Juez de Nueva York ordena a Cliver Alcalá Cordones demostrar que no tiene dinero para pagar su defensa

Por Maibort Petit

@maibortpetit

   El juez de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, aprobó la solicitud hecha por la defensa del militar (r) venezolano, Clíver Alcalá Cordones para que el tribunal le asignara un abogado de oficio "por no estar en capacidad financiera para pagar uno privado", pero antes, debe demostrar que, ciertamente, no tiene dinero para pagar el bufete que lo venía representando. 

  Los abogados Alcalá Cordones, acusado de delitos de narcoterrorismo y de formar parte del Cártel de los Soles de Venezuela, enviaron una carta al juez Hellerstein donde pidieron que se asignara un abogado de oficio del panel de la Ley de Justicia Criminal (CJA). El representante legal del militar venezolano, Adam S. Kaufmann, asegura que los litigantes de su bufete, Lewis Baach Kaufmann Middlemiss pllc, no forman parte del CJA.

    El fallo del juez Hellerstein sostiene que, el actual abogado Adam Kaufmann, debe retirarse del caso. "El acusado está obligado a presentar con la solicitud, una apropiada declaración jurada que acredite su incapacidad para pagar una representación adecuada" acota la orden. 

  Luego de que Alcalá Cordones pueda probar que no tiene dinero para pagar su defensa, el tribunal designará al abogado Cesar Castro,[sugerido por Kaufmann], quien trabaja con CJA, para representar al acusado. 

  La decisión del magistrado establece que el abogado César Castro,  "puede emplear, socios, asociados y paralegales del bufete de Adam S. Kaufman para realizar servicios, bajo la supervisión de Castro, para promover la economía y la efectividad de la defensa".

   La decisión del juez dice que "Castro puede incluir los gastos atribuibles a tales empleos, a tarifas y horas aprobadas por el presupuesto apropiado administrado por la  CJA".

   Hellerstein denegó la solicitud hecha por la defensa de Clíver Alcalá Cordones de pago nunc pro tunc [pagos retroactivos].

   La defensa de Alcalá Cordones pidió que la corte asignara a Castro como el representante legal,[ por ser este miembro del panel de la CJA] como abogado principal del juicio, pero solicitaron que el juez permita que los miembros de su bufete permanezcan en el caso como co-abogados. 

  "Las complejidades y la gravedad de este caso y los intereses de la justicia justifican la aprobación de dicho acuerdo", dice la petición de Alcalá Cordones.

    Kaufmann dijo en su carta que ha representado al general Alcalá en sus tratos con las fuerzas del orden público en los Estados Unidos desde 2013. 

   En la misiva enviada al juez Hellerstein, Kaufmann asegura que durante el tiempo que representó a Alcalá Cordones "se relacionó con las negociaciones con el gobierno sobre su investigación en la relación del general Alcalá con las FARC y su designación ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos".

    Afirma que ha representado al General Alcalá de manera gratuita desde 2014 o 2015. "Que yo sepa, el Sr. Alcalá hoy no tiene activos apreciables y no puede permitirse una representación privada". 

    Según Kaufmann, desde finales de 2014, "la representación de su bufete con el general Alcalá consistió principalmente en conversaciones intermitentes con funcionarios del gobierno de los EE. UU". 

   Con respecto a su estatus como nacional especialmente designado y nuestros esfuerzos para eliminar esa designación. Durante este tiempo, hablé con el general Alcalá sólo esporádicamente. 

Cliver Alcalá Cordones pide a la corte un abogado de oficio porque no tiene dinero para pagar los privados

  En una carta enviada al juez Hellerstein, el abogado Adam S. Kaufmann asegura que aunque su bufete tiene amplia experiencia en representación de juicios penales, ninguno de los abogados tiene licencia del panel SDNY CJA.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

   Los abogados del general (r) Cliver Antonio Alcalá Cordones, acusado de delitos de narcoterrorismo, enviaron una carta al juez estadounidense del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein donde solicita que se asigne un abogado de oficio del panel de la Ley de Justicia Criminal (CJA). El representante legal del militar venezolano, Adam S. Kaufmann, asegura que los litigantes de su bufete, Lewis Baach Kaufmann Middlemiss pllc, no forman parte del CJA.

