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martes, 4 de enero de 2022

Corte de Apelaciones revisará recurso de Álex Saab en abril de 2022

   En el Corte de Distrito hay una audiencia fijada para el 16 de febrero de 2022, ahora aludiendo una supuesta cuarentena del acusado que evitaría que se reuniera con los abogados. 

Por Maibort Petit

   Un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos Undécimo Circuito de Atlanta, Georgia, revisará el recurso de apelación interpuesto por Álex Saab Morán en la semana del 4 de abril de 2022 en Miami, Florida, de acuerdo a la decisión tomada por las autoridades de la corte.

   La programación se dio a conocer en un memorando fechado el 22 de diciembre de 2021, suscrita por Jennifer Tubbs, supervisora de sesiones de la Corte de Apelaciones.

  En la comunicación dirigida a los defensores de Saab y otros, se señala que las audiencias del tribunal se llevarán a cabo de martes a viernes de la semana que se inicia el 4 de abril. Posteriormente, los abogados recibirán un calendario final, aproximadamente en 6 u 8 semanas antes de la sesión, donde se indicará una fecha específica para exponer los argumentos orales.

  La defensa de Saab está representada por los abogados David Rivkin, David B. Rivkin Jr., Lee A. Casey, Elizabeth P. Foley, Richard B. Raile, Jenna M. Lorence, todos del bufete Baker & Hostetler LLP.

  Se advierte en la comunicación que, después de que se asigna una apelación a un día específico para la argumentación oral, cualquier cambio o adición del abogado en la apelación, requiere autorización de la corte.

La razón de la apelación

   El recurso de apelación interpuesto por Álex Saab requiere que la Corte de Apelaciones suprima el fallo de un juez de primer circuito que desestimó el argumento de que el acusado no podía pedir la desestimación de la acusación porque para la fecha se encontraba en estatus de fugitivo. 

   Los abogados de Saab pidieron a la corte la desestimación de los cargo debido a que el considerado testaferro de Nicolás Maduro no puede ser detenido ni juzgado porque posee inmunidad diplomática en razón a su cargo de encargado de asuntos humanitarios ante el gobierno de la República Islámica de Irán y de Rusia por designación de la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente, los abogados pidieron la revisión del argumento de que el caso como tal generó víctimas legales de los delitos alegados en la acusación.

  La posición del gobierno de los Estados Unidos en este caso, es que Álex Saab, al ser un fugitivo, no podía enviar a terceros al tribunal para pedir que se desestimara su acusación, sino que debía estar físicamente en el tribunal. Asimismo, los fiscales sostuvieron que no existen víctimas legales de los delitos alegados en la acusación.

  La fiscalía sostiene que "no hay ninguna parte corporativa no gubernamental en este procedimiento, ni asociación de personas, formas, sociedades o corporaciones que tengan un interés en este caso o en el resultado de la apelación" y, por tanto, el tribunal debe desestimar la causa por carecer de fundamento.

Oposición al argumento de los fiscales

  Entretanto, los abogados de Álex Saab piden a la corte denegar la moción del Departamento de Justicia, porque la misma no se ajusta a derecho, pues "el único argumento del gobierno es que este caso es discutible, pero está equivocado".

   Esto significa que los fiscales alegan que el tribunal de Apelaciones debe denegar el recurso a la defensa porque el argumento de que Saab no puede ser detenido ni juzgado porque tiene inmunidad no fue discutido en la corte de distrito porque él no estaba presente. Por ende, piden a los jueces que nieguen el recurso porque el tema de la inmunidad diplomática no fue tratado en el fallo, pero si puede ser discutido ahora que Saab está presente. 

  La defensa piensa todo lo contrario y ha empujado a los jueces para que decidan que el tema de la inmunidad diplomática de Saab si puede ser discutida por los jueces de apelaciones, porque ya hay jurisprudencia que dice que las cortes de segundo circuito si pueden decidir sobre la materia.

  Agrega la defensa, que la posición de los fiscales se contradice cuando señalan que "el caso es discutible solo si ya no presenta una controversia viva con respecto a la cual el tribunal puede dar una reparación significativa".

  La defensa argumenta que es evidente que este Tribunal puede ofrecer un alivio significativo en este caso, puesto que el apelante, Álex Nain Saab Morán, está preso en un centro de detención federal de Miami y eso no debería ocurrir porque él goza ampliamente de inmunidad diplomática, para lo cual, de hecho tiene los comunicados públicos que así lo ratifican de Rusia e Irán.

"Si prevalece esta apelación, su afirmación de absoluta inmunidad diplomática contra el arresto y el juicio, será liberado de la prisión y se le permitirá continuar en su misión diplomática. Por lo tanto, esta Corte puede y, sobre la base de su propio precedente vinculante, debe brindar el alivio más significativo e impactante que se pueda imaginar".

  Los abogados van más allá y sostienen que "las afirmaciones contrarias del Gobierno intentan confundir más que persuadir. Sostiene que debido a que la cuestión de la privación de derechos de fugitivo en esta apelación ahora es discutible, toda la apelación es discutible".

  No obstante, lo discutible de un tema no equivale a lo discutible de todo el caso", acotan.

  Aseguran que "el Gobierno también sostiene que el tribunal de distrito no llegó a la afirmación de inmunidad del Sr. Saab y debería tener la oportunidad de abordar esa cuestión de derecho en primera instancia".

  Los abogados argumentan que la posición de los fiscales "confunde el estándar de la prisión preventiva discrecional con la cuestión jurisdiccional de la discutibilidad" y aseguran que el tribunal de apelaciones tiene jurisdicción sobre esta apelación, independientemente de cómo elija finalmente ejercer su discreción.

  La fiscalía y la defensa coinciden en que es fundamental una pronta resolución de esta Corte sobre el fondo para poder tomar decisiones en el caso. "La forma de lograr este objetivo no es a través de un fallo jurisdiccional de inadmisibilidad, sino más bien mediante expedición de argumentos y decisiones".

  En ese sentido, los abogados de Saab propusieron una moción ante la corte que busca realizar movimientos cruzados para acelerar la discusión y la decisión del caso. "Este caso está completamente informado y listo para la revisión de este Tribunal".

  La defensa pide a la Corte denegar la moción del Gobierno o llevarla con el caso, así como también, programar las actividades para la próxima fecha disponible para el argumento y acelerar su decisión final.

Antecedentes del caso

   La defensa sostiene que Álex Saab "es diplomático de Venezuela.  Fue arrestado ilegalmente en Cabo Verde mientras se encontraba en una misión diplomática humanitaria en Irán para obtener alimentos, combustible y suministros para ayudar a Venezuela en su lucha contra Covid-19".

  Continúan señalando que el arresto de Saab se produjo a pedido de Estados Unidos, en razón de una orden de detención emitida por el tribunal de distrito.

  Agregan que "Rusia e Irán han reconocido públicamente el estatus del Sr. Saab como diplomático venezolano, y las Naciones Unidas, la Unión Africana y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental han pedido un diálogo diplomático para resolver este disputar y honrar la inmunidad diplomática del apelante [Saab].”

"El Sr. Saab ha afirmado inmunidad durante todo este caso, sin embargo, permanece detenido hasta el día de hoy”.

  La defensa sostiene que Saab se opuso a la solicitud de extradición del Gobierno ante un tribunal de Cabo Verde. Paralelamente a estos esfuerzos, el acusado se trasladó al tribunal de distrito para pedir autorización para presentarse en una comparecencia especial para impugnar la acusación por motivos de inmunidad diplomática y se adjuntó una moción de desestimación.

  Ante esa petición, la fiscalía argumentó en Miami, el año pasado, que Álex Saab era un prófugo de la justicia y, por lo tanto, no tenía derecho a impugnar la acusación, pero el demandado argumentó que la afirmación de la inmunidad diplomática de “cualquier forma de arresto o detención” e, incluso, desde la "jurisdicción penal" (Convención de Viena, 18 de abril de 1961, 23 UST 3227, arts. 29, 31) no es similar a un escape de la justicia y no lo convierte en un fugitivo.

"Dicho de otra manera, tratar al Sr. Saab como un fugitivo equivaldría a negar su inmunidad".

La denegación de la moción y la respuesta de Saab

  El 18 de marzo de 2021, el tribunal de distrito denegó la moción de Saab, sosteniendo que es obligación de este “comparecer físicamente en este distrito como el Gobierno lo ha solicitado repetidamente”, antes de afirmar la inmunidad de arresto, detención y enjuiciamiento.

  El tribunal de distrito invocó la doctrina de la privación de derechos de fugitivo, que “limita el acceso a los tribunales de un fugitivo que ha huido de una condena penal en un tribunal de los Estados Unidos”.

  La corte de distrito dejó en claro que Álex Saab puede impugnar la acusación una vez que "esté físicamente presente en esta jurisdicción" y por ello, "apeló oportunamente de esa orden bajo la doctrina de la orden colateral, que habitualmente se considera una base para apelar órdenes que frustran la afirmación coloreada de un defensor de un derecho a no ser juzgado".

  El 28 de mayo de 2021 la Corte solicitó la exposición informativa sobre la cuestión de si el tribunal tiene competencia apelativa por la orden de no llegar a la defensa de inmunidad de Saab.

  El 11 de junio, Saab dio una respuesta afirmativa a esa pregunta, citando una decisión del Séptimo Circuito que sostenía que las órdenes que declinan adjudicar un derecho a no ser juzgado por referencia a la doctrina de fugitivo-desautorización son apelables de inmediato.

  Mencionó un precedente de la Corte de Apelaciones de Atlanta que sostiene que las órdenes de “diferir un fallo” sobre una defensa de inmunidad son apelables de inmediato.

  El 6 de agosto de 2021, un panel de dos jueces del citado Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos Undécimo Circuito de Atlanta, emitió una orden llevando la cuestión jurisdiccional con el caso. Se indicó claramente que la cuestión jurisdiccional está lo suficientemente cerca de la adjudicación de méritos por parte de los méritos.

  Refiere que el escrito de apertura de Saab y el escrito de contestación del Gobierno se refieren tanto a la jurisdicción como a la desautorización de fugitivos; ambos discuten la doctrina de la inmunidad diplomática y las posiciones de las partes sobre su aplicación en este caso; ambos reconocen el principio de que el Tribunal a veces se niega a abordar cuestiones preservadas, pero no transmitidas en el tribunal de distrito; y ambos reconocen que esta doctrina es prudencial, no jurisdiccional.

   Saab estima que la Corte debería abordar la cuestión de la inmunidad y reivindicarla con su indiscutible inviolabilidad frente al arresto y desestimar directamente la acusación. 

  El Gobierno argumentó que la Corte debería (si se encontraran en su contra por la desautorización de fugitivos) remitir el caso al Tribunal de distrito para que juzgue la afirmación de inmunidad en primera instancia.

Las partes acuerdan que Álex Saab ya no es un fugitivo.

   Saab se centra en las razones por las que la Corte debería ejercer su facultad discrecional para resolver su defensa de inmunidad diplomática y por qué debería mantener esa defensa y ordenar la desestimación de la acusación con fecha el 4 de noviembre de 2021.

   Advierten que "el proceso de extradición fue, desde un principio, muy irregular, que culminó con la destitución del Sr. Saab antes de que se agotara el proceso judicial en Cabo Verde".

  La defensa se remite a la jurisprudencia para sostener que "el Tribunal puede otorgar la reparación más eficaz imaginable: una orden que transfiera al Sr. Saab del encarcelamiento a la libertad total".

  Saab no pide ser considerado competente para ser juzgado, sino que reclama "el derecho a no ser llevado a los tribunales en absoluto". Un pedido que estiman que la Corte de Apelaciones está en capacidad de brindar.

  El reclamo de inmunidad de Saab depende de su condición de diplomático, y el Gobierno expresado nada que comprometa esa condición desde que se presentó la apelación. 

