por las amenazas intimidatorias de que fue objeto por parte de Freddy Superlano, Conrado Pérez Richard Arteaga y Luis Parra, puedan convertirse en agresiones físicas por parte de estos hacia su persona, Ramsés Reyes y su asistente, Sergio Aranguren, solicitó medidas de protección a su favor.
Finalmente, Ransés Reyes solicitó a la Fiscalía el inicio de la averiguación penal correspondiente.
Según le expuso Herrera a la Fiscalía, el diputado Parra porta un fusil de alto calibre, por lo que deben tomarse muy en serie tales amenazas por parte del ministerio Público.
Por Maibort Petit
El 21 de septiembre de 2020, Carlos Herrera, editor del portal Primicias 24, asistido por el abogado, Pedro Aranguren Gualdrón, denunció ante el fiscal general de la república, Tarek William Saab, al diputado a la Asamblea Nacional, Luis Parra, a quien señaló de proferir supuestas amenazas muerte en su contra.
Herrera expone en su denuncia que el día 18 de septiembre de 2020, aproximadamente a las 9 de la mañana, recibió una llamada del diputado Parra, a través de la cual este procedió a acusarlo de ser responsable de una información documentada que circulaba en las redes sociales en la cual se lo vinculaba —junto a otros parlamentarios— con la denominada “operación alacrán” y con unas diligencias presuntamente practicadas ante bancos europeos, las cuales tenían por objeto la defensa del empresario colombiano, Álex Saab y el desbloqueo de las cuentas de este en dichas entidades financieras. A tal efecto, la versión apunta a que los parlamentarios eximían a Saab de toda culpa en la comisión de irregularidades en las operaciones de importación de alimentos para al programa CLAP, mediante la presunta presentación de unos documentos y credenciales de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional.
Igualmente, Carlos Herrera señala al diputado Luis Parra de, seguidamente a la acusaciones antes señaladas, proceder a amenazarlo de muerte o de hacerlo apresar: “O te mandamos a matar o te mando a poner preso”, le habría dicho el parlamentario, al tiempo que agregaba que esto último podía lograrlo por sus relaciones con un “alto dirigente de la revolución venezolana, utilizando de una manera vulgar el nombre de ese ministro”, a quien en ninguna parte de la denuncia se identifica.
En tercer lugar, el denunciante Carlos Herrera, procede a desmentir las supuestas acusaciones que Parra le formulara, señalándolo de ser el responsable de la campaña en contra del parlamentario, “porque en ningún momento he publicado en Primicias24, de quien soy editor, esa documentación que circula en las redes sociales”.
En este sentido, Herrera advierte que a los documentos que se han difundido en las redes sociales también tuvieron acceso los diputados que viajaron a Europa junto con Parra, puesto que las suscribieron, por lo cual es posible deducir que cualquiera de ellos habría podido darlas a conocer a través de internet. Agrega que esto es una posibilidad, en razón de que dichos diputados —así como los abogados que le acompañaron y a quienes deben dinero por concepto de honorarios profesionales por sus gestiones en Europa— en la actualidad se encuentran enemistados con Parra.
A Herrera le resulta inconcebible que el diputado Luis Parra continúe en su empeño “de engañar a la opinión pública, [y] opta por amenazarme de muerte cual delincuente y mafioso político”.
Aclaratoria ante el MP
Carlos Herrera la advierte al Ministerio Público en su denuncia que, efectivamente, él viajó con los diputados de la Comisión de Contraloría de la AN entre los que se encontraba Luis Parra, a Europa.
Para ello, había recibido una invitación del citado ente legislativo, el día 13 de febrero de 2020, con el objeto de que los acompañara para dar cobertura periodística a las investigaciones que seguirían en el viejo continente, con relación a exfuncionario del gobierno nacional incursos en supuestos hechos de corrupción.
Sin embargo, destaca que “en ningún momento participé en el entramado que supuestamente formaron los diputados viajeros de enviar cartas a instituciones bancarias de Europa para solicitar desbloqueo de cuentas bancarias a favor de ciertas empresas supuestamente vinculadas con Álex Saab, según han relatado medios de comunicación, o a pedir que no se bloquearan fondos de dichas empresas, porque los diputados tenían su propia agenda que no se correspondía a la mía (…)”.
Refiere que durante el viaje con compartió hospedaje con los diputados ni los acompañó todo el tiempo.
Califica la acusación en su contra formulada por Parra de “elucubración de base fantástica” y subraya que sólo es responsable de lo que se publica Primicias24, puesto que la cuenta en Twitter @primicias24 se encuentra bloqueada.
Señala que ni Primicias24, ni el resto de los medios de comunicación que acompañaron a Europa a los diputados de la Comisión de Contraloría, pueden ser responsabilizados de las acciones de los diputados, pues sólo cumplían una labor periodística, “sin que tengamos que ver en participaciones escabrosas de amparar supuestamente a empresarios”.
Parra es un “delincuente político”
Carlos Herrera expone en su denuncia ante la Fiscalía General de la República que esta debe tomarse en serio, toda vez que el diputado Luis Parra, a su juicio, “ha demostrado fehacientemente ser un delincuente político”.
Para calificarlo de tal manera, Herrera se remite al comportamiento de Parra, porque este primeramente apoyó a Juan Guaidó y las leyes propuestas por este que habrían dado lugar a las sanciones emitidas por Estados Unidos y la Unión Europea en contra de Venezuela. Posterior a estos hechos, cuando fue designado como presidente de la Asamblea Nacional, entonces cambió radicalmente de “actitud política, dando un giro de trescientos sesenta grados, traicionando sus supuestos principios políticos de derecha por unos revolucionarios que sabemos que son inexistentes, para andar ahora suplicando ante las instituciones ante las que antes pedía se sancionara al país, que hagan cesar el bloqueo inclemente que han impuesto contra Venezuela”.
