Mostrando entradas con la etiqueta Alejandro Ceballos Jiménez. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Alejandro Ceballos Jiménez. Mostrar todas las entradas

jueves, 5 de diciembre de 2019

Comisión de Contraloría de la AN dio "cartas de buena conducta" a Alejandro Ceballos Jiménez

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional entregó cartas que exoneran a Alejandro Jesús Ceballos Jiménez, cabeza principal del Grupo 7C C.A. y otras empresas, de supuestos hechos de corrupción denunciados en el ente parlamentario por  los diputados  Richard Arteaga y Conrado Pérez. Ceballos Jiménez aparece mencionado en varios casos de corrupción y lavado de dinero, incluyendo, el informe del Banco Central de Curazao y San Martín relacionado con la intervención del Banco del Orinoco, N.V, propiedad del banquero Víctor Vargas.
Alejandro Ceballos Jiménez es señalado de haber participado en diversos casos de corrupción, incluyendo una trama de lavado de dinero con empresas vinculadas al expresidente fallecido, Néstor Kirchner, su viuda, Cristina Fernández, Diego Marynberg en el Banco del Orinoco N.V. , propiedad del banquero Víctor Vargas, intervenido por las autoridades de Curazao por violación de normas de Lavado de dinero y financiamiento de terrorismo.
La investigación de la Comisión de Contraloría

  Hace un año — específicamente el 2 de diciembre de 2018 se produjo una declaración del diputado de Primero Justicia, Richard Arteaga, miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, donde anunciaba que se había abierto una investigación sobre la venta de unos terrenos en Barcelona, estado Anzoátegui, donde habría supuestas irregularidades.

   Arteaga es uno de los 12 diputados que aparecen involucrados en la trama de corrupción vinculada al empresario colombiano, Alex Saab, y a su asociado, Carlos Lizcano. Los parlamentarios entregaron a Saab su socio unas misivas donde se establece que fueron exonerados de las investigaciones supuestamente realizadas por los parlamentarios. Las cartas de buena conducta son utilizadas por sus portadores como escudo protector ante las denuncias y acusaciones judiciales en su contra. El escándalo llevó a que el presidente de la Asamblea Nacional, y reconocido como presidente interino por más de 50 países, Juan Guaidó, anunciará la intervención de la Comisión de Contraloría y la separación temporal de sus cargos de los parlamentarios involucrados. Ver detalles aquí.


Ceballos Jiménez pasó de acusado a exonerado



   El parlamentario explicó que este caso “es un entramado de corrupción” en el que empresarios, en complicidad con el ex alcalde  de Barcelona, Guillermo Martínez y una la representación de la empresa Kamacuto, adquirieron terrenos del ejido municipal “a precios de regalía para comerciarlos en  250.000 dólares por hectárea, y que en su totalidad se calculan 3.000 hectáreas vendidas”.

  Arteaga declaró que la Comisión de Contraloría llamó a comparecer al empresario Alejandro Ceballos “para que explique sus vínculos con la firma Kamacuto, así como para aclarar alianzas de la empresa Inversiones Alfamaq, propiedad de un familiar de Ceballos, con el empresario Franklin Durán, vinculado con Antonini Wilson y Gold Reserved”.

  El parlamentario dijo que Ceballos Jiménez ya tenía un expediente por presuntas irregularidades en sectores económicos de la CVG, relacionado con la empresa Grupo 7C, responsable del saneamiento del río Guaire, por 430 millones de dólares, en la gestión de Jacqueline Farías.

    A principios de 2019, se informó que la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), continuaba con las investigaciones de corrupción que afectan a instituciones del país, entre ellas la que forma parte del caso que se ha identificado como "Acapulco Venezolano". 

    El 6 de mayo de 2019, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional envió una comunicación a la empresa Grupo 7C, C.A. donde se informa que ese ente parlamentario inició una investigación sobre la empresa KAMACUTO, C.A. en virtud de los señalamientos hechos por el diputado Richard Arteaga donde se presume irregularidades administrativas en la concesión de terrenos ejidos municipales para la ejecución de un complejo recreacional del Caribe denominado "La Gran Barcelona". En la misma se señala al Grupo 7C. C.A como acreedora de los terrenos, y careciendo de evidencias reales que permitan demostrar la veracidad de los señalamientos. Por ello se determinó la IMPROCEDENCIA del caso y se decidió no continuar con la investigación al respecto.