  Saab solicitó a la Corte determinar, no solamente que él no es un prófugo, sino también que su condición de diplomático lo inmuniza de ser enjuiciado.

  La defensa estima que existen razones imperiosas para que la Corte ejerza su facultad discrecional de abordar su inmunidad en primera instancia en apelación, como tiene derecho a hacerlo.

   Aseguran que, hasta la fecha, el gobierno no ha identificado ninguna prueba que refute el hecho incontrovertido de que Álex. Saab es un diplomático de Venezuela acreditado ante Irán.

  La defensa de Saab manifestó su acuerdo en que no es deseable una apelación prolongada y, por lo tanto, realiza movimientos cruzados para acelerar la discusión y la decisión.

  Los abogados de Saab advierten que la fiscalía de manera tardía y repetidamente, solicitó prórrogas de las sesiones informativas y no cumplió con uno de los plazos establecidos por la Corte. Y ahora, casi seis semanas después de la extradición y comparecencia inicial de Saab en el tribunal de distrito, presenta esta moción dilatoria de desestimación, que solo puede retrasar aún más la resolución de esta apelación.

  La defensa cree que el Tribunal debe conceder la contra-moción del Saab para acelerar, ordenar al secretario del tribunal que programe este caso para la próxima fecha de discusión disponible y resolver esta apelación lo antes posible.

Lo que dice el gobierno

   Por su parte la fiscalía solicitó al tribunal desestimar la apelación de Álex Saab pues, como sostiene, en el caso supuesto de exista jurisdicción en virtud de la doctrina de la orden colateral para abordar los méritos de la sentencia de privación de derechos de fugitivo del tribunal de distrito, se trata de una cuestión que ahora es indiscutiblemente discutible. Para el gobierno, sí Saab tiene derecho a la inmunidad diplomática de enjuiciamiento no es materia de la corte de apelaciones.

  El gobierno tampoco cree que sea necesario un argumento oral para resolver esta moción de desestimación, si se opta por llevar la moción con el caso y programar la apelación. La fiscalía no se opone a la solicitud de Saab de que se acelere la argumentación y la decisión.

  Estima la fiscalía que el Tribunal debería desestimar la apelación, porque la impugnación de Álex Saab a la decisión del tribunal de distrito sobre la privación de derechos de fugitivo es discutible ahora que ha sido extraditado a los Estados Unidos y compareció en el tribunal de distrito. También al hecho de que el gobierno cree que el Tribunal debería devolver la jurisdicción al tribunal de distrito para permitirle decidir sobre la solicitud de inmunidad diplomática de Saab en primera instancia.

   Al argumento de Saab de que no se requiere desestimación con relación al "problema de la privación de derechos de fugitivo en este caso es discutible", indicando que no se requiere la desestimación porque “lo discutible de un asunto no equivale a lo discutible de todo el caso”, la fiscalía no discute esta propuesta bien aceptada. Sin embargo, advierte que eso no significa que la Corte tenga una “obligación prácticamente inquebrantable”, para decidir sobre la solicitud de inmunidad de Saab en esta apelación interlocutoria. Asegura que se debe desestimar el pedido de Saab porque no se presentó debidamente ante la Corte y porque la reclamación de inmunidad diplomática no se desarrolló ni fue plenamente informada, no fue considerada por el tribunal de distrito, y por lo tanto no está bien planteada ante el tribunal de apelaciones.

  Recuerda el gobierno que el tribunal de distrito negó la moción de Álex Saab de anular una orden anterior que lo clasificaba como prófugo; y también le negó otra solicitud de autorización para presentarse a una comparecencia especial para impugnar la acusación. Al respecto, la fiscalía cree las partes están de acuerdo en que este aspecto de la apelación de Saab es discutible y debe desestimarse. Sobre lo segundo, estima el gobierno que el tribunal de distrito se limitó a pronunciarse sobre una solicitud de autorización para comparecer de manera especial, en el contexto de un caso en el que el acusado aún no había comparecido.

   Subraya el gobierno que el tribunal de distrito no se pronunció sobre la moción para desestimar o negar a Saab la oportunidad de obtener un fallo inmediato una vez que compareció, por lo que se debería permitir que lo haga ahora en primera Instancia.

   En tal sentido, el gobierno considera cualquier apelación con respecto al reclamo de inmunidad diplomática de Saab, en este momento es prematura. Y por esa razón, no es una cuestión de discusión y la Corte de Apelaciones debería desestimarla.

   Igualmente, considera erróneo el argumento de Álex Saab de que la Corte no debería desestimar su apelación porque si ejerciera su discreción para abordar su reclamo de inmunidad diplomática en primera instancia y fallar a su favor, le estaría brindando “la reparación más eficaz imaginable: una orden que lo transfiere del encarcelamiento a la completa libertad”.

   El gobierno responde a la queja de Saab por estar "detenido en un centro de detención federal en Miami sin derecho a fianza", advirtiendo que este no menciona que ni siquiera ha solicitado la libertad previa al juicio en el tribunal de distrito. Indicaron los fiscales que sí Saab cree que tiene derecho a una fianza, que presente una solicitud de este tipo en el tribunal de distrito.

  Del mismo modo, el gobierno cree que la corte debe desestimar la apelación del reclamo de inmunidad diplomática por ser prematuro, dado que el tribunal de distrito aún no se ha pronunciado al respecto.

  Por último, el gobierno se remite a lo expresado por Álex Saab en el sentido de que las partes “están de acuerdo en que es fundamental una pronta decisión de esta Corte sobre el fondo” y advierte que tergiversa la posición de la fiscalía. “Aunque el Gobierno solicitó a este Tribunal que desestime la apelación de Saab ‘rápidamente para devolver la jurisdicción al tribunal de distrito’, (…) el argumento del Gobierno desde el inicio de esta apelación es que este Tribunal no necesita, y no debería abordar los méritos de esta apelación en absoluto. Mas bien, el Gobierno ha argumentado que esta apelación debe ser desestimada tanto por falta de jurisdicción como por la doctrina de la controversia”.

Juez del primer circuito cambia la audiencia


   Por otro lado, el juez Robert N. Scola anunció el cambio de la audiencia que estaba prevista para el viernes 7 de enero para el 16 de febrero, argumentando que  Saab tendría que pasar 14 días en cuarentena si la audiencia se llevara a cabo el 7 de enero, como estaba previsto.

   El juez Scola alega que hay un incremento significativo de los casos de COVID-19 en el estado de la Florida 

“Teniendo en cuenta el aumento del COVID-19, si la audiencia se llevara a cabo el 7 de enero, el acusado tendría que estar en cuarentena durante 14 días después de la audiencia, lo que interferiría con su capacidad para consultar con un abogado”, señala el fallo del juez.


 

jueves, 23 de diciembre de 2021

Los hermanos Luis y Jaime Sánchez: Los socios necesarios de Álex Saab para poner en práctica sus operaciones en Ecuador

  “Hice un favor”, argumentó Luis Sánchez ante la comisión parlamentaria de la Asamblea Nacional ecuatoriana cuando se solicitaron explicaciones acerca de su participación en la trama de corrupción en que derivó el mecanismo de pago ideado por Hugo Chávez para acabar con la tiranía del dólar.

Por Maibort Petit 

   En la investigación que la comisión especializada permanente de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), dejó claro que el vínculo entre los expresidentes Hugo Chávez y Rafael Correa de Venezuela y Ecuador, respectivamente, con el empresario colombiano señalado de ser supuesto testaferro de Nicolás Maduro y en proceso judicial en los Estados Unidos, Álex Saab, lo constituía Luis Sánchez, quien figuraba como directivo de la empresa Fondo Global de Construcción (Foglocons), principal compañía con la que se habrían lavado millones de dólares a través del mecanismo de pago.

   El informe parlamentario indicó que esta presunción surge del hecho de que Luis Sánchez es hermano de Jaime Sánchez, asesor del expresidente Rafael Correa en el tiempo en que se instrumentó el mecanismo de compensación.

  Hay que apuntar que Jaime Sánchez, persona de confianza de Hugo Chávez y asesor de seguridad de Correa —aunque no manejaba el tema— se erigió como el hilo de comunicación entre los dos mandatarios y Álex Saab, aunque él lo negó ante la comisión.

  “Mi trabajo tiene que ver con el desarrollo y seguimiento de acciones para la gobernabilidad, así como atender requerimientos de audiencia, solicitadas al presidente por parte de pobladores y simpatizantes durante sus recorridos”, explicó en una ocasión a la prensa.

  Se trata de un individuo con varias nacionalidades, venezolana-ecuatoriana y chilena, quien fungió como asesor de Correa, que portaba cinco números de pasaportes, según investigación periodística que revisó el registro migratorio de Jaime Francisco Sánchez Yánez, a saber “12360405, 0775883, SO-94192 (pasaporte oficial utilizado el 26 de abril de 2007 antes de ser parte del gobierno de Rafael Correa), 0503089658 (pasaporte ordinario con su cédula de identidad ecuatoriana) y OS0-6970 (su pasaporte oficial que le concedió el gobierno en octubre del 2007, luego de reemplazar su pasaporte ordinario)”. Desde su ingreso al gobierno ecuatoriano los registros dan cuenta de viajes a Venezuela, Perú, Cuba, Estados Unidos, España, Bélgica, Argentina, entre otros.

  La nota periodística señala que, además de Hugo Chávez y Rafael Correa, los vínculos presidenciales de Jaime Sánchez incluían a Daniel Ortega de Nicaragua[1].

   El informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político igualmente indagó la información sobre los vuelos privados de Sánchez, los cuales sumaron en total 29 desde el año 2007 y con destinos tales como Rusia, Bélgica, Nicaragua, Salvador, Haití, Alicante. En este sentido, el ente parlamentario insta a la Fiscalía y a Estados Unidos, a objeto de que investiguen quién pagó estos vuelos y cuál era su objetivo.

  Se acota que en los registros de vuelos también figuran Piedad Córdoba, quien habría viajado con Álex Saab y su hijo a Quito en julio del año 2013. Se señala que la aeronave en que llegó Córdoba era propiedad de una empresa americana que está siendo investigada y sus dueños procesados por narcotráfico.

Pero, ¿quién es Luis Sánchez?

   En los registros del Fondo Global de Construcción de Venezuela figura Luis Eduardo Sánchez Yánez como vicepresidente de Finanzas, quien al momento de comparecer ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador dijo que el propósito de este holding conformado por la referida empresa en Venezuela, Fondo Global de Construcciones Colombia y su filial ecuatoriana, era “crear una estructura corporativa para absorber las acciones de las compañías de los países donde tienen operación, (...) ellos arman una estructura o velo corporativo desde Malta con empresas en España, para que estas empresas españolas absorbieran a futuro las acciones de las compañías que habían sido constituidas en Colombia, en Ecuador y en Venezuela”.

  Ante los parlamentarios, Luis Sánchez identificó a Álvaro Pulido como “el beneficiario final de la estructura”.

 Entretanto, en Ecuador, Fondo Global, registra como accionistas actuales a Fondo Global Petrolero S.L. y Grupo FGDC Latinoamericana, Sociedad Limitada, ambas empresas son de nacionalidad española que en la actualidad su situación jurídica es “inactiva”.

  Luis Sánchez explicó a la comisión el 10 de noviembre de 2021, cómo conoció a Álvaro Pulido e indicó que, a finales de 2010, llegó a Colombia procedente de Venezuela y que en agosto de 2011 vió al colombiano, quien “nos comentó que tenía algunas operaciones en Venezuela desde algún tiempo y que estaban valorando un gran proyecto de construcción de viviendas en el país” a través de un “convenio binacional”. Agregó que la segunda reunión con Pulido, ocurrió en Bogotá en diciembre de 2011. Entre diciembre y enero de 2012, viajó a Venezuela para una reunión “de cierre” con Pulido, “en la cual lógicamente me hablaron ya de mi contratación de los temas salariales los temas contractuales”.

