Mostrando entradas con la etiqueta Alejandro Miguel León Maal y Víctor Mones Coro. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Alejandro Miguel León Maal y Víctor Mones Coro. Mostrar todas las entradas

lunes, 14 de diciembre de 2020

Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami, pidió declararse culpable inmediatamente y se le dicte sentencia en enero de 2021

  Sostiene que no puede comprobársele haber participado en el delito de lavado de dinero.

Por Maibort Petit

  A través de su abogada Christine H. Chung, Víctor Mones Coro, acusado de negociar vuelos para el ex-vicepresidente de Venezuela y actual ministro de petróleo, Tareck El Aissami, Samark López Bello, entre otros, violando así las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen venezolano, solicitó al tribunal declararse culpable de manera inmediata y en enero del próximo año se le imponga la respectiva sentencia.

















   Mones formula esta solicitud con la advertencia de que se declararía culpable solamente de los cargos relativos a las sanciones, por cuanto no habría participado y así puede comprobarse de acuerdo a su representante legal, que haya estado incurso en las actividades de lavado de dinero que se le imputan a resto de los involucrados en la trama.

La solicitud

  El 1 de diciembre de 2020, Christine H. Chung, de la firma Selendy & Gay P. LLC, abogada defensora de Víctor Mones Coro, remitió una comunicación al juez Alvin K. Hellerstein, del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, encargado de la causa que el gobierno estadunidense mantiene contra su representado y Michols Orsini Quintero, para solicitar la exclusión de la dependencia del gobierno de la Decimosexta Producción, así como también que se otorgue sin oposición, el pedido para proceder de inmediato a una audiencia de declaración de culpabilidad. Asimismo, solicitó que la audiencia de sentencia tenga lugar en enero de 2021 y se proceda a la preparación de un PSR actualizado de manera acelerada.

   Explica Chung que la fiscalía tenía los materiales de la Decimosexta Producción desde el 29 de septiembre de 2020, cuando registró la oficina de Alejandro Marín, “pero su torpe esfuerzo por cumplir con la fecha límite consistió en ignorar sus propios estándares de producción y arrojar imágenes forenses no revisables a la defensa, dos días después del 23 de octubre de 2020, e invitar a la defensa a asistir a la oficina del DHS para ver las mismas imágenes no revisables”.

   Recuerda la abogada que se excedió el límite legal y que de acuerdo a la jurisprudencia la producción de varios terabytes de información en un caso criminal que no se pueda buscar ni cargar, constituye una producción válida de material. Igualmente apunta que el gobierno se defiende rutinariamente con éxito de las mociones de Brady/Giglio (la jurisprudencia invocada) y de la Regla 16 precisamente al realizar producciones en forma de búsqueda completa. También recordó que la fiscalía admitió que lo hizo por primera vez el 19 de noviembre de 2020, casi dos meses después de la posesión real.

  Considera que el gobierno debe renunciar a depender de la Decimosexta Producción, en lugar de pedirle a la corte que disculpe las dificultades "técnicas", o pre-argumentar cuál debería ser la sentencia de Víctor Mones Coro.
  
    La defensa citó que el 23 de septiembre de 2020, el gobierno aceptó el riesgo de que no pudiera completar la producción de lo obtenido de la búsqueda en la oficina de Alejandro Marín, pues aún cuando conocía que tenía la intención de registrar dicha oficina y el alcance probable de la búsqueda, aceptó la fecha límite del 23 de octubre de 2020 e incluso dio la impresión de que tenía poco que presentar. “Además, la causa fundamental del retraso de las 16 producciones posteriores a la declaración de culpabilidad, según el propio gobierno, fue el hecho de que los AUSA y los agentes no hicieran preguntas que eran obvias desde 2018, como ‘¿Por qué el Sr. Marín no tiene conversaciones de texto con los acusados anteriores a noviembre de 2018?’ o ‘¿Qué pasó con los cientos de miles de euros perdidos que el Sr. Marín transportó en julio de 2018?’".

   A criterio de la defensa de Mones, la fiscalía pareciera desconocer su propia evidencia. 

   Acotó que Alejandro Marín borró casi medio millón de correos electrónicos —y tal vez otros materiales— de su oficina, antes de que el gobierno se apoderara de ellos.

