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jueves, 14 de mayo de 2020

Fiscalía de EE. UU. no considera a PDVSA como víctima de los esquemas de corrupción que se juzgan en el tribunal de la Florida sino como cómplice

   La moción de PDVSA, en la que pide ser declarada 'víctima' de la trama de corrupción y lavado de dinero del caso de [Francisco Convit Guruceaga, Jose Vicente Amparan Croquer, Carmelo Antonio Urdaneta Aquí, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernandez Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutierrez Acosta y Lara, Mario Enrique Bonilla Vallera] "no tiene argumentos válidos", según explicó la Fiscalía y por ello el tribunal debe negar en su totalidad dicha petición.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


   El gobierno de los Estados Unidos se opuso a que Petróleos de Venezuela SA (PDV USA) pase a ser considerada víctima de la trama de corrupción que envuelve a varios exfuncionarios y contratistas de la petrolera estatal en la Corte del Distrito Sur de la Florida. El estatus le permitiría a la petrolera obtener parte de los beneficios correspondientes a los fondos incautados por las autoridades estadounidenses, basado en el Estatus de Víctima y Restitución. 
  La Fiscalía del Distrito Sur de la Florida argumentó, en una moción firmada por la fiscal Adriana Fajardo Orshan, que "la petición de PDVSA debe negarse porque la petrolera es un instrumento estatal, que no califica como víctima bajo la Ley de Derechos de Víctimas del Crimen (CVRA)".

  La Fiscalía sostienen que PDVSA como "instrumento estatal" no es elegible para reclamar en calidad de víctima ningún beneficio, porque fue "cómplice de los esquemas de soborno y lavado de dinero que son el tema de este enjuiciamiento". 

  La fiscal Fajardo argumentan que la petrolera no califica porque "existe complicidad de PDVSA en el esquema de lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios que son objeto de este enjuiciamiento". Se refiere al caso vinculado a Abraham Ortega y los otros co-conspiradores.

  La moción de la fiscal Fajardo es en respuesta a una solicitud interpuesta por los abogados del gobierno interino de Juan Guaidó, que intentaron convencer al tribunal que PDVSA y PDV USA debían ser consideradas víctima de la trama de corrupción, que implicaría poder entrar en la restitución de más de $4500 millones de activos que fueron confiscado por el gobierno de los Estados Unidos en los casos judiciales relacionados con lavado de dinero de Petróleos de Venezuela.

  Los tribunales estadounidenses y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos han confiscado al menos unos $1 mil millones a funcionarios y empresarios corruptos venezolanos. Esos fondos representan un enorme potencial que podría contribuir a la reconstrucción de Venezuela, así como también para el pago de acreencias de la República que sigue controlada por el considerado régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, de acuerdo al gobierno de los Estados Unidos y más de 50 naciones.

  La Corte del Distrito Sur del estado de la Florida rechazó la moción de los abogados del gobierno interino, al igual que ocurrió con una solicitud que hicieran los representantes legales de la administración de Nicolás Maduro, ante el juez Gray Miller de la Corte del Distrito Sur de Texas en 2016, en la cual se pidió que PDVSA fuera reconocida por el tribunal como víctima para poder reclamar la restitución de los capitales congelados en la trama de corrupción  encabezada por los contratistas Roberto Rincón y Abraham Shiera. 

  En 2017, el la Corte federal de Texas decidió que los casos y las incautaciones aún no se habían completado, y negó la solicitud calificándola como "prematura" alegando que "era demasiado pronto para decidir sobre el tema".

  Los representantes de Maduro intentaron una acción similar en la Corte del Distrito Sur de la Florida donde cursan una serie de casos de corrupción. Pero tras el reconocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos de Juan Guaidó como presidente interino, el procurador designado por la Asamblea Nacional, José Ignacio Hernández asumió la moción de la solicitud  de reconocimiento de PDVSA como víctima. 

  En su Memorando de Derecho de Apoyo, Hernández expone por qué PDVSA debería tener derecho a la condición de víctima y cómo el monto de la restitución debería ser de aproximadamente unos $ 560,033,118.19.

    La moción de respuesta de la fiscal Fajardo señala que el esquema de "lavado de dinero" alegado en al demanda no causó ningún daño a PDVSA, porque los tribunales han considerado que el lavado de dinero perjudica al público en general, a los venezolanos como tales, y  no a una persona específica.

 "PDVSA no tiene derecho a la restitución bajo la MVRA por cualquier presunto daño resultante de la conducta que no fue acusada o por presuntos daños no causados ​​directa y próximamente por la  conducta criminal de Abraham Edgardo Ortega y de los otros conspiradores", dice el documento de la fiscalía. 

  Los fiscales pidieron al juez denegar la solicitud alternativa de PDVSA para una "audiencia de restitución", ya que la misma se basa en la presunción errónea de que los Estados Unidos no cuestiona la posición de la junta directiva ad hoc de PDVSA, según lo designado por presidente Interino Juan Guaidó, o sus representantes legales para presentar su Moción de Estatus de Víctima y Restitución.

