El Juez Robert Scola notificó a las partes del caso por delitos de lavado de dinero de Álex Saab Morán que el personal informático del juzgado estará en la sala 12-3 el 9 de diciembre de 2022 a las 2PM para realizar pruebas de conectividad en anticipación de la audiencia probatoria que se realizará desde la Embajada de Suiza en Venezuela y que permitirá que los testigos de la defensa expliquen que el acusado es, supuestamente, diplomático.
El la orden del tribunal, se señala que tanto la defensa como la fiscalía pueden usar la sala del tribunal durante este tiempo para probar sus propios equipo y el de sus contrapartes en los lugares desde los cuales se espera testimonio.
El personal informático de la Corte utilizará la sala de reuniones Zoom para realizar su prueba. En el mismo comunicado, se informa que, de conformidad con las reglas de la Corte, los no abogados (por ejemplo, los asistentes legales y testigos) sólo pueden traer equipos electrónicos a la sala del tribunal con un Mandato judicial.
El juez Scola aprobó la petición de Álex Saab de permitir el testimonio por videoconferencia de los testigos de la defensa ubicados en Venezuela. Al hacerlo, la Corte ordenó a las partes reunirse y consultar la logística que se usará para ese procedimiento fuera de país. Inicialmente, Saab había propuesto que los testigos testificaran por Zoom desde el Hotel Cayena de Caracas, porque en esa localidad hay buen servicio de internet pero luego se informó que lo habían desde la Embajada de Suiza en Venezuela.
Un gobierno reconocido por EE. UU.
En un informe conjunto de la defensa y la fiscalía, se informó que el acusado informó que por nota diplomática al Ministerio del Pueblo de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, la Embajada de Suiza confirmado que está dispuesta a ofrecer las instalaciones de la Misión Suiza en Caracas.
Los fiscales se opusieron inicialmente al testimonio por Zoom desde Venezuela pero, en vista que los testimonios han sido autorizados, no se negaron al uso de las instalaciones suizas en Caracas, o de las instalaciones diplomáticas de otro tercer país.
Saab también obtuvo confirmación por escrito del Fiscal General de Venezuela, Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza. En dicha notificación se señala que la ley venezolana no prohíbe a los testigos prestar testimonio en procesos penales extranjeros, a través de tecnología de vídeo, desde dentro de Venezuela.
Las partes acordaron que el testimonio por videoconferencia debe realizarse a través de la sistema seguro Zoom.gov. de los Estados Unidos e informaron que coordinarán con el personal del Tribunal para organizar la logística.
Igualmente, Saab propuso que el personal de la corte de EE. UU. juramentara a los testigos, pero la Corte señaló que en su experiencia previa, es preferible que la juramentación la haga alguien en el lugar (Caracas) que esté autorizado para administrar un juramento bajo las leyes de ese estado o país
"La defensa está de acuerdo con la propuesta del Tribunal y está dispuesto a identificar a una persona física autorizada, conforme a las leyes venezolanas, para tomar el juramento y verificar la identidad de los testigos", dice el informe.
En el período entre la entrega del Informe de Estado Conjunto y la Audiencia, la defensa de Saab anticipó que habrá conversaciones adicionales con la Embajada de Suiza sobre logística, tecnología y requisitos de las autoridades suizas, por lo que se presentará información adicional sobre el tema.
Los fiscales recordaron que Estados Unidos no reconoce al Gobierno de la administración Maduro como el gobierno de Venezuela. Esto incluye al individuo antes mencionado, por ello, la Fiscalía estadounidense sugirió que para que los testimonios ocurran en la Embajada de Suiza, el juramento local debe hacerse de conformidad con la ley suiza, no la ley venezolana, porque la embajada es "suelo suizo".
Las partes seguirán consultando sobre los detalles del juramento prestado in situ en Caracas Asimismo, los fiscales federales advierten que prefieren que los testigos también sean juramentados por el personal judicial de los EE. UU.
La Fiscalía no se opone a la administración de un juramento local, pero ha planteado que si así se hiciere, los testigos deben ser además juramentados por por EE. UU.; y cualquier juramento local potencialmente debería hacerse de conformidad con la ley suiza, no la ley venezolana, porque la embajada está técnicamente en suelo suizo.
En el informe se acuerda que durante el testimonio de cada testigo, las únicas personas que estarán presentes son el propio testigo y una persona neutral adicional, preferiblemente de la embajada o consulado en el que se toma el testimonio, quien asistirá con las cámaras y cualquier otros problemas tecnológicos que puedan surgir.
La defensa y la fiscalía acordaron que habrá una cámara en la sala, enfocada en el testigo y que antes del inicio del testimonio de cada testigo, una persona neutral utilizará la cámara para escanear toda la habitación y establecer que no hay nadie más presente y/o confirmar verbalmente que no hay nadie más presente.
Las partes llegaron a un acuerdo que establece que antes de tomar el testimonio, se verificará la identidad de cada testigo a través de una identificación emitida por el gobierno. Esta identificación se mostrará sobre la cámara y verificado por la persona que administra los juramentos de los testigos.
Se utilizará además el servicio de interpretación del Tribunal, con el intérprete que se conectará de forma remota, en consonancia con la práctica anterior del Tribunal de utilizar videoconferencias y interpretación. Asimismo se usará el taquígrafo judicial típico del Tribunal, presente en la Sala de la Corte en Miami.
Las partes acuerdan que los Anexos se mostrarán a los testigos mediante la videoconferencia función de pantalla compartida, y copias impresas también estarán disponibles en la sala del tribunal para su examen por la Corte, el personal y el defensa.
Alex Saab ha pedido en varias mociones al tribunal que le otorgue que desestime la acusación en su contra por delitos de lavado de dinero porque goza de inmunidad diplomática, y que fue ilegalmente “secuestrado” cuando se trasladaba a Irán para cumplir una misión diplomática.
Según los alegatos de la defensa, Estados Unidos sabía que Álex Saab era un diplomático de Venezuela cuando fue arrestado en Cabo Verde, para lo cual presentó una serie de documentos que incluyen cartas enviadas por Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez a las autoridades del régimen de Irán, copia de las supuestas gestiones.
Los fiscales acusan a Saab Morán de haber lavado unos 350 millones de dólares que obtuvo a través del pago de sobornos a funcionarios venezolanos a cambio de contratos para la construcción de viviendas para los pobres de Venezuela.
Según la defensa, Estados Unidos y la Interpol tenía conocimiento que Saab tenía inmunidad diplomática, por lo que han pedido desde su arresto desestimar la acusación por ser improcedente.
La fiscalía estadounidense niega el conocimiento y reconocimiento del estatus de diplomático de Saab.
De ser declarado culpable podría enfrentar una condena máxima de hasta 20 años de prisión.
Quien es considerado testaferro de Nicolás Maduro, busca hacerse de una serie de documentos del Departamento de Estado que, a su juicio, comprobarían las supuestas funciones diplomáticas del colombiano en el régimen venezolano.
Por Maibort Petit
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida ratificó una orden anterior en la que concedió en parte a Álex Saab, así como denegó otra parte, para que se produjeran una serie de materiales del descubrimiento que la defensa del empresario colombiano asegura que comprobarían la misión diplomática que supuestamente cumplía el demandado cuando fue arrestado en Cabo Verde. Se trata de Documentos del Departamento de Estado que la Corte determinó no son parte activa del proceso judicial.
Los abogados de Saab sostienen que se trata de nuevas evidencias que no estuvieron a la disposición del acusado ni del tribunal cuando se emitió la anterior decisión y, por tanto, esta debía ser reconsiderada.
