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sábado, 3 de noviembre de 2018

Conoce las exigencias que hicieron los "bolichicos" a PDVSA para negociar con notas promisorias

Los contratos de la empresa de Alejandro Betancourt con el estado venezolano fueron, definitivamente, un negocio redondo para quienes se han dado a conocer como los “bolichicos”.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Ante los problemas de flujo de caja que presentaba y la caída de los precios del crudo, Petróleos de Venezuela S.A. comenzó a negociar a partir de 2015 con sus proveedores el poder saldar los pagos pendientes que con ellos mantenía mediante notas promisorias emitidas bajo la ley de Nueva York. Los planes de PDVSA eran “emitir hasta 4.700 millones de dólares en deuda privada, a fin de saldar facturas pendientes”[1]. Uno de estos contratistas fue Derwick Associates de Venezuela, C.A., empresa con la que negoció una deuda que la estatal sostenía era de USD 28.317.452,67 mientras que la compañía de Alejandro Betancourt aseguraba que se elevaba a USD 36.282.129,11.
Esta iniciativa de PDVSA obedece a que desde mediados del 2011 los bancos y el mercado de capitales decidieron no suscribir bonos soberanos en cabeza de la industria, sino solamente emisiones referidas a los balances de la propia empresa petrolera, papeles comerciales cuya suscripción requiriera “un total disclosure del balance de PDVSA, a diferencia de los bonos soberanos, que como su definición lo explica, es deuda en cabeza de país colocada bajo riesgo soberano”[2], explica Alexander Guerrero en un artículo publicado en el portal RunRun.es. Agregó que con esta decisión “PDVSA dependería en esas emisiones de un baúl de facturas, lo cual daría al traste las pretensiones nada trasparentes del gobierno de endeudar a PVDSA sin que se pudiera conocer su balance. En otras palabras, se hubiese conocido los niveles de producción, precios, y el tenor de los acuerdos con China, Cuba, y otros acuerdos bilaterales que generan factura por la exportación de petróleo, información que PDVSA manipulaba y escondía durante años, pero que no era requerida en el caso de emisión de bonos soberanos”.

Lo cierto es que para acceder al intercambio, Derwick exigió a PDVSA considerar el segundo de los montos señalados y disminuir el descuento de 75 por ciento a 50 por ciento.

Estos papeles se negociaron, por lo general, con vencimiento para 2019[3], por lo que a dicha fecha Derwick Associates de Venezuela, C.A. habrá obtenido una ganancia de USD 18.141.064,55 habiéndose elevado el precio del contrato a USD 54.423.193,66.

Pero en razón de las dificultades que ha enfrentado PDVSA que la han llevado a experimentar retrasos en el pago de sus obligaciones financieras (capital e intereses), como lo informó en su momento el banco de inversión Torino Capital[4], suponemos que el monto del contrato con Derwick continúa incrementándose.

A continuación presentamos a nuestros lectores el proceso de la negociación a través de una serie de documentos llegados a nuestras manos.


Al 16 de mayo de 2016, el representante legal de Derwick, Luis Pérez, remitió a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a la atención de Freddy Corao de la Dirección Ejecutiva de Tesorería de la estatal venezolana, una carta de reconsideración de asignación de montos en intercambio de deuda comercial por Notas Promisorias.

En primer término, Pérez agradeció a Corao una reunión que tuvo lugar en la sede de PDVSA en la Urbanización La Campiña de Caracas, en la que tuvieron oportunidad de ser informados acerca de las nuevas condiciones con las que la petrolera procuraba intercambiar la deuda comercial que mantenía con algunos de sus proveedores estratégicos, por deuda financiera, mediante Notas Promisorias. Aunque la nota de Reuters citada líneas arriba no hace referencia a esta reunión, sí menciona un encuentro ocurrido en el mes de junio en el que se indica que PDVSA “había contactado a 63 firmas de servicios y les propuso compensar con ‘notas promisorias’ sus deudas comerciales, por un monto total de 4.733 millones de dólares”.

Pérez destacó la propuesta de otorgar a cambio de la totalidad de la deuda que PDVSA mantenía con Derwick Associates de Venezuela, C.A. (Derwick), un monto equivalente al 25 por ciento en Notas Promisorias lo que, a su juicio, significaba un ahorro sustancial para Petróleos de Venezuela en términos de su pasivo.

De inmediato, el representante de Derwick pasó a exponer los argumentos con lo que pretendían que la estatal considerara disminuir el factor de descuento de 75 por ciento.


Refiere Pérez que el monto de la deuda de PDVSA con Derwick que estaría sujeta a intercambio era, a marzo de 2016, de USD 28.317.452,67.

