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miércoles, 25 de marzo de 2020

Conoce las confesiones que Abraham Edgardo Ortega, el funcionario de PDVSA que facilitó el lavado de $ 1.200 millones, le hizo a los fiscales de EE. UU.

  El ex-director ejecutivo de planificación financiera de la estatal petrolera aguarda aún por la sentencia que habrá de fijar la juez del Tribunal del Distrito Sur de la Florida.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


   Los abogados de Abraham Edgardo Ortega, solicitaron al tribunal que cambie la fecha de la sentencia prevista para el 1 de abril de 2020, por 60 días, al igual que solicitaron que el acusado permanezca en su casa, en la ciudad de Miami Beach, argumentando como razones, el impacto de la pandemia COVID-19 en el estado de la Florida.  Proponen que la audiencia de la sentencia sea fijada para el 1 de junio de 2020. La jueza aún no ha respondido.

Las confesiones 

  Abraham Edgardo Ortega formó parte de la conspiración para lavar miles de millones de dólares producto de operaciones irregulares de PDVSA de la cual fueron protagonistas: Francisco Convit Guruceaga[1]; José Vicente Amparan Croquer, alias "Chente"[2]; Carmelo Urdaneta Aquí; Gustavo Adolfo Hernández Frieri[3]; Hugo Andre Ramalho Gois; Mathias Krull; Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, 9 conspiradores y tres oficiales venezolanos. 

  La investigación encubierta denominada “Money Flight” emprendida por la Fuerza de Tarea de Delincuencia Organizada y Control de Drogas (OCDETF), la cual tuvo su origen en la delación que una Fuente Confidencial (Confidential Source) hizo ante las autoridades de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami (HSI, por las siglas en inglés de Homeland Security Investigations) en 2016, cuando dio a conocer que había sido contactada por operadores financieros venezolanos —conocidos en el argot popular como “boliburgueses”, enriquecidos bajo el amparo de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro— para legitimar USD 78 millones provenientes de una transacción cambiaria irregular que se había efectuado entre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la empresa Rantor Capital. Al final esta operación totalizaría USD 1.200 millones de los cuales se destinaría una parte para pagar sobornos a los ejecutivos de la estatal petrolera que habrían facilitado la negociación fraudulenta. A partir de la delación de la CS, esta comenzó a trabajar con las autoridades en la investigación.

  La actividad de rastro de la operación se extendió por dos años en los que se hicieron más de cien grabaciones que revelaron el modus operandi que los protagonistas de la trama utilizaron legitimar los capitales irregulares, usando bienes raíces en Miami y esquemas sofisticados de falsas inversiones.

 Estos hechos se constituyeron en la causa probable para iniciar el proceso judicial en contra de los indiciados.
   El exdirector ejecutivo de planificación financiera de la petrolera estatal venezolana se declaró culpable y se espera que la jueza del distrito Sur de la Florida, Kathleen M. Williams del distrito sur de Florida, establezca la sentencia que fije la pena que Ortega deberá pagar.

  Valiéndose de su posición en la empresa venezolana, Ortega USD 5 millones en sobornos a cambio de catalogar de prioritaria a una empresa francesa y un banco ruso y de esta manera hacerlos beneficiarios de contrato de préstamo a favor de la empresa conjunta de la que ambos son accionistas. El soborno provino de un esquema de cambio de moneda que permitió malversar USD 1.2 mil millones.

 Ortega también aceptó USD 12 millones en sobornos por su participación en un esquema de malversación de fondos de PDVSA que involucra un préstamo y un contrato de cambio de divisas. Este monto fue lavado entre Ortega y un coacusado a través de un sofisticado esquema de falsas inversiones. En este esquema participaron administradores de dinero cómplices, casas de bolsa, bancos y empresas de inversión inmobiliaria en los Estados Unidos y en otros lugares, los cuales operaban como una red de lavadores profesionales de dinero y quienes fueron acusados el 16 de agosto de 2018[4].

  Por estos hechos el tribunal ha procedido a la incautación de una serie de propiedades en Miami, Panamá, así como bonos y otros instrumentos financieros en Suiza, Inglaterra y Las Bahamas[5]. A estas se suma una nueva propiedad en Miami de la que damos cuenta en esta entrega. La Corte del Distrito Sur de la Florida ha adoptado decisiones para impedir que terceros, entre ellos una mujer vinculada a Raúl Gorrín, recupere algunos bienes relacionados con esta trama de corrupción[6].

  Abraham Ortega fue detenido el 11 de septiembre de 2018 y puesto a la orden de los tribunales.

La declaración de culpabilidad

 El 31 de octubre de 2018, la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Sur de la Florida, en la persona de Ariana Fajardo, junto a la División Criminal del Departamento de Justicia, y el demandado, Abraham Edgardo Ortega, un suscribieron un acuerdo en el que el último se declaró culpable del delito de conspirar para cometer lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h) y 1957 (a), el cual presentaron ante la Corte del Distrito Sur de la Florida.
   En el texto del acuerdo, primeramente, se estableció que habiendo Ortega entendido su derecho a que se presentaran pruebas y cargos en su contra ante un gran jurado federal que determinaría la existencia o no de una causa probable que supusiera la comisión de su parte del delito por el que se le acusa, procedió a realizar consultas con su abogado, que lo llevaron a renunciar en audiencia pública a su derecho de enjuiciamiento por sentencia.
  El gobierno acordó desestimar los cargos 1, 2, 3 y 7 de la acusación contra el acusado.

  Por su parte, el acusado se manifestó consciente de que corresponderá al tribunal calcular y establecer la sentencia, luego de recibir y analizar las pautas y directrices federales. Lo que ocurrirá después de que se haya presentado la declaración de culpabilidad. El acusado igualmente reconoce que el tribunal puede apartarse del rango de la guía de sentencia consultiva que calcule y puede aumentar o disminuir esa sentencia consultiva en virtud de las directrices de sentencia. El Tribunal puede adaptar la sentencia definitiva a la luz de otras preocupaciones legales, y dicha sentencia puede ser más severa o menos severa que la recomendada.

   Refiere el acuerdo que el acusado comprende y reconoce que el tribunal puede imponer una pena de prisión de hasta 10 años y puede imponer una libertad supervisada de hasta 3 años. Además de la penda prisión, el tribunal tiene la facultad de imponer una multa de hasta USD 250.000 o el doble del monto de la propiedad derivada del delito involucrada en las transacciones, lo que sea mayor, y puede ordenar la confiscación y restitución penal.

  El acusado deberá pagar USD 100 por concepto de una evaluación especial y de no poder pagarlos, deberá demostrar ante la corte su incapacidad para ello.

 Refiere el acuerdo que la fiscalía recomendaría al tribunal la reducción de la sentencia en dos niveles el nivel de la directriz de sentencia aplicable al delito del acusado, de conformidad con la Sección 3E 1.1 (a) de las Directrices de Sentencia, basado en el reconocimiento del acusado y la afirmativa y oportuna aceptación de responsabilidad personal. En tal sentido, si cuando se dictare la sentencia, está fuera igual o superare el nivel 16, entonces procederá a presentar ante la corte una moción solicitando una disminución adicional de un nivel, indicando que el acusado ha asistido a las autoridades en la investigación o enjuiciamiento de la mala conducta del acusado, notificando oportunamente sobre la intención del acusado de declararse culpable y así evitar el proceso judicial.

  La fiscalía no estará obligada a presentar la citada moción, si el acusado: (a) no cumple o se niega a hacer una revelación completa, precisa y completa a la oficina de libertad condicional de las circunstancias que rodean la conducta del delito relevante haber tergiversado los hechos ante el gobierno antes de celebrar este acuerdo de declaración de culpabilidad; b) se encuentra que ha tergiversado los hechos ante el gobierno antes de celebrar este acuerdo de declaración de culpabilidad; c) comete una conducta indebida después de firmar el acuerdo de declaración de culpabilidad, que incluye, entre otros, cometer un delito estatal o federal, violar cualquier término de liberación o hacer declaraciones falsas o declaraciones falsas a cualquier entidad gubernamental u oficial; o, d) no asiste completamente en la pérdida de los activos como se establece en este acuerdo de declaración de culpabilidad.

  Entretanto, el acusado se comprometió a cooperar  plenamente con la fiscalía al: a) proporcionar información y testimonio veraces y completos, y producir documentos, registros y otras pruebas, cuando se le solicite, ya sea en entrevistas, antes de un gran jurado, o en cualquier juicio u otro procedimiento judicial; b) comparecer en los procedimientos del gran jurado, audiencias, juicios y otros procedimientos judiciales, y en las reuniones, según lo requiera la fiscalía; y c) si así lo solicita la fiscalía, trabajar en una función encubierta bajo la supervisión y cumplimiento de los agentes y agentes de la ley.

  Quedó entendido que el acusado reconoce que el tribunal no tiene la obligación de otorgar una moción para la reducción de la sentencia presentada por la fiscalía.
  Se establece que el acusado, consciente de que los términos del acuerdo no constituyen una promesa de que el tribunal acoja la recomendación de la fiscalía, no podrá retirar su declaración basada en la decisión de la corte de no aceptar la propuesta por el gobierno.

  El acusado renuncia voluntaria e inmediatamente a todos los bienes que poseyere en los Estados Unidos y que estuvieran involucrados en la violación de la ley. En tal sentido, reconoce su propiedad, aunque no se limita, sobre: i) la suma de, al menos, USD 12 millones que puede solicitarse como un juicio por pérdida de dinero; ii) activos depositados en los números de cuenta 1466054, 1465724 y 55102421 en City National Bank en Nueva Jersey en poder de Global Securities Trade Finance; iii) activos depositados en la cuenta/cartera número 1303311-00 en Deltec Bank & Trust Limited en Nassau, Las Bahamas, incluidas, entre otras, todas las acciones de Global Securities Trade Finance Clase D Serie D-l; iv) todos los activos depositados en la cuenta/cartera número 10.609020 en Zaratini & Co. Bank en Lugano, Suiza, a nombre de Big Green Valley SA, incluidas, entre otras, todas las acciones de Global Securities Trade Finance Clase C ; y v) todos los activos depositados en la cuenta número 200020600 en Ansbacher Limited en Las Bahamas, a nombre de Greatwalls FS.