   También argumenta la abogada Chung que la exclusión de la Decimosexta Producción es el remedio adecuado a esta situación, puesta que en ella no se menciona ni un solo artículo en el que deba basarse en la sentencia de Víctor Mones Coro.

“Mones Coro solicita respetuosamente que se le otorguen sus solicitudes sin oposición de una audiencia de declaración de culpabilidad inmediata, una sentencia en enero de 2020 y una PSR acelerada”.

  Para que ello sea posible, es necesario, reitera la defensa, debe excluirse la dependencia del gobierno de la decimosexta producción porque no cumplió la fecha límite del 23 de octubre de 2020.

   Chung refiere que la fiscalía ha malinterpretado el argumento de su representado sobre el alivio de la búsqueda y la cual se sustenta en que no se cumplió con las obligaciones del descubrimiento.

“El disco duro que el gobierno entregó a los abogados el 25 de octubre de 2020, dos días después de la fecha límite del 23 de octubre de 2020, contenía solo imágenes forenses que no se podían buscar”.

   La abogada refiere que el gobierno reconoció en un caso reciente que la producción de una imagen forense de dispositivos electrónicos no es suficiente para cumplir con las obligaciones de descubrimiento.

  Acusa de falsa la afirmación de la fiscalía invitó a la defensa para "inspeccionar" el 23 de octubre de 2020 el material obtenido en la empresa My Jet Server, por cuanto el aviso que recibió decía que la copia de la unidad podría completarse "esta noche o este fin de semana", pero que la inspección podría comenzar "este fin de semana", es decir, después de la fecha límite.

   Christine H. Chung subraya que el gobierno conocía el riesgo de no cumplir con la fecha límite del 23 de octubre de 2020 para presentar la decimosexta producción y, por tanto, debe asumir el riesgo que aceptó.

 Agrega que las producciones del gobierno posteriores a la declaración de culpabilidad se retrasaron debido a fallas en la investigación. En tal sentido, Chung refiere que los agentes y los AUSA fallaron en la investigación, la supervisión y la presentación de informes, lo que ocasionó el reconocimiento Insertar Imagen Mones 5

  La defensa estima que el gobierno no identifica ni una sola pieza de evidencia de la Decimosexta Producción en la que necesite basarse para presentar sus argumentos para la sentencia.

  Para la defensa son irrelevantes el resto de los motivos del gobierno para oponerse a la exclusión de la decimosexta producción y destaca que los argumentos del gobierno sobre las sentencias prematuras solo aclaran la materialidad de las producciones tardías.

   Considera que, implicar a Mones por asociación en el tráfico de drogas, el lavado de dinero o la opresión política no tiene fundamento y es prematuro, pues el acusado huyó de Venezuela cuando Hugo Chávez asumió el poder, y su crimen fue motivado principalmente por el deseo de salvar la empresa con sede en Florida que fundó y dirigió. En este sentido recordó que, a diferencia de Alejandro Marín, Víctor Mones admitió de inmediato su gravísimo delito de violación de las sanciones, así como el comportamiento incorrecto y encubridor en el que participó.

  Del mismo modo, Chung destaca que Mones no tiene un "historial de participación en transferencias ilegales de dinero" y el gobierno nunca ha tenido pruebas de que lo haga.

  Dice que los chats que muestran la planificación y ejecución de la transferencia de efectivo de julio de 2018 es claro la no participación de su defendido.

  La defensa también precisa que a su defendido se le pagaba ocasionalmente con efectivo que otro operador traía a Estados Unidos, pero ese efectivo no fue transportado ilegalmente; que el gobierno no ha alegado que Mones Coro transportara drogas o contrabando o que lavó dinero; que Mones Coro no tenía un "historial" de participación en "transferencias ilegales de dinero".

   Dice que gobierno reconoce que los múltiples millones de dinero en efectivo que León y Marín transportaron ilegalmente a los Estados Unidos —tres veces en 2018 y 2019— fueron "ganancias del crimen" de vuelos ilegales para Tareck El Aissami, sin la participación de Víctor Mones Coro.

  Finalmente, Christine H. Chung estima que es incorrecto que el gobierno insinúe que Víctor Mones Coro admitió haberse beneficiado a sabiendas de cualquier transferencia ilegal de efectivo, pues él recibió dinero en efectivo en algunas ocasiones, pero el dinero fue declarado.