Además de hacer referencia a otros vaivenes políticos de Parra, el denunciante Carlos Herrera indicó que el 21 de enero de 2020, sin que previamente éste hubiera consultado con su persona, el diputado procedió a designarlo como Asesor y/o Delegado de Asuntos Internacionales y Representante ante el Hemisferio Norte de la Asamblea Nacional de Venezuela” (sic).
Esta decisión del poder Legislativo se comunicó al departamento de Estado de los Estados Unidos.
El parlamento presidido por Parra hizo el nombramiento de Herrera “para que represente a la Asamblea Nacional de Venezuela, ante las instancias internacionales y muy especialmente para realizar todo lo que considere necesario orientado a lograr como interlocutor válido el reconocimiento por parte de los Estados Unidos de Norteamérica (sic) de las nuevas autoridades parlamentarias y del mismo modo para facilitar el entendimiento que conlleve a una salida electoral para sí lograr el restablecimiento de la estabilidad democrática que reclama urgentemente nuestra nación y nuestro hemisferio”.
Carlos Herrera en carta remitida a Parra renunció a “tan espúrea representación que él me había otorgado inconsultamente” y así lo dio a conocer a la Fiscalía.
En carta remitida a Luis Parra el 23 de enero de 2020, Carlos Herrera le manifestó su “sorpresa y estupor”, por la designación toda vez que no contaba “con la legitimidad para realizar un acto de esta naturaleza, pues es público y notorio, que el status que dice mantener como Presidente de la Asamblea Nacional se mantiene en discusión en la Sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia, quien hasta ahora no se ha pronunciado al respecto”.
Herrera también informa al Ministerio Público en su denuncia que fue deportado por el gobierno colombiano al catalogarlo como “persona de alta peligrosidad por supuestamente estar vinculado con la llamada ‘Operación Alacrán’, cosa que es complemente falsa”.
Acompaña esto de una carta firmada por el diputado a la Asamblea Nacional, Ismael León, denunciante de la cita “Operación Alacrán”, quien lo exoneró de participar, directa o indirectamente en dichos hechos.
Por último, Carlos Herrera alertó a la Fiscalía de que el diputado Luis Parra “anda armado con fusiles de alto calibre, siendo creíble entonces la amenaza de muerte a través del sicariato que me profirió (…)”
Desde su arresto en la República de Cabo Verde, se inició el proceso de extradición, a cuyos puntos fundamentales hacemos referencia en esta entrega.
Por Maibort Petit
Luego de que el Tribunal de que el Tribunal de Apelación de la República de Cabo Verde aprobara la extradición a los Estados Unidos del empresario barranquillero, Álex Saab, crece la expectativa acerca de cuáles serán los próximos acontecimientos.
He aquí los aspectos claves delo que ha sido el proceso hasta la fecha.
1) La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos
El 25 de julio de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Álex Nain Saab Moran por orquestar una vasta red de corrupción que ha permitido que el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su régimen se beneficien significativamente de importación y distribución de alimentos en Venezuela. La administración estadunidense señaló a Saab de beneficiarse de contratos sobrevalorados, entre los que se incluye el programa de subsidio de alimentos denominado Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Saab actuó con su socio, Álvaro Enrique Pulido Vargas.
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El colombiano, según el Tesoro de EE. UU. se valió para cumplir su cometido, de una sofisticada red de empresas fantasma, socios comerciales y miembros de su familia, para lavar provenientes de la corrupción en todo el mundo[1].
Saab y Pulido fueron acusados formalmente por la fiscalía estadounidense, por sus supuestos roles en el lavado de dinero producto de las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
La fiscalía anunció que Álex Saab y Álvaro Pulido, fueron acusados de ocho cargos de lavado de dinero en el Distrito Sur de Florida. La querella sostiene que el empresario pagó sobornos a funcionarios venezolanos y canalizó más de USD 350 millones a cuentas en el extranjero como parte de los sobornos pagados a funcionarios del régimen de Maduro relacionados con el programa de alimentos CLAP[2].
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2) Acusación en Colombia
Previo a esto, en su natal Colombia, en mayo de 2019, Álex Saab y varios miembros de su familia son considerados prófugos de la justicia y sobre ellos recaía una circular azul de Interpol. Un juez de Barranquilla les imputó cargos de lavado de activos al supuestamente llevar a cabo operaciones ficticias de comercio exterior de la empresa Shatex, mediante las cuales se blanquearon USD 25.000 millones provenientes de la corrupción en Venezuela[3]. La captura de Saab en septiembre de 2018 se frustró por la delación de la operación por parte de un miembro de la policía colombiana, a saber, Eddie Pinto.
El 9 de junio de 2020, el Fiscal General de Colombia anunció la expropiación de ocho inmuebles de Saab, valorados en 35 mil millones de pesos, unos USD 9,7 millones, los cuales habrían sido adquiridos con recursos ilícitos[4].
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3) El arresto en Cabo Verde
Prófugo de la justicia de los EE. UU. —señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro— el gobierno de Cabo Verde procedió a la captura de Álex Saab cuando el avión en el que volaba —un lujoso Learjet, de matricula venezolana— cubriendo la ruta Venezuela-Rusia-Irán, paró en el país africano a cargar combustible.
Esto ocurrió el 12 de junio de 2020 sobre la base de una alerta roja de la Interpol en razón de la acusación que el sistema judicial de los Estados Unidos. Ya desde que Saab figuraba en la llamada “Lista Clinton” pesaba sobre él una circular azul que se hizo efectiva en Cabo Verde[5].
4) El apoyo del régimen de Maduro
Desde el momento mismo de su aprehensión, el régimen venezolano de Nicolás Maduro ha maniobrado para hacer que Saab sea liberado por parte de las autoridades caboverdianas.