   El mismo 6 de mayo de 2019, la Comisión de Contraloría envió una carta firmada por el diputado Freddy Superlano en la cual se informa a Alejandro Ceballos, presidente de la empresa Grupo 7C, C.A., que "sobre la investigación sobre presupuestas irregularidades administrativas cometidas en el extravío de 500 millones de dólares destinados para potenciar las plataformas de las Empresas Básicas de Aluminio y para ventas a futuro de aluminio, por parte del ciudadano Rodolfo Sanz, expresidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y ex ministro de Industrias Básicas y Minería y por la ciudadana Lina Marcano, ex gerente de administración y finanzas de la (CVG), en la misma se pudo establecer una vez consignados y verificados los elementos presentados ante la Comisión, que los mismos desvirtúan cualquier relación o indicios que le puedan relacionar con la investigación en cuestión. Por tales motivos, se determinó la  IMPROCEDENCIA  del caso, y a su vez vez, hemos decidido que tanto su persona como su empresa, nada tiene que ver con la investigación que se lleva respecto al caso". 

  El 13 de mayo de 2019, el entonces presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, emitió otra carta donde se le informa a Ceballos Jiménez que "la investigación realizada sobre el Saneamiento del Río Guaire, una obra adelantada por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente por un monto de 430 mil dólares". Al respecto señaló que ese ente parlamentario "no pudo establecer, una vez consignados y verificados los elementos presentados ante la Comisión, que los mismos desvirtúan cualquier relación o indicios que le puedan relacionar con la investigación en cuestión y por tanto se determinó la IMPROCEDENCIA del caso, y se decidió que tanto Ceballos Jiménez como  la empresa Grupo 7C, C.A. nada tienen que ver con el caso señalado". 
El caso de los 500 millones de $ de la CVG

    Una denuncia consignada el 29 de abril de 2010, ante el Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar con sede en Ciudad Guayana, interpuesta por el presidente del Sindicato Único de Trabajadores Profesionales Universitarios de la Industria Venezolana de Aluminio (SUTRAPUVAL), Manuel F. Díaz señala que  Alejandro Ceballos participó en la operación de depósito de 500 millones de dólares de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en el Gazprom Bank en Líbano. En esta denuncia también se menciona al bolichicho (señalado del gigantesco caso de corrupción en el sector eléctrico de Venezuela),  Leopoldo Alejandro Betancourt López.


  Los compradores a futuro transfirieron los fondos a la cuenta bancaria establecida previa orden enviada por un fax… Es así como se apertura en Líbano la cuenta (… ), que era manejada por el ex ministro Rodolfo Sanz, un pariente de éste, Jorge Rojas Montero, y un operador financiero, Alejandro Ceballos”, señala la denuncia.

Una nota del portal Principas24.com hace referencia a que supuestamente la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), aprobó el día 19 de junio un acuerdo en donde solicitan la cooperación de organismos internacionales, y parlamentos  de otros países para que conllevara a la detención y enjuiciamiento de los ciudadanos  Rodolfo Sanz, Joel Orta Moros, Jorge Rojas Montero, Carlos Morán y Alejandro Ceballos por daños causados al patrimonio público y otras actividades contrarias al orden público, entre ellas: Peculado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y  legitimación de capitales, entre otros.
   El dueño del Portal, Carlos Herrera aparece entre las personas mencionadas en el reportaje del Armando.info que destapó la crisis  e intervención de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Ver detalles aquí.

   Conrado Pérez pidió enjuiciar a Alejandro Ceballos y repatriar los capitales robados.

  Pérez declaró que la Asamblea Nacional "solicitó la congelación de las cuentas bancarias de los mismos, así como títulos, valores e inversiones que mantengan los ciudadanos y la confiscación de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad" del caso. 

 El diputado dijo que "el Parlamento venezolano autorizó a esta Comisión para que hiciera la denuncia ante los órganos jurisdiccionales de Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, China y países que conforman la Unidad Económica Europea". 

  Recordó que "la actuación de la Comisión de Contraloría estaba basada en lo dispuesto del numeral 3 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se establece que es un deber ineludible de los Miembros de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el control sobre el Gobierno y la administración Pública Nacional".

