Cómo operaba la trama de corrupción del Sistema Sucre: Las reservas internacionales se usaron para enriquecer a Álex Saab

  Parlamentarios ecuatorianos explicaron el mecanismo de defraudación instrumentado por el chavismo en Venezuela y Ecuador.

Por Maibort Petit

   Luego de que política y jurídicamente se sentaran las bases para la constitución del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) y de que Colombia y Venezuela suscribieran el 28 de noviembre del 2011 el convenio para la construcción de casas prefabricadas para la Gran Misión Vivienda, Álex Saab y Álvaro Pulido —propietarios de la empresa Fondo Global de Construcción-Foglocons, conformada apenas cuatro días antes de la firma del contrato, así como de su gemela en Ecuador, Fondo Global de Construcción Ecuador, en septiembre del 2012— movieron los hilos para proceder a darle operatividad al sistema que habría de hacerlos milmillonarios. La gran estafa del Sucre tenía forma y eran solo necesario instrumentarla.

   Así lo refiere el informe de la comisión especializada permanente de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador sobre el “Proceso de fiscalización Caso Sucre-Foglocons”, el cual estableció que el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) sólo era un mecanismo de defraudación, un instrumento de enriquecimiento ilícito estructurado sobre una plataforma político-ideológica.

  Con Colombia y Juan Manuel Santos solamente de recuerdo en la foto del día de la firma, Saab y Pulido apuntaron al Ecuador donde la dolarización allí imperante permitiría poner el negocio en movimiento. Procedieron a firmar un contrato para la exportación de paneles prefabricados desde Ecuador, se firmó entre Foglocons Ecuador y ELM Import de Venezuela, ambas, propiedad del colombiano y pusieron la estafa en funcionamiento.

   Refiere el informe que con fondos provenientes del Banco Central del Ecuador (BCE), a saber, USD 159,8 millones, ELM Import pagó por adelantado a través del Sistema Sucre, algo que ocurría a solo tres meses de operaciones, del 28 de diciembre de 2012 al 26 de marzo de 2013. En ese tiempo la trampa se materializaba mediante exportaciones ficticias y compulsivas, de tal manera que, casi a diario, el BCE emitía pagos a Foglocons por USD 864 mil. De este modo, la empresa de Saab y Pulido recibió esos USD 160 millones, pero solamente envió a Venezuela USD 3.1 millones en paneles prefabricados para las casas de la Gran Misión Vivienda.

Sobre Saab y Pulido

   Estas actividades delictivas de Saab y Pulido contaban con la complicidad de autoridades ecuatorianas. Sus fichas en Ecuador Luis Eduardo Sánchez Yánez —quien dirigía Foglocons Ecuador— y Jaime Sánchez Yánez —quien fungía como asesor de Rafael correa— cumplían con su papel y agenciaban y diligenciaban para que la operación marchara sobre ruedas. Los parlamentarios determinaron que Jaime Sánchez se entrevistó con el presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez, para interceder a favor de la empresa de Saab, algo que ocurrió en el primer trimestre del 2013, cuando el ente emisor “desangraba los dólares de su Reserva Internacional para adelantar los pagos a Foglocons por importaciones de ELM Import”.

    El periodista Gerardo Reyes relata en su libro “Alex Saab. La verdad del empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro”, que Álex Saab y Álvaro Pulido —en realidad, Germán Rubio Salas, un individuo envuelto en negocios de narcotráfico— en el 2009 cuando el primero estaba en bancarrota, a través de un amigo común, Reinaldo Slebi. Según Reyes, Saab conocía los antecedentes de Pulido, lo cual no pareció ser problema, tal vez una ventaja.

   Germán Rubio Salas —verdadero nombre de pila de Álvaro Pulido— estaba señalado de ser jefe del Cartel de Bogotá, condenado en ausencia en 1997 por la corte de Milán a 15 años de prisión por narcotráfico. Estuvo preso en 2000 por transportar a Europa dos toneladas de cocaína y 17 kg de heroína.

   Queriendo convertirse en un hombre nuevo, Germán Rubio Salas se suicidó judicialmente y el nombre de un muerto, Álvaro Enrique Pulido Vargas, fallecido en 2005, en Fort Lauderdale, Miami. Con su nueva personalidad conoció a Álex Saab. Por su cabeza piden USD 10 millones, apenas el 6 por ciento del dinero lavado en Ecuador.

  Ya asociados, Saab y Pulido pasaron a ser los contratistas favoritos del régimen chavista y luego del escándalo de Foglocons, vino el contrato del Clap, los contratos millonarios con PDVSA, así como otros acuerdos de intercambio de metales preciosos a cambio de bienes, entre Venezuela y Turquía.

   El informe parlamentario hace mención al “venezolano Carlos Francisco León Ponte, representante de la Casa de Valores Panameña CFIS S.A., quien recibió la autorización de Luis Zuñiga Burneo, representante legal de Foglocons, a efectos de transferir aproximadamente siete millones de Dólares, desde Ecuador hacia el Banco Pichincha Panamá; el referido ciudadano venezolano Carlos León Ponte, conforme consta de la documentación recabada en la presente investigación, viajó junto a los señores: Carlos Pérez; Guillermo Montefusco; Luis Sánchez (Accionista en Foglocons-Ecuador); Luis Giusti Lugo (CEO de empresa CITGO, filial de PDVSA en USA); Luis Giusti López (Padre de Luis Giusti Lugo y ex presidente de PDVSA); Álvaro Pulido Vargas (Accionista en Foglocons- Ecuador); y, José Borja Sánchez, el día 05 de marzo de 2013, en un vuelo privado con origen en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, hacia el aeropuerto Mariscal Lamar en la ciudad de Cuenca, a bordo de la aeronave N1459A, recordando que tanto Pulido Vargas como Luis Sánchez Yánez, eran los socios de la Compañía FOGLOCONS con sede en la ciudad de Guayaquil-Ecuador”.

El esquema operativo del Sucre

   A diferencia de los sistemas de compensación de comercio exterior regulares, el instrumentado por el ALBA y, particularmente, por Venezuela y Ecuador, se vale de una unidad de cuenta virtual, el “Sucre”, que opera como un medio de pago restringido a los bancos centrales.

  Como se refirió en nota anterior, el organismo de decisión del Sucre es el Consejo Monetario Regional (CMR), conformado por la Cámara Central de Compensación de Pagos y el Fondo de Reservas y Convergencia Comercial.

 Con sede en Caracas, los estados miembros hicieron los aportes iniciales, descritos a continuación:

Funcionamiento del Sucre

  Los parlamentarios ecuatorianos al momento de explicar el funcionamiento del Sistema Sucre establecen en el informe la existencia de dos momentos.

   El primer momento tiene que ver con la firma de un contrato por parte de dos empresas privadas de Venezuela y Ecuador para la construcción de viviendas prefabricadas, ELM Import y Foglocons Ecuador.

   El contrato lo presenta el importador que, en este caso es ELM Import, a su Banco Operativo Autorizado (BOA), Banesco de Venezuela.

    Luego de que el importador y el exportador son autorizados en sus respectivos países para llevar a cabo la operación de comercio exterior a través del Sucre, entonces el BOA —Banesco en este caso— remite los bolívares al Banco Central del país exportador —aquí el Banco Central de Venezuela (BCV)— el cual se comunica con el Banco del ALBA para la realizar la conversión a Sucres y, luego, notificar al Banco Central del país exportador —aquí el Banco Central del Ecuador (BCE)—, que procederá a depositar en dólares en la cuenta de la empresa exportadora en el BOA local —en este caso el Banco Amazonas o banco Territorial— y cuando el Banco del ALBA recibe la autorización de pago por parte del BCV, notifica la acreditación al Banco Central del Ecuador (BCE).

   El siguiente paso es que el BCE acredita inmediatamente BOA del exportador que aquí es el Banco Territorial o Banco Amazonas. Esto ocurre porque Ecuador adelantó los dólares al exportador usando los fondos de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD). Los valores totales de la operación comercial, se compensarán seis meses después.

   El informe parlamentario refiere que el 28 de diciembre de 2012, Ruth Arregui, Gerente General del BCE para la fecha informó que “en el caso de pagos al exterior por importaciones, los Bancos Centrales receptan de los importadores a través de las instituciones financieras, el valor de la operación en moneda local, el cual queda en poder de dicho Banco Central por un período de seis meses. Por esta razón, a pesar de la posición superavitaria del Ecuador frente a Venezuela, el país no recibe dichos recursos en ese lapso de tiempo, sino al final del mencionado período de compensación.”