   Dijo que “Ingresé en el mes de enero del 2012, con el cargo de vicepresidente de Administración y Finanzas de la compañía venezolana, la constructora, y es muy importante que tengan en cuenta que la compañía constructora no tenía autorización de divisas y nunca tuvo autorización de divisas por parte del Estado venezolano”. Indicó que, en mayo de 2011, Álvaro Pulido le dijo que quería hacer una inversión en Ecuador y montar una planta para producir paneles de construcción, un “sistema digamos con lo cual se había comprometido a desarrollar las viviendas en Venezuela”. Informó que “el otro objetivo era que, por temas políticos entre Colombia y Venezuela, había una directriz de no autorizar divisas a importadores venezolanos de productos colombianos, entonces se estaba migrando o estaban autorizando hacer importaciones bajo el sistema Sucre a esta compañía desde el Ecuador”.

   Sánchez también dijo que conoció a Álex Saab Morán en febrero de 2012, “no era una persona... digamos... que no estaba muy metido en lo operativo de la empresa de construcción en Venezuela” y advirtió que no tuvo mayor relación con este.



  Informó que el Fondo Global de Construcción Ecuador, se constituyó con el 60 por ciento de acciones de Álvaro Pulido y el 40 por ciento de acciones a su nombre, aunque solo por 30 días, porque en octubre de 2012, cedió sus acciones al grupo FGDC Latinoamérica. “No he sido administrador, ni he sido representante legal, ni he tenido firma bancaria, ni he firmado contratos de ningún tipo por cuenta de esta compañía en Ecuador”.

  A la prensa Sánchez le dijo que Pulido le solicitó aparecer como accionista para constituir la sucursal en Ecuador. “Hice un favor”, indicó y advirtió a El Tiempo en nota reproducida por El Nacional, “No fui nunca accionista. El consultor jurídico fue diagnosticado con cáncer en la piel, y me pidieron el favor de aparecer en la constitución de la firma, en julio de 2012”.

  Precisó que trabajó en Fondo Global de Venezuela desde enero de 2012, hasta abril de 2016 y subrayó que no tiene vinculación con el crimen organizado. Tal advertencia la hizo en referencia a un informe, del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, fechado el 2 de julio de 2013, sobre las “operaciones inusuales” de Fondo Global de Construcción S.A., que concluyó “Que en la búsqueda efectuada en Internet de información relacionada con el señor SÁNCHEZ YÁNEZ LUIS EDUARDO, ciudadano venezolano con CC 11510134 se obtuvo en el link http://tribunales-primera-instancia.vlex.com.ve/vid/nchez-nez-vicente-omero-llar- maldonado-306448574, se evidenció información que guardaría relación con el mencionado señor en que se le atribuye la supuesta comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIA ESTUPEFACIENTE”.

  Al respecto acotamos que Sánchez demandó por difamación al parlamentario ecuatoriano Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, quien habría difundido esta información. Sánchez sostiene que la persona acusada por el Servicio de Aduanas de narcotráfico al que hace mención Villavicencio en una investigación, es un homónimo[2].

   La Comisión de Fiscalización de la Asamblea del Ecuador certificó los datos de Luis Eduardo Sánchez Yánez y determinó que viajó en varias oportunidades a Ecuador con el objetivo de concretar la constitución de Fondo Global. Tales viajes los hizo junto con Álvaro Pulido en vuelos privados, la mayoría procedentes de Bogotá. Sobre los aviones dijo que “Todos los aviones que tienen los señores Alex Saab y Álvaro Pulido, son de ellos y de nadie más. Son aviones de ellos. Es más, nosotros no solamente viajamos a Ecuador, había ingenieros colombianos que viajaban de Colombia a Venezuela”, al tiempo que alertó que él solamente era un empleado.

  La nota del El Nacional citada líneas arriba agrega que Luis Sánchez se vio envuelto en una controversia que señalaba que había negociado un lote de terreno en Colombia con la senadora de esa nación Paloma Valencia. “El portal Cuestión Pública aseguró que la congresista y una familiar vendieron, el 29 de diciembre de 2015, un lote por 1.000 millones de pesos a la empresa Fomento y Desarrollo Inmobiliario (FDI). Y agregó que el representante legal suplente de la firma es el venezolano Luis Eduardo Sánchez Yánez, supuesto socio de Alex Saab en el Fondo Global de Construcción S. A. (…) ‘No he tenido vínculo alguno con el señor Alex Saab, como se sugiere, en forma totalmente inaceptable, en el portal de Internet Cuestión Pública. No conozco ni he tenido relación personal o comercial con el señor Alex Saab’, dijo Valencia”.

  Entretanto, Luis Sánchez admitió que, “además de representante suplente de FDI, la firma que hizo el negocio del lote es suya y de su esposa, quien firmó la escritura”[3].

¿Ubicuidad?

  Llamó la atención de los parlamentarios que la escritura de constitución de las compañías Fondo Global de Construcción Foglocons S.A. (Ecuador) y Constructora JAAR S.A., indican que Álvaro Pulido y Luis Sánchez firmaron los documentos en Guayaquil los días 19 y 20 de septiembre de 2012, en la Notaría Trigésima Séptima, de la notaría Wendy María Vera Ríos.

  Sin embargo, tales fechas no coinciden con lo reportado en los certificados de movimientos migratorios, entregados por el Ministerio de Gobierno a la Comisión de Fiscalización, pues en dichas fechas Pulido y Sánchez no ingresaron al país.

  Consultado al respecto, Luis Sánchez dijo que “Está mi firma, está firmada, ahora sí la firmé en Venezuela y aquí porque... (...) yo soy el que constituyó la compañía con el cuarenta por ciento. Muchos de los documentos se firmaron en Venezuela. Sí, yo constituí. Es que es una realidad. Pero, así como constituí, yo transferí, aquí hay un poder (...) esta compañía que se llama FGDC Latinoamérica Social Limitada, es una compañía española cuyo dueño se llama Grupo FGDC Malta Holdings. Una empresa del señor Álvaro Pulido, esa empresa hizo un poder al señor Víctor Alfaro Márquez y al señor Ramón Burgos Irazábal, que dice lo siguiente, que entre otras cosas dice que hay facultades: ‘adquirir en Colombia y en Ecuador de acuerdo a lo establecido por la ley colombiana y ecuatoriana respectivamente según se trate, acciones del capital social de Fondo Global de Construcción SAS Bogotá, Fondo Global de Construcción, FOGLOCONS, con todas las direcciones, etcétera, etcétera. Otorgar y firmar cualquier documento público, privado, destinado a esa finalidad, sin reserva de alimentación alguna’”.

  La comisión advirtió que la escritura de Foglocons señala que comparecieron personalmente, pero por la información oficial recibida, eso no ocurrió.

Sobre Jaime Sánchez

  Jaime Francisco Sánchez Yánez fue señalado por Fernando Balda, exdirigente de Alianza País, de haber recibido la copia de la grabación de unos narcotraficantes, los hermanos Ostaiza, quienes ofertaban un aporte a la campaña electoral de Rafael Correa en 2008. Los vínculos se extenderían hasta las FARC.

  Como ya apuntamos, posee las nacionalidades venezolana, ecuatoriana y chilena —recuérdense además los varios pasaportes que posee— pues nació en Venezuela y cuando tenía 28 años solicitó en un consulado de Estados Unidos la nacionalidad ecuatoriana, siguiendo un trámite de inscripción tardía, pero al parecer, se trató de un trámite irregular, toda vez que la ley establecía que debía hacerse en el lugar de nacimiento o de residencia. Fue así como, portador de la nacionalidad ecuatoriana estaba apto para sufragar en dicha nación[4].

Intercesor por empresas de Saab ante el BCE

  Entretanto, el informe de la comisión parlamentaria ecuatoriana hace mención a las bitácoras de ingreso al Banco Central del Ecuador en las cuales figuran los hermanos Luis y Jaime Sánchez Yánez, quienes mantuvieron reuniones con altas autoridades de la institución.

  Luis Sánchez, según los registros, visitó el BCE el 10 de abril de 2013 y el 23 de mayo de 2013. Por su parte, Jaime Sánchez reconoció ante los parlamentarios el 25 de noviembre de 2021, intercedió ante Diego Martínez, presidente del directorio del Banco Central para hablar sobre la banca privada ecuatoriana.

  Detalló que entre 2007 y 2010 fue asesor del expresidente Rafael Correa y, posteriormente, trabajó con el exministro del Interior, José Serrano.

  Negó ser el vínculo entre Hugo Chávez y Rafael Correa: “No tengo nada que ver con el presidente Chávez, al presidente Chávez, lo conocí ya trabajando con Rafael Correa, como es obvio, y como muchos de ustedes asambleístas han viajado a varios países, obviamente, yo trabajaba, era el círculo de asistente del presidente, tenía el cargo de asesor, y era obvio que tenía que estar en las reuniones bilaterales, donde estaba el presidente Correa, y hubo la ocasión de conocer al presidente Chávez, pero eso fue todo, sacan una foto que sale el presidente Correa, sale el presidente Chávez, en una visita oficial, estoy yo en la foto, entonces ya yo soy el ojo seco, y soy la persona que pone Chávez”.

   Jaime Sánchez le manifestó a la comisión de fiscalización que conocía poco sobre Luis Sánchez y sus negocios, aunque reconoció que conoció a Álvaro Pulido, cuando se lo presentó su hermano en Ecuador, con quien negó tener otros vínculos que los familiares.  “Nunca he sido accionista de ninguna empresa en Ecuador”, dijo. Sin embargo, los parlamentarios recogieron información de la Superintendencia de Compañías y Valores, que refería que Jaime Sánchez, fue Gerente General de SANORSA S.A. empresa constituida en 2003 por su hermano y que a la fecha de redacción del informe estaba en liquidación.

  Por su parte, Diego Martínez dijo que solamente abordó con Jaime Sánchez temas relacionados a la operación de la banca ecuatoriana y su participación en mecanismos de comercio exterior. “Ante eso, la pregunta del señor Sánchez fue sumamente genérica y general, y yo le dije que toda la información disponible respecto a los sistemas de transacciones, así como de los sistemas de operación interna de la banca ecuatoriana, era completamente de carácter público que estaba publicada en la página web del Banco Central”.

  Pero Mateo Villalba, exgerente del Banco Central, reveló ante los parlamentarios el 24 de noviembre de 2021, que Jaime Sánchez Yánez visitó el BCE entre enero y abril de 2013, donde se presentó como asesor del presidente Rafael Correa “y habla de Fondo Global de Construcción. Dice que es una empresa que tiene un contrato muy grande para construir viviendas en Venezuela y que habrá un flujo muy grande de exportaciones de prefabricados desde Ecuador a Venezuela y que eso va a pasar por Sucre”.


    Habría advertido que el Banco Central no debía sorprenderse por los altos montos que iban a ingresar a las cuentas bancarias de Foglocons.

  Villalba también hizo referencia a las exportaciones, que entre octubre de 2012 y enero de 2013 “los flujos financieros excedían en demasía a los flujos reales de exportaciones a Venezuela”, una circunstancia que levantó sospechas de posibles “actividades ilícitas”.

  Mateo Villalba agregó que el exfiscal general, Galo Chiriboga Zambrano, le informó que “algunos socios de Foglocons son narcotraficantes y que tenía que tomar medidas de seguridad, y yo pasé a vivir rodeado de policías armados (...) Fue muy traumático”.