La moción
El 13 de octubre de 2022, Lindy K. Keown, de la firma Baker & Hostetler LLP, en representación de Álex Naim Saab Morán, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, una moción limitada a objeto de solicitar la reconsideración de la orden emitida por la Corte el 15 de septiembre del presente 2022 en la que concedió en parte, igualmente, y denegó en parte, la petición del demandado para obligar a la producción del descubrimiento. El pedido de Saab, en esta ocasión, se limita a la revisión de la parte relativa al Departamento de Estado.
El pedido original de Saab fue presentado ante el tribunal el 25 de agosto de 2022, cuando requirió a través de una moción, obligar a la producción de evidencias al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado. Procuraba el demandado hacerse de siete categorías de documentos, entre estos, los relacionados son su supuesto “servicio como enviado especial u otra función diplomática en nombre de Venezuela; su papel en las actividades de Estado a Estado con Irán”; así como aquellos en los que se presuntamente se produjo un “conocimiento por parte del personal del gobierno de los EE. UU. del estatus diplomático” de Saab.
Posteriormente el 15 de septiembre de 2022, tuvo lugar la decisión del tribunal que concedió en parte y denegó también en parte la moción, como referimos líneas arriba.
La representación de Saab apunta que esta nueva moción de reconsideración es limitada, pues está dirigida únicamente a aquellas partes que niegan las solicitudes que tienen que ver con el Departamento de Estado, en virtud de que, de acuerdo a la defensa, han aparecido nuevas pruebas que respaldan la moción anterior del acusado. Por ello es necesaria la reconsideración, pues no habrían sido consideradas por la Corte anteriormente.
Departamento de Estado como testigo del gobierno
Cuando el tribunal negó anteriormente la moción en parte, lo hizo al determinar que el Departamento de Estado no formaba parte del equipo de acusación y, de acuerdo al criterio de los abogados de Álex Saab, el tribunal no tomó en cuenta para su decisión el argumento del acusado en el que indicó que el gobierno las había presentado aparentemente con la intención de sustentarse en ciertas declaraciones proporcionadas por el Departamento de Estado en la audiencia próxima para contrarrestar lo esgrimido por el demandado.
Se trata de una certificación del Departamento de Estado en la que “la Oficina de Misiones Extranjeras [refiere que] no tiene conocimiento de una base para que Alex Nain Saab Morán disfrute de inmunidad penal” o jurisdicción civil de los Estados Unidos”. Al presumir que el gobierno presentará al Departamento de Estado como testigo sobre el asunto de la inmunidad diplomática, la defensa reclama conocer las pruebas correspondientes.
La decisión de la Corte que otorgó en parte la moción previa de Saab ordenó al DOJ a presentar las los materiales sin clasificar en posesión y custodia del equipo de acusación antes del 18 de octubre de 2022. En razón de que la fiscalía se comprometió el 23 de septiembre a adelantar la entrega antes del 10 de octubre y para el 12 de dicho mes aún no presentaba ningún documento estatal y sólo entregó 17 versiones redactadas de los papeles, procedió a presentar la moción de reconsideración.
Los papeles reclamados
La defensa hace referencia a algunos de que entre los documentos que reclama, se encuentran los que supone serán pruebas de juicio político relacionadas con la declaración del Departamento de Estado.
Entre estos papeles están unas comunicaciones entre altos funcionarios del Departamento de Estado y el de Justicia, en los que se toca el tema de los reclamos la inmunidad de Saab.
Uno de los correos entre el Representante Especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, con el Fiscal General, Bruce Abrams, fechado el 14 de junio de 2020, refiere que el para le fecha Secretario de Estado, Mike Pompeo, habla de los varios pasaportes del acusado y en particular el venezolano, el cual era un pasaporte de inmersión, el cual fue emitido en una fecha en que el gobierno de los Estados Unidos no reconocía a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, sino a Juan Guaidó.
Pompeo planteaba la posibilidad de argumentar la ilicitud del documento, toda vez que había sido emitido por delincuentes y no por el presidente Guaidó.
Asimismo, Mike Pompeo alertaba que Álex Saab no se encontraba ninguna misión diplomática, sino que probablemente había estado involucrado en una misión diseñada para violar las sanciones de la ONU contra Irán.
La defensa argumentó en la moción que, en los correos producidos por el gobierno obtenidos de los custodios del Departamento de Justicia, no se incluye correspondencia con personas del Departamento de Estado. En tal sentido, los abogados de Saab creen que es por ello que se justifica la Orden por parte del tribunal, a objeto de que ordene una búsqueda minuciosa y la pronta producción de los citados documentos.
Otro correo reclamado por Saab es uno dirigido a Abrams, el cual fue enviado en fecha anterior a la detención de Saab en Cabo Verde. Lo remitía Brian Hook, Representante Especial del Departamento de Estado para Irán, con copia a Matt McInnis, Representante Especial Adjunto para Irán.
El mensaje versaba sobre la intermediación en virtud del interés de Pompeo en discutir sobre Álex Saab, quien para entonces negociaba acuerdos entre Irán y Venezuela.
Refiere Saab en su moción de reconsideración que evidentemente EE. UU. “estaba trabajando de cerca en el enjuiciamiento del Sr. Saab y que había conocimiento de misiones diplomáticas anteriores como el Enviado Especial”.
Asimismo, la moción reclama un correo fechado el 16 de diciembre de 2020, entre un reportero del New York Times y el oficial de prensa del Departamento de Estado, Daniel Binder, el cual versaba sobre un contacto que se establecería entre el periodista y Abrams para, extraoficialmente, darle detalles sobre “los antecedentes de Saab y su papel en la organización de Maduro”.
Se advirtió en el correo que “Abrams está MUY consciente de las preocupaciones del DOJ e intentará no discutir el caso”.
Para la defensa, la aparición de nuevas pruebas que no estaban disponibles en el momento en que se emitió la orden que ahora se buscaba modificar, justificaba la reconsideración de la decisión por parte del Tribunal.
Sostiene la defensa que el Departamento de Estado es un participante activo de este proceso contra Saab y, por tanto, debe obligarse a presentarlas.
Con el objetivo de proteger 'la salvaguardias y logística necesarias para asegurar la integridad del testimonio' de los testigos propuestos por Álex Saab Morán, acusado de delitos de lavado de dinero y de ser el supuesto testaferro de Nicolás Maduro, la Embajada de Suiza autorizó que las testificaciones se realicen en la Misión suiza en Caracas. Saab busca probar que gozaba de Inmunidad Diplomática cuando fue arrestado en Cabo Verde en junio de 2020 y que, por ende, no puede ser juzgado por la justicia ordinaria de los Estados Unidos.
El tribunal del Distrito Sur de la Florida determinó que la defensa y la fiscalía debía presentar un informe detallado sobre las nueve salvaguardias y consideraciones logísticas planteadas en el informe de la moción de Saab para los argumentos orales de sus testigos, que fue concedida por la corte al acusado.
Saab pidió al tribunal permitir el testimonio por videoconferencia de los testigos de la defensa ubicados en Venezuela. Al hacerlo, la Corte ordenó a las partes reunirse y consultar la logística que se usará para ese procedimiento fuera de país. Inicialmente, Saab había propuesto que los testigos testificaran por Zoom desde el Hotel Cayena de Caracas, porque en esa localidad hay buen servicio de internet.
Un gobierno reconocido por EE. UU.
En un informe conjunto de la defensa y la fiscalía, se informa que el acusado informó que por nota diplomática al Ministerio del Pueblo de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, la Embajada de Suiza confirmado que está dispuesta a ofrecer las instalaciones de la Misión Suiza en Caracas, probablemente la Residencia de Embajadores, como sede de la testimonio.
Los fiscales se oponen al testimonio por Zoom desde Venezuela pero, en vista que los testimonios han sido autorizados, no se oponen al uso de las instalaciones suizas en Caracas, o de las instalaciones diplomáticas de otro tercer país.
Saab también obtuvo confirmación por escrito del Fiscal General de Venezuela, Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza. En dicha notificación se señala que la ley venezolana no prohíbe a los testigos prestar testimonio en procesos penales extranjeros, a través de tecnología de vídeo, desde dentro de Venezuela.
