Cabecillas de uno de los más grandes desfalcos a PDVSA aguardan aún por sentencia

 Conozca a los integrantes de la trama de corrupción que esquilmó durante años a la estatal petrolera venezolana.

Por Maibort Petit

   La expectativa continúa, toda vez que la Corte del Distrito Sur de Texas ha cambiado en varias oportunidades la fecha de la lectura de la sentencia de los ex-contratistas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera, acusados de haber orquestado un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero que desfalcó a la estatal petrolera millones de dólares.

   Para lograr contratos de PDVSA para sus empresas, Rincón y Shiera estructuraron una sofisticada y complicada trama en la participaron un gran número de funcionarios de la empresa estatal venezolana, compañías fantasmas y otros empresarios, cuyos nombres han ampliado el expediente y han llevado a que más de 20 personas enfrenten cargos, se hayan declarado culpables o están a la espera de ser juzgados.

He aquí los principales protagonistas:  

Los cabecillas

  Abraham José Shiera Bastidas, empresario de Coral Gables, se declaró culpable el 22 de marzo de 2016, de cargos de fraude y soborno en el extranjero de manera de asegurarse de manera corrupta contratos millonarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

   Ante el Tribunal del distrito Sur de Texas en Houston, Shiera Bastidas admitió un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y cometer fraude electrónico y un cargo por violar la FCPA.

    Un Gran Jurado emitió una acusación formal contra Shiera Bastidas responsabilizándolo de 18 cargos, al igual que acusó a Roberto Enrique Rincón Fernández, socio del primero. El 16 de diciembre de 2015, Shiera fue arrestado en Miami.

   Shiera y Rincón se asociaron y presentaron ofertas para proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus diversas empresas. Shiera admitió que, a partir de 2009, él y Rincón acordaron pagar sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de la estatal petrolera venezolana para asegurarse ser incluidas en los paneles de licitación de PDVSA y obtener lucrativos contratos. También pagó sobornos a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en las listas de proveedores de la petrolera y se les diera prioridad de pago por sobre el resto de los proveedores con facturas pendientes[1].

  Entretanto, Roberto Enrique Rincón Fernández, formuló su admisión de culpa el 16 de junio de 2016, cuando ante juez federal del distrito sur de Texas, Gray H. Miller, aceptó su responsable de un plan para asegurar corruptamente contratos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

   El empresario aceptó un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo por ofrecer información falsa en su declaración federal de impuestos sobre la renta de 2010. El juez impuso una sentencia monetaria personal a Rincón, quien aceptó el decomiso.

   Rincón fue arrestado el 16 de diciembre de 2015, luego de que un gran jurado en el Distrito Sur de Texas emitiera una acusación formal de 18 cargos contra él y Abraham José Shiera Bastidas.

    Ambos empresarios se asociaron para ofertar y proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus compañías. Rincón admitió que, a partir de 2009, él y Shiera acordaron sobornar y ofrecer otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en los paneles de licitación de la estatal, lo que les permitió ganar lucrativos contratos. También reconoció haber sobornado a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas se incluyeran en las listas de proveedores y se les priorizaran los pagos por encima de otros proveedores.

    Del mismo modo, Rincón dijo que, deliberadamente, no informó en su declaración de impuestos federales de 2010 más de USD 6 millones en ingresos por dividendos extranjeros que recibió de una corporación venezolana de su propiedad[2].

Luis Carlos De León-Pérez

  Dentro de la estructura que Roberto Rincón y Abraham Shiera usaba para pagar sobornos a funcionarios de PDVSA a cambio de que éstos aprobaran millonarios contratos de la estatal en favor de las empresas de los primeros, se encontraba Luis Carlos De León-Pérez, un ciudadano venezolano-estadounidense que admitió su participación en la trama de corrupción el 16 de julio de 2018.

   De León-Pérez impulsó el plan internacional de lavado de dinero destinado a legitimar los sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar las adjudicaciones. 