En un comunicado, la cancillería de Maduro calificó la detención de arbitraria e irregular, pese a que para el momento no existía código rojo vigente en el sistema de ese organismo de coordinación policial internacional. Se alegó la nacionalidad venezolana de Saab y lo catalogó como “agente del Gobierno Bolivariano de Venezuela, [que] se encontraba en tránsito en la República de Cabo Verde, durante una escala técnica necesaria para continuar su trayecto con el objeto de realizar gestiones para garantizar la obtención de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), así como medicamentos, insumos médicos y otros bienes de carácter humanitario para la atención de la pandemia del COVID-19”[6].
Entretanto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Miguel Ángel Martín, denunció que Álex Saab no es venezolano como asegura Maduro. Por su parte, Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores designado por el presidente encargado Juan Guaidó, advirtió para que sea funcionario diplomático hay procedimientos legales que no se han cumplido[7].
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Ante los traslados de prisiones de que ha sido objeto Saab por parte de las autoridades de Cabo Verde, el gobierno de Maduro ha reaccionado y exigido explicaciones, además de pedir que se le permita verificar el estado del detenido[8]. También ha alegado que Saab ha sido objeto de maltratos por parte de las autoridades encargadas de su custodia[9].
5) La millonaria defensa de Saab
Para que lo represente ante las autoridades de Cabo Verde, Álex Saab ha contratado un equipo de abogados de alto target, cuya misión, aparte de liberarlo del arresto, era evitar su extradición a los Estados Unidos.
Uno de estos abogados es José Manuel Pinto Monteiro, quien entro sus primeras acciones estuvo apelar la detención preventiva de Saab, alegando que la circular roja que sirvió para justificar la detención se emitió un día después de su arresto[10].
En una carta en la que el canciller del régimen de Maduro, Jorge Arreaza, exigió al gobierno de Cabo Verde se respetara la supuesta inmunidad que ostentaría Saab en su carácter de agente del gobierno, reveló el nombre del abogado contratado por esa administración, a saber, Rutsel Silvestre Jacinto Martha, de nacionalidad holandesa, exasesor y director de Asuntos Jurídicos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y exfuncionario de la Interpol[11].
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Luego, Álex Saab contrató al exjuez español, Baltasar Garzón, quien se encargaría de liderar las denuncias que el empresario presentará ante el tribunal internacional de justicia de La Haya, en razón de la supuesta violación a la inmunidad jurisdiccional de quien se presenta como agente diplomático del régimen de Nicolás Maduro.
Garzón pedirá una indemnización por daños patrimoniales y de imagen por entre 5 y 12 millones de dólares[12].
La defensa de Álex Saab estaría costando USD 65 millones y provendrían de fondos públicos venezolanos, según aseguró uno de los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, Miguel Ángel Martín.
En general, la oposición venezolana asegura una clara malversación de fondos por parte del régimen venezolano.
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Sólo por estudiar la viabilidad del caso antes de asumirlo, el exjuez Baltasar Garzón cobra USD 65.000 y, según versiones, habría recibido un adelanto de USD 4 millones. Se desconoce cuánto facturan el resto de los abogados.
Una nota del portal Primer Informe aseguró que parte de los fondos para pagar la defensa de Saab provienen de cuentas en Suiza rastreadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. “No se sabe si con esos fondos, o con los del régimen, también se contrató a las prestigiosas firmas portuguesas Abreu Advogados y Rogério Fernandes Ferreira & Associados para coordinar su defensa en Cabo Verde”[13].
6) Las estrategias de la defensa
El equipo defensor de Saab intentó un “habeas corpus” ante las autoridades judiciales de Cabo Verde que fue negada por el Tribunal Supremo del país africano.
La decisión que rehusó dejar en libertad al empresario barranquillero se convirtió en el tercer revés sufrido por Saab, luego de su arresto y la confirmación del mismo al no reconocerse la inmunidad diplomática que alegaba el gobierno de Nicolás Maduro[14].
La defensa de Saab presentó una segunda solicitud de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde, alegando que la circular roja que sirvió para detenerlo había sido anulada por la Interpol. A juicio de los expertos, esto ocurrió porque la persona buscada ya había sido capturada[15].
Como el anterior, el Tribunal Supremo de Cabo Verde no le otorgó el amparo del nuevo 'habeas corpus' a Saab, quien, por tanto, debía seguir tras las rejas en espera de que se decidiera su extradición a Estados Unidos[16].
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A la par de tales acciones descritas, la defensa de Álex Saab, recurrentemente ha recurrido a otras estrategias como la de solicitar una valoración médica para probar que no se suicidaría. Igualmente se han denunciado supuestos maltratos y amenazas de muerte. Supuestamente, Saab temía que lo asesinaran y lo presentaran como un suicidio[17].
Se habló de que Venezuela había ofrecido una recompensa de USD 10 millones para extraer vivo o muerto al colombiano y de que un avión permanecía se mantenía en el aeropuerto de Guinea-Bisáu dejando entrever que se buscaba rescatarlo.
7) Autorizada la extradición
Luego de que el gobierno de Cabo Verde manifestara su disposición a extraditar a Álex Saab a los Estados Unidos, finalmente, el 31 de julio —aunque se conoció el 3 de agosto de 2020— el Tribunal de Apelación de esa nación le dio el visto bueno a la entrega del barranquillero a las autoridades judiciales estadounidenses.
Al informar de la decisión, la defensa de Saab dijo en un comunicado que estaban esperando la fecha de la audiencia prescrita por la ley en la que ejercer su derecho a la defensa, pero con la decisión de aprobar la extradición se violaron los derechos de su defendido.
8) Los dos recursos que le quedan a la defensa
Tras la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de aprobar la extradición de Álex Saab a los Estados Unidos, a la defensa le quedan dos recursos adicionales: 1) Apelar la decisión final de la Corte Suprema y 2) Acudir al Tribunal Constitucional donde los abogados defensores del acusado ya sometieron un recurso previo para pedir su libertad, y que fuera enviado a su domicilio. Esta acción de la defensa no fue considerada por los jueces del Tribunal Constitucional alegando que no habían sido agotadas todas las instancias judiciales antes de llegar a esa corte.
