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jueves, 7 de octubre de 2021

Conozca las razones por las cuales el Tribunal Constitucional de Cabo Verde negó la última petición de Álex Saab

   Los abogados del empresario colombiano aspiraban obtener, mínimo, 30 días más para analizar la decisión y pronunciarse sobre su pertinencia.

Por Maibort Petit

    El pasado 5 de octubre del presente año 2021, los jueces consejeros, Aristides R. Lima, José Pina Delgado y João Pinto Semedo, del Tribunal Constitucional de Cabo Verde, decidieron no admitir, por su manifiesta extemporaneidad, la solicitud formulada por los abogados del extraditado, Álex Saab, de que se les entregara copia de la Sentencia Nº 39/2021, traducida al español, así como una prórroga del plazo procesal legalmente determinado para el despacho por un mínimo de 30 días, que les permitiera analizar la sentencia y pronunciarse sobre la legalidad de la extradición.

   Saab, a través de sus abogados, luego de conocer la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 39/2021 del 7 de septiembre de 2021, invocó varios artículos de la legislación caboverdiana para solicitar a esa instancia judicial que le fuera entregada copia traducida al español de la referida resolución, para analizar su contenido y, en consecuencia, ejercer los actos procesales que considere necesarios para su defensa.

   Del mismo modo, en razón de la extensión de la referida decisión, así como la complejidad técnica y legal de los contenidos cubiertos, pidió se le otorgara un plazo adicional no menor a 30 días, para que la defensa pudiera pronunciarse sobre la misma y solicitar todo lo que estime conveniente o pertinente para la defensa de la legalidad.

Literalmente, los pedidos de Saab ante el tribunal fueron:

a) Una copia traducida de la Sentencia Nº 39/2021, de 7 de septiembre de 2021, se proporciona al Demandado a continuación, de conformidad con y para los fines de los artículos 3-A, 5 - del Código de Procedimiento Civil de Cabo Verde y los artículos - 22º en 3º y 35º en n. 7- de la Constitución de la República de Cabo Verde;

b) Se otorga un plazo adicional no menor a 30 días, para que la defensa tenga la oportunidad de analizar la decisión y, si así lo desea, solicitar las aclaraciones que estime pertinentes - cfr. previsto en los artículos 140, 575, 578 y ss. del Código de Procedimiento Civil de Cabo Verde y los artículos 22, nº 3 y 35, nº 7 - de la Constitución de la República de Cabo Verde”.

Argumentos del procurador

  La sentencia cita lo alegado por el Procurador General de la República respecto al pedido de Saab, quien sostuvo que la solicitud de la defensa carecía absolutamente de base legal.

   Aseguró que, de acuerdo a la ley, no existe una obligación legal de notificación personal de la persona extraditada, sino de su abogado designado. Citó lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 232 del código de procedimiento civil que indica que "las notificaciones a las partes en los casos pendientes se realizan en la persona de un representante con cargo en la sede del distrito o que haya elegido domicilio allí para recibir notificaciones”.

   Aseguró que la ley no impone al tribunal la carga de traducir la sentencia y calificó el pedido de traducción como “otra maniobra meramente dilatoria, convencida la defensa de que la ley lo permite todo, incluidos los expedientes dilatorios, y al tribunal no le queda más que cruzar los brazos”. Y agrega que por ello algunas declaraciones de los abogados defensores en los medios de comunicación, señalan que “la persona extraditada aún no será extraditada en los próximos meses”.

   Refiere que “la defensa ha estado pregonando en los medios que hará todo lo posible para retrasar la ejecución de la decisión de extradición, incluso señaló uno de los abogados en su página de red social (FB). que ‘en un futuro próximo, Alex Saab solo será extraditado si es secuestrado’”.

   Así han sido las acciones promovidas por la defensa para retrasar el proceso, lo cual se ilustra con la cronología de algunos hechos:

   El 7 de septiembre de 2021 se notificó a la defensa la Sentencia N º 39/2021, que desestimó el recurso de fiscalización concreta de constitucionalidad.

   Luego, el 13 de septiembre de 2021, dentro del plazo legal, solicitó la aclaración de la referida sentencia, en una demanda firmada por dos abogados defensores, uno de los cuales es suscriptor de esta solicitud de traducción.

  Después, el 22 de septiembre, tras ser notificado de la negativa a atender la solicitud de aclaración, el 24 de septiembre se solicitó la traducción de la referida decisión.

  “Ante esta cronología de hechos, con interés por la decisión, en una primera lectura de la demanda, se destaca la idea de una total falta de coordinación entre los miembros del equipo de defensa del extraditado, cada uno pidiendo lo que quieren, contradiciendo sus propias peticiones del resto. Y esto no es inaudito a lo largo de este proceso”, cita textualmente la sentencia.

  Se acota que, desde la detención del extraditado, Álex Saab, hace más de quince meses, más de tres docenas de decisiones emitidas por varios tribunales, además de haberse producido alrededor de una decena de respuestas a solicitudes enviadas al Gobierno, Policía Judicial, Fiscalía General de la Nación, entre otras, que todas estaban redactadas todas en portugués.

“La defensa nunca planteó la cuestión de la traducción al idioma español de los referidos actos judiciales, dejando claro que los entendía perfectamente, sobre todo porque los impugnó a todos, mediante denuncias, recursos ordinarios, hábeas corpus, recursos de revisión concreta de constitucionalidad, recursos de amparo, solicitud de aclaración”, destaca.

   Del mismo modo se deja sentado que “En la solicitud de aclaración de la sentencia cuya traducción ahora se requiere, quedó claro que fue leída y perfectamente entendida, incluso, calificándola de ambigua y oscura, lo que constituye la base de la solicitud de aclaración. Lee, percibe, desafía y, después, viene a pedir la traducción porque, al final, no entendió”.

   Se deja sentado que la solicitud de traducción también es infundada y debe desestimarse la pretensión de la demandante, por carecer de fundamento y justificación jurídica y ser un expediente meramente dilatorio.

Los fundamentos de la decisión

   Aclara en primer término la sentencia que, por error manifiesto, al demandante se le presenta en cuatro ocasiones como "imputado", un estatus que no define la relación de Álex Saab y el Tribunal Constitucional. En tal sentido puntualiza que la correcta designación del solicitante tiene que ver con su condición de extraditante, “ya que el caso principal o “caso pretexto” es un proceso de extradición. Y esto no puede ser ignorado por el distinguido abogado en su sabida intervención procesal”.

    Subraya la decisión que la Corte Constitucional no puede dejar de notar que la solicitud es absolutamente infundada, pues el pedido de que se entregue una copia traducida no tiene fundamento legal, pues “no existe disposición en la Constitución, en el Derecho Internacional, en la Ley que regule la organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional, en la legislación nacional subsidiariamente aplicable a los procesos ante el Tribunal Constitucional, de disposición alguna que imponga tal carga al Estado”.

   Del mismo modo se indica que la solicitud de prórroga de por lo menos 30 días solicitada por los abogados para analizar la sentencia, tampoco cuenta con la base legal mínima en lo antes mencionado, reglas, y mucho menos en los casos en que el proceso esté catalogado por ley como urgente. “Tanto más cuanto que el plazo establecido en la Ley para el esclarecimiento es de cinco días y ya venció hace mucho tiempo, y el demandante, además, solicitó el esclarecimiento a través de su demanda, que fue presentada ante el Tribunal Constitucional el 13 de septiembre pasado y fue resuelto mediante Sentencia Nº 42/2021, de 20 de septiembre.