   Ante un tribunal federal de Houston, De León-Pérez aceptó un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales. Fue arrestado en España en octubre de 2017 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos después de que un gran jurado federal emitiera una acusación de 20 cargos contra él y Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, César David Rincón Godoy, Alejandro Isturiz Chiesa y Rafael Ernesto Reiter Muñoz. Todos estos últimos, entre 2011 y 2013, cuando eran funcionarios de PDVSA, conspiraron para solicitar a los proveedores de PDVSA sobornos y comisiones ilícitas a cambio de brindar asistencia a esos proveedores en relación con su negocio de PDVSA.

   Específicamente, De León admitió que solicitó y dirigió sobornos de Roberto Rincón y Abraham Shiera Bastidas a funcionarios de PDVSA. También admitió que, luego de esto, conspiró con Rincón y Shiera para lavar y ocultar las ganancias del esquema de soborno a través de una serie de transacciones financieras, incluidas transferencias electrónicas a cuentas en Suiza a nombre de personas o entidades distintas de De León y sus co-conspiradores[3].

Juan Carlos Castillo Rincón

  El ex gerente de una empresa de transporte de carga y logística con sede en EE. UU., Juan Carlos Castillo León, se declaró el 13 de septiembre de 2018, de un cargo de soborno extranjero, al haber formado parte de un plan para asegurar de manera corrupta contratos y extensiones de contrato de PDVSA.

   Castillo León admitió ante la jueza del Distrito Sur de Texas en Houston, Nancy K. Johnson, formar parte de conspirar para violar las Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Fue arrestado en Miami el 19 de abril de 2018, luego de que un gran jurado federal emitiera una acusación formal de cinco cargos en su contra.

   Según admitió, desde 2011 hasta 2013, Castillo León conspiró con otros para sobornar a un funcionario de PDVSA a cambio de que este brindara asistencia en relación con los negocios de la empresa con la petrolera venezolana. 

  Su intervención sirvió para que la empresa obtuviera contratos millonarios, extensiones de contrato, así como términos de contrato favorables. También proporcionó información privilegiada sobre el proceso de licitación de PDVSA y apoyó a la empresa en reuniones internas de la estatal sobre decisiones de compra[4].

José Orlando Camacho

   Otro funcionario de PDVSA que recibió sobornos, fue José Orlando Camacho, quien se declaró culpable en julio de 2017 en secreto ante el juez Miller, según develó el juez Johnson. Las coimas percibidas por Camacho provenían de Castillo Rincón

   Camacho se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y admitió que mientras era empleado de PDVSA, aceptó sobornos de Castillo y la empresa de logística y transporte de carga de la que este era gerente a cambio de tomar ciertas acciones para ayudar a la empresa. Accedió perder el producto de su actividad criminal[5].

Juan José Hernández Comerma

   El exgerente general y propietario parcial de una empresa de energía con sede en Florida, Juan José Hernández Comerma, formó parte del esquema corrupto de Rincón y Shiera en el cual se favorecía con contratos de PDVSA a las empresas de estos último a cambio de sobornos. Se declaró culpable el 10 de enero de 2017 de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo de violar la FCPA. El 8 de enero de 2020 fue sentenciado a pagar 48 meses de prisión por el juez Miller. También se le impuso el mandato de cuatro años y se le ordenó pagar una multa de USD 127.000 y perder USD 3 millones.

   Hernández Comerma conspiró entre 2008 y 2012 con Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Enrique Rincón Fernández para pagar sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA, de modo de asegurar los empresarios antes señalados y sus compañías obtuvieran jugosos contratos de PDVSA. 

  La propiedad de la firma en Florida la compartió con Sheira y ofreció sobornos a funcionarios de la estatal petrolera venezolana. Entre los favorecidos estuvo Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz[6].

Charles Quintard Beech III

   En la misma fecha que Hernández Cormena —10 de enero de 2017— también Charles Quintard Beech III, se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

   Charles Quintard Beech III pagó sobornos a varios funcionarios de PDVSA, incluido Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, a cambio de su asistencia para que las empresas del primero entraran en los paneles de licitación y lograr la adjudicación de contratos de la petrolera. Beech también admitió que estuvo de acuerdo con otros funcionarios de PDVSA, para participar en transacciones financieras para ocultar la naturaleza, fuente y propiedad de los ingresos del soborno[7].

Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz

  En la trama de corrupción encabezada por Rincón y Shiera, también tuvo participación Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, ex oficial de adquisiciones de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), quien se declaró culpable el 10 de diciembre de 2015 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de hacer declaraciones falsas en relación con una declaración de impuestos, por lo que fue sentenciado el 19 de febrero de 2020, a 70 meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada. El juez federal del Distrito Sur de Texas, Gray H. Miller, también ordenó a Gravina que pagara una restitución al IRS por un monto de USD 214.849,21.

   Gravina Muñoz igualmente fue acusado formalmente el 15 de noviembre de 2018 por un cargo de conspiración para obstruir un procedimiento oficial, del cual se declaró culpable el 10 de diciembre de 2018. Había ocultado en las entrevistas hechos sobre el pago de sobornos a funcionarios de Citgo Petroleum Corporation.

   Gravina aceptó sobornos por más de USD 590.000 entre 2007 y 2014 de los empresarios estadounidenses Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Enrique Rincón Fernández mientras trabajaba como gerente de compras en PDVSA, asegurándole desde esa posición ganar lucrativos contratos a los susodichos. Para ocultar los pagos corruptos, los empresarios transfirieron fondos desde cuentas que controlaban fuera de los Estados Unidos a cuentas a nombre de asociados y familiares de Gravina. Luego de su declaración de culpabilidad en diciembre de 2015, Gravina se reunió periódicamente con agentes de HSI para brindar información sobre la corrupción en PDVSA[8].

Fernando Ardila Rueda

    El propietario parcial de varias empresas de energía en el estado de la Florida, Fernando Ardila Rueda, se declaró culpable el 11 de octubre de 2017, de cargos de soborno en el extranjero por su papel en un plan para asegurar contratos de Petróleos de Venezuela S.A. de manera corrupta.

   Rueda (Ardila), 49, de Miami, se declaró culpable en un tribunal federal de Houston, de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo de violar la FCPA. El juez federal de distrito Gray H. Miller del distrito sur de Texas aceptó la declaración de culpabilidad. La sentencia está programada para el 8 de febrero de 2018.

   Según las admisiones hechas en relación con su declaración de culpabilidad, Ardila conspiró con los empresarios estadounidenses Abraham José Shiera Bastidas (Shiera) y Roberto Enrique Rincón Fernández (Rincón) para pagar sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA. 

      Los sobornos de estas operaciones irregulares se pagaron para asegurar que las empresas de Shiera y Rincón se colocaran en los paneles de licitación de PDVSA y para obtener o mantener negocios con PDVSA. Desde 2008 hasta 2014, mientras fue director de ventas, gerente y propietario parcial de varias de las empresas de Shiera, Ardila brindó entretenimiento y ofreció sobornos a los funcionarios de PDVSA en función de un porcentaje del valor de los contratos que los funcionarios ayudaron a otorgar a las empresas de Shiera.

César David Rincón Godoy

   En la trama corrupta encabezada por Rincón y Shiera, también tuvo participación César David Rincón Godoy, quien intervino en el esquema internacional de lavado de dinero con el objetivo de legitimar sobornos pagados para asegurar corruptamente contratos de PDVSA.

  Rincón Godoy, ex-gerente general de la subsidiaria de adquisiciones de PDVSA, fue arrestado en España en octubre de 2017, junto a Luis Carlos De León Pérez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, por una acusación de 20 cargos emitida por el Distrito Sur de Texas el 23 de agosto de 2017. César Rincón fue extraditado de España el 9 de febrero de 2018 y compareció ante el tribunal el 12 de febrero del mismo año. César Rincón está acusado de dos cargos de conspiración para cometer blanqueo de capitales[9].

   Se declaró culpable el 19 de abril de 2018 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Se le impuso una sentencia monetaria personal por la cantidad de USD 7.033.504,71 y este accedió a que se dicte una orden de decomiso.

    César Rincón también admitió haber solicitado y recibido sobornos de otros propietarios de empresas de energía con sede en Estados Unidos a cambio de su asistencia para ayudarlos a ganar contratos con PDVSA. Admitió haber conspirado con otros para lavar al menos USD 7.033.504,71 en ganancias de los diversos esquemas de soborno en los que participó[10].

