Caso criminal contra Tareck El Aissami en Nueva York permanece sin actividad luego de la sentencia del piloto, Alejandro Javier Marín

   Poco o nada se sabe sobre las investigaciones que sobre Tareck El Aissami y Samark López Bello, ampliamente relacionadas con la causa del ahora condenado, Alejandro Javier Marín.

Por Maibort Petit

   Cuando estaba a poco tiempo de cumplirse un año de su arresto, el denominado piloto de Tareck El Aissami, Alejandro Javier Marín, fue condenado a pagar 22 meses de prisión, además de tres meses de libertad supervisada. Estaba acusado de tres cargos por hacer declaraciones falsas a un agente federal, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1001. Esto, mientras se desempeñaba como fuente confidencial en la investigación que se lleva a cabo desde enero de 2018, de quien en la actualidad se desempeña como ministro del Poder Popular de Petróleo y como vicepresidente sectorial de economía en el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, resulta curioso que, a pesar de estar relacionado con otros importantes casos, como el de Samark López Bello, no se haya hecho nueva referencia al mismo. El expediente está en suspenso en la Corte federal  de Nueva York.

     Vale destacar que el pasado mes de julio, Samark López Bello demandó al Departamento del Tesoro alegando que es víctima de una campaña para catalogarlo de narcotraficante internacional[1].

   Alejandro Javier Marín, en julio de 2018, estando en funciones fuente confidencial para Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), robó cientos de miles de euros y mintió sobre esto en varias oportunidades durante los años siguientes.

   Por ello la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York había solicitado al juez de la causa, Alvin K. Hellerstein, una sentencia de 30 a 37 meses de prisión, inscrita en las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos, por que tal pena estaba justificada. La fiscal Audrey Strauss también pidió al tribunal imponer el pago de USD 547.911 como suma de restitución y una multa dentro del rango de las Directrices de USD 10.000 y USD 1.095.822.

    La cantidad solicitada como restitución por parte de la fiscalía fue el estimado en el Acuerdo de declaración de culpabilidad y recomendada por la Oficina de Libertad Condicional en razón de la imposición de restitución por “un delito contra la propiedad (…) incluyendo cualquier delito cometido por fraude o engaño”). La cifra refirió la fiscal Strauss refleja tanto la cantidad de ganancias criminales que Marín robó en Venezuela como la cantidad de dinero sobre la que mintió en varias ocasiones a las autoridades estadunidenses.

   La denominación como piloto de Tareck El Aissami se debe que Alejandro Javier Marín Gómez era el propietario de la empresa de alquiler de aeronaves “MyJetSaver” que prestó servicio al alto funcionario venezolanos y sus socios, en violación a las sanciones impuestas por EE. UU.

   Como fuente confidencial, Alejandro Marín colaboraba en la investigación sobre “transacciones ilícitas y otras actividades ilegales por parte de co-conspiradores ubicados en los Estados Unidos, así como en el extranjero”, En este contexto, durante un operativo controlado, el 3 de julio de 2018, dijo al HSI que había transportado 6 paquetes de dinero que sumaban 1.297.500 euros, de los que se “extraviaron” USD 140.000 y las autoridades estadounidenses establecieron que Marín mintió en torno al destino del dinero faltante.

   Recientemente, el 2 de septiembre, el tribunal certificó según 28 U.S.C. § 1915 (a) (3) que cualquier apelación del fallo del Tribunal no se tomaría de buena fe. Igualmente, se ordenó también que el secretario de la corte enviar por correo una copia de la sentencia al Demandante y tomar nota de tal notificación en el expediente.

REFERENCIA

[1] Venezuela Política. “¿Qué es lo que busca Samark López Bello en su demanda contra el gobierno de lo EE. UU.?”. 13 de julio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/07/que-es-lo-que-busca-samark-lopez-bello.html

Alejandro Marín mantiene su defensa pública a pesar de poseer una flota de aviones

  Desde que en noviembre la corte decidiera designarle un abogado público, el denominado piloto de Tareck El-Aissami es defendido por Kelley J. Sharkey.

Por Maibort Petit

   Ser propietario[1] de la empresa My Jet Sarver LLC[2], no ha sido óbice para que Alejandro Javier Marín recibiera el beneficio de la defensa pública en la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde es procesado por mentirle al gobierno de los Estados Unidos en el contexto de un programa de cooperación en el que agentes federales recibían información con relación a un esquema de lavado de dinero vinculado a una organización criminal presuntamente operado por funcionarios del régimen venezolano, entre ellos Tareck El-Aissami.

   Marín enfrenta tres cargos por hacer una declaración falsa a un agente federal, a saber, una agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) respecto a la retención de un dinero durante una operación encubierta en la que participaba como informante. Uno de estos interrogatorios se produjo el 18 de agosto de 2020 y los otros dos el 28 de agosto del mismo año.

   En enero de 2018, Alejandro Marín había firmado un acuerdo para actuar como fuente confidencial de HSI y se comprometió a cooperar en una investigación relacionada con transacciones irregulares e ilegales de co-conspiradores ubicados en los Estados Unidos y en el extranjero. En ese contexto, en junio de 2018 participó en una operación de la investigación y debía transportar el dinero, producto derivado del delito, en un avión privado. Marín debía recoger el dinero de las ganancias ilícitas y llevar el avión a los Estados Unidos donde se confiscaría por ser producto de un delito.

   El imputado ocultó el destino de parte del dinero[3]. Cuando se le consultó si había recibido alguna vez una suma de USD 140.000 que eran propiedad del gobierno de los Estados Unidos, Marín dijo que no, cuando en realidad sí lo había recibido. En pocas palabras, el imputado sustrajo la cantidad de los paquetes que debía transportar en la operación[4].

  Alejandro Javier Marín se acogió a la defensa pública pero la fiscalía cuestionó tal prerrogativa y la jueza de la causa, Debra Freeman ordenó establecer cuál es la realidad financiera del acusado quien insiste en afirmar que, pese a ser un empresario, los ingresos que percibe se destinan casi en su totalidad al pago de un préstamo de USD 1,4 millones.

  Pero ese no ha sido el único beneficio recibido por Marín durante el tiempo en que ha estado procesado por la justicia estadounidense, pues igualmente recibió un préstamo de USD 400 mil dólares del programa de ayuda a los negocios que implementó la administración del expresidente, Donald Trump, destinado a ayudar a las empresas durante la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19[5].

Designación del abogado público

  El 18 de noviembre de 2020, la juez de primera instancia de los Estados Unidos, Debra Freeman, ordenó continuar que Alejandro Marín continúa disfrutando el beneficio de designación de un abogado en tanto se determine con certeza si el acusado está en capacidad o no de pagar defensa privada.

  Se advierte que, en una etapa posterior de estos procedimientos, el gobierno podría solicitar el reembolso de los honorarios de abogados gastados en virtud de la Ley de Justicia Penal.

  La corte también ordenó que la abogada designada para la defensa de Marín informe cualquier cambio en las circunstancias financieras de imputado durante el curso de su enjuiciamiento.