   El acusado se comprometió a colaborar con la fiscalía en todos los procedimientos, ya sean administrativos o judiciales, que involucren la confiscación en los Estados Unidos de todos los activos, incluidos bienes inmuebles y personales, efectivo y otros instrumentos monetarios, donde sea que se encuentre, u otros, según el conocimiento del acusado, se han acumulado como resultado de actividades ilegales, o se pueden perder como activos sustitutos en lugar de los activos acumulados como resultado de actividades ilegales.

  La asistencia incluirá la identificación de cualquier propiedad sujeta a confiscación, acuerdo para la entrada de una orden que ordene la transferencia o gravamen de dicha propiedad, y la transferencia de dicha propiedad a los Estados Unidos mediante entrega a la fiscalía, cualquier documentación necesaria y apropiada, incluidos los consentimientos para la confiscación y renuncia a las escrituras de reclamo, para entregar un título bueno y comercializable de dicha propiedad.

  El acusado deberá informar de forma precisa a la fiscalía sobre sus asuntos financieros y la autorizó expresamente a obtener un informe de crédito, debiendo, en el término de 10 días presentar una declaración de divulgación financiera completa.

   Entre otros puntos del acuerdo, el acusado renunció a su derecho a apelar la sentencia que se le imponga y también reconoce que su declaración de culpabilidad podría acarrearle consecuencias con respecto al estado migratorio.

  En octubre de 2018, la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, presentó ante la Corte, su declaración de hechos ante el Tribunal del Distrito Sur de la Florida, en la que refería que el gobierno de los Estados Unidos y el acusado, Abraham Edgardo Ortega, de llegar el caso Nº 18-CR-20685-Williams a juicio, se procedería a probar que los hechos, más allá de una duda razonable, que el demandado conspiró para cometer el delito de lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h).
  Sostiene la fiscalía la existencia durante años de un esquema corrupto de cambio de divisas en Venezuela que permite que el gobierno cambie a una tasa fija de la moneda local (Bolívar) cada dólar estadounidense, una operación que se lleva a cabo a una tasa muy por debajo del valor real de la divisa.

   Refiere como ejemplo que, en 2014, se podían cambiar USD 10 millones por 600 millones de bolívares, pudiendo luego la persona que realizó el cambio convertir esta última cantidad en USD 100 millones. Es decir, que en dos transacciones se podría comprar USD 100 millones con USD 10 millones.

  Se explica que la diferencia entre la tasa fija y la tasa económica real creó la oportunidad de fraude y abuso, permitiendo a los funcionarios venezolanos participar en esquemas de cambio de divisas cobrando sobornos y comisiones ilegales.

  Se indica que estos esquemas corruptos de cambio de moneda ocurrieron frecuentemente en la compañía petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la cual es la principal fuente de ingresos y moneda extranjera de Venezuela.

  Sostiene la fiscalía, que Abraham Edgardo Ortega y otros, conspiraron para lavar y participar en transacciones monetarias con el producto de dichos esquemas corruptos de cambio de divisas que involucran a PDVSA.

  Del mismo modo, la fiscalía hace mención al esquema de sobornos que, desde agosto de 2004 hasta marzo de 2016, implicó al acusado.

  Abraham Edgardo Ortega, Director Ejecutivo de Planificación Financiera de PDVSA, durante el periodo citado fungió como “funcionario extranjero”, denominación con la que se define su papel en el esquema en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

  Ortega habría aceptado USD 5 millones de soborno a cambio facilitar mediante actos y decisiones adoptadas desde su posición en PDVSA la operatividad del esquema. Esto ocurrió en el contexto de las sociedades que, entre 2006 y 2007, Venezuela estableció bajo la denominación de "empresa conjunta" entre PDVSA y compañías/bancos extranjeros, en el que una empresa privada asumía el 40 por ciento de las acciones y el restante 60 por ciento estaba en manos de PDVSA. La compañía A, una compañía petrolera europea, era accionista minoritario en la empresa conjunta A. La compañía B, una institución financiera rusa, era accionista minoritario en la empresa conjunta B.

  Tras la crisis financiera de 2008, PDVSA comenzó a controlar el flujo de caja de los accionistas minoritarios de estas empresas conjuntas, de tal manera que dificultó que los accionistas minoritarios recibieran los pagos necesarios para financiar y mantener adecuadamente las operaciones. La solución que a esta situación ofreció PDVSA, fue que el accionista minoritario podría prestar a la empresa conjunta el dinero necesario para reanudar las operaciones y, a cambio, PDVSA permitiría al accionista minoritario recuperar el control de su flujo de caja. Como parte de esta solución, PDVSA acordó pagar los importes pendientes adeudados al accionista minoritario. El accionista minoritario suscribía el contrato de préstamo y PDVSA asignaba cualquier pago de facturas futuras a una cuenta de manera que se cancelaba tanto el pago de las facturas como el préstamo al accionista minoritario.

  Siendo que este tipo de acuerdos era limitado, los accionistas minoritarios que accedían a ellos deberían tener “prioridad”. El papel de Ortega consistía en otorgar dicha “propiedad”.

  Se indica que desde o alrededor de 2014 hasta 2015, el acusado, Conspirador 3 (como representante del Conspirador 1), Sujeto 1 (ciudadano de los Estados Unidos y una "preocupación doméstica" en el sentido de la FCPA), Sujeto 2, Sujeto 3, y el funcionario venezolano 4 (un "funcionario extranjero" como se define en la FCPA) asistió a varias reuniones en Caracas, para discutir la aceptación de sobornos de la Compañía A.

   El conspirador 3 y otros conspiraron para pagar a Ortega USD 3 millones a cambio de su decisión de otorgar el estatus de "prioridad" a la Compañía A. Específicamente, el demandado aceptó dicha cantidad del conspirador 3, es decir, por la recomendación de Ortega a la junta directiva de PDVSA de otorgar el carácter prioritario a la Compañía A y así obtuviera el acuerdo.

   En o alrededor de 2014, Abraham Edgardo Ortega se reunió con Francisco Convit Guruceaga, quien representó los intereses de la Compañía B. Ambos se habían conocido en un apartamento en Caracas donde discutieron los sobornos. Convit pagaría a Ortega USD 2 millones a cambio de la decisión del segundo de otorgar el estatus de "prioridad" para la Compañía B. Convit le dijo al demandado que le entregaría la suma a una fuente confidencial (CS) para el pago a Ortega. El funcionario venezolano 4 también recibió pagos de sobornos a cambio de facilitar la asistencia en estos esquemas.

  Igualmente, el documento de prueba informa que también Abraham Edgardo Ortega aceptó un pago de USD 10 millones como soborno por su decisión a favor de facilitar un esquema de préstamo corrupto de PDVSA a las empresas C y D.
  Se explica que en o alrededor de 2012, Ortega, el funcionario venezolano 1 (un "funcionario extranjero"), el sujeto 4, el sujeto 5 y el funcionario venezolano 5 ("funcionario extranjero") conspiraron para ejecutar un esquema corrupto de cambio de divisas que involucraba sobornos a funcionarios de PDVSA, incluidos el propio acusado y el Oficial Venezolano 5 (el Plan de Préstamo de las Empresas C y D).

  Como parte de este esquema, la Compañía C acordó prestar a PDVSA aproximadamente 17.4 mil millones de bolívares en múltiples tramos y PDVSA reembolsaría el préstamo en dólares estadounidenses por un monto equivalente a los bolívares venezolanos "prestados" al tipo de cambio fijo del gobierno venezolano. Después de que se determinó que la Compañía C no tenía la reputación suficiente para firmar el contrato de "préstamo" con PDVSA, el Sujeto 5 encontró una entidad venezolana adecuada, a saber, la Compañía D. El Sujeto 5 pagó a la Compañía D la cantidad de USD 10 millones para asignar los derechos de la Compañía D bajo el contrato de "préstamo" a la Compañía C. Como parte de este esquema, Ortega USD recibió 10 millones como un pago de soborno del Sujeto 4.

Ortega, Rantor Capital y Eaton Global

  Seguidamente, en el documento que recoge la declaración de hechos del acusado con los fiscales, se señala que el funcionario venezolano 1 aceptó el pago de sobornos por el corrupto esquema de préstamos de PDVSA con Rantor Capital y Eaton Global[7].

Refiere que el 17 de diciembre de 2014, Rantor Capital C.A., una empresa fantasma venezolana, firmó un contrato con PDVSA en el que acordó "prestar" 7.200 millones de bolívares a la petrolera. El contrato de "préstamo" fue ejecutado por el Oficial Venezolano 1 como vicepresidente de PDVSA.

  Para el 23 de diciembre de 2014, se ejecutó un contacto de asignación entre Rantor y Eaton Global, en el que la primera asignó sus derechos como acreedor de PDVSA en virtud del contrato de "préstamo" a Eaton y en el que se contemplaba que la estatal venezolana tenía el derecho de cancelar la deuda dentro de los 180 días pagando USD 600 millones.

  También el 23 de diciembre de 2014, Eaton envió un aviso de asignación a PDVSA (Oficial Venezolano 1) y sugirió que PDVSA reembolsara el préstamo de 7,2 millones de bolívares en el equivalente en euros de USD 600 millones. La carta incluía instrucciones para que PDVSA transfiriera los fondos a las cuentas de la Institución Financiera Europea 1 en beneficio de Eaton.