José Manuel González Testino

   El propietario de varias empresas en estados Unidos de nacionalidad venezolano-estadounidense, José Manuel González Testino, es igualmente otro presunto integrante de la trama de corrupción dirigida por Rincón y Shiera.

   González Testino fue arrestado el 31 de julio de 2018, en el aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba abandonar el país. Sobre él pesan cargos de soborno extranjero por conspirar para realizar pagos corruptos a un funcionario de PDVSA. Específicamente se le acusa de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y de pagar sobornos a un funcionario extranjero en violación de la FCPA.

   Según la denuncia penal, González Testino y un co-conspirador pagaron al menos USD 629.000 en sobornos a un exfuncionario de PDVSA a cambio de que éste tomara medidas para dirigir los contratos de PDVSA a sus empresas y para darles prioridad sobre otras proveedoras para recibir pagos. Asimismo, las empresas de González Testino habrían recibido contratos de PDVSA en dólares estadounidenses en lugar de bolívares venezolanos[11].

   González Testino se declaró culpable de conspiración para violar la FCPA y un cargo de no cumplir reportar cuentas bancarias extranjeras. El juez federal de distrito Gray H. Miller del distrito sur de Texas aceptó su declaración el 29 de mayo de 2019. Los hechos ocurrieron entre 2012 y 2018, cuando con otros sobornó a funcionarios de PDVSA.

   Los sobornos que admitió haber pagado entre 2012 y 2013 estuvieron destinados a Cesar Rincon David Godoy, ex gerente general de Bariven, la subsidiaria de adquisiciones de PDVSA. Otros sobornos fueron para Alfonso Eliezer Gravina Muñoz cuando era funcionario en PDVSA Services Inc., otra subsidiaria con sede en Houston. A cambio, Rincón y Gravina proporcionaron a González información privilegiada sobre los procesos de adquisiciones de PDVSA. También algunos sobornos de González Testino fueron para empleados de CITGO[12].

Villalobos, Reiter, Istúriz

   Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, fueron también arrestado en España —junto a César David Rincón Godoy— en octubre de 2017, atendiendo a la acusación formulada en el Distrito Sur de Texas, en las que se les formulaban 20 cargos. Villalobos y Reiter permanecen bajo custodia española pendiente de extradición. Otro acusado fue Alejandro Isturiz Chiesa, quien sigue prófugo.

   De León, Villalobos, Reiter e Isturiz están acusados cada uno de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. De León y Villalobos también están acusados de un cargo de conspiración para violar la FCPA[13].

  La acusación formal alega que los cinco acusados, todos funcionarios de PDVSA, eran conocidos como el "equipo de gestión" y tenían una influencia significativa dentro de empresa petrolera. Estos hombres conspiraron entre sí y con otros para solicitar a varios proveedores de PDVSA, recibir sobornos y comisiones ilegales a cambio de brindarles asistencia en relación con su negocio con la estatal venezolana. Los co-conspiradores luego lavaron el producto del esquema de soborno a través de una serie de transacciones financieras internacionales complejas hacia, desde o a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos.

    Roberto Rincón y Abraham Shiera enviaron más de USD 27 millones en sobornos a una cuenta en Suiza de la que De León era beneficiario efectivo y este y Villalobos eran firmantes autorizados. Esos fondos se transfirieron posteriormente a otras cuentas en Suiza[14].

   Informaciones recibidas en Departamento de Justicia de parte de los conspiradores, permitió conocer ampliar los elementos y acusaciones en torno al esquema de corrupción de Rincón y Shiera, estableciéndose que también el expresidente de Bariven, Javier Alvarado Ochoa y dos gestores patrimoniales europeos lavaron dinero proveniente de las arcas de Petróleos de Venezuela[15]

REFENCIAS 

[1] Department of Justice. “Empresario de Miami se declara culpable de cargos de soborno y fraude en el extranjero en relación con el plan de soborno de Venezuela”. 23 de marzo de 2016. https://www.justice.gov/opa/pr/miami-businessman-pleads-guilty-foreign-bribery-and-fraud-charges-connection-venezuela