   En la misiva de 5 páginas, pide que la Corte le asigne a Alcalá Cordones  un representante legal del panel de la CJA o de los Defensores Federales como abogado principal del juicio, pero solicitan que el juez permita que los miembros de su bufete permanezcan en el caso como co-abogados. "Las complejidades y la gravedad de este caso y los intereses de la justicia justifican la aprobación de dicho acuerdo".

Kaufmann: Alcalá ejerció el mando sobre la mitad del ejército venezolano

  Según Kaufmann:"El general Alcalá fue un general al mando muy respetado en el ejército venezolano hasta 2013, alcanzando el rango de mayor general y ejerciendo el mando sobre la mitad del ejército de su país. En 2013 ocurrieron dos eventos que hicieron que el general Alcalá se retirara de su carrera. El primero fue la muerte del presidente Hugo Chávez y el posterior nombramiento de Nicolás Maduro como presidente". 

  Agrega Kaufmann que "El general Alcalá consideraba al señor Maduro un hackista oportunista y político. No era un líder político a quien el general Alcalá estaba dispuesto a seguir, y de hecho, el general Alcalá era un opositor firme y muy público al señor Maduro desde los primeros días en el cargo de Maduro". 

   Sostiene que "En el verano de 2013, el general Alcalá logró 30 años de servicio en su país. Dado el cambio en el liderazgo político y su cumplimiento de 30 años de servicio, el general Alcalá decidió que era hora de retirarse del ejército".

    Kaufmann sostiene que ha representado al general Alcalá en sus tratos con las fuerzas del orden público en los Estados Unidos desde 2013. 

    Adam Kaufmann asegura que ha desarrollado "una estrecha relación de trabajo con el general Alcalá y está extremadamente familiarizado con los hechos y asuntos legales relacionados con este caso". 

  Explica Kaufmann en la misiva enviada al juez Hellerstein que, su representación a lo largo de los años se relacionó con las negociaciones con el gobierno sobre su investigación en la relación del general Alcalá con las FARC y su designación ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

    Sostiene que ha representado al General Alcalá de manera gratuita desde 2014 o 2015. "Que yo sepa, el Sr. Alcalá hoy no tiene activos apreciables y no puede permitirse una representación privada". 

  Según Kaufmann, desde finales de 2014, "la representación de su bufete con el general Alcalá consistió principalmente en conversaciones intermitentes con funcionarios del gobierno de los EE. UU". 

   Con respecto a su estatus como nacional especialmente designado y nuestros esfuerzos para eliminar esa designación. Durante este tiempo, hablé con el general Alcalá sólo esporádicamente. 

 - El 26 de marzo de 2020, me llamó desde Colombia para informarme que un representante de la Embajada de los EE. UU. en Bogotá lo había contactado para informarle que al día siguiente se revelaría una acusación formal y una orden de arresto provisional en su contra. El gobierno de los EE. UU. informó al general Alcalá que podía entregarse voluntariamente a la DEA, o podría quedarse en una cárcel colombiana y disputar la extradición. Después de una conversación privilegiada conmigo, el general Alcalá indicó su intención de abordar un avión privado fletado por la DEA para entregarse a las autoridades estadounidenses en Nueva York y pidió a mi firma que lo representara, indicando que era posible que un primo lejano pudiera tener fondos para pagar la representación. 

  Kaufmann reveló que el general Alcalá llegó a los Estados Unidos, aproximadamente, el 28 de marzo de 2020 y fue procesado en la acusación instantánea el 30 de marzo de 2020.

    "Después de la llegada del general Alcalá a los Estados Unidos, mi empresa investigó si el Sr. Alcalá o su familia podrían pagar nuestras tarifas. Supimos rápidamente que sería imposible. El primo lejano del general Alcalá no tenía la capacidad financiera para pagar cerca de los tipos de tarifas asociadas con un caso de esta naturaleza y alcance", admitió. 

     Kaufmann dijo que el primo de Alcalá Cordones "Ofreció un pequeño pago de $ 5,000 pero explicó que incluso ese pago sería difícil". 

    _"El propio general Alcalá prácticamente no tiene dinero: su esposa e hija viven en Colombia y dependen de la ayuda de sus familiares para satisfacer sus necesidades diarias básicas. Además, los escasos recursos que el general Alcalá poseía en Venezuela (que dejó atrás cuando se vio obligado a huir de su país en marzo de 2018) han sido tomados por el gobierno venezolano, que también ha encarcelado a varios miembros de la familia en respuesta a informes de que el general Alcalá era involucrado en un intento de intervención militar en Venezuela a principios de este año". 