Alegó Pérez que la deuda real de PDVSA con su empresa era de USD 36.282.129,11, pues las reducción al anterior monto descrito obedecía a manejos internos de la estatal por cuestiones inherentes al SAP que en nada tenían que ver con Derwick, empresa que, en su debido momento, había presentado sus facturas a PDVSA Oriente, las cuales fueron aceptadas en fecha 21 de agosto de 2015.

Para Derwick, por tanto, “el monto real de la deuda comercial que PDVSA mantenía con Derwick al cierre de marzo de 2016 es USD 36.282.129,11, siendo este monto el que debería usarse como base de cálculo para la asignación de las Notas Promisorias”.

Del mismo modo, Luis Pérez argumentó a Freddy Corao que la deuda sujeta a intercambio de PDVSA con Derwick tenía su origen en un proyecto desarrollado en Barinas que ya había sido ejecutado pero no había sido documentado aún por la petrolera, lo cual mermaba la capacidad financiera de Derwick (Facturas 000193, 000195, 000197).


Pérez también reclamó en esta comunicación contratos de PDVSA con Derwick en plantas de Morichal y El Furrial que se encontraban, según afirmó, en fase final de ejecución.

“Es por los argumentos arriba expresados que quisiéramos fuese reconsiderado disminuir el descuento de 75% en el monto sujeto a intercambio, por 50% del monto de USD 36.282,129,11 que sería el monto que figuraría en le SAP de PDVSA al cierre de marzo de 2016 si los procesos hubiesen ocurrido de manera fluida”.

El 17 de mayo de 2016, Freddy J. Corao remitió una nota informativa y una convocatoria a Leonardo Paradiso, con copia a Ana Espana y a Antonio Castillo, todos con los correos identificativos de PDVSA:coraof@pdvsa.com, paradisol@pdvsa.com, espanaam@pdvsa.com y castilloav@pdvsa.com.

Corao le hacía llegar Paradiso una que Luis Pérez, representante de Derwick Associates de Venezuela C.A. le había remitido el 16 de mayo de 2016, solicitándole el incremento del porcentaje propuesto de la deuda comercial por notas promisorias, de 25 a 50 por ciento.

La solicitud de Pérez a Corao estaba remitida con copia a contac@derwick.com, Renny Bolívar (bolivarrs@pdvsa.com), Anna Bordonaro (bordonaroa@pdvsa.com), Enmanuel Marín Alejandro Marín (marineaaa@pdvsa.com), Claudia Pérez (perezcmx@pdvsa.com), Carlos Coello (coelloc@pdvsa.com), Richard Mendoza (mendozari@pdvsa.com), Leonardo Paradiso (paradisol@pdvsa.com), Vicky Zarate (zaratev@pdvsa.com), Edgard Romero Lazo (eromero@derwick.com), Alejandro Betancourt (abetancourt@derwick.com) y Pedro Trebbau (ptrebbau@derwick.com).

Las plantas eléctricas El Furrial y Morichal

Sobre estas plantas, el informe final de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional para el estudio de la crisis eléctrica de 2017[5], advirtió que los contratos respectivos no fueron entregados al ente parlamentario por las empresas.


Derwick Associates enumeró ante los parlamentarios los contratos desarrollados para tres grandes clientes, Corpoelec (Guarenas, La Raisa, Picure y la conversión dual de unidades que operan en Margarita), PDVSA (El Furrial, las Morochas, Morichal, la adecuación de Barinas I) y la CVG (Sidor Planta A). Los representantes de la compañía dijeron que tenían una participación de 7,13 por ciento del total de los contratos del área termoeléctrica del país y la capacidad operativa de las plantas, al momento de la entrega, por encima del 95 por ciento, pero no aportaron datos acerca del estado de sus trabajos al momento de su comparecencia ante el Poder Legislativo. Reconocieron que el 20 por ciento de las plantas instaladas no eran nuevas y que fueron remanufacturadas cumpliendo con los requerimientos técnicos del cliente. En el ente legislativo subrayó el hecho de que se ejecutó ninguna cláusula de garantía durante el primer año de vigencia, ni se contrataron servicios de mantenimiento posteriores a la entrega.

Derwick se negó a suministrar a la AN información acerca de las contrataciones, los desembolsos y los pagos pendientes, amparándose en las cláusulas de confidencialidad de los contratos.

La empresa solamente refirió que el costo medio de contratación fue de 1.17 dólares por megavatio. Al respecto la comisión analizó ocho proyectos donde participó esta compañía determinando que Derwick instaló un total de 1.162 MW en nueva generación eléctrica por un total contratado de USD 1.507 millones (a precios de 2005), siendo que el costo de referencia según el Plan de Desarrollo de Desarrollo Del Servicio Eléctrico Nacional 2005-2024 para dichos proyectos era de USD 551 millones, USD 47 por cada kWe, es decir, una diferencia de USD 955 millones (173%).