 Asimismo, dijo que "la acción se realizaba dentro de las atribuciones conferidas en el artículo 64 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional que le otorga la función de la vigilancia, Control y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las entidades Públicas Sujetas a su Control". 

  Pérez sostuvo que "el artículo 65 del Reglamento faculta a la Comisión a dar inicio a las investigaciones, sustanciar y emitir un informe definitivo sobre las denuncias que se propongan ante su seno".

  Explicó el parlamentario que "la denuncia presentada en contra de Rodolfo Sanz, en su condición de ex Ministro de Empresas Básicas y Minería de la República Bolivariana de Venezuela y Johel Orta Moros, es por estar relacionados con la presunta emisión y negociación de bonos emitidos por la empresa CVG, colocación de oro de la también empresa Nacional Minerven y negociación fraudulenta de cabillas, todo ello en perjuicio del Estado venezolano".

   Argumentó que "debido a la gravedad de los hechos denunciados que involucran el interés público y patrimonio de la Nación se había dado inicio a la apertura del procedimiento correspondiente para la determinación de la responsabilidad política, administrativa de los funcionarios públicos y terceros que aparezcan relacionados con esos hechos e incluso la solicitud de apertura de la averiguación penal ante los órganos jurisdiccionales, de ser procedente". 

Caso "Acapulco Venezolano"

  En el año 2018 la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció el inicio de investigaciones al llamado “Acapulco Venezolano” por presuntos hechos de corrupción.

   En ese sentido, el parlamentario Richard Arteaga, miembro de la delegación permanente, explicó que el caso del “Acapulco Venezolano” fue una estructura de presunta corrupción entre funcionarios públicos de la provincia de Anzoátegui y empresarios vinculados al gobierno chavista.

  El diputado Arteaga declaró sobre la consignación de un informe ante la Comisión de Contraloría, donde se destaca la creación de una empresa municipal en el año 2014, por parte de autoridades de la Alcaldía de Simón Bolívar en la provincia de Anzoátegui, denominada KAMACUTO C.A., donde aparecían como directores Zelim Avendaño y Luis Medrano, quienes les cedían terrenos, que pertenecían al ejido municipal, a otras empresas privadas y que a su vez, éstas, vendían a un precio que oscilaba los 250 mil dólares (USD 250.000$), retornando al erario público solo los aranceles, establecidos por la misma alcaldía.

    Arteaga denunció ventas con un 10.000% de sobreprecio”. Detalló que estos hechos ocurrieron en la gestión del ex-alcalde Guillermo Martínez, con la presunta complicidad de los empresarios Alejandro Ceballos, Carlos Kauffman y Franklin Durán. Otro vinculado al caso, por el que todavía no se han impuesto sanciones, sería un abogado de nombre Augusto Adolfo Calzadilla. La trama de corrupción conllevó la repartición, saqueo y venta de terrenos en una zona donde se construiría una «ciudad hospitalaria» y dónde se desarrollaría un proyecto turístico llamado «Acapulco venezolano».

Alejandro Ceballos publicó las cartas de buena conducta de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.

  En la página web de  sus empresas, Alejandro Ceballos público las cartas  con la siguiente información:

A Manera de Aclaratoria

  El Grupo 7C, corporación de empresas de la familia Ceballos que durante 40 años ha venido desarrollando actividades en la industria de la construcción y sus extensiones, ha sido víctima de acusaciones infundadas producto de la ignominia de intereses malsanos que pretendían vilipendiar el prestigio ganado gracias al trabajo y honestidad que el consorcio ha mantenido a lo largo de su trayectoria.

   En el mes de noviembre de 2018 Alejandro Ceballos, Presidente del Grupo 7C, fue citado a comparecer ante la Asamblea Nacional, totalmente opositora, para responder antes las acusaciones que sobre su persona y el grupo que preside, hiciera por diferentes medios digitales: Richard Arteaga, Diputado a la Asamblea Nacional por el partido político MUD (Mesa del Unidad). La convocatoria fue hecha por el Diputado por el partido Voluntad Popular: Freddy Superlano, Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional.

