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martes, 5 de mayo de 2020

Los viajes corruptos de Alejandro Granado y otros funcionarios de PDVSA

  En el ínterin de 9 meses del año 2009, la estatal petrolera debió pagar por vuelos no justificados un total de USD 1.232.043,64.

Por Maibort Petit


  Durante la “cuarta república” las denominadas “colitas de PDVSA” se constituyeron en un escándalo de corrupción que fue enarbolado como bandera por el finado expresidente, Hugo Chávez, cuando arribó a la primera magistratura, al asegurar que tal situación —uso irregular de los aviones de la petrolera por parte de funcionarios y sus familiares— no se repetiría en su gobierno. En tal sentido, anunció la venta de las aeronaves y una serie de medidas para evitar la repetición de estos hechos. Todo ello quedó en la mera anécdota y retórica, pues el propio avión presidencial —el “camastrón”— y la utilización de los aviones de Petróleos de Venezuela S.A. o la contratación de vuelos pasaron a ser emblema de la irregularidad que, no solamente se mantuvo, sino que se incrementó. Tal es el caso de los vuelos de Alejandro Granado, expresidente de la filial de la estatal en territorio estadounidense, CITGO, que a continuación referimos.
  El irregular usufructo de los recursos del estado a través del uso de los aviones por funcionarios y sus allegados varió en metodología, puesto que del abordaje de aviones oficiales se pasó al arrendamiento de las aeronaves para así tratar de hacer pasar desapercibidas dichas irregularidades.

        Esa fue la estrategia utilizada por Granado, de cuya gestión al frente de CITGO hemos denunciado en recientes entregas, otras irregularidades.

  Ya en 2014 lo denunciaba Joaquín Chaffardet, en un informe que daba cuenta de la llamativa frecuencia con que Granado figuraba en los reportes de vuelos de aviones del estado venezolano a diferentes destinos, sin que existiera justificación alguna que relacionara tales itinerarios con diligencias de la petrolera.

  Agregaba la nota que de 27 aviones con que contaba PDVSA para la época, dos de ellas, un Beechcraft 1900D, matrículas YV2861 y uno que responde a las siglas YV2862, no son utilizadas para las labores de exploración y producción petrolera, sino que “En medios de la aviación privada se dice que son utilizados para vuelos nacionales de dirigentes del PSUV y gerencia media-baja de Pdvsa”.

  La información recogía la denuncia de Chaffardet quien acusó injustificados vuelos a la Florida y otros destinos, que debieron ser cancelados por quienes los realizaron y no por PDVSA, toda vez que respondían a la movilización de los usuarios desde y hasta su residencia particular —es decir uso personal—, en el citado estado y no a Texas, sede de la empresa.

  Los vuelos alquilados de Granado y su familia en 2009 totalizaron USD 928.631,01.

  Fueron 84 vuelos por los que CITGO Petroleum Corporation pagó fletes que variaron desde los USD 1.674 hasta USD 18.832,50, con itinerarios que variaron entre Fort Lauderdale-Houston, Maiquetía-Fort Lauderdale (y a la inversa), Washington-Houston, Teleboro- Fort Lauderdale, entre otros.

   Entre los pasajeros estaba el propio Alejandro Granado, así como Rosana Granado, Phil Reedy, Maritza Villanueva, Richard Gooley.



  La información recogía una advertencia de Chaffardet: “Es necesario tener en cuenta lo siguiente: cuando se contrata un vuelo privado Caracas-Houston y el avión debe regresar a su base en Caracas para volver a Houston días después a recoger los pasajeros para regresar a Caracas, los asientos vacíos se cobran. En enero de 2009 el avión de CITGO que voló vacío de Houston a Maiquetía para recoger a Rafael Ramírez y su familia, se cobra al igual que el vuelo que días más tarde fue a recogerlos a Eagle, en Colorado, y los llevó a Fort Lauderdale en Florida”.

Los vuelos de Ramírez

  Alejandro Granado no fue el único funcionario de PDVSA que endilgó a la petrolera el pago de vuelos particulares, pues entre los que recurrieron a esta práctica también figura el presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, cuyos vuelos irregulares sumaron USD 98.874,77.