Además, los contratos fueron otorgados por adjudicación directa, advirtió la AN, destacando la inexperiencia de Derwick en la materia.

La comisión de la AN refirió que en el caso de las centrales de El Furrial 232 MW, Las Morochas 22 MW y Morichal 105 MW, se desconoce si están dirigidas a proveer servicio público o a atender las cargas industriales. PDVSA no reveló los montos de inversión realizados en la adquisición de dichas centrales de generación. Se recomendó investigar todos los contratos otorgados a la empresa Derwick Associates por parte de PDVSA, CVG y Corpoelec/Electricidad de Caracas.

Sobre la planta de El Furrial, El Correo del Orinoco en una nota del 22 de octubre de 2013, informó de su inauguración por parte del gobierno de Nicolás Maduro, asegurando que con ello se aportarían 200 megavatios más al Sistema Eléctrico Nacional (SEN)[6].

En septiembre de 2013, Derwick admitió que las plantas en El Furrial, Barinas y Morichal aún no habían sido concluidas, pero que en El Furrial dos de las cuatro unidades que la componían ya generaban 116 MW ISO. Se deduce que el gobierno inauguró la obra aun estando inconclusa e informó que generaba más electricidad de la que la propia empresa ejecutora refirió[7].

Sin embargo, en otra información del mismo medio fechada el 7 de octubre de 2015, se recogen las declaraciones de Eulogio Del Pino, presidente de PDVSA para la época, quien al momento de la inauguración de una subestación eléctrica en Anzoátegui, “anunció que debido a los trabajos que llevan adelante entre PDVSA y Corpoelec, en las próximas semanas, serán inauguradas 4 nuevas plantas, que enviaran más energía al sistema integrado, para así palear las deficiencias energéticas que pudiesen presentarse por la sequía. ‘Estamos haciendo coordinaciones para inaugurar una planta cada semana. Una en Corotica, luego en Morichal, en el Furrial y en Oasis. Cada semana vamos a inaugurar una planta para que se incorpore más energía al sistema eléctrico integrado’”[8], con lo que no queda claro si efectivamente la planta termoeléctrica de El Furrial había sido inaugurada como lo refiere la anterior reseña de prensa o no. Para ese momento, puede verse, que la planta en Morichal aún se encontraba en ejecución.

Notas usadas en las citas de este reporte 

[1] Reuters. “EXCLUSIVA-PDVSA planea emitir deuda por 4.700 mln dlr para pagar facturas vencidas: documento”. 6 de octubre de 2016. https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKCN12611X

[2] RunRun.es. “Canje de bonos de una empresa quebrada, PDVSA: ¿Que esconde?, por Alexander Guerrero”. 17 de octubre de 2016. http://runrun.es/la-economia/283054/canje-de-bonos-de-una-empresa-quebrada-pdvsa-que-esconde-por-alexander-guerrero/

[3] Banca y Negocios. “Se inician negociaciones con notas promisorias de Pdvsa”. Sin fecha. http://www.bancaynegocios.com/se-inician-negociaciones-con-notas-promisorias-de-pdvsa/

[4] El Estímulo. “Pdvsa adeuda al menos $2.500 millones en notas promisorias”. 6 de febrero de 2018. http://elestimulo.com/elinteres/pdvsa-adeuda-al-menos-2-500-millones-en-notas-promisorias/

[5] Transparencia Venezuela. Asamblea Nacional. Comisión Mixta para el Estudio de la Crisis Eléctrica en el país. Informe final. https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/02/Informe-CMECEP.pdf

[6] Correo del Orinoco. “Durante despliegue de Gobierno de Calle|Ejecutivo inaugura planta termoeléctrica “El Furrial” en Monagas”. 22 de octubre de 2013. http://www.correodelorinoco.gob.ve/ejecutivo-inaugura-planta-termoelectrica-%E2%80%9Cel-furrial%E2%80%9D-monagas/

[7] La Comunidad Petrolera. “Derwick ha edificado 11 plantas termoeléctricas que generan 1.386 MW”. 27 de septiembre de 2013. https://www.lacomunidadpetrolera.com/2013/09/derwick-ha-edificado-11-plantas-termoelctricas-generan-1386-mw.html

[8] Correo del Orinoco. “Con la inauguración de termoeléctrica en Anzoátegui|PDVSA incorpora 45 megavatios al sistema integrado nacional”. 7 de octubre de 2015. http://www.correodelorinoco.gob.ve/pdvsa-incorpora-45-megavatios-al-sistema-integrado-nacional/

jueves, 19 de julio de 2018

Documento prueba que empresa designada irregularmente para conformar Petrosur está vinculada a Derwick Associates

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La filtración de un correo electrónico vino a corroborar las sospechas que se tuvieron desde un principio acerca de la estrecha relación que existe entre la empresa Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas y Alejandro Betancourt, cabeza principal de Derwick Associates, una contratista del Estado venezolano altamente cuestionada y señalada en varias acciones legales por haber supuestamente formado parte de un esquema de corrupción que envolvió miles de millones de dólares en contratos y sobornos vinculado al sector eléctrico de Venezuela .