CITAS
[1] U.S. Department of the Treasury. “Treasury Disrupts Corruption Network Stealing From Venezuela’s Food Distribution Program, CLAP”. 25 de julio de 2019. htts://home.treasury.gov/news/press-releases/sm741
[2] Department of Justice. Office of Public Affairs. “Two Colombian Businessmen Charged With Money Laundering in Connection With Venezuela Bribery Scheme”. 25 de julio de 2019. https://www.justice.gov/opa/pr/two-colombian-businessmen-charged-money-laundering-connection-venezuela-bribery-scheme
[3] El Espectador. “Fiscalía le imputó cargos a Alex Saab, señalado contratista del chavismo”. 10 de mayo de 2019. https://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscalia-le-imputo-cargos-a-alex-saab-senalado-contratista-del-chavismo/
[4] El Tiempo. “Fiscalía inició extinción de dominio a bienes del empresario Álex Saab”. 9 de junio 2020. https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/alex-saab-bienes-a-extincion-de-dominio-por-35-mil-millones-de-pesos-504802
[5] El Tiempo. “Capturan al colombiano Álex Saab, señalado testaferro de Maduro”. 13 de junio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/capturan-al-colombiano-alex-saab-senalado-testaferro-de-nicolas-maduro-506516
[6] Gobierno Bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriotres. “Venezuela denuncia detención arbitraria de Alex Saab en Cabo Verde”. 13 de junio de 2020. http://mppre.gob.ve/comunicado/venezuela-detencion-arbitraria-alex-saab-cabo-verde/
[7] Diarios Las Américas. Denuncian que Alex Saab "ni es venezolano ni es agente diplomático del régimen de Maduro". 28 de julio de 2020. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/denuncian-que-alex-saab-ni-es-venezolano-ni-es-agente-diplomatico-del-regimen-maduro-n4204034
[8] El Tiempo. “Régimen de Maduro exige a Cabo Verde que le deje ver a Álex Saab”. 5 de julio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-regimen-de-maduro-le-exige-a-cabo-verde-que-se-lo-deje-ver-514540
[9] El Tiempo. “Maduro saca ‘artillería’ para rescate de Álex Saab en Cabo Verde”. 6 de julio de 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-regimen-de-nicolas-maduro-saca-artilleria-para-rescatarlo-de-cabo-verde-514612
[10] El Tiempo. “Álex Saab contrata a poderoso abogado para frenar extradición”. 16 de junio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-contrata-a-poderoso-abogado-para-frenar-extradicion-a-ee-uu-507238
[11] El Tiempo. “La carta desesperada del régimen Maduro por liberar a Álex Saab”. 8 de julio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-carta-del-regimen-pidiendo-inmunidad-y-liberacion-515566
[12] El Tiempo. “Saab contrata a Baltasar Garzón para demandar a EE. UU. y a Cabo Verde”. 14 de julio 2020. https://www.eltiempo.com/mundo/mas-regiones/baltasar-garzon-quien-es-el-exjuez-que-defendera-a-alex-saab-517882
[13] El Tiempo. “Polémica por pagos de la defensa de Álex Saab con fondos de Venezuela”. 1 de agosto 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/polemica-por-pagos-de-la-defensa-de-alex-saab-con-fondos-de-venezuela-524952
[14] El Tiempo. “Niegan libertad a Álex Saab, se abre paso su entrega a la DEA”. 23 de junio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-sab-cabo-verde-resuelve-habeas-corpus-sobre-libertad-del-testaferro-de-nicolas-maduro-509950
[15] El Tiempo. “Saab presenta segundo habeas corpus para quedar libre en Cabo Verde”. 29 de junio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-defensa-presenta-otro-habeas-corpus-512342
[16] El Tiempo. “Le niegan por segunda vez la libertad a Álex Saab”. 2 de julio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/le-niegan-por-segunda-vez-la-libertad-a-alex-saab-513570
[17] El Tiempo. “Álex Saab pidió protección porque cree que lo pueden asesinar”. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-pidio-proteccion-porque-cree-que-lo-pueden-asesinar-514280
La Corte Suprema de Justicia ha negado, por segunda vez, la solicitud de hábeas corpus para la liberación de Alex Saab, considerado por Estados Unidos como el principal testaferro de Nicolás Maduro.
El portal el Expresso das IIhas publicó una nota donde alega que una fuente judicial dijo que la decisión de la Corte Suprema se conocía el martes, después de haber denegado la primera solicitud a fines de junio.
Sin embargo, Estados Unidos pidió formalmente a las autoridades de Cabo Verde que extraditaran al empresario, según la agencia Lusa.
La solicitud formal de extradición se realizó a través de la Oficina del Fiscal General (PGR) de Cabo Verde y el proceso también incluirá una solicitud de autorización del Ministerio de Justicia, como le dijo una fuente del gobierno a Lusa.
El proceso de extradición comprende una fase administrativa, con la intervención del Ministro de Justicia, quien puede dar su aprobación o no, y una fase judicial, que en este caso corresponde al Tribunal de Apelaciones de Barlavento (segunda instancia), en la isla de São Vicente, que comienza "después de la decisión favorable de la solicitud de extradición" de ese miembro del Gobierno, explicó previamente a Lusa fuente de la PGR.
Desde que se decretó la detención preventiva de Alex Saab, dos días después de su arresto, Estados Unidos tuvo 18 días para solicitar su extradición. Por lo tanto, la solicitud se hizo a Cabo Verde antes del final de este período, que aún podría extenderse a 40 días.
Alex Saab, ciudadano colombiano con pasaporte venezolano, fue arrestado la noche del 12 de junio sobre la base de una orden de arresto internacional emitida por los Estados Unidos, una decisión previamente criticada por el abogado defensor.
Estados Unidos acusa al empresario de negocios corruptos con el régimen de, Nicolás Maduro.