  Fueron 9 vuelos cuyas tarifas variaron entre los USD 6.119,41 y USD 17.577.

  Los pasajeros fueron Rafael Ramírez, Beatriz Ramírez, Ernesto Ramírez, Julián Ruiz y Marco Pantoja.

Los vuelos de Zelaya

  No solamente funcionarios venezolanos se habrían valido de sus posiciones para usar irregularmente las aeronaves —bien propias o arrendadas—, pues también el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya y sus colaboradores,  usufructuaron los recursos de PDVSA en traslados aéreos para misiones ajenas a las de la empresa, como era las relacionadas al ALBA, en este caso.

 Los 27 vuelos del exmandatario centroamericano (tanto personales como relacionados con sus asuntos) y su entorno, representaron erogaciones por USD 204.437,64.

  En este caso fueron itinerarios como Houston-Managua, Managua-Washington (y a la inversa), San José-Managua (y a la inversa), Santo Domingo-Washington, Washington-New Orleans, Guatemala-Managua, entre otros. Las tarifas de estos vuelos variaron entre USD 1.610,37 y USD 20.088.

  Entre los pasajeros de estos vuelos se cuentan Nicolás Maduro, Gustavo Vizcayno, José Zelaya, Patricia Rodas, Melina Villanueva, Andrés Izarra, Francisco Arias Cárdenas, entre otros.

  De tal manera que los viajes privados pagados por PDVSA solamente durante nueves meses de 2009, constituyeron un gasto sin justificación alguna para el país de USD 1.232.043 dólares.


 

sábado, 4 de mayo de 2019

Denuncian a gerentes de CITGO por prestarse a procesar compra fraudulenta de vehículos blindados para PDVSA

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Una serie de documentos en nuestro poder demuestran que un grupo de gerentes  de la filial de PDVSA en los Estados Unidos (CITGO) que actualmente fueron ratificados en sus cargos por la nueva junta directiva nombrada por el presidente interino de Venezuela,  Juan Guaidó, (reconocido por la administración de Donald Trump) violaron las normas establecidas por CITGO y se prestaron para gestionar una compra fraudulenta de vehículos blindados autorizados por el entonces CEO de CITGO, Asdrúbal Chávez y Manuel Quevedo, presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

En mayo de 2018, el director de compras de CITGO, Glenn Hilman, y los gerentes Brian Paulson, Laymar Peña apoyaron el proceso de la compra de vehículos blindados autorizado por  Chávez y  Quevedo.

Documentos confirman que la requisición proveniente de la presidencia de PDVSA, bajo la administración de Quevedo, solicitó un total de 33 vehículos SUV marca Toyota modelos Lancrusier V8, 4Runner 4x4 Limited V6, Fortuner Luxury V6 y HILUZ 4x4 V4, 27 vehículos blindados y seis vehículos regulares. 

El 15 de Mayo de 2018, la compra de los vehículos fue asignada por Glenn Hilman y Brian Paulson a Laymar Peña; este mismo grupo de gerentes, de acuerdo a evidencias y fuentes consultadas, estarían involucrados con múltiples transacciones fraudulentas desde el 2014 hasta la fecha. Tal como lo informamos al inicio de esta nota, Hilman, Paulson y Peña continúan siendo empleados en CITGO bajo la administración de la nueva junta directiva liderada por Luisa Palacios.

Desde el 2010 hasta la actualidad, pasando por las administraciones de Alejandro Granado, Nelson Martínez, José Pereira y Asdrúbal Chávez, los directores de compras de CITGO, Glenn Hilman, Ramiro Rodríguez y José Luis Zambrano han apoyado a PDVSA y a otras instituciones de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro con la compra de más de 8 mil millones de dólares en bienes, equipos y repuestos con dinero proveniente de la venta de petróleo de venezolano a CITGO. Desde Abril 2017, Ramiro Rodríguez y desde Noviembre 2017, José Luis Zambrano se encuentran bajo arresto en Venezuela acusados de delitos de corrupción, conspiración, fraude y lavado de dinero.