  Kauffmann afirmó que su bufete de abogados "no ha recibido honorarios en relación con la representación del General Alcalá en la acusación".

 Afirma que Alcalá está acusado en una acusación, extraordinariamente amplia, que contiene cargos que, si es condenado, conllevan una posible sentencia de cadena perpetua. 

   Los otros coacusados  ​​incluyen al presidente (o ex presidente) de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y el ex jefe del servicio de inteligencia militar de Venezuela. "Mi firma tiene un conocimiento particular de la historia personal del general Alcalá como general de alto rango en el ejército venezolano, sus interacciones con fiscales y agentes en 2013-2015, y sus esfuerzos activos de 2013-2020 para oponerse y luego derrocar al corrupto régimen de Maduro. . Mi firma ha pasado los últimos tres meses reuniéndose información sobre este asunto e investigación de las posibles defensas del general Alcalá. Su historia con el gobierno de los Estados Unidos jugará un papel en su defensa". 

   Finalmente, Kaufmann acotó que su firma de abogados tiene una gran experiencia en el manejo de asuntos relacionados con Venezuela, incluida la familiaridad con la política venezolana y la participación del gobierno de los EE. UU. en asuntos venezolanos.    

   "En este momento, no deseamos presagiar nuestra defensa, pero creemos que este conocimiento institucional, junto con nuestro conocimiento específico de la historia del general Alcalá, será crucial para su defensa", adelantó el abogado estadounidense.

   Kauffman dijo que aunado a la familiaridad que tienen con Alcalá y los detalles de su caso, los abogados están identificados en este documento poseen las siguientes calificaciones para la cita solicitada:

1) Anthony Capozzolo fue fiscal federal en el Distrito Este de Nueva York durante seis años y fiscal asistente de distrito en Manhattan durante catorce años antes de eso. Ha juzgado más de 35 casos en tribunales federales y estatales, incluidos cargos por la Ley RICO. Como abogado defensor juzgó un asunto de fraude de valores federales en el Distrito Sur de Nueva York. Como abogado defensor, ha representado a numerosos acusados ​​en un tribunal federal. Si se aprueba, se desempeñará como abogado principal del juicio en este asunto.

 En la misma carta, Kauffman informa al juez que fue fiscal en la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan durante 19 años, "donde juzgué numerosos casos de delitos graves. Serví como jefe de la Oficina de Delitos Económicos Internacionales para el Fiscal de Distrito Robert Morgenthau y el Jefe de la División de Investigación del Fiscal de Distrito Cyrus Vance. He trabajado en muchos asuntos federales tanto como fiscal (investigaciones conjuntas en asuntos de cuello blanco, narcóticos, sanciones y terrorismo) y como abogado defensor retenido, pero no he juzgado un caso en un tribunal federal".

   Menciona a Cristián Francos, un abogado argentino que también es admitido en el colegio de abogados de Nueva York. Nativo de habla hispana, ha sido el principal punto de contacto para el general Alcalá desde que se rindió en marzo. El general Alcalá no habla inglés; Hablo algo de español pero no al nivel de fluidez. El Sr. Francos también tiene una amplia experiencia trabajando con clientes latinoamericanos involucrados en casos penales en los Estados Unidos. También tiene un amplio conocimiento sobre Venezuela.

   Kaufmann sostiene que su bufete está preparado para avanzar en la defensa de este asunto. "Hemos discutido con el Gobierno la producción de descubrimientos y hemos revisado las estipulaciones de descubrimiento proporcionadas por el Gobierno. Estamos preparados para ejecutarlos y avanzar con el caso en caso de que el Tribunal apruebe esta solicitud".

  Advierte que "será difícil para un nuevo abogado absorber la compleja historia asociada con este caso por su cuenta. Es una historia detallada y crucial para los aspectos de las defensas que pueden estar disponibles para el general Alcalá. Dichas dificultades se verán exacerbadas por la incapacidad general de los abogados para reunirse con clientes encarcelados ocasionados por la pandemia de Covid-19". 