El embajador venezolano en Cabo Verde, residente en Dakar, argumentó que el arresto del empresario Alex Saab Morán constituye una violación "grave e inaceptable" de las reglas de soberanía y no injerencia en los asuntos internos de otro país.
En nombre de Venezuela, el embajador solicitó que las autoridades judiciales de Cabo Verde pongan fin a "esta situación ilícita de manera urgente".
Las autoridades de Cabo Verde recibieron formalmente la petición de extradición de Alex Naim Saab Morán, el empresario colombiano acusado por las autoridades estadounidenses como operador del régimen del presidente Nicolás Maduro en Venezuela.
Estados Unidos entregó la solicitud formal de extradición que incluye documentos y declaraciones juradas de testigos que soportan la acusación en Contra de Saab que fue aprobada por un gran jurado. Los expedientes fueron entregados en tres idiomas. Con la entrega, el proceso pasa a una nueva fase que pone a Saab más cerca de su envío a Miami, en donde tendrá que enfrentar los cargos de lavado de dinero y corrupción vinculados al régimen venezolano.
Saab fue arrestado en Cabo Verde el 12 de junio cuando el avión privado en el que viajaba se detuvo en la isla africana. Tras su arresto, Venezuela dio a conocer un comunicado que advertía que Saab es venezolano, agente del gobierno y que portaba al momento de su detención un pasaporte diplomático.
Los abogados de Saab han afirmado que apelarán todas las fases del proceso, y que en el marco de los lapsos que establecen los procedimientos se calcula que el caso podría durar entre 5 ó 6 meses.
Por su parte, la fiscalía caboverdiana ha dicho que la resolución del proceso de Saab podría durar unos 45 días, aproximadamente. Aclaró que Estados Unidos contaba con 18 días desde la fecha del arresto para presentar formalmente la solicitud de extradición. La petición debe contener las evidencias que la sustentan para que los jueces evalúen las mismas y procedan a tomar una decisión, que también será apelable.
Saab viajó de Teherán a Cabo Verde, el plan de vuelo original dice que iría a Algeria. No obstante, el acusado fue a Cabo Verde porque hay un barco, retenido en esa isla, cargado con gasolina que sería transportada a Venezuela. El armador se niega a salir con la carga porque teme a las sanciones impuestas por los Estados Unidos al régimen de Maduro.
Por Maibort Petit
@maibortpetit
El empresario colombiano, Alex Naim Saab Morán, quien fue arrestado en Cabo Verde este viernes, viajaba en el avión G5000 matrícula T7JIS, registrada en San Marino. La nave se le asocia (sin documentación evidente) a la empresa administradora de aeronaves Altair Jets Corp, registrada en Panamá.
Foto: FlightAware
Alex Nain Saab Morán está acusado por el gobierno de los Estados Unidos se ser parte de una trama de corrupción y lavado de dinero, vinculada directamente con Nicolás Maduro, Cilia Flores y sus más cercanos colaboradores.
De acuerdo a las bases de datos consultadas, este avión, registra varios vuelos hacia Venezuela en 2019.
Open Corporation refleja que la firma Altair Jets Corp, es propiedad de Amado Faraco Heredia y David Faraco Heredia, este último, Teniente Aviación FAN (2003).
Según registros en el portal LinkedIn, Altair Jets Corp. cuenta con personal procedente del sector público venezolano (de origen militar) como es el caso de Valker Aular (piloto) y Betzabeth Palma, Gerente de Operaciones.
La página oficial de Altair Jets Corp, asegura que tienen sedes en Panamá, Colombia, Dubai, Francia y República Dominicana.
La Gaceta Oficial de 2003 donde consta que David Faraco Heredia es efectivo de la Aviación Militar de Venezuela.
El caso
De acuerdo a los documentos federales, Alex Saab está acusado de delitos de lavado de dinero. La querella sostiene que el empresario pagó sobornos a funcionarios venezolanos y que canalizó más de $ 350 millones a cuentas en el extranjero como parte de un programa de alimentos CLAP del régimen de Nicolás Maduro.
Alex Saab estaba en Irán
Fuentes cercanas al caso informaron que Alex Saab se encontraba en Teherán gestionando los envíos de gasolina a Venezuela, en el marco de los acuerdos que el régimen venezolano logró con la República Islámica de Irán.
Las fuentes aseguran, inclusive, que Alex Saab compró una lujosa propiedad en Irán y que operaba desde allá en el manejo y negociación de los envíos de gasolina.
El Profesor de la Universidad de la Florida y autor de un libro sobre Crimen Organizado, Bruce Bagley se declaró culpable ante un juez de Nueva York de haber participado en una trama de lavado de dinero internacional de más de $ 2 millones derivados del pago de soborno y de actividades relacionadas con la corrupción en Venezuela.
El fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, anunció que Bruce Bagley R se declaró culpable este lunes ante el juez de distrito, Jed S. Rakoff por dos cargos de lavado de dinero. Bagley usó cuentas bancarias en su nombre y de una compañía que creó en Florida para lavar más de $ 2 millones en ganancias de un esquema de soborno y corrupción de Venezuela en los Estados Unidos.
Berman dijo que Bagley, quien se desempeñaba como profesor universitario y autor de un libro sobre narcotráfico y crimen organizado, a cometer los delitos de corrupción y lavado de dinero.
El fiscal sostuvo que el profesor Bagley admitió que lavaba dinero para ciudadanos extranjeros corruptos, que era producto del soborno y la corrupción. "Eran fondos robados a los ciudadanos de Venezuela", dijo Berman.
Bagley ahora enfrenta la posibilidad de una larga permanencia en prisión.
La acusación
En noviembre de 2016, Bruce Bagley, profesor de estudios internacionales y autor del libro 'Tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en las Américas', abrió una cuenta bancaria (1) en nombre de una empresa (1) de su propiedad.
Entre noviembre de 2016 o alrededor de noviembre de 2017, la Cuenta-1 tuvo una actividad mínima, pero alrededor de noviembre de 2017, comenzó a recibir depósitos mensuales de cientos de miles de dólares de cuentas bancarias ubicadas en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos.