 

 


viernes, 7 de agosto de 2020

Víctor Mones Coro, socio de Tareck El Aissami, será sentenciado en Nueva York el 31 de agosto

 Por Maibort Petit

    El juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, fijó para el 31 de agosto de 2020, la lectura de la sentencia de Víctor Mones Coro, un empresario de la aviación que fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra Tareck El Aissami y su testaferro, Samark López Bello, al prestarle servicios de alquiler de aviones y vuelos para trasladarlos a varios países.

    Los abogados defensores de Mones Coro, Christine H. Chung y Faith E. Gay, pidieron al juez, Alvin K. Hellerstein, que pospusiera la sentencia para el 28 de agosto de 2020, pero el juez decidió fijar la nueva fecha para el 31 del presente mes.

  La defensa había solicitado en marzo libertad bajo fianza alegando el temor por la pandemia del COVID-19. El magistrado Hellerstein la negó, fallando a favor de la solicitud de libertad, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York .

 Luego de declararse culpable, Víctor Mones Coro enfrenta una condena máxima de 30 años.

  Los fiscales federales del caso dijeron al juez que el acusado tiene recursos financieros sustanciales para huir de Estados Unidos "como mínimo, unos $6.8 millones en activos, incluido el acceso inmediato a más de $ 40 mil en efectivo, un avión privado y un bote".

  La Fiscalía sostiene que el acusado no tiene derecho a ser puesto en libertad porque no puede demostrar "con evidencia clara y convincente" que no va a huir del país.

 Aseguran que Mones Coro tiene contactos sustanciales en el extranjero, incluida la ciudadanía en España y Venezuela, tiene acceso a millones de dólares, aviones privados y tiene un historial de manipulación de manifiestos de vuelo y organización de viajes ilícitos.

  Si bien el acusado afirma en términos generales que no huirá —argumentan los fiscales— en su solicitud no presenta evidencia insuficiente de eso, y tampoco es creíble debido a sus esfuerzos anteriores para engañar a las fuerzas del orden público y entrenar a otros para que mientan, "mientras llevaba a cabo un delito extremadamente grave, que el Congreso ha identificado como amenazante Seguridad nacional de los Estados Unidos al apoyar a los narcotraficantes a gran escala".

  Los fiscales dicen que Mones Coro tiene una motivación significativa para huir, "dada la sustancial sentencia de prisión que enfrenta y, como único en este caso, tiene acceso a personas poderosas en el extranjero que tienen interés en ayudar al acusado a huir de los Estados Unidos".

  En la presentación de argumentos de la fiscalía se destacan los esfuerzos del acusado por utilizar el brote de COVID-19 para justificar su liberación.

  Los abogados del gobierno señalan que no existe ninguna autoridad legal que justifique la liberación del acusado, y que además, el Centro Correccional Metropolitano, donde se aloja Mones Coro, ha emprendido medidas para proporcionarle acceso a su abogado.

  "De hecho, al menos cuatro tribunales de distrito en este circuito han rechazado, en los últimos días, solicitudes similares de liberación. Por todas estas razones, la solicitud del acusado debe ser denegada", afirma la fiscalía.

La acusación

   Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro proporcionó vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.

  Específicamente, el acusado operaba una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designado en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.

  La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr.

  Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

  Mones Coro proporcionó servicios de vuelo y hangar a El Aissami y López Bello desde al menos 2014. Luego de la designación de El Aissami y López Bello por la OFAC, el acusado trabajó con otros para continuar brindándoles servicios en violación de la ley.

  Además de proporcionar servicios de vuelo internacional, el acusado y sus cómplices organizaron vuelos en nombre de El Aissami y López Bello dentro de Venezuela en apoyo de la campaña presidencial de Maduro en 2018. "Para enmascarar su conducta ilícita, el acusado y sus cómplices usaron nombres en clave para referirse a El Aissami y López Bello en los manifiestos de vuelo y crearon facturas falsas. Igualmente, utilizó pagos en efectivo a granel transportados en aviones volados desde Venezuela a los Estados Unidos", dicen los fiscales.

  El acusado también ordenó a un miembro de la conspiración que mintiera a la policía durante la tramitación de la investigación.

   Mones Coro fue arrestado en el Distrito Sur de Florida el 8 de marzo de 2019 y ha estado detenido desde entonces en el Centro Correccional Metropolitano.