  Refiere la orden que el 13 de noviembre de 2020, fue presentado ante el referido tribunal, el imputado Alejandro Javier Marín, acusado de hacer una declaración falsa a un agente federal y se procedió a designarle temporalmente como abogado a Kelley J. Sharkey. Pero se advirtió, con base en la información financiera de la declaración jurada financiera de Marín y las hechas por el gobierno —opuesto al nombramiento de abogado— no estaba claro si el imputado era elegible para ello. Por tal razón, la corte ordenó a Sharkey informar si el nombramiento temporal debería continuar.

  La abogada designada había remitido al tribunal una correspondencia el 12 de noviembre de 2020, en la que esa instancia judicial encontró que, si bien Alejandro Marín parecía tener activos sustanciales, igualmente parecía estar significativamente endeudado y con poca liquidez en sus activos y sin efectivo disponible. Se indica que antes de su arresto, Marín presuntamente obtenía ingresos como piloto, luego de haber ordenado la prisión preventiva del acusado se desconoce si los ingresos continuarán. En este sentido, si bien el gobierno ha argumentado que podría obtener fondos de su negocio familiar aún en funcionamiento —recientemente obtuvo un préstamo PPE Pandemic de USD 400.000— el abogado Sharkey manifestó que, según su cliente, cualquier ganancia de la empresa se utiliza para pagar una deuda de USD 1.4 millones.

   Según la jurisprudencia no se necesita estar totalmente sin medios para calificar para el nombramiento de abogado, sino que el tribunal considere "las realidades económicas que enfrenta el acusado, es decir, los costos realistas de la defensa y las necesidades financieras del acusado y su familia".

  Que se tenga conocimiento público, hasta la fecha Kelley J. Sharkey no ha informado a la corte de ningún cambio en la situación financiera de Marín que motive el retiro de la defensa pública.

  Sin embargo, como ya lo hemos dado a conocer anteriormente, Venezuela Política determinó que Alejandro Javier Marín es dueño de inmuebles en Brickell, Florida, posee autos lujosos y es titular de instrumentos financieros. Asimismo, la flota de aviones de su empresa, My Jet Saber, incluye aeronaves de personas ligadas al régimen de Nicolás Maduro y a grandes casos de corrupción. Así, por ejemplo, dos de los aviones son propiedad de José Manuel González Testino; uno del abogado del empresario colombiano arrestado en Cabo Verde, Álex Saab, señalado de ser supuesto testaferro de Nicolás Maduro; un avión que pertenecía al empresario venezolano, José "Pepe" Leggio Cassara, deportado o expulsado de los Estados Unidos en octubre de 2020; entre otros[6].

REFERENCIAS

[1] Sunbiz. My Jet Sarver LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2016%5C0701%5C00156932.Tif&documentNumber=L12000114362

[2] My Jet Sarver. http://www.myjetsaver.com/

 

[3] Venezuela Política. “Juez de Florida ordena traslado a Nueva York del piloto Alejandro J. Marín acusado de mentirle al gobierno de EE. UU.”. 7 de octubre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/10/juez-de-florida-ordena-traslado-nueva.html

[4] Venezuela Política. “Arrestan al piloto venezolano, Alejandro Javier Marín por mentir al gobierno de EE. UU. en el marco de su colaboración en un caso de unos asociados a Tareck El Aissami”. 26 de septiembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/09/arrestan-al-piloto-venezolano-alejandro.html

 

[5] Venezuela Política. “Aunque está siendo procesado por mentirle a los agentes federales, el piloto venezolano, Alejandro J. Marín consiguió un préstamo para su empresa de $400 mil otorgado por el gobierno de EE. UU.”. 19 de noviembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/11/aunque-esta-preso-por-mentirle-los.html

 

[6] Venezuela Política. “Estas es la flota de aviones de My Jet Server, empresa de Alejandro J. Marín, acusado de haber mentido a los agentes federales de EE. UU.”. 7 de diciembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/12/estas-es-la-flota-de-aviones-de-my-jet.html

 

 

Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami, pidió declararse culpable inmediatamente y se le dicte sentencia en enero de 2021

  Sostiene que no puede comprobársele haber participado en el delito de lavado de dinero.

Por Maibort Petit

  A través de su abogada Christine H. Chung, Víctor Mones Coro, acusado de negociar vuelos para el ex-vicepresidente de Venezuela y actual ministro de petróleo, Tareck El Aissami, Samark López Bello, entre otros, violando así las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen venezolano, solicitó al tribunal declararse culpable de manera inmediata y en enero del próximo año se le imponga la respectiva sentencia.

   Mones formula esta solicitud con la advertencia de que se declararía culpable solamente de los cargos relativos a las sanciones, por cuanto no habría participado y así puede comprobarse de acuerdo a su representante legal, que haya estado incurso en las actividades de lavado de dinero que se le imputan a resto de los involucrados en la trama.

La solicitud

  El 1 de diciembre de 2020, Christine H. Chung, de la firma Selendy & Gay P. LLC, abogada defensora de Víctor Mones Coro, remitió una comunicación al juez Alvin K. Hellerstein, del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, encargado de la causa que el gobierno estadunidense mantiene contra su representado y Michols Orsini Quintero, para solicitar la exclusión de la dependencia del gobierno de la Decimosexta Producción, así como también que se otorgue sin oposición, el pedido para proceder de inmediato a una audiencia de declaración de culpabilidad. Asimismo, solicitó que la audiencia de sentencia tenga lugar en enero de 2021 y se proceda a la preparación de un PSR actualizado de manera acelerada.

   Explica Chung que la fiscalía tenía los materiales de la Decimosexta Producción desde el 29 de septiembre de 2020, cuando registró la oficina de Alejandro Marín, “pero su torpe esfuerzo por cumplir con la fecha límite consistió en ignorar sus propios estándares de producción y arrojar imágenes forenses no revisables a la defensa, dos días después del 23 de octubre de 2020, e invitar a la defensa a asistir a la oficina del DHS para ver las mismas imágenes no revisables”.

   Recuerda la abogada que se excedió el límite legal y que de acuerdo a la jurisprudencia la producción de varios terabytes de información en un caso criminal que no se pueda buscar ni cargar, constituye una producción válida de material. Igualmente apunta que el gobierno se defiende rutinariamente con éxito de las mociones de Brady/Giglio (la jurisprudencia invocada) y de la Regla 16 precisamente al realizar producciones en forma de búsqueda completa. También recordó que la fiscalía admitió que lo hizo por primera vez el 19 de noviembre de 2020, casi dos meses después de la posesión real.

  Considera que el gobierno debe renunciar a depender de la Decimosexta Producción, en lugar de pedirle a la corte que disculpe las dificultades "técnicas", o pre-argumentar cuál debería ser la sentencia de Víctor Mones Coro.

