Aunque parezca increíble, la sentencia de una de las fichas de Álex Saab en Estados Unidos será condenado el mismo día que el considerado testaferro de Nicolás Maduro sea presentado en corte para que el juez le lea los cargos por los cuales será procesado en Miami.
Por Maibort Petit
Nuevamente fue cambiada la fecha de sentencia del profesor y experto en Crimen Organizado Trasnacional, Bruce Bagley que fue acusado de ser parte de una red de lavado de dinero encabezada por el colombiano, Álex Saab y su socio Álvaro Pulido. La condena estaba prevista para 18 de octubre, luego fue cambiada para el 16 de noviembre y existe la posibilidad que sea prorrogada una vez más.
El 1 de junio de 2020, el profesor de la Universidad de la Florida y autor de un libro sobre Crimen Organizado en América Latina se declaró culpable de haber participado en una trama de lavado de dinero internacional de más de $ 2 millones derivados del pago de soborno y de actividades relacionadas con la corrupción en Venezuela.
Bagley se declaró culpable de dos cargos de lavado de dinero. El acusado usó cuentas bancarias a su nombre y de una compañía que creó en Florida para lavar más de $ 2 millones en ganancias de un esquema de soborno y corrupción de Venezuela en los Estados Unidos.
Bagley se desempeñaba como profesor universitario y autor de un libro especializados en narcotráfico y blanqueo de capitales y de manera sorpresiva decidió cometer los delitos de corrupción y lavado de dinero en un esquema vinculado directamente a los colombianos Álex Saab y Álvaro Pulido.
El profesor Bagley admitió que lavaba dinero para ciudadanos extranjeros corruptos, que era producto del soborno y la corrupción. "Eran fondos robados a los ciudadanos de Venezuela", dicen los documentos federales.
La acusación
En noviembre de 2016, Bruce Bagley, profesor de estudios internacionales y autor del libro 'Tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en las Américas', abrió una cuenta bancaria (1) en nombre de una empresa (1) de su propiedad.
Entre noviembre de 2016 o alrededor de noviembre de 2017, la Cuenta-1 tuvo una actividad mínima, pero alrededor de noviembre de 2017, comenzó a recibir depósitos mensuales de cientos de miles de dólares de cuentas bancarias ubicadas en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos.
Cada mes, Bagley recibiría un depósito de aproximadamente $ 200,000 de una de las cuentas en el extranjero en la cuenta-1. Posteriormente, retiraría aproximadamente el 90 por ciento de los fondos en forma de cheque de caja, pagadero a una cuenta en poder de otra persona.
Bagley enviaba el resto de los fondos a su cuenta personal. Entre noviembre de 2017 y alrededor de octubre de 2018, la cuenta 1 recibió aproximadamente $ 2.5 millones de las cuentas en el extranjero.
Las cuentas en el extranjero pertenecían a un individuo colombiano (Alex Saab). En diciembre de 2018, o alrededor de esa fecha, la Persona-1 tuvo una conversación con Bagley sobre el hecho de que Bagley estaba trasladando los fondos de la Persona-2 a los Estados Unidos y que los fondos representaban los ingresos del soborno y la malversación de fondos extranjeros robados al pueblo venezolano. Sin embargo, en diciembre de 2018, Bagley creó una nueva cuenta bancaria ("Cuenta-2") para transferir dinero adicional perteneciente a Individual-2.
Bagley continuó recibiendo cientos de miles de dólares de las cuentas en el extranjero después de abrir la cuenta 2. Bagley transfirió la mayoría de estos fondos al Individuo-1 pero retuvo una comisión por sus servicios.
El acusado, de 73 años y residente de Coral Gables, Florida, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
Bagley será sentenciado por el juez Rakoff el 18 de octubre de 2021.
Los jueces consejeros estimaron que la solicitud era extemporánea y presentada fuera del plazo establecido por ley.
Por Maibort Petit
Por extemporáneo, los magistrados João Pinto Semedo (relator), Arístides R. Lima y José Pina Delgado que conforman el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, decidieron no admitir el recurso de amparo que el empresario Álex Saab —señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro y acusado por los Estados Unidos de delitos de lavado de dinero— en contra le de la sentencia que la Corte Suprema emitió para aprobar su extradición a los EE. UU.
La decisión
El 12 de octubre de 2021, los Jueces Consejeros del Tribunal Constitucional de Cabo Verde en reunión plenaria decidieron no admitir un recurso de amparo constitucional contra la Sentencia número 28/2021, de 16 de marzo del presente año, dictada por la Corte Suprema de Justicia y, además, que se adoptara una medida provisional que se traduzca en la obligación de permanecer en la vivienda y la consiguiente liberación inmediata. Se ordenó el archivo de tal solicitud.
Los magistrados fundamentaron subrayan en primer lugar que el recurso de amparo está dirigido a la protección de ciertos derechos fundamentales, cuyo conocimiento se atribuye a la Corte Constitucional, y que se caracteriza por los principios de subsidiariedad y excepcionalidad. Se trata de un medio que tiene como único objetivo la protección de los derechos fundamentales, por lo que el Tribunal Constitucional tiene prohibido conocer de materias conexas de legalidad ordinaria. En tal sentido, estimaron que el recurso presentado no se identifica con ningún acto de carácter legislativo o normativo.
Fuera de lapso
Al verificar que el recurso de amparo está dirigido contra una conducta imputada a la Corte Suprema de Justicia el Tribunal Constitucional procedió a evaluar si existía alguna razón que impidiera su admisión, tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Amparo.
En primer término, verificaron si no fue presentado fuera de plazo, por lo que recuerdan lo que establece la ley de Amparo: “El recurso de amparo se interpondrá dentro de los veinte días contados a partir de la notificación de la decisión, siempre que se plantee la cuestión en un proceso que se encuentre en los términos de los tribunales”. Del mismo modo se prevé que cuando interponga contra decisiones de un órgano judicial, el plazo se cuenta a partir de la fecha de notificación de la orden que ha denegado la presunta violación.
Álex Saab alega violación de ciertos derechos, libertades y garantías reconocidos constitucionalmente por parte de la Corte Suprema de Justicia, al dictar la Sentencia Nº 28/2021, de 16 de marzo.
Específicamente, Saab sostiene que "Hubo violación del derecho del recurrente a la libertad sobre el cuerpo y a la tutela judicial efectiva, ya que se decretó su extradición sin que la Corte haya comprobado de manera concluyente que no está protegido" por inmunidad diplomática que impide su privación de libertad por los Tribunales de Cabo Verde.
Refiere la decisión que si bien no es claro que la Corte Suprema de haya adoptado la conducta que, según el recurrente, resultó en una violación del derecho a la libertad sobre el cuerpo y a la efectiva protección judicial, la decisión le fue notificada hace mucho tiempo, pero recién ahora se acordó de interponer este recurso de amparo, según entendió que la buena hermenéutica determina que la interposición de un recurso de fiscalización concreta de constitucionalidad interrumpe el plazo para interponer otros recursos que pudieran encuadrarse en la misma decisión.
Luego de un largo análisis e interpretación de la legislación aplicable al caso así como de la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional determinó que la interposición del recurso de fiscalización concreta de constitucionalidad Nº 2/2021 no interrumpió el plazo para interponer recurso de amparo contra conductas que pudieran haber vulnerado los derechos, libertades y garantías del extraditado Álex Nain Saab. Morán.
Refiere que habiendo dejado transcurrir el plazo de veinte días desde la notificación de la Sentencia Nº 28/2021, de 16 de marzo, y de las decisiones post-decisionales relativas a la misma, el recurrente perdió la oportunidad de impugnar la conducta que imputa a la Corte Suprema de Justicia.
Se indica que el solicitante en lugar de analizar la Sentencia Nº 28/2021, de la “Corte Suprema de Justicia, depurar hipotéticas violaciones normativas de las presuntas violaciones por conducta, reaccionar a las primeras mediante el recurso de fiscalización concreta de constitucionalidad y cuestionar la conducta potencialmente violadora de los derechos, libertades y garantías a través del recurso de amparo dentro del plazo legal, esperó, cómodamente, para ahora intentar interponer un recurso de amparo con base en la tesis de que la interposición del recurso de fiscalización concreta interrumpe el plazo para desencadenar el protección constitucional”.