   Reconoce que "si bien no es típico nombrar a un abogado privado a precios CJA, existe un precedente para tal decisión, que es el caso de Estados Unidos vs. Daniel Bonentre, frente al cual, el Juez Swain permitió el nombramiento de dos abogados y sus asociados como abogados de la CJA para representar a un acusado para quien previamente habían sido retenidos en privado. 

  

   En ese caso, los abogados tenían una relación de larga data con el acusado y familiaridad con el caso, y el tribunal permitió el nombramiento de CJA después de la incautación por parte del gobierno de los bienes del acusado le impidió poder seguir pagando por un abogado privado.

  Igualmente agrega que sus socios Eric Lewis, Jeffrey Robinson y Waleed Nassar fueron nombrados para representar a Ahmad Abu Khatallah en un caso capital en el Tribunal del Distrito de Columbia, junto con un Defensor Público Federal

   "En el caso que nos ocupa, disfrutamos de una larga relación con este acusado que nos deja en una posición única para ayudarlo en su representación"

 Pidió que se otorgue a la designación de un abogado público nunc pro tunc a partir del 28 de marzo de 2020. "Si es nombrado, trabajaremos con el Administrador del panel de la CJA para preparar un presupuesto y asistiremos a la capacitación administrativa tal como lo indique el administrador y el Tribunal".

Licencia OFAC

Asimismo, Kaufmann informó al tribunal que su despacho solicitó una licencia de la OFAC que autorizaría el recibo del pago de la representación. "La solicitud está pendiente".

Una solicitud de fianza para Alcalá

   Kaufmann dijo a la Corte, que Alcalá ha sido detenido sin derecho a fianza en este asunto. "Nos gustaría reservar cualquier argumento de fianza para una fecha posterior". S

  Pidió que la Fiscalía les informó que el Servicio Federal de Defensa está en conflicto fuera de este caso debido a una representación previa.

   "Como se señaló, si el Tribunal se inclina a asignar un abogado que ya esté en el panel de CJA, respetuosamente solicitamos que permanezcamos en el caso". 

   Igualmente, Kaufmann informó a la Corte que durante el período en que pensaron que Alcalá podría pagar un abogado privado, contactaron al abogado César Castro, quien también es miembro del panel de SDNY CJA. 

    Castro también participó en una llamada con Alcalá. "En ese momento, esperábamos traer Castro como miembro del equipo de defensa para que fuera contratado por el general Alcalá. Como hispanohablante fluido y abogado litigante experimentado, Castro habría sido una parte importante del equipo. Por supuesto, la situación financiera de Alcalá hizo que la propuesta fuera discutible". 

     Kaufmann dijo que si el tribunal acepta la solicitud, Castro sería  el abogado viable con credenciales de CJA y fluidez en español, para atender el caso. 

    Pidieron que Cliver Alcalá siga arrestado en las cárcel del Condado de Putnam en Nueva York, ya que dicha instalación ha hecho un buen trabajo al mantener los estándares de salud durante la crisis de Covid-19 y  también les ha resultado relativamente fácil comunicarse con el general Alcalá por teléfono.

Denuncian en el Senado de EEUU: Derwick contrató a Fusion GPS para silenciar el escándalo de corrupción en medios de comunicación norteamericanos

La firma Fusion GPS habría sido contratada por Derwick Associates para evitar que el escándalo de corrupción que envuelve la empresa, propiedad de los llamados "bolichicos", saliera desplegada en los medios de comunicación social de los EEUU.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El caso de las supuestas prácticas ilícitas de la empresa Derwick Associates, acusada de varios casos de corrupción en Venezuela, salió a relucir durante una audiencia realizada este miércoles 26 de julio en la Comisión Judicial del Senador de los Estados Unidos, titulada: "Supervisión de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y la Tentativas de Influir en las Elecciones Estadounidenses: Lecciones Aprendidas de las Administraciones presentes y anteriores".

El objetivo de la audiencia -convocada por el presidente del Comité Judicial, Charles E. Grassley (R-Iowa)- era discutir las prácticas ilícitas de la empresa Fusion GPS, una firma de investigación  contratada por el partido demócrata que pagó al ex-espía MI6, Christopher Steele, para recopilar información sobre los vínculos de la campaña de Trump con Rusia y la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). El expediente de Steele contenía numerosas acusaciones sobre Donald Trump y la campaña, algunas de ellas sin fundamento. 