En 2017, la firma holandesa-española Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas encendió las alarmas al ser designada irregularmente dado que se violó la normativa constitucional para conformar la empresa mixta Petrosur para la explotación del campo 10 Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco.  Desde que se conocieron los términos de la negociación, y la compañía beneficiaria de la millonaria asignación se hicieron señalamientos nunca evidenciados— de los supuestos vínculos de  IPISA con el principal dueño de Derwick. He aquí el documento que confirma esta versión a casi un año después de los hechos. 
Los datos

Una copia de un correo electrónico fechado el 30 de mayo de 2016 aclara que el socio de Alberto Cortina, representante de Inversiones Petroleras Iberoamericanas S.A., es Alejandro Betancourt. Se trata de una comunicación dirigida a Rubén Figuera (figuerark@pdvsa.com) y a Eulogio del Pino (delpinoeb@pdvsa.com), en la cual se puede leer que "el socio de los Cortina en IPISA es el venezolano Alejandro Betancourt dentro de la compañía que escribe la carta firmada por Ramón Blanco Balín". En este correo enviado por Antonio de info@suenergy.es, dicho remitente refiere que conoce a Ramón personalmente y que puede conversar con él si es necesario.

La comunicación fue acompañada por una copia de la carta firmada que Ramón Blanco Balín —empresario español acusado de lavado de dinero[1]— enviada al entonces presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Eulogio Del Pino donde éste deja claras sus intenciones de conformar una empresa mixta con PDVSA con el objetivo de explorar el Campo Junín. Dice que la compañía Inversiones Petroleras Iberoamericanas S.A forma parte del grupo empresarial de Alberto Cortina[2], quien es uno de los mayores accionistas del Grupo ACS[3], un importante grupo industrial de Europa.
La correspondencia explicaba que en razón a su experiencia como vicepresidente de Repsol, estaba muy familiarizados con las empresas mixtas de PDVSA “y tenemos los fondos para reaccionar en oportunidad de inversión para la empresa mixta de Junín Sur”. En tal sentido, solicitaron una reunión urgente para discutir los detalles.

Los primeros señalamientos

Una información de Upata Digital[4] señala que Derwick Associates estaría detrás de Inversiones Petroleras Iberoamericanas, vinculación que estaría dada por el hecho de todos los asociados de Derwick están relacionados con Alberto Cortina Alcocer quien es el padre de Pelayo Luis Cortina, directivo de IPI “en el BDK Financial Group (Banque du Dakar), un ambicioso emprendimiento de servicios en África. A ellos hay que sumar a Francisco D'Agostino Casado, accionista del BOD y yerno de Víctor Vargas, que también forma parte de la directiva del banco de Senegal”.

“Alberto Cortina Alcocer es socio de Derwick y/o del grupo O’Hara en la petrolera (formalmente de origen canadiense) que llegó a tener importantes operaciones en Colombia, Pacific Rubiales. A principios de 2015 el grupo de Betancourt recibió apoyo de Cortina Alcocer para la toma de control de Pacific. ‘Estoy aquí para apoyar a Alejandro’, dijo Cortina por teléfono desde Dakar en mayo de 2015 según el diario El País. La operación fue realizada a través de Cinainvest Holding SA, de Cortina, que declaró en presentaciones canadienses de documentación que era propietario de 500.000 acciones de Pacific Rubiales lo que permitió a Betancourt tomar control de la petrolera con casi el 20 por ciento del capital”, reza la nota del citado portal.

La información agrega que los líderes de Derwick “no se conforman con ser simples contratistas o proveedores de PDVSA, sino que ahora vienen directamente por el petróleo a través del esquema de las empresas mixtas lo que le ha dado acceso a  un área del bloque Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco”.

Otras alerta

Una nota de la agencia de noticias Reuters[5] fechada el 16 de noviembre de 2017, informó que Venezuela había seleccionado a una empresa holandesa poco conocida y registrada para conformar la empresa mixta encargada de explorar y explotar el bloque petrolero Junín 10 en la Faja del Orinoco, de acuerdo a un decreto publicado para la fecha.

La nota señalaba que Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas tendría una participación del 40 por ciento en el proyecto, mientras Petróleos de Venezuela S.A. se constituiría como socio mayoritario de la compañía conjunta que asumiría el proyecto en el bloque que tiene el potencial de producir 200 mil barriles de petróleo por día.

Lo curioso que señalaba la reseña periodística es que PDVSA en el pasado había rechazado las ofertas de Statoil y Total SA para asociarse en la explotación del Junín 10.