    Por último, la sentencia determina que la solicitud de los abogados de Álex Saab es manifiestamente tardía, por lo que no puede ser admitida para una decisión sobre el fondo. Se recuerda que la legislación establece un plazo de cinco días para que las partes soliciten "cualquier acto o diligencia, reclamen la nulidad, deduzcan incidencias o ejerciten cualquier otra facultad procesal". Y precisa: “Ocurre que la Sentencia Nº 39/2021, respecto de la cual el demandante está reaccionando procesalmente, le fue notificada el 7 de septiembre, a través de los respectivos abogados designados. La demanda bajo análisis fue presentada en la Secretaría de la Corte Constitucional el 23 de septiembre del presente año”.


viernes, 7 de agosto de 2020

Conozca los aspectos claves del caso de extradición de Álex Saab

   Desde su arresto en la República de Cabo Verde, se inició el proceso de extradición, a cuyos puntos fundamentales hacemos referencia en esta entrega.

Por Maibort Petit

  Luego de que el Tribunal de que el Tribunal de Apelación de la República de Cabo Verde aprobara la extradición a los Estados Unidos del empresario barranquillero, Álex Saab, crece la expectativa acerca de cuáles serán los próximos acontecimientos.

  He aquí los aspectos claves de lo que ha sido el proceso hasta la fecha.

1) La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos

  El 25 de julio de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Álex Nain Saab Morán por orquestar una vasta red de corrupción que ha permitido que el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su régimen se beneficien significativamente de importación y distribución de alimentos en Venezuela. La administración estadunidense señaló a Saab de beneficiarse de contratos sobrevalorados, entre los que se incluye el programa de subsidio de alimentos denominado Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Saab actuó con su socio, Álvaro Enrique Pulido Vargas.

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    El colombiano, según el Tesoro de EE. UU. se valió para cumplir su cometido, de una sofisticada red de empresas fantasma, socios comerciales y miembros de su familia, para lavar provenientes de la corrupción en todo el mundo[1].

  Saab y Pulido fueron acusados formalmente por la fiscalía estadounidense, por sus supuestos roles en el lavado de dinero producto de las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

     La fiscalía anunció que Álex Saab y Álvaro Pulido, fueron acusados de ocho cargos de lavado de dinero en el Distrito Sur de Florida. La querella sostiene que el empresario pagó sobornos a funcionarios venezolanos y canalizó más de USD 350 millones a cuentas en el extranjero como parte de los sobornos pagados a funcionarios del régimen de Maduro relacionados con el programa de alimentos CLAP[2].

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2) Acusación en Colombia

  Previo a esto, en su natal Colombia, en mayo de 2019, Álex Saab y varios miembros de su familia son considerados prófugos de la justicia y sobre ellos recaía una circular azul de Interpol. Un juez de Barranquilla les imputó cargos de lavado de activos al supuestamente llevar a cabo operaciones ficticias de comercio exterior de la empresa Shatex, mediante las cuales se blanquearon USD 25.000 millones provenientes de la corrupción en Venezuela[3]. La captura de Saab en septiembre de 2018 se frustró por la delación de la operación por parte de un miembro de la policía colombiana, a saber, Eddie Pinto.

  El 9 de junio de 2020, el Fiscal General de Colombia anunció la expropiación de ocho inmuebles de Saab, valorados en 35 mil millones de pesos, unos USD 9,7 millones, los cuales habrían sido adquiridos con recursos ilícitos[4].

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3) El arresto en Cabo Verde

  Prófugo de la justicia de los EE. UU. —señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro— el gobierno de Cabo Verde procedió a la captura de Álex Saab cuando el avión en el que volaba —un lujoso Learjet, de matricula venezolana— cubriendo la ruta Venezuela-Rusia-Irán, paró en el país africano a cargar combustible.

   Esto ocurrió el 12 de junio de 2020 sobre la base de una alerta roja de la Interpol en razón de la acusación que el sistema judicial de los Estados Unidos. Ya desde que Saab figuraba en la llamada “Lista Clinton” pesaba sobre él una circular azul que se hizo efectiva en Cabo Verde[5].

4) El apoyo del régimen de Maduro

  Desde el momento mismo de su aprehensión, el régimen venezolano de Nicolás Maduro ha maniobrado para hacer que Saab sea liberado por parte de las autoridades caboverdianas. 

   En un comunicado, la cancillería de Maduro calificó la detención de arbitraria e irregular, pese a que para el momento no existía código rojo vigente en el sistema de ese organismo de coordinación policial internacional. Se alegó la nacionalidad venezolana de Saab y lo catalogó como “agente del Gobierno Bolivariano de Venezuela, [que] se encontraba en tránsito en la República de Cabo Verde, durante una escala técnica necesaria para continuar su trayecto con el objeto de realizar gestiones para garantizar la obtención de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), así como medicamentos, insumos médicos y otros bienes de carácter humanitario para la atención de la pandemia del COVID-19”[6].

  Entretanto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Miguel Ángel Martín, denunció que Álex Saab no es venezolano como asegura Maduro. Por su parte, Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores designado por el presidente encargado Juan Guaidó, advirtió para que sea funcionario diplomático hay procedimientos legales que no se han cumplido[7].

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   Ante los traslados de prisiones de que ha sido objeto Saab por parte de las autoridades de Cabo Verde, el gobierno de Maduro ha reaccionado y exigido explicaciones, además de pedir que se le permita verificar el estado del detenido[8]. También ha alegado que Saab ha sido objeto de maltratos por parte de las autoridades encargadas de su custodia[9].

5) La millonaria defensa de Saab

   Para que lo represente ante las autoridades de Cabo Verde, Álex Saab ha contratado un equipo de abogados de alto target, cuya misión, aparte de liberarlo del arresto, era evitar su extradición a los Estados Unidos.

  Uno de estos abogados es José Manuel Pinto Monteiro, quien entró sus primeras acciones estuvo apelar la detención preventiva de Saab, alegando que la circular roja que sirvió para justificar la detención se emitió un día después de su arresto[10].

   En una carta en la que el canciller del régimen de Maduro, Jorge Arreaza, exigió al gobierno de Cabo Verde se respetara la supuesta inmunidad que ostentaría Saab en su carácter de agente del gobierno, reveló el nombre del abogado contratado por esa administración, a saber, Rutsel Silvestre Jacinto Martha, de nacionalidad holandesa, ex-asesor y director de Asuntos Jurídicos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y exfuncionario de la Interpol[11].

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  Luego, Álex Saab contrató al exjuez español, Baltasar Garzón, quien se encargaría de liderar las denuncias que el empresario presentará ante el tribunal internacional de justicia de La Haya, en razón de la supuesta violación a la inmunidad jurisdiccional de quien se presenta como agente diplomático del régimen de Nicolás Maduro.

  Garzón pedirá una indemnización por daños patrimoniales y de imagen por entre 5 y 12 millones de dólares[12].

  La defensa de Álex Saab estaría costando USD 65 millones y provendrían de fondos públicos venezolanos, según aseguró uno de los  presidentes del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, Miguel Ángel Martín.

  En general, la oposición venezolana asegura una clara malversación de fondos por parte del régimen venezolano.