  En resumen, Eaton, una compañía controlada por miembros de la conspiración se hizo del derecho de pagar a PDVSA alrededor de 7.200 millones de bolívares (por un valor de alrededor de 35 millones de euros) y recibir alrededor de 510 millones de euros (el "Plan de préstamos Eaton-Rantor")

  El Oficial Venezolano 1 y otros facilitaron, a través de la adopción de medidas y decisiones, que permitieron el Plan de Préstamo Eaton-Rantor a cambio de recibir sobornos de los ingresos. De este modo, los miembros de la conspiración dieron sobornos en efectivo al Oficial venezolano 1 a cambio de que firmara el contrato de préstamo en su calidad de Vicepresidente de PDVSA. El soborno del Oficial venezolano 1 violó no sólo la ley venezolana, sino también la FCPA porque uno o más miembros de la conspiración cometieron actos corruptos dentro del territorio de los Estados Unidos. Convit envió y recibió chats de BlackBerry Messenger de los Estados Unidos para organizar el pago de los fondos de PDVSA a la CS, lo que provocó el pago de los sobornos de la CS al funcionario venezolano 1.

  En esta operación privó: a) la malversación de fondos públicos por parte de un funcionario público y el soborno a este, lo cual constituye un delito contra Venezuela al haberse violado los dispuesto en las leyes; b) el uso corrupto de instalaciones de comercio interestatal o cualquier otro acto, mientras se encontraba en el territorio de los Estados Unidos, para promover un pago o promesa de pago a un funcionario extranjero con el propósito de influir o inducir a ese funcionario a actuar, fue un delito grave que viola la FCPA.

  Establece el documento que recoge la declaración de hechos del acusado con los fiscales. que los procedimientos del Plan de Préstamo Eaton-Rantor, así como los pagos de sobornos realizados a los conspiradores constituyeron en ingresos de una actividad ilegal.

  Quedó sentado que los miembros de la conspiración acordaron dividir las ganancias netas del Plan de Préstamo Eaton-Rantor de la siguiente manera: a) 227 millones de euros para los "Bolichicos" o "Boli" (Convit y "conspirador 2"); y b) 227 millones de euros para  "conspirador 7".

  Luego de esto, las ganancias se distribuyeron así:  a) Los "Bolichicos" enviaron aproximadamente 78 millones de euros a un CS, a quien se le ordenó entregar los fondos a Ortega, Carmelo Urdaneta Aqui, Conspiradores 1 y 3, y el Funcionario Venezolano 1; b) El "Conspirador 7" envió aproximadamente 159 millones de euros a tres personas conocidas como "Los Chamos", los hijastros del "Funcionario Venezolano 2", que era un "funcionario extranjero" como se define ese término en la FCPA.

El esquema de lavado de dinero

  Se estableció que Ortega, Hernández Frieri, Convit, Gutiérrez y otros, conspiraron para lavar aproximadamente USD 12 millones que fueron entregados a Abraham Edgardo Ortega como soborno, a cambio de los actos y decisiones corruptos que instrumentó como Director Ejecutivo de Planificación Financiera en PDVSA.

  En primer término, se refiere que hubo un esquema para lavar los USD 5 millones de Ortega del soborno obtenido del esquema de préstamos Eaton-Rantor. Para ello, los Conspiradores 1 y 3 le dijeron a la CS que asignara a Ortega USD 5 millones de la parte de dichos conspiradores de los 78 millones de euros provenientes del Eaton-Plan de préstamos Rantor. Con este fin, en abril de 2016, Ortega, Hernández Frieri y el CS se reunieron en Panamá para discutir cómo Hernández Frieri ocultaría o disfrazaría la fuente de los 5 millones de pagos de soborno de Ortega para que parecieran haber sido legítimamente adquiridos. Hernández Frieli explicó que su firma de corretaje, con sede en Miami, Florida, opera en los Estados Unidos y América Latina, y tiene un fondo mutuo falso, el cual recibe dinero y lo hace parecer inversiones, y luego lava dichos pagos del fondo.

  El 21 de febrero de 2017, Hernández Frieri instruyó por correo electrónico acerca de las instrucciones de suscripción de CS y un acuerdo de suscripción para el fondo falso, Global Securities Trade Finance, ubicada en las Islas Caimán. El 24 de febrero de 2017, el CS ordenó a Deltec Bank & Trust Limited en Nassau, Bahamas (donde se mantenían parte de los fondos ilícitos de Ortega) para suscribirse al fondo. Aproximadamente el 28 de febrero de 2017, bajo la dirección de Ortega y Hernández Frieri, se transfirieron aproximadamente USD 5 millones desde el número de cuenta/cartera xxxx3311-00 en Deltec Bank & Trust Limited en Nassau, Bahamas en el número de cuenta xxxx6054 en la Institución Financiera de EE. UU. 1 en Nueva Jersey a nombre de Global Securities Trade Finance. El 14 de marzo de 2017, los USD 5 millones se transfirieron al número de cuenta xxxx2421 a nombre de Global Securities Trade Finance. La suscripción falsa en Global Securities Trade Finance se depositó en Deltec Bank, lo que puso a disposición de Hernández Frieri los USD 5 millones para su distribución a Ortega.

  A cambio de la asistencia de la CS, Hernández Frieri en acuerdo con Ortega, transfirió USD 396.000 dólares a la CS utilizando un contrato de préstamo falso entre Global Securities Trade Finance y una compañía encubierta para justificar la "tarifa". Se transfirieron USD 4.000 adicionales a una cuenta bancaria en Miami, Florida, mantenida por una compañía asociada con Hernández Frieri como una "tarifa" de estructuración del 1 por ciento.

  El otro esquema descrito fue el usado para lavar las ganancias de USD 7 millones de soborno de Ortega relacionadas con el esquema de préstamos de las empresas B-C, explicando que Ortega y Hernández Frieri conspiraron para lavar USD 7 millones de los USD 10 millones que el primero recibió como pago de soborno por su participación en el Plan de préstamos de las empresas C-D.

  Agrega que CS administró el pago de soborno de USD 7 millones de Ortega después de que los fondos fueron depositados en una cuenta en Banca Zarattini & Co. SA en Lugano, Suiza. Hernández Frieri ordenó que el dinero se transfiera a la institución financiera estadounidense 1 en Nueva Jersey al número de cuenta xxxx 5 7 2 4 en la Institución Financiera de EE. UU. 1 a nombre de Global Securities Trade Finance para suscribirse a los valores de esta firma, que luego se depositaron en el número de cuenta/cartera xxxx9020 en Banca Zarattini a nombre de Big Green Valley SA.

Finalmente,  en el documento que recoge la declaración de hechos del acusado con los fiscales informa que para justificar las transacciones que permitirían a Ortega acceder a algunos de los USD 7 millones ilícitos, Hernández Frieri creó contratos falsos entre una compañía de las Islas Vírgenes Británicas controlada por Ortega, Great Walls FS y una compañía controlada por Hernández Frieri, quien también creó contratos falsos con personas conocidas de Ortega para justificar las transacciones que le permitieran acceder a algunos de los fondos. Hernández Frieri ayudó a ORTEGA a abrir una cuenta en la Institución Financiera de los Estados Unidos 2 en Puerto Rico con el propósito de lavar el dinero. Hernández Frieri también ayudó a Ortega a abrir una cuenta en las Bahamas y a transferir el saldo de los fondos a esa cuenta.

Nueva incautación

  A principios del mes de noviembre de 2019, la fiscal Ariana Fajardo Orshan, solicitó ante la Corte del Distrito Sur de la Florida la modificación de la orden preliminar de decomiso y para liberar bienes inmuebles ubicados en 2101 South Surf Road, Unidad 2E, Hollywood, Florida, Land Trust Th 041117, de otros procedimientos de decomiso penal.

Se informa que el 24 de junio de 2019, el tribunal emitió una orden preliminar de decomiso, ordenando, sujeto a reclamos de terceros, el decomiso de Land Trust Th, 041117.

  Posteriormente, en fecha 21 de agosto de 2019, Land Trust TH 041117 presentó una Petición de un tercero para una audiencia para juzgar la validez del interés en bienes inmuebles sujetos a decomiso de dicha propiedad, alegando tener un interés superior y ser un comprador de buena fe por un valor inferior.

  El 5 de septiembre de 2019, la fiscalía presentó su respuesta a la Petición Verificada del Fideicomiso de Land Trust TH, 041117, indicando que los Estados Unidos tenía la intención de "resolver problemas de hecho, para determinar si o no el peticionario tiene un interés permanente y/o válido en la propiedad”.

 El 11 de septiembre de 2019, el peticionario presentó la respuesta verificada de Land Trust TH, 041117 a la respuesta de los Estados Unidos.

  Al día siguiente, 12 de septiembre de 2019, el tribunal consultó al juez magistrado Torres si el descubrimiento solicitado por el gobierno era apropiado.

  El 2 de octubre de 2019, se llevó a cabo una audiencia sobre la solicitud de descubrimiento del Gobierno ante el juez magistrado Torres y el 3 de octubre de 2019, el Tribunal exigió que presentara el descubrimiento en el término de 30 días a partir de la fecha de la audiencia.

  En dicha fecha, la fiscalía declaró que contemplaba presentar una acción de decomiso civil porque varios activos restringidos en el caso penal pertenecían a acusados fugitivos y que, además, trataría de suspender el procedimiento auxiliar inmediato de decomiso penal.

  Posteriormente, el 15 de octubre de 2019, el gobierno presentó una queja verificada por confiscación en Rem, iniciando la acción de confiscación civil relacionada.

  Para el 21 de octubre de 2019, un fiscal envió por correo electrónico una copia de la Demanda de Confiscación Civil al abogado del peticionario.