Petrosur, nombre que asumió a empresa mixta, fue aprobada en Consejo de Ministros, entidad que emitió el decreto respectivo suscrito por el presidente Nicolás Maduro, obviándose el proceso de licitación a que obliga la legislación venezolana que, además, exige la aprobación por parte de la Asamblea Nacional. Paso este último que la administración de Maduro eludió. Para ello se valió del dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, de vocación oficialista, que determinó que el gobierno puede elegir socios del sector petrolero directamente y, por tanto declaró procedente la negociación. Se trató de la Decisión 156/2017 de la Sala Constitucional emitida el 29 de marzo de 2017 “que interpretó el Artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y estableció, ilegal e inconstitucionalmente, que el Ejecutivo Nacional puede constituir empresas mixtas en materia de hidrocarburos sin autorización de la AN, contrariamente a lo establecido en la referida normativa”[6].

La Comisión Energía y Petróleos de la Asamblea Nacional advirtió que la creación de empresas mixtas solo le compete al Poder Legislativo Nacional, por lo que la creación de Petrosur no solo viola la Constitución de Venezuela, sino la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aseguró Elías Matta, vicepresidente del ente parlamentario para la época.

Tal circunstancia puso en alerta a las agencias calificadoras de riesgo, las cuales, a pesar del repunte de los precios petroleros para el momento, optaron, en el caso de Standard & Poor’s y Fitch, bajar sus notas con respecto a PDVSA. Estimaron un “default selectivo” en razón del pago demorado de USD 1.169 millones y USD 842 millones de capital de bonos con vencimiento al 2017 y al 2020, lo cual a juicio de las calificadoras constituía el 30 por ciento de la deuda externa venezolana que el gobierno de Nicolás Maduro buscaba refinanciar, argumentando las restricciones que suponían las sanciones de Estados Unidos que prohíben a sus ciudadanos negociar deuda pública venezolana, pero que los especialistas sostienen que se debe a la merma de la producción de crudo que experimenta Venezuela.

“Venezuela produce 1.9 millones de barriles diarios (mbd) frente a 2.27 mbd del 2016”, se lee en una nota de El Economista[7] para la fecha (17 de noviembre de 2017) ocasionando esto que los ingresos cayeran de 121 mil millones en el 2014 a 72 mil en el 2015 y 48 mil en el 2016, una situación que la reseña contrataba el panorama exhibido por el país una década atrás, “cuando la agencia Petroleum Intelligence Weekly ubicaba a PDVSA por encima de gigantes como Shell o Chevron en su ranking de petroleras”.

Los expertos consultados por el portal aseguraron que el declive obedecía a la falta de inversión en mantenimiento y exploración, además de que la petrolera es obligada por el gobierno a vender sus divisas al Banco Central “a 10 bolívares por dólar, tasa reservada para importar alimentos y medicinas en un estricto control de cambios. En el mercado negro esa cotización se multiplica por 6.000”.

El director de la consultora GCG Advisors, José Gonzales, consultado para la reseña aseveró que “PDVSA está quebrada, ¿por qué? Porque se convirtió en un banco”.

Igualmente se citaron como causales de la situación, los bajos precios con que la gasolina es vendida en el mercado interno venezolano.

La empresa holandesa-española

La creación de Petrosur creó conmoción en la prensa española, dado que en la constitución de la misma participa Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas, fundada en La Haya, Países Bajos, calificada como una microempresa en el ranking empresarial, con un capital de sólo 147 mil euros y un rango de empleados entre 0 y 10.

De acuerdo al portal Drimble, Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas tiene su sede en Nassaulaan 2 A, Código postal 2514 JS, La Haya, Región de Haaglanden, Barrio Willemspark. Fue registrada el 19 de abril de 2017.

El sitio refiere que la empresa es propiedad de una entidad extranjera a la cual identifica como Arazen Investments Limited, establecido en PO Box 3175, Road Town, en las Islas Vírgenes Británicas. Agrega que Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas no tiene otras sucursales registradas en la Cámara de Comercio[8].

Por su parte, una nota del portal La Celosía [9] dice que los propietarios de la compañía en España fueron los dos principales funcionarios de Repsol en la gestión de José María Aznar, entre 1996 y 2004.

La reseña del portal de filiación oficialista  La Tabla dice que las personas señaladas como dueñas de la empresa socia de PDVSA, han estado vinculadas con casos de corrupción en España, además de que su objeto declarado no es petrolero, sino financiero. Drimble señala que “Las actividades de Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas tienen lugar (entre otras cosas) en el sector de las sociedades financieras de cartera. Este sector tiene la categoría principal: 'Instituciones financieras' y en este caso se subdivide en: 'Instituciones financieras (sin seguro y fondos de pensiones)', subcategoría 'Sociedades financieras controladoras'”. La nota refiere que “Su actividad es la adquisición, tenencia, disfrute y enajenación por cuenta propia de toda clase de valores mobiliarios y participaciones sociales de entidades no residentes (tenencia de valores extranjeros)”, citando el documento de constitución de la empresa.