  

    La defensa citó que el 23 de septiembre de 2020, el gobierno aceptó el riesgo de que no pudiera completar la producción de lo obtenido de la búsqueda en la oficina de Alejandro Marín, pues aún cuando conocía que tenía la intención de registrar dicha oficina y el alcance probable de la búsqueda, aceptó la fecha límite del 23 de octubre de 2020 e incluso dio la impresión de que tenía poco que presentar. “Además, la causa fundamental del retraso de las 16 producciones posteriores a la declaración de culpabilidad, según el propio gobierno, fue el hecho de que los AUSA y los agentes no hicieran preguntas que eran obvias desde 2018, como ‘¿Por qué el Sr. Marín no tiene conversaciones de texto con los acusados anteriores a noviembre de 2018?’ o ‘¿Qué pasó con los cientos de miles de euros perdidos que el Sr. Marín transportó en julio de 2018?’".

   A criterio de la defensa de Mones, la fiscalía pareciera desconocer su propia evidencia. 

   Acotó que Alejandro Marín borró casi medio millón de correos electrónicos —y tal vez otros materiales— de su oficina, antes de que el gobierno se apoderara de ellos.

   También argumenta la abogada Chung que la exclusión de la Decimosexta Producción es el remedio adecuado a esta situación, puesta que en ella no se menciona ni un solo artículo en el que deba basarse en la sentencia de Víctor Mones Coro.

“Mones Coro solicita respetuosamente que se le otorguen sus solicitudes sin oposición de una audiencia de declaración de culpabilidad inmediata, una sentencia en enero de 2020 y una PSR acelerada”.

  Para que ello sea posible, es necesario, reitera la defensa, debe excluirse la dependencia del gobierno de la decimosexta producción porque no cumplió la fecha límite del 23 de octubre de 2020.

   Chung refiere que la fiscalía ha malinterpretado el argumento de su representado sobre el alivio de la búsqueda y la cual se sustenta en que no se cumplió con las obligaciones del descubrimiento.

“El disco duro que el gobierno entregó a los abogados el 25 de octubre de 2020, dos días después de la fecha límite del 23 de octubre de 2020, contenía solo imágenes forenses que no se podían buscar”.

   La abogada refiere que el gobierno reconoció en un caso reciente que la producción de una imagen forense de dispositivos electrónicos no es suficiente para cumplir con las obligaciones de descubrimiento.

  Acusa de falsa la afirmación de la fiscalía invitó a la defensa para "inspeccionar" el 23 de octubre de 2020 el material obtenido en la empresa My Jet Server, por cuanto el aviso que recibió decía que la copia de la unidad podría completarse "esta noche o este fin de semana", pero que la inspección podría comenzar "este fin de semana", es decir, después de la fecha límite.

   Christine H. Chung subraya que el gobierno conocía el riesgo de no cumplir con la fecha límite del 23 de octubre de 2020 para presentar la decimosexta producción y, por tanto, debe asumir el riesgo que aceptó.

 Agrega que las producciones del gobierno posteriores a la declaración de culpabilidad se retrasaron debido a fallas en la investigación. En tal sentido, Chung refiere que los agentes y los AUSA fallaron en la investigación, la supervisión y la presentación de informes, lo que ocasionó el reconocimiento Insertar Imagen Mones 5

  La defensa estima que el gobierno no identifica ni una sola pieza de evidencia de la Decimosexta Producción en la que necesite basarse para presentar sus argumentos para la sentencia.

  Para la defensa son irrelevantes el resto de los motivos del gobierno para oponerse a la exclusión de la decimosexta producción y destaca que los argumentos del gobierno sobre las sentencias prematuras solo aclaran la materialidad de las producciones tardías.

   Considera que, implicar a Mones por asociación en el tráfico de drogas, el lavado de dinero o la opresión política no tiene fundamento y es prematuro, pues el acusado huyó de Venezuela cuando Hugo Chávez asumió el poder, y su crimen fue motivado principalmente por el deseo de salvar la empresa con sede en Florida que fundó y dirigió. En este sentido recordó que, a diferencia de Alejandro Marín, Víctor Mones admitió de inmediato su gravísimo delito de violación de las sanciones, así como el comportamiento incorrecto y encubridor en el que participó.

  Del mismo modo, Chung destaca que Mones no tiene un "historial de participación en transferencias ilegales de dinero" y el gobierno nunca ha tenido pruebas de que lo haga.

  Dice que los chats que muestran la planificación y ejecución de la transferencia de efectivo de julio de 2018 es claro la no participación de su defendido.

  La defensa también precisa que a su defendido se le pagaba ocasionalmente con efectivo que otro operador traía a Estados Unidos, pero ese efectivo no fue transportado ilegalmente; que el gobierno no ha alegado que Mones Coro transportara drogas o contrabando o que lavó dinero; que Mones Coro no tenía un "historial" de participación en "transferencias ilegales de dinero".

   Dice que gobierno reconoce que los múltiples millones de dinero en efectivo que León y Marín transportaron ilegalmente a los Estados Unidos —tres veces en 2018 y 2019— fueron "ganancias del crimen" de vuelos ilegales para Tareck El Aissami, sin la participación de Víctor Mones Coro.

  Finalmente, Christine H. Chung estima que es incorrecto que el gobierno insinúe que Víctor Mones Coro admitió haberse beneficiado a sabiendas de cualquier transferencia ilegal de efectivo, pues él recibió dinero en efectivo en algunas ocasiones, pero el dinero fue declarado.

 

 

Tribunal aplaza el caso contra Alejandro Marín para que las partes logren un entendimiento

 Por Maibort Petit

   El juez del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Kevin N. Fox, otorgó el aplazamiento hasta el 18 de diciembre de 2020, solicitada por la defensa de Alejandro Marín, procesado en esa instancia judicial por mentirle a los agentes de la Agencia de Seguridad Nacional en el contexto de una investigación para la cual colaboraba sobre una trama de lavado de dinero que involucra al ministro de Petróleo, Tareck El Aissami.

   Marín, propietario de la empresa My Jet Server, fue arrestado en Miami el pasado 19 de septiembre debido a que enfrenta tres cargos al haber, de manera deliberada, falsificar, ocultar y encubrir hechos materiales usando trampas, planes y dispositivos como teléfonos celulares, de acuerdo a lo que reza la acusación.

  La solicitud de prórroga fue formulada por el fiscal Sam Adelsberg ante la corte, el pasado 18 de noviembre 18 de noviembre de 2020 con el objetivo de entablar más conversaciones con el abogado de la defensa y el acusado sobre la disposición del caso.

  El magistrado consideró que tal aplazamiento sirve mejor a los fines de la justicia y supera los mejores intereses del público y del acusado en un juicio rápido.

 Kelley Sharkey —abogado de Marín— y los fiscales federales adjuntos, Samuel Adelsberg y Amanda Houle, mantienen en la actualidad una serie de discusiones sobre una posible disposición del caso.

  Alejandro Marín consintió en la prórroga y renunció a su derecho a ser acusado en un plazo de 30 días adicionales.

  Marín se mantiene detenido por el riesgo de fuga que existe, dada su condición de piloto y ser dueño de una empres aeronáutica.