Los magistrados niegan la tesis de Saab respecto a haber actuado a tiempo en razón de que, supuestamente, la interposición de otros recursos interrumpía el cómputo del plazo establecido en la norma advirtiendo que si esto fuera válido, “es decir, si la interposición del recurso de revisión concreta de constitucionalidad interrumpiera el plazo para desencadenar el recurso de amparo constitucional, el cómputo del plazo para solicitar la amparo sólo comenzaría después de la decisión final de la decisión sobre la inspección concreta, que, como se sabe, aún no se ha llevado a cabo”.
Recurso extemporáneo
Sostiene la decisión que el recurso de amparo interpuesto por Álex Saab “es manifiestamente extemporáneo, bien porque la interposición del recurso de Inspección Concreta de Constitucionalidad no interrumpe el plazo para interponer el recurso de amparo, bien por la simple razón de haber sido interpuesto antes de la sentencia firme de Sentencia Nº 39/2021, de 30 de agosto”.
Advierte la sentencia que “La puntualidad es un supuesto insuperable y la práctica de esta Corte ha sido el escrutinio secuencial de los supuestos previstos en el artículo 16, siendo la ausencia de uno suficiente para determinar la no admisión del recurso”.
Estimaron los jueces que, sin que sea necesario escrutar los demás supuestos, “se concluye que el recurso de amparo no puede ser admitido, por haberse interpuesto manifiestamente fuera del plazo legal, de conformidad con las disposiciones conjuntas del párrafo 1 del artículo 5 y el inciso a.) del párrafo 1 del artículo 16 de la Ley de Amparo”.
Desestimada la medida provisional
A la par del recurso de amparo, Álex Saab había solicitado al Tribunal Constitucional que le otorgara una medida provisional consistente en poner fin a la obligación de permanecer en la vivienda y la consecuente devolución inmediata de su libertad.
Refiere la decisión que al no ser admisible el recurso de amparo, se menoscaba el conocimiento de la solicitud de decreto de la medida provisional, de acuerdo con la orientación sobre la relación de dependencia que existe entre la admisibilidad del recurso de protección y el incidente de la solicitud de adopción de medidas provisionales.
El 13 de agosto el Tribunal Constitucional podría emitir la decisión final del caso. No obstante, hay algunas fuentes que señalan que el proceso podría durar más tiempo.
Por Maibort Petit
El equipo de abogados defensores de Alex Saab emitió una declaración en la que advierten de los supuestos errores que habría cometido el Fiscal General de Cabo Verde, José Landim, con el único objetivo de facilitar la extradición del empresario a los Estados Unidos.
Específicamente, Landim, en uno de los apartes del documento habría afirmado que los compromisos diplomáticos contraídos por el gobierno de los Estados Unidos a través de sus departamentos de Estado y Justicia, constituiría una obligación para los tribunales estadounidenses lo cual, al entender de los representantes de Saab, es incorrecto.
Recuerdan que la Constitución de los Estados Unidos se basa en el principio de la separación de poderes, por lo que el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo. Partiendo de esto, los tribunales estadounidenses solamente se someten a los dictados constitucionales y las leyes de los EE. UU., por lo que aun cuando los tratados forman parte de la legislación, estos sólo obligan a los tribunales en la medida en que crean disposiciones de "ejecución automática" que el propio acusado tiene derecho a hacer cumplir.
El comunicado de los abogados de Saab subraya que la "regla de la especialidad" es aplicable en los casos de extradición en los que un país ha contraído ciertos compromisos específicos con otro país como condición para asegurar la custodia de la persona extraditada. “Establece que, cuando esos compromisos impliquen una limitación de los delitos por los que una persona extraditada puede ser procesada, esa persona solo podrá ser juzgada por los delitos específicamente declarados. No se pueden presentar nuevos cargos contra dicha persona”.
Y advierten entonces que, aunque la regla es de aplicación general, tiene limitaciones importantes en los Estados Unidos, aplicables en el caso de Álex Saab Morán. Según el precedente judicial vinculante aplicable al Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Florida donde cursa el caso contra Saab Morán, aplica solo cuando la extradición se haya sustentado en un tratado de extradición que incluya específicamente la "regla de la especialidad" entre Estados Unidos y el país de donde se solicitó la extradición, en este caso Cabo Verde.
Al no haber tratado de extradición entre los EE. UU. y Cabo Verde, no podrá establecerse este compromiso, aún en el caso de que Estados Unidos se comprometiera a cumplir el compromiso. Por ende, el Departamento de Justicia podría presentar cargos adicionales si así lo considera pertinente en contra Saab.
Esto significa que mientras las autoridades de Cabo Verde sustenten su decisión en la regla de especialidad para justificar su aprobación, no estarían garantizando ninguna protección exigible para Saab Morán en un juicio que pudiera tener una sentencia de cadena perpetua, la cual es inadmisible en Cabo Verde.
Finaliza el comunicado con la advertencia sobre el hecho contradictorio de que, por un lado, se argumente que Estados Unidos hace su solicitud de extradición sobre lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Transnacional —que no aplica pues UNTOC no contempla la cláusula de especialidad— y por el otro, EE. UU. dice que aplicará el mecanismo de las Naciones Unidas[1].
Cuenta regresiva
Pero la batalla campal que se libra en los tribunales de Cabo Verde en donde desde un lado y de otra se dispara a matar, pareciera estar en sus últimos estertores dado que el próximo 13 de agosto se espera que la Corte Constitucional caboverdiana emita la decisión final de este caso.
Para la defensa de Saab es vital el pronunciamiento que la corte constitucional adopte en cuanto a la citada regla de la especialidad y sobre lo que ha sido su revisión del proceso que ya supera más de un año.
Esta decisión es fundamental, toda vez que ya el tribunal Supremo de Justicia autorizó la extracción el pasado 17 de marzo.
Entre los últimos asaltos de esta dura pelea, Álex Saab arremetió en una carta abierta contra el fiscal Landim, a quien señaló junto al primer ministro, Ulisses Correia, de ocultar información y de mentir. Acusó nuevamente al gobierno de Cabo Verde de haberlo “sacado a golpes” del avión cuando paró a recargar combustible para proseguir su viaje a Irán en donde, supuestamente cumpliría una misión diplomática en nombre de Venezuela.
Refiere Saab en su pronunciamiento que el fiscal ha ignorado sus argumentos y lo acusó de entregar información errada al Tribunal Constitucional[2].
Reino Unido lo califica de corrupto
Y si de acusaciones se trata, el Reino Unido a través del secretario de la Relaciones Exteriores, no dudó en calificar a Álex Saab de corrupto, al anunciar el ingreso del colombiano a la lista de ciudadanos sancionados por actos de corrupción.
La decisión del Reino Unido se erige sobre la acusación que Estados Unidos mantiene contra Saab en los tribunales, en donde se lo señala, junto a su socio Álvaro Enrique Pulido, de enriquecerse a cosa te de los programas de alimentación y vivienda del gobierno venezolano[3].
El gobierno británico impuso sanciones a Saab y a Pulido, consistentes en la congelación de sus activos en el Reino Unido y prohibición de entrada al país.
La cancillería británica al explicar la razón de sus sanciones dijo que Saab y Pulido “Se beneficiaron de contratos adjudicados indebidamente, en los que los bienes prometidos se entregaban a precios muy inflados. Sus acciones causaron más sufrimiento a los venezolanos, ya golpeados por la pobreza, para su propio enriquecimiento privado”[4].
Desestimado recurso de apelación
Antes de esto, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde había rechazado el 21 de julio el recurso de apelación interpuesto por la defensa de quien es acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, con el cual se buscaba suspender el proceso de extradición en razón de un pedido del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El tribunal decidió por unanimidad desestimar el recurso de “cumplimiento de la solicitud de adopción de medidas provisionales”, por cuanto el estado caboverdiano no tiene obligación alguna de cumplir la solicitud del comité de Naciones Unidas y porque “no existen razones suficientemente persuasivas para justificar su aceptación”[5].