La información hace mención a la figura legal con la cual se registró Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas, un fideicomiso administrado que facilita la separación de los derechos legales de los derechos económicos. Esta figura busca “proteger las acciones reales de una o varias empresas y además emitir títulos sin necesidad de notario. Generalmente esto se hace para asegurar el anonimato. Es similar a la figura de la ‘fundación’ que existe en Panamá”.

Al respecto, el portal Paraísos Fiscales.info indica que una “fundación privada es una entidad legal que nace de la donación de un patrimonio de una persona o empresa para unos fines determinados, los cuales se establecen en su acta fundacional. Se trata de una figura jurídica muy similar al trust o al fideicomiso, pero mientras los primeros son básicamente contratos regulados por la ley, la fundación privada es una entidad con personalidad jurídica propia, al igual que ocurre con las sociedades. Se diferencia del resto de las fundaciones en que su propósito no es de interés público, sino que se constituye para fines de interés privado, lo que sólo está permitido en unos pocos países que cuentan con una legislación específica al respecto. Comparándola con una sociedad mercantil, la fundación privada no tiene socios ni accionistas y no puede dedicarse a actividades comerciales o con afán de lucro, excepto si estas se producen de forma no habitual y sirven a sus propósitos generales. Están exceptuados de esta norma los llamados ingresos pasivos, es decir, intereses, rendimientos de acciones, letras o bonos, siempre y cuando sus dividendos se utilicen para financiar los objetivos de la fundación”[10].

Otro aspecto reseñado en la citada nota es que José Ramón Blanco Balín suscribió “un Acuerdo de Estudio Conjunto del Campo Junín Sur como Consejero Delegado de Inversiones Petroleras Iberoamericanas (no de Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas), pese a que había dimitido de ese cargo el 16 de septiembre de 2013, según consta en BOE del 29 de septiembre de 2013, número 183. Sin embargo un mes después fue nombrado como Apoderado”.

Son muchas las aclaratorias que deben hacerse, plantea Sergio Saez en un artículo publicado en Petroleum World[11], entre ellas, la relativa a cómo Inversiones Petroleras Iberoamericanas, una sociedad anónima española, pasó a convertirse en Stichting Administratiekantoor (STAK) (Fundación privada de Confianza) en Holanda con domicilio en Amsterdan.

Igualmente se debe aclarar por qué PDVSA negocia con un personas vinculados a hechos de corrupción en España, como si no fuera público y notorio que Blanco Balin es acusado de diseñar una estructura societaria en paraísos fiscales o  territorios no cooperantes a los que se canalizan los fondos ilícitos de origen español para luego volver a incorporarse al capital de las sociedades patrimoniales domiciliadas en España.

Los propietarios de la empresa socia

Como apoderado de Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas en el Registro Mercantil de España, figura José Ramón Blanco Balín, quien anteriormente aparecía como consejero delegado, de acuerdo a una nota de la agencia Europa Press[12] .

En el contrato suscrito entre la empresa española-holandesa y la Corporación Venezolana de Petróleo, filial de PDVSA, se adjudica a la empresa mixta la "producción, mejoramiento y comercialización de petróleo crudo pesado y extrapesado" en el "área geográfica de Junín 10, ubicada en el área Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco".

Firmaron Orlando Chacín, vicepresidente de PDVSA, y José Ramón Blanco Balín, consejero delegado según la sentencia del TSJ que autoriza la contratación, aun cuando el Registro Mercantil español indica que este cargo lo desempeñó hasta 2013 siendo que a la fecha de la negociación tenía la posición de apoderado.

Blanco Balín es investigado en España por el caso Gürtel, un escándalo de corrupción y lavado de dinero.

De acuerdo a una nota de El Mundo[13], también es socio y apoderado de Inversiones Petroleras Iberoamericanas junto a Alfonso Cortina, hermano de Alberto Cortina y presidente de la sociedad. Como vicepresidente aparece Pelayo Luis Cortina Koplowitz, hijo de Alberto.

Con esta sociedad de un capital de 147.500 euros, Blanco Balín y Cortina unieron nuevamente sus destinos, figurando el segundo como presidente y el primero como vicepresidente y consejero delegado cuyo objetivo inicial es “la adquisición, tenencia, disfrute y enajenación por cuenta propia de toda clase de valores mobiliarios y participaciones sociales de entidades no residentes (tenencia de valores extranjeros)”[14]

También es uno de los administradores de Inversiones Cortina 2009, una sociedad dedicada a actividades de 'holding'. Alberto Cortina figura como el otro administrador de la compañía, quien posee el cien por ciento de las acciones.