 

[2] Department of Justice. “Empresario se declara culpable de soborno extranjero y cargos fiscales en relación con el plan de soborno de Venezuela”. 16 de junio de 2016. https://www.justice.gov/opa/pr/businessman-pleads-guilty-foreign-bribery-and-tax-charges-connection-venezuela-bribery-scheme

 

[3] Department of Justice. “Exfuncionario venezolano se declara culpable de lavado de dinero en relación con plan de soborno”. 16 de julio de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-pleads-guilty-money-laundering-charge-connection-bribery-scheme-0

[4] Department of Justice. “Ejecutivo de negocios se declara culpable de cargo de soborno extranjero en relación con plan de soborno venezolano”. 13 de septiembre de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/business-executive-pleads-guilty-foreign-bribery-charge-connection-venezuelan-bribery-scheme

 

[5] Department of Justice. “Ejecutivo de negocios se declara culpable de cargo de soborno extranjero en relación con plan de soborno venezolano”. 13 de septiembre de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/business-executive-pleads-guilty-foreign-bribery-charge-connection-venezuelan-bribery-scheme

[6] Department of Justice. “Empresario de Florida sentenciado por participación en plan de soborno en Venezuela”. 8 de enero de 2020. https://www.justice.gov/usao-sdtx/pr/florida-businessman-sentenced-role-venezuela-bribery-scheme

[7] Department of Justice. “Dos empresarios se declaran culpables de cargos de soborno en el extranjero en relación con esquemas de soborno en Venezuela”. 10 de enero de 2017. https://www.justice.gov/opa/pr/two-businessmen-plead-guilty-foreign-bribery-charges-connection-venezuela-bribery-schemes

 

[8] Department of Justice. “Hombre de negocios de Texas condenado a 70 meses de prisión por su participación en plan de soborno en Venezuela y obstrucción de la justicia”. 19 de febrero de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/texas-businessman-sentenced-70-months-prison-role-venezuela-bribery-scheme-and-obstruction

 

[9] Department of Justice. “Cinco exfuncionarios del gobierno venezolano acusados de plan de lavado de dinero que involucra soborno extranjero”. 12 de febrero de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/five-former-venezuelan-government-officials-charged-money-laundering-scheme-involving-forei-0

[10] Department of Justice. “Exfuncionario venezolano se declara culpable de lavado de dinero en relación con plan de soborno”. 19 de abril de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-pleads-guilty-money-laundering-charge-connection-bribery-scheme

[11] Department of Justice. “Ejecutivo de negocios arrestado por cargos de soborno extranjero en relación con plan de soborno en Venezuela”. 1 de agosto de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/business-executive-arrested-foreign-bribery-charges-connection-venezuela-bribery-scheme

[12] Department of Justice. “Ejecutivo de negocios se declara culpable de cargos de soborno en el extranjero en relación con el esquema de soborno de Venezuela”. 29 de mayo de 2019. https://www.justice.gov/opa/pr/business-executive-pleads-guilty-foreign-bribery-charges-connection-venezuela-bribery-scheme

[13] Department of Justice. “Cinco exfuncionarios del gobierno venezolano acusados de plan de lavado de dinero que involucra soborno extranjero”. 12 de febrero de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/five-former-venezuelan-government-officials-charged-money-laundering-scheme-involving-forei-0

[14] Department of Justice. “Cinco exfuncionarios del gobierno venezolano acusados de plan de lavado de dinero que involucra soborno extranjero”. 12 de febrero de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/five-former-venezuelan-government-officials-charged-money-laundering-scheme-involving-forei-0

[15] Venezuela Política. “Javier Alvarado Ochoa, otro acusado de lavado de dinero y corrupción por el gobierno de EE. UU.”. 20 de septiembre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/09/javier-alvarado-ochoa-acusado-de-lavado.html

 

Conozca las particularidades del caso de José Manuel González Testino (PARTE I)

  Una serie de hechos significativos quedaron en evidencia desde el momento mismo en que tuvo lugar la audiencia preliminar y de detención ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas, División Houston, que en esta entrega damos a conocer.