REFENCIAS 

[1] El Universo. “Asesor de Presidente cuenta con cinco tipos de pasaporte para viajar”. 24 de marzo de 2009. https://www.eluniverso.com/2009/03/24/1/1355/2A25ED63AED747649EDDC1A4FAB40BA4.html/


[2] Ecuador Verifica. “El empresario venezolano Luis Sánchez demandó en Colombia a Villavicencio por injurias”. 11 de noviembre de 2021. http://ecuadorverifica.org/2021/11/11/el-empresario-venezolano-luis-sanchez-demando-en-colombia-a-villavicencio-por-injurias/


[3] El Nacional. “La exficha venezolana de Alex Saab que negoció lote de terreno con senadora colombiana”. 22 de julio de 2020. https://www.elnacional.com/mundo/la-exficha-venezolana-de-alex-saab-que-negocio-lote-de-terreno-con-senadora-colombiana/


[4] Vaderetro Referencias. “El misterioso personaje Jaime Francisco Sanchez Yanez asesor de Correa”. 25 de marzo de 2009. https://vaderetroref.blogspot.com/2012/08/20090325-el-misterioso-personaje-jaime.html


jueves, 7 de octubre de 2021

Conozca las razones por las cuales el Tribunal Constitucional de Cabo Verde negó la última petición de Álex Saab

   Los abogados del empresario colombiano aspiraban obtener, mínimo, 30 días más para analizar la decisión y pronunciarse sobre su pertinencia.

Por Maibort Petit

    El pasado 5 de octubre del presente año 2021, los jueces consejeros, Aristides R. Lima, José Pina Delgado y João Pinto Semedo, del Tribunal Constitucional de Cabo Verde, decidieron no admitir, por su manifiesta extemporaneidad, la solicitud formulada por los abogados del extraditado, Álex Saab, de que se les entregara copia de la Sentencia Nº 39/2021, traducida al español, así como una prórroga del plazo procesal legalmente determinado para el despacho por un mínimo de 30 días, que les permitiera analizar la sentencia y pronunciarse sobre la legalidad de la extradición.

   Saab, a través de sus abogados, luego de conocer la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 39/2021 del 7 de septiembre de 2021, invocó varios artículos de la legislación caboverdiana para solicitar a esa instancia judicial que le fuera entregada copia traducida al español de la referida resolución, para analizar su contenido y, en consecuencia, ejercer los actos procesales que considere necesarios para su defensa.

   Del mismo modo, en razón de la extensión de la referida decisión, así como la complejidad técnica y legal de los contenidos cubiertos, pidió se le otorgara un plazo adicional no menor a 30 días, para que la defensa pudiera pronunciarse sobre la misma y solicitar todo lo que estime conveniente o pertinente para la defensa de la legalidad.

Literalmente, los pedidos de Saab ante el tribunal fueron:

a) Una copia traducida de la Sentencia Nº 39/2021, de 7 de septiembre de 2021, se proporciona al Demandado a continuación, de conformidad con y para los fines de los artículos 3-A, 5 - del Código de Procedimiento Civil de Cabo Verde y los artículos - 22º en 3º y 35º en n. 7- de la Constitución de la República de Cabo Verde;

b) Se otorga un plazo adicional no menor a 30 días, para que la defensa tenga la oportunidad de analizar la decisión y, si así lo desea, solicitar las aclaraciones que estime pertinentes - cfr. previsto en los artículos 140, 575, 578 y ss. del Código de Procedimiento Civil de Cabo Verde y los artículos 22, nº 3 y 35, nº 7 - de la Constitución de la República de Cabo Verde”.

Argumentos del procurador

  La sentencia cita lo alegado por el Procurador General de la República respecto al pedido de Saab, quien sostuvo que la solicitud de la defensa carecía absolutamente de base legal.

   Aseguró que, de acuerdo a la ley, no existe una obligación legal de notificación personal de la persona extraditada, sino de su abogado designado. Citó lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 232 del código de procedimiento civil que indica que "las notificaciones a las partes en los casos pendientes se realizan en la persona de un representante con cargo en la sede del distrito o que haya elegido domicilio allí para recibir notificaciones”.

   Aseguró que la ley no impone al tribunal la carga de traducir la sentencia y calificó el pedido de traducción como “otra maniobra meramente dilatoria, convencida la defensa de que la ley lo permite todo, incluidos los expedientes dilatorios, y al tribunal no le queda más que cruzar los brazos”. Y agrega que por ello algunas declaraciones de los abogados defensores en los medios de comunicación, señalan que “la persona extraditada aún no será extraditada en los próximos meses”.

   Refiere que “la defensa ha estado pregonando en los medios que hará todo lo posible para retrasar la ejecución de la decisión de extradición, incluso señaló uno de los abogados en su página de red social (FB). que ‘en un futuro próximo, Alex Saab solo será extraditado si es secuestrado’”.

   Así han sido las acciones promovidas por la defensa para retrasar el proceso, lo cual se ilustra con la cronología de algunos hechos:

   El 7 de septiembre de 2021 se notificó a la defensa la Sentencia N º 39/2021, que desestimó el recurso de fiscalización concreta de constitucionalidad.

   Luego, el 13 de septiembre de 2021, dentro del plazo legal, solicitó la aclaración de la referida sentencia, en una demanda firmada por dos abogados defensores, uno de los cuales es suscriptor de esta solicitud de traducción.

  Después, el 22 de septiembre, tras ser notificado de la negativa a atender la solicitud de aclaración, el 24 de septiembre se solicitó la traducción de la referida decisión.

  “Ante esta cronología de hechos, con interés por la decisión, en una primera lectura de la demanda, se destaca la idea de una total falta de coordinación entre los miembros del equipo de defensa del extraditado, cada uno pidiendo lo que quieren, contradiciendo sus propias peticiones del resto. Y esto no es inaudito a lo largo de este proceso”, cita textualmente la sentencia.

  Se acota que, desde la detención del extraditado, Álex Saab, hace más de quince meses, más de tres docenas de decisiones emitidas por varios tribunales, además de haberse producido alrededor de una decena de respuestas a solicitudes enviadas al Gobierno, Policía Judicial, Fiscalía General de la Nación, entre otras, que todas estaban redactadas todas en portugués.

“La defensa nunca planteó la cuestión de la traducción al idioma español de los referidos actos judiciales, dejando claro que los entendía perfectamente, sobre todo porque los impugnó a todos, mediante denuncias, recursos ordinarios, hábeas corpus, recursos de revisión concreta de constitucionalidad, recursos de amparo, solicitud de aclaración”, destaca.

   Del mismo modo se deja sentado que “En la solicitud de aclaración de la sentencia cuya traducción ahora se requiere, quedó claro que fue leída y perfectamente entendida, incluso, calificándola de ambigua y oscura, lo que constituye la base de la solicitud de aclaración. Lee, percibe, desafía y, después, viene a pedir la traducción porque, al final, no entendió”.

   Se deja sentado que la solicitud de traducción también es infundada y debe desestimarse la pretensión de la demandante, por carecer de fundamento y justificación jurídica y ser un expediente meramente dilatorio.

Los fundamentos de la decisión

   Aclara en primer término la sentencia que, por error manifiesto, al demandante se le presenta en cuatro ocasiones como "imputado", un estatus que no define la relación de Álex Saab y el Tribunal Constitucional. En tal sentido puntualiza que la correcta designación del solicitante tiene que ver con su condición de extraditante, “ya que el caso principal o “caso pretexto” es un proceso de extradición. Y esto no puede ser ignorado por el distinguido abogado en su sabida intervención procesal”.

    Subraya la decisión que la Corte Constitucional no puede dejar de notar que la solicitud es absolutamente infundada, pues el pedido de que se entregue una copia traducida no tiene fundamento legal, pues “no existe disposición en la Constitución, en el Derecho Internacional, en la Ley que regule la organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional, en la legislación nacional subsidiariamente aplicable a los procesos ante el Tribunal Constitucional, de disposición alguna que imponga tal carga al Estado”.

   Del mismo modo se indica que la solicitud de prórroga de por lo menos 30 días solicitada por los abogados para analizar la sentencia, tampoco cuenta con la base legal mínima en lo antes mencionado, reglas, y mucho menos en los casos en que el proceso esté catalogado por ley como urgente. “Tanto más cuanto que el plazo establecido en la Ley para el esclarecimiento es de cinco días y ya venció hace mucho tiempo, y el demandante, además, solicitó el esclarecimiento a través de su demanda, que fue presentada ante el Tribunal Constitucional el 13 de septiembre pasado y fue resuelto mediante Sentencia Nº 42/2021, de 20 de septiembre.

    Por último, la sentencia determina que la solicitud de los abogados de Álex Saab es manifiestamente tardía, por lo que no puede ser admitida para una decisión sobre el fondo. Se recuerda que la legislación establece un plazo de cinco días para que las partes soliciten "cualquier acto o diligencia, reclamen la nulidad, deduzcan incidencias o ejerciten cualquier otra facultad procesal". Y precisa: “Ocurre que la Sentencia Nº 39/2021, respecto de la cual el demandante está reaccionando procesalmente, le fue notificada el 7 de septiembre, a través de los respectivos abogados designados. La demanda bajo análisis fue presentada en la Secretaría de la Corte Constitucional el 23 de septiembre del presente año”.


viernes, 7 de agosto de 2020

Conozca los aspectos claves del caso de extradición de Álex Saab

   Desde su arresto en la República de Cabo Verde, se inició el proceso de extradición, a cuyos puntos fundamentales hacemos referencia en esta entrega.

Por Maibort Petit

  Luego de que el Tribunal de que el Tribunal de Apelación de la República de Cabo Verde aprobara la extradición a los Estados Unidos del empresario barranquillero, Álex Saab, crece la expectativa acerca de cuáles serán los próximos acontecimientos.

  He aquí los aspectos claves de lo que ha sido el proceso hasta la fecha.

1) La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos

  El 25 de julio de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Álex Nain Saab Morán por orquestar una vasta red de corrupción que ha permitido que el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su régimen se beneficien significativamente de importación y distribución de alimentos en Venezuela. La administración estadunidense señaló a Saab de beneficiarse de contratos sobrevalorados, entre los que se incluye el programa de subsidio de alimentos denominado Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Saab actuó con su socio, Álvaro Enrique Pulido Vargas.

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    El colombiano, según el Tesoro de EE. UU. se valió para cumplir su cometido, de una sofisticada red de empresas fantasma, socios comerciales y miembros de su familia, para lavar provenientes de la corrupción en todo el mundo[1].

  Saab y Pulido fueron acusados formalmente por la fiscalía estadounidense, por sus supuestos roles en el lavado de dinero producto de las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

     La fiscalía anunció que Álex Saab y Álvaro Pulido, fueron acusados de ocho cargos de lavado de dinero en el Distrito Sur de Florida. La querella sostiene que el empresario pagó sobornos a funcionarios venezolanos y canalizó más de USD 350 millones a cuentas en el extranjero como parte de los sobornos pagados a funcionarios del régimen de Maduro relacionados con el programa de alimentos CLAP[2].

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2) Acusación en Colombia

  Previo a esto, en su natal Colombia, en mayo de 2019, Álex Saab y varios miembros de su familia son considerados prófugos de la justicia y sobre ellos recaía una circular azul de Interpol. Un juez de Barranquilla les imputó cargos de lavado de activos al supuestamente llevar a cabo operaciones ficticias de comercio exterior de la empresa Shatex, mediante las cuales se blanquearon USD 25.000 millones provenientes de la corrupción en Venezuela[3]. La captura de Saab en septiembre de 2018 se frustró por la delación de la operación por parte de un miembro de la policía colombiana, a saber, Eddie Pinto.

  El 9 de junio de 2020, el Fiscal General de Colombia anunció la expropiación de ocho inmuebles de Saab, valorados en 35 mil millones de pesos, unos USD 9,7 millones, los cuales habrían sido adquiridos con recursos ilícitos[4].

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3) El arresto en Cabo Verde

  Prófugo de la justicia de los EE. UU. —señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro— el gobierno de Cabo Verde procedió a la captura de Álex Saab cuando el avión en el que volaba —un lujoso Learjet, de matricula venezolana— cubriendo la ruta Venezuela-Rusia-Irán, paró en el país africano a cargar combustible.