Cada mes, Bagley recibiría un depósito de aproximadamente $ 200,000 de una de las cuentas en el extranjero en la cuenta-1. Posteriormente, retiraría aproximadamente el 90 por ciento de los fondos en forma de cheque de caja, pagadero a una cuenta en poder de otra persona.
Bagley enviaba el resto de los fondos a su cuenta personal. Entre noviembre de 2017 y alrededor de octubre de 2018, la cuenta 1 recibió aproximadamente $ 2.5 millones de las cuentas en el extranjero.
Las cuentas en el extranjero pertenecían a un individuo colombiano (Alex Saab). En diciembre de 2018, o alrededor de esa fecha, la Persona-1 tuvo una conversación con Bagley sobre el hecho de que Bagley estaba trasladando los fondos de la Persona-2 a los Estados Unidos y que los fondos representaban los ingresos del soborno y la malversación de fondos extranjeros robados al pueblo venezolano. Sin embargo, en diciembre de 2018, Bagley creó una nueva cuenta bancaria ("Cuenta-2") para transferir dinero adicional perteneciente a Individual-2.
Bagley continuó recibiendo cientos de miles de dólares de las cuentas en el extranjero después de abrir la cuenta 2. Bagley transfirió la mayoría de estos fondos al Individuo-1 pero retuvo una comisión por sus servicios.
El comunicado de la fiscalía, se señala que el acusado, de 73 años y residente de Coral Gables, Florida, se declaró culpable de dos cargos de lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
Bagley será sentenciado por el juez Rakoff el 1 de octubre de 2020 a las 4:00 p.m.
La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional entregó cartas que exoneran a Alejandro Jesús Ceballos Jiménez, cabeza principal del Grupo 7C C.A. y otras empresas, de supuestos hechos de corrupción denunciados en el ente parlamentario por los diputados Richard Arteaga y Conrado Pérez. Ceballos Jiménez aparece mencionado en varios casos de corrupción y lavado de dinero, incluyendo, el informe del Banco Central de Curazao y San Martín relacionado con la intervención del Banco del Orinoco, N.V, propiedad del banquero Víctor Vargas.
Alejandro Ceballos Jiménez es señalado de haber participado en diversos casos de corrupción, incluyendo una trama de lavado de dinero con empresas vinculadas al expresidente fallecido, Néstor Kirchner, su viuda, Cristina Fernández, Diego Marynberg en el Banco del Orinoco N.V. , propiedad del banquero Víctor Vargas, intervenido por las autoridades de Curazao por violación de normas de Lavado de dinero y financiamiento de terrorismo.
La investigación de la Comisión de Contraloría
Hace un año — específicamente el 2 de diciembre de 2018— se produjo una declaración del diputado de Primero Justicia, Richard Arteaga, miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, donde anunciaba que se había abierto una investigación sobre la venta de unos terrenos en Barcelona, estado Anzoátegui, donde habría supuestas irregularidades.
Arteaga es uno de los 12 diputados que aparecen involucrados en la trama de corrupción vinculada al empresario colombiano, Alex Saab, y a su asociado, Carlos Lizcano. Los parlamentarios entregaron a Saab su socio unas misivas donde se establece que fueron exonerados de las investigaciones supuestamente realizadas por los parlamentarios. Las cartas de buena conducta son utilizadas por sus portadores como escudo protector ante las denuncias y acusaciones judiciales en su contra. El escándalo llevó a que el presidente de la Asamblea Nacional, y reconocido como presidente interino por más de 50 países, Juan Guaidó, anunciará la intervención de la Comisión de Contraloría y la separación temporal de sus cargos de los parlamentarios involucrados. Ver detalles aquí.
El parlamentario explicó que este caso “es un entramado de corrupción” en el que empresarios, en complicidad con el ex alcalde de Barcelona, Guillermo Martínez y una la representación de la empresa Kamacuto, adquirieron terrenos del ejido municipal “a precios de regalía para comerciarlos en 250.000 dólares por hectárea, y que en su totalidad se calculan 3.000 hectáreas vendidas”.
Arteaga declaró que la Comisión de Contraloría llamó a comparecer al empresario Alejandro Ceballos “para que explique sus vínculos con la firma Kamacuto, así como para aclarar alianzas de la empresa Inversiones Alfamaq, propiedad de un familiar de Ceballos, con el empresario Franklin Durán, vinculado con Antonini Wilson y Gold Reserved”.
El parlamentario dijo que Ceballos Jiménez ya tenía un expediente por presuntas irregularidades en sectores económicos de la CVG, relacionado con la empresa Grupo 7C, responsable del saneamiento del río Guaire, por 430 millones de dólares, en la gestión de Jacqueline Farías.
A principios de 2019, se informó que la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), continuaba con las investigaciones de corrupción que afectan a instituciones del país, entre ellas la que forma parte del caso que se ha identificado como "Acapulco Venezolano".
El 6 de mayo de 2019, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional envió una comunicación a la empresa Grupo 7C, C.A. donde se informa que ese ente parlamentario inició una investigación sobre la empresa KAMACUTO, C.A. en virtud de los señalamientos hechos por el diputado Richard Arteaga donde se presume irregularidades administrativas en la concesión de terrenos ejidos municipales para la ejecución de un complejo recreacional del Caribe denominado "La Gran Barcelona". En la misma se señala al Grupo 7C. C.A como acreedora de los terrenos, y careciendo de evidencias reales que permitan demostrar la veracidad de los señalamientos. Por ello se determinó la IMPROCEDENCIA del caso y se decidió no continuar con la investigación al respecto.