  Igualmente se acota que el BOA, aun cuando estaba obligado a cumplir el rol de debida diligencia, que incluye el conocimiento de su cliente, en la mayoría de casos no cumplieron.

  Se indica que el “ciclo en este primer momento, en los casos investigados, como Foglocons, terminaba con la transferencia de estos dólares a paraísos fiscales, fondos que insistimos, fueron tomados de la RILD, mientras se esperaban las ‘compensaciones con Venezuela’. En términos sencillos, mientras se esperaba la devolución del dinero prestado. De esta forma se incumplieron los principios generales de los objetivos estratégicos para el manejo de una reserva, que son: Seguridad, Liquidez y Rentabilidad. La RILD, según la normativa es un activo público y en este caso fue utilizado para garantizar negocios privados, manchados de corrupción”.

  Se advierte que, al no existir importaciones originadas en Ecuador, lo que procedía era exigir a Venezuela devolver el dinero que Ecuador había adelantado.

El segundo momento

  Pasa el informe de la comisión especializada permanente de fiscalización y control político de la AN ecuatoriana a explicar el segundo momento del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos Sucre, el cual se justificaba a partir de una supuesta compensación semestral entre las importaciones y exportaciones por los países miembros; pero que en realidad operó exclusivamente, como un mecanismo de exportaciones a Venezuela.

  Refiere el reporte que el Banco del ALBA notificaba los resultados de la “compensación” semestral, y los valores en “Sucres" a pagar y a cobrar a los Bancos Centrales de los países miembros, quienes hacían el pago en dólares, al ser ésta la moneda de referencia común. En el caso explicado en el informe, el ALBA, notificó el valor a pagar al Banco Central de Venezuela y el valor a cobrar al Banco Central de Ecuador.

  Entretanto, el BCV ordenó el pago en dólares, a través de sus bancos corresponsales ubicados en el exterior, a los bancos corresponsales del BCE, un dinero que provenía de las Reservas Internacionales de Venezuela. Esto ocurre seis meses después de que el BCE, adelantó a los exportadores los recursos tomados de la reserva.

  En el caso estudiado por la comisión y ejemplificado en el informe, se utilizó el Commerzbank de Alemania como el Banco Corresponsal en virtud de que tanto Ecuador como Venezuela tienen una cuenta en ese banco.

Sobre la compensación semestral

  El tratado del Sucre establece mencionan que las operaciones realizadas usen como medio de pago la unidad de cuenta común denominada “Sucre”, conformada por monedas de los estados parte y por las principales divisas de uso internacional.

   El valor de inicio del “sucre” se estableció en USD 1.25, el cual ha se ha mantenido fluctuando entre USD 1.24 y USD 1.25 USD.

  Los Sucres se asignaban a cada estado parte por el Consejo Monetario Regional de acuerdo a sus operaciones de importación y exportación.

  Entre 2010 y 2018 se asignaron USD 421,6 millones de sucres equivalentes a USD 527 millones, un monto que se mantuvo mediante un pagaré.

   Subraya el informe que, a partir de 2012, las operaciones cursadas en Sucres ya formaban parte de la Reservas Internacionales.

   Desde sus inicios, la asignación de sucres solamente se incrementó en el caso de Venezuela, por lo que se incrementó su cupo semestral en tres ocasiones.

  La compensación se realiza entre dos países que forman parte del Sistema Sucre en razón de la diferencia entre las importaciones y exportaciones de particulares, que se realiza semestralmente.

  El informe parlamentario advierte que en el caso de Ecuador todas estas “compensaciones” fueron a favor, “por lo que no se puede hablar de una compensación real, ya que para que esto se dé, es necesario que las importaciones y exportaciones estén equilibradas o que al menos existan”.

   Se explica que las exportaciones de Ecuador a Venezuela se ubicaron en USD 2.697 millones, mientras que las importaciones de Venezuela a Ecuador, apenas alcanzaron USD 143 millones. A partir del año 2016, las importaciones fueron cero, es decir no se puede hablar de sistema de compensación.

  El actual gerente del BCE, Guillermo Avellán, le dijo a la comisión parlamentaria que “el resultado de las operaciones del sistema Sucre, anularon el concepto de compensación, por lo que, se confirma el uso de los fondos del Estado para pagar a exportadores privados que como se verá más adelante, fueron ficticias o sobrevaloradas, y que incluso se utilizaron empresas de papel. Entonces, mal se podría hablar de la existencia de una balanza de pagos. Lo que se obtuvo fue una deuda de Venezuela por los pagos que el BCE anticipó a los exportadores, en un gran número falsos o fraudulentos”.

   Aun cuando cada seis meses, entre enero y julio, se debía realizar la compensación de las operaciones y cobrar o pagar el valor a favor o en contra, obtenido por el país, en función de las exportaciones e importaciones realizadas, lo que ocurrió en realidad fue que los bancos centrales retenían durante seis meses los fondos de los importadores. “El banco central del país exportador, en este caso Ecuador, adelantaba los dólares a los falsos exportadores, los mismos que eran inmediatamente transferidos a paraísos fiscales y a Estados Unidos de Norteamérica”.

Sistema Sucre: Un entramado de corrupción económica erigido sobre la plataforma política e ideológica del chavismo

 El informe de la comisión parlamentaria ecuatoriana que investiga el caso, narra en detalle cómo la exsenadora colombiana, Piedad Córdoba, vinculó a Álex Saab con el gobierno venezolano.

Por Maibort Petit

  La investigación parlamentaria desarrollada por la comisión especializada permanente de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador sobre el “Proceso de fiscalización Caso Sucre-Foglocons” que determinó que el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) había derivado en un mecanismo delitos de "enriquecimiento ilícito, peculado, defraudación tributaria", estableció que dicho entramado se estructuró gracias a una plataforma político-ideológica. Los supuestos postulados de igualdad, justicia social y lucha contra el imperialismo, devinieron en una estructura corrupta entre Venezuela y Ecuador que habría permitido blanquear USD 2.000 millones a través de los bancos centrales de ambos países, así como de una trama de exportaciones ficticias. Una trama en la que, Piedad Córdoba, exsenadora colombiana, jugaría un papel fundamental.

   En alarde de verborrea, Hugo Chávez —junto a su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa— aseguró el 7 de junio del 2011 que con el Sistema-Sucre “nos estamos librando de la dictadura del dólar”, arenga pronunciada durante la rueda en la que exhortó a los exportadores ecuatorianos y los bancos regionales a usar una novedosa divisa, denominada Sucre en honor al prócer independentista. “Algún día me imagino, el Sucre será físico, Rafael, hasta ahora es virtual (...) Juguemos duro con el Sucre, no seamos mezquinos, es un mecanismo maravilloso, nos estamos liberando de la dictadura del dólar a nivel nacional, con una divisa que hemos creado que es el Sistema Único de Compensación Regional”[1].

  Se trataba de un sistema de pagos internacional instrumentado a través de una unidad monetaria común y virtual, que apuntaba a la minimización del uso del dólar —un objetivo absolutamente contrario al efectivamente logrado— y crear una arquitectura paralela que haga frente al sistema financiero de Estados Unidos.

  Según el Tratado Constitutivo del SUCRE, esta divisa brindaría facilidades al sistema de pagos de los países miembros, para compensar el intercambio comercial.

Política del “contra”

 Habrían aplicado los ideólogos de la nueva moneda virtual una política de creación de modelos que enfrentaran a los impulsados por EE. UU.

  De este modo, para acabar con la hegemonía del dólar, instituyeron el Sucre; para enfrentar al Tratado de Libre Comercio-ALCA (TLC), constituyeron el Tratado por el Comercio de los pueblos (TPC); el ALBA fue la respuesta al ALCA.

   En este contexto se movió el denominado por Chávez, Socialismo del Siglo XXI, siempre con el objetivo de y contraponerse a los EE. UU.

    Así, el Sucre fue promocionado por la prensa oficialista como uno de los principales logros de la ALBA. Con su ejecución, sostenían, sería posible la sustitución del dólar en las operaciones comerciales entre los países de la alianza bolivariana[2].

   Pero no solamente en Venezuela, Chávez se empeñaba en su objetivo de subyugar al dólar y con él a los EE. UU., sino también en Ecuador, donde su homólogo, Rafael Correa, criticaba la dolarización imperante en su país: “La dolarización fue una pésima decisión, pero tuvimos suerte con un dólar continuamente depreciándose (...) La moneda nacional es un emblema de soberanía nacional”, dijo en una reunión con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos[3].