 

Estas es la flota de aviones de My Jet Server, empresa de Alejandro J. Marín, acusado de haber mentido a los agentes federales de EE. UU.

Por Maibort Petit

    Aviones pertenecientes a empresarios venezolanos [y de otras nacionalidades] conforman la flota de My Jet Server, la empresa propiedad de Alejandro Javier Marín, un piloto y empresario que actuaba como fuente confidencial en una investigación vinculada al exvicepresidente y actual Ministro de Petróleo del régimen venezolano, Tareck El Aissami.

    Alejandro Javier Marín está siendo procesado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por haberle mentido a los agentes federales de Estados Unidos cuando, justamente trabajaba como fuente confidencial. 

  Marín dijo en una declaración financiera jurada ante el tribunal "que no tenía fondos  para pagar su defensa por lo que pidió al juez que le designara un abogado de oficio". Los fiscales se negaron y dijeron que Marín tenía recursos para costearse su representación legal. El juez aprobó la petición del piloto venezolano.

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Aunque está siendo procesado por mentirle a los agentes federales, el piloto venezolano, Alejandro J. Marín consiguió un préstamo para su empresa de $400 mil otorgado por el gobierno de EE. UU.

   En la carta al juez, los fiscales neoyorquinos acusan a Marín de mentir, y advirtieron que el acusado logró un préstamo gubernamental, "previsto para atender la emergencia económica de las empresas norteamericanas [creada por la pandemia de coronavirus] por más de $400 mil". 

  Los fiscales agregaron que Marín tiene fondos para pagar sus abogados.

  De hecho, en una averiguación, Venezuela Política pudo determinar que Marín posee bienes inmuebles en Brickell, Florida, así como autos lujosos [un Porsche y una camioneta Range Rover último modelo] así como otros bienes en instrumentos financieros.

Este es el auto deportivo de Marín y su avión que forma parte de la flota de My Jey Server.

  Estos son algunos de los aviones identificados en los récords de la flota  de la empresa de Marín, My Jet Server .

  Avión N820JS perteneciente a José Manuel González Testino, contratista de PDVSA y CITGO, acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de corrupción y lavado de dinero, y de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas por haber pagado sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela y su filial CITGO. Actualmente se encuentra a la espera de sentencia que será dictada en la Corte del Distrito Sur de Texas en Houston.

  Avión con siglas N887JS propiedad de Juan Carlos Ferro [y Mariano Díaz fallecido en un accidente aéreo en Venezuela en 2019].  

***Mariano Díaz fue denunciado en 2015 por lavado de dinero y narcotráfico. La nave donde murió provenía del Arco Minero de Guasipati, uno de los lugares de mayor riqueza de Venezuela en donde el régimen de Nicolás Maduro ha permitido explotar el mineral para venderlo a través del mercado negro y traficarlo a otros países.

  Mariano Díaz, por cierto, estaba ligado al mundo del fútbol en Venezuela, y vinculado a la «Banda de los Enanos”, la mafia judicial más grande que se ha denunciado en Venezuela.  Díaz también comparte nexos con el boliburgués Raúl Gorrín, sancionado por el Gobierno de Estados Unidos por lucrarse con dinero del Estado a través de negocios millonarios con el chavismo y uno de los más buscados de la justicia estadounidense.

José "Pepe" Leggio Cassara

  En la flota también estuvo el avión que pertenecía al empresario venezolano, José "Pepe" Leggio Cassara quien fue deportado o expulsado de los Estados  Unidos por agentes federales el domingo 4 de octubre de 2020, cuando llegó al aeropuerto de Miami. 

   El avión Hawker 800XP siglas N27FL fue  confiscado días antes por el gobierno de los Estados Unidos cuando se encontraba en un hangar  en el aeropuerto de Tamiami y actualmente se encuentra bajo custodia de los federales en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Leggio Cassara fue deportado a México. 

Ver detalles de la deportación de Pepe Leggio Cassara de EE. UU. Aquí.

  La empresa de Alejandro Javier Marín, My Jet Sever operaba el avión del mencionado empresario. La nave es la Hawker 800XP siglas N27FL.

  My Jet Sever ha operado y administrado una cantidad importante de aviones de personas ligadas al régimen de Nicolás Maduro y a grandes caso de corrupción. En la flota aparecen al menos dos aviones de Gónzalez Testino, y uno del abogado del empresario colombiano arrestado en Cabo Verde por orden de los Estados Unidos, por estar acusado de delitos de lavado de dinero, corrupción y de ser el testaferro de Maduro, Álex Saab. El abogado de Saab, Abelardo de la Espriella tenía uno de sus aviones bajo My Jet Server.

  Este es otro de los aviones que aparecen en la flota de la empresa de Alejandro J. Marín.

   Este es el último de la flota propiedad de MGME INC TRUSTEE

WILMINGTON, DE, US.

Defensa de acusados del caso El Aissami en la corte de NY busca descalificar la fuente confidencial del gobierno y desmontar la demanda

  La inapropiada conducta de la fuente confidencial de la fiscalía, según la defensa de Michols Orsini Quintero en el caso del piloto de Tareck El Aissami

Por Maibort Petit 

   Según la abogada defensora de Orsini, Alejandro Javier Marín mantuvo trató con la esposa de su representado, mientras actuaba como fuente confidencial del gobierno.

  El piloto venezolano Michols Orsini Quintero, a través de su abogada defensora, Sabrina Shroff, se sumó a los involucrados en el caso que acusan la conducta irregular de la fuente confidencial de la fiscalía, cuyo testimonio consume casi en su totalidad el gran volumen de pruebas presentadas tardíamente en su contra por el gobierno.

  Orsini Quintero está acusado de formar parte de la conspiración para que las empresas registradas en Estados Unidos, a saber, American Charter Services LLC y SVMI Solutions LLC, llevaran a cabo transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y sus normas regulatorias, de modo de así evadir las sanciones impuestas por el departamento del Tesoro al ex vicepresidente y actual ministro de petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami y el socio de este, Samark López Bello.

  El primero en denunciar la producción tardía del descubrimiento fue el coacusado, Víctor Mones Coro, señalado de negociar el transporte aéreo de pasajeros privados para Tareck Zaidan El Aissami Maddah. Ahora lo hace Michols Orsini Quintero, cuya representante legal refiere que el gobierno hizo 15 producciones de pruebas que totalizan casi 6 terabytes de información, las cuales fueron entregadas meses después de la interrupción del proceso de descubrimiento, aun cuando estas evidencias estuvieron a disposición de la fiscalía durante mucho tiempo.

  La cuestionada fuente confidencial, el piloto Alejandro Marín, quien es propietario de la empresa Administración Aeronáutica My Jet Server LLC, fue acusado de mentir a agentes federales de Estados Unidos mientras actuaba como colaborador en las investigaciones. Entre otros señalamientos en contra, está el de haber sustraído USD 140.000 de un paquete de dinero en efectivo incautado a una organización criminal.