De acuerdo a la agenda del comité del Senado, la audiencia fue establecida para examinar el trabajo separado de la firma en un caso legal que involucra la Ley Magnitsky, una ley para castigar a los violadores rusos de derechos humanos. 

La firma Fusion GPS no está registrada bajo las normas establecidas por  la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA)

Caso Derwick sale a relucir en audiencia del Senado sobre Fusion GPS

El presidente de la Fundación de Derechos Humanos HRF con sede en Nueva York, Thor Halvorssen fue invitado a participar en la audiencia en su calidad de defensor de los Derechos Humanos. Durante su testimonio frente a los miembros de la Comisión Judicial del Senado, el activista solicitó formalmente que se investiguen las supuestas actividades criminales de las empresas Derwick Associates y Fusion GPS.

En su exposición frente al presidente de la Comisión Judicial, senador(R) Chuck Grassley, la vicepresidente, senadora (D) Dianne Feinstein y el resto de los miembros presente en la audiencia, Halvorssen acusó a Derwick Associates y a Fusion GPS de pagar a varios periodistas para publicar pruebas infundadas contra las personas que se atrevieron a difundir información sobre las supuestas actividades delictivas cometidas por Derwick Associates, una empresa con sede en los Estados Unidos que consiguió una decena de contratos con el Estado venezolano en base al pago de millonarios sobornos a los funcionarios encargado de otorgar las licitaciones.

Halvorssen  explicó a los senadores norteamericanos que la empresa Fusion GPS cumple un rol fundamental en el multimillonario esquema de corrupción que beneficiaría al régimen venezolano liderado por Nicolás Maduro, en abierta violación a la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).

El denunciante dijo que desde 2012 empezó a investigar el escándalo de corrupción protagonizado por Derwick Associates, una compañía creada por un grupo de jóvenes venezolanos ligado al gobierno de Hugo Chávez, cuyas actividades ilícitas se realizaron en suelo norteamericano.

De acuerdo a Halvorssen "el esquema de corrupción de Derwick incluyó bancos, empresas e incluso los tribunales de los Estados Unidos. Esta historia debería haber recibido una extensa exposición en las primeras páginas de los periódicos nacionales de Estados Unidos, sin embargo los responsables del esquema de corrupción contrataron a la empresa Fusion GPS para evitar que el caso fuera reseñado por los medios". 

Halvorssen dijo que "Fusion GPS actuó como agente de relaciones públicas en nombre de un director extranjero pero dicha empresa nunca fue registrada bajo la ley FARA, lo que le permitió participar en nefastas actividades sin el escrutinio público".

Empresa sin experiencia

En su exposición, Halvorssen aseguró que "el gobierno venezolano (liderado para esa época por el fallecido presidente Hugo Chávez) adjudicó doce contratos de centrales eléctricas a Derwick Associates, una empresa registrada  en Barbados sin experiencia previa en adquisiciones y construcción".

- Los fundadores de Derwick son ciudadanos venezolanos de veintitantos años sin capital, sin ingeniería, sin antecedentes y sin ninguna experiencia de trabajo relevante. Con lo único que contaban era con una disposición a pagar cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno de Chávez.

Advirtió que "Derwick obtuvo las turbinas para las centrales eléctricas a través de un intermediario que recorrió los astilleros de salvamento alrededor del mundo, incluyendo en Tanzania, Qatar y China. Algunas partes vendidas al gobierno de Venezuela llegaron incluso de plantas de energía desmanteladas hace décadas en California y Mississippi".

En su testimonio frente al Senado norteamericano Halvorssen dijo que "Derwick sobrefacturó al gobierno venezolano por un equipo de segunda mano, cuyo costo superó inclusive al precio de uno nuevo y -además- contrató a otras compañías para hacer el trabajo de construcción. El sobreprecio fue de más de $ 2 mil millones de dólares".

Explicó que "los directores de Derwick, Leopoldo Betancourt-López, Pedro Trebbau-López, Francisco Convit-Guruceaga, Edgar Romero-Lazo, Domingo Guzmán-López y Francisco D'Agostino Casado, tienen casas en los Estados Unidos, lavaron la mayor parte de los fondos robados al tesoro venezolano través del banco J.P. Morgan, y pagaron la mayoría de los sobornos por  medio de la Banca Privada d'Andorra, donde establecieron cuentas para cancelar las coimas a los funcionarios del gobierno venezolano en el gabinete de Chávez". 