   Estos postulados se quedaron solamente en eso, en enunciados y declaraciones de guerra contra el dólar, pues el Sucre, más allá de su componente ideológico y geopolítico, no llegó a prosperar.

¿Cómo operó el Sucre en Ecuador?

   El cuestionado sistema de pagos tuvo su génesis a pocos meses de llegar al poder en Ecuador Rafael Correa Delgado, quien el 1 de junio de 2007, emitió el Decreto Ejecutivo Nº 334, en línea y concordancia directa con la propuesta de Hugo Chávez. El decreto estuvo acompañado de la constitución de la Comisión Técnica Presidencial y toda la arquitectura financiera que serviría para enfrentar al dólar.

   Entretanto, Correa establecía su hegemonía y control político en Ecuador a través de un movimiento denominado “Alianza País”, liderado por él mismo, que tenía la mayoría absoluta dentro de la Asamblea Nacional. Igualmente, controlaba la Corte Constitucional — misma que posteriormente fue cesada por actos de corrupción— incidiendo en la asignación de sus magistrados; en la Corte Nacional del Ecuador con la asignación de los jueces.

   El control se extendía al Contralor General del Estado —sentenciado y prófugo en los Estados Unidos— así como en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cesado en sus funciones mediante consulta popular, en febrero de 2017. Tenía, pues Correa, el control total de las funciones del Estado.

  En ese contexto, crearon el andamiaje de la estructura financiera que sirvió para dar viabilidad y funcionamiento al sistema Sucre, el mismo tras el cual ocultarían después los actos de corrupción que ahora son objeto de investigación.

   Con el control institucional que ejercía, Rafael Correa no encontró obstáculos para instaurar la estructura del Sucre, luego de que el 16 de octubre del 2009, los demás mandatarios de los países del ALBA, suscribieron el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación de Pagos, en Cochabamba, Bolivia.

   Hechos los nombramientos en las distintas comisiones y entes, se plantearon los objetivos del Sucre: minimización del uso del dólar en el comercio exterior, mayor eficiencia, generación de liquidez adicional para el comercio entre los países y reducción de costos de transacción.

  Aseguraron que los riesgos que enfrentaría el Ecuador al ratificar el Sucre serían mínimos y obtendrían múltiples beneficios, como la reducción de la salida de divisas, el establecimiento de un seguro para las exportaciones, coadyuvar a la regulación de precios para beneficiar a los pequeños productores.

  De este modo, el 1 de junio del 2010, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el Tratado Constitutivo del Sucre con 63 votos a favor, 29 negativos y 11 abstenciones. La Alianza País —con el 48 por ciento de los escaños, a saber, 59— se impuso con los votos del Movimiento Popular Democrático y algunos independientes.

    Para lograr la aprobación del Convenio Constitutivo del Banco del Sur, suscrito en Venezuela el 26 de septiembre de 2009, Correa se valió igualmente de su control sobre la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional, logrando así que el Poder Legislativo aprobara el 1 de junio del 2010, el referido convenio con 78 votos a favor.

  Posteriormente, Rafael Correa, emitió los decretos 935 y 936 que viabilizaban la operatividad del Sistema Sucre y del Banco del Sur.

  El artículo 3 del Reglamento General del Sucre estableció que los Bancos Centrales, son las instituciones que ejercen las funciones de banca central de cada Estado Parte, acreditadas ante el Consejo Monetario Regional (CMR) del Sucre para operar en el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos. Se designó como representantes de Ecuador al Gerente General y al Subgerente de Servicios, en calidad de directores, principal y suplente, ante el CMR.

   Desde Caracas, bajo control del chavismo, operaban los organismos de operación y control del Sistema Sucre (CMR y Banco del ALBA), hasta la presente fecha, en que el Sucre se encuentra en “pausa administrativa”, por decisión venezolana.

   Refiere el informe que, del Banco del Sur, no queda una sola sucursal en pie, “aunque sí sobreviven, un enorme costo económico por auditar y un cementerio de documentos inservibles”.

De sistema de compensación a mecanismo de lavado

  El informe deja sentado que el corazón de la ALBA, fue el Sistema Sucre y el Banco del Sur y advierte que, aunque sus postulados integracionistas y liberadores sumaron respaldos ideológicos, en la práctica el proyecto nació contaminado.

   Indica que las primeras operaciones comerciales entre Ecuador y Venezuela evidenciaban opacidad, silencio gubernamental y uso irregular del dólar para realizar exportaciones. De ello advirtió la prensa ecuatoriana en 2011, cuando dio a conocer el fraude comercial que encerraba el Sucre.

   Ese mismo año, específicamente en noviembre, se suscribió un convenio estratégico entre Venezuela y Colombia, mediante el cual el régimen chavista dotaría de viviendas populares a miles de humildes familias, estableciéndose un contrato con el Fondo Global de Construcción (Foglocons), una empresa de papel conformada días antes por Álex Naim Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas. La negociación era para la importación de casas prefabricadas, lo cual degeneró en una de las mayores tramas de corrupción del chavismo.

  A la pregunta de por qué buscaron a Ecuador, un país deficitario en materiales de construcción, el informe de la comisión parlamentaria de esa nación recuerda que es una nación dolarizada.

Los nexos de Saab y Pulido con Miraflores

  Advierte el informe de la comisión especializada permanente de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador que sin el apoyo de la exsenadora colombiana Piedad Córdova, Álex Saab Morán, continuaría siendo el empresario barranquillero de textiles en bancarrota que era antes de relacionarse con el gobierno venezolano.

   Sin ambages, el informe sostiene que “Saab no se hubiera levantado y amasado su fortuna sin la intermediación de Córdoba, con el gobierno de Venezuela, para cobrar USD 30 millones, que Cadivi le debía por exportaciones desde Colombia. Fue Piedad Córdoba la que tendió a Saab, la alfombra roja para su ingreso al Palacio de Miraflores”.

  Recuerda que Piedad Córdoba era la ficha de Hugo Chávez en Colombia, la “mujer de la revolución” en la nación neogranadina, “la que mapeaba a los enemigos del chavismo en su país y enlistaba prioridades. Piedad era la elegida del chavismo para ser presidenta de Colombia para, por fin, terminar con las turbulentas relaciones con su vecino”. Pero subraya que aun sin ser funcionaria, solo siendo la “elegida por Chávez”, Córdoba se convirtió en la tramitadora de empresarios amigos con el gobierno de Venezuela.

   En su libro “Alex Saab. La verdad del empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro”, el periodista de Univisión, Gerardo Reyes, dice que Piedad Córdoba se aprovechó de su ascendencia con el chavismo para usarla a su favor, “ella tenía la influencia y los empresarios el dinero”. A ella acudían los empresarios colombianos cuando Hugo Chávez congeló en 2010 los pagos de la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) a varias empresas colombianas, pues se convirtió en su lobista. Córdova, aprovechó su cercanía con Chávez para interceder por ellos.

  A Álex Saab, Córdoba se refería como el “palestino amigo” y agotó sus esfuerzos para que Cadivi les pagara a las empresas de este, a saber, Yumah, Canali Color Siete, Metas, Corporación All, Importadora GLM, Distrimodas, entre otras.

    Destaca el informe que Piedad Córdova, incluso, recurrió al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela y en un correo fechado en septiembre de 2010, “le ruega angustiosamente a un Miguel Eduardo Rodríguez Torres del SEBIN, que se les pague primero las deudas de Cadivi a un listado de ‘empresarios árabes que siempre los han apoyado’. En la comunicación, deja claro que ella es la tramitadora”.

Cómo comenzó la relación entre Saab y Córdoba

   Gerardo Reyes cuenta en su libro que todo empezó en 2009, cuando Lorenzo Hernández presentó a Álex Saab con Piedad Córdoba, a quien le contó en esa misma primera cita, su complicada situación con los papeles de Cadivi en Venezuela. Ella se comprometió a ayudarle a liberar USD 29.546.849 a cambio de un 10 por ciento de comisión.

   Narra Reyes que en su desesperación por lograr los desembolsos del Cadivi, Álex Saab se mudó en 2009 a Caracas, donde por dos meses vivió en las suites de Piedad Córdova en el Hotel Gran Meliá, las cuales eran pagadas desde 2007 por el gobierno venezolano. Incluso, Córdoba habría pedido a los asistentes del entonces canciller, Nicolás Maduro, que se encargaran de la seguridad del empresario, luego de que Saab fuera víctima de un robo en Caracas.