De Percacer Blanco Balín es el apoderado, cuyo administrador accionista único es Alberto Cortina. Esta firma le sirve a Cortina para gestionar su patrimonio y apareció en Papeles de Panamá”.

En Inversiones Petroleras Iberoafricanas José Ramón Blanco Balín aparece como uno de los administradores solidarios junto con el hijo de Alberto Cortina, Pelayo Luis Cortina Koplowitz, y un socio habitual en empresas de los Cortina, José Grande Folgado. Blanco cesó en 2013.

Disclaimer 

Para la realización de esta nota intentamos comunicarnos con las personas mencionadas, y con los representantes de las empresas citadas cuyas direcciones y teléfonos aparecen en los récords públicos. Enviamos cuestionarios a los correos mencionados en el documento publicado y a otros que aparecen en otras comunicaciones separadas y hasta el cierre de este trabajo no logramos respuestas.


Si alguna de las empresas o personas mencionas en este reportaje desea contar su punto de vista sobre los detalles aquí expresados, les solicitamos que  se comuniquen a nuestro correo electrónico blogvenezuelapolitica@tuta.io. En este blog el derecho a réplica está garantizado.


Notas:

[1] El Confidencial. “Ramón Blanco, el blanqueador de la trama Gürtel, detenido en una operación antifraude”. 21 de marzo de 2011. https://www.elconfidencial.com/espana/2011-03-21/ramon-blanco-el-blanqueador-de-la-trama-gurtel-detenido-en-una-operacion-antifraude_428375/

[2] La web de las biografías. Cortina de Alcocer, Alberto. http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=cortina-de-alcocer-alberto

[3] Grupo ACS. https://www.grupoacs.com/

[4] Upata Digital. “Derwick está detrás de empresa mixta Petrosur que explotará petróleo en la Faja del Orinoco”. Sin fecha. https://www.upatadigital.com.ve/2017/12/derwick-esta-detras-de-empresa-mixta.html

[5] Reuters. “Venezuela chooses Dutch-based firm for Orinoco oil JV”. 16 de noviembre de 2017. https://www.reuters.com/article/us-venezuela-pdvsa/venezuela-chooses-dutch-based-firm-for-orinoco-oil-jv-idUSKBN1DG2WV

[6] José Vicente Haro, Buscando el norte. “Las 111 decisiones inconstitucionales del TSJ ilegítimo desde el 6D-2015 contra la Asamblea Nacional, los partidos políticos, la soberanía popular y los DDHH”. 10 de julio de 2017. http://josevicenteharogarcia.blogspot.com/2016/10/las-33-decisiones-del-tsj.html?spref=tw

[7] El Economista. “PDVSA, la joya petrolera que perdió su brillo”. 17 de noviembre de 2017. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/PDVSA-la-joya-petrolera-que-perdio-su-brillo-20171117-0003.html

[8] Drimble. Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas. https://drimble.nl/bedrijf/den-haag/k68585209/stichting-administratiekantoor-inversiones-petroleras-iberoamericanas.html

[9] La Iguana TV. “11 claves en el caso del socio español de Petrosur con microempresa vinculada con Aznar”. 10 de agosto de 2017. https://www.laiguana.tv/articulos/65355-socio-espanol-petrosur-microempresa-funcionarios-aznar/

[10] Paraísos Fiscales.info. Fundación Privada. http://www.paraisos-fiscales.info/blog/101_fundacion-privada

[11] Petroleum World. “Sergio Saez: PDVSA PetroSur”. http://www.petroleumworld.com/es-opinion17071701.htm

[12] Europa Press. “La empresa de un imputado en la Gürtel consigue un contrato petrolero con el Gobierno de Venezuela”. 9 de agosto de 2017. http://www.europapress.es/nacional/noticia-empresa-petrolera-imputado-gurtel-logra-contrato-gobierno-maduro-20170809190009.html

[13] El Mundo. “'Gürtel' y Pujol, mismo 'ingeniero'”. 22 de agosto de 2017. http://www.elmundo.es/espana/2017/08/22/599b1cd5268e3ebd438b45e1.html

[14] La Celosía. “Alfonso Cortina y Ramón Blanco forman tándem como presidente y vicepresidente en Inversiones Petroleras Iberoamericanas”. 12 de abril de 2013. http://www.lacelosia.com/alfonso-cortina-y-ramon-blanco-forman-tandem-como-presidente-y-vicepresidente-en-inversiones-petroleras-iberoamericanas/

viernes, 26 de mayo de 2017

Corte de Apelaciones de Nueva York falla a favor de los Bolichicos

Por Maibort Petit
@maibortpetit


La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en Nueva York falló este viernes a favor de Leopoldo Alejandro Betancourt López y Pedro José Trebbau López, conocidos en la prensa venezolana como los "Bolichicos" en el recurso intentado por el exembajador Otto Reich y  Otto Reich Associates, LLC. 
De acuerdo a la decisión el 26 de mayo de 2017 por el panel de jueces conformado por: Dennis Jacobs, Christopher F. Droney y Timothy C. Stanceu la petición del embajador Otto Reich no procede y por tanto se reafirma lo decretado por el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York según el cual la demanda no procede porque el tribunal de Nueva York carece de jurisdicción para atender el caso. 