Estas cuentas bancarias de Andorra -acota- se convirtieron posteriormente en el foco de una investigación. Recordó que la corrupción de Banca Privada d'Andorra produjo un escándalo público en España, a tales extremos que en 2015 el banco fue designado "Una preocupación principal de lavado de dinero" por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN).

Aseguró que "los directores de Derwick continúan operando con impunidad en Venezuela y en los Estados Unidos". Asimismo, informó que "bajo los auspicios del gobierno de Maduro, el Estado venezolano provee un aparato de seguridad a Derwick, y que la petrolera estatal venezolana (Pdvsa) les ha otorgado desde entonces importantes concesiones de petróleo y gas. 

En los Estados Unidos, según se informó el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de New York, estos empresarios están siendo objeto de investigaciones federales por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS),  el Departamento del Tesoro, el Fiscal de Distrito de Nueva York, y la Agencia Antidrogas Americana (DEA).

Según el denunciante, "Derwick ha robado diez veces más la cantidad involucrada en el infame escándalo de corrupción que envolvió a los directivos de la FIFA en  2015 y varias veces más que el robo de impuestos en Rusia que llevó al asesinato de Sergey Magnitsky. Sin embargo, no ha habido casi ninguna cobertura de los medios sobre el comunicación y las acciones judiciales se han paralizado". 

"Uno de las razones por las cuales no hay cobertura mediática de este caso es el trabajo realizado por la empresa Fusion GPS", explicó.

En 2014, Fusion GPS comenzó a trabajar en nombre de Derwick para asegurar que la evidencia de sus crímenes y la narrativa de su espectacular robo nunca apareciera en los medios de comunicación de los EEUU.

Los medios de comunicación eran una amenaza significativa para Derwick porque, a pesar  que las autoridades tenían a Derwick en su radar, la exposición prominente de la prensa aceleraría una acusación formal.

Los cofundadores de Fusion GPS,  Glenn Simpson y Peter Fritsch  tenía un amplio conocimiento de cómo funcionan los medios, ya que habían trabajado en el Wall Street Journal por un período combinado de más de dos décadas. Durante su tiempo en ese medio, publicaron artículos que precedieron a investigaciones criminales, acusaciones y arrestos.

Halvorssen afirmó que "Fusion GPS entiende cómo funciona el medio, cómo matar una historia, cómo fabricar suficiente elementos para lanzar una investigación periodística, y lo que se necesita para descalificar a un periodista para que deje de escribir sobre una historia. Trabajando junto a su colega Tom Catan, consiguieron el objetivo que era garantizar que los denunciantes en el caso Derwick sufrieran grandes daños en su credibilidad y reputación". 

"Fusion GPS ideó campañas de difamación, preparó expedientes que incluyeran información falsa, noticias de calumnias cuidadosamente colocadas y posiblemente -incluso- organizó una ruptura en el hogar de uno de los principales denunciantes. Tengo conocimiento de primera mano sobre la amplitud y la intensidad de sus actividades porque personalmente experimenté la ira de Fusion GPS", aseguró Halvorssen.

"A finales de 2013, el Wall Street Journal asignó al periodista José de Córdoba, (corresponsal para asuntos Latinoamericanos) para investigar los supuestos crímenes de Derwick Associates. Después de varios meses de investigación, De Córdoba produjo una historia sobre Derwick tan convincente que estaba programada para publicarse en la primera página del periódico. Yo era una de las fuentes principales en ese artículo", dice el denunciante.

Antes de que apareciera la historia, el periodista De Córdoba fue invitado a visitar Venezuela junto a los directores de Derwick. El señor De Córdoba viajó a Caracas en julio de 2014, donde fue saludado en las oficinas de Derwick por  el directivo de Fusion GPS de Peter Fritsch, quien a su vez era el ex supervisor de De Córdoba. De Córdoba describió esta flagrante táctica de intimidación como algo que le hizo sentir incómodo".

"Fritsch envió a De Córdoba un expediente que contenía información falsa y despectiva sobre mí y sobre los otros denunciantes que habían llamado la atención sobre Derwick", afirmó Halvorssen.