Las partes acordaron que el testimonio por videoconferencia debe realizarse a través de la sistema seguro Zoom.gov. de los Estados Unidos e informaron que coordinarán con el personal del Tribunal para organizar la logística.
Igualmente, Saab propuso que el personal de la corte de EE. UU. juramentara a los testigos, pero la Corte señaló que en su experiencia previa, es preferible que la juramentación la haga alguien en el lugar (Caracas) que esté autorizado para administrar un juramento bajo las leyes de ese estado o país
"La defensa está de acuerdo con la propuesta del Tribunal y está dispuesto a identificar a una persona física autorizada, conforme a las leyes venezolanas, para tomar el juramento y verificar la identidad de los testigos", dice el informe.
En el período entre la entrega del Informe de Estado Conjunto y la Audiencia, la defensa de Saab anticipó que habrá conversaciones adicionales con la Embajada de Suiza sobre logística, tecnología y requisitos de las autoridades suizas, por lo que se presentará información adicional sobre el tema.
Los fiscales recordaron que Estados Unidos no reconoce al Gobierno de la administración Maduro como el gobierno de Venezuela. Esto incluye al individuo antes mencionado, por ello, la Fiscalía estadounidense sugirió que para que los testimonios ocurran en la Embajada de Suiza, el juramento local debe hacerse de conformidad con la ley suiza, no la ley venezolana, porque la embajada es "suelo suizo".
Las partes seguirán consultando sobre los detalles del juramento prestado in situ en Caracas.
Asimismo, los fiscales federales advierten que prefieren que los testigos también sean juramentados por el personal judicial de los EE. UU.
La Fiscalía no se opone a la administración de un juramento local, pero ha planteado que si así se hiciere, los testigos deben ser además juramentados por por EE. UU.; y cualquier juramento local potencialmente debería hacerse de conformidad con la ley suiza, no la ley venezolana, porque la embajada está técnicamente en suelo suizo.
En el informe se acuerda que durante el testimonio de cada testigo, las únicas personas que estarán presentes son el propio testigo y una persona neutral adicional, preferiblemente de la embajada o consulado en el que se toma el testimonio, quien asistirá con las cámaras y cualquier otros problemas tecnológicos que puedan surgir.
La defensa y la fiscalía acordaron que habrá una cámara en la sala, enfocada en el testigo y que antes del inicio del testimonio de cada testigo, una persona neutral utilizará la cámara para escanear toda la habitación y establecer que no hay nadie más presente y/o confirmar verbalmente que no hay nadie más presente.
Las partes llegaron a un acuerdo que establece que antes de tomar el testimonio, se verificará la identidad de cada testigo a través de una identificación emitida por el gobierno. Esta identificación se mostrará sobre la cámara y verificado por la persona que administra los juramentos de los testigos.
Se utilizará además el servicio de interpretación del Tribunal, con el intérprete que se conectará de forma remota, en consonancia con la práctica anterior del Tribunal de utilizar videoconferencias y interpretación. Asimismo se usará el taquígrafo judicial típico del Tribunal, presente en la Sala de la Corte en Miami.
Las partes acuerdan que los Anexos se mostrarán a los testigos mediante la videoconferencia función de pantalla compartida, y copias impresas también estarán disponibles en la sala del tribunal para su examen por la Corte, el personal y el defensa.
Alex Saab ha pedido en varias mociones al tribunal que le otorgue que desestime la acusación en su contra por delitos de lavado de dinero porque goza de inmunidad diplomática, y que fue ilegalmente “secuestrado” cuando se trasladaba a Irán para cumplir una misión diplomática.
Según los alegatos de la defensa, Estados Unidos sabía que Álex Saab era un diplomático de Venezuela cuando fue arrestado en Cabo Verde, para lo cual presentó una serie de documentos que incluyen cartas enviadas por Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez a las autoridades del régimen de Irán, copia de las supuestas gestiones.
Los fiscales acusan a Saab Morán de haber lavado unos 350 millones de dólares que obtuvo a través del pago de sobornos a funcionarios venezolanos a cambio de contratos para la construcción de viviendas para los pobres de Venezuela.
Según la defensa, Estados Unidos y la Interpol tenía conocimiento que Saab tenía inmunidad diplomática, por lo que han pedido desde su arresto desestimar la acusación por ser improcedente.
La fiscalía estadounidense niega el conocimiento y reconocimiento del estatus de diplomático de Saab.
De ser declarado culpable podría enfrentar una condena máxima de hasta 20 años de prisión.
El juez de la causa concedió que la defensa del empresario colombiano acceda solamente a los papeles directamente relacionados con la acusación, más no con la extradición.
Por Maibort Petit
A medias, concedió Roberto N. Scola, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida, la moción que ante esa instancia judicial presentó Alex Nain Saab Morán, tenido por testaferro de Nicolás Maduro, para exigir a la fiscalía la producción de materiales de descubrimiento provenientes del Departamentos de Defensa, Justicia, Estado y Tesoro que el gobierno se muestra renuente a entregar al empresario colombiano acusado de la comisión de delitos de lavado de dinero.
Saab Morán viene bregando ante las cortes de los EE. UU., luego de haber lo insistido una y otra vez ante las autoridades de Cabo Verde para evitar su extradición a territorio estadounidense, en que, por una supuesta condición de diplomático del gobierno de Venezuela que mantiene, posee inmunidad y, por tanto, no podía ser apresado ni ser procesado judicialmente. Tales alegatos llevaron a que por 16 meses se moviera en tribunales de todas las instancias en el país africano y ahora, en los Estados Unidos, tanto en el tribunal de distrito que lleva el caso, como en la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de Atlanta, instancia esta última que determinó que debía ser el juez de la causa quien dilucide finalmente este asunto.
La cita para ello fue postergada ahora para diciembre en virtud de las múltiples diligencias que las partes han llevado a cabo, las cuales han causado demoras en cada una de las etapas del proceso. La defensa de Saab insiste en la existencia de documentos que, de acuerdo a su visión, prueban la condición de diplomático de Álex Saab, al tiempo que precisa que tales papeles están en manos de agencias del gobierno que la fiscalía debe entregar.
La documentación permitiría a los abogados del empresario presentar el recurso de sobreseimiento de la acusación, donde exponga sus argumentos con relación a la inmunidad diplomática que supuestamente detenta su cliente. Es en este contexto que Saab Morán quiere obligar al gobierno a producir los materiales que están en poder de varias agencias federales.
Lo que pide Saab
La defensa de Álex Saab pidió al juez Scola que obligue a la fiscalía a producir documentos en poder de los Departamentos de Defensa, Justicia, Estado y Tesoro.
Entre estos papeles estaría información de la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA), así como de la División de Seguridad Nacional (NSD), de la Agencia de Control de Drogas (DEA), y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Del mismo modo, los abogados quieren hacerse de documentos de la Patrulla de Aduanas y Fronteras (CBP), de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Guardia Costera de EE. UU.
Todos estos papeles que comprenden correos electrónicos, textos, comunicaciones electrónicas, notas, cables diplomáticos, informes, memorandos y otros documentos, servirían para establecer que Álex Saab fungía como enviado especial del régimen de Nicolás Maduro para la gestión humanitaria en favor de Venezuela.
Lo que ha entregado el gobierno
Para la fiscalía, todas las exigencias de Álex Saab y sus abogados no son más que una táctica dilatoria.
El 15 de julio de 2022, antes de que la defensa presentara la moción para obligar, el gobierno se comprometió a producir material no clasificado en manos del Departamento de Justicia para el 15 de agosto del año en curso. Se comprometió asimismo a hacer todos sus esfuerzos para que conseguir los documentos de la OIA y del Departamento de Estado. Diligencias que el gobierno manifiesta hacer de buena fe, puesto que nada lo obliga a ello, toda vez que a su criterio, Saab Morán no es diplomático y no tiene derecho a los materiales que busca obtener.