   Esto ocurrió el 12 de junio de 2020 sobre la base de una alerta roja de la Interpol en razón de la acusación que el sistema judicial de los Estados Unidos. Ya desde que Saab figuraba en la llamada “Lista Clinton” pesaba sobre él una circular azul que se hizo efectiva en Cabo Verde[5].

4) El apoyo del régimen de Maduro

  Desde el momento mismo de su aprehensión, el régimen venezolano de Nicolás Maduro ha maniobrado para hacer que Saab sea liberado por parte de las autoridades caboverdianas. 

   En un comunicado, la cancillería de Maduro calificó la detención de arbitraria e irregular, pese a que para el momento no existía código rojo vigente en el sistema de ese organismo de coordinación policial internacional. Se alegó la nacionalidad venezolana de Saab y lo catalogó como “agente del Gobierno Bolivariano de Venezuela, [que] se encontraba en tránsito en la República de Cabo Verde, durante una escala técnica necesaria para continuar su trayecto con el objeto de realizar gestiones para garantizar la obtención de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), así como medicamentos, insumos médicos y otros bienes de carácter humanitario para la atención de la pandemia del COVID-19”[6].

  Entretanto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Miguel Ángel Martín, denunció que Álex Saab no es venezolano como asegura Maduro. Por su parte, Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores designado por el presidente encargado Juan Guaidó, advirtió para que sea funcionario diplomático hay procedimientos legales que no se han cumplido[7].

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   Ante los traslados de prisiones de que ha sido objeto Saab por parte de las autoridades de Cabo Verde, el gobierno de Maduro ha reaccionado y exigido explicaciones, además de pedir que se le permita verificar el estado del detenido[8]. También ha alegado que Saab ha sido objeto de maltratos por parte de las autoridades encargadas de su custodia[9].

5) La millonaria defensa de Saab

   Para que lo represente ante las autoridades de Cabo Verde, Álex Saab ha contratado un equipo de abogados de alto target, cuya misión, aparte de liberarlo del arresto, era evitar su extradición a los Estados Unidos.

  Uno de estos abogados es José Manuel Pinto Monteiro, quien entró sus primeras acciones estuvo apelar la detención preventiva de Saab, alegando que la circular roja que sirvió para justificar la detención se emitió un día después de su arresto[10].

   En una carta en la que el canciller del régimen de Maduro, Jorge Arreaza, exigió al gobierno de Cabo Verde se respetara la supuesta inmunidad que ostentaría Saab en su carácter de agente del gobierno, reveló el nombre del abogado contratado por esa administración, a saber, Rutsel Silvestre Jacinto Martha, de nacionalidad holandesa, ex-asesor y director de Asuntos Jurídicos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y exfuncionario de la Interpol[11].

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  Luego, Álex Saab contrató al exjuez español, Baltasar Garzón, quien se encargaría de liderar las denuncias que el empresario presentará ante el tribunal internacional de justicia de La Haya, en razón de la supuesta violación a la inmunidad jurisdiccional de quien se presenta como agente diplomático del régimen de Nicolás Maduro.

  Garzón pedirá una indemnización por daños patrimoniales y de imagen por entre 5 y 12 millones de dólares[12].

  La defensa de Álex Saab estaría costando USD 65 millones y provendrían de fondos públicos venezolanos, según aseguró uno de los  presidentes del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, Miguel Ángel Martín.

  En general, la oposición venezolana asegura una clara malversación de fondos por parte del régimen venezolano.

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  Sólo por estudiar la viabilidad del caso antes de asumirlo, el exjuez Baltasar Garzón cobra USD 65.000 y, según versiones, habría recibido un adelanto de USD 4 millones. Se desconoce cuánto facturan el resto de los abogados.

  Una nota del portal Primer Informe aseguró que parte de los fondos para pagar la defensa de Saab provienen de cuentas en Suiza rastreadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. “No se sabe si con esos fondos, o con los del régimen, también se contrató a las prestigiosas firmas portuguesas Abreu Advogados y Rogério Fernandes Ferreira & Associados para coordinar su defensa en Cabo Verde”[13].

   En los Estados Unidos, se establecieron contactos para la contratación del escritorio jurídico Baker & Hostetler una firma de abogados muy poderosa en los Estados Unidos que ganó millones de dólares en el famoso caso del escándalo del esquema Ponzi por el cual fue convicto Bernard Madoff. Entre los abogados contactados se encuentran los letrados David B. Rivkin y Lee A. Casey.



 David B. Rivkin, Jr., Lee A. Casey, 

6) Las estrategias de la defensa

  El equipo defensor de Saab intentó un “habeas corpus” ante las autoridades judiciales de Cabo Verde que fue negada por el Tribunal Supremo del país africano.

   La decisión que rehusó dejar en libertad al empresario barranquillero se convirtió en el tercer revés sufrido por Saab, luego de su arresto y la confirmación del mismo al no reconocerse la inmunidad diplomática que alegaba el gobierno de Nicolás Maduro[14].

   La defensa de Saab presentó una segunda solicitud de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde, alegando que la circular roja que sirvió para detenerlo había sido anulada por la Interpol. A juicio de los expertos, esto ocurrió porque la persona buscada ya había sido capturada[15].

   Como el anterior, el Tribunal Supremo de Cabo Verde no le otorgó el amparo del nuevo 'habeas corpus' a Saab, quien, por tanto, debía seguir tras las rejas en espera de que se decidiera su extradición a Estados Unidos[16].

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  A la par de tales acciones descritas, la defensa de Álex Saab, recurrentemente ha recurrido a otras estrategias como la de solicitar una valoración médica para probar que no se suicidaría. Igualmente se han denunciado supuestos maltratos y amenazas de muerte. Supuestamente, Saab temía que lo asesinaran y lo presentaran como un suicidio[17].

  Se habló de que Venezuela había ofrecido una recompensa de USD 10 millones para extraer vivo o muerto al colombiano y de que un avión permanecía se mantenía en el aeropuerto de Guinea-Bisáu dejando entrever que se buscaba rescatarlo.

7) Autorizada la extradición

  Luego de que el gobierno de Cabo Verde manifestara su disposición a extraditar a Álex Saab a los Estados Unidos, finalmente, el 31 de julio —aunque se conoció el 3 de agosto de 2020— el Tribunal de Apelación de esa nación le dio el visto bueno a la entrega del barranquillero a las autoridades judiciales estadounidenses.

  Al informar de la decisión, la defensa de Saab dijo en un comunicado que estaban esperando la fecha de la audiencia prescrita por la ley en la que ejercer su derecho a la defensa, pero con la decisión de aprobar la extradición se violaron los derechos de su defendido.

8) Los dos recursos que le quedan a la defensa

  Tras la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de aprobar la extradición de Álex Saab a los Estados Unidos, a la defensa le quedan dos recursos adicionales: 1) Apelar la decisión final de la Corte Suprema y 2) Acudir al Tribunal Constitucional donde los abogados defensores del acusado ya sometieron un recurso previo para pedir su libertad, y que fuera enviado a su domicilio. Esta acción de la defensa no fue considerada por los jueces del Tribunal Constitucional alegando que no habían sido agotadas todas las instancias judiciales antes de llegar a esa corte.





CITAS

[1] U.S. Department of the Treasury. “Treasury Disrupts Corruption Network Stealing From Venezuela’s Food Distribution Program, CLAP”. 25 de julio de 2019. htts://home.treasury.gov/news/press-releases/sm741  

[2] Department of Justice. Office of Public Affairs. “Two Colombian Businessmen Charged With Money Laundering in Connection With Venezuela Bribery Scheme”. 25 de julio de 2019. https://www.justice.gov/opa/pr/two-colombian-businessmen-charged-money-laundering-connection-venezuela-bribery-scheme

[3] El Espectador. “Fiscalía le imputó cargos a Alex Saab, señalado contratista del chavismo”. 10 de mayo de 2019. https://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscalia-le-imputo-cargos-a-alex-saab-senalado-contratista-del-chavismo/

[4] El Tiempo. “Fiscalía inició extinción de dominio a bienes del empresario Álex Saab”. 9 de junio 2020. https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/alex-saab-bienes-a-extincion-de-dominio-por-35-mil-millones-de-pesos-504802

[5] El Tiempo. “Capturan al colombiano Álex Saab, señalado testaferro de Maduro”. 13 de junio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/capturan-al-colombiano-alex-saab-senalado-testaferro-de-nicolas-maduro-506516

[6] Gobierno Bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriotres. “Venezuela denuncia detención arbitraria de Alex Saab en Cabo Verde”. 13 de junio de 2020. http://mppre.gob.ve/comunicado/venezuela-detencion-arbitraria-alex-saab-cabo-verde/

[7] Diarios Las Américas. Denuncian que Alex Saab "ni es venezolano ni es agente diplomático del régimen de Maduro". 28 de julio de 2020. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/denuncian-que-alex-saab-ni-es-venezolano-ni-es-agente-diplomatico-del-regimen-maduro-n4204034

[8] El Tiempo. “Régimen de Maduro exige a Cabo Verde que le deje ver a Álex Saab”. 5 de julio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-regimen-de-maduro-le-exige-a-cabo-verde-que-se-lo-deje-ver-514540

[9] El Tiempo. “Maduro saca ‘artillería’ para rescate de Álex Saab en Cabo Verde”. 6 de julio de 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-regimen-de-nicolas-maduro-saca-artilleria-para-rescatarlo-de-cabo-verde-514612

[10] El Tiempo. “Álex Saab contrata a poderoso abogado para frenar extradición”. 16 de junio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-contrata-a-poderoso-abogado-para-frenar-extradicion-a-ee-uu-507238

[11] El Tiempo. “La carta desesperada del régimen Maduro por liberar a Álex Saab”. 8 de julio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-carta-del-regimen-pidiendo-inmunidad-y-liberacion-515566

[12] El Tiempo. “Saab contrata a Baltasar Garzón para demandar a EE. UU. y a Cabo Verde”. 14 de julio 2020. https://www.eltiempo.com/mundo/mas-regiones/baltasar-garzon-quien-es-el-exjuez-que-defendera-a-alex-saab-517882

[13] El Tiempo. “Polémica por pagos de la defensa de Álex Saab con fondos de Venezuela”. 1 de agosto 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/polemica-por-pagos-de-la-defensa-de-alex-saab-con-fondos-de-venezuela-524952

[14] El Tiempo. “Niegan libertad a Álex Saab, se abre paso su entrega a la DEA”. 23 de junio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-sab-cabo-verde-resuelve-habeas-corpus-sobre-libertad-del-testaferro-de-nicolas-maduro-509950

[15] El Tiempo. “Saab presenta segundo habeas corpus para quedar libre en Cabo Verde”. 29 de junio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-defensa-presenta-otro-habeas-corpus-512342

[16] El Tiempo. “Le niegan por segunda vez la libertad a Álex Saab”. 2 de julio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/le-niegan-por-segunda-vez-la-libertad-a-alex-saab-513570

[17] El Tiempo. “Álex Saab pidió protección porque cree que lo pueden asesinar”. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-pidio-proteccion-porque-cree-que-lo-pueden-asesinar-514280


 


domingo, 1 de diciembre de 2019

Piden a las autoridades estadounidenses investigar a diputados de la Comisión de Contraloría (AN) que supuestamente exoneraron a Alex Saab

    Los parlamentarios mencionados en las denuncias niegan los señalamientos y aseguran que están dispuestos a someterse al escrutinio público y que, de hallarse alguna irregularidad, están dispuestos asumir su responsabilidad. Luisa Ortega Díaz asegura que no recibió ningún documento donde se absuelve a Saab y ratifica que hay evidencias sobre la corrupción de quien es considerado el testaferro de Maduro. Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA también señalado de corrupción es quien prende la mecha del escándalo, mientras que Juan Guaidó promete tomar acciones contundentes.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Unos documentos dados a conocer por el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez (señalado por delitos de corrupción en Venezuela) muestran una supuesta exoneración de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional al empresario colombiano Alex Nain Saab Morán, acusado por Estados Unidos se formar parte del entramado conformado por varias empresas que se habrían aprovechado de sus vínculos con Nicolás Maduro para expoliar al Estado venezolano a través de contratos de  importación de alimentos para surtir a los Comités Locales de Abastecimientos (CLAP) con dólares preferenciales. La referida misiva de "exoneración" a favor de Saab está firmada por los diputados Conrado Pérez y Richard Arteaga. El presidente del ente contralor parlamentario, Freddy Superlano niega la veracidad de los documentos publicados por el ex zar petrolero venezolano. El hecho ha generado una verdadera tormenta política que incluye anuncios de separación de cargos, dimes y diretes, y hasta una  solicitud de investigación internacional contra los presuntos responsables. He aquí parte de la historia.
  La denuncia inicial  fue hecha por la Fiscal General designada por la Asamblea Nacional desde Bogotá, Luisa Ortega Díaz. La funcionaria quien sirvió al régimen del fallecido Hugo Chávez desde 2007 hasta 2017— pidió investigar a Alex Nain Saab Morán y las empresas Salva Foods 2015, CA, Group Grand Limited y Asasi Food FZC alegando que había irregularidades en el uso de los fondos entregados por el Estado venezolano para la importación de alimentos y asegurando que Saab Morán actúa como testaferro del Nicolás Maduro Moros.