REFERENCIAS
[1] Justicia Fuser. “Declaración del equipo de defensa del diplomático Alex Saab”. 4 de agosto de 2021. https://www.justiciafuser.com/declaracion-del-equipo-de-defensa-del-diplomatico-alex-saab/
[2] El Tiempo. “Saab arremete contra fiscal de Cabo Verde ad portas de extradición”. 27 de julio 2021. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-arremete-contra-fiscal-y-primer-ministro-de-cabo-verde-606171
[3] El Tiempo. “Reino Unido califica a Saab de corrupto y le impone sanción”. 22 de julio 2021. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-y-alvaro-pulido-sancionados-por-el-reino-unido-605020
[4] Semana. “Congelan cuentas de Álex Saab en el Reino Unido por malversar ayudas públicas en Venezuela”. 22 de julio de 2021. https://www.semana.com/mundo/articulo/congelan-cuentas-de-alex-saab-en-el-reino-unido-por-malversar-ayudas-publicas-en-venezuela/202146/
[5] Infobae. “El Tribunal Constitucional de Cabo Verde rechazó suspender la extradición de Alex Saab a Estados Unidos”. 21 de Julio de 2021. https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/07/21/el-tribunal-constitucional-de-cabo-verde-rechazo-suspender-la-extradicion-de-alex-saab-a-estados-unidos/
Una investigación previa daba cuenta de la corrupción e irregularidades del programa alimentario en manos del empresario señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro.
Por Maibort Petit
Ocultar la corrupción e irregularidades cometidas por el Álex Saab y sus empresas en la implementación del programa alimentario del gobierno de Nicolás Maduro, en el seno de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, requería por parte de la denominada Fracción CLAP, designar una subcomisión especial para investigar el caso.
Tal ente parlamentario se conformó por Conrado Pérez (PJ), Richard Arteaga (VP) y Adolfo Superlano (UNT) y su tarea consistía en hacer desaparecer las investigaciones previas sobre el corrupto programa alimentario y limpiar la imagen de sus protagonistas con un informe exculpatorio y la emisión de cartas de buena conducta dirigidas a gobiernos, bancos e instituciones financieras que mantenían fondos congelados ante las denuncias de irregularidades.
Anterior a la entrada en escena de los diputados de la Fracción CLAP existía un expediente elaborado por una subcomisión especial que investigó la corrupción e irregularidades del programa gubernamental.
Era fundamental, por tanto, que los diputados contratados por Alex Saab, principal sospechoso junto a sus empresas, desviaran de él todos los señalamientos.
Y es que, de acuerdo a fuentes ligadas al caso, el informe real de la investigación hacía referencia a contratos de los CLAP, el FONDEN, CORPOVEX, los cuales contemplaban sobreprecios.
Asimismo, el empresario requería silenciar o desaparecer los informes de análisis químicos y microbiológicos que demostraban las graves irregularidades sobre los productos suministrados en el programa alimentario.
El informe real había determinado que las empresas con las cuales se habían suscritos los contratos del programa CLAP eran, simplemente, compañías de maletín o fachada, constituidas en fechas sucesivas.
De igual manera, los análisis de costos de cada contrato revelaron que se realizaron por cada producto, lo que demostró el diferencial de sobreprecio tanto en el costo adjudicado y el estudiado como en el costo del transporte. Todos los estudios realizados para la redacción del informe original y real, llevaron establecer un incremento (sobreprecio) del 60 por ciento%.
El estudio químico y microbiológico a cada producto y empaque concluyó que el 99 por ciento de los mismos, no cumplen con las normas de calidad y consumo nacionales COVENIN, por lo que su distribución no es recomendada por no ser aptos para el consumo humano.
Las fuentes nos indican que el informe real determinó otras responsabilidades del caso, precisando, en primer lugar, al mayor general, Yoffreda Giuseppe, presidente de Corpovex en 2016, quien suscribió contratos con empresas de maletín, uno por cada producto, que contemplan detalles específicos del concepto de contratación, así como costos, requerimientos e información de coordenadas bancarias para el pago de los mismos.
Del mismo modo, el general Luis Medina Ramírez, ministro de Alimentación y presidente de Cuspal, solicitó mediante requerimiento a CORPOVEX, la compra de alimentos para los CLAP, así como para la distribución de los mismos.
Entretanto, Simón Zerpa, presidente del FONDEN, suscribió un convenio de asistencia financiera con CORPOVEX-CUSPAL y las empresas contratadas para el programa de alimentos CLAP.
Una serie de irregularidades debían correr por cuenta de los parlamentarios para silenciar la corrupción del programa manejado por quien es señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro.
Por Maibort Petit
En dos fases habría implementado el empresario Álex Saab la supuesta estafa con las cuales desfalcó las arcas venezolanas a través del programa alimentario gubernamental de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, para lo cual debió contar con el apoyo de los diputados de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional que, en su conjunto, desde entonces, pasó a ser conocida como la Fracción CLAP.
Fuentes ligadas al caso refieren que el empresario colombiano —señalado de ser supuestamente un testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro—, en procura de acallar tal condición, así como las denuncias formuladas en contra del programa gubernamental por los altos niveles de corrupción habidos en su implementación, buscó en el grupo parlamentario al aliado necesario para silenciar el caso, nacional e internacionalmente.
Para Saab era absolutamente necesario silenciar las acusaciones contra su empresa Grand Group Limited y el daño patrimonial que le causaron al país al estado venezolano con el corrupto e irregular programa alimentario.
Fase I: Limpieza de imagen
Hasta ese momento, las investigaciones señalaban que el programa CLAP se instrumentó aplicando sobreprecios por parte de las empresas de Saab, lo cual causó un daño patrimonial de miles de millones de dólares. Asimismo, se había podido comprobar el daño a la salud ocasionado a la población, en razón de los productos de mala calidad que se suministraban a los venezolanos.
La diligencia de Álex Saab consistió, entonces, en lograr que desde el seno del Poder Legislativo Nacional se silenciara tanto el daño patrimonio como los crímenes de lesa humanidad causados. Para ello, los aliados parlamentarios del empresario en la Comisión permanente de Contraloría de la AN, tendrían que hacer desaparecer el informe real de la investigación y emitir cartas de buena conducta dirigidas a bancos en España y Estados Unidos, así como a organismos internacionales y gobiernos extranjeros, con el objetivo de exculpar a Saab y sus empresas. La Fracción CLAP habría emitido 48 oficios con este fin.
Esta primera fase de la operación, por tanto, tenía como objeto limpiar la imagen de Álex Saab y sus empresas, de manera de resguardar sus intereses financieros.
Por su trabajo de ocultar el informe real de investigación y las pruebas del mismo, los diputados involucrados designaron una subcomisión especial para investigar el caso CLAP, conformada por Conrado Pérez (PJ), Richard Arteaga (VP) y Adolfo Superlano (UNT). Presuntamente, por esta labor, los diputados involucrados habrían cobrados USD 300.000 cada uno (otros reportes aseguran que fueron USD 400.000), así como dos camionetas por sustituir el informe original por uno exculpatorio.
Apuntan las fuentes que la fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz y su esposo, Germán Ferrer, conocían acerca de las Cartas de Buena Conducta y acordaron con Guillermo Luces, Richard Arteaga, Conrado Pérez y Chaim Bucaram no denunciar el caso, al igual que no objetar los reportes el programa y su implementación de modo de blanquear la imagen de Alex Saab.
¿Por qué era imprescindible esta operación?
El blanqueo de la imagen de Alex Saab y sus empresas era absolutamente necesario, dado el efecto que las denuncias en su contra estaban teniendo internacionalmente ante gobiernos y en bancos e instituciones financieras.
Las 48 cartas exculpatorias con las que los diputados cabildearon en Europa a favor de Saab debían facilitar la liberación de fondos del empresario colombiano que permanecían bloqueados en dichas instituciones europeas. Por esta diligencia, los diputados de la Fracción CLAP supuestamente recibieron una comisión del 10 por ciento de los fondos que lograran liberar.