"Fritsch también le dijo a De Córdoba que los denunciantes formaban parte de una campaña  de difamación pagada contra los acertados y honrados empresarios venezolanos. Irónicamente, en este cuento, Fritsch invirtió los papeles de su organización y la oposición que había sostenido contra Derwick", argumentó Halvorssen. 

"Fusion GPS fue responsable de la campaña de difamación cuyos objetivos fueron desacreditar un grupo de gente honesta que trataron de exponer la corrupción del régimen de Hugo Chávez y sus aliados de la empresa Derwick. De Córdoba me informó que la información contenida en el expediente sobre mí no era creíble", acotó el denunciante.

Después de su regreso a los Estados Unidos, los supervisores de De Córdoba en el periódico recibieron múltiples cartas  de amenaza enviadas por el abogado contratado por Derwick, Adam Kaufmann del bufete Baach, Robison & Lewis con sede en la ciudad de Nueva York.

Kaufmann tiene una relación de más de 20 años con los principales socios de Fusion GPS. Este abogado fue contratado por Derwick para pagar los honorarios de Fusion GPS y hacer los documentos, incluyendo todas las facturas de servicio que estarían cubiertas por el privilegio de abogado-cliente. 

El Wall Street Journal nunca publicó la historia sobre los crímenes de Derwick gracias a las acciones emprendidas por Fusion GPS. Múltiples historias en varios medios de comunicación también fueron torpedeadas por esa empresa antes de su publicación, incluyendo reportajes en prominentes  medios de comunicación como Bloomberg News y The Economist en Londres.

- Además de proteger a Derwick de los informes de investigación periodística en su contra, Fusion GPS también se dedicó a atacar a Alek Boyd, un prolífico periodista de investigación residenciado en Londres. Boyd había publicado en su blog personal extensos reportajes sobre la corrupción de Derwick. Fusión GPS diseñó una campaña de descalificación con falsas acusaciones en contra de Boyd a quien señaló de ser un notorio pedófilo, un narcotraficante convicto, un ladrón de coches y un extorsionista. 

Tras las acusaciones sin fundamento, Boyd incrementó las publicaciones en línea sobre Derwick y  aumentó su escrutinio sobre los directivos de la empresa. Semanas después de dichas publicaciones, en un crimen no resuelto, tres hombres irrumpieron en la casa del periodista en Londres, robaron su computadora y colocaron fotografías de sus hijas, tomadas con un teleobjetivo, en los bolsillos de su impermeable. 

Boyd recibió posteriormente una carta anónima manuscrita donde lo amenazaban que iban a violar a sus hijas.

Varios meses después de este hecho, Simpson y Fritsch continuaron contactando a periodistas que estuvieran escribiendo historias sobre  Derwick. Esta vez le tocó a Kenneth Silverstein,  a quien le proporcionaron un expediente similar al que le habían dado a De Córdoba. 

Silverstein procedió a escribir mensajes vituperantes en blog y en más de una docena de medios de comunicación social donde afirmaba -falsamente- que yo sufría de adicción a la heroína, que fui enviado a un centro de rehabilitación de drogas en Tennessee, y que Peter Thiel, una ex pareja romántica, había pagado por mi supuesta rehabilitación. También repitió la acusación contra Boyd y contra otros denunciantes. Silverstein me acusó falsamente de pedofilia y escribió sobre el mal uso de las donaciones hechas a la Fundación de Derechos Humanos (HRF) y que asistía a los eventos de trabajo drogado. 

Ninguna de estas terribles acusaciones tienen alguna base de hecho. Fusion GPS arregló para que estas versiones fueran publicadas y difundidas ampliamente para castigarme por ser uno de los principales denunciantes  de Derwick, poniendo de relieve mi credibilidad como defensor de los derechos humanos. 

"Aunque Silverstein ha declarado públicamente ser partidario de Hugo Chávez y de la dictadura de Venezuela, las evidencias también sugieren que Fritsch pagó a Silverstein y que ésta no sería su primera colaboración", aseguró.

"Como dijimos, más allá del señor Boyd y de mí, hay un puñado de otros periodistas involucrados en las denuncias del caso penal Derwick que también han sido sujetos de las tácticas de Fusión GPS", explicó.