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  Sólo por estudiar la viabilidad del caso antes de asumirlo, el exjuez Baltasar Garzón cobra USD 65.000 y, según versiones, habría recibido un adelanto de USD 4 millones. Se desconoce cuánto facturan el resto de los abogados.

  Una nota del portal Primer Informe aseguró que parte de los fondos para pagar la defensa de Saab provienen de cuentas en Suiza rastreadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. “No se sabe si con esos fondos, o con los del régimen, también se contrató a las prestigiosas firmas portuguesas Abreu Advogados y Rogério Fernandes Ferreira & Associados para coordinar su defensa en Cabo Verde”[13].

   En los Estados Unidos, se establecieron contactos para la contratación del escritorio jurídico Baker & Hostetler una firma de abogados muy poderosa en los Estados Unidos que ganó millones de dólares en el famoso caso del escándalo del esquema Ponzi por el cual fue convicto Bernard Madoff. Entre los abogados contactados se encuentran los letrados David B. Rivkin y Lee A. Casey.



 David B. Rivkin, Jr., Lee A. Casey, 

6) Las estrategias de la defensa

  El equipo defensor de Saab intentó un “habeas corpus” ante las autoridades judiciales de Cabo Verde que fue negada por el Tribunal Supremo del país africano.

   La decisión que rehusó dejar en libertad al empresario barranquillero se convirtió en el tercer revés sufrido por Saab, luego de su arresto y la confirmación del mismo al no reconocerse la inmunidad diplomática que alegaba el gobierno de Nicolás Maduro[14].

   La defensa de Saab presentó una segunda solicitud de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde, alegando que la circular roja que sirvió para detenerlo había sido anulada por la Interpol. A juicio de los expertos, esto ocurrió porque la persona buscada ya había sido capturada[15].

   Como el anterior, el Tribunal Supremo de Cabo Verde no le otorgó el amparo del nuevo 'habeas corpus' a Saab, quien, por tanto, debía seguir tras las rejas en espera de que se decidiera su extradición a Estados Unidos[16].

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  A la par de tales acciones descritas, la defensa de Álex Saab, recurrentemente ha recurrido a otras estrategias como la de solicitar una valoración médica para probar que no se suicidaría. Igualmente se han denunciado supuestos maltratos y amenazas de muerte. Supuestamente, Saab temía que lo asesinaran y lo presentaran como un suicidio[17].

  Se habló de que Venezuela había ofrecido una recompensa de USD 10 millones para extraer vivo o muerto al colombiano y de que un avión permanecía se mantenía en el aeropuerto de Guinea-Bisáu dejando entrever que se buscaba rescatarlo.

7) Autorizada la extradición

  Luego de que el gobierno de Cabo Verde manifestara su disposición a extraditar a Álex Saab a los Estados Unidos, finalmente, el 31 de julio —aunque se conoció el 3 de agosto de 2020— el Tribunal de Apelación de esa nación le dio el visto bueno a la entrega del barranquillero a las autoridades judiciales estadounidenses.

  Al informar de la decisión, la defensa de Saab dijo en un comunicado que estaban esperando la fecha de la audiencia prescrita por la ley en la que ejercer su derecho a la defensa, pero con la decisión de aprobar la extradición se violaron los derechos de su defendido.

8) Los dos recursos que le quedan a la defensa

  Tras la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de aprobar la extradición de Álex Saab a los Estados Unidos, a la defensa le quedan dos recursos adicionales: 1) Apelar la decisión final de la Corte Suprema y 2) Acudir al Tribunal Constitucional donde los abogados defensores del acusado ya sometieron un recurso previo para pedir su libertad, y que fuera enviado a su domicilio. Esta acción de la defensa no fue considerada por los jueces del Tribunal Constitucional alegando que no habían sido agotadas todas las instancias judiciales antes de llegar a esa corte.





CITAS

[1] U.S. Department of the Treasury. “Treasury Disrupts Corruption Network Stealing From Venezuela’s Food Distribution Program, CLAP”. 25 de julio de 2019. htts://home.treasury.gov/news/press-releases/sm741  

[2] Department of Justice. Office of Public Affairs. “Two Colombian Businessmen Charged With Money Laundering in Connection With Venezuela Bribery Scheme”. 25 de julio de 2019. https://www.justice.gov/opa/pr/two-colombian-businessmen-charged-money-laundering-connection-venezuela-bribery-scheme

[3] El Espectador. “Fiscalía le imputó cargos a Alex Saab, señalado contratista del chavismo”. 10 de mayo de 2019. https://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscalia-le-imputo-cargos-a-alex-saab-senalado-contratista-del-chavismo/

[4] El Tiempo. “Fiscalía inició extinción de dominio a bienes del empresario Álex Saab”. 9 de junio 2020. https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/alex-saab-bienes-a-extincion-de-dominio-por-35-mil-millones-de-pesos-504802

[5] El Tiempo. “Capturan al colombiano Álex Saab, señalado testaferro de Maduro”. 13 de junio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/capturan-al-colombiano-alex-saab-senalado-testaferro-de-nicolas-maduro-506516

[6] Gobierno Bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriotres. “Venezuela denuncia detención arbitraria de Alex Saab en Cabo Verde”. 13 de junio de 2020. http://mppre.gob.ve/comunicado/venezuela-detencion-arbitraria-alex-saab-cabo-verde/

[7] Diarios Las Américas. Denuncian que Alex Saab "ni es venezolano ni es agente diplomático del régimen de Maduro". 28 de julio de 2020. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/denuncian-que-alex-saab-ni-es-venezolano-ni-es-agente-diplomatico-del-regimen-maduro-n4204034

[8] El Tiempo. “Régimen de Maduro exige a Cabo Verde que le deje ver a Álex Saab”. 5 de julio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-regimen-de-maduro-le-exige-a-cabo-verde-que-se-lo-deje-ver-514540

[9] El Tiempo. “Maduro saca ‘artillería’ para rescate de Álex Saab en Cabo Verde”. 6 de julio de 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-regimen-de-nicolas-maduro-saca-artilleria-para-rescatarlo-de-cabo-verde-514612

[10] El Tiempo. “Álex Saab contrata a poderoso abogado para frenar extradición”. 16 de junio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-contrata-a-poderoso-abogado-para-frenar-extradicion-a-ee-uu-507238

[11] El Tiempo. “La carta desesperada del régimen Maduro por liberar a Álex Saab”. 8 de julio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-carta-del-regimen-pidiendo-inmunidad-y-liberacion-515566

[12] El Tiempo. “Saab contrata a Baltasar Garzón para demandar a EE. UU. y a Cabo Verde”. 14 de julio 2020. https://www.eltiempo.com/mundo/mas-regiones/baltasar-garzon-quien-es-el-exjuez-que-defendera-a-alex-saab-517882

[13] El Tiempo. “Polémica por pagos de la defensa de Álex Saab con fondos de Venezuela”. 1 de agosto 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/polemica-por-pagos-de-la-defensa-de-alex-saab-con-fondos-de-venezuela-524952

[14] El Tiempo. “Niegan libertad a Álex Saab, se abre paso su entrega a la DEA”. 23 de junio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-sab-cabo-verde-resuelve-habeas-corpus-sobre-libertad-del-testaferro-de-nicolas-maduro-509950

[15] El Tiempo. “Saab presenta segundo habeas corpus para quedar libre en Cabo Verde”. 29 de junio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-defensa-presenta-otro-habeas-corpus-512342