  Se indica en el libro que Álex Saab devolvió el favor a Piedad Córdoba prestándole cuentas de sus empresas en Barranquilla, Maquila Textiles y Confecciones S.A., para que la exsenadora canalizara a través de ellas, las coimas por otros favores que hizo a otros empresarios con Cadivi.

  Aunque Córdoba aceptó que ayudó a cobrar los USD 30 millones para 19 empresas de Álex Saab, destacó que lo hizo “gratuitamente”.

  Pero, “Los asistentes de Piedad Córdoba confirmaron que el retraso en los pagos del Cadivi no solo se debió a la restricción que impuso Chávez, sino porque las empresas de Saab figuraban como sospechosas por exportaciones ficticias a Venezuela”, advierte el informe.

 Gerardo Reyes relata que la presión de pagos en el Cadivi se convirtió en el modus operandi para financiar las campañas políticas de Córdoba en Colombia, algo que corroboró un cercano asesor a la exsenadora, Andrés Alberto Vásquez Moreno.

  Se explica que la amistad entre Córdoba y Saab era tal, que un hijo de la primera, Camilo Castro presidía la empresa panameña Papalma Investment S.A. a través de la cual se harían negocios el empresario. Los hijos de Córdoba Juan Luis y Camilo Castro, se convirtieron en 2011, en los responsables de los manejos relacionados a Saab.

   Aunque Piedad Córdoba niega vehementemente haber amparado a Saab y haberlo presentado con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, la investigación de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador confirmó la estrecha relación y afinidad. Se indica que Álex Saab, Piedad Córdova y Camilo Castro, arribaron a Quito en vuelo privado proveniente desde Bogotá el 8 de julio del 2013. Se trataba de la aeronave Bombardier 45, con matrícula N72LJ de la empresa Aircraft Guaranty Corporation, propiedad de Debra Lynn Mercer-Erwin, una mujer que es investigada por transportar narcóticos hacia EE. UU. en sus aviones.

  Asimismo, el informe refiere los nexos de Piedad Córdoba con la guerrilla colombiana de las FARC y su papel como mediadora para la liberación de secuestrados por la organización terrorista, por solicitud de la propia guerrilla desde 2007, siempre de la mano de Hugo Chávez. El nombre de la exsenadora figuraba también en los correos electrónicos de la computadora de Raúl Reyes, en los que se la identificaba como “Teodora”

“La cercanía que empezó a forjarse entre el gobierno de Juan Manuel Santos con Hugo Chávez, en gran medida es el mérito de Piedad Córdova, como mediadora por la paz con la guerrilla. Después de todos los cobros a Cadivi, gracias a Piedad Córdoba, Alex Saab terminó siendo el protagonista del gran acto de reconciliación entre Colombia y Venezuela”, refiere el informe parlamentario que agrega que la mujer fue igualmente el nexo para restablecer las relaciones binacionales entre Colombia y Venezuela.

Saab firma el convenio

  El convenio entre Colombia y Venezuela para la construcción de casas prefabricadas para la Gran Misión Vivienda, no fue firmado por ningún funcionario colombiano, sino por Álex Saab. Esto ocurrió el 28 de noviembre del 2011 en el Palacio de Miraflores en Caracas.

  El informe parlamentario subraya que en este acto “el presidente Juan Manuel Santos fue un accesorio testigo. Por Venezuela, firmó Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular de Industrias”.

  El contrato se le entregó sin que mediara para ello licitación alguna, a la empresa colombiana Fondo Global de Construcción-Foglocons, propiedad de Álex Saab. Una compañía sin experiencia en la materia constituida apenas cuatro días antes. Igualmente, se firmaron convenios con la empresa ELM Import de Saab y Pulido, para construir 8.400 casas, por USD 654 millones.

  Era el inicio de los grandes y millonarios negociados de Álex Saab, “todo, gracias a Teodora de Bolívar”.

  “Piedad Córdoba fue el engranaje que le faltaba a Saab para triunfar de nuevo en los negocios, la bisagra perfecta que intercedió con Hugo Chávez para que Foglocons ganara el contrato de la Gran Misión Vivienda, que terminó siendo un atraco a los más humildes de Venezuela”, sostiene el informe.

Los dólares de Ecuador

   A pesar de que Ecuador es uno de los países menos industrializados de la región, exportador prominente de materias primas y nulo productor de mercancías elaboradas, tiene una mina de dólares. De allí su escogencia para participar en el negocio del Sistema Sucre para acceder a dólares preferenciales de Cadivi.

   Alex Saab y Álvaro Pulido, dueños de Foglocons, apuraron entonces la creación de una compañía gemela en Ecuador, nación en la que se requería un operador político, quien no fue otro que Jaime Sánchez Yánez[4], de quien hablamos en entrega anterior. Al no poder figurar pues era asesor de Rafael Correa, su lugar lo ocupó su hermano, Luis Eduardo Sánchez Yánez, quien, junto a Álvaro Pulido Vargas, en ausencia, registraron la empresa Fondo Global de Construcción Ecuador, en septiembre del 2012.

Comenzaba la gran estafa del Sucre

[1] YouTube. “Chávez: el SUCRE nos libera de la dictadura del dólar”. 7 de junio de 2011. https://www.youtube.com/watch?v=4ivo-_oBXY4

[2] Youtube. Telesur. Creación de Sucre, logro de ALBA. 15 de diciembre del 2010. https://www.youtube.com/watch?v=lstpm2ssWaQ

[3] YouTube. Telesur. “Ecuador quiere recuperar moneda ‘emblema de soberanía’: Correa”.  15 de diciembre del 2014.  https://www.youtube.com/watch?v=vb_GGHak7Ps

[4] Venezuela Política. “Los hermanos Luis y Jaime Sánchez: Los socios necesarios de Álex Saab para poner en práctica sus operaciones en Ecuador”. 23 de diciembre de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/12/los-hermanos-luis-y-jaime-sanchez-los.html

Tribunal de Florida transfirió a estatus de fugitivo de la justicia de los EE. UU. a José Gregorio Vielma Mora y otros acusados de corrupción y lavado de dinero

    

Por Maibort Petit 

     La Corte del Distrito Sur de la Florida pasó a estatus de fugitivo a un grupo de exfuncionarios y socios de Álex Saab, considerado testaferro de Nicolás Maduro, acusados de haber participado en un esquema de corrupción para expoliar millones de dólares del erario público venezolano y blanquearlos en el sistema financiero estadounidense. En la lista de fugitivos de la justicia norteamericana se encuentra el exgobernador, José Gregorio Vielma Mora, Álvado Pulido Vargas, Emmanuel ENrique Rubio González y Ana Guillermo Luis.

     El 7 de octubre de 2021, la fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentó ante el tribunal homónimo la acusación que un Gran Jurado formulara contra Álvaro Pulido Vargas, alias“Germán Enrique Rubio Salas”, alias “Cuchi”, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique y Ana Guillermo Luis, señalándolos de la comisión de cinco cargos de lavado de dinero. Todo en violación a lo establecido en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Título 15 y el Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd1, et seq.(FCPA).

    El referido instrumento legal hace referencia a cierta clase de personas y entidades que actúan de manera corrupta en cumplimiento de una oferta, promesa, autorización o pago de dinero o cualquier cosa de valor a un funcionario de un gobierno extranjero con el propósito de influir en este e inducirlo a realizar u omitir ciertos actos, y asegurar una ventaja indebida para ayudar a esas clases de personas a obtener o retener negocios.

   La acusación señala que en los parámetros definidos en la FCPA encajan los imputados Álvaro Pulido Vargas, colombiano quien, junto con co-conspirador 1 controlaba varias compañías que obtuvieron contratos de COBISERTA y CORPOVEX para proveer alimentos y medicinas a Venezuela, incluyendo Group Grand Limited y Asasi Food.

  Asimismo, José Gregorio Vielma Mora, venezolano quien desde 2012 hasta 2017, fue gobernador del estado Táchira y desde esa posición supervisó COBISERTA y su proceso de contratación. Vielma Mora encaja en la figura de "funcionario extranjero" que se define en la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3 (9 (2) (A), y como "funcionario público", según la ley venezolana.