Además, sostiene que solamente está obligado a producir materiales que estén en posesión, custodia y control del “equipo de la fiscalía”. Una posición diametralmente opuesta a la de la defensa, la cual argumenta que tiene derecho al material en poder de “cualquier agencia o departamento que desempeñó un papel en la investigación o el enjuiciamiento” en el caso, las cuales en su mayoría tienen que ver con su extradición.
La decisión de Scola
En su decisión el juez Scola refiere que Álex Saab, acusado de lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero, no presenta nada en su expediente que sugiera que el Departamento de Estado y la OIA tuvieran que ver en la la investigación que llevó a imputarlo.
Tal situación se repite —advierte el magistrado— respecto a la NSD, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Defensa y la Guardia Costera de los estados Unidos.
Por tales razones, el Tribunal negó la solicitud del acusado con relación a la documentación que exige de parte de los Departamentos de Defensa, Estado y Tesoro, la OIA, la NSD, así como de la CIA y la Guardia Costera de EE. UU.
El magistrado Scola, sin embargo, dado que la propia fiscalía admite que la DEA, FBI, HSI e ICE estuvieron involucradas en la investigación y formaban parte de su “equipo de enjuiciamiento”, decidió conceder a Álex Saab su solicitud respecto a dichas agencias federales.
Se advierte en la decisión que el mandato aplica en tanto las agencias y/o subdivisiones hayan colaborado en la investigación que llevó a la formulación de la acusación, más no respecto a los esfuerzos que hayan realizado para procurar la extradición de Álex Saab.
De este modo, la fiscalía deberá entregar inmediatamente los materiales que tienen que ver con el resumen de información contenido en la carta del 15 de agosto de 2022; y a antes del 18 de octubre de 2022, los materiales en manos de la DEA, el FBI, HSI e ICE.
Las conclusiones de la investigación desarrollada por una Comisión de la Asamblea Nacional del Ecuador determinaron que el sistema de compensación creado por Hugo Chávez y Rafael Correa únicamente fue un mecanismo defraudación.
Por Maibort Petit
Paradójicamente el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos Sucre, creado por los gobiernos socialistas de Hugo Chávez y Rafael Correa para combatir la hegemonía del dólar del tan aborrecible para ellos imperio de los Estados Unidos, encontró en la propia moneda el atractivo para poner en funcionamiento dicho sistema de pago y llevar a cabo el gran cúmulo de irregularidades y corruptelas que la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador ha evidenciado en una investigación cuyos resultados están contenidos en un informe publicado el 13 de diciembre de 2021. Y es que, para los artífices de su instrumentación, las operaciones únicamente tenían atractivo si se llevaban a cabo con la moneda estadounidense que circula en el sistema financiero ecuatoriano.
Así lo refiere el ente parlamentario en las conclusiones del informe final de la investigación que establece que las presuntas irregularidades que pudiesen haberse cometido en las diferentes modalidades de comercio exterior entre Ecuador y Venezuela, bajo el sistema Sucre, “se tornaron atractivas por el uso de una moneda sólida como es el dólar, la misma que es de curso legal en nuestro país”.
Se determinó, igualmente, que la mayor parte de las operaciones de exportación de productos desde Ecuador hacia Venezuela, estaban sobrevaloradas y, en su mayoría, eran ficticias. Se comprobó que, por todas las transacciones comerciales internacionales, ya habían mediado los valores compensatorios que, sin lugar a dudas, eran los dólares que circulaban en el sistema financiero ecuatoriano. El propio subdirector del Servicio de Rentas Internas del Ecuador así lo reconoció en su comparecencia ante la comisión parlamentaria.
En pocas palabras, el enemigo a combatir se convirtió en la razón de su implementación a través de una trama de corrupción que involucró la creación de empresas de maletín detrás de las cuales estaría quien es señalado de ser el supuesto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab —actualmente en proceso judicial en una corte de la Florida por lavado de dinero— y su socio, Álvaro Pulido.
Todo deja ver que se constituyeron empresas en Venezuela exclusivamente para importar desde Venezuela a través del Fondo Global de Construcción (Foglocons). De nada importó que las compañías involucradas carecieran de la experiencia y credenciales necesarias para llevar a cabo las tareas para las que se les contrató.
Señala informe que las compañías no tenían siquiera “antecedentes mínimos en el comercio exterior y peor aún en el uso y manejo de recursos económicos que sustenten la viabilidad financiera de tales actividades. La empresa Thermo Group, tiene como objeto social, comercializar productos para cabello; y, la empresa ELM Import, carecía de experiencia en temas de construcción”.
Refiere el informe parlamentario que el mayor volumen de requerimientos de materiales-órdenes de importación tuvieron como origen Venezuela, a través de la compañía ELM Import. Se trataba de órdenes de compra de materiales para la construcción de casas prefabricadas destinadas a las clases más necesitadas en Venezuela. El gobierno venezolano suscribió para ello un contrato con la citada empresa cuyo representante legal es Héctor David Sirit Rodríguez, quien también firmó el contrato para construir 5.600 viviendas multifamiliares. El precio del contrato fueron USD 435 millones.
Acota el informe que el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, solicitó el 28 de febrero de 2013 al Superintendente Nacional Aduanero y Tributario (SENIAT) de Venezuela, José David Cabello Rondón, información detallada de todas las importaciones realizadas por ELM Import, Thermo Group C.A. y cualquier otra compañía que hubiera declarado como proveedor extranjero a la empresa ecuatoriana Fondo Global de Construcciones (Foglocons) entre octubre de 2012 a la fecha de la solicitud, sin que se haya atendido la solicitud por el funcionario venezolano.
Destaca el informe de la comisión de la AN del Ecuador el conocimiento público que se tiene de que las referidas ELM Import y Thermo Group C.A. tienen vínculos con el señor Álex Naim Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas. Asimismo, de que José David Cabello Rondón, quien dirigía y controlaba las importaciones y exportaciones en Venezuela, es hermano de Diosdado Cabello, uno de los funcionarios más poderosos del régimen chavista.
No escapó a la comisión parlamentaria la responsabilidad que también tenía, por su reincidente accionar de carácter omisivo, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), cuyos funcionarios pudieran tener responsabilidades administrativas y/o presuntamente penales, por el posible incumplimiento en sus funciones.
Otra irregularidad detectada fue el hecho de que varias empresas domiciliadas en España, Colombia, Holanda, Estados Unidos, los cuales no eran estados miembros y/o beneficiarios del Sistema Sucre y, sin embargo, “se les permitió favorecerse de dichos mecanismos con la anuencia de las autoridades aduaneras ecuatorianas, presumiéndose la participación de estos funcionarios dentro de una organización delictiva”.
Apunta el informe que, presumiblemente, se habría querido ocultar deliberadamente la presencia o participación de Foglocons de Venezuela, cuando en determinados actos de comercio exterior entre Ecuador y Venezuela, se encontraban etiquetadas de la empresa, a pesar de tener otro destino que era la Red de Abastos Bicentenario S.A.
Para los parlamentarios es evidente que funcionarios del SENAE buscaban ocultar, disimular o impedir la determinación real de la naturaleza o procedencia de los bienes objeto de las exportaciones y su destino.
Las relaciones de Saab y Pulido con el régimen venezolano
Las conclusiones del informe parlamentario sobre el Sistema Sucre refieren que es público y notorio el vínculo existente entre Álex Saab Morán y el gobierno venezolano.
Una relación que, incluso, tenía carácter legal y formal, en razón del contrato suscrito entre la administración de Hugo Chávez y el empresario colombiano para la construcción de unidades habitacionales para el programa gubernamental “Gran Misión Vivienda”.