Las investigaciones que llevó a cabo la comisión fueron:

1 - Presunto entramado de corrupción en complicidad con el exalcalde del Municipio “Simón Bolívar” del estado Anzoátegui: Guillermo Martínez y bajo la representación de la empresa Kamacuto, por adquisición de terrenos del ejido municipal a precios de regalía para comerciarlos en un costo de doscientos cincuenta mil dólares (USD 250.000$) por hectárea.

2 - Presunta irregularidad en la adjudicación de cuatrocientos treinta millones de dólares (USD 430.000.000) para la obra “Saneamiento del Río Guaire” sin que esta fuera ejecutada.

3 - Presuntas irregularidades administrativas en el extravío de quinientos millones de dólares (USD 500.000.000) destinados a potenciar las plataformas de las empresas básicas de aluminio.

En mayo de 2019, una vez que Grupo 7C presentara a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional elementos y documentos en su defensa, dicha Comisión emanó los resultados de las investigaciones en documentos separados dejando claro que Grupo 7C, sus empresas y su Presidente: Alejandro Ceballos, no tuvieron relación alguna con los casos mencionados declarando IMPROCEDENTES las denuncias hechas por el Diputado Opositor: Richard Arteaga; los documentos resultantes fueron firmados por el Diputado Freddy Superlano, Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional.

Ver la original aquí.


    Denuncias de lavado de dinero por autoridades de las islas de Curazao y San Martín.

   Alejandro Ceballos Jiménez aparece mencionado en una investigación de blanqueo de capitales a nivel internacional, según un informe presentado por las autoridades del Banco Central de Curazao y San Martín que se realizó antes de la intervención del Banco del Orinoco N.V. propiedad del banquero Víctor Vargas, dueño del Grupo Banco Occidental de Descuento en Venezuela.

   El informe de las autoridades de Curazao sostiene que el Banco del Orinoco N.V. — Grupo Financiero BOD- Venezuela — incurrió en una conducta comercial violatoria de las regulaciones relativas al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo aplicables en Curazao y en las irregularidades aparece transacciones con empresas relacionadas con el fallecido presidente argentino Néstor Kirchner, su viuda y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, el operador venezolano Alejandro Ceballos Jiménez y el multimillonario de origen israelí, Diego Marynberg. Ver informe  completo aquí.




miércoles, 13 de noviembre de 2019

(Parte 2) Banco del Orinoco N.V violó leyes de lavado de dinero con empresas vinculadas a Cristina y Néstor Kirchner, Alejandro Ceballos Jiménez y Diego Marynberg

El retiro de la licencia de operaciones al Banco del Orinoco N.V. otorgada el 12 de septiembre de 1994 por las autoridades de Curazao, obedeció a que dicha entidad, filial del Banco Occidental de Descuento (BOD), se valió de documentos falsos para engañar y defraudar al CBCS, así como también por violar la normativa legal relativa al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Ver primera parte de esta serie aquí.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
   En una investigación realizada por el Banco Central de Curazao y San Martín se encontró que en el transcurso de 2018, el Banco del Orinoco N.V. Grupo Financiero BOD- Venezuela  incurrió en una conducta comercial violatoria de las regulaciones relativas al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo aplicables en Curazao, estableciendo relaciones comerciales con empresas y personas que están vinculadas presuntamente con corrupción, entre los cuales se mencionan entidades sobre las que existen sospechas de estar relacionadas con el fallecido presidente argentino Néstor Kirchner, su viuda y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, el operador venezolano Alejandro Ceballos Jiménez y el multimillonario de origen israelí, Diego Marynberg.

   En específico se estima que el BDO actuó en violación del artículo 2, párrafo 2, bajo e, y del artículo 2a, párrafos 1 a 3 de la Ordenanza Nacional sobre Identificación de Clientes al Prestar Servicios (NG 2017, no. 92 GT, NOIS ), y los artículos 11 y 11a de la Ordenanza Nacional que Informa sobre Transacciones Inusuales (NG 2017, no. 99 GT, NORUT). Según el artículo 10 de NOIS y el artículo 23 de NORUT, tales violaciones constituyen delitos penales.

  Destacó el informe del Banco Central de Curazao y San Martín del pasado 2 de septiembre de 2019, que el BDO violó el artículo 11.2.A. de las Disposiciones y Directrices sobre la Detección y Disuasión del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo para Instituciones de Crédito de noviembre de 2013. Las Disposiciones y Directrices son regulaciones a las que se refiere el artículo 21, párrafo 2, bajo e. de la NOSBCI.