Era igualmente imprescindible, que los parlamentarios neutralizaran a la Comisión de Contraloría, de modo que, durante un año, no se recibieran denuncias contra el programa, el empresario ni sus empresas. Las investigaciones debían detenerse. No se debía sesionar en el ente parlamentario y por ellos presuntamente recibirían, USD 10.000 mensuales.
Las negociaciones con Álex Saab arrojarían también como resultado, la conformación y consolidación de una nueva fuerza política en el seno de la Asamblea Nacional que negociara con el PSUV la directiva de la instancia legislativa nacional.
Fase II: Poner fin a la investigación
La fase II del plan de Alex Saab se dirigió, en segunda instancia, a silenciar las investigaciones en torno al programa CLAP.
Era necesario poner un velo sobre los contratos suscritos con CORPOVEX, así como sobre los convenios establecidos con el FONDEN, los cuales exhiben un sobreprecio del 65 por ciento. Del mismo modo, se debía frenar el análisis químico y microbiológico de los productos contenidos en los CLAP.
Silenciar el otorgamiento de millones de dólares sin que para ellos mediaran controles ni auditorías, era fundamental.
Asimismo, se tenían que desaparecer las averiguaciones sobre 26 empresas que desfalcaron el FONDEN y el hecho de que el programa CLAP simplemente había servido de fachada para defraudar el referido fondo gubernamental y a CORPOVEX, al haber adjudicando millones dólares sin ningún tipo de control posterior, seguimiento, auditoría sanitaria y financiera. Negociaciones todas que se llevaron a cabo por adjudicación directa de las empresas de importación.
Las fuentes refieren que los contratos fueron suscritos en el año 2016 por Luis Medina Ramírez, para la fecha ministro de Alimentación; por Yoffreda Giuseppe, presidente de CORPOVEX; y por Simón Zerpa, presidente de FONDEN.
Finalmente, hay que subrayar que otra exigencia de Alex Saab era que los diputados silenciaran que Shadi Nain Saab, hijo del empresario, es el propietario de Grand Group Limited, la compañía que mantiene contratos con sobreprecio y compra alimentos no aptos para el consumo humano.
Sus irregulares actuaciones en el ámbito judicial se llevan a cabo con el aval de altos personeros del chavismo.
Por Maibort Petit
Entre las relaciones que Amir Nassar Tayupe estableció a raíz de la adjudicación del un contrato para la Gran Misión Vivienda Venezuela que el gobierno de Hugo Chávez Frías le otorgó a la empresa Fondo Global de la Construcción de Alex Saab, está la del gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, para quien edificó un conjunto de obras de infraestructura en esa entidad[1].
Igualmente, la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, denunció que Saab y sus abogados, entre quienes se cuenta Amir Nassar, llevaron a cabo múltiples operaciones de importación de alimentos por orden del entonces gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, a través del programa gubernamental de alimentación de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
Fuentes ligadas a la investigación del caso, refieren que, igualmente, Amir Nassar Tapuye entabló negociaciones particulares con estos mandatarios regionales. En el caso de García Carneiro, Nassar Tapuye logró acceder a él a través del exembajador de Venezuela en Colombia y expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Rincón Urdaneta, cuyo hijo, del mismo nombre, es pupilo de Amir Nassar en el bufete de abogados que dirige.
Un reporte de una investigación en curso en nuestro poder, sostiene que "Amir Nassar Tapuye es el abogado personal y privado en Venezuela" de la política y exsenadora colombiana, Piedad Córdova, ligada, según algunos entendidos, al Fondo Global de la Construcción en razón de sus vínculos con Álex Nain Saab y con las FARC. Según testimonios de la investigación, esta empresa "es el vehículo mediante el cual fluye el dinero del régimen venezolano a las FARC".
A este abogado también se le vincula con supuestos fraudes cometidos en Ecuador donde logró liberar para el Fondo Global de la Construcción la cantidad de USD 54.000.000, los cuales se encontraban retenidos en ese país en la moneda creada por Hugo Chávez, a saber, el Sucre.
La fiscalía ecuatoriana había apelado la orden de un tribunal para evitar que el dinero fuera devuelto a la empresa de Saab, pero el juez penal de Guayaquil, Galo Ramos Viteri negó la apelación. La fiscalía sostiene que los accionistas y representantes del Fondo Global de la Construcción supuestamente cometieron lavado de activos. Los acusados eran Álvaro Pulido Vargas, Luis Zúñiga Burneo, Luis Sánchez Yánez y Amir Nassar Tayupe. Tal acusación la hace en razón de que la empresa recibió USD 159,9 millones de Elm Import (de Venezuela) a través del sistema Sucre, pero la ecuatoriana solo envió mercadería por USD 3,1 millones. El Consejo de la Judicatura abrió una investigación administrativa en contra del juez[2].
Socio de Gonzalo Tirado
Los Papeles de Panamá revelaron que Amir Nassar Tapuye supuestamente era socio, testaferro y defensor del ex-banquero, Gonzalo Tirado, señalado de cometer un fraude en el Stanford Bank.
Y es que hasta 2007, Tirado fue presidente de Ema Business Inc., una empresa registrada en Panamá a través del bufete Mossack Fonseca con una capital de USD 10.000.
Como socios de Tirado figuraban Pedro Paredes, Edgar Monserrat, Omar González, Daniel Vitrián, Sacha Ratti, Francisco Gadea, Eduardo Salturno y Amir Nassar Tapuye [3].
Abogado de Moris Beracha
Amir Nassar Tapuye prestó sus servicios como abogado a Moris Beracha, uno de los denominados “bolichicos”, acusado de estafar al estado venezolano y hacerle perder a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) USD 20 millones a través de la empresa Fractal Fund Management LTD.
Aprovechándose de la ausencia de domicilio en un contrato, la empresa de Beracha procuraba que una inversión hecha en dólares por PDVSA se resolviera en bolívares, una pretensión que se lograría con la anuencia de un juez vinculado a Nassar Tapuye[4].
Artífice de un despojo
Del mismo modo, gracias a las supuestas irregulares actuaciones de Nassar Tapuye ante los tribunales, Williams Vílchez y Olaff Pérez, tomaron el control del concesionario Toyota-Toyo Oeste, despojando a su legítimo propietario, Carlos Nagel.
Tal objetivo lo habría logrado Amir Nassar Tapuye gracias a su relación con Elvis Amoroso y Reinaldo Carvallo, la cual le permitió que los magistrados de la Sala de casación del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Bastardo y Guillermo Blanco, maniobraran a su favor y ampararan el despojo. En tal acción, Nassar Tapuye supuestamente también habría contado con el respaldo y complicidad del general Armas López, presidente actual de CAVIM.
Es decir, al Poder Judicial legitimando el fraude como lo denunció Juan Alberto Castro, Juez de Municipio de Caracas, quien acusó haber sido presionado a través de “múltiples llamadas y actos de amedrentamiento, tanto a mi persona como a mis familiares, a través de magistrados y en especial del General del Ejército, ciudadano Carlos José Armas López (hoy presidente de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares CAVIM), se me impuso ‘ayudar’ a los accionistas minoritarios de dicho concesionario, ciudadanos Olaff Pérez y William Vílchez siendo la principal instrucción lograr mediante actuaciones judiciales que éstos obtuvieran ‘un aval legal’ para el control (ROBO) del concesionario TOYOTA , TOYO OESTE, todo ello direccionado por la Presidencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia venezolano y bajo la Aprobación de Toyota de Venezuela”.
Y agrega: “Por su parte, los abogados de Olaff Pérez y Williams Vilches , ciudadanos, Parra Saluzzo, Amir Nassar Tayupe y José Miguel Azocar, a sabiendas de que se estaba procediendo de forma contraria a derecho, interpusieron varios juicios creando una falsa controversia entre accionistas de Toyo Oeste, para que en la sentencia de fondo, se estableciere que no había vicio alguno con las actas de asamblea fraudulentas, y de esa manera crear una sentencia que sirviera de precedente inmediato para eliminar los riesgos de eventuales juicios de nulidad por las asambleas ilegales”[5].