   Marín se acogió a la defensa pública, pero ha habido observaciones al respecto, por lo que el juez ordenó determinar la realidad financiera del acusado. A su favor se dice que aún cuando es un empresario, la totalidad de los ingresos de la compañía están destinados al pago de un préstamo de USD 1,4 millones. Marín obtuvo un préstamos de USD 400.000 del programa de ayuda federal para paliar la crisis de la pandemia que él alega fueron usados para el pago de nómina de la empresa.

  El descrédito de Alejandro Marín también fue acusado por Víctor Mones Coro.

  La defensa de Michols Orsini Quintero sostiene que es imposible revisar la evidencia presentada por el gobierno, toda vez que el juicio contra su defendido tendrá lugar el 25 de enero de 2021.

   El juez, incluso, recomendó a la fiscalía incluir a Orsini Quintero en la misma acusación contra Tareck El Aissami, Samark López, Joselit Ramírez, Víctor Mones Coro, Alejandro León Maal y Alejandro Quintavalle Yrady.

  Víctor Mones Coro, Michols Orsini Quintero y Alejandro Miguel León Maal se declararon inocentes en agosto de 2019, pero luego, en noviembre del mismo año, Mones Quintero se declaró culpable a cambio de algunas reconsideraciones en su acusación.

   El pasado 10 de noviembre, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York se advirtió del riesgo de fuga que existe en torno Alejandro Marín, dado su acceso a aviones privados venezolanos y sus relaciones con el Tareck El Aissami y otros altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

  Igualmente, Sabrina Shroff le aseguró al juez de la causa, Alvin K. Hellerstein, que Alejandro Marín, en su carácter de fuente confidencial de la fiscalía "se acercó repetidamente a la esposa del señor Orsini Quintero y la interrogó sobre el juicio de su esposo” y le requirió información acerca de si este se sentía satisfecho con la defensa que se le había designado por el tribunal.

“Aún más preocupante, parece que el Sr. Marín continuó empleando a la esposa del Sr. Orsini Quintero sin informar al gobierno ni a los agentes del caso de esta relación en curso. Y, por supuesto, el Sr. Marín no informó a los agentes del DHS que estaba comprometido en una conducta que, incluso, el gobierno categoriza como fraude migratorio durante el tiempo que estuvo cooperando y consiguiendo arrestar a otros”, le manifestó la abogada al juez en su comunicación.

  Se apunta que cuando la defensa informó al gobierno de las continuas interacciones inapropiadas de Marín con la esposa de Orsini Quintero, la fiscalía procedió asumir sola las consultas, pero simplemente hizo que los mismos agentes que estaban a cargo de CS le preguntaran a este sobre su conducta que este negó. El gobierno no hizo más averiguaciones al respecto.

  Otro asunto irregular acusado por la defensa de Orsini Quintero al magistrado, son las cantidades de beneficios financieros que el gobierno y las fuerzas del orden otorgaron a la fuente confidencial, consistentes en la entrega de grandes cantidades de dinero para mantener una empresa endeudada y que no se habría mantenido a flote sin la inyección financiera del gobierno.

   Del mismo modo, la defensa le manifestó al juez Hellerstein que era preocupante la relación de cercanía que habían entablado la fuente confidencial y los agentes a cargo de la investigación. En este sentido, citó una conversación sostenida por chat entre Marín y los agentes del DHS, en la cual se observa una gran familiaridad al hacerle referencia a los problemas que confrontaba con su solicitud de “ciudadanía”, por lo que necesitaba de su ayuda.

“Buenos días, por favor, ¿puede preguntarle a George (agente del DHS) por qué es tan difícil ayudar a acelerar algo tan importante como mi ciudadanía? Hombre, nada de lo que prometió sucedió, lo mismo y la situación de mierda en grupo que tengo con el IRS si te digo cuántas veces te digo que no te preocupes, estoy pasando por una situación muy delicada en la que unas 20 personas dependen de mi empresa, lo siento TJ para decirte esto, pero de manera realista esto es una tontería, yo (por qué) no puedo HSI no puedo hablar con HSI para (...)”, le escribió Marín al agente.

   Sobre la gran cantidad de evidencia tardía, la defensa apunta que se requerirían 185 revisores trabajando 2 mil horas cada uno durante un año para analizar todas las pruebas contenidas en los 6 terabytes de información entregada por la fiscalía, toda vez que se estima que un terabyte contenga 75 millones de páginas y suponiendo que un abogado o asistente legal pueda revisar 50 documentos por hora.

  La defensa Orsini Quintero sostiene que las mismas pruebas de la fiscalía evidencian que su cliente no estuvo ligado a la conspiración y que era simplemente un empleado contratado por Alejandro Marín y, luego, por sugerencia de este último, para Víctor Mones Coro.

 

 

 

 

 

Aunque está siendo procesado por mentirle a los agentes federales, el piloto venezolano, Alejandro J. Marín consiguió un préstamo para su empresa de $400 mil otorgado por el gobierno de EE. UU.

 Por Maibort Petit

   Aunque había dudas sobre la certeza de la declaración financiera presentada ante el tribunal, el piloto y empresario de aviación[propietario de Jet Server], Alejandro J. Marín, acusado de haber metido a los agentes federales de los Estados Unidos cuando actuaba como fuente confidencial de la investigación vinculada al caso que involucra al Ministro de Petróleo del régimen de Nicolás Maduro, Tareck El Aissami y a otros altos jerarcas venezolanos.

   Gracias a lo argumentado por los fiscales del caso se supo que Marín se las arregló para lograr un préstamo de $400 mil dólares del programa de ayuda a los negocios que implementó la administración del presidente, Donald Trump para ayudar a las empresas norteamericanas para hacer frente a la crisis originada por la pandemia del Covid-19.

  Alejandro Javier Marín, dueño y director de la empresa de Administracion Aeronautica My Jet Saver LLC, una compañía de unos 16 empleados, habría aplicado al préstamo del gobierno federal para supuestamente pagar a los trabajadores.

  Los fiscales acusan al empresario aeronáutico venezolano del sur de Florida de mentir respecto a un dinero que retuvo durante una operación encubierta en la que participaba como informante del gobierno federal, según documentos judiciales.

   Marín sustrajo 140,000 dólares de un paquete de dinero en efectivo que sería incautado a una organización criminal internacional y mintió sobre su destino.

  El 13 de noviembre de 2020 se presentó inicialmente el imputado Alejandro Javier Marín ante la  Corte del Distrito Sur de Nueva York ante la juez, Debra Freeman, quien luego de evaluar el caso decidió designar un abogado para defensa del acusado.

  A Marín se le imputan de tres cargos de declaración falsa a un agente federal, en violación de 18 U.S.C. § 1001 (a). 

  La Corte designó temporalmente a Kelley J. Sharkey, del panel de CJA para representar al Sr. Marín, pero observó que, con base en la información financiera proporcionada al tribunal en la declaración jurada financiera del Sr. Marín y declaraciones hechas por la Fiscalía (que objetó el nombramiento de un abogado),  "No estaba claro si Marín era, de hecho, elegible para representación designada por el tribunal". 