  Entretanto, el co-conspirador 1, colombiano, con Álvaro Pulido Vargas, controlaban varias empresas que obtuvieron contratos de COBISERTA y CORPOVEX. El co-conspirador 2, venezolano, es una “persona” como se usa ese término en la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3 (a).

   También figuran en la acusación el Funcionario 1 del Gobierno de Venezuela desde octubre de 2014 hasta septiembre de 2020 ostentó un alto rango en el FONDEN; el Oficial 1 del Gobierno de Venezuela quien se desempeñó con alto rango en BANDES. El funcionario 1 era un "funcionario extranjero" según se define ese término en la FCPA. El Funcionario 2, un venezolano que desde diciembre de 2017 hasta marzo de 2020 tuvo un alto cargo en el Ministerio de Finanzas y en BANDES, siendo un "funcionario extranjero" según la FCPA.

   Las entidades que figuran en la acusación son el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa estatal de distribución de alimentos y medicamentos.

  La Comercializadora de Bienes y Servicios del Estado Táchira (COBISERTA), la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX); el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas; el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN); y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES); son un "departamento", "agencia" e "instrumentalidad" de un gobierno extranjero, y sus funcionarios y empleados son "funcionarios extranjeros", según se utilizan esos términos en la FCPA.

Conspiración para cometer blanqueo de capitales

  El primer cargo formulado contra los imputados es el de Conspiración para cometer blanqueo de capitales.

   Se indica que desde julio de 2015 hasta por lo menos 2020, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, los acusados, Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique y Ana Guillermo Luis, se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron a sabiendas y voluntariamente entre sí, y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para cometer un delito contra los Estados Unidos.

   Específicamente, se les señala de, primero, transportar, transmitir y transferir a sabiendas un instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados Unidos hacia dentro y fuera del país, con la intención de promover la realización de una actividad ilegal específica, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A); y segundo, transportar, transmitir y transferir a sabiendas, un instrumento monetario y fondos que involucren el producto de una actividad ilegal especificada, desde un lugar en los Estados Unidos hacia fuera del país, sabiendo que los fondos involucrados representaban el producto de alguna actividad ilegal y que dichas operaciones se diseñaron en su totalidad o en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad y control de los ingresos de dicha actividad ilegal especificada, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (B) (i).

   Tales actividades constituyen un delito grave de violación de la FCPA bajo el Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3; y un delito contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucra el soborno de un funcionario público y la malversación, robo y malversación de fondos públicos por y para el beneficio de un funcionario público, según lo dispuesto por el Título 18, Estados Unidos Código, Sección 1956 (c) (7) (B) (iv).

El propósito de la conspiración

   Se señala en la acusación que el propósito de la conspiración para que los acusados y sus co-conspiradores fue enriquecerse ilegalmente a través de un plan para sobornar a funcionarios venezolanos y así obtener y retener contratos milmillonarios y otras ventajas comerciales con entidades. e instrumentalidades propiedad y controladas por el gobierno venezolano para la importación y entrega de alimentos y medicinas.

  Procuraban lavar los sobornos, ganancias y otros fondos relacionados con el esquema corrupto hacia y a través de cuentas en los Estados Unidos y así ocultar la naturaleza y el propósito de dicho plan corrupto.

El papel de Vielma Mora en la conspiración

   Los imputados y sus co-conspiradores utilizaron numerosas empresas controladas por ellos para celebrar contratos con el gobierno venezolano destinados a exportación de cajas de alimentos de México y cajas de medicinas de varios países, y distribuirlas en Venezuela.

   Pagaban sobornos a los funcionarios del gobierno venezolano, incluidos los funcionarios encargados de adjudicar los contratos, ocultando la naturaleza de las operaciones mediante el diseño de un esquema consistente en la creación de una red de cuentas bancarias personales y corporativas en múltiples países, las cuales utilizaban para recibir y transferir el producto de los contratos obtenidos de manera corrupta.

   Se describe que, en 2015, Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique, co-conspirador 1 y otros co-conspiradores maniobraron para obtener contratos relacionados con la producción, importación y distribución de alimentos con el gobierno venezolano. Para ese entonces, José Gregorio Vielma Mora se desempeñaba como gobernador del estado Táchira, posición desde la que supervisaba el proceso de contratación relacionado con el programa CLAP.

   Refiere que entre principios y mediados de 2016, Vielma Mora se reunió con los co=conspiradores 1 y 2 para conversar sobre su papel en la importación de alimentos al estado Táchira. También se reunió con Carlos Rolando Lizcano Manrique y los co-conspiradores 1 y 2 para discutir una propuesta para la producción, importación y distribución de cajas de alimentos para el programa CLAP. Entonces, bajo la dirección del gobernador tachirense, el co-conspirador 2 elaboró una propuesta cuyo costo real discutieron en una reunión sostenida entre el mandatario, Lizcano Manrique, co-conspirador 1 y co-conspirador 2.

   Entonces, el co-conspirador 1 acordó realizar pagos corruptos a Vielma Mora para obtener y retener contratos del CLAP en el estado Táchira. En tal sentido, el co-conspirador 1 ordenó a Lizcano Manrique y al co-conspirador 2 que trabajaran juntos para producir las cajas de alimentos para la importación a Venezuela.

   Después, a mediados o finales de 2016, José Gregorio Vielma Mora, Carlos Rolando Lizcano Manrique, co-conspirador 1 y co-conspirador 2 se reunieron con los Funcionarios del Gobierno de Venezuela 1 y 2 para obtener el apoyo de estos en la adjudicación de los contratos a empresas controladas por Álvaro Pulido Vargas y co-conspirador 1.

   La acusación precisa que el 14 de octubre de 2016, Group Grand Limited, empresa propiedad y controlada por Álvaro Pulido Vargas y co-conspirador 1, obtuvo un contrato de COBISERTA para importar y distribuir 10 millones de cajas de alimentos para el programa CLAP a USD 34 cada caja, para un monto total de USD 340.000.000. Una negociación que se llevó a cabo a pesar de que José Gregorio Vielma Mora sabía que el costo de producción e importación de dichas cajas era mucho menor, todo por el interés de que los co-conspiradores pudieran usar los fondos adicionales para pagarle los sobornos acordados a él y otros funcionarios involucrados en el esquema corrupto.

   En la conspiración, Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González, y otros fueron los encargados de la compra de alimentos en México, ensamblar las cajas de comida y exportarlas a Venezuela. Entretanto, Carlos Rolando Lizcano Manrique y otros fueron los encargados de recibir las cajas de alimentos en Venezuela y distribuirlas cajas en el Estado de Táchira.

  La acusación dice que a mediados o finales de 2016, José Gregorio Vielma Mora se reunió con los co-conspiradores 1 y 2 para conversar sobre la forma cómo recibiría el dinero del soborno que se le debía por su participación en la adjudicación de los contratos a las empresas de Álvaro Pulido Vargas. Acordaron que el co-conspirador 2 serviría como intermediario para recibir el dinero que después remitiría, pagaría, transferiría y dirigiría al gobernador. Por esta labor, co-conspirador 2 recibiría pagos en el esquema de soborno ilegal.

Una red de empresas y cuentas bancarias

   En el esquema de corrupción, a Ana Guillermo Luis, quien trabajaba para Álvaro Pulido y co-conspirator 1, le correspondió crear una red de decenas de empresas y cuentas bancarias asociadas en varios países. Dicha red le permitiría a Pulido Vargas, co-conspirator 1 y otros co-conspiradores recibir y mover el dinero pagado desde Venezuela por concepto de los contratos de alimentos y medicinas obtenidos de manera corrupta.

  En este sentido, Ana Guillermo Luis ayudó al co-conspirador 2 a abrir cuentas bancarias a través de las cuales recibía el dinero que, como intermediario, transfería luego a Vielma Mora, así como también para cobrar sus propias ganancias corruptas. También ayudó a crear empresas y abrir cuentas bancarias asociadas para que otros conspiradores recibieran su parte de las ganancias del esquema de soborno ilegal. Igualmente creó contratos y otros documentos falsos y fraudulentos para justificar las transferencias de fondos, sobornos y ganancias corruptas relacionadas con el esquema.

Las ganancias de Vielma Mora

   Refiere la acusación que entre el 12 de diciembre de 2016 y el 10 de abril de 2018, José Gregorio Vielma Mora y co-conspirator 2 recibieron aproximadamente USD 17.256.935 en sobornos y ganancias corruptas a cambio de su asistencia e influencia en la adjudicación de contratos de alimentos de COBISERTA y CORPOVEX. Su papel incluyó el otorgamiento de ventajas comerciales en beneficio de las empresas controladas por Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique, Ana Guillermo Luis y co-conspirador 1, entre otros.