Las empresas de papel
La investigación desarrollada por la comisión determinó que se habría conformado una estructura jerárquicamente organizada que constituyó “aproximadamente 308 empresas, muchas de las cuales, prestaron sus nombres tanto para ordenar pedidos de materiales de construcción de viviendas y otros productos, como para exportarlos desde los países de origen requeridos, como es en el presente caso entre Venezuela y Ecuador respectivamente”.
Remitiéndose a una información del Diario El Comercio a través de YouTube[1], indican que el representante legal de Foglocons en Colombia, era Álex Naim Saab Morán, quien suscribió de manera pública dicho convenio con el ministro de Industria de Venezuela, Ricardo Menéndez, ante la presencia del finado Hugo Chávez Frías, del expresidente de Colombia Juan Manuel Santos; y, del entonces canciller venezolano, Nicolás Maduro Moro, el día 28 de noviembre de 2011. Dicha empresa se había conformado apenas cuatro días antes de la firma del contrato, por lo que se le estaba asignando la responsabilidad a una compañía recién creada, sin ninguna experiencia en el campo de la construcción y sin el historial financiero necesario para llevar a cabo un multimillonario proyecto social de vivienda.
Deja sentado el informe que es evidente que la única intención de un convenio binacional entre Venezuela y Colombia, país este último que no integra el Sistema Sucre, solamente tenía por objetivo, “integrar al esquema preconcebido, a la empresa Foglocons, y a sus dos principales operadores, también de nacionalidad colombiana: Álex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, quienes liderarían las actividades desde Venezuela”.
Entretanto, Fondo Global de Construcción-Foglocons (Ecuador), fue constituida el 19 de septiembre de 2012, ante la Notaria Trigésima Séptima encargada del cantón Guayaquil dirigida por Wendy María Vera Ríos. Los socios propietarios de esta persona jurídica eran Álvaro Enrique Pulido Vargas y Luis Eduardo Sánchez Yánez.
Este último compareció ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador durante la fase investigativa. Esto ocurrió el 10 de noviembre de 2021, cuando Sánchez Yánez manifestó que conoció a Pulido Vargas en agosto de 2011, durante una reunión social en la que conversaron sobre el proyecto “Misión Vivienda” en el que Álex Naim Saab Morán, firmó el convenio antes mencionado. En aquel entonces, Nicolás Maduro fungía como canciller venezolano. Dijo que, en enero de 2012, se reunió con Álvaro Pulido Vargas en Venezuela, en donde conversaron respecto de su contratación, y reconoce la existencia de la empresa Foglocons.
Luis Sánchez Yánez informó a la comisión que Foglocons operaba en Venezuela, Colombia y Ecuador, constituyéndose un holding de empresas, “una estructura corporativa o un velo desde Malta, con empresas españolas, para que a futuro absorbieran las acciones de las compañías anteriormente referidas. Por información de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se desprende que los accionistas de Foglocons actuales, son de origen español y se denominan: Fondo Global Petrolero SL; y, Grupo FGDC Latinoamericana Sociedad Limitada, “tomando en consideración que los socios de las referidas empresas españolas, son los mismos integrantes del paquete accionario en ambas personas jurídicas”.
Sánchez Yánez confirmó su sociedad con Álvaro Pulido Vargas y que además conoció a Álex Saab Morán, como parte del proceso de constitución del holding empresarial que tenía sucursales en España, Colombia, Venezuela y Ecuador. También informó que viajó varias veces a Ecuador en aviones privados propiedad de Saab y Pulido Vargas.
Dijo que Foglocons con sede en Ecuador se constituyó en septiembre de 2012, fecha en que no ingresó a Ecuador, según información obtenida del Ministerio de Gobierno y manifestó que, posiblemente, firmó el documento de creación en Venezuela. Sin embargo, en el informe de la notaria Wendy Vera Ríos, se dice que comparecieron personalmente. Entretanto, los registros migratorios dan cuenta de que en la fecha de la suscripción de la escritura de constitución de Foglocons, Álvaro Pulido Vargas y Luis Eduardo Sánchez Yánez, no estaban en Ecuador.
Aunque Luis Eduardo Sánchez Yánez negó tener otros negocios o relaciones comerciales con Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab Morán, al siguiente día de la constitución de Foglocons, en la misma notaría, constituyó la Constructora Jaar S.A. (CONSJARSE) en la que figuran como socios Pulido Vargas y Sánchez Yánez. Se trata de una con el mismo nombre de otra domiciliada en Caracas-Venezuela, ubicada en el 9no piso de la torre Marriott, en la misma oficina, donde opera la empresa ELM Import, en la que laboraba Álvaro Pulido Vargas.
Los beneficios del diferencial cambiario
Se advierte que con el sistema de control cambiario que operaba en Venezuela, las empresas venezolanas que ordenaban supuestas importaciones del Ecuador, obtuvieron millonarios beneficios y recursos monetarios a través de ese diferencial cambiario.
Tal situación ocasionaba al mismo tiempo una afectación a la circulación propia del dólar en el territorio ecuatoriano, en razón de que se recibían tales cuantías de las exportaciones fantasmas, estos recursos eran enviados a paraísos fiscales e, inclusive, a los propios Estados Unidos.
Se indica que el SENAE certificó que las recién creadas empresas exportadoras de material de construcción, casi en su totalidad, nunca llegaron a realizar dichas operaciones comerciales internacionales. Agregan que llegaron a una situación que se agravó cuando también evadieron el pago de los tributos que le corresponderían al estado ecuatoriano.
Los vínculos con Rafael Correa
Los vínculos de Saab y Pulido con el gobierno de Rafael correa estarían dados por Luis Sánchez Yánez, cuyo hermano Jaime Sánchez Yánez, fue asesor del mandatario ecuatoriano.
Ante la comisión parlamentaria, el exgerente del Banco Central del Ecuador, Mateo Villalba, informó que Jaime Sánchez Yánez, visitó al presidente del directorio del BCE, Diego Martínez Vinueza, para hablar sobre el sistema de compensación Sucre.
Villalba refirió que, tras la visita de Jaime Sánchez Yánez, Martínez, elevó el caso a conocimiento del secretario de la Presidencia de la República Omar Simons.
Del mismo modo, Mateo Villalba relató que, por información del Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, conoció que algunos de los socios de Foglocons podían tener antecedentes de narcotráfico y con medidas de seguridad. Se trataba de Álvaro Pulido, quien vivía “rodeado de policías y guardaespaldas armados, tenía guardias en su casa, en los fines de semana, e inclusive cuando viajaba a Venezuela a las reuniones del Consejo Monetario Regional en Caracas, era con escolta armada, por eso para él fue bien difícil olvidarse de este evento porque fue muy traumático".
Lo expuesto por Villalba ante la comisión parlamentaria, deja sentado que la máxima autoridad penal del Ecuador, Galo Chiriboga Zambrano, conocía que los socios de Foglocons estaban vinculados al narcotráfico, lo cual además fue confirmado a través del informe suscrito por el Agente Especial de la DEA-Embajada Americana, con sede en Bogotá, Edward Martínez, de fecha 26 de marzo de 2018, así como otros informes de la justicia estadounidense del mismo año, en los que se identifica a Álvaro Pulido Vargas, “con operaciones de narcotráfico, hecho que se encuentra relatado en la investigación realizada por el periodista Gerardo Reyes”.
REFERENCIAS
[1] YouTube. Diario el Comercio Videos. “¿Quién es ALEX SAAB y cómo se enriqueció con el régimen de NICOLÁS MADURO?”. S/F. https://www.youtube.com/watch?v=G29yyvJvf18
La compañía se constituyó en tres países a pocos meses de la firma del contrato millonario para suministro de casas prefabricadas.