  La corte ordenó la abogada Sharkey proporcionar información adicional después de la presentación y ayudar al Tribunal a determinar si debe continuar el nombramiento temporal.

    Sharkey envió una carta a la Corte el 12 de noviembre de 2020, en respuesta a su directiva. 

    La juez dijo que "habiendo revisado esa carta, el Tribunal concluye que, si bien Marín parece tener activos sustanciales, también parece estar significativamente endeudado y tener poca liquidez en su activos y no hay efectivo disponible. Además, aunque, antes de su arresto, Marín recibía ingresos de su trabajo (como piloto) a un nivel superior al que normalmente calificaría a un acusado para recibir servicios de un abogado de oficio, la Corte ha ordenado ahora su prisión preventiva y no tiene indicios de que su los ingresos continuarán". 

 Asimismo, la magistrada indicó que "sí bien el Gobierno ha argumentado que el señor Marín podría sacar fondos de su negocio familiar que aún funciona, que recientemente obtuvo un préstamo del programa de ayuda federal para paliar la crisis de la pandemia, de aproximadamente $ 400,000, la abogada Sharkey ha manifestado que, según el acusado cualquier beneficios que la empresa obtenga actualmente se utilizan para pagar una deuda de 1,4 millones de dólares, y el préstamo PPE se utilizó para pagar a los empleados de la empresa".

  “Para calificar para el nombramiento de abogado, uno no necesita estar totalmente sin recursos financieros. Para determinar si un acusado no puede pagar un abogado, un tribunal generalmente considera “las realidades económicas que enfrenta el acusado, es decir, los costos realistas de defensa y las necesidades financieras del acusado y su familia". 

   Sostuvo que en este caso, es demasiado pronto en el proceso para conocer con certeza los costos realistas de la defensa, pero bien pueden ser alto, y, si bien es posible que Marín tenga acceso a activos más allá de lo que ha representado ante la Corte, ni su declaración jurada ni las declaraciones realizadas en su nombre por abogado refleja que actualmente tiene los fondos disponibles para contratar un abogado.

  En ese sentido, la juez ordenó que Sharkey siga sirviendo como abogado de oficio aunque advirtió a Marín que, en una etapa posterior de este procedimiento, es posible que el Gobierno solicite el reembolso de los honorarios de abogados gastados en virtud de lo establecido en la  Ley de Justicia Penal. 

  La carga recaerá sobre Marín para demostrar por una preponderancia de la evidencia que ha sido financieramente incapaz de obtener un abogado. “está bien establecido que la carga recae en acusado de demostrar por una preponderancia de la evidencia que no puede obtener abogado. 

  Además, la juez ordenó  a la abogada Sharkey que informe al Tribunal de cualquier cambio en las circunstancias financieras del Sr.Marín del que tenga conocimiento durante el curso de su enjuiciamiento, en la medida en que ella crea que tales cambios podrían tener un impacto material sobre la determinación de la Corte de la continua elegibilidad de  Marín para un abogado designado.

Juez de NY ordena a los fiscales entregar la información "favorable" a Víctor Mones Coro, vinculado a Tareck El Aissami, para que pueda usarla en su defensa

Por Maibort Petit

  El juez de Distrito de los Estados Unidos, Alvin K. Hellerstein, ordenó a los fiscales federales que entreguen a los abogados de Víctor Mones Coro toda la información que pueda ser favorable para su defensa, antes que sea sentenciado por los delitos relacionado con la violación de las sanciones que EE. UU. impuso contra el exvicepresidente y actual Ministro de Petróleo del régimen de Venezuela, Tareck El Aissami y su testaferro, Samark López Bello. La decisión tiene que ver con nuevos elementos del caso vinculados al arresto de Alejandro Javier Marín, una fuente confidencial que está siendo juzgado por haber mentido a los agentes del gobierno estadounidense.

  Hellerstein basó su decisión en la Regla Federal de Procedimiento Penal 5 (f) que establecen las obligaciones de divulgación del gobierno bajo Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963).

   El juez dijo en su fallo que el Gobierno debe revelar a la defensa toda la información "favorable a un acusado" eso es "material para la culpabilidad o el castigo" que del conocimiento de los fiscales.

   "Esta obligación se aplica independientemente de si la información en sí misma constituiría admisible evidencia" advierte. 

   El Gobierno revelará dicha información a la defensa inmediatamente después del conocimiento de la decisión del tribunal, para que la defensa pueda hacer uso efectivo de la información en la preparación de su caso.

   Como parte de estas obligaciones, el Gobierno debe revelar cualquier información que pueda ser utilizada para impugnar el testimonio del juicio de un testigo del gobierno, que en este caso es el piloto Alejandro Javier Marín.

     El juez ordenó que la información debe ser divulgada a más tardar en una semana antes de la última conferencia previa al juicio para que el acusado pueda hacer uso efectivo de la misma en el juicio o en cualquier otro momento que la Corte pueda ordenar. 

  Las obligaciones anteriores son continuas y se aplican a los materiales que se conocen al Gobierno en el futuro. Además, "si la información está sujeta a divulgación, debe ser divulgado independientemente de si el Gobierno lo acredita.", advierte el juez.

   En el caso de que el Gobierno crea que la  divulgación de alguna información compromete la seguridad de los testigos, los derechos de las víctimas, la seguridad nacional, una aplicación de la ley sensible técnica, o cualquier otro interés sustancial del gobierno, puede solicitar al Tribunal la modificación de sus obligaciones, que pueden incluir revisión en cámara o retención o sujeción a una orden de protección toda o parte de la información que de otro modo estaría sujeta a divulgación.

  Para los propósitos de esta Orden, el Gobierno incluye todos los estados federales, estatales, actuales o anteriores y fiscales locales, agentes del orden y otros funcionarios que han participado en la investigación que condujo a, o enjuiciamiento, del delito o delitos con los que el demandado está acusado.

  La orden del juez sostiene que el Gobierno tiene la obligación  de buscar de esas fuentes toda la información sujeta a divulgación en virtud de esta Orden.

  Si el Gobierno no cumple con la Orden del juez, la Corte, además de ordenar producción de la información, puede:

(1) especificar los términos y condiciones de dicha producción;

(2) otorgar un aplazamiento;

(3) imponer sanciones probatorias;

(4) imponer sanciones a cualquier abogado responsable del Gobierno;

(5) desestimar los cargos antes del juicio o anular una condena después del juicio o una declaración de culpabilidad; o

(6) ingresar cualquier otra orden que sea justa bajo las circunstancias.

La acusación

Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro proporcionó vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.

Específicamente, el acusado operaba una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designados en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.

La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr.

Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

Mones Coro proporcionó servicios de vuelo y hangar a El Aissami y López Bello desde al menos 2014. Luego de la designación de El Aissami y López Bello por la OFAC, el acusado trabajó con otros para continuar brindándoles servicios en violación de la ley.