  La fiscalía sostiene que PDVSA no es una víctima con derecho a restitución y alega que no es necesario mostrar pruebas adicionales para determinar que "PDVSA no tiene derecho como víctimas porque participó en la conducta corrupta generalizada y porque no puede mostrar un vínculo causal directo y próximo entre la conducta vinculada a la demanda vinculada  y cualquier daño presuntamente sufrido por PDVSA". Por ello, la moción de PDVSA debe ser rechazada en su totalidad.

  La fiscal Fajardo sostiene que la audiencia probatoria solicitada por PDVSA fue injustificada porque "la petrolera ha reconocido que actualmente no tiene más evidencia para presentar en apoyo de su reclamo de condición de víctima y su moción se basa en hechos ya contenidos en los récords". 

  En el documento se asegura que en la moción interpuesta por los representantes del gobierno interino de Juan Guaidó, se explica que “los representantes reconocidos de PDVSA no tienen acceso a registros para analizar los detalles de las transacciones" en parte porque el ex presidente Nicolás Maduro Moros "continúa manteniendo un control sobre ciertos organismos gubernamentales dentro de Venezuela, entre los cuales se encuentra PDVSA".

  El acceso a más evidencia es poco probable que cambie en el futuro cercano. Por lo tanto, para llevar a cabo una audiencia probatoria en este asunto, con todas las implicaciones de la política exterior concomitantes, que "complique y prolongue la sentencia [Abraham Ortega] a un grado en el que la necesidad de restituir a cualquier víctima se ve compensada por la carga del proceso de sentencia" de unos 18 años. En esas circunstancias, la MVRA instruye que "no es necesario proporcionar restitución". 

Algunos elementos de la moción 

  El documento destaca que durante casi una década, las autoridades de los Estados Unidos han investigado y procesado a varios individuos [en investigaciones separadas de soborno y lavado de dinero] que involucran a PDVSA y sus subsidiarias. Hasta la fecha, Estados Unidos ha anunciado cargos contra 15 contratistas de PDVSA que han pagado sobornos, 11 funcionarios de PDVSA que reciben sobornos y 5 intermediarios. 

  Por ahora, 12 contratistas de PDVSA que pagaron sobornos, 8 funcionarios de PDVSA que reciben sobornos y 1 intermediario se han declarado culpables en relación con las investigaciones en curso de los Estados Unidos sobre corrupción en PDVSA. Las presentaciones públicas en cada uno de estos casos detallan el alcance de los esquemas plurianuales y multimillonarios en los que participaron estos acusados. 

 Abraham Edgardo Ortega, el acusado en este caso y el ex Director Ejecutivo de Planificación Financiera de PDVSA, se declaró culpable de conspiración de lavado de dinero, en la que admitió haber recibido y lavado $ 12 millones en conexión con dos esquemas de corrupción separados que ocurrieron en 2012 y entre
2014 y 2015, respectivamente.

 Asimismo, Edoardo Orsoni, ex asesor general de PDVSA y de una de sus filiales, fue acusado  de haber participado en una conspiración que abarca desde 2012 hasta 2016, en la que se alega que recibió instrucciones de altos funcionarios de PDVSA para garantizar que contratistas específicos recibieron contratos de la subsidiaria que finalmente rindieron beneficios para los altos funcionarios de PDVSA. 

• Abraham Shiera y Roberto Rincón se declararon culpables de conspirar para obtener PDVSA contratos por valor de millones de dólares sobornando a múltiples funcionarios de PDVSA, incluidos
funcionarios de las subsidiarias de PDVSA Bariven, S.A., y PDVSA Services, entre 2009 y 2014. 

José Luis Ramos, ex Gerente de Compras y Superintendente de Compras de PDVSA, admitido haber recibido y lavado, en nombre suyo y de otros funcionarios, más de $ 10 millones en soborno a cambio de ayudar a múltiples vendedores en su negocio con PDVSA entre 2009 y 2013. 

• Dos ex altos funcionarios de la filial de adquisiciones de PDVSA,
Bariven: Javier Alvarado Ochoa y César Rincón, el ex presidente y el ex Gerente General de Bariven, respectivamente, también fueron acusados ​​en conexión con sus roles en un extenso esquema de soborno y lavado de dinero.

César Rincón se declaró culpable de conspirar para lavar dinero, específicamente el producto del esquema de soborno en el que Roberto Rincón y Abraham Shiera pagaron a ejecutivos de alto nivel de Bariven a cambio de ciertas ventajas comerciales.

Luis Carlos De León, un intermediario que fue acusado como parte del mismo esquema, también se declaró culpable en relación con su papel en el esquema, que involucró más más de $ 27 millones transferidos a cuentas bancarias suizas en beneficio de los funcionarios de PDVSA a cambio de la ayuda de los funcionarios con Roberto Rincón y Abraham el negocio de Shiera con PDVSA. 