[1] YouTube. “Inauguración Coliseo Hugo Chávez”. 14 de julio de 2014. https://www.youtube.com/watch?v=lSEiOVty5yY
[2] El Universo. “Juez reafirma la devolución de $ 56,4 millones a Fondo Global”. 12 de marzo de 2016. https://www.eluniverso.com/noticias/2016/03/12/nota/5458020/juez-insiste-que-dinero-se-devuelva-fondo-global
[3] Panamapapers. “Gonzalo Tirado: un plan premeditado para proteger su herencia”. http://panamapapersvenezuela.com/gonzalo-tirado-un-plan-premeditado-para-proteger-su-herencia/
[4] Maibort Petit. “PDVSA podría perder 20 millones de dólares en tribunales venezolanos”. https://maibortpetit.wordpress.com/2018/04/10/maibort-petit-pdvsa-podria-perder-20-millones-de-dolares-en-tribunales-venezolanos/
[5] Noti Express. “¡Juego sucio! Juez denuncia presiones de mafias y altos funcionarios militares para validar judicialmente “robo” de concesionario Toyota en La Yaguara”. 7 de diciembre de 2017. http://www.notiexpresscolor.com/venezuela/2017/12/6567/juego-sucio-juez-denuncia-presiones-de-mafias-y-altos-funcionarios-militares-para-validar-judicialmente-robo-de-concesionario-toyota-en-la-yaguara/
Fue condenado a 18 meses de prisión, 3 años de libertad supervisada y la confiscación de USD 9.052.397,73.
Por Maibort Petit
El contratista de Petróleos de Venezuela S.A., Darwin Enrique Padrón Acosta, quien el 17 de octubre de 2016, se declaró culpable de cometer el delito de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, al haber pagado sobornos a dos funcionarios de PDVSA a cambio de recibir contratos millonarios de la estatal. En marzo de 2020 empezó a pagar la condena que logró reducir a sólo 18 meses debido a su amplia colaboración con la justicia. Desde mediados de 2021 estará libertad condicional.
Padrón Acosta, quien igualmente sería propietario de un Bingo, ha salido a relucir como persona relacionada al empresario colombiano responsable del programa de alimentación CLAP, el cual supuestamente está plagado de irregularidades que le suministraron millonarias ganancias a costa del hambre del pueblo venezolano.
De este modo, quien ya es un confeso violador de la ley, habría persistido en su conducta irregular al mantener supuestos negocios turbios con el colombiano señalado de ser prestanombre del dictador venezolano.
Los cargos en su contra
En la causa que se siguió en su contra en la Corte del Distrito Sur de Texas-División Houston, a Darwin Enrique Padrón Acosta —un residente legal permanente de los EE. UU. con asiento en Florida— controlaba una serie de sociedades, entre ellas varias empresas estadounidenses, que utilizó para asegurar contratos con PDVSA.
Procesado bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), Padrón Acosta actuó en sociedad con José Luis Ramos Castillo, residente del Distrito Sur de Texas, ex-empleado de PDVSA y su subsidiaria Bariven, quien se encargaba de seleccionar empresas para que participarían en las licitaciones convocadas por la petrolera y con quien se identifica en la demanda como “Funcionario F”, quien gestionaba las compras y adquisiciones de la estatal.
La Fiscalía del Distrito Sur de Texas acusó a Darwin Padrón del delito de Conspiración, indicando que entre 2009 y 2014, actuó con la intención y a sabiendas de que se encontraba cometiendo delitos contra los Estados Unidos a través de sus empresas que, según la FCPA, actuaba como una empresa doméstica y un funcionario de la misma que la utilizaba para pagar a un funcionario extranjero, sabiendo que la totalidad o una parte de dicho dinero, buscaba influir en las decisiones de este último, para ayudar a las empresas del demandado a obtener los contratos de PDVSA.
Padrón Acosta en conjunto con sus co-conspiradores pagaron sobornos a funcionarios corruptos de PDVSA, entre ellos Ramos Castillo y el “Oficial F” con la intención de obtener lucrativos contratos de PDVSA a través de medios corruptos y fraudulentos. Mediante la realización de transacciones financieras, se buscaba enmascarar el pago de los sobornos.
La acusación refiere que mientras se encontraban en el Distrito Sur de Texas, Darwin Padrón Acosta pagó los sobornos valiéndose de cables interestatales y extranjeros en procura de influir en las decisiones de ciertos funcionarios de PDVSA y sus empresas resultaran beneficiadas.
Los hechos
Las investigaciones de la fiscalía presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Texas, señalan que Darwin Padrón Acosta firmó un cheque el 1º de febrero de 2012 por USD 117.000, de una cuenta bancaria a nombre de una empresa de su propiedad, cuyo beneficiario fue un familiar del Oficial F, quien trabajó en la adjudicación de contratos de PDVSA a empresas del demandado.
El 22 de mayo de 2012, Padrón Acosta transfirió UDD 682.000 de una cuenta de una empresa de su propiedad a una cuenta de una empresa que José Luis Ramos Castillo poseía en sociedad con un pariente.
Para el 15 de junio de 2012, Darwin Padrón ordenó transferir USD 320.000 de una cuenta de una de sus empresas, a una cuenta a nombre de una empresa que Ramos poseía con un pariente.
Padrón transfirió el 20 de agosto de 2012, la cantidad de USD 50.000 de una cuenta bancaria de sus empresas, a una cuenta de un familiar del Oficial F.
Otra transferencia se hizo el 28 de agosto de 2013, por orden de Padrón, desde una cuenta bancaria a nombre de un pariente, en beneficio de Ramos Castillo. Se trata de USD 394.250,74 producto de las ganancias de sobornos que se destinaron a comprar bienes inmuebles en el Distrito Sur de Texas.
El acuerdo
El 17 de octubre de 2016, Darwin Enrique Padrón Acosta, representado por la abogada, Marisel Descalzo, llegó a un acuerdo con el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, Kenneth Magidson; el subjefe, John Pearson; el Fiscal Auxiliar, Robert S. Johnson; el jefe de la Sección de Fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Andrew Weissmann.
Padrón Acosta aceptó declararse culpable del cargo de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Título 15, Código de los Estados Unidos, sección 78dd-2 (FCPA), y de cometer lavado de dinero, Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956, en violación del Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 371.
Se estableció que la pena máxima legal por cada violación de la ley era el encarcelamiento por no más de cinco años y una multa de no más de USD 250.000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta.
Además, el acusado podría recibir un período de libertad supervisada después de un encarcelamiento de hasta tres años por cada violación. Si violaba las condiciones podía ser encarcelado por todo el período de libertad supervisada, sin crédito por el tiempo ya cumplido en el término de liberación supervisada antes de tal violación.
Por otra parte, el acusado admitió que comprendía que su declaración de culpabilidad podía afectar su estatus migratorio, podría ser expulsado de los Estados Unidos, negársele la ciudadanía y la admisión a EE. UU. en el futuro.
Cooperación
Darwin Padrón Acosta aceptó cooperar plenamente con los Estados Unidos y no oponerse a la confiscación de activos.
Por “cooperar plenamente", Padrón entendió que debía proporcionar toda la información relacionada con cualquier actividad delictiva por él conocida, tanto estatal como federalmente.
Se comprometió a testificar ante un gran jurado o en cualquier otro procedimiento judicial o administrativo cuando así lo solicite Estados Unidos, así como renunciar a su privilegio de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación a los efectos del acuerdo.
Asimismo, proporcionar información y testimonio veraces, completos y precisos ante el Gran Jurado o en cualquier procedimiento judicial (penal o civil); proporcionar todos los documentos en su posesión o bajo su control relacionados con todas las áreas de investigación e investigación.
La confiscación
El acuerdo contempló de al menos USD 9.052.397,73 en su contra y a favor de los Estados Unidos.
Padrón Acosta renunció a todos y cada uno de los intereses en cualquier activo que sea objeto de un proceso de decomiso administrativo o judicial relacionado, ya sea penal o civil, federal o estatal.
También renunció al derecho de impugnar el decomiso de la propiedad de cualquier manera, incluso mediante apelación directa o en un procedimiento colateral.