Los señalamientos contra Saab en la Asamblea Nacional.

  Para el momento que llega la solicitud de investigación al parlamento venezolano el presidente del mismo era Omar Barboza del partido un Nuevo Tiempo. La Comisión Permanente de Contraloría estaba presidida por el diputado Freddy Superlano y como vicepresidente, Conrado Pérez Linares. Ambos se mantuvieron en el cargo hasta el presidente.

  Como ordenan los reglamentos de la Asamblea Nacional, los integrantes de la Comisión de Contraloría realizaron todos los procedimientos pertinentes para hacer la averiguación solicitada por Ortega Díaz. Enviaron citaciones, solicitaron información a las empresas, viajaron a Europa, y en menos de seis meses, el ente parlamentario encargado de  acosar la corrupción dio por concluida la investigación, y acordó exonerar a Carlos Lizcano, y a su presunto socio, Alex Saab Morán de los señalamientos hechos por la fiscalía en exilio. 

  Varios documentos presentados como soporte de una solicitud de investigación contra los diputados envueltos en el escándalo  ante las autoridades estadounidenses muestran que los parlamentarios Conrado Pérez, Richard Arteaga y Freddy Superlano habrían incurrido en irregularidades cuando le otorgaron la supuesta carta de exoneración a Alex Saad y a Carlos Lizcano, quien aparece como propietario de las empresas señaladas de ser parte del esquema de corrupción y lavado de dinero de millones de dólares provenientes del erario público venezolano. 

  Los supuestos documentos de la Comisión de Contraloría que exoneran de los delitos de corrupción a contratistas y empresas —en especial de las empresas que presuntamente sacaron provecho del sistema de control de cambio (Cadivi, Sicad, y otros) para importar comida, y que resultó en un desfalco a la nación—  son usadas por los abogados y firmas de lobby en Estados Unidos para recuperar las visas que han sido canceladas a los individuos acusados de corrupción y lavado de dinero por el gobierno del presidente Donald Trump (las cartas son presentadas como evidencia de la inocencia de los acusados ante el Departamento de Estado y el Servicio de Inmigración y Aduanas), y en  usadas por la defensa en las Cortes federales estadounidenses.

Saad es acusado en EE. UU. por delitos de corrupción y blanqueo

  En julio de 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Saab Morán y a su socio Álvaro Pulido Vargas por ocho cargos relacionados con el lavado de cerca de US$350 millones. Según la acusación, los dos empresarios colombianos habrían lavado dinero de cuentas venezolanas hacia cuentas localizadas en Estados Unidos, aprovechando el sistema de cambio regulado que existe en Venezuela con empresas ligadas a la importación de alimentos para el gobierno.

Citación a Saab Morán para comparecer en la Comisión

    El 11 de julio de 2018, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional envió una citación oficial a Alex Naim Saab Morán, CI. 21-495-350. En la misma se le informa que en la sesión ordinaria del ente parlamentario "se acordó citarlo a comparecer  el 25 de julio de 2018, a las 9:00 A.M. con el objeto de conocer las presuntas irregularidades administrativas cometidas en el otorgamiento de divisas por parte del Estado venezolano para el manejo de los alimentos relacionados con los Comité Locales de Abastecimiento y producción (CLAP) con la empresa Group Grand Limited y Asasi Food FZC del cual usted posea conocimiento".  

  Dice la citación que el ente parlamentario le garantiza todos los derechos reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  en el artículo 49.

 Se le advierte que "de no acudir a la comparecencia, sin causa justificada, será sancionado de acuerdo a lo establecido en los títulos I y II de la Ley sobre el Régimen de Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos y los y las particulares a la Asamblea Nacional o sus comisiones". 

La carta está firmada por el diputado Conrado Pérez Linares. 
Los diputados Conrado Pérez y Richard Arteaga 

Las copias  fueron certificadas 

  Las copias publicadas por varios medios de comunicación en Venezuela habrían sido supuestamente certificadas por el secretario de la Comisión de Contraloría de la AN, Anderson Abreu Santelis, CI. 17.313.156. En la certificación se informa que Abreu Santelis fue designado el 2 de marzo de 2018 en su cargo y que en base a su responsabilidad y funciones certifica que "la copia de la carta es fiel y exacta  de su original, sus contenidos y firmas fueron suscritos por el presidente y demás miembros de la comisión. La certificación fue firmada el 14 de agosto de 2018". 
La exoneración otorgada a Alex Saab Morán por los diputados

   La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional nombró una la Subcomisión Especial que se  instaló el 27 de junio de 2018, para que investigara a Alex Naim Saab Morán y las empresas Asasi Food FZE y Group Grand Limited, a las cuales se le otorgaron recursos para la importación de alimentos en el cual no ingresan al país y no eran entregados, por lo que se presume que causó daño al patrimonio público venezolano. 

  La denuncia de Ortega Díaz señalaba que "Saab Morán es testaferro de Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a su vez accionista y dueño de las empresas Asasi Food FZE y Group Grand Limited" y que Saab Morán habría "desviado divisas otorgadas por el Estado venezolano para la importación de alimentos".

 La referida investigación se le asignó el número de expediente #1714 en la Comisión de Contraloría.

   La resolución dice que en una reunión celebrada el 8 de agosto de 2018 se aprobó el informe de la Subcomisión Especial que investigaba el caso que estuvo presidida por el diputado Conrado Pérez e integrada por Adolfo Superlano y Richard Arteaga. 

  La resolución dice que se determinó que "Alex Saab Morán no es dueño ni accionista, ni director de la empresa Asazi Food FZE y Group Grand Limited, por lo que se comprobó ninguna irregular participación, una vez vistas las actas constitutivas de las empresas".

  Se informó que "la Subcomisión Especial no pudo comprobar que Alex Saab Morán tuviese la condición de testaferro o socio del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros en virtud que se no se aportaron prueba fehacientes que demuestren el referido nexo, requisito indispensable para establecer algún tipo de responsabilidad que corresponde a esta Subcomisión".

Una carta dirigida a Salva Foods 2015, CA. 

  En una Resolución de la Subcomisión Especial de Investigación del caso —fechada el 16 de noviembre de 2018— dirigida al presidente de la Empresa Salva Foods 2015, CA., Carlos Rolando Lizcano Manríquez se le notifica que de acuerdo a la visita parlamentaria realizada el 13 de noviembre de 2018, se recibieron los recaudos de la empresa, y que a documentación revierte la denuncia interpuesta en plenaria de la Comisión Permanente de Contraloría.

  Se informa que "es improcedente continuar llevando adelante la investigación, ya que no se aportó ningún medio de prueba idónea o suficiente, que permita seguir con la investigación para determinar que hubo irregularidad administrativa en el otorgamiento de contratos  por parte del Estado venezolano a la empresa Salva Foods 2015, CA entre otros fines lícitos o ilícitos, ni conducta funcionarial responsable, o causando daño al patrimonio público del Estado". 

   Por tal motivo — dice la resolución— "consideramos que no es pertinente continuar con la investigación y se somete a plenaria el acuerdo con lo que establece el reglamento de la organización y funcionamiento de la Comisión  Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional". La carta está firmada por el presidente de esa instancia parlamentaria, Freddy Superlano y el vicepresidente Conrado Pérez.

    La denuncia inicial dice que Carlos Lizcano, propietario de la empresa Salva Food 2015, C.A.  es socio de Alex Saab y que esa es una de las firmas que maneja la importación de los alimentos y a la que el Estado venezolano  entregó la Concesión de los Abastos Bicentenarios ahora tiendas CLAP.  

Más elementos sobre la denuncia que generó la investigación

  Tal como se dijo al inicio, la denuncia sobre la corrupción de los CLAP y contra el empresario Alex Saab fue realizada por la Fiscal en exilio, Luisa Ortega Díaz, el 26 de febrero de 2018 en la ciudad de Bogotá.

 Ortega Díaz sostuvo que "Alex Naim Saab era el dueño de las empresas ASASI FOOD FZE y GROUP GRAND LIMITED que recibieron dinero del Estado venezolano para comprar alimentos que no se entregaron y que el ciudadano en cuestión fungía como testaferro del régimen de Nicolás Maduro".

  Dicha denuncia fue objetada a través de una carta de fecha 01 de agosto de 2018 dirigida a la Fiscal por los diputados Conrado Pérez y Richard Eloy Arteaga en la que aseguraron que Alex Saab no era testaferro de Maduro, no era accionista, ni director de las empresas Asasi Food FZE  y Group Grand Limited.

  La resolución dice que a Alex Naim Saab Morán no se le comprobó en la presente investigación que hasta la fecha le haya causado como dueño, accionista o director de las empresas mencionadas.












  
   En una carta dirigida a GROUP GRAND LIMITED el 29 de noviembre de 2018 por los diputados Conrado Pérez y Richard Eloy Arteaga, rectifican que no se continuará con la investigación por considerar que Alex Saab o era testaferro de Maduro y sus empresas no estaban vinculadas a la corrupción.



  La Resolución de la subcomisión especial de investigación, firmada por los diputados Freddy Superlano y el secretario Anderson Santelis en la que se manifiesta que se cierra la investigación contra Alex Saab y las empresas ASASI FOOD FZE y GROUP GRAND LIMITED.



  El 24 de noviembre de 2019, el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, quien es señalado a su vez por hechos de corrupción en Venezuela, publicó en su cuenta Twitter una copia de los documentos, acusando a la Comisión de Contraloría de la AN de haber absuelto a Alex Saab. "Una prueba más de cómo la oposición burrundanga negocia y favorece a maduro. Que le dirá @jguaido a sus seguidores? Si la misma oposición protege la corruption del madurismo. No lo creen? Aquí está", dijo el exjerarca del régimen venezolano.
El presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano respondió a través de su cuenta Twitter a los señalamientos de Ramírez, y negó haber solicitado a Luisa Ortega Díaz, que cerrara la investigación contra Alex Nain Saab Morán.

A continuación los tweets publicados por el parlamentario:

"Desde 2015, cuando asumimos las competencias del Poder Legislativo, hemos adelantado investigaciones sobre el desfalco de la Nación, a manos del gobierno usurpador y el anterior. Y tales pruebas y procesos se harán públicos apenas sea pertinente, según el Derecho Internacional".

"Hoy, entre muchos otros casos, tenemos pruebas sobre el funcionamiento de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), sistema perverso de control social mediante el cual armaron una red de corrupción que acabó con la producción nacional y dejó al país sin comida".