  Desde el 12 de diciembre de 2016 hasta el 17 de julio de 2017, Vielma Mora y co-conspirador 2 provocaron transferencias electrónicas de aproximadamente USD 6.355.158 en ingresos del esquema de soborno ilegal a una cuenta bancaria en el sur Distrito de Florida propiedad y controlada por co-conspirador 2.

   Se indica que el 11 de febrero de 2017, co-conspirador 2 estaba en los Estados Unidos y transfirió USD 1.600.000 desde una cuenta bancaria que controlaba en Panamá a una cuenta bancaria que controlaba en el Distrito Sur de Florida cuyo destinatario final era José Gregorio Vielma Mora.

Más contratos, más ganancias corruptas

   El 14 de febrero de 2017, Group Grand Limited obtuvo un segundo contrato para importar y distribuir en Venezuela 10 millones de cajas de alimentos a través del programa CLAP. El valor de este contrato fue de USD 369.900.000.

  A principios de 2017, Álvaro Pulido Vargas y co-conspirator 1 procurar obtener otros contratos del programa CLAP mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno venezolano.

  Del mismo modo, el 31 de marzo de 2017, Group Grand Limited obtuvo un contrato de CORPOVEX por USD 70.889.234 para importar y distribuir medicamentos en Venezuela a través del programa CLAP. Un segundo contrato de esta naturaleza lo logró el 22 de mayo de 2017 por USD 74.990.942.

  En julio de 2017, los miembros de la conspiración recibieron transferencias electrónicas del FONDEN por un total de USD 33.750.295 a una cuenta en Antigua a nombre de Group Grand Limited, como pago de los contratos de alimentos y medicinas obtenidos de manera corrupta.

  Desde enero de 2018 hasta marzo de 2018, los miembros de la conspiración recibieron transferencias electrónicas de BANDES por un total de USD. 105.001.292 a una cuenta en los Emiratos Árabes Unidos a nombre de Asasi Food, empresa de propiedad y controlado por Álvaro Pulido Vargas y co-conspirator 1, como pago por los contratos de alimentos y medicinas.

   Describe la acusación que, desde enero de 2018 hasta mayo de 2018, los miembros de la conspiración recibieron transferencias bancarias de BANDES por un total de 248.727.831 euros en una cuenta en los Emiratos Árabes Unidos a nombre de Asasi Food.

  Se señala que, durante el transcurso de la conspiración, Álvaro Pulido Vargas Carlos Rolando Lizcano Manrique y co-conspirator 1, utilizaron parte de a través de los referidos contratos corruptos, para transferir de manera electrónica, al menos USD 10.000.000 a cuentas bancarias en los Estados Unidos de propiedad, controladas por y para el beneficio de los co-conspiradores. Por lo menos USD 5.500.000 de esos fondos se transfirieron directamente al Distrito Sur de Florida.

  También se indica que en el transcurso de la conspiración, Álvaro Pulido Vargas y co-conspirador 1 transfirieron en su nombre, al menos USD 170.000.000 en ganancias a través de bancos corresponsales en los Estados Unidos a cuentas bancarias en beneficio de los co-conspiradores. Por cable, ellos y sus empresas transfirieron USD 22.000.000 a una empresa de transporte y envío de carga ubicada en México, para pagar los costos asociados con el cumplimiento de los contratos COBISERTA y CORPOVEX.

   También USD 50.000.000 a una empresa de servicios de alimentos ubicada en México, a través de cuentas bancarias corresponsales en los Estados Unidos, para pagar los costos asociados con el cumplimiento de los contratos COBIERTA y CORPOVEX.

  En razón de la escasez de dólares estadounidenses experimentada por Venezuela, lo cual le impedía pagar a empresas extranjeras, el co-conspirador 1 y Álvaro Pulido Vargas realizaron negocios para refinar y vender oro en nombre de Venezuela para facilitar así la obtención de divisas y el correspondiente pago a sus empresas.

    El 6 de marzo de 2019, el co-conspirador 2, mientras se encontraba en los Estados Unidos, autorizó la transferencia de fondos bajo la dirección de José Gregorio Vielma Mora desde una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Florida a individuos para beneficio del gobernador.

   El 5 de agosto de 2019, co-conspirador 2 autorizó una transacción con tarjeta de crédito utilizando la tarjeta de crédito para pagar USD 4.499 a un sitio web de viajes de un familiar cercano de José Gregorio Vielma Mora.

Los cargos por blanqueo de Instrumentos Monetarios

   La acusación además contempla cargos —del 2 al 5— por blanqueo de instrumentos monetarios.

  Las operaciones que contemplan dichos cargos se describen en el siguiente cuadro:

   La acusación contempla que de ser declarados culpables, se confiscarán todas las propiedades que los imputados tengan en los Estados Unidos.

  Se incluye el decomiso de USD 1.607.626.307,19 en moneda estadounidense, que representa la cantidad de fondos involucrados en las violaciones del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 que se alega en la acusación.

José Luis Parada ocultó en Suiza fondos sustraídos irregularmente de PDVSA

   El dinero era el producto de haber esquilmado a la petrolera estatal venezolana mediante una trama de corrupción que encabezó Nervis Villalobos.

Por Maibort Petit

  Una investigación periodística sustentada con la debida documentación, reveló que el exdirector general de Producción y Explotación de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), José Luis Parada, ocultó USD 7,1 millones en un banco suizo los cuales transfirió desde la Banca Privada d’Andorra (BPA).

Rafael Ramírez, José Luis Parada, Nervis Villalobos y Diego Salazar

    La operación tuvo lugar durante el mes de julio de 2014 cuando Parada trasladó los fondos a una cuenta en la Banca Credinvest SA desde la cuenta de emisión en BPA donde había acumulado un saldo de USD 8,5 millones entre los años 2008 y 2015.

    La información que dio a conocer el diario español El País[1] el cual precisó que en dicha institución andorrana en la que el secreto bancario rigió hasta 2017, José Luis Parada recibió depósitos —entre 2010 y 2011— de parte de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía durante la gestión de Hugo Chávez, los cuales alcanzaron los USD 6 millones. Los restantes USD 2,5 millones los hizo llegar Diego Salazar, familiar del ex-zar del petróleo venezolano, Rafael Ramírez. Tanto Villalobos como Salazar, formaron parte de una trama de corrupción que ocultó en 37 cuentas bancarias, fondos provenientes de sobornos y comisiones percibidos por su participación en la aprobación de contratos irregulares de la estatal petrolera, habiendo logrado sus protagonistas esquilmar a PDVSA unos USD 2.000 millones[2].

   Parada se valió d e una empresa de maletín denominada Prometeo Internacional SA, para abrir la cuenta en el BPA, la cual hizo adquisiciones entre 2008 y 2014 en valores de compañías que sumaron USD 16 millones.

  La nota indica que, mediante dos tarjetas asociadas a Prometeo Internacional SA, entre los años 2009 y 2013, se hicieron cargos en suntuosos establecimientos, hoteles y restaurantes en Houston, Los Ángeles, San Diego, Miami, París, Bogotá, Barcelona o Düsseldorf que totalizaron 128.700 euros.

  Ante el BPA, José Luis Parada dijo que los ingresos que recibiría la cuenta corresponderían a pagos por sus servicios como asesor de Nervis Villalobos.

   Se hace mención en la información de que Nervis Villalobos y Diego Salazar camuflaron las operaciones mediante traspasos internos, ordenando las transferencias desde cuentas asociadas a Tristaina Trading SA y Monterrey Management SA, empresas instrumentales del primero, y de High Advisory and Consulting SA, una firma del segundo con su testaferro, Luis Mariano Rodríguez Cabello.

  Parada también transfirió USD 1 millón desde el BPA al Union Bancaire Privée de Suiza, el 28 de marzo de 2011, cuyo beneficiario no ha podido ser identificado por las autoridades.

  Estaba, pues, el exdirectivo de PDVSA evitando que sus fondos fueran congelados, tal como había ocurrido con otras personas (dirigentes del chavismo y de PDVSA) que eran investigados por la citada trama de corrupción citada líneas arriba. En el registro bancario, Parada argumentó los retiros en razón de que “no existe seguridad jurídica en el país que proteja su patrimonio, así como una persecución intencionada por parte de las autoridades locales a las personas de su nacionalidad”.