  El 23 de octubre de 2019, un fiscal solicitó la posición del peticionario sobre una propuesta de moción para suspender el proceso penal de incautación auxiliar a favor de proceder en acciones relacionadas con la confiscación civil. Después de una discusión telefónica el 29 de octubre de 2019, las partes acordaron que la fiscalía enmendara la Orden Preliminar de Confiscación para liberar la Propiedad Sujeta de un litigio adicional, eliminando la obligación del Peticionario de proceder con las deposiciones y otras obligaciones de descubrimiento en el asunto mencionado anteriormente.

CITAS 

[1] Venezuela Política. “Francisco Convit Guruceaga: Acusado de estafador y de lavar USD 1.200 millones provenientes de la corrupción en PDVSA”. 28 de mayo de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/05/francisco-convit-guruceaga-acusado-de.html

[2] Venezuela Política. “José Vicente Amparan Cróquer: El lavador dinero profesional de las negociaciones irregulares de PDVSA”. 29 de enero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/01/jose-vicente-amparan-croquer-el-lavador_29.html

[3] Venezuela Política. “Gustavo Adolfo Hernández Frieri, el colombiano-estadounidense que participó el esquema de corrupción con el que saquearon más de $1.200 millones de PDVSA se declaró "No culpable", conoce los detalles”. 21 de mayo de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/05/conoce-los-detalles-del-caso-de-gustavo.html



[4] Department of Justice. “Former Executive Director at Venezuelan State-Owned Oil Company, Petroleos De Venezuela, S.A., Pleads Guilty to Role in Billion-Dollar Money Laundering Conspiracy”. 31 de octubre de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/former-executive-director-venezuelan-state-owned-oil-company-petroleos-de-venezuela-sa-pleads

[5] Venezuela Política. “Estas son las propiedades incautadas por E.E. U.U. a los venezolanos acusados de haber lavado USD 1.200 millones en Florida”. 19 de agosto de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/08/estas-son-las-propiedades-incautadas.html

[6] Venezuela Política. “Tribunal de EE. UU. impide que viuda de Fernando Valero Gutiérrez (vinculado a Raúl Gorrín y otros prófugos de la justicia) recupere propiedades confiscadas por la Operación Money Flight”. 17 de febrero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/02/tribunal-de-ee-uu-impide-que-viuda-de.html

[7] Venezuela Política. “Empresa "ficticia" usada en esquema de corrupción por USD 1.200 millones en Miami está vinculada al empresario Raúl Gorrín”. 27 de julio de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/07/empresa-ficticia-usada-en-esquema-de.html

miércoles, 29 de enero de 2020

José Vicente Amparan Cróquer: El lavador dinero profesional de las negociaciones irregulares de PDVSA

  Vinculado a Mathias Krull, este abogado fue ficha fundamental en la trama que sirvió para esquilmar USD 1.200 millones a la estatal petrolera venezolana.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Desde un despacho de abogados en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), a saber, Croquer & Amparan Abogados[1], se habrían fraguado una serie de operaciones irregulares que sirvieron para el lavado de millones de dólares provenientes de la corrupción, especialmente de negociaciones fraudulentas ejecutadas en Petróleos de Venezuela (PDVSA), según lo determinaron investigaciones llevadas a cabo por organismos federales de los Estados Unidos y de España y que conllevaron a la acusación federal que cursa en la Corte del Distrito Sur de la Florida.
    Al frente del referido bufete se encontraba José Vicente Amparan Croquer, conocido entre sus allegados como “Chente”, un abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), al cual las autoridades judiciales de los Estados Unidos han catalogado como "un profesional del lavado de dinero".

    Amparan Cróquer figura como socio en empresas de inversión de bienes y raíces en España, relacionado con instituciones financieras en Malta, así como con entidades que han sido acusadas de ser instrumento para la legitimación de capitales irregulares.

   Las compañías vinculadas a Amparan Cróquer en la península ibérica se desempeñan en el área de las inversiones inmobiliarias, la salud y el turismo, en las cuales se desempeña o se ha desempeñado como director o apoderado.

   Asimismo, se refiere que José Vicente Amparan Cróquer habría adquirido una lujosa propiedad valorada en USD 5.300.000 a través de la empresa Paladium Real Estate Group LLC, la cual es dirigida por una pariente suya de nombre Carolina Cróquer de González. Esta compañía -refiere el portal Sunbiz- fue registrada en el estado de la Florida el 26 de mayo de 2016 bajo el número L16000103906, siendo su estatus actual activo. Su domicilio está ubicado en el C/O Juris Magister, 1221 Brickell Avenue, STE 900, Miami, FL 33131 que igualmente es la dirección postal y el domicilio declarado por el agente registrador Juris Magister. Como gerente figura Zenaida C. Urbano-Taylor Romero (misma dirección). Al acta constitutiva refleja que Carolina Cróquer fungía como gerente[2].

   Los recursos para realizar la compra del inmueble habrían provenido de negocios irregulares con PDVSA.

    Según fuentes informativas, Amparan Cróquer era un profesional del derecho que se desempeñaba en un bufete familiar, sin propiedades de hecho vivía alquilado con un estándar de vida modesto que, en pocos años, comenzó a hacer alarde de riquezas de dudoso origen. Con él trabajaban el también abogado, Edison Sánchez y un primo llamado Manuel Amparan.

   La explicación del súbito cambio de vida estaría en su vinculación con Mathias Krull, quien se declaró culpable en una Corte Federal de EE. UU. por el delito de lavado de USD 1.200 millones, razón por la cual se emitió una orden de captura en su contra de Amparan Cróquer, así como de Francisco Convit Guruceaga, Carmelo Antonio Urdaneta Aquí, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara y Mario Enrique Bonilla Vallera. Se trataría, pues, según las averiguaciones judiciales, de una red internacional de lavado de dinero proveniente de la principal empresa venezolana. En particular, Amparan Cróquer, es catalogado en el expediente como un abogado experto en lavado de dinero[3].  Raúl Gorrín, propietario de Globovisión también formaría parte de esta conspiración (Conspirador 7). Asimismo, aparece un conspirador #2, que fuentes ligadas al caso han identificado que es el bolichico, Alejandro Betancourt López.

   Así, al servicio de quienes se conocen en Venezuela como los “boliburgueses” y altos funcionarios gubernamentales y de la estatal petrolera, Amparan Cróquer se constituyó en ficha fundamental para legitimar millones de dólares provenientes de la corrupción, en razón de sus “habilidades” en la gestoría de bienes raíces y como supuesto experto falsificador.

    Sus relaciones habrían servido para que el los USD 1.200 millones estafados a PDVSA circularan en la banca de España, Reino Unido y Malta. Un conglomerado de empresas registradas en el país ibérico por Amparan Cróquer y su grupo, fue un canal por el que se legitimó parte del dinero[4].

La trama

   La acusación federal basada en investigaciones de organismos estadounidenses refieren que la utilización de bonos en default (suspensión de pago) habría sido el mecanismo para lavar el dinero proveniente de PDVSA que se inyectó en entidades financieras de Europa de las cuales se suministran nombres en la denuncia[5].

   El asesor jurídico del Ministerio de Energía y Minas de Venezuela para la fecha, Carmelo Urdaneta Aquí, y Amparan Cróquer diseñaron un esquema de corrupción mediante el cual se traspasó la propiedad del apartamento de la Torre Porshe Design con Paladium Real Estate Group LLC como instrumento para la operación.

   Los documentos federales indican que el Departamento de Estado de Florida determinó que la esposa de José Amparan Cróquer ingresó a la directiva de Paladium como gerente en septiembre de 2917, cuando al mismo tiempo la cónyuge de Urdaneta Aquí dejaba dicho cargo. Transfiriendo el control de la firma de maletín se entregó al matrimonio de los Emparan la propiedad del apartamento.

  La denuncia informa que José Vicente Amparan Cróquer se presentaba como trabajador de Solar Cargo (Aserca Airlines, en principio), una aerolínea que contaba con seis aviones operativos en 2016. PDVSA contrató los servicios del abogado.

   La investigación del citado medio indica que Amparan Cróquer no aparece registrado en el Instituto de Previsión Social de Abogados (Inpreabogados), pero los registros gubernamentales lo presentan como economista. Prófugo de la justicia estadounidense, Amparan Cróquer se mantendría en Venezuela. 

El lujoso apartamento como pago

   Sobre el apartamento a que hicimos referencia líneas arriba, adquirido a través de la empresa Paladium Real Estate Group LLC en la que la prima del abogado, Carolina Cróquer de González, figura como directora, se conoció que está identificado con el número 2205 en la Torre Porshe Design, ubicada en el área metropolitana de Miami, específicamente en Sunny Isles, al noreste del condado de Miami-Dade en el sur de la Florida.

  El inmueble tomó protagonismo cuando en una acusación federal presentada el 23 de julio de 2018 ante el Tribunal federal Penal del Distrito Sur de Florida, en la que se daba cuenta de las investigaciones que por más de dos años llevó a cabo la División Criminal del Departamento de Justicia, la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida y la Oficina de Seguridad de Inmigración y Aduanas de la Oficina de Seguridad Nacional (HSI) de Miami. Ante el tribunal se dieron a conocer los detalles de la “Operación Money Flight”, referida a la existencia de la red de lavado dinero sustraído irregularmente de PDVSA y puesto a circular en bancos de los Estados Unidos.

  Los agentes del HSI determinaron que el mecanismo implementado era la instrumentación de acuerdos de connivencia entre ejecutivos de la petrolera y financistas venezolanos, mediante el cual se ofrecían préstamos en bolívares a PDVSA que era reembolsado en divisas (dólares y euros) cotizados al cambio oficial. El “diferencial cambiario arrojaba en cada transacción ganancias de hasta diez veces el capital invertido, de las cuales se pagaban las mordidas respectivas para las autoridades del holding estatal y de los intermediarios que concibieron y gestionaron fórmulas para incorporar esos fondos al torrente del sistema bancario”[6].