El recurso de apelación fue interpuesto por Reich contra contra Betancourt y Trebbau ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. 

Los demandados han salido ilesos de todos los casos judiciales que han enfrentado en los Estados Unidos hasta el momento. Ninguno de los acusadores han logrado el objetivo de llevarlos a juicio. La última acción legal en su contra, interpuesta por Reich fue desestimada por el juez Paul Oetken el 4 de enero de 2016, alegando que los acusados no eran residentes de la ciudad de Nueva York, y por ende, el hecho escapaba de la jurisdicción de ese tribunal. Este viernes, el tribunal de apelaciones neoyorquino reafirma la decisión del juez Oetken.

La demanda de Reich no fue admitida 

La acción legal de Reich fue entablada bajo la provisión de la ley contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas, o RICO por sus siglas en inglés. A pesar de aplicarse principalmente en casos penales, la legislación permite demandas civiles en el caso que el demandante pueda demostrar que fue perjudicado por la conspiración criminal. 

Reich contrató abogados expertos en la Ley RICO para someter la queja en el tribunal de apelaciones correspondiente, según consta en los récords judiciales.

Betancourt y Trebbau fueron acusados de haber encabezado un esquema de corrupción que les permitió obtener 12 contratos durante el gobierno del fallecido mandatario Hugo Chávez a favor de sus empresas estadounidenses, Derwick Associates USA LLC y Derwick Associates Corporation, para construir plantas de energía. 

Según la demanda desestimada, durante el 2009 y 2010, les fueron adjudicados los contratos valorados aproximadamente en $1 billón de dólares estadounidenses.

Dichos contratos fueron asignados de la siguiente manera: 

Petróleos de Venezuela S.A.:

                30 de abril de 2010 – Las Morochas;

             21 de noviembre de 2012 – El Furrial;

             21 de noviembre de 2010 – El Morichal; y

             23 de noviembre de 2010 – Barinas I.


Por parte de Corpoelec, Corporación Eléctrica de Venezuela: 

                    2 de octubre de 2009 – Picure;

               23 de noviembre de 2009 – La Raisa I;

               30 de noviembre de 2009 – La Raisa II;

               11 de marzo de 2010 – Guarenas I; y

               4 de octubre de 2010 – Guarenas II.


y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)

       2009 – Sidor Planta A y Planta B

De acuerdo a la acusación que no será considerada por la corte de Nueva York, el esquema de corrupción de Derwick se basó en el pago de sobornos multimillonarios a funcionarios públicos en Venezuela, encargados de la adjudicación de contratos de construcción en el sector energético. Una vez que los contratos fueron garantizados a Derwick y que el dinero fue transferido a cuentas bancarias en Nueva York, los empresarios se apoderaron de millonarios recursos que luego depositaron en bancos americanos e internacionales. A su vez, Derwick, sub-contrató a empresas estadounidenses, incluyendo General Electric, Pratt & Whitney y ProEnergy Services LLC, para llevar  a cabo los proyectos de construcción de las plantas que actualmente no funcionan, lo que generado un colapso del sistema eléctrico venezolano.  
Según la demanda de Otto Reich, esos contratos no fueron objeto de un proceso de licitación pública. 

El gobierno de Hugo Chávez nunca hizo público los costos finales de las asignaciones.

Reich y su empresa de consultoría Otto Reich & Associates LLC, con sede en Washington, alegaron que los demandados violaron normas de un estatuto especial contra el fraude, la corrupción y el lavado de dinero establecido en la mencionada ley RICO. 

La demanda afirmaba que Reich resultó perjudicado desde el punto de vista financiero y en su reputación, por los empresarios como resultado de versiones falsas difundidas por ellos, según las cuales, el ex embajador trabajaba para Derwick, una firma conocida por sus conducta dolosa y fraudulenta. Según alegaciones, dos clientes de Otto Reich Associates LLC (Banco Venezolano de Crédito y el banquero venezolano Eligio Cedeño) cancelaron los contratos de asesoría por las afirmaciones de los empresarios demandados. 

La primera acción legal de Reich buscaba una compensación por daños superior a los $9 millones.

Los empresarios acusados niegan los cargos y hoy consiguieron un fallo a su favor.