La sentencia
El 19 de noviembre de 2019, Darwin Enrique Padrón Acosta, fue sentenciado a cumplir una pena de 18 meses de prisión. Asimismo, cumpliría 3 años de libertad supervisada. Está pagando su condena en el FCI Camps en Miami.
Sus grandes fortunas supuestamente son el producto de negociaciones irregulares con instituciones del estado venezolano. Pero ellos niegan la versión y dicen que su dinero viene de negocios limpios.
Por Maibort Petit
Una investigación del Centro para una Sociedad Segura, dirigido por el experto en Seguridad Global y Contraterrorismo, Joseph Humire, cuyo informe titulado “El nexo Maduro-Hezbollah: Cómo las redes respaldadas por Irán apuntalan al régimen venezolano” incluye una investigación sobre Majed Khalil Majzoub cuyos tentáculos en el medio Oriente presuntamente lo podrían convertir en el candidato para suceder a Álex Saab, uno de los operadores financieros del régimen de Nicolás Maduro que actualmente se encuentra tras las rejas en Cabo Verde, por una acusación de los Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y corrupción.
¿Quiénes son los hermanos que han llamado la atención de los investigadores?
Majed Khalil Majzoub y Khaled Khalil Majzoub son dos empresarios hermanos de origen libanés señalados de estar presuntamente ligados a organizaciones radicales islámicas. Ambos habrían amasado enormes fortunas a la sombra de sus relaciones políticas con el alto poder chavista venezolano. Se dice que los dos supuestamente habrían contribuido con el atrincheramiento de grupos terroristas islámicos en la isla de Margarita y, también, que supuestamente han puesto su flota atunera al servicio del narcotráfico. Hasta la fecha, no hay una acusación formal en contra de los dos hombres en ninguna de las cortes federales de los Estados Unidos. Los abogados de los Khalil Majzoud han negado todas las versiones anteriores y han acotado que sus clientes son empresarios honestos que nada tienen que ver con los señalamientos que sobre ellos se hacen en la prensa.
El nombre de Khaled Khalil Majzoud fue mencionado por la prensa venezolana cuando se dio a conocer el caso los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campos Flores, sentenciados por narcotráfico en una corte de los Estados Unidos. En los reportes se reseñó que los Flores habrían utilizado una aeronave en sus operaciones, específicamente el día en que fueron arrestados en Haití cuando intentaban cobrar el pago por la droga que pensaban introducir en territorio norteamericano. Se insistió que el avión, era propiedad de una de las empresas Khaled Khalil Majzoub. Este dato no apareció en ninguno de los documentos de la corte del Distrito Sur de Nueva York que forman parte de este expediente.
Recientemente sus nombres salieron a relucir porque la intención de comprar un avión que había sido desmatriculado en Estados Unidos para ser vendido a los hermanos Khalil Majzoub. El empresario venezolano que pretendía hacer el negocio con los supuestamente vinculados al régimen de Nicolás Maduro fue deportados del territorio estadounidense y su aeronave confiscada por las autoridades federales.
El nombre de Khalil también se referenció cuando se divulgó una nota sobre un avión que habría transportado a Nikos Pappas, operador de Alexis Tsipras, el premier griego, cuando en agosto de 2013 habría hecho una visita secreta fue a Margarita junto a Artemis Artemiou, abogado especialista en estructuras mercantiles offshore.
Este viaje de Pappas fue altamente cuestionado en Grecia e instancias parlamentarias pidieron investigarlo[1]. Una nota del portal The National Herald refiere que diputados del partido opositor griego, Nueva Democracia, en la voz de Kyriakos Mitsotakis, exigieron que el citado ministro de Política Digital, Telecomunicaciones y Medios de Comunicación, explicara las razones que lo llevaron a trasladarse a Venezuela en 2013 en compañía de un abogado especializado en empresas offshore. El parlamentario citó un reportaje del diario "Eleftheros Typos" en el que se habría reseñado la visita.
"Es absolutamente cierto que los señores Pappas y Artemiou no se encontraron en Caracas para hablar de hortalizas, como había afirmado originalmente el ministro y luego fue refutado por Artemiou, sino que tuvieron una serie de reuniones con varios representantes del gobierno de Chávez y empresarios, que Pappas, por sus propias razones, intentó mantener el secreto".
Debido a una fotografía en la que se veía al abogado salir de la sede de gobierno el 10 de octubre de 2016, Nikos Pappas tuvo que admitir que conocía a Artemiou, pero solamente aceptó el viaje a Caracas luego de que también se mostraran fotografías de la visita.
La nota informa que Artemiou y Pappas hicieron el viaje a bordo de un jet privado propiedad de Majed Khalil Majzoub, a quien se cita en la reseña como un empresario “involucrado en asuntos muy oscuros” y con “vínculos privilegiados con el régimen de Maduro”. Se especifica que visitaron la isla de Margarita y se hospedaron en un resort de lujo que posee Khalil.
El diputado planteó varias preguntas, tales como el motivo de la visita de Artemiou a la Mansión Maximos el 10 de octubre de 2016; qué experiencia le brindó Artemiou a Tsipras y Pappas, dado que se especializa en firmas offshore; quiénes pagaron el viaje a Venezuela; si el partido SYRIZA recibió financiamiento de ya sea el gobierno venezolano o de las empresas; si Pappas se reunió con Khalil en Venezuela; si el avión que usó pertenecía a Khalil; sí Khalil se reunió con algún miembro del gobierno griego después del 25 de enero de 2015; y los vínculos entre Pappas, Artemiou y Khalil[2].
Los Khalil Majzoub objetan las acusaciones
Con relación a los señalamientos que los vinculan al terrorismo islámico y la entrada de estas fuerzas irregulares a Venezuela, especialmente a Margarita, así como el uso de su flota atunera por el narcotráfico, los hermanos Khalil a través de sus abogados, reclamaron por tales informaciones al Diario Las Américas.
En una carta remitida a la redacción del periódico el 24 de noviembre de 2015, los abogados de Majed Khalil y Khaled Khalil afirmaron que sus clientes “nunca han ofrecido refugio a terroristas y nunca han estado relacionados con el fundamentalismo islámico” y, en tal sentido, exigieron la retractación pública de la información y advirtieron que de no hacerlo procederían a demandar al medio de comunicación[3].
Persisten los señalamientos
Pero las acusaciones en tal sentido se mantienen contra Majed Khalil Majzoub, al presentarlo como un supuesto operador islámico de origen libanés que habría amasado su fortuna cobijado por Tareck El Aissami y Diosdado Cabello. Este último estaría tras la compra del Grupo Eveba, al haber facilitado la transacción ante la familia Castro Iglesias. De hecho, se afirma que Majed Khalil Majzoub sería un presunto testaferro del alto dirigente del PSUV y presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente.
Prensa América en una de sus notas, refiere que Majed Khalil sería quien mayor relación tiene con altos funcionarios del gobierno, particularmente con el exvicepresidente, José Vicente Rangel; con el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab; con el exgobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez; y como ya se ha apuntado, con Diosdado Cabello.
Se indica que la esposa de Majed Khalil, Patricia Olivares Taylhardat, ha representado a Diosdado Cabello, José David Cabello, Jorge y Delcy Rodríguez para ocultar una fortuna que asciende a los 400 millones de dólares en Panamá, Estados Unidos y Turquía. Esta mujer sería la dueña de la Joyería Braganza, Coco Thai & Lounge, Directora del Grupo Editorial On Time Corp, del Grupo Editorial Exxit 21 C. A. y del Hotel Ikin en Margarita, entre otras propiedades.
Agrega que el presentarse como opositora de Nicolás Maduro en la actualidad, presuntamente le sirve a Patricia Olivares Taylhardat como fachada “mientras disfruta del dinero sucio obtenido de la desgracia de todos los venezolanos”.