Por Maibort Petit
Un entramado de corrupción que involucraba transacciones ficticias y sobrevaloradas estaría detrás del Sistema Sucre, una modalidad de compensación de pagos creada en 2008, que solamente habría servido para llevar a cabo una serie de operaciones irregulares que arrojaron grandes ganancias a los artífices de la misma. En pocas palabras, el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) solamente sirvió para enmascarar delitos de "enriquecimiento ilícito, peculado, defraudación tributaria", según dejó ver el informe final de una comisión parlamentaria ecuatoriana que investigó las actividades ilícitas que fueron puestas en práctica por quien fungió como el supuesto operador del fraude, Álex Saab, su socio Álvaro Pulido y la empresa de ambos, Fondo Global de Construcción (Foglocons), entre otras. Lejos estuvo el objetivo de reducir la dependencia del dólar y la vulnerabilidad de esta moneda en épocas de crisis, anunciado por el finado expresidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, quien el 26 de noviembre de 2008, propuso la creación del Sucre. Era la materialización de una propuesta previa del exmandatario ecuatoriano, Rafael Correa, quien durante la III Cumbre Extraordinaria del ALBA en Caracas, se había pronunciado por la puesta en funcionamiento de un sistema de compensación recíproca y de una moneda contable como paso previo a la creación de una moneda regional[1]. Unos meses después, el 17 de abril de 2009, Chávez anunció que el 1 de enero de 2010 comenzaría a funcionar el Sucre[2]. De lo que no habló —como tampoco lo hizo Correa— fue del conjunto de irregularidades que, doce años después, revelarían al sistema de compensación como una mera herramienta de enriquecimiento ilícito. Unas conclusiones derivadas de datos e información proveniente del Banco Central del Ecuador, de la Superintendencia de Bancos y Compañías de dicha nación, entre otras instituciones estatales ecuatorianas. Sin embargo, hay que advertir que las primeras sospechas sobre el sistema surgieron —como revela el informe— en 2013, cuando el Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador reportó exportaciones por el orden de los USD 461,4 millones, en tanto las operaciones similares realizadas a través del Sucre casi duplicaban dicha cifra y las ubicaban en USD 822 millones. Un informe parlamentario revelador de la comisión especializada permanente de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador identificado con el código CEPFCP-2021-2023-002-I denominado “Proceso de fiscalización Caso Sucre-Foglocons”, de fecha 13 de diciembre de 2021, que en esta y otras entregas de Venezuela Política iremos dando a conocer.
La investigación emanó del mandato surgido durante las sesiones parlamentarias del 7 y 24 de junio de 2021, cuando el pleno de la comisión de fiscalización acordó avocarse a indagar el caso Sucre, el cual se describía como un “Sistema de lavado de dinero entre Ecuador y Venezuela” que habría permitido el blanqueo de USD 2.000 millones a través de los bancos centrales de ambos países a través de una trama de exportaciones ficticias. Referían los parlamentarios, que este caso había llegado a la justicia en 2013, cuando el poder judicial ecuatoriano ordenó la incautación de los activos de la empresa Foglocons y la retención de USD 57 millones.
Igualmente, la comisión de fiscalización aprobó el 19 de octubre de 2021 una solicitud de Ana Belén Cordero Cuesta de “Que la Comisión acoja como parte de los procesos de fiscalización lo relacionado con la Compañía Foglocons: que involucra presuntamente las operaciones realizadas por el ex fiscal Galo Chiriboga y a los ciudadanos Álex Saab Morán, Álvaro Pulido Vargas y Luis Eduardo Sánchez Yánez entre otros, mociono se proceda a la aprobación del mismo, que ha sido oportunamente difundido y debatido en esta comisión”.
Los hechos
El informe parlamentario se remite, en primer lugar, a narrar los hechos que derivaron en las irregularidades descritas en el reporte. Rememora que en razón de su visión ideológica-geopolítica supuestamente “anti imperialista”, Hugo Chávez intentó construir una arquitectura financiera latinoamericana. Fue la moneda virtual “Sucre” la manera de lograr este objetivo que ya manejaba el mandatario venezolano desde antes de que Rafael Correa fuera presidente de Ecuador. También planteaba Chávez la creación de un Banco Latinoamericano, el cual se llamaría luego el Banco del Sur.
Ya con Rafael Correa en la presidencia ecuatoriana, este y su homólogo venezolano asumieron la iniciativa y deciden crear la llamada Alianza Bolivariana, ALBA y el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos Sucre, que debía facilitar el comercio exterior entre Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Cuba, “pero terminó convirtiéndose en un mecanismo para lavar dinero y facilitador de exportaciones ficticias, como lo demuestran las sentencias dictadas en los casos Foglocons, Pifo Gardens, Escatell (Espinosa Castellanos), Copera y Banco Territorial”.
Refiere el informe que entretanto se implementaba el sistema de compensación, fueron constituyéndose un conjunto de empresas en Ecuador, entre la cuales estaba Fondo Global de Construcción Foglocons, propiedad de Álex Saab Morán y su socio Álvaro Pulido Vargas, quien es “un narcotraficante colombiano cuyo nombre original era Germán Rubio Salas quien jurídicamente deja de existir y crea una falsa partida de defunción asumiendo el nombre de un muerto en la Florida” regresando así “al mundo delictivo para no ser identificado y crear esta empresa para exportar a Venezuela desde Colombia casas prefabricadas”.
Advierten los parlamentarios que estas empresas van luego a Ecuador, no porque se tratara de un país potencia en la fabricación de casas y/o materiales para exportar, sino porque “es el único país que tiene dólares, quedando claro que lo que querían es ensamblar un sistema de lavado de dinero”.
El mecanismo
Se indica en el informe que el Sucre tiene dos momentos en el tiempo, el primero, cuando se suscribe el contrato entre dos empresas privadas de los países miembros y la importadora transfiere los fondos en moneda local a un banco operativo autorizado y luego este transfiere al Banco Central del país importador, siendo en el 99 por ciento de los casos el Banco Central Venezuela. El BCV emite una notificación al Banco del ALBA quien notifica al Banco Central del Ecuador con la acreditación en sucres.
Después, el BCE transfiere los dólares al banco de la empresa exportadora, tomando los fondos de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, ya que hasta entonces el ingreso quedaría solo en los libros contables. “Transcurrido seis meses de esto, el Banco del ALBA, notifica los resultados de las operaciones semestrales y emite los valores en dólares que Venezuela debe pagar a Ecuador, regresando así el dinero a las arcas del Estado; para este entonces el ‘falso exportador’ ya había sacado el dinero del país a paraísos fiscales y a cuentas en los Estados Unidos, generándose esta estafa o mecanismo de lavado”.
Alerta el informe que para esto ocurriera, era necesaria la complicidad de “falsas empresas importadoras” que igualmente eran propiedad de Álex Saab y Álvaro Pulido, tal es el caso de ELM Import, domiciliada en Caracas. Como igualmente era necesaria la banca, en Ecuador utilizaron el Banco Territorial, el Banco Amazonas, Coopera, Banco Internacional, Banco del Pacífico, Banco Pichincha, entre otros.
Controles burlados
El informe indica que los organismos contralores fueron burlados, generando alerta solamente tiempo después, pero de forma desarticulada. De este modo, en 2013, la fiscalía inició una investigación a varias empresas, así como a Álvaro Pulido Vargas y Luis Eduardo Sánchez Yánez, pero estos dos fueron sobreseídos en 2016 y, por orden judicial, se les devolvieron USD 56 millones que estaban retenidos en el Banco Central del Ecuador.
Los parlamentarios determinaron que parte ese dinero terminó en el Citibank de Miami, mientras que otra parte fue a dar a manos de Miguel Ángel Loor Centeno, presidente de la Liga Profesional de Fútbol. Este habría recibido personalmente USD 6 millones, que depositó en su cuenta del Banco Biscayne Capital de la Florida y el resto, cerca de USD 30 millones, los dirige a tres empresas offshore, dos de ellas panameñas vinculadas a él. Refieren que, por tanto, Loor Centeno habría recibido más de USD 36 millones y deducen, entonces, su relación con el proceso contra Álex Saab en Estados Unidos, de quien habría sido realmente el dinero.