"Delincuentes como Álex Saab y Álvaro Pulido han sido investigados y denunciados ante cada instancia pertinente. Así se hizo contra Freddy Bernal, por el robo de 1.000.000 de cajas CLAP, y Rafael Ramírez, partícipe de un desfalco de al menos 10 mil millones de dólares en PDVSA".

"Estamos investigando y recabando pruebas sobre cada caso. Así cada una de las denuncias tendrá nombres, apellidos y pruebas que determinarán a los responsables y hacerlos declarar ante la justicia".

¡Vamos a proteger y devolver a Venezuela cada centavo robado por el régimen!

  Voluntad Popular desincorpora los diputados

 El domingo 1° de noviembre, Armando Info publicó un reportaje titulado “¿Necesita lavar su reputación? Se alquilan diputados para tal fin” donde se revela que un grupo de parlamentarios opositores habrían participado en una trama de corrupción para salvaguardar los intereses de Alex Saab.

A raíz de los señalamientos, Voluntad Popular decidió desincorporar de la Comisión Permanente de Contraloría a los diputados Guillermo Luces, Richard Arteaga y Freddy Superlano. Superlano había anunciado su separación del cargo para facilitar las investigaciones.

 Voluntad Popular expresó en un comunicado que iniciarán una investigación interna, un proceso disciplinario y que tomarán las medidas pertinentes. 

LEE TAMBI


Un reporte parlamentario sobre los CLAP
  Uno de los documentos que aparece en la denuncia hecha ante autoridades estadounidenses es una presentación de la Comisión de Contraloría presenta una revisión sobre un supuesto esquema de corrupción vinculado a los Comités de Abastecimientos (CLAP) donde se mencionan algunas empresas y personas relacionadas a las mismas. No queda claro si este reporte antes o después de la denuncia de Ortega Díaz.
  El documento, de 25 páginas, cita una comunicación firmada por la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, sobre la empresa Group Grand Limited donde se señala que dicha corporación está estrechamente vinculada con Nicolás Maduro Moros.

   En informe describe "el esquema de enmascaramiento de varias empresas vinculadas a la firma Group Grand Limited, cuyos propietarios son otras empresas de origen panameño como  Eolo Energies, Inc y Viladrake Internacional Inc".

    En el documento se asegura que la Comisión Permanente de Contraloría estaría realiando las respectivas diligencias en solicitud de información al respecto de estas “empresas” a las autoridades panameñas desde el mes de marzo de 2019.

    La empresa Group Grand Limited se encarga— entre otras firmas— de la venta de alimentos para el programa de los CLAP del gobierno de Nicolás Maduro Moros. "Son productos de procedencia mexicana para su importación y proceso de empaque", acotan.

  La mencionada empresa, Group Grand Limited está vinculada a un sujeto de nombreSantiago Uzcátegui Pinto, cédula de identidad V-17.341.620, dice el documento.

    Hay otras firmas que aparecen relacionadas en ese informe en particular, a saber: Mass Joy Industries LTD., Millon Rice, Mir Importation I Exportatio, FB Foods LLC, S.A., RMJ Inversiones Ramaja Limitada, Modexel Consultores E Servicios, S.A., Agrovarius, S.A., J&B International, Shining Capital Luck Fortune, Max Power Eneering LTD, Sirab Longistic, S.A., Porstar Intertrade Limited, Bamfaster Trading And Consulting LLC. y Agravius, S.A.

   Y varias personas ligadas a las firmas: Samark López Bello, Yousset Abou, Omar Abou, Juan Vicente Roversi, María Ojeda, Hernan Matheua, Rustinko Rodríguez, Esteban Correa, Jose Antonio Achram, Edmundo Rotondaro, Miguel González, Claudio Sira, Rafael Morales y Esteban Correa. 

  En la presentación se señala que "ciudadanos venezolanos, a través de empresas panameñas, adquieren empresas mexicanas con el objetivo de elaborar y envasar alimentos destinados al programa CLAP. Los alimentos en muchas ocasiones se encuentran en condiciones no aptas para el consumo humano".

  Destaca que "las empresas responsables de suministrar los alimentos al programa CLAP adquieren productos lácteos cuya presentación señala ser “Leche en Polvo” y cuyo valor monetario no llega a 0,90$ por kilo, la cual representa un escaso valor nutricional".         

 Esta bebida láctea que esta valorada en menos de 0,90$ por kilo, finalmente es adquirida por el programa CLAP en un costo que varía entre los 5$ y 7$ por kilo, lo que implica una ganancia aproximada de 777%.

 "En el mes de febrero de este año, resultados de pruebas efectuadas por el Instituto de Tecnología de la UCV, confirman que el producto no cumple con la normativa nacional “CONVENIN” para ser considerada como leche en polvo", agregan.

 Las marcas involucradas en la estafa de la Leche son: Rancho Nuevo, McLeche, Kosland, Suprema, KFMilk, VitalMilk, PureMilk, SoyMas.

  "Muchas de estas marcas de Leche no son comerciales en México, por lo que se sospecha que estas empresas fueron creadas por los mismos que manejan los CLAP, con accionistas, apoderados o directores colombianos y venezolanos, involucrados en el programa de alimentos" dice el informe.

  "El capital con el que se financia la compra de alimentos para el programa CLAP es solicitado al FONDEN, S.A. y está aumentando la deuda externa venezolana", añaden.


 "Se estima que mediante este sistema de corrupción se hayan malversado unos 5 mil millones $", dice el reporte.

Piden investigar a diputados que exoneraron a Saab y a Carlos Lizcano


  En una denuncia paralela, entregada a las autoridades de Estados Unidos, se solicita que se investigue a los diputados que participaron en la exoneración de Saab Morán en la Comisión de Contraloría de la AN. 

  Sostiene que hay supuestas evidencias que muestran que Carlos Liscano es presuntamente "el principal testaferro de Alex Saab y fue el encargado de convertir la Comisión Permanente de Contraloría y la sub comisión especial de investigación de la Asamblea Nacional en un bufete privado, en el que se entregó al presidente de la comisión, diputado Conrado Pérez la cantidad de 500 mil euros en efectivo que sirvieron a su vez para pagar a varios diputados la cantidad de 10 mil euros mensuales". 

 La denuncia asostiene que el diputado Adolfo Superlano supuestamente se habría "encargado de realizar varios informes que eximían de cualquier acto de corrupción a Carlos Lizcano y Alex Saab. Esta acción fue reforzada con varios viajes que realizaron los parlamentarios a Bulgaria, Suiza, Portugal e Italia en los que le solicitaron a reconocidas entidades bancarias la liberación inmediata del dinero bloqueado de ambos empresarios".

  Dice la denuncia que "el parlamentario Conrado Pérez fue (habría sido) el encargado de desaparecer todas las pruebas de la corrupción de los CLAP, incluyendo cuentas bancarias, exámenes de laboratorio, contratos de Corpove y otras denuncias que fueron realizadas en varias ocasiones por la Fiscal Luisa Ortega Díaz contra Alex Saab".

   La denuncia sostiene que supuestamente "la comisión designada para la investigación de la corrupción de los CLAP, elaboró un informe dirigido a la OFAC, Departamento del Tesoro certificando que el empresario colombiano, Carlos Lizcano no tenía ninguna investigación vigente en la comisión". ***No hay evidencias de esta información en el informe que está en poder de Venezuela Política, así como tampoco de los supuestos pagos en efectivo.

   En las evidencias presentadas en una denuncia ante las autoridades estadounidenses contra los diputados que actuaron en este caso de Saab Morán, se suministra una copia de los boletos de avión de un viaje realizado por los diputados Conrado Pérez y Richard Arteaga a París, Francia con el fin de realizar las diligencias pertinentes para la investigación sobre el caso de Alex Saab Morán. El viaje se realizó el 23 de abril de 2019 por la línea aérea Air France.
  Sostiene la denuncia que se debe hacer una investigación que "permita verificar si los diputados actuantes fueron cómplices del daño patrimonial que se le ocasionó a Venezuela".

   Asimismo, solicitan que "el presidente (e) Juan Guaidó nombre una comisión que investigue a los parlamentarios que se prestaron para los presuntos actos de corrupción y demuestren donde están las pruebas que contradicen las sanciones impuestas por el presidente Donald Trump hacia los corruptos que se beneficiaron con el hambre de los ciudadanos venezolanos”.

  Agrega la denuncia que el presidente (e) Juan Guaidó debe solicitar la destitución de estos diputados, investigarlos y solicitar la cooperación del gobierno de EEUU para actuar de manera inmediata y sancionar a los mencionados parlamentarios que se burlaron del presidente Guaidó y estafaron la nación".

   Sostienen que "para cometer delitos, usaron su investidura como diputados y miembros de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para defender y beneficiar a empresarios corruptos sancionados por legitimación de capitales y corrupción por el Departamento del Tesoro de los EE. UU.".

  La denuncia involucra a jerarcas de los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia. Se asegura que el mencionado grupo de diputados habría gestionado ante entes del gobierno de Donald Trump y de la Comunidad Europea la exoneración de empresarios que se han enriquecido a la sombra del Estado venezolano, y que han sido acusados y sancionados para que estos fueran sacados de las listas de sanciones.

Guaidó anuncia acciones contra "individualidades" del parlamento

A través de su cuenta Twitter @jguaido, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente (e) Juan Guaidó aseguró lo siguiente: “Todo el país debe conocer mi posición en torno a una serie de hechos de corrupción que involucra a varios miembros de la dictadura, algunas decepcionantes individualidades del Parlamento y claros intereses internacionales que financian este burdo plan”. Y agregó: "No permitiremos que la corrupción de nadie dañe lo que tanto ha costado construir. En horas de la tarde, cuando se normalice la situación del internet en Venezuela, daremos más información sobre el caso y las medidas que he decidido tomar. Información importante. Atentos”.

Guaidó agregó: “Además, anunciaré decisiones y medidas que van directamente contra quienes pretenden jugar con la confianza de nuestro pueblo”, precisó. "No permitiré que la corrupción ponga en riesgo “todo cuanto hemos sacrificado por recuperar la Libertad. Ni al régimen ni a un grupito de inmorales que quieren fracturar a los venezolanos. No vamos a tapar los delitos de nadie: olvídense de eso”.

Conrado Pérez niega todas las acusaciones 

   En un comunicado enviado por el diputado Conrado Pérez Linares titulado: "Lucha contra la corrupción en la AN es frontal y sin cortapisas", el parlamentario denunció que se ha desatado una campaña de descrédito contra la Comisión Permanente de Contraloría de la AN "interesada a nivel nacional e internacional para tratar de destruir, mal informar y vilipendiar, al único poder legítimo y democrático en Venezuela reconocido por el mundo entero".

   Pérez Linares quien habló en su condición de Presidente(e) de la Comisión Permanente de Contraloría, sostiene que su declaración tiene el aval de los diputados: Richard Arteaga, Chain Bucarán, José Brito y Adolfo Superlano.

 Pérez subrayó que "no vamos a sucumbir ante la presiones, influencias, chantajes y manipulaciones de quienes hoy, producto de nuestras investigaciones con elementos de convicción, están formalmente implicados en hechos de corrupción y desfalco a la nación, como este personaje nefasto y despreciado por todo el pueblo de Venezuela, quien es el rostro público de la corrupción,  identificado como Rafael Ramírez, junto  toda su estructura mediática, que es pagada con el dinero que se robó, para tratar de limpiar su falsa moral con una campaña direccionada dentro y fuera del país".

  Aseguró que "Ramírez y sus tarifados pretende lincharnos moralmente  con el propósito de desvirtuar las denuncias e investigaciones que hemos realizado contra él y su pandilla de ladrones".

  Pérez Linares dijo que "las decisiones legítimas están ajustadas a derecho de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional, el Reglamento Interior y de Debate y de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN".