Prensa América indica que, durante los primeros años del chavismo en el poder, las empresas de los hermanos Khalil resultaron altamente favorecidas con contratos importantes y tuvieron fácil acceso a créditos y licencias de importación libres de aranceles. “Estas empresas privilegiadas eran asistidas en la medida en que colaboraran con la colocación de sus productos en el mercado local a través de los programas sociales financiados por el Gobierno, a través de entidades como CASA, el Programa de Servicios Agrícolas y Proal, el Programa de Alimentos Estratégicos, los cuales compró a la organización Khalil”.
La empresa Hardwell Technologie estaba encargada de los sistemas computarizados del Departamento de Inteligencia del ejército venezolano. También se encargó de la instalación de radares y equipos de la torre de control del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía; la ejecución de obras para la Alcaldía del municipio Libertador de Caracas, la Comandancia General de la Armada, el Banco Central de Venezuela e Inviobras del estado Bolívar, los ministerios como el de Educación, Defensa, Turismo, Economía Popular, entre otros organismos públicos. Igualmente, la Corporación Venezolana de Guayana, la Electrificación del Caroní, PDVSA y la Vicepresidencia de la República, figuran entre sus clientes.
Pacific Rim Energy de la cual es dueño del 50 por ciento de las acciones, “habría incurrido en incumplimientos en los proyectos eléctricos San Diego de Cabrutica, Alberto Lovera en Anzoátegui y Ezequiel Zamora en Guárico, al haber retrasado la ejecución de obras durante más de un año”[4].
El senador boliviano, Arturo Murillo, informó en 2017 que Khalealil Majzoub era investigado por el Poder Legislativo de esa nación, en razón de los supuestos nexos que el empresario mantendría con el narcotráfico.
Una nota del portal boliviano Página Siete hizo mención a la información que señaló el empresario como dueño del avión en que viajaron a Haití los sobrinos de la pareja presidencial venezolana cuando fueron capturados por luego ser procesados por narcotráfico, resultando culpables.
Murillo refirió que en la nación del altiplano el empresario está inscrito como Khaled Khalil Majzoub y en Bolivia como Kaled Majzoub.
Apuntó que el Khalil Majzoub fue beneficiario de contratos millonarios del estado boliviano a través de sus compañías. "Son empresas que están trabajando con el Estado boliviano por alrededor de 1.500 millones de bolivianos. Es una suma muy alta. Pero lo que llama la atención es que este señor ha entrado al país 217 veces con siete números de documentos diferentes, con pasaporte canadiense y pasaporte venezolano”. Por ello pidió a las autoridades investigar sobre el uso de siete documentos distintos para ingresar y salir de ese país[5].
También en Colombia
El nombre de Khaled Khalil Majzoub también se hizo sentir en Colombia, donde, de acuerdo al portal de La FM, este supuestamente negocios con el exministro de Minas de la administración de Álvaro Uribe, Hernán Martínez Torres.
En la nación neogranadina, Khalil Majzoub es el accionista mayoritario y principal miembro de la junta directiva de la empresa Atunec, Atunes y Enlatados del Caribe, establecida en 1994 por Hernán Martínez y su familia, con un capital de 1.000 millones de pesos, así como también por los empresarios Álvaro Bustamante Steer y Álvaro Alegría Eraso.
En 2014, la empresa de Khaled Majzoub, Propisca, adquirió la mayoría de las acciones de Atunec, a saber, 83 por ciento para la fecha de la publicación.
La nota de La FM indica, además, que Atunec vendería productos para el programa alimenticio venezolano CLAP. Destaca la información que si bien “el exministro Hernán Martínez no figura en los certificados de existencia y representación legal que las Cámaras de Comercio expiden sobre la empresa Atunec. Pero en La FM conocimos numerosas actas de Asambleas de Socios que revelan el vínculo empresarial entre ambos”[6].
CITAS
[1] Armando.Info. “Margarita es Ítaca para las relaciones entre el chavismo y el partido de gobierno de Grecia”. 4 de julio de 2018. https://armando.info/Reportajes/Details/2465
[2] The National Herald. “Digital Policy Minister Must Explain 2013 Trip to Venezuela, ND Leader Says”. 4 de abril de 2017. https://www.thenationalherald.com/archive_greece/arthro/digital_policy_minister_must_explain_2013_trip_to_venezuela_nd_leader_says-52155/
[3] Diario Las Américas. “Derecho a réplica de los hermanos Khalil”. 30 de noviembre de 2015. https://www.diariolasamericas.com/derecho-replica-los-hermanos-khalil-n3485976
[4] Prensa América. “La sucia fortuna de Majed Khalil Majzoub en Venezuela”. 28 de enero de 2020. https://prensaamerica.com/2020/01/la-sucia-fortuna-de-majed-khalil-majzoub-en-venezuela/
[5] Página Siete. “UD liga a empresario con drogas y dice que trabaja con el Estado”. 27 de septiembre de 2017. https://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/27/liga-empresario-drogas-dice-trabaja-estado-153641.html
[6] La FM. “Exministro Hernán Martínez Torres tiene negocios con empresario cercano al chavismo”. S/F. https://www.lafm.com.co/economia/exministro-hernan-martinez-torres-tiene-negocios-con-empresario-cercano-al-chavismo
Pide acciones penales contra los diputados Freddy Superlano, Conrado Pérez, Richard Arteaga y Luis Parra.
El abogado, Ramsés Augusto Reyes Colmenares, denunció ante la Fiscalía controlada por Nicolás Maduro, a los diputados a la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, Conrado Pérez, Richard Arteaga y Luis Parra, integrantes de la Comisión Permanente de Contraloría del referido Poder Legislativo, de endilgarle la autoría de una supuesta denuncia en la que hacía referencia a hechos de corrupción cometidos por el empresario colombiano, Álex Saab, aparentemente investigados por dicho ente parlamentario, cuando esto (su autoría) es totalmente falso.
Expone Reyes Colmenares que durante los primeros días del mes de septiembre de 2020, conoció a través de los medios de comunicación que varios integrantes de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, durante un periplo realizado por varios países del mundo para gestionar el desbloqueo de las cuentas intervenidas de Álex Naim Saab Morán, argumentaron los resultados de una investigación por ellos desarrollada sobre una supuesta denuncia interpuesta por él (por Reyes) ante dicha instancia parlamentaria. Habría denunciado el ahora denunciante ante la AN, hechos de corrupción supuestamente cometidos por Saab, según el finiquito de la investigación que lo exoneraba de toda responsabilidad.
“Es de resaltar que la información en las redes sociales que vinculan a Álex Naim Saab Morán a unos diputados de la Asamblea Nacional de la República de Venezuela, se fueron en defensa del investigado (…) llevando consigo los resueltos y finiquitos de la supuesta investigación que ellos alegan en sus documentos públicos (…)”.
Las informaciones que circulan, igualmente señalan que dichos resultados de la investigación se le comunicaron a Ramsés Reyes en su carácter de denunciante, y se le dieron a conocer también a diversas instituciones bancarias en nombre de la referida Comisión Permanente de Contraloría con el objetivo de diligenciar el desbloqueo de las cuentas de Saab en esas entidades financieras.
Ante tales hechos, Ramsés Augusto Reyes Colmenares asegura ante el Fiscal General que “jamás denuncié tales hechos alegados en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional en contra del ciudadano colombiano Álex Naim Saab Morán”.
Ante tales circunstancias, el denunciante considera que los denunciados por él, Freddy Superlano, Conrado Pérez, Richard Arteaga y Luis Parra, exhiben una conducta volitiva que emana la comisión de un conjunto de delitos enjuiciables de oficio, tipificados en el Código Penal, en la Ley contra la Corrupción, en la Ley contra la delincuencia organizada y el terrorismo, así como en la Convención de Palermo.
Sostiene, además, Reyes Colmenares que sus denunciados, por los hechos narrados, resultan subsumibles de los tipos penales de los delitos contra la independencia y la seguridad de la nación, fraude, forjamiento de documento público, falsa atestación ante funcionario público, corrupción propia, abuso de poder y asociación para delinquir.
Herrera agrega que a su juicio los denunciados estarían incursos en la comisión de hechos punibles de la Ley Sustantiva Penal, al atribuírseles delitos de acción pública y en razón de esto invocó el Fuero de Atracción al juez que vaya a conocer su causa.