También, el informe refiere que parte del dinero proveniente de las operaciones de lavado efectuadas con el sistema SUCRE se destinó a la campaña electoral del binomio Correa-Glas en 2013. Los aportes recibidos llegaron a través de Inconeg (empresa propiedad de Micaela Leherer, pareja de Carlos León Ponte, hombre clave en las operaciones de Álex Saab y su socio Álvaro Pulido), la cual a su vez recibió dinero de Foglocons y Pifogarden. Se apunta que a partir del caso Arroz Verde el entonces consejero electoral Luis Verdesoto elaboró un informe sobre las irregularidades identificadas en los aportes de campaña para la Alianza PAÍS, hecho que fue revelado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, en su comparecencia ante la Asamblea Nacional el 26 de junio del 2019.
Sobre Foglocons
Como hemos apuntado en principio, la empresa Fondo Global de Construcción (Foglocons) jugó un papel estelarísimo en la supuesta trama de corrupción y lavado de dinero que significó el Sistema Sucre.
Las primeras irregularidades al comenzar a implementarse el Sucre derivaron de la suscripción en noviembre 2011 de un convenio estratégico entre los gobiernos de Venezuela y Ecuador para dotar de viviendas populares a miles de familias de bajos recursos económicos. Allí se empezó a gestar la trama de corrupción teniendo como fachada la importación de casas prefabricadas, a través de una empresa de papel, a saber, el Fondo Global de Construcción (Foglocons), creada días antes en Colombia por Álex Naim Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas.
Por su parte, el informe parlamentario informa que, de acuerdo a datos suministrados por la Superintendencia de Compañías, el 19 de septiembre de 2012, se constituyó Fondo Global de Construcción S.A. (Fogoclons), la cual fue inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Durán, el 11 de octubre de 2012, con el objeto social de dedicarse a la “compra, venta, importación, exportación y fabricación de todo tipo de materiales e insumos para la construcción”.
Ya en diciembre de 2012, a solamente dos meses de constituida, Fondo Global suscribió un contrato por USD 465 millones de dólares para la venta de casas prefabricadas a las empresas venezolanas ELM Import y Thermo Group, vinculadas igualmente a Álex Saab Morán y a Álvaro Pulido Vargas.
Es necesario apuntar que el lado oscuro del Sucre no ha sido analizado únicamente por la comisión parlamentaria de Ecuador, pues en 2015, se desarrolló una investigación periodística por los diarios El Universo (Ecuador) y El Nuevo Herald (Estados Unidos) en cooperación con el portal venezolano Armando.info, la cual determinó que este sistema de compensación sirvió de plataforma para que unas 60 empresas de Venezuela y Ecuador llevaran a cabo operaciones millonarias que involucraban ventas ficticias, empresas fantasmas y cuentas bancarias en Panamá, Bahamas y Anguila.
Refiere el reportaje que el Fondo Global de Construcción se constituyó en Colombia como casa matriz, registrándose luego en Ecuador, bajo el mismo nombre una compañía en la que Álvaro Pulido y el venezolano Luis Sánchez Yánez eran socios. Entretanto, en Venezuela se registró el 2 de marzo de 2012, siendo la cabeza de la misma Menahem Michel Edery, accionista de Thermo Group, firma que junto a ELM Import tenían como proveedor a Foglocons.
En Venezuela, Foglocons tuvo su primera sede en el estado Carabobo y después en Caracas, siendo en principios sus accionistas Gioia Pifano Antonini y a Maritza Antonini Bruzual como accionistas. El reportaje apunta que ese mismo año 2012, la compañía en Venezuela cambió de nombre y su paquete accionario pasó en su totalidad a manos de la empresa FGDC Latam 2012 de España en el mes de noviembre. Subraya la nota que FGDC correspondería a las siglas de “Fondo Global De Construcción”. Agrega que la empresa española es propiedad de una compañía registrada en Malta en octubre de 2012, de nombre FGDC Malta Holdings Limited.
Armando.info dice que documentación obtenida durante el pesquisaje periodístico muestra que Flogocons Ecuador creó una fábrica de paneles ad hoc en la localidad Durán, la cual estaba a cargo a cargo de la empresa venezolana Técnicas Modernas de Construcción. A pesar de esto, entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, el Fondo Global de Construcción exportó a Venezuela mercancía valorada en la aduana ecuatoriana por solo USD 3,1 millones. Para ese mismo periodo, el Foglocons Ecuador recibió USD 159,8 millones girados por ELM Import, una de las dos empresas contratistas del estado venezolano.
La nota cita un “oficio del Banco Central de Venezuela (BCV) dirigido a Héctor Sirit, director de ELM Import, [el cual] da fe de que esas transferencias, realizadas a través de Banesco Banco Universal y el Banco de Venezuela S.A.C.A. para la importación de kits de viviendas, ‘fueron efectuadas bajo la modalidad de forma de pago anticipada, de conformidad con lo establecido en el instructivo para la tramitación de operaciones a través del Sucre’”[3].
En Miami, estado de la Florida en Estados Unidos, se constituyó Fondo Global de Construcciones SAC Corp. el 15 de diciembre de 2011, de acuerdo al portal Sunbiz. El número de registro es el P11000106375. La dirección de la firma era el 1523 NW 89TH CT, Miami, FL 33172 que también era dirección postal y domicilio del agente registrador, Pedro E. Silva, quien también figuraba como presidente, junto a Pedro Antar que era vicepresidente, este último domiciliado en el 444 Brickell Avenue, Suite 51-448, Miami, FL 33131. La empresa se disolvió el 26 de octubre de 2012[4].
La nota de Armando.info refiere que Pedro Antar dijo que la empresa se creó por pedido de su cliente, Pedro Silva, pero que fue disuelta por inactividad. Silva, para la fecha de la publicación, estaba llamado a juicio en Ecuador por su presunta participación en el esquema de lavado de dinero implementado con el sistema Sucre, pero el proceso judicial estaba suspendido hasta tanto se presentara ante el tribunal. El abogado del Fondo Global en Ecuador Jorge Zavala Egas, aseguró que estas empresas (la de Miami y las otros de Venezuela, Ecuador y Colombia) no guardan relación alguna.
REFERENCIAS
[1] El Universo. “Chávez propone creación del "sucre" como moneda regional”. 26 de noviembre de 2008. https://www.eluniverso.com/2008/11/26/0001/14/88EACF64F65A4B53AA6DAAEE58795840.html/
[2] El Universo. “Un nuevo sucre al uso desde el 1 de enero, anuncia Chávez”. 17 de abril de 2009. https://www.eluniverso.com/2009/04/17/1/1361/AAC2B7391F8347BB93B7B0D3A87C1039.html
[3] Armando.info. “En el fondo, las casas eran excusa para los dólares”. 25 de abril de 2015. https://armando.info/en-el-fondo-las-casas-eran-excusa-para-los-dolares/
[4] Sunbiz. Division of Corporations. Fondo Global de Construcciones SAC Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=PreviousList&searchNameOrder=FONDOGLOBALDECONSTRUCCIONESSAC%20P110001063750&aggregateId=domp-p11000106375-5028529d-8525-4c67-83ed-e6349f603d9a&searchTerm=FONDA%20CARIBENA%20RESTAURANT%20INC&listNameOrder=FONDOENTERPRISES%20P190000197930
En una orden firmada por el Juez de Distrito, Robert Scola anunció que la audiencia presencial de Álex Saab, considerado testaferro de Nicolás Maduro, será el día 6 de diciembre en la Corte del Distrito Sur de la Florida en Miami.