[16] El Tiempo. “Le niegan por segunda vez la libertad a Álex Saab”. 2 de julio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/le-niegan-por-segunda-vez-la-libertad-a-alex-saab-513570

[17] El Tiempo. “Álex Saab pidió protección porque cree que lo pueden asesinar”. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-pidio-proteccion-porque-cree-que-lo-pueden-asesinar-514280


 


domingo, 1 de diciembre de 2019

Piden a las autoridades estadounidenses investigar a diputados de la Comisión de Contraloría (AN) que supuestamente exoneraron a Alex Saab

    Los parlamentarios mencionados en las denuncias niegan los señalamientos y aseguran que están dispuestos a someterse al escrutinio público y que, de hallarse alguna irregularidad, están dispuestos asumir su responsabilidad. Luisa Ortega Díaz asegura que no recibió ningún documento donde se absuelve a Saab y ratifica que hay evidencias sobre la corrupción de quien es considerado el testaferro de Maduro. Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA también señalado de corrupción es quien prende la mecha del escándalo, mientras que Juan Guaidó promete tomar acciones contundentes.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Unos documentos dados a conocer por el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez (señalado por delitos de corrupción en Venezuela) muestran una supuesta exoneración de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional al empresario colombiano Alex Nain Saab Morán, acusado por Estados Unidos se formar parte del entramado conformado por varias empresas que se habrían aprovechado de sus vínculos con Nicolás Maduro para expoliar al Estado venezolano a través de contratos de  importación de alimentos para surtir a los Comités Locales de Abastecimientos (CLAP) con dólares preferenciales. La referida misiva de "exoneración" a favor de Saab está firmada por los diputados Conrado Pérez y Richard Arteaga. El presidente del ente contralor parlamentario, Freddy Superlano niega la veracidad de los documentos publicados por el ex zar petrolero venezolano. El hecho ha generado una verdadera tormenta política que incluye anuncios de separación de cargos, dimes y diretes, y hasta una  solicitud de investigación internacional contra los presuntos responsables. He aquí parte de la historia.
  La denuncia inicial  fue hecha por la Fiscal General designada por la Asamblea Nacional desde Bogotá, Luisa Ortega Díaz. La funcionaria quien sirvió al régimen del fallecido Hugo Chávez desde 2007 hasta 2017— pidió investigar a Alex Nain Saab Morán y las empresas Salva Foods 2015, CA, Group Grand Limited y Asasi Food FZC alegando que había irregularidades en el uso de los fondos entregados por el Estado venezolano para la importación de alimentos y asegurando que Saab Morán actúa como testaferro del Nicolás Maduro Moros.

Los señalamientos contra Saab en la Asamblea Nacional.

  Para el momento que llega la solicitud de investigación al parlamento venezolano el presidente del mismo era Omar Barboza del partido un Nuevo Tiempo. La Comisión Permanente de Contraloría estaba presidida por el diputado Freddy Superlano y como vicepresidente, Conrado Pérez Linares. Ambos se mantuvieron en el cargo hasta el presidente.

  Como ordenan los reglamentos de la Asamblea Nacional, los integrantes de la Comisión de Contraloría realizaron todos los procedimientos pertinentes para hacer la averiguación solicitada por Ortega Díaz. Enviaron citaciones, solicitaron información a las empresas, viajaron a Europa, y en menos de seis meses, el ente parlamentario encargado de  acosar la corrupción dio por concluida la investigación, y acordó exonerar a Carlos Lizcano, y a su presunto socio, Alex Saab Morán de los señalamientos hechos por la fiscalía en exilio. 

  Varios documentos presentados como soporte de una solicitud de investigación contra los diputados envueltos en el escándalo  ante las autoridades estadounidenses muestran que los parlamentarios Conrado Pérez, Richard Arteaga y Freddy Superlano habrían incurrido en irregularidades cuando le otorgaron la supuesta carta de exoneración a Alex Saad y a Carlos Lizcano, quien aparece como propietario de las empresas señaladas de ser parte del esquema de corrupción y lavado de dinero de millones de dólares provenientes del erario público venezolano. 

  Los supuestos documentos de la Comisión de Contraloría que exoneran de los delitos de corrupción a contratistas y empresas —en especial de las empresas que presuntamente sacaron provecho del sistema de control de cambio (Cadivi, Sicad, y otros) para importar comida, y que resultó en un desfalco a la nación—  son usadas por los abogados y firmas de lobby en Estados Unidos para recuperar las visas que han sido canceladas a los individuos acusados de corrupción y lavado de dinero por el gobierno del presidente Donald Trump (las cartas son presentadas como evidencia de la inocencia de los acusados ante el Departamento de Estado y el Servicio de Inmigración y Aduanas), y en  usadas por la defensa en las Cortes federales estadounidenses.

Saad es acusado en EE. UU. por delitos de corrupción y blanqueo

  En julio de 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Saab Morán y a su socio Álvaro Pulido Vargas por ocho cargos relacionados con el lavado de cerca de US$350 millones. Según la acusación, los dos empresarios colombianos habrían lavado dinero de cuentas venezolanas hacia cuentas localizadas en Estados Unidos, aprovechando el sistema de cambio regulado que existe en Venezuela con empresas ligadas a la importación de alimentos para el gobierno.

Citación a Saab Morán para comparecer en la Comisión

    El 11 de julio de 2018, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional envió una citación oficial a Alex Naim Saab Morán, CI. 21-495-350. En la misma se le informa que en la sesión ordinaria del ente parlamentario "se acordó citarlo a comparecer  el 25 de julio de 2018, a las 9:00 A.M. con el objeto de conocer las presuntas irregularidades administrativas cometidas en el otorgamiento de divisas por parte del Estado venezolano para el manejo de los alimentos relacionados con los Comité Locales de Abastecimiento y producción (CLAP) con la empresa Group Grand Limited y Asasi Food FZC del cual usted posea conocimiento".  

  Dice la citación que el ente parlamentario le garantiza todos los derechos reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  en el artículo 49.

 Se le advierte que "de no acudir a la comparecencia, sin causa justificada, será sancionado de acuerdo a lo establecido en los títulos I y II de la Ley sobre el Régimen de Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos y los y las particulares a la Asamblea Nacional o sus comisiones". 

La carta está firmada por el diputado Conrado Pérez Linares. 
Los diputados Conrado Pérez y Richard Arteaga 

Las copias  fueron certificadas 

  Las copias publicadas por varios medios de comunicación en Venezuela habrían sido supuestamente certificadas por el secretario de la Comisión de Contraloría de la AN, Anderson Abreu Santelis, CI. 17.313.156. En la certificación se informa que Abreu Santelis fue designado el 2 de marzo de 2018 en su cargo y que en base a su responsabilidad y funciones certifica que "la copia de la carta es fiel y exacta  de su original, sus contenidos y firmas fueron suscritos por el presidente y demás miembros de la comisión. La certificación fue firmada el 14 de agosto de 2018". 
La exoneración otorgada a Alex Saab Morán por los diputados

   La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional nombró una la Subcomisión Especial que se  instaló el 27 de junio de 2018, para que investigara a Alex Naim Saab Morán y las empresas Asasi Food FZE y Group Grand Limited, a las cuales se le otorgaron recursos para la importación de alimentos en el cual no ingresan al país y no eran entregados, por lo que se presume que causó daño al patrimonio público venezolano. 