   Los señalados en la trama elaboraron un contrato el 17 de diciembre de 2014 que se suscribió entre Petróleos de Venezuela S.A. y la empresa fantasma Rantor Capital C.A. en el que quedó asentado que la segunda hizo un préstamo por 7.200 millones de bolívares a la primera. Posteriormente, Rantor cedió sus derechos a Eaton Global Services Limited. Ahora la estatal venezolana debía pagar USD 600 millones en un plazo de 180 días[7]. El diferencial cambiario llevó a que, finalmente, la operación se duplicara y PDVSA fuera estafada con USD 1.200 millones[8].

    El apartamento 2205 fue confiscado junto a otras 16 propiedades. Había sido negociado por quien para mayo de 2016 ejercía como asesor jurídico del Ministerio de Energía y Minas de Venezuela, Carmelo Urdaneta Aquí, valiéndose de la intermediación de José Vicente Amparan Cróquer quien, se encargaría de conseguir el dinero de la compra. En medio de las negociaciones, Urdaneta Aquí “accedió a ceder el apartamento a Amparan Cróquer como parte de pago por sus servicios de gestión financiera”.

Los vínculos empresariales de Amparan Cróquer

   En los registros del estado de la Florida, se semana que José Vicente Amparan Cróquer estaría supuestamente vinculado a la empresa aérea Solar Cargo INC, registrada en el estado de la Florida el 16 de marzo de 2016 bajo el número P99000023995 y FEI/EIN 65-0903090, cuyo estatus actual es activo, según refiere el portal Sunbiz. Esta compañía, ubicada en el 3650 NW 82 Avenue, Suite 407, Doral, Fl 33166 que igualmente es su dirección postal y el domicilio del agente registrador, Alberto Morris[9]. El 24 de septiembre de 2018 la firma pasó a llamarse 21 Cargo INC[10].

   Esta empresa era Aserca Airlines Cargo INC con Adolfo Moreno figuraba como único accionista[11]. Otra de las denominaciones que ha tenido la empresa es Santa Bárbara Airlines Cargo INC. Aserca y Santa Bárbara son homónimas de dos aerolíneas que operaron en Venezuela, aunque no hay coincidencia en sus registros, como lo advierte la nota de El Nacional citada anteriormente.

    En Venezuela, Solar Cargo tiene sedes en la avenida La Estancia, Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), Pirámide Invertida, piso 1, oficina 106, Chuao, Caracas 1060. En Carabobo, la sede es en C.E. Aerocentro Internacional, avenida Luis E. Branger, Zona Industrial Sur, Edificio F, piso 1, oficinas 04/05, Valencia[12].

   Entretanto, en España las relaciones de este abogado apuntan al ramo de las inversiones inmobiliarias, la salud y el turismo, en ellas José Vicente Amparan Cróquer figura, bien como director, bien como apoderado.

   Así tenemos, en primer lugar, a Columbus One Properties Hotels S.L, que de acuerdo al portal Empresia, se constituyó el 22 de septiembre de 2016 en Madrid con un capital de 3.000 euros. Su dirección es en la Calle Orellana, 8–BJ, Código Postal 28004. Amparan Cróquer aparece como administrador mancomunado junto a Ralph Steinmann, Luis Fernando Vuteff García, y Ale Ramiro Mario Iturralde Darío quien es administrador único[13].

   Por su parte, Columbus One Properties Healthcare Facilities 1 S.L. fue registrada en Madrid el 17 de junio de 2016 con un capital de 3.000 euros. Se ubica en la calle Orellana 8. Aquí Amparan Cróquer también aparece como administrador mancomunado con Ralph Steinmann y Luis Fernando Vuteff García; Ale Ramiro Mario Iturralde Darío es administrador único; María Vanessa Rodríguez De Lebiana Torres es también administradora única[14].

  Columbus One Properties Commercial Real Estate 1 S.L, fue registrada en Madrid el 13 de julio de 2016, con un capital de 3.000 euros. Se ubica en la Calle Orellana 8, Bajo Iz. Aquí José Vicente Amparan Cróquer es apoderado solidario y administrador mancomunado. A los anteriores se suma Antonio Santiago Pérez como administrador único[15].

   Bonorva Investments S.L. fue constituida en Madrid el 3 de agosto de 2018 con un capital de 3.000 euros. Tiene su sede en la misma dirección que las anteriormente reseñadas. Amparan Cróquer es presidente del consejo de administración en el que también ejerce como apoderado[16].

   Columbus One Properties Commercial Real Estate 2 S.L. se registró en Madrid el 13 de julio de 2017 con un capital de 3.000 euros. José Vicente Amparan Cróquer es apoderado solidario y administrador mancomunado. Lo acompañan Ralph Steinmann, Luis Fernando Vuteff García y Ale Ramiro Mario Iturralde Darío[17].

   Columbus One Properties Management S.L., con el mismo domicilio de las anteriores, fue registrada en Madrid el 16 de junio de 2015, también con un capital de 3.000 euros. Allí Amparan Cróquer ha ejercido como consejero y apoderado mancomunado y solidario[18].

   El 16 de junio de 2015 fue constituida en Madrid la empresa Columbus One Properties S.L., con un capital de 70.200 euros. Amparan Cróquer ejerce dentro del consejo de administración como consejero. Lo acompañan Ralph Steinmann, Luis Fernando Vuteff Garcia, Ale Ramiro Mario Iturralde Darío[19].

   Finalmente, Autumn Leaves S.L. es una empresa registrada en Madrid el 8 de mayo de 2015, con un capital de 3.038.000 euros. Aquí José Vicente Amparan Cróquer funge como propietario. Lo acompaña Ignacio Sánchez Cumba y Verónica Carolina Sarcina, segunda esposa de Amparan Cróquer, como administradores únicos de la sociedad[20].

   Como puede observarse, todas las empresas comparten el mismo domicilio, al tiempo que repiten casi al calco la conformación de sus directivas. La constitución de las mismas se produjo entre 2015 y 2017, mismo período en el que tuvo lugar la operación de lavado de dinero señalada en la acusación de la Corte de la Florida con la “Compañía Europea 1” como protagonista.




Citas

[1] HG.org Legal Rerources. Croquer & Amparan Abogados. https://www.hg.org/attorney/croquer-and-amparan-abogados/53711

[2] Sunbiz. Paladium Real Estate Group LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2016%5C0930%5C90296199.Tif&documentNumber=L16000103906


[3] https://www.miamiherald.com/news/local/article220781125.html

[4] https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/two-members-billion-dollar-venezuelan-money-laundering-scheme-arrested

[5] https://www.insightcrime.org/news/analysis/us-charges-point-to-rampant-corruption-at-venezuela-state-oil-company/

[6] https://therealdeal.com/miami/2018/08/07/feds-look-to-seize-porsche-tower-condo-unit-tied-to-1b-money-laundering-case/

[7]Venezuela al Día https://venezuelaaldia.com/2019/02/03/los-irregulares-casos-de-investigacion-denunciados-por-el-comisario-principal-de-pdvsa-parte-iii/

[8] Venezuela Política. “Empresa ‘ficticia’ usada en esquema de corrupción por USD 1.200 millones en Miami está vinculada al empresario Raúl Gorrín”. 27 de julio de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/07/empresa-ficticia-usada-en-esquema-de.html

[9] Sunbiz. Division of Corporations. Solar Cargo INC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=CurrentList&searchNameOrder=SOLARCARGO%20P990000239952&aggregateId=domp-p99000023995-e35688b0-0527-4dca-83e4-ae6d67d75d44&searchTerm=SOLAR%20CARGO%20INC&listNameOrder=SOLARCARGO%20L050000373200

[10] Sunbiz. Solar Cargo INC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2018%5C1008%5C18814734.Tif&documentNumber=P99000023995

[11] Sunbiz. Florida Department of State. Division of Corporations. Aserca Airkines Cargo INC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C1999%5C0317%5CH9006133.TIF&documentNumber=P99000023995

[12] Solar Cargo. http://solarcargo.com/

[13] Empresia. Columbus One Properties Hotels S.L. http://www.empresia.es/empresa/columbus-one-properties-hotels/

[14] Empresia. Columbus One Properties Healthcare Facilities 1 S.L. http://www.empresia.es/empresa/columbus-one-properties-healthcare-facilities-1/

[15] Empresia. Columbus One Properties Commercial Real Estate 1 S.L. http://www.empresia.es/empresa/columbus-one-properties-commercial-real-estate-1/

[16] Empresia. Bonorva Investments S.L. http://www.empresia.es/empresa/bonorva-investments/

[17] Empresia. Columbus One Properties Commercial Real Estate 2 S.L. http://www.empresia.es/empresa/columbus-one-properties-commercial-real-estate-2/

[18] Empresia. Columbus One Properties Management S.L. http://www.empresia.es/empresa/columbus-one-properties-management/

[19] Empresia. Columbus One Properties S.L. http://www.empresia.es/empresa/columbus-one-properties/

[20] Empresia. Autumn Leaves S.L. http://www.empresia.es/empresa/autumn-leaves/

viernes, 24 de mayo de 2019

Alejandro Betancourt: El “bolichico” a quien señalan de amasar una gran fortuna a expensas de la oscuridad en Venezuela

La crisis eléctrica habría servido a este empresario para hacerse de una gran fortuna presuntamente a través de contratos obtenidos fraudulentamente para la construcción de un conjunto de plantas termoeléctricas, aun cuando carecía de la experticia y el capital para acometer una tarea de tal envergadura.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Una serie de señalamientos, denuncias y demandas legales contra Alejandro Betancourt —bautizado como uno de los “bolichicos” por el periodista Juan Carlos Zapata— lo asocian a la crisis eléctrica venezolana —hoy agudizada a términos de catástrofe— toda vez que se insiste en decir que se habría hecho milmillonario luego de obtener una serie de contratos con la Corporación Eléctrica Nacional, Petróleos de Venezuela S.A. y la Corporación Venezolana de Guayana para la construcción de plantas termoeléctricas a través de su empresa Derwick Associates Corp. aun cuando —a decir de quienes lo acusan— la misma carecía de la experiencia y el capital para llevar a cabo tal tarea. 
Para la obtención de tales contrataciones, Betancourt y sus socios se habrían valido de sus relaciones con funcionarios del gobierno de Hugo Chávez a quienes, supuestamente, habría pagado sobornos para hacerse del negocio que, a la final resultó una gran estafa para el estado venezolano, al no concluirse buena parte de los trabajos y por el hecho de que Derwick, al parecer, solo habría vendido chatarra o equipos reconstruidos con un gran sobreprecio.