La orden dice que se otorga la moción 73, solicitada la defensa, para que se adelante la audiencia de Álex Nain Saab Morán para discutir un cronograma razonable para los procedimientos del juicio. La cita inicial estaba prevista para el 28 de diciembre de 2021.
El tribunal fijó el inicio del juicio para el 3 de enero de 2022, durará dos semanas.
La audiencia del 6 de diciembre estará presidida por el Magistrado Scola.
Álex Saab está acusado de un sólo cargo de conspirar para lavar dinero en el sistema financiero de los Estados Unidos.
En la última audiencia del caso, Saab se declaró no culpable y accedió ir a un juicio con jurado.
La fiscalía general de los Estados Unidos retiró siete cargos de la acusación original relacionados con delitos de lavado de dinero luego de llegar a un acuerdo con el gobierno de Cabo Verde para concretar su extradición el pasado 16 de octubre del 2021.
El fiscal Kurt Lunkenheimer, en una moción luego de la presentación inicial del acusado ante la corte, solicitó solo dejar el cargo por conspiración para el lavado de dinero, con el fin de evitar que Saab, de 49 años, pueda ser condenado a una pena superior a la máxima contemplada por las leyes del mencionado país africano (20 años).
Saab enfrenta una condena de unos 20 años si es hallado culpable del único cargo que tiene en la corte de Miami, pena que puede ser reducida si hace un trato con la Fiscalía, que suele incluir delación de otros cómplices.
Aliada y cómplice necesaria, sería el perfil más adecuado para describir a la cónyuge del empresario colombiano tenido como testaferro de Nicolás Maduro.
Por Maibort Petit
Las imágenes de una mujer bañada en llanto —que semejaba casi a una viuda— daban cuenta de una esposa desesperada que denunciaba el secuestro de su marido a manos de las autoridades de Estados Unidos. Se trataba de Camila Fabri en Caracas quien, haciéndole coro al régimen venezolano, se alzó sobre una tarima en la Plaza Bolívar de la capital venezolana, donde llorando acusó que su esposo había sido secuestrado, como denominó la extradición de que fuera objeto Álex Saab desde Cabo Verde al estado de la Florida en EE. UU.
“Nosotros somos y siempre hemos sido una familia muy unida y, como él está secuestrado, nosotros también lo estamos como familia”, dijo entre lágrimas ante los asistentes a la manifestación convocada por Maduro y sus acólitos, quienes daban vítores a la sufrida fémina. A ellos le leyó una carta en la que dio su versión de los hechos: “Esto ocurrió cobardemente de espalda a los abogados, y nosotros nos enteramos por su hermana, que fue la única autorizada a pasar un tiempo con él y visitarlo algunas veces. El día de ayer fue a visitarlo y no estaban los 100 guardias que rodeaban el lugar donde lo tenían secuestrado, un guardia le dijo ‘simplemente aceleraron la extradición”[1].
Pero la estampa de mujer abnegada estaría muy distante de la que acusan, por ejemplo, las autoridades italianas, las cuales la señalaron en 2020 de cometer fraude fiscal. Para el fisco no había consonancia entre la vendedora con un sueldo de 1.800 euros mensuales que decía ser, con la que vivía en un apartamento a su nombre en la Vía Condoti con un valor de 4,7 millones. El parecer de los agentes la Guardia di Finanza de Italia, era Fabri habría lavado dinero de su esposo.
Otro dato que no correspondía al de la modesta mujer trabajadora, era su vehículo Rover Range Evoque de 54.000 euros.
Fue así que las autoridades fiscales italianas, en 2019, luego de una investigación, procedieron a incautarle 1,8 millones de euros y el lujoso apartamento en el que encontraron 8 obras de arte y un tapiz.
“Los resultados de las investigaciones señalaron que la propiedad estaba registrada a nombre de una empresa atribuible a Camilla Fabri. La policía fiscal de Italia tenía sospechas de corrupción internacional, tráfico ilegal de oro, lavado de dinero, malversación de fondos, entre otros delitos. Medios locales dijeron que en las averiguaciones estarían involucrados empresarios colombianos que forman parte de una red de corrupción internacional que manejarían contratos para proveer los alimentos a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción”, se lee en una nota del portal Urgente 24[2].
Fabri y Saab
Camila Fabri y Álex Saab se habrían conocido en un restaurante en Francia, según refiere el periodista Gerardo Reyes, en su libro “Alex Saab: la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro”. Según esta versión, el empresario colombiano no le quitó los ojos de encima desde que la vio en el lugar desde una mesa cercana. Al poco tiempo ya estaban viviendo juntos en un lujoso apartamento del barrio Saint Germain de París.
Nació en 1994 —por lo tanto, tiene 27 años— en Fidene, una localidad ubicada a ocho kilómetros de Roma. Creció en el barrio Tufello, en la periferia de Roma. Se dedicaba al modelaje y llegó a participar en algún programa de televisión, fue dependienta de una tienda de ropa, ese, por el cual ganaba 1.800 euros por un desempeño a tiempo parcial.
Fabri decidió cambiar sus sueños de fama por la vida de lujos que le ofrecía Saab. El matrimonio tuvo lugar en 2014, luego vinieron sus dos hijas, una de 4 años y la otra de 18 meses de edad.
El apartamento que compartieron en Roma estaba en Parioli, un barrio acomodado, pagaba una renta 5.800 euros al mes, de acuerdo al contrato firmado por Fabri en 2016. Después vinieron el carro y el apartamento en Vía Condoti de los que ya hablamos líneas arriba y que le valió las sospechas de la Guardia de Finanzas y ésta participó el asunto a la fiscalía.
El nuevo dato es que los 4.923.850 euros que pagó por él vinieron del Reino Unido, a través de la empresa Kinlock Investment, gerenciada por Lorenzo Antonelli, novio del hermano de Camilla Fabri, quien además tiene acciones en manos de un fideicomiso inglés y una empresa de Dubai.
Entonces vinieron las averiguaciones que dieron luz a la razón de aquella vida de lujos de la muchacha de 24 años. “Un continuo flujo de dinero sucio que se movía en paraísos fiscales, entre fideicomisos (‘trust’) cuya propiedad era desconocida y empresas blindadas. El capital generado por una red internacional de corrupción y blanqueo de capitales con sede en Venezuela, investigado por la justicia estadounidense, llegaba también a Italia. Al frente de ese tráfico estaba Álex Nain Saab Morán, y su hermano Luis Alberto, ‘blanqueadores de ganancias ilícitas’”, según el informe de la magistratura italiana.
La conclusión de la fiscal del caso fue contundente: “Alex Saab Morán está involucrado en una vasta red de corrupción internacional encaminada a obtener numerosos y grandes contratos comerciales con el gobierno de Venezuela, entre ellos el relacionado con los subsidios alimentarios, asunto vinculado al presidente Nicolás Maduro”.
Igualmente, se le investigaba en Estados Unidos donde la fiscalía determinó que la irregularidad de sus negocios sumaba 350 millones de dólares.
Ante estos hechos, el matrimonio se pintó de colores de la capital italiana, vivieron en Moscú hasta la detención de Saab en Cabo Verde[3]. Camila Fabri evitó con su huida la aprehensión que planificaban las autoridades italianas de ella.
Esposa y cómplice
Estaría, por tanto, distante Camila Fabri de ser la esposa inocente que desconoce las actividades de su marido y se perfilaría, más bien, como la cómplice necesaria del corrupto empresario.
Y es que la segunda esposa del barranquillero habría sido incluida en muchos de los negocios de su cónyuge.
“La registró como dueña de la firma inglesa Kinloch Investments Limited y la autorizó para recibir giros de Multibank de Panamá y del UBS de Suiza”, sostiene Reyes en su libro.
La mujer llorosa de la Plaza Bolívar de Caracas nada tiene que ver con esta que revelan los hechos.
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