Además de proporcionar servicios de vuelo internacional, el acusado y sus cómplices organizaron vuelos en nombre de El Aissami y López Bello dentro de Venezuela en apoyo de la campaña presidencial de Maduro en 2018. "Para enmascarar su conducta ilícita, el acusado y sus cómplices usaron nombres en clave para referirse a El Aissami y López Bello en los manifiestos de vuelo y crearon facturas falsas. Igualmente, utilizó pagos en efectivo a granel transportados en aviones volados desde Venezuela a los Estados Unidos", dicen los fiscales.

El acusado también ordenó a un miembro de la conspiración que mintiera a la policía durante la tramitación de la investigación.

Mones Coro fue arrestado en el Distrito Sur de Florida el 8 de marzo de 2019 y ha estado detenido desde entonces en el Centro Correccional Metropolitano.

El 26 de noviembre de 2019, el acusado se declaró culpable y está programado para ser sentenciado el 24 de abril de 2020.

Mones Coro solicitó que el Tribunal se base en el Informe de la Oficina de Prisiones del 24 de marzo de 2020, en lugar de un Informe de servicios previos al juicio, para que el juez le otorgue el beneficio de libertad bajo fianza.

Los fiscales dijeron que la solicitud de libertad bajo fianza de Moros Coro no cumple con la evidencia que se requiere, y que los argumentos no son convincentes.

Rechazaron la posibilidad de que se le deje en libertad en el proceso de espera de la sentencia porque existen altas posibilidades de que el acusado huyó. Asimismo, los fiscales le restaron importancia a una serie de cartas de amigos que presentó Moros Coro, que declaran que el acusado no va a huir del país.

El registro demuestra que el acusado tiene el incentivo, los medios y las relaciones para huir, acusan la Fiscalía.

La Oficina de Libertad Condicional concluyó que, a pesar de las deudas reclamadas por el acusado y el flujo de caja negativo, tiene la capacidad de pagar una multa y que la declaración jurada financiera del acusado, que puede haber sido técnicamente correcta al momento de la finalización, "aparentemente sub-representa la capacidad del acusado de pagar una multa".

De hecho, hace solo unas semanas, el acusado vendió una de sus residencias en Boca Ratón por más de $1.7 millones, y el abogado defensor aclaró a la Oficina de Probation que ciertas deudas que figuran en la declaración jurada financiera no se cobrarán.

Igualmente, el acusado tiene contactos extranjeros sustanciales, incluidas personas con recursos significativos que tienen un incentivo para sacar al acusado de los Estados Unidos para protegerse contra los cargos de anuncio reciente.

Si bien el acusado es ciudadano de los Estados Unidos, también es ciudadano de España y Venezuela. La madre del acusado reside en España y su hermana reside en las Islas Canarias españolas.

Los fiscales destacan que tiene relaciones con altos funcionarios venezolanos que tienen un incentivo creciente para ayudarlo a huir de los Estados Unidos.

Los conspiradores acusados ​​del acusado incluyen a El Aissami, el ex vicepresidente venezolano y actual ministro de Industria y Producción Nacional; López Bello; y Joselit Ramírez Camacho, actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela.

   El Aissami y López Bello son parte del círculo interno del gobernante venezolano de facto, Nicolás Maduro, quien también está acusado en este Distrito.

  El acusado ayudó a proporcionar vuelos en apoyo a la más reciente campaña electoral de Maduro, que la Organización de los Estados Americanos concluyó que "carecía de legitimidad" y contribuyó al "empeoramiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela como resultado del colapso del orden democrático y graves violaciones de los derechos humanos.

Alexei Schacht será el abogado de Samark López Bello en Nueva York

 El abogado seleccionado por Samark López representó a Ali Kourani, un espía de Hezbollah que fue condenado a 40 años de cárcel por un tribunal de Manhattan.

Por Maibort Petit

   De acuerdo a un aviso ingresado en el expediente del caso contra Samark López Bello en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el célebre abogado penalista, Alexei Schacht fue admitido para poder recibir y ver las comunicaciones del caso que involucra a López Bello, Tareck El Aissami, Joselit Ramírez Camacho, Adel El Zabayar, entre otros.

  En una carta enviada por la Fiscalía de los Estados Unidos al juez,  Alvin K. Hellerstein se señala que el abogado Alexei Schacht presentó un aviso de comparecencia en el caso a nombre de Samark López Bello, quien sigue siendo un fugitivo en este caso.

     El gobierno de los Estados Unidos ha solicitado al tribunal que mantenga bajo sello una serie de comunicaciones relacionadas con Alejandro J. Marín, un piloto venezolano que actuaba como fuente confidencial de las agencias federales vinculadas al caso, y que fue acusado por haber mentido a los agentes sobre un dinero que formaba parte de una actividad encubierta. Ver detalles del caso aquí.

   Los fiscales señalan que Schacht aceptó recibir las comunicaciones bajo la única base que el Gobierno podrá tratar de realizar futuras presentaciones selladas en el caso que involucra a Alejandro Javier Marín, un piloto que fue arrestado por haber mentido a los agentes de la Agencia de Seguridad Nacional (HSI).  

   Reiteran los abogados del gobierno estadounidense que López Bello permanece en estatus de fugitivo y que existen  preocupaciones de seguridad relacionadas con la fuente confidencial, Alejandro J. Marín que será procesada en el mismo caso. 

   Los fiscales advierten que no está claro qué Schacht pueda tener una participación más amplia en el caso, dada la negativa de su cliente, Samark López Bello, de someterse a la autoridad de ese tribunal. 

  Los fiscales federales recordaron que de acuerdo a la doctrina, la desautorización del fugitivo priva al acusado de recurrir a los recursos de la Corte para la determinación de sus reclamos "mientras permanezca prófugo de la justicia". 

  "Un acusado que no se presenta en primera instancia o se fuga durante el curso del proceso penal viola la autoridad del tribunal no puede acceder a la documentación del proceso", acotaron los fiscales.

  Alexei Schacht tiene más de 20 años de experiencia en la defensa criminal de clientes en investigaciones gubernamentales, audiencias con grandes jurados, juicios con jurados, en tribunales, y apelaciones. 

  Según su página web, Schacht ha manejado asuntos que van desde la conspiración de narcóticos hasta el homicidio y el fraude de valores. A nivel comercial, trabaja con varias empresas de exploración de petróleo y gas, ayudando a negociar, estructurar y financiar acuerdos de producción compartida.

  Alexei Schacht fue el abogado del espía de Hezbollah, Ali Kourani, quien se mantuvo oculto en el Bronx por años. En diciembre de 2019, fue sentenciado a 40 años de prisión después de decirle a un juez de Nueva York que todavía simpatizaba con la organización terrorista.

  El caso de Ali Kourani representó la primera vez que un miembro de la Organización Jihad Islámica de Hezbollah fue sentenciado en un tribunal de Estados Unidos.  El fiscal federal adjunto de este caso,  Emil Bove, el mismo que está al frente del caso de Tareck El Aissami, Samark López, Adel El Zabayar  y Joselit Ramírez Camacho, entre otros.