  Parada, quien se encuentra prófugo de la justicia venezolana, se encontraría, según investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), organismos que determinó que los fondos del exdirectivo de Petróleos de Venezuela provenían de la corrupción ejercida en dicha empresa a la cual esquilmó la millonaria suma.

Referencias

[1] El País. “Un directivo de Petróleos de Venezuela ocultó siete millones de dólares en Suiza”. 27 de octubre de 2021. https://elpais.com/internacional/2021-10-27/un-directivo-de-petroleos-de-venezuela-oculto-siete-millones-en-suiza.html

[2] El País. “Exministros de Chávez ocultaron 2.000 millones en Andorra”. 14 de diciembre de 2017. https://elpais.com/internacional/2017/12/13/actualidad/1513189655_511418.html

 

Conozca el papel protagónico de José Gregorio Vielma Mora en el esquema de lavado de dinero encabezado por Álvaro Pulido Vargas, socio de Álex Saab

   El alto dirigente chavista habría recibido millones de dólares en cuentas bancarias creadas para recibir los fondos corruptos derivados del manejo irregular del programa de alimentación gubernamental.

Por Maibort Petit 

   En el esquema de corrupción del esquema de corrupción encabezado por el socio de Álex Saab, Álvaro Pulido Vargas, juega un papel fundamental el exgobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, alto personero del partido de gobierno y ficha importante del chavismo desde los primeros tiempos de la denominada revolución bolivariana. La acusación que la fiscalía de los Estados Unidos presentó ante la El Tribunal del Distrito Sur de la Florida, describe al detalle la participación de Vielma Mora en la trama corrupta que esquilmó millones de dólares al estado venezolano a través del programa de alimentación CLAP.

La acusación

   El 7 de octubre de 2021, la fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentó ante el tribunal homónimo la acusación que un Gran Jurado formulara contra Álvaro Pulido Vargas, alias“Germán Enrique Rubio Salas”, alias “Cuchi”, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique y Ana Guillermo Luis, señalándolos de la comisión de cinco cargos de lavado de dinero. Todo en violación a lo establecido en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Título 15 y el Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd1, et seq.(FCPA).

    El referido instrumento legal hace referencia a cierta clase de personas y entidades que actúan de manera corrupta en cumplimiento de una oferta, promesa, autorización o pago de dinero o cualquier cosa de valor a un funcionario de un gobierno extranjero con el propósito de influir en este e inducirlo a realizar u omitir ciertos actos, y asegurar una ventaja indebida para ayudar a esas clases de personas a obtener o retener negocios.

   La acusación señala que en los parámetros definidos en la FCPA encajan los imputados Álvaro Pulido Vargas, colombiano quien, junto con co-conspirador 1 controlaba varias compañías que obtuvieron contratos de COBISERTA y CORPOVEX para proveer alimentos y medicinas a Venezuela, incluyendo Group Grand Limited y Asasi Food.

  Asimismo, José Gregorio Vielma Mora, venezolano quien desde 2012 hasta 2017, fue gobernador del estado Táchira y desde esa posición supervisó COBISERTA y su proceso de contratación. Vielma Mora encaja en la figura de "funcionario extranjero" que se define en la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3 (9 (2) (A), y como "funcionario público", según la ley venezolana.

  Entretanto, el co-conspirador 1, colombiano, con Álvaro Pulido Vargas, controlaban varias empresas que obtuvieron contratos de COBISERTA y CORPOVEX. El co-conspirador 2, venezolano, es una “persona” como se usa ese término en la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3 (a).

   También figuran en la acusación el Funcionario 1 del Gobierno de Venezuela desde octubre de 2014 hasta septiembre de 2020 ostentó un alto rango en el FONDEN; el Oficial 1 del Gobierno de Venezuela quien se desempeñó con alto rango en BANDES. El funcionario 1 era un "funcionario extranjero" según se define ese término en la FCPA. El Funcionario 2, un venezolano que desde diciembre de 2017 hasta marzo de 2020 tuvo un alto cargo en el Ministerio de Finanzas y en BANDES, siendo un "funcionario extranjero" según la FCPA.

   Las entidades que figuran en la acusación son el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa estatal de distribución de alimentos y medicamentos.

  La Comercializadora de Bienes y Servicios del Estado Táchira (COBISERTA), la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX); el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas; el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN); y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES); son un "departamento", "agencia" e "instrumentalidad" de un gobierno extranjero, y sus funcionarios y empleados son "funcionarios extranjeros", según se utilizan esos términos en la FCPA.

Conspiración para cometer blanqueo de capitales

  El primer cargo formulado contra los imputados es el de Conspiración para cometer blanqueo de capitales.

   Se indica que desde julio de 2015 hasta por lo menos 2020, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, los acusados, Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique y Ana Guillermo Luis, se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron a sabiendas y voluntariamente entre sí, y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para cometer un delito contra los Estados Unidos.

   Específicamente, se les señala de, primero, transportar, transmitir y transferir a sabiendas un instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados Unidos hacia dentro y fuera del país, con la intención de promover la realización de una actividad ilegal específica, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A); y segundo, transportar, transmitir y transferir a sabiendas, un instrumento monetario y fondos que involucren el producto de una actividad ilegal especificada, desde un lugar en los Estados Unidos hacia fuera del país, sabiendo que los fondos involucrados representaban el producto de alguna actividad ilegal y que dichas operaciones se diseñaron en su totalidad o en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad y control de los ingresos de dicha actividad ilegal especificada, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (B) (i).

   Tales actividades constituyen un delito grave de violación de la FCPA bajo el Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3; y un delito contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucra el soborno de un funcionario público y la malversación, robo y malversación de fondos públicos por y para el beneficio de un funcionario público, según lo dispuesto por el Título 18, Estados Unidos Código, Sección 1956 (c) (7) (B) (iv).

El propósito de la conspiración

   Se señala en la acusación que el propósito de la conspiración para que los acusados y sus co-conspiradores fue enriquecerse ilegalmente a través de un plan para sobornar a funcionarios venezolanos y así obtener y retener contratos milmillonarios y otras ventajas comerciales con entidades. e instrumentalidades propiedad y controladas por el gobierno venezolano para la importación y entrega de alimentos y medicinas.

  Procuraban lavar los sobornos, ganancias y otros fondos relacionados con el esquema corrupto hacia y a través de cuentas en los Estados Unidos y así ocultar la naturaleza y el propósito de dicho plan corrupto.

El papel de Vielma Mora en la conspiración

   Los imputados y sus co-conspiradores utilizaron numerosas empresas controladas por ellos para celebrar contratos con el gobierno venezolano destinados a exportación de cajas de alimentos de México y cajas de medicinas de varios países, y distribuirlas en Venezuela.

   Pagaban sobornos a los funcionarios del gobierno venezolano, incluidos los funcionarios encargados de adjudicar los contratos, ocultando la naturaleza de las operaciones mediante el diseño de un esquema consistente en la creación de una red de cuentas bancarias personales y corporativas en múltiples países, las cuales utilizaban para recibir y transferir el producto de los contratos obtenidos de manera corrupta.

   Se describe que, en 2015, Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique, co-conspirador 1 y otros co-conspiradores maniobraron para obtener contratos relacionados con la producción, importación y distribución de alimentos con el gobierno venezolano. Para ese entonces, José Gregorio Vielma Mora se desempeñaba como gobernador del estado Táchira, posición desde la que supervisaba el proceso de contratación relacionado con el programa CLAP.

   Refiere que entre principios y mediados de 2016, Vielma Mora se reunió con los co=conspiradores 1 y 2 para conversar sobre su papel en la importación de alimentos al estado Táchira. También se reunió con Carlos Rolando Lizcano Manrique y los co-conspiradores 1 y 2 para discutir una propuesta para la producción, importación y distribución de cajas de alimentos para el programa CLAP. Entonces, bajo la dirección del gobernador tachirense, el co-conspirador 2 elaboró una propuesta cuyo costo real discutieron en una reunión sostenida entre el mandatario, Lizcano Manrique, co-conspirador 1 y co-conspirador 2.

   Entonces, el co-conspirador 1 acordó realizar pagos corruptos a Vielma Mora para obtener y retener contratos del CLAP en el estado Táchira. En tal sentido, el co-conspirador 1 ordenó a Lizcano Manrique y al co-conspirador 2 que trabajaran juntos para producir las cajas de alimentos para la importación a Venezuela.