  La denuncia de Ortega Díaz señalaba que "Saab Morán es testaferro de Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a su vez accionista y dueño de las empresas Asasi Food FZE y Group Grand Limited" y que Saab Morán habría "desviado divisas otorgadas por el Estado venezolano para la importación de alimentos".

 La referida investigación se le asignó el número de expediente #1714 en la Comisión de Contraloría.

   La resolución dice que en una reunión celebrada el 8 de agosto de 2018 se aprobó el informe de la Subcomisión Especial que investigaba el caso que estuvo presidida por el diputado Conrado Pérez e integrada por Adolfo Superlano y Richard Arteaga. 

  La resolución dice que se determinó que "Alex Saab Morán no es dueño ni accionista, ni director de la empresa Asazi Food FZE y Group Grand Limited, por lo que se comprobó ninguna irregular participación, una vez vistas las actas constitutivas de las empresas".

  Se informó que "la Subcomisión Especial no pudo comprobar que Alex Saab Morán tuviese la condición de testaferro o socio del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros en virtud que se no se aportaron prueba fehacientes que demuestren el referido nexo, requisito indispensable para establecer algún tipo de responsabilidad que corresponde a esta Subcomisión".

Una carta dirigida a Salva Foods 2015, CA. 

  En una Resolución de la Subcomisión Especial de Investigación del caso —fechada el 16 de noviembre de 2018— dirigida al presidente de la Empresa Salva Foods 2015, CA., Carlos Rolando Lizcano Manríquez se le notifica que de acuerdo a la visita parlamentaria realizada el 13 de noviembre de 2018, se recibieron los recaudos de la empresa, y que a documentación revierte la denuncia interpuesta en plenaria de la Comisión Permanente de Contraloría.

  Se informa que "es improcedente continuar llevando adelante la investigación, ya que no se aportó ningún medio de prueba idónea o suficiente, que permita seguir con la investigación para determinar que hubo irregularidad administrativa en el otorgamiento de contratos  por parte del Estado venezolano a la empresa Salva Foods 2015, CA entre otros fines lícitos o ilícitos, ni conducta funcionarial responsable, o causando daño al patrimonio público del Estado". 

   Por tal motivo — dice la resolución— "consideramos que no es pertinente continuar con la investigación y se somete a plenaria el acuerdo con lo que establece el reglamento de la organización y funcionamiento de la Comisión  Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional". La carta está firmada por el presidente de esa instancia parlamentaria, Freddy Superlano y el vicepresidente Conrado Pérez.

    La denuncia inicial dice que Carlos Lizcano, propietario de la empresa Salva Food 2015, C.A.  es socio de Alex Saab y que esa es una de las firmas que maneja la importación de los alimentos y a la que el Estado venezolano  entregó la Concesión de los Abastos Bicentenarios ahora tiendas CLAP.  

Más elementos sobre la denuncia que generó la investigación

  Tal como se dijo al inicio, la denuncia sobre la corrupción de los CLAP y contra el empresario Alex Saab fue realizada por la Fiscal en exilio, Luisa Ortega Díaz, el 26 de febrero de 2018 en la ciudad de Bogotá.

 Ortega Díaz sostuvo que "Alex Naim Saab era el dueño de las empresas ASASI FOOD FZE y GROUP GRAND LIMITED que recibieron dinero del Estado venezolano para comprar alimentos que no se entregaron y que el ciudadano en cuestión fungía como testaferro del régimen de Nicolás Maduro".

  Dicha denuncia fue objetada a través de una carta de fecha 01 de agosto de 2018 dirigida a la Fiscal por los diputados Conrado Pérez y Richard Eloy Arteaga en la que aseguraron que Alex Saab no era testaferro de Maduro, no era accionista, ni director de las empresas Asasi Food FZE  y Group Grand Limited.

  La resolución dice que a Alex Naim Saab Morán no se le comprobó en la presente investigación que hasta la fecha le haya causado como dueño, accionista o director de las empresas mencionadas.












  
   En una carta dirigida a GROUP GRAND LIMITED el 29 de noviembre de 2018 por los diputados Conrado Pérez y Richard Eloy Arteaga, rectifican que no se continuará con la investigación por considerar que Alex Saab o era testaferro de Maduro y sus empresas no estaban vinculadas a la corrupción.



  La Resolución de la subcomisión especial de investigación, firmada por los diputados Freddy Superlano y el secretario Anderson Santelis en la que se manifiesta que se cierra la investigación contra Alex Saab y las empresas ASASI FOOD FZE y GROUP GRAND LIMITED.



  El 24 de noviembre de 2019, el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, quien es señalado a su vez por hechos de corrupción en Venezuela, publicó en su cuenta Twitter una copia de los documentos, acusando a la Comisión de Contraloría de la AN de haber absuelto a Alex Saab. "Una prueba más de cómo la oposición burrundanga negocia y favorece a maduro. Que le dirá @jguaido a sus seguidores? Si la misma oposición protege la corruption del madurismo. No lo creen? Aquí está", dijo el exjerarca del régimen venezolano.
El presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano respondió a través de su cuenta Twitter a los señalamientos de Ramírez, y negó haber solicitado a Luisa Ortega Díaz, que cerrara la investigación contra Alex Nain Saab Morán.

A continuación los tweets publicados por el parlamentario:

"Desde 2015, cuando asumimos las competencias del Poder Legislativo, hemos adelantado investigaciones sobre el desfalco de la Nación, a manos del gobierno usurpador y el anterior. Y tales pruebas y procesos se harán públicos apenas sea pertinente, según el Derecho Internacional".

"Hoy, entre muchos otros casos, tenemos pruebas sobre el funcionamiento de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), sistema perverso de control social mediante el cual armaron una red de corrupción que acabó con la producción nacional y dejó al país sin comida".

"Delincuentes como Álex Saab y Álvaro Pulido han sido investigados y denunciados ante cada instancia pertinente. Así se hizo contra Freddy Bernal, por el robo de 1.000.000 de cajas CLAP, y Rafael Ramírez, partícipe de un desfalco de al menos 10 mil millones de dólares en PDVSA".

"Estamos investigando y recabando pruebas sobre cada caso. Así cada una de las denuncias tendrá nombres, apellidos y pruebas que determinarán a los responsables y hacerlos declarar ante la justicia".

¡Vamos a proteger y devolver a Venezuela cada centavo robado por el régimen!

  Voluntad Popular desincorpora los diputados

 El domingo 1° de noviembre, Armando Info publicó un reportaje titulado “¿Necesita lavar su reputación? Se alquilan diputados para tal fin” donde se revela que un grupo de parlamentarios opositores habrían participado en una trama de corrupción para salvaguardar los intereses de Alex Saab.

A raíz de los señalamientos, Voluntad Popular decidió desincorporar de la Comisión Permanente de Contraloría a los diputados Guillermo Luces, Richard Arteaga y Freddy Superlano. Superlano había anunciado su separación del cargo para facilitar las investigaciones.

 Voluntad Popular expresó en un comunicado que iniciarán una investigación interna, un proceso disciplinario y que tomarán las medidas pertinentes. 

LEE TAMBI


Un reporte parlamentario sobre los CLAP
  Uno de los documentos que aparece en la denuncia hecha ante autoridades estadounidenses es una presentación de la Comisión de Contraloría presenta una revisión sobre un supuesto esquema de corrupción vinculado a los Comités de Abastecimientos (CLAP) donde se mencionan algunas empresas y personas relacionadas a las mismas. No queda claro si este reporte antes o después de la denuncia de Ortega Díaz.
  El documento, de 25 páginas, cita una comunicación firmada por la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, sobre la empresa Group Grand Limited donde se señala que dicha corporación está estrechamente vinculada con Nicolás Maduro Moros.