Asimismo, Halvorssen citó el caso del ex embajador de los Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, quien presentó una querella contra Derwick por difamación basada en la ley federal contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act -RICO) en un tribunal de Nueva York. "Esta demanda fue recientemente desestimada por motivos jurisdiccionales, aunque los acusados ​​de Derwick han viajado más de cien veces a los Estados Unidos, poseen casas en Miami y Nueva York, el juez encontró que sus contactos con los Estados Unidos no eran suficientes para someterlos a la jurisdicción del tribunal". 

Continuó señalando que "Más allá de calificar a Derwick Asociados como una empresa criminal, prominentes abogados que se especializan en la Ley RICO me han sugerido que los directores de Fusion GPS están operando como una empresa criminal que

viola la Ley RICO por represalia contra los denunciantes que se han puesto en contacto con las agencias de aplicación de la ley".

Más allá de la conducta de sus clientes para vilipendiar y desacreditar a cualquier denunciante, Fusion GPS no ha podido registrarse bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), afirmó Halvorssen.

Dijo además que "Los directores de Derwick Asociados han sido investigados por el Departamento de Estado de los EEUU, en el Congreso de Estados Unidos, y en la Casa Blanca como merecedores de sanciones individuales y la imposición de una prohibición de visa".

Advirtió que "Fusion GPS, sin duda, ha intentado influir en la política en nombre de los directivos de Derwick, quienes son parte indistinguibles del gobierno de Venezuela y del abuso del aparato de seguridad venezolano, bases militares nacionales y aeropuertos restringidos; de los altos funcionarios gubernamentales, incluido el Presidente Nicolás Maduro y su familia, y de su capacidad para escapar del enjuiciamiento por sus múltiples crímenes en Venezuela.

Cualquier acto de corrupción en conjunción con la dictadura de Venezuela es por necesidad una acción que faculta a ese gobierno y le permite que siga ofendiendo la responsabilidad democrática y violando los derechos humanos con impunidad.

Los funcionarios corruptos de la dictadura serían impotentes si no tuvieran cómplices en el mundo de los negocios, y estos cómplices, a su vez, serían aliados inútiles sin facilitadores como Fusion GPS, empresa que  está dispuesta a blanquear y a beneficiarse de sus crímenes. 

Halvorssen dijo los siguiente: "Los que han optado por exponer estos abusos de poder no somos las únicas víctimas aquí. Consideren que ninguna de las plantas de energía construidas por Derwick en Venezuela están funcionando correctamente, lo que lleva consigo un enorme costo humano: los apagones ocurren diariamente en toda Venezuela; los hospitales no tienen electricidad y dependen de linternas y teléfonos celulares para encender sus quirófanos; las instalaciones de vivienda pública en edificios de gran altura requieren que los inquilinos ancianos suban múltiples escaleras porque los ascensores no tienen electricidad; en el caso de los alimentos (que es un recurso escaso en Venezuela) se pudren porque en millones de hogares los refrigeradores no funcionan; hay miles de accidentes de tráfico porque las calles y carreteras no tienen iluminación. Imagínese qué horrible debe ser vivir en un país donde durante, varias horas al día, todos los días, la población rural sufre apagones.

Más adelante concretó que "Fusion GPS no es una "investigación de la oposición" o una empresa de comunicaciones de crisis. Fusión GPS es un grupo de expertos -altamente remunerados- que funcionan como un accesorio de los crímenes cometido por Derwick Associates. Como tales, son en parte responsables de la injusticia y el sufrimiento provocados por las acciones de Derwick en Venezuela".

Halvorssen instó a los senadores a que investiguen las actividades de Fusion GPS y -especialmente- su disposición a pagar a los periodistas a cambio de la publicación de pruebas infundadas sobre algunas personas que representan un desafío para sus clientes.

¿Quién es el denunciante?

Thor Halvorssen es presidente de HRF, una organización internacional con 12 años de antigüedad en la defensa de los derechos civiles y políticos en los países autoritarios, integrada -además- por el Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel; el presidente checo, Václav Havel; el embajador de las Naciones Unidas, Armando Valladares, y el campeón de ajedrez Garry Kasparov, entre otras personalidades. 

Asimismo, preside el Foro de Libertad de Oslo, una reunión internacional que lucha contra las dictaduras en todo el mundo. Es investigador y escritor especializado en materia de corrupción y las violaciones de los derechos humanos.

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Fusion GPS está siendo acusada de hacer lobby en nombre del gobierno ruso sin registrarse como agente extranjero, lo cual violaría la Ley FARA.