Datos personales

De acuerdo al portal Dateas, Leopoldo Alejandro Betancourt López, nació el 22 de febrero de 1980, es titular de la Cédula de Identidad N° V-15.394.369 y se le ubica en la parroquia El Hatillo, municipio El Hatillo, estado Miranda[1].

Ejerce su derecho al sufragio en el Club La Lagunita, parroquia El Hatillo, municipio El Hatillo, estado Miranda.

Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) refiere que ingresó al sistema el 1° de noviembre de 2007, su estatus actual es activo y su fecha de contingencia será el 22 de febrero de 2040. Se encuentra registrado por la empresa Derwick Associates de Venezuela, número patronal O81076190. Acumula un total de 587 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 64.513,30.
Sus padres son el pianista Leopoldo Betancourt y la diseñadora de joyas, Lilia López. Es bisnieto de Hermágoras López, quien ejerció la presidencia de la república en los años 1887-1888, luego de que Antonio Guzmán Blanco partiera a París.

Está casado con Andreina Rojas.

Así se presenta

Según su página web[2] es licenciado en Economía y en Administración de Empresas, egresado de Suffolk University de Massachusetts (Boston, EE. UU.). Es fundador y presidente de Derwick Associates. Fue gerente de comercio para Latinoamérica en la Delegación de Reino Unido de la empresa estadounidense ICC-OEOC, especializada en el sector energético y en el comercio de petróleo y sus derivados. Luego formó parte de los equipos directivos de Guruceaga Group y de BGB Energy, filial en Venezuela de la corporación internacional Kawasaki Heavy Industries.

Después de esta última posición, es cuando decide fundar en 2007 Derwick Associates, una firma que define como “100 por ciento de capital venezolano especializada en Ingeniería, Procura y Construcción (IPC) de plantas termoeléctricas”.

Este sitio asegura que “desde 2010, Derwick ha edificado once plantas termoeléctricas de ciclo simple que han añadido 1.386 MW al sistema eléctrico de Venezuela y creado más de 12.000 puestos de trabajo y beneficiado a cerca de 700.000 familias, lo que le ha convertido en una de las empresas privadas más importantes del sector eléctrico venezolano”.

Allí también, Alejandro Betancourt informa que también dirige el grupo de inversión internacional O'Hara administration, el cual “incrementó su participación en la compañía petrolera Pacific Rubiales Energy hasta llegar a ser su principal accionista, controlando cerca del 20% de sus acciones”. Agrega que junto a sus socios internacionales se involucró en la gestión de la petrolera. Integra la junta directiva de la empresa que ahora se llama Pacific Exploration & Production Corp.

En esa página se presenta como un emprendedor comprometido con causas sociales que ayuda a escuelas, construye instalaciones deportivas, participa en proyectos de protección del medio ambiente y apoya universidades.

Igualmente, incursionó en área bancaria en junio de 2015 cuando el grupo financiero BDK Financial Group del que es accionista inauguró la sede del Banque de Dakar en Senegal[3].

En octubre de 2016 el grupo O’Hara en sociedad con los fundadores de la red social Tuenti, Félix Ruiz y Hugo Arévalo, invirtió 50 millones de euros en la empresa española de lentes de sol Hawkers de la que es presidente desde noviembre de ese año.
Este haber lo refleja, igualmente, en su perfil de la red Linkedin[4].

El “bolichico” y Derwick

Pero no todas las referencias sobre Alejandro Betancourt son tan favorables como la que él mismo da a conocer sobre sí, pues múltiples son las críticas en torno a la naturaleza de sus negocios y sus relaciones con el entorno gubernamental venezolano.

De hecho, la súbita aparición de su empresa y socios así como la inexplicable, para algunos, contratación de Derwick Associates, sin experiencia ni capital para establecer negociaciones de la envergadura de las obtenidas con el estado venezolano apenas después de su creación, llevó al periodista Juan Carlos Zapata a acuñar en 2010 el término “bolichicos” para referirse a esta camada de “nuevos empresarios” identificados con el gobierno chavista que recién debutaban en el mercado con milmillonarios contratos de proyectos eléctricos obtenidos, al parecer, de no muy clara manera y que, supuestamente, les permitieron amasar grandes fortunas al amparo de las negociaciones irregulares.

Zapata refiere que: “Los pelos y las señales están ahí. El entramado. El esquema. Los nombres. Los montos. Todo el negocio tejido con las compras eléctricas. Doce contratos en 14 meses. De los cuales cinco han quedado en el limbo. ¿Y los protagonistas? Los bolichicos. Y los nexos”, cita Noticiero Digital que explica entonces: “¿Quiénes son los bolichicos? Los dueños de la empresa Derwick Associates Venezuela, casi todos con 30 años de edad o menos, que sin experiencia en el sector eléctrico” y quienes se vieron favorecidos gracias a sus nexos con Javier Alvarado, Rodolfo Sanz, Rafael Ramírez y Adán Chávez[5].

Apenas fundada, Derwick logró hacerse de los contratos para la construcción de plantas termoeléctricas, cinco con la Electricidad de Caracas, cinco con PDVSA a través de Bariven, y una por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Resultaba altamente sospechoso para el comunicador, que Leopoldo Alejandro Betancourt López (presidente de la junta directiva y fundador de Derwick Associates), Pedro Trebbau López Derwick (vicepresidente), Francisco Convit Guruceaga (accionista), Domingo Guzmán López (director) y Orlando Alvarado (gerente de portafolio y director de O’Hara y sus afiliadas), obtuvieran doce jugosos contratos para la instalación de plantas eléctricas con una compañía apenas conformada, sin capital y, lo peor a su juicio, sin la experticia necesaria para acometer los proyectos.

Las críticas aumentaron luego de las denuncias en torno a que Derwick Associates obtuvo los millonarios contratos de parte de las empresas estatales por adjudicación directa, supuestamente presentando facturas con sobreprecios y vendiendo, según se acusa, equipos defectuosos y remanufacturados, entre otras irregularidades.

En España, donde ahora se encuentra radicado, Betancourt López promueve a Derwick como una empresa presente en la nación ibérica desde 2010 “tras cinco años de trabajo en Venezuela. En este periodo, la compañía se ha encargado de reforzar el sector energético del país con la construcción de once plantas termoeléctricas, que han reducido la dependencia en la energía hidroeléctrica”[6]. Sin embargo, como subraya una nota de El Estímulo, el acta constitutiva de esta compañía data del 28 de octubre de 2009 —año que difiere del declarado por Betancourt en su página web— cuando su creación fue asentada ante el Registro Primero del Distrito Capital y estado Miranda, en el tomo N°232-A[7], por lo que, apunta,  “es poco probable que en apenas unos meses esta empresa pueda exportar la experiencia que dice haber ganado con sus actividades en Venezuela”[8].

Esta reseña de El Estímulo subraya el afán de Betancourt de venderse ante la opinión pública como un empresario de éxito, con una amplia responsabilidad social y con grandes iniciativas innovadoras, como el denominado “Centro Tecnológico de Turbinas, CTT” ubicado en la zona industrial de Guacara, estado Carabobo, sobre el cual ha hecho gran énfasis y que con un costo de 40 millones de dólares comenzaría a operar en 2014. Descrito por él como “una iniciativa sin precedentes en Latinoamérica, que permitirá reforzar e independizar el sector termoeléctrico de Venezuela a través de un servicio de asistencia y reparación rápido y eficiente” cuando en diciembre de 2013 este proyecto fue premiado por la revista española Capital a la mejor iniciativa empresarial en Latinoamérica, resulta que a la fecha de la publicación, el CTT continuaba sin funcionar.

Agrega la información que ante los escándalos, Betancourt López se ha valido de las plataformas digitales para tratar de limpiar su deteriorada imagen y la de sus empresas. Las labores de filantropía, son también a criterio del medio, una “buena manera de lograr mejorar esa ‘percepción’ que se tiene de él y sus negocios”.

En su página web Derwick[9] manifiesta que se enfoca en satisfacer las necesidades de procura, ingeniería y construcción de sus clientes. “Resolvemos sus requerimientos de Logística, ajenos a su negocio y garantizamos la continuidad de sus operaciones aportando soluciones de Mantenimiento y Operación, así como también Transferencia Tecnológica. Entendemos y nos adaptamos a nuestros clientes tomando en cuenta sus requerimientos de calidad y tiempos de ejecución”.

El portal Bloomberg informa que Derwick Associates Corp es una empresa que “proporciona servicios de energía integral. La compañía ofrece soluciones que van desde el suministro de equipos para plantas de energía hasta la instalación de plantas de energía. Derwick Associates sirve a clientes en Venezuela”. La sede de la firma se encuentra en la Avenida Francisco de Miranda con 4ta Avenida de Campo Alegre, Caracas. Su teléfono es 58-212-206-8411[10].

Entre los proyectos llevados a cabo que hacen mención su página están la Planta La Raisa Fase I, Planta La Raisa Fase II, la Planta Guarenas (Fase I y II); la Conversión para combustible dual de dos turbinas GE Frame 7EA; la Planta Picure; desarrollados para la Corporación Eléctrica Nacional. Sin embargo, no hacen referencia al resto de las plantas contratadas tanto para Corpoelec como para PDVSA y para la CVG, denunciados como inconclusos, chatarra o reconstruidos.