   En informe describe "el esquema de enmascaramiento de varias empresas vinculadas a la firma Group Grand Limited, cuyos propietarios son otras empresas de origen panameño como  Eolo Energies, Inc y Viladrake Internacional Inc".

    En el documento se asegura que la Comisión Permanente de Contraloría estaría realiando las respectivas diligencias en solicitud de información al respecto de estas “empresas” a las autoridades panameñas desde el mes de marzo de 2019.

    La empresa Group Grand Limited se encarga— entre otras firmas— de la venta de alimentos para el programa de los CLAP del gobierno de Nicolás Maduro Moros. "Son productos de procedencia mexicana para su importación y proceso de empaque", acotan.

  La mencionada empresa, Group Grand Limited está vinculada a un sujeto de nombreSantiago Uzcátegui Pinto, cédula de identidad V-17.341.620, dice el documento.

    Hay otras firmas que aparecen relacionadas en ese informe en particular, a saber: Mass Joy Industries LTD., Millon Rice, Mir Importation I Exportatio, FB Foods LLC, S.A., RMJ Inversiones Ramaja Limitada, Modexel Consultores E Servicios, S.A., Agrovarius, S.A., J&B International, Shining Capital Luck Fortune, Max Power Eneering LTD, Sirab Longistic, S.A., Porstar Intertrade Limited, Bamfaster Trading And Consulting LLC. y Agravius, S.A.

   Y varias personas ligadas a las firmas: Samark López Bello, Yousset Abou, Omar Abou, Juan Vicente Roversi, María Ojeda, Hernan Matheua, Rustinko Rodríguez, Esteban Correa, Jose Antonio Achram, Edmundo Rotondaro, Miguel González, Claudio Sira, Rafael Morales y Esteban Correa. 

  En la presentación se señala que "ciudadanos venezolanos, a través de empresas panameñas, adquieren empresas mexicanas con el objetivo de elaborar y envasar alimentos destinados al programa CLAP. Los alimentos en muchas ocasiones se encuentran en condiciones no aptas para el consumo humano".

  Destaca que "las empresas responsables de suministrar los alimentos al programa CLAP adquieren productos lácteos cuya presentación señala ser “Leche en Polvo” y cuyo valor monetario no llega a 0,90$ por kilo, la cual representa un escaso valor nutricional".         

 Esta bebida láctea que esta valorada en menos de 0,90$ por kilo, finalmente es adquirida por el programa CLAP en un costo que varía entre los 5$ y 7$ por kilo, lo que implica una ganancia aproximada de 777%.

 "En el mes de febrero de este año, resultados de pruebas efectuadas por el Instituto de Tecnología de la UCV, confirman que el producto no cumple con la normativa nacional “CONVENIN” para ser considerada como leche en polvo", agregan.

 Las marcas involucradas en la estafa de la Leche son: Rancho Nuevo, McLeche, Kosland, Suprema, KFMilk, VitalMilk, PureMilk, SoyMas.

  "Muchas de estas marcas de Leche no son comerciales en México, por lo que se sospecha que estas empresas fueron creadas por los mismos que manejan los CLAP, con accionistas, apoderados o directores colombianos y venezolanos, involucrados en el programa de alimentos" dice el informe.

  "El capital con el que se financia la compra de alimentos para el programa CLAP es solicitado al FONDEN, S.A. y está aumentando la deuda externa venezolana", añaden.


 "Se estima que mediante este sistema de corrupción se hayan malversado unos 5 mil millones $", dice el reporte.

Piden investigar a diputados que exoneraron a Saab y a Carlos Lizcano


  En una denuncia paralela, entregada a las autoridades de Estados Unidos, se solicita que se investigue a los diputados que participaron en la exoneración de Saab Morán en la Comisión de Contraloría de la AN. 

  Sostiene que hay supuestas evidencias que muestran que Carlos Liscano es presuntamente "el principal testaferro de Alex Saab y fue el encargado de convertir la Comisión Permanente de Contraloría y la sub comisión especial de investigación de la Asamblea Nacional en un bufete privado, en el que se entregó al presidente de la comisión, diputado Conrado Pérez la cantidad de 500 mil euros en efectivo que sirvieron a su vez para pagar a varios diputados la cantidad de 10 mil euros mensuales". 

 La denuncia asostiene que el diputado Adolfo Superlano supuestamente se habría "encargado de realizar varios informes que eximían de cualquier acto de corrupción a Carlos Lizcano y Alex Saab. Esta acción fue reforzada con varios viajes que realizaron los parlamentarios a Bulgaria, Suiza, Portugal e Italia en los que le solicitaron a reconocidas entidades bancarias la liberación inmediata del dinero bloqueado de ambos empresarios".

  Dice la denuncia que "el parlamentario Conrado Pérez fue (habría sido) el encargado de desaparecer todas las pruebas de la corrupción de los CLAP, incluyendo cuentas bancarias, exámenes de laboratorio, contratos de Corpove y otras denuncias que fueron realizadas en varias ocasiones por la Fiscal Luisa Ortega Díaz contra Alex Saab".

   La denuncia sostiene que supuestamente "la comisión designada para la investigación de la corrupción de los CLAP, elaboró un informe dirigido a la OFAC, Departamento del Tesoro certificando que el empresario colombiano, Carlos Lizcano no tenía ninguna investigación vigente en la comisión". ***No hay evidencias de esta información en el informe que está en poder de Venezuela Política, así como tampoco de los supuestos pagos en efectivo.

   En las evidencias presentadas en una denuncia ante las autoridades estadounidenses contra los diputados que actuaron en este caso de Saab Morán, se suministra una copia de los boletos de avión de un viaje realizado por los diputados Conrado Pérez y Richard Arteaga a París, Francia con el fin de realizar las diligencias pertinentes para la investigación sobre el caso de Alex Saab Morán. El viaje se realizó el 23 de abril de 2019 por la línea aérea Air France.
  Sostiene la denuncia que se debe hacer una investigación que "permita verificar si los diputados actuantes fueron cómplices del daño patrimonial que se le ocasionó a Venezuela".

   Asimismo, solicitan que "el presidente (e) Juan Guaidó nombre una comisión que investigue a los parlamentarios que se prestaron para los presuntos actos de corrupción y demuestren donde están las pruebas que contradicen las sanciones impuestas por el presidente Donald Trump hacia los corruptos que se beneficiaron con el hambre de los ciudadanos venezolanos”.

  Agrega la denuncia que el presidente (e) Juan Guaidó debe solicitar la destitución de estos diputados, investigarlos y solicitar la cooperación del gobierno de EEUU para actuar de manera inmediata y sancionar a los mencionados parlamentarios que se burlaron del presidente Guaidó y estafaron la nación".

   Sostienen que "para cometer delitos, usaron su investidura como diputados y miembros de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para defender y beneficiar a empresarios corruptos sancionados por legitimación de capitales y corrupción por el Departamento del Tesoro de los EE. UU.".

  La denuncia involucra a jerarcas de los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia. Se asegura que el mencionado grupo de diputados habría gestionado ante entes del gobierno de Donald Trump y de la Comunidad Europea la exoneración de empresarios que se han enriquecido a la sombra del Estado venezolano, y que han sido acusados y sancionados para que estos fueran sacados de las listas de sanciones.