  El 26 de noviembre de 2019, el acusado se declaró culpable y está programado para ser sentenciado el 24 de abril de 2020.

  Mones Coro solicitó que el Tribunal se base en el Informe de la Oficina de Prisiones del 24 de marzo de 2020, en lugar de un Informe de servicios previos al juicio, para que el juez le otorgue el beneficio de libertad bajo fianza.

  Los fiscales dijeron que la solicitud de libertad bajo fianza de Moros Coro no cumple con la evidencia que se requiere, y que los argumentos no son convincentes.

  Rechazaron la posibilidad de que se le deje en libertad en el proceso de espera de la sentencia porque existen altas posibilidades que el acusado huya. Asimismo, los fiscales le restaron importancia a una serie de cartas de amigos que presentó Moros Coro, que declaran que el acusado no va a huir del país.

  El registro demuestra que el acusado tiene el incentivo, los medios y las relaciones para huir, acusan la Fiscalía.

  La Oficina de Libertad Condicional concluyó que, a pesar de las deudas reclamadas por el acusado y el flujo de caja negativo, tiene la capacidad de pagar una multa y que la declaración jurada financiera del acusado, que puede haber sido técnicamente correcta al momento de la finalización, "aparentemente sub-representa la capacidad del acusado de pagar una multa".

  De hecho, hace solo unas semanas, el acusado vendió una de sus residencias en Boca Ratón por más de $ 1.7 millones, y el abogado defensor aclaró a la Oficina de Probation que ciertas deudas que figuran en la declaración jurada financiera no se cobrarían.

  Igualmente, el acusado tiene contactos extranjeros sustanciales, incluidas personas con recursos significativos que tienen un incentivo para sacar al acusado de los Estados Unidos para protegerse contra los cargos de anuncio reciente.

  Si bien el acusado es ciudadano de los Estados Unidos, también es ciudadano de España y Venezuela. La madre del acusado reside en España y su hermana reside en las Islas Canarias españolas.

  Los fiscales destacan que tiene relaciones con altos funcionarios venezolanos que tienen un incentivo creciente para ayudarlo a huir de los Estados Unidos.

  Los conspiradores acusados ​​del acusado incluyen a El Aissami, el ex vicepresidente venezolano y actual ministro de Industria y Producción Nacional; López Bello; y Joselit Ramírez Camacho, actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela.

  El Aissami y López Bello son parte del círculo interno del gobernante venezolano de facto, Nicolás Maduro, quien también está acusado en este Distrito.

  El acusado ayudó a proporcionar vuelos en apoyo a la más reciente campaña electoral de Maduro, que la Organización de los Estados Americanos concluyó que "carecía de legitimidad" y contribuyó al "empeoramiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela como resultado del colapso del orden democrático y graves violaciones de los derechos humanos.

  La conducta del acusado fue extremadamente grave, y su conducta en violación de la Ley Kingpin empeoró la" emergencia nacional resultante de las actividades de los narcotraficantes internacionales y sus organizaciones que amenazan la seguridad nacional, la política exterior y economía de los Estados Unidos ".

  Agregan los fiscales que Mones Coro tiene una habilidad única para huir porque es un piloto experimentado, Es dueño de un avión privado y ha pasado años en la industria de la aviación en los Estados Unidos, durante los cuales indudablemente construyó una red de asociados que también tienen acceso a aviones privados.

  Además, como lo demuestra la conducta delictiva por la cual el acusado se declaró culpable, el acusado tiene experiencia en el uso de manifiestos de vuelo falsificados y enmascarando viajes ilícitos.

Los fiscales sostiene que Mones Coro, de 52 años, enfrenta una sentencia de prisión significativa. Su declaración de culpabilidad lo somete a una sentencia máxima de treinta años de prisión y un rango de pautas de 70 a 87 meses de prisión.





jueves, 1 de agosto de 2019

Tres acusados en el caso de Tareck El Aissami se declaran "no culpables" ante juez de Nueva York y deciden ir a juicio

Por Maibort Petit
@maiborpetit

Tres ciudadanos venezolano-americanos, Alejandro Miguel León Maal, Víctor Mones Coro y Michols Orsini Quintero, acusados por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas bajo la Ley Kipping (dirigida a los narcotraficantes extranjeros que cometen delitos en los Estados Unidos) al facilitar vuelos charters al vicepresidente del área económica de Venezuela, Tareck El Aissami y a su socio, Samark López, (sancionados por el Departamento del Tesoro), se declararon no culpables ante un tribunal en Nueva York. El juez no ha fijado aún la fecha del juicio. 
Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero fueron arrestados en marzo de 2019 en el estado de la Florida. Luego de la primera audiencia de presentación y el respectivo traslado a Manhattan, los acusados fueron presentados ante el juez de Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein quien estará al frente del caso.