La reseña periodística agrega que en marzo de 2016 el diputado Julio Montoya, informó que “‘Producto de dos años de investigación de un equipo multidisciplinario presentamos graves denuncias: de los 30 mil millones de dólares, que según el Gobierno Nacional iban para la emergencia eléctrica, aproximadamente el 96% de lo que iba a ejecutarse no está inaugurado ni funcionando hoy’. A decir del parlamentario, existe una hoja de ruta en la investigación de estas presuntas irregularidades en la que cooperan organismos y agencias internacionales de aquellos países cuyos sistemas financieros se usaron para desviar el dinero que en vez de iluminar a Venezuela, hacen brillar las arcas de los responsables de estas operaciones”.

Reich Vs. Betancourt

Alejandro Betancourt, su socio Pedro Trebbau y Francisco D‘Agostino se vieron investigados en las cortes federales del estado de Nueva York a raíz de una denuncia interpuesta en su contra por el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, quien el 30 de julio de 2013 los acusó por estar supuestamente incursos en el delito de crimen organizado, corrupción, chantaje a funcionarios públicos, fraude electrónico, difamación personal y comercial, falsedad perjudicial y conspiración, entre otros[11].

Esta acusación la hizo al considerar que “la difusión de versiones falsas de una supuesta vinculación de su bufete con la firma venezolana por parte de los representantes de Derwick habría perjudicado su reputación e incluso tuvo repercusiones financieras”.

Otto Reich representó a los Estados Unidos en Venezuela desde 1986 hasta 1989, además de ostentar posiciones importantes en el Departamento de Estado. Durante su carrera, mantuvo varias posiciones prominentes dentro del Departamento de Estado enfocadas primordialmente a Latinoamérica y el Caribe y la “cultura de corrupción” que acechaba a varios gobiernos de la región, en particular Venezuela. Desde su retiro del gobierno estadounidense en el 2004, Reich, a través de su empresa Otto Reich Associates LLC ha sido consultor para varias personas y organizaciones pro-democracia y anti-corrupción en EE. UU.


En el portal RunRun.es explica que Leopoldo Alejandro Betancourt López y Pedro José Trebbau López, residentes en Estados Unidos para la fecha, acumularon enormes fortunas presuntamente a través de un esquema ilegal para obtener contratos en materia energética en Venezuela para sus empresas Derwick Associates USA LLC y Derwick Associates Corporation. Los acusados supuestamente ofrecían sobornos a funcionarios públicos en Venezuela a cambio de la adjudicación de contratos de construcción en el sector energético y cuando se garantizaban los contratos transferían en dinero a cuentas bancarias en Nueva York. Luego Betancourt y sus socios subcontrataban a empresas estadounidenses, incluyendo General Electric, Pratt & Whitney y ProEnergy Services LLC, para que llevaran a cabo los proyectos de construcción.

La demanda —prosigue el portal— establecía que Betancourt era dueño de un pent-house en el Olympic Tower en la Quinta Avenida en Nueva York, mientras que Trebbau tenía una propiedad en la zona exclusiva de Sunny Isles en Miami y Francisco D’Agostino Casado poseía bienes inmuebles en Southhampton, así como en el Upper East Side de Nueva York. Adicionalmente, cuentan con propiedades en Florida. Refiere que los imputados dirigían el negocio desde una oficina ubicada en 450 Park Avenue en Nueva York.

En septiembre de 2012 Betancourt, Trebbau y Derwick Associates demandan por difamación ante los tribunales de Miami, Florida, en procura de ser resarcidos por daños en un monto que superaba los USD 300 millones al Banco Venezolano de Crédito y a su presidente, Oscar García Mendoza, un opositor del régimen chavista. Sostenían que el banco y García difundieron información difamatoria en relación a Derwick y sus fundadores en un sitio web llamado wikianticorrupcion.org. El Banco Venezolano de Crédito contrató a Otto Reich y su empresa para que los ayudara en su defensa. Betancourt, Trebbau y D‘Agostino habrían intentado disuadir a Reich y, presuntamente, le habrían ofrecido dinero para que desistiera, pero el exdiplomático se negó y procedieron a difundir “información falsa ante los directivos del banco asegurando que Reich trabajaba como doble-agente para Derwick. Finalmente, en diciembre de 2012 el Banco Venezolano de Crédito termina su relación con Reich y ORA y pone fin a todo tipo de comunicación entre las partes”[12].

Por todo lo expuesto anteriormente, Otto Reich introduce la demanda a los bolichicos a finales de julio alegando y culpándolos, entre otros supuestos delitos, por crimen organizado, corrupción y difamación.

El juez  la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Paul Oetken, desestimó la querella al estimar que esa ciudad no era la residencia permanente de Betancourt y sus socios señalados como co-conspiradores en la acción judicial. Consideró el magistrado que los alegatos de Otto Reich no constituían una violación de la Ley de Organizaciones Corruptas bajo la influencia del Crimen Organizado[13].

Reich apeló la decisión en junio de 2016 y en esa ocasión declaró que “Betancourt y Trebbau amasaron una enorme fortuna por medio del pago ilícito de sobornos multimillonarios a funcionarios públicos en Venezuela, que a cambio otorgaron a Derwick gigantescos contratos en el sector energético. El pueblo de Venezuela es una víctima indirecta de una sobrefacturación por parte de los demandados de al menos 2,9 billones de dólares”.

El periodista Alek Boyd advierte que “la pesadilla” para Derwick continúa, pues Otto Reich acusó también al banco JP Morgan de haber participado, básicamente, en blanqueo de capitales. Refiere que Eduardo Travieso compró en representación de Alejandro Betancourt un pent-house en Nueva York mientras era empleado de la citada entidad bancaria a un otorgante de un préstamo hipotecario de más de 5 millones de dólares.

Alertaba de que “los bolichicos” debían haber lamentado valerse del argumento de la falta de jurisdicción de las cortes de Nueva York en la demanda de Reich, pues antes de demandar en la Florida ya habían introducido otra demanda contra Oscar García y el Banco Venezolano de Crédito por motivos similares en esa ciudad. “Es decir, en 2012 estimaron apropiado usar las cortes del estado de Nueva York para demandar, y en 2013 afirmaron que las mismas cortes no tienen jurisdicción sobre sus actividades ilícitas”, subrayaba Boyd[14].

También contra Thor-Halvorssen

El activista de derechos humanos, Thor Halvorssen Mendoza, presidente de Human Rights Foundation (HRF), también demando por difamación a los dueños de Derwick en marzo de 2014.

El demandante señaló que “El Estado venezolano pagó más de 2 mil millones de dólares a los bolichicos por chatarra termoeléctrica que vendieron con sobreprecio”.

Una nota de La Razón refiere que Halvorssen Mendoza declaró en una entrevista que “Los bolichicos son un grupo de jóvenes sin experiencia alguna en el sector eléctrico que obtuvo 12 contratos de PDVSA, Corpoelec y Sidor/CVG para enfrentar la crisis eléctrica del año 2010 (…) Luego subcontrataron a ProEnergy, una empresa estadounidense que se encargaría de lo técnico, debido a la total falta de conocimiento del grupo Derwick acerca de la construcción y equipamiento de plantas eléctricas”[15].

Los procesos fueron desestimados por competencia jurisdiccional, lo que no quiere decir que los hechos planteados en ellas fueran inciertos. De cualquier manera, el entorno de Betancourt insiste en afirmar que las demandas civiles fueron rechazadas y sostienen que este no está vinculado ni directa ni indirectamente a ningún proceso legal en su contra.

Pero Halvorssen volvió al ataque el 10 de mayo 2018 cuando presentó una nueva querella por daños y perjuicios en la Corte del Distrito Este de Nueva York contra los propietarios de Derwick Associates, Francisco D’Agostino-Casado, Leopoldo Alejandro Betancourt-López, Francisco Antonio Convit-Guruceaga y Pedro José Trebbau-López. La demanda incluía también a dos estadounidenses, Glenn R. Simpson y Peter Fritsch. La acción la sustenta el demandante de conformidad con la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Actividades Ilegales, conocida como “RICO”. 

Thor Halvorssen aseguró ante el tribunal que los empresarios venezolanos habían incurrido en una conspiración para tomar represalias en su contra por informar sobre una serie de delitos de corrupción y lavado de dinero cometidos por ellos. “Según el documento legal, el objetivo de la conspiración fue desprestigiar a Halvorssen para que no pudiera ejercer como presidente de Human Rights Foundation. Dice que los acusados habrían creado una campaña contra el demandante, contando para ello con los servicios de la empresa Fusion GPS, que ha estado en el ojo del huracán por haber dado a conocer datos falsos sobre los supuestos vínculos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump con el Kremlin, pagados por el Partido Demócrata y la campaña de su excandidata presidencial Hillary Clinton”, refiere una nota de El Nuevo País[16].

Según el demandante los acusados “contrataron a los directores de Fusion GPS, Glenn Simpson y Peter Fritsch para producir un expediente falso y una campaña mediática (que incluyó las redes sociales) para describir a Halvorssen como un pedófilo, adicto a la heroína y malversador del dinero de la Fundación Human Rights con sede en Nueva York.  Defenderse de tales acusaciones le habría costado a Halvorssen millones de dólares que ahora demanda por daños a los demandados bajo la Ley RICO”.

Vale destacar que el exfiscal del distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, solicitó a las autoridades suizas información sobre las cuentas relacionadas con la supuesta trama de corrupción que estaría esquilmando los recursos de PDVSA y de Corpoelec. Las averiguaciones solicitadas eran tanto de Derwick como de sus directivos.

Halvorssen afirma que las recientes detenciones en España de Nervis Villalobos podrían poner en evidencia también a los bolichicos.