Guaidó anuncia acciones contra "individualidades" del parlamento

A través de su cuenta Twitter @jguaido, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente (e) Juan Guaidó aseguró lo siguiente: “Todo el país debe conocer mi posición en torno a una serie de hechos de corrupción que involucra a varios miembros de la dictadura, algunas decepcionantes individualidades del Parlamento y claros intereses internacionales que financian este burdo plan”. Y agregó: "No permitiremos que la corrupción de nadie dañe lo que tanto ha costado construir. En horas de la tarde, cuando se normalice la situación del internet en Venezuela, daremos más información sobre el caso y las medidas que he decidido tomar. Información importante. Atentos”.

Guaidó agregó: “Además, anunciaré decisiones y medidas que van directamente contra quienes pretenden jugar con la confianza de nuestro pueblo”, precisó. "No permitiré que la corrupción ponga en riesgo “todo cuanto hemos sacrificado por recuperar la Libertad. Ni al régimen ni a un grupito de inmorales que quieren fracturar a los venezolanos. No vamos a tapar los delitos de nadie: olvídense de eso”.

Conrado Pérez niega todas las acusaciones 

   En un comunicado enviado por el diputado Conrado Pérez Linares titulado: "Lucha contra la corrupción en la AN es frontal y sin cortapisas", el parlamentario denunció que se ha desatado una campaña de descrédito contra la Comisión Permanente de Contraloría de la AN "interesada a nivel nacional e internacional para tratar de destruir, mal informar y vilipendiar, al único poder legítimo y democrático en Venezuela reconocido por el mundo entero".

   Pérez Linares quien habló en su condición de Presidente(e) de la Comisión Permanente de Contraloría, sostiene que su declaración tiene el aval de los diputados: Richard Arteaga, Chain Bucarán, José Brito y Adolfo Superlano.

 Pérez subrayó que "no vamos a sucumbir ante la presiones, influencias, chantajes y manipulaciones de quienes hoy, producto de nuestras investigaciones con elementos de convicción, están formalmente implicados en hechos de corrupción y desfalco a la nación, como este personaje nefasto y despreciado por todo el pueblo de Venezuela, quien es el rostro público de la corrupción,  identificado como Rafael Ramírez, junto  toda su estructura mediática, que es pagada con el dinero que se robó, para tratar de limpiar su falsa moral con una campaña direccionada dentro y fuera del país".

  Aseguró que "Ramírez y sus tarifados pretende lincharnos moralmente  con el propósito de desvirtuar las denuncias e investigaciones que hemos realizado contra él y su pandilla de ladrones".

  Pérez Linares dijo que "las decisiones legítimas están ajustadas a derecho de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional, el Reglamento Interior y de Debate y de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN".

  "Cada una de las actuaciones que hemos realizado han sido apegadas a derecho y ajustadas a la objetividad y rigurosidad que demanda la función parlamentaria", sostuvo.

   Comentó que "su función no está dirigida a cuidar privilegios de nadie, ni de grupos mafiosos, ni de sectores económicos, como tampoco nos prestaríamos a forjar elementos vinculantes donde no existieran para  inducir  fundamentos de prueba que asentaran una decisión". 

No hay carta de buena conducta a favor de Saab Morán

  En relación a la presunta carta de Buena Conducta otorgada al Ciudadano Alex Saab y remitida a la Fiscal Luisa Ortega Díaz, el parlamentario refirió que esa misiva no existe tal como lo corroboró dicha funcionaria en declaración pública. "Nosotros no otorgamos cartas de buena conducta, esa no es nuestra función, nosotros nos dedicamos a investigar y combatir la corrupción caiga quien caiga".

  En referencia a las conclusiones de la investigación sobre Saab Morán, dijo que que el mencionado ciudadano "no aparece en el registro de comercio de las empresas señaladas, según se comprueba en documento signado con la numeración 1871367 del registro de Hong Kong, por lo tanto, la Comisión no podía forjar pruebas para involucrar al mencionado ciudadano como accionista, socio o directivo de las mismas".

  Respecto a las presuntas empresas de maletín, Pérez Linares aseguró que "la investigación arroja que la misma cuenta con una sede física y operativa, con personal activo de obreros y empleados, con diversos proveedores y distintos productos de mercado, en consecuencia no es una empresa de maletín".

  Sobre el hecho de si es testaferro del presidente Nicolás Maduro, la investigación no pudo determinar el vínculo directo que acreditara esa cualidad, más allá de la sindicación pública, personal y familiar de que esté ciudadano ostenta una fortuna cuyos orígenes lícitos deben ser probados, pues no puede olvidarse que los delitos de corrupción son imprescriptibles.

Abiertos a una investigación

 El parlamentario dijo que "quienes tengan fundamentos y soportes de lo requeridos por esta Comisión para una investigación objetiva las puertas de esta instancia legislativa están abiertas, porque denuncias al boleo, de periódicos, radios y televisión solo para escandalizar y ganar tribuna, no pueden tener eco en nuestra actuación vertical, así que no pretendan que actuemos en forma irresponsable".

  Pérez Linares expresó que "no nos van a amilanar, no vamos a dejar de trabajar y luchar por combatir la corrupción, vamos a seguir dando lo mejor para garantizar el cambio que reclama Venezuela sin ceder frente a la canalla y el chantaje". 

"Quiero expresar en forma clara y contundente, mi disposición de someterme a cualquier averiguación de cualquier índole con el propósito de salvaguardar mi honestidad, mi transparencia y moral en el ejercicio de la función parlamentaria", dijo el diputado. 

Ortega Díaz niega haber recibido carta del diputado Pérez

  La Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, negó haber recibido una carta firmada por el diputado Conrado Pérez, presidente de la subcomisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, en la que se absuelve al empresario Alex Saab de su vinculación con la corrupción en la importación de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

  “(El documento) No ha llegado a mis manos. Si esa carta existe o salió de la AN, yo desconozco eso. Ya nosotros teníamos esa investigación (en contra de Alex Saab). Yo denuncié este caso (la corrupción en la importación de alimentos); si alguien tiene interés en que se esclarezca este hecho soy yo”, dijo en conversación exclusiva con El Pitazo, este jueves 28 de noviembre (1).

   En la nota de El Pitazo se destaca que a pesar que Ortega Díaz desestimó el documento, afirmó que cualquier postura similar a la expuesta en la supuesta carta significa un desprecio hacia los venezolanos. La fiscal cuestionó que Saab sea absuelto de las investigaciones, tal y como quedó por sentado en el documento presuntamente emanado del Poder Legislativo y que hizo público a través de su cuenta en Twitter el exministro de Petróleo Rafael Ramírez.

Freddy Superlano niega las acusaciones y pide investigación

  En una carta enviada al presidente (e) Juan Guaidó, el presidente de la Comisión de Contraloría de la AN, Freddy Superlano solicitó que se inicie una investigación desde la plenaria de la Asamblea Nacional "con participación de la prensa especializada y la sociedad civil, con el fin de determinar si alguno de los diputados miembros esta comisión, hemos incurrido en alguna irregularidad que comprometa la responsabilidad individual por el incumplimiento de las funciones como parlamentarios".

  Sustuvo que "en caso de que se determine que existan elementos suficientes, se expresen públicamente y los señalados asuman su responsabilidad". 