Néstor Kirchner, y su esposa, Cristina Elisabeth Fernández.

   El BDO entabló relaciones comerciales con terceros sospechosos de cometer delitos penales sin cumplir con la diligencia debida por adelantado. Es el caso de la Sarleaf Company (establecida en virtud de la ley extranjera y ahora conocida como: Steelaf). Se sospecha que Sarleaf forma parte de la red corrupta del expresidente argentino, Néstor Kirchner, y su esposa, Cristina Elisabeth Fernández (electa como vicepresidente de Argentina en las elecciones de Octubre de 2019). "Fernández parece estar involucrada en procesos penales por aceptar sobornos de contratistas a cambio de la adjudicación de lucrativos contratos de construcción pública en 2007 hasta 2015", dice el informe.


  El Banco Central de la isla caribeña consideró que el BDO no cumplió con la obligación de la indagatoria con respecto a Sarleaf. Según los registros de las autoridades argentinas, un total de USD 15.000.000 fueron transferidos a través de la cuenta en el BDO. En la actualidad, Sarleaf es un cliente inactivo del Banco del Orinoco que mantuvo en marzo de 2019 un depósito a plazo por el monto de USD 5.950.000 y USD 1.500.000 y una cuenta de ahorro con un saldo a marzo de 2019 de USD 664.607,35.

  Al ser Sarleaf y sus directores clientes de alto perfil de riesgo, el BDO debió llevar a cabo investigaciones adicionales sobre la naturaleza de sus transacciones. 

   Otro personaje que aparece involucrado es Alejandro Ceballos Jiménez —relacionado con varios casos de corrupción en Venezuela— y quien aparece como uno de los principales accionistas de Sarleaf y, como tal, ejerce predominantemente el control corporativo. 

    Por su parte, Javier Francisco Ceballos Jiménez, también cliente de BDO, es hermano y socio del anteriormente señalado.

   El BDO debió hacer una adecuada investigación de estas personas y, de ser, preciso terminar la relación clientelar con los mismos en caso de comprobarse alguna irregularidad.

   El Banco Central de Curazao determinó, al investigar a los clientes del BDO y sus transacciones, que estas se realizaron por correo electrónico y no según el formulario de transacción prescrito como requieren las propias políticas internas del Banco del Orinoco.  

   Las averiguaciones del Banco Central le permitieron verificar a través de un sitio web que Mercantil Valores Agente de Valores S.A., cliente del BDO mantenía una cuenta con un saldo de USD 472.350 a febrero de 2019.

    En un artículo periodístico de Infobae[1], se indica que el saldo inicial de Sarleaf de USD 15.000.000 en poder del BDO provenía de la venta de bonos del gobierno venezolano a través de actividades realizadas por Mercantil Valores Agente de Valores S.A. ejecutadas por su director, Diego Marynberg. En diciembre de 2016, el antiguo oficial de cumplimiento del BDO informó a la Unidad de Inteligencia Financiera  de Curazao (UIF) que Mercantil Valores había sido reportado al Ministerio Público por irregularidades y corrupción en Argentina.

    Mercantil Valores transfirió USD 9.480.000 y USD 6.236.647,05 a su propia cuenta en BDO en septiembre y octubre de 2013. El Banco Central también identificó grandes transacciones con respecto a esta cuenta, como la realizada el 22 de noviembre de 2013, cuando Adar Latam High Fund transfirió USD 43.879.902,88 a Mercantil Valores y, posteriormente, esta empresa, el 26 de noviembre de 2013, transfirió un total de USD 2.416.250 a varias otras cuentas mantenidas en BDO.

     El oficial de cumplimiento del BDO informó al Banco Central de Curazao y San Martín que no había realizado la averiguación obligatoria con respecto a la cuenta de Mercantil Valores, lo que es violatorio del artículo 2 (2) (e) del NOIS y del párrafo 11.2.A de las Disposiciones y Directrices. Además, BDO no determinó de manera razonable y objetiva el origen de los fondos en la cuenta de Mercantil Valores.