   Después, a mediados o finales de 2016, José Gregorio Vielma Mora, Carlos Rolando Lizcano Manrique, co-conspirador 1 y co-conspirador 2 se reunieron con los Funcionarios del Gobierno de Venezuela 1 y 2 para obtener el apoyo de estos en la adjudicación de los contratos a empresas controladas por Álvaro Pulido Vargas y co-conspirador 1.

   La acusación precisa que el 14 de octubre de 2016, Group Grand Limited, empresa propiedad y controlada por Álvaro Pulido Vargas y co-conspirador 1, obtuvo un contrato de COBISERTA para importar y distribuir 10 millones de cajas de alimentos para el programa CLAP a USD 34 cada caja, para un monto total de USD 340.000.000. Una negociación que se llevó a cabo a pesar de que José Gregorio Vielma Mora sabía que el costo de producción e importación de dichas cajas era mucho menor, todo por el interés de que los co-conspiradores pudieran usar los fondos adicionales para pagarle los sobornos acordados a él y otros funcionarios involucrados en el esquema corrupto.

   En la conspiración, Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González, y otros fueron los encargados de la compra de alimentos en México, ensamblar las cajas de comida y exportarlas a Venezuela. Entretanto, Carlos Rolando Lizcano Manrique y otros fueron los encargados de recibir las cajas de alimentos en Venezuela y distribuirlas cajas en el Estado de Táchira.

  La acusación dice que a mediados o finales de 2016, José Gregorio Vielma Mora se reunió con los co-conspiradores 1 y 2 para conversar sobre la forma cómo recibiría el dinero del soborno que se le debía por su participación en la adjudicación de los contratos a las empresas de Álvaro Pulido Vargas. Acordaron que el co-conspirador 2 serviría como intermediario para recibir el dinero que después remitiría, pagaría, transferiría y dirigiría al gobernador. Por esta labor, co-conspirador 2 recibiría pagos en el esquema de soborno ilegal.

Una red de empresas y cuentas bancarias

   En el esquema de corrupción, a Ana Guillermo Luis, quien trabajaba para Álvaro Pulido y co-conspirator 1, le correspondió crear una red de decenas de empresas y cuentas bancarias asociadas en varios países. Dicha red le permitiría a Pulido Vargas, co-conspirator 1 y otros co-conspiradores recibir y mover el dinero pagado desde Venezuela por concepto de los contratos de alimentos y medicinas obtenidos de manera corrupta.

  En este sentido, Ana Guillermo Luis ayudó al co-conspirador 2 a abrir cuentas bancarias a través de las cuales recibía el dinero que, como intermediario, transfería luego a Vielma Mora, así como también para cobrar sus propias ganancias corruptas. También ayudó a crear empresas y abrir cuentas bancarias asociadas para que otros conspiradores recibieran su parte de las ganancias del esquema de soborno ilegal. Igualmente creó contratos y otros documentos falsos y fraudulentos para justificar las transferencias de fondos, sobornos y ganancias corruptas relacionadas con el esquema.

Las ganancias de Vielma Mora

   Refiere la acusación que entre el 12 de diciembre de 2016 y el 10 de abril de 2018, José Gregorio Vielma Mora y co-conspirator 2 recibieron aproximadamente USD 17.256.935 en sobornos y ganancias corruptas a cambio de su asistencia e influencia en la adjudicación de contratos de alimentos de COBISERTA y CORPOVEX. Su papel incluyó el otorgamiento de ventajas comerciales en beneficio de las empresas controladas por Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique, Ana Guillermo Luis y co-conspirador 1, entre otros.

  Desde el 12 de diciembre de 2016 hasta el 17 de julio de 2017, Vielma Mora y co-conspirador 2 provocaron transferencias electrónicas de aproximadamente USD 6.355.158 en ingresos del esquema de soborno ilegal a una cuenta bancaria en el sur Distrito de Florida propiedad y controlada por co-conspirador 2.

   Se indica que el 11 de febrero de 2017, co-conspirador 2 estaba en los Estados Unidos y transfirió USD 1.600.000 desde una cuenta bancaria que controlaba en Panamá a una cuenta bancaria que controlaba en el Distrito Sur de Florida cuyo destinatario final era José Gregorio Vielma Mora.

Más contratos, más ganancias corruptas

   El 14 de febrero de 2017, Group Grand Limited obtuvo un segundo contrato para importar y distribuir en Venezuela 10 millones de cajas de alimentos a través del programa CLAP. El valor de este contrato fue de USD 369.900.000.

  A principios de 2017, Álvaro Pulido Vargas y co-conspirator 1 procurar obtener otros contratos del programa CLAP mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno venezolano.

  Del mismo modo, el 31 de marzo de 2017, Group Grand Limited obtuvo un contrato de CORPOVEX por USD 70.889.234 para importar y distribuir medicamentos en Venezuela a través del programa CLAP. Un segundo contrato de esta naturaleza lo logró el 22 de mayo de 2017 por USD 74.990.942.

  En julio de 2017, los miembros de la conspiración recibieron transferencias electrónicas del FONDEN por un total de USD 33.750.295 a una cuenta en Antigua a nombre de Group Grand Limited, como pago de los contratos de alimentos y medicinas obtenidos de manera corrupta.

  Desde enero de 2018 hasta marzo de 2018, los miembros de la conspiración recibieron transferencias electrónicas de BANDES por un total de USD. 105.001.292 a una cuenta en los Emiratos Árabes Unidos a nombre de Asasi Food, empresa de propiedad y controlado por Álvaro Pulido Vargas y co-conspirator 1, como pago por los contratos de alimentos y medicinas.

   Describe la acusación que, desde enero de 2018 hasta mayo de 2018, los miembros de la conspiración recibieron transferencias bancarias de BANDES por un total de 248.727.831 euros en una cuenta en los Emiratos Árabes Unidos a nombre de Asasi Food.

  Se señala que, durante el transcurso de la conspiración, Álvaro Pulido Vargas Carlos Rolando Lizcano Manrique y co-conspirator 1, utilizaron parte de a través de los referidos contratos corruptos, para transferir de manera electrónica, al menos USD 10.000.000 a cuentas bancarias en los Estados Unidos de propiedad, controladas por y para el beneficio de los co-conspiradores. Por lo menos USD 5.500.000 de esos fondos se transfirieron directamente al Distrito Sur de Florida.

  También se indica que en el transcurso de la conspiración, Álvaro Pulido Vargas y co-conspirador 1 transfirieron en su nombre, al menos USD 170.000.000 en ganancias a través de bancos corresponsales en los Estados Unidos a cuentas bancarias en beneficio de los co-conspiradores. Por cable, ellos y sus empresas transfirieron USD 22.000.000 a una empresa de transporte y envío de carga ubicada en México, para pagar los costos asociados con el cumplimiento de los contratos COBISERTA y CORPOVEX.

   También USD 50.000.000 a una empresa de servicios de alimentos ubicada en México, a través de cuentas bancarias corresponsales en los Estados Unidos, para pagar los costos asociados con el cumplimiento de los contratos COBIERTA y CORPOVEX.

  En razón de la escasez de dólares estadounidenses experimentada por Venezuela, lo cual le impedía pagar a empresas extranjeras, el co-conspirador 1 y Álvaro Pulido Vargas realizaron negocios para refinar y vender oro en nombre de Venezuela para facilitar así la obtención de divisas y el correspondiente pago a sus empresas.

    El 6 de marzo de 2019, el co-conspirador 2, mientras se encontraba en los Estados Unidos, autorizó la transferencia de fondos bajo la dirección de José Gregorio Vielma Mora desde una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Florida a individuos para beneficio del gobernador.

   El 5 de agosto de 2019, co-conspirador 2 autorizó una transacción con tarjeta de crédito utilizando la tarjeta de crédito para pagar USD 4.499 a un sitio web de viajes de un familiar cercano de José Gregorio Vielma Mora.

Los cargos por blanqueo de Instrumentos Monetarios

   La acusación además contempla cargos —del 2 al 5— por blanqueo de instrumentos monetarios.

  Las operaciones que contemplan dichos cargos se describen en el siguiente cuadro:

   La acusación contempla que de ser declarados culpables, se confiscarán todas las propiedades que los imputados tengan en los Estados Unidos.

  Se incluye el decomiso de USD 1.607.626.307,19 en moneda estadounidense, que representa la cantidad de fondos involucrados en las violaciones del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 que se alega en la acusación.