  Manifiesta que "en el caso en que no se determine ninguna irregularidad, se comunique públicamente, y quienes han hecho acusaciones generalizadas o infundadas asuman también su responsabilidad".

  Advierte que tiene la absoluta disposición para someterse al escrutinio público. "Soy el principal interesado en que exista transparencia absoluta sobra la gestión de la Comisión de Contraloría y que si existiese alguna irregularidad los responsables asuman lo que corresponda", acota.

  ***En la solicitud de investigación a autoridades estadounidenses aparecen fotografías de un grupo de parlamentarios a Europa. Venezuela Política ha intentado conversar (sin éxito) con los parlamentarios que aparecen en las fotografías para conocer sus comentarios sobre los señalamientos, una vez que se obtengan dichas declaraciones publicaremos las imágenes.

***Igualmente ha llegado a nuestras manos cartas de exoneración a otros empresarios de alimentos que han sido señalados de corrupción vinculados a la estafa del sistema de cambios preferencial (CADIVI). En ese caso hay otros diputados de la Comisión de Contraloría involucrados, pues las cartas de absolución fueron entregadas a los contratistas del régimen de Nicolás Maduro en 2016 y 2017. De hecho, algunas de esas cartas han sido usadas como escudo protector en Estados Unidos por los empresarios involucrados y como evidencia para probar su inocencia ante las autoridades y como argumento para recuperar sus visas canceladas por el gobierno del presidente Donald Trump. Una vez que concluyamos las investigaciones las publicaremos en este mismo portal.


Inclusión de Alex Saab en la OFAC y acusación federal

El 25 de julio de 2019 se reveló una acusación federal contra Alex Saab en el Distrito Sur de la Florida horas después de que la Oficina de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) sancionara al empresario colombiano junto a su socio Álvaro Pulido Vargas por cargos de corrupción vinculados a la explotación del programa de alimentos de Venezuela y la conversión de reservas de oro en divisas.

  "Alex Saab participó con el círculo de Maduro en una red de corrupción de amplia escala que usó insensiblemente para explotar la población hambrienta de Venezuela’’, dijo el Secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin.

  La designación de la OFAC incluyó a los hijastros de Maduro Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, a quienes Saab les enviaba dinero para obtener contratos con el gobierno venezolano, afirma el comunicado.

  La acusación en la Florida señala que a partir de 2011, Saab y Pulido se confabularon para lavar dinero producto de un esquema de sobornos entre bancos localizados en Venezuela y Estados Unidos.

  En el documento se afirma que Alex Saab obtuvo contratos relacionados con los Clap, sin licitación y privilegiados a través de figuras políticas venezolanas de alto rango a través de una red global de compañías fantasmas.




















PRONUNCIAMIENTO

Señala Conrado Pérez Linares: Lucha contra la corrupción en la AN es frontal y sin cortapisas

Como Miembro de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN, quiero denunciar ante la opinión pública del país y particularmente del Estado Trujillo, que en contra de ésta instancia parlamentaria se  ha desatado una campaña de descrédito interesada a nivel nacional e internacional para tratar de destruir, mal informar y vilipendiar, al único poder legítimo y democrático en Venezuela reconocido por el mundo entero.

El señalamiento lo hizo el Dip. Conrado Pérez Linares en su condición de Presidente(e) para el momento de la Comisión Permanente de Contraloría, quien precisó que su declaración tiene el aval de los Diputados: Richard Arteaga, Chain Bucaran, José Brito y Adolfo Superlano.

En lo que se refiere a nuestra actuación en éste Parlamento y desde ésta Comisión quiero subrayar que " no vamos a sucumbir ante la presiones, influencias, chantajes y manipulaciones de quienes hoy, producto de nuestras investigaciones con elementos de convicción,  están formalmente implicados en hechos de CORRUPCIÓN y desfalco a la nación, como este personaje nefasto y despreciado por todo el pueblo de Venezuela, quien es el rostro público de la corrupción,  identificado como RAFAEL RAMIREZ,  junto  toda su estructura mediática, que es pagada con el dinero que se robó, para tratar de limpiar su falsa moral con una campaña direccionada dentro y fuera del país".

Ramírez y sus tarifados - advirtió Pérez Linares - pretende lincharnos moralmente  con el propósito de desvirtuar las denuncias e investigaciones que hemos realizado contra él y su pandilla de ladrones.

 APEGADOS A DERECHO. 

-"Queremos manifestar que nuestras decisiones legitimas están ajustadas a derecho de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional, el Reglamento Interior y de Debate y de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN.
Cada una de las actuaciones que hemos realizado - afirmó el parlamentario - han sido apegadas a derecho y ajustadas a la objetividad y rigurosidad que demanda la función parlamentaria.
En tal sentido, ratificamos que nuestra función no está dirigida a cuidar privilegios de nadie, ni de grupos mafiosos, ni de sectores económicos, como tampoco nos prestaríamos a forjar elementos vinculantes donde no existieran para  inducir  fundamentos de prueba que asentaran una decisión. 

 NO HAY CARTA DE BUENA CONDUCTA 
En relacion a la presunta carta  de Buena Conducta otorgada al Ciudadano Alex Saab y remitida a la Fiscal Luisa Ortega Díaz, el parlamentario refirió que esa misiva no existe tal como lo corroboró dicha funcionaria en declaración pública. "Nosotros no otorgamos cartas de buena conducta, esa no es nuestra función, nosotros nos dedicamos a investigar y combatir la corrupción caiga quien caiga".

Consultado acerca de las conclusiones de la investigación respondió que el ciudadano en cuestión  objeto de la misma, no aparece en el registro de comercio de las empresas señaladas, según se comprueba en documento signado con la numeración 1871367 del registro de Hong Kong,
 por lo tanto, la Comisión no podía forjar pruebas para involucrar al mencionado ciudadano como accionista, socio o directivo de las mismas.

Respecto a las presuntas empresas de maletín, el parlamentario aseguró que la investigación arroja que la misma cuenta con una sede fisica y operativa, con personal activo de obreros y empleados, con diversos proveedores y distintos productos de mercado, en consecuencia no es una empresa de maletin.

Sobre el hecho de si es testaferro del presidente Nicolás Maduro, la investigación no pudo determinar el vínculo directo que acreditara esa cualidad, más allá de la sindicación pública, personal y familiar de que esté ciudadano ostenta una fortuna cuyos origenes licitos deben ser probados, pues no puede olvidarse que los delitos de corrupción son imprescriptibles.

ABIERTOS A CUALQUIER INVESTIGACIÓN

Ahora bien, quien tenga fundamentos y soportes de lo requeridos por está Comisión para una investigación objetiva las puertas de esta instancia legislativa están abiertas, porque denuncias al boleo, de periódicos, radios y televisión solo para escandalizar y ganar tribuna, no pueden tener eco en nuestra actuación vertical, así que no pretendan que actuemos en forma irresponsable.

Pérez Linares expresó que "no nos van a amilanar, no vamos a dejar de trabajar y luchar por combatir la corrupción, vamos a seguir dando lo mejor para garantizar el cambio que reclama Venezuela sin ceder frente a la canalla y el chanteje". Quiero expresar en forma clara y contundente, mi disposición de someterme a cualquier averiguación de cualquier índole con el propósito de salvaguardar mi honestidad, mi transparencia y moral en el ejercicio de la función parlamentaria, dijo para finalizar Conrado Pérez Linares