Otros negocios en España

La compra de una finca en Toledo por parte de Betancourt es reseñada por El Mundo[17] como un ejercicio para ocultar y proteger los fondos indebidamente obtenidos a expensas de los contratos con PDVSA. Betancourt se enamoró de la propiedad nada más con verla.

Esto lo habrían hecho de la mano de un español de nombre Albero Cortina, quien se convirtió en socio de Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau López, ahora atrincherados en España. También mantendrían negocios con un grupo financiero en África.

Alberto Cortina fue condenado en 2003 por falsedad y estafa.

Betancourt y Trebbau dueños en España de Derwick Associates International, rebautizada con el nombre de Compañía de Inversiones Agrícolas Trieste —reseña El Mundo— se valieron de la crisis patrimonial de Gerardo Díaz Ferrán y compraron la finca por 22,8 millones de euros en 2012.

El hijo de Palomo Linares, Miguel Palomo Danko, medió entre estos venezolanos y los administradores de la empresa Pulpi, propietaria de la finca.

El primer negocio entre los bolichicos y Cortina surgió en torno al petróleo venezolano cuando en febrero de 2012, el gobierno de Hugo Chávez aprobó la constitución de la empresa mixta Petrozamora, entre PDVSA con un 60 por ciento de las acciones y la holandesa Gazprombank Latin America Ventures BV, con el restante 40 por ciento. Esta última habría sido conformada por Cortina, Betancourt y Trebbau con financiación rusa. 51 por ciento es de Gazprombank y el 49 por ciento del español y los venezolanos.

La otra sociedad entre Cortina y los bolichicos se dio en 2014 cuando fundaron de nombre BDK Financial Group SA que tenía como objetivo crear una red financiera en los países del África francófona, comenzando en Senegal, donde adquirieron el Banco de Dakar, en 2015. Ya se encuentran en también Costa de Marfil, Mali y Guinea Conakry. Como les faltaba capital debieron recurrir a terceros para completar, como el asturiano Blas Herrero Fernández, dueño de la cadena de radio Kiss FM; Alberto Alcocer, primo de Cortina; la familia de Emilio Botín en el Banco Santander, Alfredo Sáenz; el hermano de Alberto Cortina, Alfonso, expresidente de Repsol, participa a título personal y a través de la empresa Pair Wise SL; César Álvarez, hermano del fallecido Isidoro Álvarez, presidente de El Corte Inglés, a través de Alvanella SL.; y el hijo de Cortina, Pelayo Cortina Koplowitz; Ramón Blanco Balín, a través de la sociedad Valmur Asesores; el empresario Bartolomé Fluxá Torres, a través de Barflutor SL; y el ex presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (Fapae), Pedro Pérez Fernández de la Puente, a través de GDavid Consultores SL; entre otros.

Cortina y Betancourt también se asociaron en Petrosur, empresa mixta en la que PDVSA posee el 60 por ciento de las acciones y la holandesa Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas, el restante 40 por ciento. Pero en enero de 2018 Cortina y Betancourt habrían abandonado este proyecto[18].

Supuesta corrupción oculta tras unos lentes Hawkers

Una nota de El Confidencial hace referencia al curioso caso que llamó la atención de un consultor acostumbrado a rastrear grupos de presión cuando hurgaba entre la clientela de Ballard Partners, una empresa importantísima de “lobbies” en Washington DC.

Le resultaba llamativo que una televisora venezolana, Globovisión, y una empresa dedicada a la venta de lentes de sol por internet, recurrieran a los servicios de Hawkers. Había que indagar las razones.

La respuesta estaba en que Alejandro Betancourt, recién ingresado al jet set español cuya fortuna era investigada por las autoridades de los EE. UU. y su nombre inundaba la prensa venezolana y la estadounidense con acusaciones de corrupción y múltiples irregularidades, requería limpiar su imagen.

Los creadores de Hawkers conocieron a Betancourt en 2016 cuando buscaban un socio capitalista. El hombre estaba dispuesto a inyectarle 40 millones de euros a la empresa, una inversión que lo convirtió en presidente de la sociedad matriz que controla Hawkers (Saldum Ventures SL).

La compra por parte de Leopoldo Alejandro Betancourt López en 2012 de la finca de caza de 1.600 hectáreas en Toledo, levantada sobre un castillo andalusí del siglo X y expropiada a Gerardo Díaz-Ferrán por 22 millones de euros, lo convirtió en blanco de las miradas de la sociedad española.

Aunque pasaba mucho tiempo en España donde contrajo nupcias, el centro de los negocios de Betancourt seguía siendo Venezuela, donde mantenía estrechas relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, traducidas estas en grandes negocios.

Fuentes de El Confidencial refieren que Hawkers actúa en procura de que no se impongan más sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos a funcionarios del gobierno de Venezuela. “Si rascas un poco, es evidente que esa podría ser la razón por la que Betancourt ha contratado a Ballard. Curiosamente, hay otra empresa que desentona en el listado de clientes y es precisamente Globovisión, la televisión propiedad de Raúl Gorrín, otro de los aliados clave de Maduro”, se lee en la nota.

Además, Otto Reich sería parte de los asesores de la Casa Blanca y dados los antecedentes antes narrados sobre este y Betancourt, es preciso actuar para evitar mayores consecuencias.

Después de varias contradicciones, Hawkers le refirió a El Confidencial que el contrato con Ballard obedecía a la “prestación de servicios de consultoría” en razón de la expansión de la empresa en Estados Unidos. “Lo que se ha firmado con Ballard es un contrato de asesoría con objetivos estratégicos (mercado, financiación, posicionamiento de marca), para la expansión de Hawkers en el mercado de USA. Se trata de un contrato de tres meses de prueba para prestación de servicios de consultoría”.

Accionistas de Pacific

El 21 de abril de 2015, a través del grupo de inversionistas O’Hara, Betancourt y sus socios se convirtieron en accionistas de Pacific en Colombia, cuando IPC Investments Corp, uno de sus fondos, compró un millón de acciones ordinarias. 

Ese mismo mes “fueron denunciados ante las autoridades competentes por el accionista de Pacific, Felipe Goyeneche, por presuntamente incurrir en lavado de activos. De acuerdo con el acta de denuncia, ‘dichos empresarios extranjeros, utilizando sus empresas, llegan a otros países con el objetivo de legalizar dineros mediante la inversión en diferentes empresas nacionales o multinacionales. En el caso particular, la compañía Derwick Associates realizó compra de acciones en la multinacional Pacific Exploration & Production, con capitales de dudosa procedencia, obtenidos generalmente en sus países de origen’”[19].



Citas usadas en esta nota:



[3] El Confidencial. “Alberto Cortina y Alex Betancourt ultiman la compra del Versus Bank en Costa de Marfil”. 28 de septiembre de 2015. https://www.elconfidencial.com/empresas/2015-09-28/alberto-cortina-y-alex-betancourt-ultiman-la-compra-del-versus-bank-en-costa-de-marfil_1035669/
[4] Linkedin. Alejandro Betancourt López. https://ve.linkedin.com/in/alejandrobetancourtlopez
[5] Noticiero Digital. “Juan Carlos Zapata: Los bolichicos y sus nexos”. 10 de agosto de 2011. http://www.noticierodigital.com/2011/08/juan-carlos-zapata-los-bolichicos-y-sus-nexos/
[6] Slide Share. Expansión: La venezolana Derwick se reúne con Unesa y busca oportunidades de inversión en España. https://www.slideshare.net/DerwickAssociatesCorp/expansin-31303270
 
[8] El Estímulo. “Alejandro Betancourt, el “bolichico” que se hizo millonario con los apagones”. 22 de marzo de 2019. http://elestimulo.com/climax/alejandro-betancourt-el-bolichico-que-se-hizo-millonario-con-los-apagones/
[10] Bloomberg. Derwick Associates Corp. https://www.bloomberg.com/profile/company/1383744D:US
[11] Setty Southam. Demanda de Otto Reich contra Leopoldo Alejandro Betancourt, Pedro Trebbeau y Francisco D‘Agostino. https://settysoutham.files.wordpress.com/2013/07/reich-vs-lopez-derwick.pdf
[12] RunRun.es. “Entendiendo la demanda de Otto Reich vs. Derwick Associates por J. A. McGinley”.4 de agosto de 2013. https://runrun.es/uncategorized/77798/entendiendo-la-demanda-de-otto-reich-vs-derwick-associates-por-j-a-mcginley/
[13] El Nacional. “Tribunal de New York desestimó acusaciones en contra de accionistas de Derwick Associates”. 19 de agosto de 2014. https://web.archive.org/web/20140820233752/http://www.el-nacional.com/mundo/Tribunal-New-York-Derwick-Associates_0_467353296.html
[14] Infodio. “Demanda de Otto Reich contra bolichicos Derwick Associates expone nuevos actores”. http://infodio.com/es/150114/demanda-de-otto-reich-contra-bolichicos-derwick-associates-expone-nuevos-actores
[15] La Razón. “Thor Halvorssen: “Bolichicos” estafaron con chatarra eléctrica”. https://www.larazon.net/2016/05/entrevista-thor-halvorssen-bolichicos-estafaron-con-chatarra-electrica/
[16] Venezuela Política. “Demandan por daños y perjuicios a los "Bolichicos" en una corte de Nueva York”. 20 de mayo de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/05/nueva-demanda-contra-los-bolichicos.html
[18] Venezuela Política. “Nicolás Maduro crea la empresa mixta Petrosur en asociación con los Bolichicos”. 11 de septiembre de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/09/patrosur-una-empresa-mixta-entre-pvc-y.html
[19] La República. “¿Quiénes son los ‘bolichicos’ y cuáles son sus tentáculos?”. 27 de abril de 2016. https://www.larepublica.co/empresas/quienes-son-los-bolichicos-y-cuales-son-sus-tentaculos-2373476