Falta de evaluación e incumplimiento de normas


Después de un proceso de compra indebido, con muchas debilidades en la selección del proveedor y la falta de evaluación por parte del departamento de cumplimiento de CITGO, liderado por Rick Esser y Jennifer Moos quienes ignoraron las políticas internas, el 16 de Junio de 2018 Peña, Paulson y Hilman asignaron el contrato de la compra de los vehículos a Auto Source Group, LLC., una compañía registrada por Eduardo Pulgar y Ivan G. Motta en Florida, EEUU el 16 de octubre de 2013 con sede en Miami, Florida 


La presidencia de PDVSA solicitó los vehículos blindados con una clasificación 5 o 6 de protección. La clasificación cinco proporciona protección contra rifles AK-47 y otras armas de asalto y requiere un espesor de acero balístico de al menos 7.5 mm.  El AK-47, conocido oficialmente como Avtomat Kalashnikova, es un rifle de asalto de 7.62 × 39 mm operado con gas, desarrollado en la Unión Soviética. La clasificación seis tiene un alto nivel de seguridad y está destinada a detener las rondas de perforación. El contrato asignado por el director y gerentes del departamento de compras de CITGO a la empresa Auto Source Group, LLC. fue de aproximadamente $2,6 millones por 13 vehículos blindados, según lo reportó Laymar Peña al Comité de Compras de CITGO, para un total aproximado de $6.6MM por los 33 vehículos solicitados por la presidencia de PDVSA.
Según la información obtenida, PDVSA no utiliza vehículos blindados para las operaciones normales de la empresa. "La presidencia de PDVSA, no aclaró el uso de los vehículos, por lo que algunos empleados concluyen que el destino y uso final de los vehículos blindados era para para uso de altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro o para actividades ilegales como el narcotráfico o la explotación ilegal de oro y coltan", sostienen fuentes internas consultadas que pidieron mantenerse bajo anonimato por su seguridad física.

Otro aspecto que aparece en la denuncia es que la transacción descrita no fue investigada por Rick Esser, Vice-Presidente de Cumplimiento de CITGO y actual miembro de la Junta Directiva  que preside Palacios, "ignorando de esta manera su responsabilidad fiduciaria y exponiendo a CITGO al incumplimiento con leyes federales al colaborar, en complicidad con oficiales del régimen de Maduro en posibles actividades ilícitas y aumentando el riesgo de la perforación del velo corporativo entre CITGO y PDVSA/Venezuela".

Otra fuente consultada refiere que después de los nombramientos apresurados de los directores de CITGO, los miembros de la nueva junta directiva sólo han tenido contacto esporádico con los vicepresidentes de CITGO, y "no se han reunido con la gerencia media o con otros niveles para evaluar la calidad de las operaciones y la actuación previa de directores seleccionados a ciegas en un ambiente hostil donde reinaba la corrupción, fraude y el abuso de poder". 

La denuncia sostiene que "es obligación de la nueva junta directiva y específicamente de Luisa Palacios detectar transacciones fraudulentas y evaluar las responsabilidades individuales de los directores, gerentes y empleados de CITGO que apoyaron y facilitaron conductas ilegales utilizando los activos y recursos de CITGO en Estados Unidos".
Documentos señalan que la compra de los vehículos no se realizó por que el dinero disponible (por las ventas de crudo venezolano a CITGO) se utilizó en comprar gasolina, para así atender la emergencia por escasez de gasolina en Venezuela. Posteriormente, llegaron las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra PDVSA y al régimen de Nicolás Maduro, lo que impidió la transacción de compra de los lujosos vehículos blindados. Una fuente de PDVSA comentó que este hecho, "deja claro la complicidad de Glenn Hilman y sus gerentes asociados en atender con la mayor ligereza los caprichos de sus jefes militares, sin realizar las más mínimas revisiones con leyes federales de los Estados Unidos, y sin verificar la legitimidad del proveedor seleccionado, sus accionistas y el destino y posible uso en actividades criminales de estos activos, y que sin duda alguna representan una malversación de los recursos públicos del Estado venezolano que se les confían a estos administradores facilitadores de fraude y corrupción".