El mismo 6 de mayo de 2019, la Comisión de Contraloría envió una carta firmada por el diputado Freddy Superlano en la cual se informa a Alejandro Ceballos, presidente de la empresa Grupo 7C, C.A., que "sobre la investigación sobre presupuestas irregularidades administrativas cometidas en el extravío de 500 millones de dólares destinados para potenciar las plataformas de las Empresas Básicas de Aluminio y para ventas a futuro de aluminio, por parte del ciudadano Rodolfo Sanz, expresidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y ex ministro de Industrias Básicas y Minería y por la ciudadana Lina Marcano, ex gerente de administración y finanzas de la (CVG), en la misma se pudo establecer una vez consignados y verificados los elementos presentados ante la Comisión, que los mismos desvirtúan cualquier relación o indicios que le puedan relacionar con la investigación en cuestión. Por tales motivos, se determinó la IMPROCEDENCIA del caso, y a su vez vez, hemos decidido que tanto su persona como su empresa, nada tiene que ver con la investigación que se lleva respecto al caso".
El 13 de mayo de 2019, el entonces presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, emitió otra carta donde se le informa a Ceballos Jiménez que "la investigación realizada sobre el Saneamiento del Río Guaire, una obra adelantada por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente por un monto de 430 mil dólares". Al respecto señaló que ese ente parlamentario "no pudo establecer, una vez consignados y verificados los elementos presentados ante la Comisión, que los mismos desvirtúan cualquier relación o indicios que le puedan relacionar con la investigación en cuestión y por tanto se determinó la IMPROCEDENCIA del caso, y se decidió que tanto Ceballos Jiménez como la empresa Grupo 7C, C.A. nada tienen que ver con el caso señalado".
El caso de los 500 millones de $ de la CVG
Una denuncia consignada el 29 de abril de 2010, ante el Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar con sede en Ciudad Guayana, interpuesta por el presidente del Sindicato Único de Trabajadores Profesionales Universitarios de la Industria Venezolana de Aluminio (SUTRAPUVAL), Manuel F. Díaz señala que Alejandro Ceballos participó en la operación de depósito de 500 millones de dólares de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en el Gazprom Bank en Líbano. En esta denuncia también se menciona al bolichicho (señalado del gigantesco caso de corrupción en el sector eléctrico de Venezuela), Leopoldo Alejandro Betancourt López.
El dueño del Portal, Carlos Herrera aparece entre las personas mencionadas en el reportaje del Armando.info que destapó la crisis e intervención de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Ver detalles aquí.
Conrado Pérez pidió enjuiciar a Alejandro Ceballos y repatriar los capitales robados. Pérez declaró que la Asamblea Nacional "solicitó la congelación de las cuentas bancarias de los mismos, así como títulos, valores e inversiones que mantengan los ciudadanos y la confiscación de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad" del caso. El diputado dijo que "el Parlamento venezolano autorizó a esta Comisión para que hiciera la denuncia ante los órganos jurisdiccionales de Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, China y países que conforman la Unidad Económica Europea". Recordó que "la actuación de la Comisión de Contraloría estaba basada en lo dispuesto del numeral 3 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se establece que es un deber ineludible de los Miembros de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el control sobre el Gobierno y la administración Pública Nacional". Asimismo, dijo que "la acción se realizaba dentro de las atribuciones conferidas en el artículo 64 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional que le otorga la función de la vigilancia, Control y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las entidades Públicas Sujetas a su Control". Pérez sostuvo que "el artículo 65 del Reglamento faculta a la Comisión a dar inicio a las investigaciones, sustanciar y emitir un informe definitivo sobre las denuncias que se propongan ante su seno". Explicó el parlamentario que "la denuncia presentada en contra de Rodolfo Sanz, en su condición de ex Ministro de Empresas Básicas y Minería de la República Bolivariana de Venezuela y Johel Orta Moros, es por estar relacionados con la presunta emisión y negociación de bonos emitidos por la empresa CVG, colocación de oro de la también empresa Nacional Minerven y negociación fraudulenta de cabillas, todo ello en perjuicio del Estado venezolano". Argumentó que "debido a la gravedad de los hechos denunciados que involucran el interés público y patrimonio de la Nación se había dado inicio a la apertura del procedimiento correspondiente para la determinación de la responsabilidad política, administrativa de los funcionarios públicos y terceros que aparezcan relacionados con esos hechos e incluso la solicitud de apertura de la averiguación penal ante los órganos jurisdiccionales, de ser procedente".
Caso "Acapulco Venezolano"
En el año 2018 la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció el inicio de investigaciones al llamado “Acapulco Venezolano” por presuntos hechos de corrupción.
En ese sentido, el parlamentario Richard Arteaga, miembro de la delegación permanente, explicó que el caso del “Acapulco Venezolano” fue una estructura de presunta corrupción entre funcionarios públicos de la provincia de Anzoátegui y empresarios vinculados al gobierno chavista.
El diputado Arteaga declaró sobre la consignación de un informe ante la Comisión de Contraloría, donde se destaca la creación de una empresa municipal en el año 2014, por parte de autoridades de la Alcaldía de Simón Bolívar en la provincia de Anzoátegui, denominada KAMACUTO C.A., donde aparecían como directores Zelim Avendaño y Luis Medrano, quienes les cedían terrenos, que pertenecían al ejido municipal, a otras empresas privadas y que a su vez, éstas, vendían a un precio que oscilaba los 250 mil dólares (USD 250.000$), retornando al erario público solo los aranceles, establecidos por la misma alcaldía.
Arteaga denunció ventas con un 10.000% de sobreprecio”. Detalló que estos hechos ocurrieron en la gestión del ex-alcalde Guillermo Martínez, con la presunta complicidad de los empresarios Alejandro Ceballos, Carlos Kauffman y Franklin Durán. Otro vinculado al caso, por el que todavía no se han impuesto sanciones, sería un abogado de nombre Augusto Adolfo Calzadilla. La trama de corrupción conllevó la repartición, saqueo y venta de terrenos en una zona donde se construiría una «ciudad hospitalaria» y dónde se desarrollaría un proyecto turístico llamado «Acapulco venezolano».