Juez de Florida ordena traslado a Nueva York del piloto Alejandro J. Marín acusado de mentirle al gobierno de EE. UU.

  Por Maibort Petit

   El juez de la Florida, Lauren F. Louis ordenó al piloto venezolano, Alejandro J. Marín a comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde cursa una acusación en su contra por haber mentido a los agentes federales durante su colaboración con la justicia de los Estados Unidos.

   El juez Louis ordenó que el acusado permaneciera en custodia de los Alguaciles de los Estados Unidos después de su comparecencia en el tribunal federal de Miami.

 La orden del juez dice que el alguacil de los Estados Unidos debe transportar al acusado, junto con una copia de la orden de traslado a las autoridades en Nueva York. Una vez que Marín sea entregado ante la corte del Distrito Sur de NY,  el alguacil  notificará inmediatamente los fiscales federales y al secretario del tribunal sobre la  llegada del acusado para que se puedan programar con prontitud nuevos procedimientos. 

El caso

  El piloto venezolano, dueño de la empresa My Jet Saver (AOC), Alejandro J. Marín, fue arrestado el 19 de septiembre de 2020, en Miami acusado de haber mentido a los agentes de la Agencia de Seguridad Nacional. Marín estaba colaborando con la justicia estadounidense, en el marco de una investigación que gira en torno a una trama de lavado de dinero presuntamente vinculada a los asociados del caso del Ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami.

  Alejandro J. Marín mintió a un agente de la agencia de Seguridad Nacional y la acusación federal incluye tres cargos. El caso es procesado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

  Alejandro J. Marín Aigster, CI. 11.310.389, nació en Venezuela el 7 de diciembre de 1973, y fue residente de El Cafetal, Municipio Baruta.

 Marín, de manera deliberada, habría "falsificado, ocultado y encubierto hechos materiales usando trampas, planes y dispositivos como teléfonos celulares".

  Marín fue acusado por las autoridades del Distrito Sur de Nueva York, el 18 de agosto de 2020 por haber hecho declaraciones y representaciones materialmente falsas, ficticias y fraudulentas, cuando un agente de Seguridad Nacional, le preguntó si había recibido alguna vez una suma de aproximadamente $ 140.000 que eran propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Como respuesta, Marín afirmó que no, cuando en realidad sí lo había recibido.

  Asimismo, a Marín se le acusa hacer una declaración falsa a un agente federal el 27 de agosto de 2020, cuando el acusado dijo a los oficiales federales, que una persona que forma parte de una investigación y que está identificada como "Individuo-1" "nunca le pidió permiso para tomar dinero de un paquete que contenía ganancias derivadas de actividades criminales". Según la acusación, Marín había acordado que el individuo-1 podría tomar fondos del paquete.

  El tercer cargo sostiene que el 27 de agosto de 2020, Marín le dijo a los agentes de la Seguridad Nacional (HSI) que nunca había preparado un paquete de dinero para el Individuo-1 cuando en los hechos sí lo había hecho.

 De acuerdo a una declaración jurada del agente especial de HSI, Timothy Mccann, quien está vinculado a la investigación y fue uno de los que habló con Marín y revisó los mensajes electrónicos del teléfono de acusado, así como los registros bancarios se determinó que hubo un desvío no revelado del producto del delito por parte del acusado a un asociado extranjero.

  En enero de 2018, Marín firmó un acuerdo para actuar como fuente confidencial de la agencia de Seguridad Nacional (HSI).

  Entre sus responsabilidades como fuente confidencial, Marín estaba comprometido a ayudar en una investigación relacionada con transacciones ilícitas y otras actividades ilegales de co-conspiradores ubicados en los Estados Unidos y en el extranjero.

 En la declaración dice que "En junio de 2018 como objetivo de la investigación se acordó transportar el dinero, producto derivado del delito, en un avión privado.

  Es decir, Marín debía recoger el dinero producto de las ganancias de las actividades ilícitas y desviar el avión donde se transportaba el dinero a los Estados Unidos donde se confiscaría por ser producto de un delito.

  El 3 de julio de 2018, Marín envió a un agente de HSI una fotografía que mostraba seis paquetes, cada uno etiquetado con un nombre y una cantidad de dinero en euros . "El valor total de Euros que figura en los Paquetes fue de 1.297.500 Euros. Marín enumeró un paquete con la cantidad "999,400 Euros denominado "Paquete-1".

 Ese mismo 3 de julio de 2018 Marín intercambió mensajes electrónicos con un asociado extranjero denominado ("Individuo-1") indicando que le había enviado los referidos paquetes.

  Posteriormente, Marín escribió que un "socio de fútbol" asociado con el individuo-1 necesitaba “100 en efectivo” que serían reembolsados ​​a una empresa de su propiedad en aproximadamente un mes, acotando que "usted toma las decisiones" e indicándole "tómalo al tipo de cambio de hoy y ciérrelo con los primeros que tenga allí".

  La agencia estadounidense analizó las imágenes forenses de los teléfonos de Marín con su consentimiento en octubre de 2018 y abril de 2019 en los que aparecían los mensajes intercambiados entre Marín y la Individuo-1 en español.

  Cuando los agentes entrevistaron a Marín, en Nueva York, le advirtieron que es un crimen mentirle a un oficial de la HSI. En esa entrevista, Marín dijo que no había recuperado el dinero que faltaba en el Paquete 1 por parte del Individuo-1.

   Marín mintió a los agentes al afirmar que nunca le proporcionó el dinero en efectivo al Individuo 1, que nunca sacó del monto inicial una parte para entregarse al sujeto en cuestión.

   Pero el 28 de agosto de 2020, el agente Mccann recibió una llamada de Marín para declarar que, después de hablar con su contador había recordado que había recibido aproximadamente $ 130,000 del Individuo-1 como pago por el dinero que faltaba en el Paquete-1.

  En esa misma conversación Marín dijo que había recibido el mencionado monto de dinero a través de dos transferencias bancarias a su compañía My Jet Sarver en enero y junio de 2019, y que una parte del dinero se recibió de la Organización en nombre de Individual-1.

  Los agentes de la HSI pidieron que se arrestara a Marín por haber mentido. El acusado fue arrestado en concordancia con la orden de arresto el 19 de septiembre de 2020.

  Marín debía ser presentado ante el juez Jonathan Goodman, en la Corte del Distrito Sur de la Florida el 23 de septiembre donde se le leería los cargos y se acordaría su trasladado a Nueva York que es la jurisdicción donde se sigue ese caso, pero cuando se le hizo el examen de COVID-19, el acusado resultó positivo y por ello fue confinado en una unidad de aislamiento en el Centro Federal de Detención (FDC) de Miami.

  Se tenía previsto que Marín apareciera por teleconferencia, pero el FDC Miami no ejecutó la llamada legal programada, lo cual generó un problema procesal por haber transcurrido 5 días en el que el acusado esté bajo custodia sin ser presentado al tribunal y sin tener contacto con un abogado en relación con sus asuntos legales pendientes.