   Por otra parte, el Banco Central comprobó que el cliente Adar Latam High lncome, transfirió grandes cantidades a ICP Consulting Ltd. (ICP) la cual es una subsidiaria de CIV. Adar Latam también transfirió cantidades sustanciosas a Hanson Holdings Lux S.a r.l., el holding de Hanson Holland 2 BV, en 2015 y 2016. El 30 de enero de 2015, Adar transfirió USD 8.746.541,67 a ICP. El Banco Central entiende que el BDO reportó estas operaciones a la UIF, pero también descubrió que anteriormente, el 24 y 29 de octubre de 2014, se realizaron dos transferencias por USD 15.326.424. 78 y USD 83.000.000 a la cuenta de Adar con BDO. Estas cantidades se recibieron de una cuenta en Deutsche Bank A.G. en Amsterdam y se comprobó que estas operaciones no fueron informadas a la UIF.

    Igualmente ocurrió con transferencias desde la cuenta de Adar a las cuentas de BOI Bank Corporation y CIV, todo bajo el nombre de "cliente ordenante". El BDO no investigó estas operaciones en tanto se habían transferido USD 3.700.000. Igualmente se ejecutaron transferencias mensuales por USD 500.000 a la cuenta de Adar, sin verificar su origen.
Diego Marynberg es director de Mercantil Valores Agente de Valores S.A. y otras empresas. También se le ha vinculado
a Nicolás Maduro y parte de la élite del régimen venezolano.
 El Banco Central determinó que Hanson Holdings Lux supuestamente está relacionado con un caso de corrupción en España. También se encontraron numerosas transferencias sospechosas por parte de clientes con problemas de cumplimiento y/o se sospecha de actividades criminales. Diariamente se procesaban numerosas transferencias en euros de Hanson Holland, estableciéndose que algunas de estas operaciones estuvieron dirigidas a varias compañías, como Noor Capital PSC, cuya transferencia fue rechazada por el banco corresponsal en Abu Dabi. Otra operación de Environmental Solutions de Venezuela (ESVENCA), una compañía propiedad de Asesoría Petrolera Integral. La empresa está relacionada con Víctor Vargas  Irausquin. Fortunato López, propietario de UBP lnvestment lnc. y otras empresas hermanas, se menciona como director de ESVENCA.

   El Banco Central considera que la transferencia procesada desde Hanson Holland a ESVENCA para abrir varios depósitos a plazo es sospechosa, por lo que el Banco del Orinoco debió investigar estas transacciones.

   Consideró el Banco Central de Curazao y San Martín que dos de los clientes de BDO, es decir, a saber, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) y el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL) estaban sujetos a sanciones internacionales. Se comprobó que las transferencias ordenadas en nombre de INAC e IPOSTEL fueron rechazadas por los bancos corresponsales de BDO, ya que estos clientes fueron clasificados como PEP venezolanos. A pesar de estos hechos, el BDO ejecutó estas transferencias a través de diferentes bancos corresponsales en violación a las instrucciones del Banco Central de suspender las cuentas de INAC e IPOSTEL hasta nuevo aviso.

   A estos señalamientos, el BDO respondió que sus clientes Adar, Ceballos y Sarleaf, estaban sujetos a la debida diligencia en su condición de “alto riesgo” y, en tal sentido, se informaron las transacciones oportunamente a la UIF.

   En su conclusión, el BDO afirma que no violó las regulaciones de AMUCFT.

  A esto el Banco Central le salió al paso indicando que, independientemente, de lo afirmado por el BDO sobre su supuesta vigilancia de los casos mencionados y de los informes a la UIF, se comprobó que el Banco del Orinoco ejecutó deliberadamente las transacciones de Sarleaf mencionadas anteriormente y ejecutó deliberadamente operaciones y apertura de cuentas bancarias en violación de las regulaciones aplicables de AMUCFT, en particular, las disposiciones y directrices.

    El Banco Central estableció que se violó la norma de la AMUCFT cuando en el BDO ejecutaron órdenes de transferencia para clientes sospechosos por correo electrónico; cuando ejecutaron transferencias relacionadas con CIV sin una investigación a fondo; cuando se ejecutaron transferencias sustanciales entrantes y salientes para clientes de alto riesgo que no fueron investigados debidamente; cuando no investigó o al menos no mantuvo registros de la fuente de fondos de sus clientes de perfil de alto riesgo; cuando ejecutaron transferencias para Sarleaf, mientras que su archivo de cliente estaba incompleto; cuando abrió cuentas o realizó transacciones para PEP y clientes sancionados bajo investigación criminal, a pesar de las recomendaciones al respecto del Departamento de Cumplimiento.