  "Cada una de las actuaciones que hemos realizado han sido apegadas a derecho y ajustadas a la objetividad y rigurosidad que demanda la función parlamentaria", sostuvo.

   Comentó que "su función no está dirigida a cuidar privilegios de nadie, ni de grupos mafiosos, ni de sectores económicos, como tampoco nos prestaríamos a forjar elementos vinculantes donde no existieran para  inducir  fundamentos de prueba que asentaran una decisión". 

No hay carta de buena conducta a favor de Saab Morán

  En relación a la presunta carta de Buena Conducta otorgada al Ciudadano Alex Saab y remitida a la Fiscal Luisa Ortega Díaz, el parlamentario refirió que esa misiva no existe tal como lo corroboró dicha funcionaria en declaración pública. "Nosotros no otorgamos cartas de buena conducta, esa no es nuestra función, nosotros nos dedicamos a investigar y combatir la corrupción caiga quien caiga".

  En referencia a las conclusiones de la investigación sobre Saab Morán, dijo que que el mencionado ciudadano "no aparece en el registro de comercio de las empresas señaladas, según se comprueba en documento signado con la numeración 1871367 del registro de Hong Kong, por lo tanto, la Comisión no podía forjar pruebas para involucrar al mencionado ciudadano como accionista, socio o directivo de las mismas".

  Respecto a las presuntas empresas de maletín, Pérez Linares aseguró que "la investigación arroja que la misma cuenta con una sede física y operativa, con personal activo de obreros y empleados, con diversos proveedores y distintos productos de mercado, en consecuencia no es una empresa de maletín".

  Sobre el hecho de si es testaferro del presidente Nicolás Maduro, la investigación no pudo determinar el vínculo directo que acreditara esa cualidad, más allá de la sindicación pública, personal y familiar de que esté ciudadano ostenta una fortuna cuyos orígenes lícitos deben ser probados, pues no puede olvidarse que los delitos de corrupción son imprescriptibles.

Abiertos a una investigación

 El parlamentario dijo que "quienes tengan fundamentos y soportes de lo requeridos por esta Comisión para una investigación objetiva las puertas de esta instancia legislativa están abiertas, porque denuncias al boleo, de periódicos, radios y televisión solo para escandalizar y ganar tribuna, no pueden tener eco en nuestra actuación vertical, así que no pretendan que actuemos en forma irresponsable".

  Pérez Linares expresó que "no nos van a amilanar, no vamos a dejar de trabajar y luchar por combatir la corrupción, vamos a seguir dando lo mejor para garantizar el cambio que reclama Venezuela sin ceder frente a la canalla y el chantaje". 

"Quiero expresar en forma clara y contundente, mi disposición de someterme a cualquier averiguación de cualquier índole con el propósito de salvaguardar mi honestidad, mi transparencia y moral en el ejercicio de la función parlamentaria", dijo el diputado. 

Ortega Díaz niega haber recibido carta del diputado Pérez

  La Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, negó haber recibido una carta firmada por el diputado Conrado Pérez, presidente de la subcomisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, en la que se absuelve al empresario Alex Saab de su vinculación con la corrupción en la importación de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

  “(El documento) No ha llegado a mis manos. Si esa carta existe o salió de la AN, yo desconozco eso. Ya nosotros teníamos esa investigación (en contra de Alex Saab). Yo denuncié este caso (la corrupción en la importación de alimentos); si alguien tiene interés en que se esclarezca este hecho soy yo”, dijo en conversación exclusiva con El Pitazo, este jueves 28 de noviembre (1).

   En la nota de El Pitazo se destaca que a pesar que Ortega Díaz desestimó el documento, afirmó que cualquier postura similar a la expuesta en la supuesta carta significa un desprecio hacia los venezolanos. La fiscal cuestionó que Saab sea absuelto de las investigaciones, tal y como quedó por sentado en el documento presuntamente emanado del Poder Legislativo y que hizo público a través de su cuenta en Twitter el exministro de Petróleo Rafael Ramírez.

Freddy Superlano niega las acusaciones y pide investigación

  En una carta enviada al presidente (e) Juan Guaidó, el presidente de la Comisión de Contraloría de la AN, Freddy Superlano solicitó que se inicie una investigación desde la plenaria de la Asamblea Nacional "con participación de la prensa especializada y la sociedad civil, con el fin de determinar si alguno de los diputados miembros esta comisión, hemos incurrido en alguna irregularidad que comprometa la responsabilidad individual por el incumplimiento de las funciones como parlamentarios".

  Sustuvo que "en caso de que se determine que existan elementos suficientes, se expresen públicamente y los señalados asuman su responsabilidad". 

  Manifiesta que "en el caso en que no se determine ninguna irregularidad, se comunique públicamente, y quienes han hecho acusaciones generalizadas o infundadas asuman también su responsabilidad".

  Advierte que tiene la absoluta disposición para someterse al escrutinio público. "Soy el principal interesado en que exista transparencia absoluta sobra la gestión de la Comisión de Contraloría y que si existiese alguna irregularidad los responsables asuman lo que corresponda", acota.

  ***En la solicitud de investigación a autoridades estadounidenses aparecen fotografías de un grupo de parlamentarios a Europa. Venezuela Política ha intentado conversar (sin éxito) con los parlamentarios que aparecen en las fotografías para conocer sus comentarios sobre los señalamientos, una vez que se obtengan dichas declaraciones publicaremos las imágenes.

***Igualmente ha llegado a nuestras manos cartas de exoneración a otros empresarios de alimentos que han sido señalados de corrupción vinculados a la estafa del sistema de cambios preferencial (CADIVI). En ese caso hay otros diputados de la Comisión de Contraloría involucrados, pues las cartas de absolución fueron entregadas a los contratistas del régimen de Nicolás Maduro en 2016 y 2017. De hecho, algunas de esas cartas han sido usadas como escudo protector en Estados Unidos por los empresarios involucrados y como evidencia para probar su inocencia ante las autoridades y como argumento para recuperar sus visas canceladas por el gobierno del presidente Donald Trump. Una vez que concluyamos las investigaciones las publicaremos en este mismo portal.


Inclusión de Alex Saab en la OFAC y acusación federal

El 25 de julio de 2019 se reveló una acusación federal contra Alex Saab en el Distrito Sur de la Florida horas después de que la Oficina de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) sancionara al empresario colombiano junto a su socio Álvaro Pulido Vargas por cargos de corrupción vinculados a la explotación del programa de alimentos de Venezuela y la conversión de reservas de oro en divisas.

  "Alex Saab participó con el círculo de Maduro en una red de corrupción de amplia escala que usó insensiblemente para explotar la población hambrienta de Venezuela’’, dijo el Secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin.

  La designación de la OFAC incluyó a los hijastros de Maduro Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, a quienes Saab les enviaba dinero para obtener contratos con el gobierno venezolano, afirma el comunicado.

  La acusación en la Florida señala que a partir de 2011, Saab y Pulido se confabularon para lavar dinero producto de un esquema de sobornos entre bancos localizados en Venezuela y Estados Unidos.

  En el documento se afirma que Alex Saab obtuvo contratos relacionados con los Clap, sin licitación y privilegiados a través de figuras políticas venezolanas de alto rango a través de una red global de compañías fantasmas.




















PRONUNCIAMIENTO

Señala Conrado Pérez Linares: Lucha contra la corrupción en la AN es frontal y sin cortapisas

Como Miembro de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN, quiero denunciar ante la opinión pública del país y particularmente del Estado Trujillo, que en contra de ésta instancia parlamentaria se  ha desatado una campaña de descrédito interesada a nivel nacional e internacional para tratar de destruir, mal informar y vilipendiar, al único poder legítimo y democrático en Venezuela reconocido por el mundo entero.

El señalamiento lo hizo el Dip. Conrado Pérez Linares en su condición de Presidente(e) para el momento de la Comisión Permanente de Contraloría, quien precisó que su declaración tiene el aval de los Diputados: Richard Arteaga, Chain Bucaran, José Brito y Adolfo Superlano.

En lo que se refiere a nuestra actuación en éste Parlamento y desde ésta Comisión quiero subrayar que " no vamos a sucumbir ante la presiones, influencias, chantajes y manipulaciones de quienes hoy, producto de nuestras investigaciones con elementos de convicción,  están formalmente implicados en hechos de CORRUPCIÓN y desfalco a la nación, como este personaje nefasto y despreciado por todo el pueblo de Venezuela, quien es el rostro público de la corrupción,  identificado como RAFAEL RAMIREZ,  junto  toda su estructura mediática, que es pagada con el dinero que se robó, para tratar de limpiar su falsa moral con una campaña direccionada dentro y fuera del país".

Ramírez y sus tarifados - advirtió Pérez Linares - pretende lincharnos moralmente  con el propósito de desvirtuar las denuncias e investigaciones que hemos realizado contra él y su pandilla de ladrones.

 APEGADOS A DERECHO. 

-"Queremos manifestar que nuestras decisiones legitimas están ajustadas a derecho de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional, el Reglamento Interior y de Debate y de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN.
Cada una de las actuaciones que hemos realizado - afirmó el parlamentario - han sido apegadas a derecho y ajustadas a la objetividad y rigurosidad que demanda la función parlamentaria.
En tal sentido, ratificamos que nuestra función no está dirigida a cuidar privilegios de nadie, ni de grupos mafiosos, ni de sectores económicos, como tampoco nos prestaríamos a forjar elementos vinculantes donde no existieran para  inducir  fundamentos de prueba que asentaran una decisión. 

 NO HAY CARTA DE BUENA CONDUCTA 
En relacion a la presunta carta  de Buena Conducta otorgada al Ciudadano Alex Saab y remitida a la Fiscal Luisa Ortega Díaz, el parlamentario refirió que esa misiva no existe tal como lo corroboró dicha funcionaria en declaración pública. "Nosotros no otorgamos cartas de buena conducta, esa no es nuestra función, nosotros nos dedicamos a investigar y combatir la corrupción caiga quien caiga".

Consultado acerca de las conclusiones de la investigación respondió que el ciudadano en cuestión  objeto de la misma, no aparece en el registro de comercio de las empresas señaladas, según se comprueba en documento signado con la numeración 1871367 del registro de Hong Kong,
 por lo tanto, la Comisión no podía forjar pruebas para involucrar al mencionado ciudadano como accionista, socio o directivo de las mismas.

Respecto a las presuntas empresas de maletín, el parlamentario aseguró que la investigación arroja que la misma cuenta con una sede fisica y operativa, con personal activo de obreros y empleados, con diversos proveedores y distintos productos de mercado, en consecuencia no es una empresa de maletin.

Sobre el hecho de si es testaferro del presidente Nicolás Maduro, la investigación no pudo determinar el vínculo directo que acreditara esa cualidad, más allá de la sindicación pública, personal y familiar de que esté ciudadano ostenta una fortuna cuyos origenes licitos deben ser probados, pues no puede olvidarse que los delitos de corrupción son imprescriptibles.

ABIERTOS A CUALQUIER INVESTIGACIÓN

Ahora bien, quien tenga fundamentos y soportes de lo requeridos por está Comisión para una investigación objetiva las puertas de esta instancia legislativa están abiertas, porque denuncias al boleo, de periódicos, radios y televisión solo para escandalizar y ganar tribuna, no pueden tener eco en nuestra actuación vertical, así que no pretendan que actuemos en forma irresponsable.

Pérez Linares expresó que "no nos van a amilanar, no vamos a dejar de trabajar y luchar por combatir la corrupción, vamos a seguir dando lo mejor para garantizar el cambio que reclama Venezuela sin ceder frente a la canalla y el chanteje". Quiero expresar en forma clara y contundente, mi disposición de someterme a cualquier averiguación de cualquier índole con el propósito de salvaguardar mi honestidad, mi transparencia y moral en el ejercicio de la función parlamentaria, dijo para finalizar Conrado Pérez Linares