Dado su temor fundado por las amenazas intimidatorias de que fue objeto por parte de Freddy Superlano, Conrado Pérez Richard Arteaga y Luis Parra, puedan convertirse en agresiones físicas por parte de estos hacia su persona, Ramsés Reyes y su asistente, Sergio Aranguren, solicitó medidas de protección a su favor.
Finalmente, Ransés Reyes solicitó a la Fiscalía el inicio de la averiguación penal correspondiente.
Según le expuso Herrera a la Fiscalía, el diputado Parra porta un fusil de alto calibre, por lo que deben tomarse muy en serie tales amenazas por parte del ministerio Público.
Por Maibort Petit
El 21 de septiembre de 2020, Carlos Herrera, editor del portal Primicias 24, asistido por el abogado, Pedro Aranguren Gualdrón, denunció ante el fiscal general de la república, Tarek William Saab, al diputado a la Asamblea Nacional, Luis Parra, a quien señaló de proferir supuestas amenazas muerte en su contra.
Herrera expone en su denuncia que el día 18 de septiembre de 2020, aproximadamente a las 9 de la mañana, recibió una llamada del diputado Parra, a través de la cual este procedió a acusarlo de ser responsable de una información documentada que circulaba en las redes sociales en la cual se lo vinculaba —junto a otros parlamentarios— con la denominada “operación alacrán” y con unas diligencias presuntamente practicadas ante bancos europeos, las cuales tenían por objeto la defensa del empresario colombiano, Álex Saab y el desbloqueo de las cuentas de este en dichas entidades financieras. A tal efecto, la versión apunta a que los parlamentarios eximían a Saab de toda culpa en la comisión de irregularidades en las operaciones de importación de alimentos para al programa CLAP, mediante la presunta presentación de unos documentos y credenciales de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional.
Igualmente, Carlos Herrera señala al diputado Luis Parra de, seguidamente a la acusaciones antes señaladas, proceder a amenazarlo de muerte o de hacerlo apresar: “O te mandamos a matar o te mando a poner preso”, le habría dicho el parlamentario, al tiempo que agregaba que esto último podía lograrlo por sus relaciones con un “alto dirigente de la revolución venezolana, utilizando de una manera vulgar el nombre de ese ministro”, a quien en ninguna parte de la denuncia se identifica.
En tercer lugar, el denunciante Carlos Herrera, procede a desmentir las supuestas acusaciones que Parra le formulara, señalándolo de ser el responsable de la campaña en contra del parlamentario, “porque en ningún momento he publicado en Primicias24, de quien soy editor, esa documentación que circula en las redes sociales”.
En este sentido, Herrera advierte que a los documentos que se han difundido en las redes sociales también tuvieron acceso los diputados que viajaron a Europa junto con Parra, puesto que las suscribieron, por lo cual es posible deducir que cualquiera de ellos habría podido darlas a conocer a través de internet. Agrega que esto es una posibilidad, en razón de que dichos diputados —así como los abogados que le acompañaron y a quienes deben dinero por concepto de honorarios profesionales por sus gestiones en Europa— en la actualidad se encuentran enemistados con Parra.
A Herrera le resulta inconcebible que el diputado Luis Parra continúe en su empeño “de engañar a la opinión pública, [y] opta por amenazarme de muerte cual delincuente y mafioso político”.
Aclaratoria ante el MP
Carlos Herrera la advierte al Ministerio Público en su denuncia que, efectivamente, él viajó con los diputados de la Comisión de Contraloría de la AN entre los que se encontraba Luis Parra, a Europa.
Para ello, había recibido una invitación del citado ente legislativo, el día 13 de febrero de 2020, con el objeto de que los acompañara para dar cobertura periodística a las investigaciones que seguirían en el viejo continente, con relación a exfuncionario del gobierno nacional incursos en supuestos hechos de corrupción.
Sin embargo, destaca que “en ningún momento participé en el entramado que supuestamente formaron los diputados viajeros de enviar cartas a instituciones bancarias de Europa para solicitar desbloqueo de cuentas bancarias a favor de ciertas empresas supuestamente vinculadas con Álex Saab, según han relatado medios de comunicación, o a pedir que no se bloquearan fondos de dichas empresas, porque los diputados tenían su propia agenda que no se correspondía a la mía (…)”.
Refiere que durante el viaje con compartió hospedaje con los diputados ni los acompañó todo el tiempo.
Califica la acusación en su contra formulada por Parra de “elucubración de base fantástica” y subraya que sólo es responsable de lo que se publica Primicias24, puesto que la cuenta en Twitter @primicias24 se encuentra bloqueada.
Señala que ni Primicias24, ni el resto de los medios de comunicación que acompañaron a Europa a los diputados de la Comisión de Contraloría, pueden ser responsabilizados de las acciones de los diputados, pues sólo cumplían una labor periodística, “sin que tengamos que ver en participaciones escabrosas de amparar supuestamente a empresarios”.
Parra es un “delincuente político”
Carlos Herrera expone en su denuncia ante la Fiscalía General de la República que esta debe tomarse en serio, toda vez que el diputado Luis Parra, a su juicio, “ha demostrado fehacientemente ser un delincuente político”.
Para calificarlo de tal manera, Herrera se remite al comportamiento de Parra, porque este primeramente apoyó a Juan Guaidó y las leyes propuestas por este que habrían dado lugar a las sanciones emitidas por Estados Unidos y la Unión Europea en contra de Venezuela. Posterior a estos hechos, cuando fue designado como presidente de la Asamblea Nacional, entonces cambió radicalmente de “actitud política, dando un giro de trescientos sesenta grados, traicionando sus supuestos principios políticos de derecha por unos revolucionarios que sabemos que son inexistentes, para andar ahora suplicando ante las instituciones ante las que antes pedía se sancionara al país, que hagan cesar el bloqueo inclemente que han impuesto contra Venezuela”.
Además de hacer referencia a otros vaivenes políticos de Parra, el denunciante Carlos Herrera indicó que el 21 de enero de 2020, sin que previamente éste hubiera consultado con su persona, el diputado procedió a designarlo como Asesor y/o Delegado de Asuntos Internacionales y Representante ante el Hemisferio Norte de la Asamblea Nacional de Venezuela” (sic).
Esta decisión del poder Legislativo se comunicó al departamento de Estado de los Estados Unidos.
El parlamento presidido por Parra hizo el nombramiento de Herrera “para que represente a la Asamblea Nacional de Venezuela, ante las instancias internacionales y muy especialmente para realizar todo lo que considere necesario orientado a lograr como interlocutor válido el reconocimiento por parte de los Estados Unidos de Norteamérica (sic) de las nuevas autoridades parlamentarias y del mismo modo para facilitar el entendimiento que conlleve a una salida electoral para sí lograr el restablecimiento de la estabilidad democrática que reclama urgentemente nuestra nación y nuestro hemisferio”.
Carlos Herrera en carta remitida a Parra renunció a “tan espúrea representación que él me había otorgado inconsultamente” y así lo dio a conocer a la Fiscalía.
En carta remitida a Luis Parra el 23 de enero de 2020, Carlos Herrera le manifestó su “sorpresa y estupor”, por la designación toda vez que no contaba “con la legitimidad para realizar un acto de esta naturaleza, pues es público y notorio, que el status que dice mantener como Presidente de la Asamblea Nacional se mantiene en discusión en la Sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia, quien hasta ahora no se ha pronunciado al respecto”.
Herrera también informa al Ministerio Público en su denuncia que fue deportado por el gobierno colombiano al catalogarlo como “persona de alta peligrosidad por supuestamente estar vinculado con la llamada ‘Operación Alacrán’, cosa que es complemente falsa”.
Acompaña esto de una carta firmada por el diputado a la Asamblea Nacional, Ismael León, denunciante de la cita “Operación Alacrán”, quien lo exoneró de participar, directa o indirectamente en dichos hechos.
Por último, Carlos Herrera alertó a la Fiscalía de que el diputado Luis Parra “anda armado con fusiles de alto calibre, siendo creíble entonces la amenaza de muerte a través del sicariato que me profirió (…)”