   En razón de esto, el Banco Central de Curazao y San Martín concluyó que el BDO violó distintas normas legales y, por tanto, su Licencia debía ser retirada, pues el Banco del Orinoco pudiera ser culpable de facilitar a los clientes el lavado de dinero.

   El CBCS determinó que el BDO carece de controles adecuados con respecto al cumplimiento de AMUCFT y no mantiene un comportamiento comercial sólido, de conformidad con el NOSBCI.

Importancia de la transparencia y confianza de los bancos

   El documento destaca que el retiro de una licencia bancaria es una medida severa que se tiene como un remedio definitivo entre el conjunto de medidas correctivas de que el Banco Central de Curazao y San Martín dispone para hacer cumplir efectivamente la norma a las instituciones financieras supervisadas.

   El CBCS consideró y evaluó la gravedad de las violaciones de la ley por parte del BDO y tomó en cuenta (i) el tiempo en que las violaciones se desarrollaron, (ii) la actitud de BDO hacia el cumplimiento de las normas, (iii) las posibles consecuencias de las violaciones del BDO de la NOSBCI con respecto a sus depositantes y otros acreedores y (iv) la reputación de la entidad financiera del sector en Curazao.
   El Banco Central determinó la existencia de violaciones materiales de las leyes y regulaciones aplicables por parte del BDO, tales como (i) los documentos falsificados proporcionados, (ii) con la intención de engañar al ente emisor y, posiblemente, a KPMG (Curazao) contador externo de BDO en ese momento), (iii) incumplimiento de las regulaciones de AMUCFT según lo dispuesto en las Disposiciones y Directrices y, posteriormente, una sospecha razonable de facilitación de lavado de dinero, y (iv) incumplimiento durante un período prolongado de las instrucciones emitidas por el Banco Central, lo cual daña grave e irreparablemente la confianza en el BDO como institución de crédito supervisada.

    Consideró el Banco Central de Curazao y San Martín que el Banco del Orinoco fue suficientemente informado antes de tomarse la decisión de retirarle la licencia, habiéndosele instruido debidamente y, pese a ello, no cumplió con las pautas dictadas llevando al CBCS a adoptar la medida más fuerte.

Razones suficientes para el retiro de la licencia

     El Banco Central determinó que el BDO utilizó conscientemente documentos falsificados y direcciones de correo electrónico de representantes de proveedores de servicios (custodios, a saber, TMF, Amergeris, Vistra y Farringdon) para demostrar la existencia y la propiedad válida de sus activos.

  Con el uso de estos documentos falsos el BDO engañó fraudulentamente al Banco Central de Curazao y San Martín y, por lo tanto, le impidió la evaluación adecuada de la entidad de acuerdo a lo establecido en la NOSBCI.

   Hubo incumplimiento de sentencias ejecutorias o acuerdos de solución sin una justificación adecuada y válida.

    El Banco Central, dada la seriedad de los hechos y circunstancias, determinó que la conducta ilícita del BDO requería la intervención inmediata mediante el retiro de la Licencia como único remedio adecuado.

   El Banco Central ha recibido varias solicitudes para retirar la Licencia de terceros que son acreedores del BDO.

   Por tanto, habiendo considerado las declaraciones y objeciones que el Banco del Orinoco expuso en respuesta a la Carta de intención, concluyó que la entidad no proporcionó suficiente refutación de los hallazgos del Banco Central por lo que estimó que no se podía confiar razonablemente en ella para proporcionar fondos, servicios de conformidad con las leyes aplicables de Curazao y San  Martín y decidió retirar la licencia de BDO con el número 94-11.502 otorgada el 12 de septiembre de 1994.

Citas

[1] Infobae. “Investigan si parte del dinero de la corrupción K terminó en una paradisiaca isla del Caribe”. 19 de septiembre de 2018. https://www.infobae.com/politica/2018/09/19/investigan-si-parte-del-dinero-de-la-corrupcion-k-termino-en-una-paradisiaca-%20isla-del-caribe/