Alejandro Ceballos publicó las cartas de buena conducta de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. En la página web de sus empresas, Alejandro Ceballos público las cartas con la siguiente información:
A Manera de Aclaratoria
El Grupo 7C, corporación de empresas de la familia Ceballos que durante 40 años ha venido desarrollando actividades en la industria de la construcción y sus extensiones, ha sido víctima de acusaciones infundadas producto de la ignominia de intereses malsanos que pretendían vilipendiar el prestigio ganado gracias al trabajo y honestidad que el consorcio ha mantenido a lo largo de su trayectoria.
En el mes de noviembre de 2018 Alejandro Ceballos, Presidente del Grupo 7C, fue citado a comparecer ante la Asamblea Nacional, totalmente opositora, para responder antes las acusaciones que sobre su persona y el grupo que preside, hiciera por diferentes medios digitales: Richard Arteaga, Diputado a la Asamblea Nacional por el partido político MUD (Mesa del Unidad). La convocatoria fue hecha por el Diputado por el partido Voluntad Popular: Freddy Superlano, Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional.
Las investigaciones que llevó a cabo la comisión fueron:
1 - Presunto entramado de corrupción en complicidad con el exalcalde del Municipio “Simón Bolívar” del estado Anzoátegui: Guillermo Martínez y bajo la representación de la empresa Kamacuto, por adquisición de terrenos del ejido municipal a precios de regalía para comerciarlos en un costo de doscientos cincuenta mil dólares (USD 250.000$) por hectárea.
2 - Presunta irregularidad en la adjudicación de cuatrocientos treinta millones de dólares (USD 430.000.000) para la obra “Saneamiento del Río Guaire” sin que esta fuera ejecutada.
3 - Presuntas irregularidades administrativas en el extravío de quinientos millones de dólares (USD 500.000.000) destinados a potenciar las plataformas de las empresas básicas de aluminio.
En mayo de 2019, una vez que Grupo 7C presentara a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional elementos y documentos en su defensa, dicha Comisión emanó los resultados de las investigaciones en documentos separados dejando claro que Grupo 7C, sus empresas y su Presidente: Alejandro Ceballos, no tuvieron relación alguna con los casos mencionados declarando IMPROCEDENTES las denuncias hechas por el Diputado Opositor: Richard Arteaga; los documentos resultantes fueron firmados por el Diputado Freddy Superlano, Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional. Ver la original aquí.
Denuncias de lavado de dinero por autoridades de las islas de Curazao y San Martín.
Alejandro Ceballos Jiménez aparece mencionado en una investigación de blanqueo de capitales a nivel internacional, según un informe presentado por las autoridades del Banco Central de Curazao y San Martín que se realizó antes de la intervención del Banco del Orinoco N.V. propiedad del banquero Víctor Vargas, dueño del Grupo Banco Occidental de Descuento en Venezuela. El informe de las autoridades de Curazao sostiene que el Banco del Orinoco N.V. — Grupo Financiero BOD- Venezuela — incurrió en una conducta comercial violatoria de las regulaciones relativas al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo aplicables en Curazao y en las irregularidades aparece transacciones con empresas relacionadas con el fallecido presidente argentino Néstor Kirchner, su viuda y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, el operador venezolano Alejandro Ceballos Jiménez y el multimillonario de origen israelí, Diego Marynberg. Ver informe completo aquí.
A través de un correo electrónico, el abogado que representa la empresa Salva Foods, Pedro Aranguren Gualdrón informó que desistió de la demanda contra la mencionada firma por reclamo de honorarios profesionales no cancelados que fue presentada el pasado 19 de febrero de 2019, ante los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Aranguren Gualdrón sostiene que recibió la totalidad de los pagos adeudados por la empresa Salva Foods, que fueron detallados en el expediente del caso de demanda que quedó identificado con el número AP11-V- FALLAS-2019-000020.
Salva Foods 2015 C.A., según consta en el documento, está representada por Carlos Rolando Lizcano Manrique. Aranguren Gualdróninforma que renunció al reclamo de honorarios por ningún otra diligencia. Aranguren Gualdrón envío una nota señalando que actúo como defensor de Salva Foods y "que ciertamente hubo impasse a nivel profesional que ya fue subsanado". A continuación publicamos el mensaje:
El representante legal de empresa Salva Foods 2015 C.A. fue quien introdujo la demanda por difamación e injuria a los portales Armando Info y El Cooperante por las informaciones publicadas por dichos medios sobre la supuesta corrupción e irregularidades en que se habría incurrido en los contratos para la distribución de alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) promovidos por el gobierno de Nicolás Maduro, presentó una demanda en contra de la referida compañía por incumplimiento de pago.
En febrero de 2018, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, editores del portal Armando.info y el redactor Roberto Deniz, fueron demandados por el empresario colombiano, Alex Nain Saab Morán, por difamación agravada continuada e injuria agravada, luego de que publicaran los resultados de una investigación en un par de reportajes que versaban sobre el supuesto negocio irregular en que está sustentado el programa gubernamental de distribución de alimentos casa por casa, CLAP. Esta demanda fue presentada en el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
El tribunal prohibió a los comunicadores sociales hacer mención alguna sobre Saab y les dictó una medida de prohibición de salida del país. Igualmente el Consejo Nacional de las Telecomunicaciones (Conatel) les prohibió difundir información sobre Alex Saab, sustentado tal medida en un oficio del 23 de agosto de 2018 en el que el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones del Juicio de Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas que prohíbe a los comunicadores “publicar y difundir a través de los medios digitales, específicamente en el sitio denominado Armando.Info, menciones que vayan en contra del honor y la reputación Alex Nain Saab hasta tanto finalice el presente proceso, en la causa que le sigue en contra de los mencionados ciudadanos.
Armando.info y los periodistas en cuestión han sido objeto de diversos ataques cibernéticos tan pronto hubieron publicado las notas sobre el CLAP. Su integridad física también habría estado en peligro. Actualmente los comunicadores se encuentran en el exilio.