Iván Alexis Guédez, el Gerente de Compras de PSI, se declaró culpable de haber recibido sobornos de un proveedor con sede en Miami, Florida, donde estaba ubicado su negocio como proveedor único para PDVSA de equipos pesados fabricados por otra compañía en los Estados Unidos entre 2009 y 2013.  En resumen, Guédez recibió de $ 950,000 en pagos de sobornos.

 Franz Müller y Rafael Pinto, el Presidente y Gerente de Ventas de la compañía con sede en Miami, Florida. Ambos admitieron haber pagado sobornos a Guédez, José Camacho y otro funcionario de la ISP como parte de este esquema. 

José Manuel González Testino se declaró culpable una acusación criminal  en Texas que alegaba que pagó aproximadamente $ 629,000 en sobornos a César Rincón mientras era el Gerente General de Bariven, y que pagó más de $ 1 millón en sobornos a funcionarios en CITGO Petroleum Corporation, una subsidiaria de propiedad absoluta de PDVSA. Uno de los socios comerciales de González, Tulio Farías, se declaró culpable de una información criminal que alegaba que entre 2011 y 2018, Farías conspiró para pagar aproximadamente $ 575,000 a un funcionario de CITGO. 

  Además, el 28 de enero de 2019, la Oficina de Asuntos Exteriores del Departamento del Tesoro de EE. UU. para el Control de activos (OFAC) agregó a funcionarios de PDVSA a la lista de personas  designadas y bloqueadas, señalando que las investigaciones penales han puesto de manifiesto, que PDVSA "tiene mucho tiempo siendo un vehículo para la corrupción". Esta designación prohíbe que las personas estadounidenses "participen en transacciones o tratos" con PDVSA en ausencia de una licencia emitida por OFAC. 

Hasta la actualidad, PDVSA sigue siendo una entidad sancionada.

La moción agrega la siguiente: 

Además de los Estados Unidos, numerosos países de todo el mundo han abierto investigaciones y enjuiciamientos por conducta corrupta en PDVSA, entre las cuales se destacan las siguientes:

• España ha abierto múltiples investigaciones relacionadas con PDVSA, incluida una investigación sobre Juan Carlos Márquez (fallecido), un ex PDVSA ejecutivo de un plan de blanqueo de dinero de 4,5 millones de euros entre 2008 y 2013 que involucra contratos legales ficticios entre PDVSA y dos firmas de abogados.

• José Antonio Hernández y José Mario Irujo, España, abre una investigación sobre suicidio del ex jefe petrolero venezolano, 29 de julio de 2019, 

España también tiene una investigación de lavado de dinero relacionada con Javier Alvarado Ochoa, el ex presidente de Bariven (discutido anteriormente), y para quien  las  autoridades españolas han negado la extradición a los Estados Unidos. 

Finalmente, España también está investigando a los venezolanos, entre los que se encuentra el multimillonario Raúl Gorrín (también acusado en los Estados Unidos por lavado de dinero que involucra al Tesoro venezolano) por su papel en un esquema de lavado de dinero que involucra a PDVSA. 

• Portugal está investigando el supuesto lavado de dinero de fondos que fueron canalizado a través del ahora desaparecido banco portugués Banco Espírito Santo entre 2009 y 2014, por funcionarios de PDVSA. 

  La fiscal Fajardo desmonta la tesis de PDVSA que se basa en el argumento que la petrolera debe ser considerada  como una corporación y no como una agencia del gobierno venezolano. No obstante, dice la fiscal, la empresa PDVSA es considerada como una representación del gobierno, una entidad gubernamental con instrumentalidad y por ello no califica como víctima de un delito a los efectos del estatuto CVRA. Asimismo, porque PDVSA fue cómplice en la conducta ilegal.

  Las acciones de los empleados y ejecutivos senior de PDVSA pueden imputarse a PDVSA bajo la ley aplicable para someter a PDVSA a responsabilidad penal. PDVSA, sin embargo, argumenta que el Demandado [Abraham Ortega] es un empleado deshonesto que malversó o fondos desviados ilegalmente.

    La moción sostiene que "PDVSA no aceptó ni llevó a cabo un esquema para defraudarse a sí mismo. Estos argumentos no tienen mérito". 
  La fiscal rechazó el argumento de PDVSA, según el cual, la petrolera debería escapar de la responsabilidad por las acciones de sus empleados porque presuntamente sufrió una lesión por sus conductas en lugar de un beneficio.

  "La actividad criminal en PDVSA estaba ocurriendo desde arriba, a los más altos niveles de gestión hasta el final, y, como tal, PDVSA fue cómplice y no puede ser considerado una víctima", sostuvo.

  Finalmente, explica la Fiscalía, la moción de PDVSA debe ser rechazada porque afirma que fue "directamente y muy perjudicada" como resultado del delito del acusado se basa en dos supuestos erróneos, uno legal y otro fáctico. "Una víctima tiene derecho a la restitución bajo la MVRA sólo sí puede establecer que fue directa y próximamente perjudicada "por el delito de condena del acusado".