Mones Caro y León Maal se declararon no culpables de cinco cargos y Orsini Quintero no admitió su responsabilidad en un cargo por el cual está siendo acusado por el gobierno de los Estados Unidos.

En la demanda de la fiscalía, Tareck El Aissami, Samark López, Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal están acusados de cinco cargos: 

(1) conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas;(2) utilizando American Charter Services LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y otras regulaciones relacionadas; (3) usando American Charter Services LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas; (4) usando SVMI Solution, LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y regulaciones relacionadas, y (5) usar SVMI Solution, LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas. 

De ser hallados culpables, en cada uno de los cinco cargos representa una pena máxima de 30 años de prisión, recibirían un máximo total de sentencia de 150 años de cárcel.

Orsini Quintero y Quintavalle Yrady (Panamá) están acusados ​​de conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.


Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.

De acuerdo al documento, que cita unos expedientes del Departamento de Seguridad Nacional, El Aissami y Samark López hicieron arreglos con empresas del Sur de la Florida propiedad de los detenidos. Víctor Mones Coro es el presidente de American Charter Services LLC, y Alejandro Miguel León Maal trabajó desde 2008 hasta 2019 con Mones. 

Dice el documento que León Maal registró la compañía SVMI Solution LLC, que tiene las mismas siglas del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Dicha firma fue usada para la conspiración.

Los eventos 

Entre febrero de 2017, fecha en al cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana. 

La fiscalía sostiene que Tareck  El Aissami  y Samark López Bello, violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela. 

El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo charter privado fuera de Estados Unido, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.

El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York,  a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.

El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidenses a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo charter para López Bello.

El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo.

En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también  por León Maal.

La demanda señala que Víctor Mones Coro es el presidente American Charter Services, una compañía de alquiler de aviones particulares que ofrece vuelos a destinos tan diversos como Bolivia, Brasil, México, Turquía, Cuba, España, Venezuela, China, República Dominicana o EEUU.

Los avances del caso en Nueva York

La fiscalía solicitó a la corte que dictara una orden de protección de los materiales que conforman el llamado descubrimiento, que de conformidad con la Regla 16 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, el gobierno debe entregar a los demandados para que se preparen para el juicio.

Dice la petición que considerando que el Gobierno ha declarado que la producción de las evidencias incluirá grabaciones, comunicaciones electrónicas, datos y otros materiales "que revelan las identidades de las personas que actuaron bajo la dirección de la policía en relación con la investigación subyacente", la fiscalía desea proteger las identidades de los participantes en las comunicaciones reflejadas en los materiales que deben estar bajo la orden de protección.

Los fiscales declararon que "si los materiales protegidos se difunden a terceros, dentro o fuera de los Estados Unidos,  podrían, entre otras cosas, implicar la seguridad de testigos e impedir investigaciones en curso", por ello reiteraron que los mismos reciban una orden de protección por parte del tribunal.

Los Materiales Protegidos sólo serán utilizados por los Demandados, sus abogados y los agentes de sus defensas con el propósito de defender los cargos, en relación con la sentencia y presentar cualquier apelación en la acción penal. 

La próxima audiencia del caso se realizará en la segunda semana de agosto donde se dará a conocer el cronograma para el juicio cuya fecha no se ha dado a conocer.

Los más buscados

Cabe destacar que esta semana el Departamento de Seguridad Nacional,  Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos incluyó a El Aissami, el ex vicepresidente de Venezuela, y López Bello en la lista de los 10 más buscados, tras haber sido declarados fugitivos de la justicia norteamericana.
Los dos hombres, El Aissami y López Bello fueron sancionados en febrero de 2017 bajo la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros, por cargos de narcotráfico y por estar vinculados a grupos terroristas islámicos.