Por Maibort Petit

   El caso por el delito de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, en inglés), por el que se declaró culpable el 29 de mayo de 2019 José Manuel González Testino[1], se caracteriza por una serie de hechos particulares que poco se han difundido, pero que salieron a la luz en la propia Audiencia de examen preliminar y de detención que tuvo lugar el 21 de septiembre de 2018 ante el juez del Tribunal del Distrito Sur de Texas, División Houston.

  González Testino aguarda a que el juez de la causa, Gray H. Miller, dicte sentencia, pues esta ha sido suspendida en varias oportunidades el castigo por su papel en la trama de corrupción consistente en el pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) a cambio de lograr contratos millonarios de sus filiales Bariven y CITGO Petroleum Corp.

  En la referida audiencia preliminar y de detención de González Testino se conoció que este portaba tres pasaportes, uno de ellos con datos falsos, con los cuales se trasladaba en sus contantes desplazamientos entre Venezuela y EE. UU. entre otros destinos; que igualmente poseía un pasaporte emitido por la Orden de los Caballeros de Malta; que poseían propiedades en Estados Unidos, Venezuela, España y Suiza, que sus bienes de fortuna —y los de su familia— le permitían pagar vuelos charter constantemente, ser propietario de una avión e, incluso, poder pagar hasta USD 5.000 diarios a una empresa de seguridad para que lo custodiaran y evitaran su salida de EE. UU. en caso de que se le otorgara el derecho a fianza; que su padre, José Manuel González, presumiblemente trabaja con él; y que instruyó a sus cómplices para que destruyeran las evidencias del caso y planeaba huir del país.

  En la referida audiencia preliminar intervinieron el juez Peter Bray; los fiscales Sarah Edwards, John Pearson y Robert Johnson; y por la defensa, Edward Shohat, Monique García y James Ardoin III.

La audiencia preliminar

  La fiscalía llamó como primer testigo al agente especial del Departamento de Seguridad Nacional, Corbin Wickman, quien luego de prestar juramento, refirió que para la fecha de la comparecencia tenía 13 años de servicio en dicha dependencia, estando asignado en los últimos tres años —para el momento— al grupo de fraude financiero, investigando varios delitos financieros, incluido el lavado de dinero y las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, unidad responsable de la investigación que se le seguía a José Manuel González Testino por corrupción pública extranjera, específicamente sobornos pagados a funcionarios de gobiernos extranjeros a cambio de algo de valor. Refirió que el acusado está señalado de pagar sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y/o sus subsidiarias CITGO y Bariven.

  Explicó que el nombre de González Testino surgió a raíz de la investigación del caso de lavado de dinero protagonizado por Roberto Rincón y Abraham Shiera, quienes se declararon culpables en 2016. Ligados a estos últimos estuvieron cinco individuos, de los cuales cuatro fueron detenidos en España y dos extraditados a Estados Unidos. Uno de ellos fue César David Rincón Godoy, quien era director general de Bariven, la filial de PDVSA encargada de las adquisiciones, quien recibió sobornos de José Manuel González Testino a cambio de la adjudicación de contratos. Los sobornos los recibía Rincón a través de dos cuentas corporativas de empresas de familiares suyos en Houston y Miami. Una de estas firmas era Inversiones JKL. Los pagos registraron eran por aproximadamente USD 630.000.

  Igualmente dijo que los pagos se hacían desde bancos en Suiza, igualmente desde cuentas pertenecientes a corporaciones cuyas denominaciones eran Ameri-traders, RH International y Henri Pittier. Contaba con socios o co-conspiradores, entre ellos Gonzalo José Jorge Morales-Divo, quien proporcionó el capital inicial que permitía ofertar y obtener los contratos de PDVSA. González y Morales se reunieron en una oficina ubicada en 848 Brickell Avenue en Miami, Florida.

  Morales dijo a Seguridad Nacional que González Testino controlaba muchos activos, empresas, cuentas bancarias, que poseía numerosos activos en forma de condominios en el área de Miami, también una casa, apartamentos en Suiza y en España, un avión privado. Morales dijo que estas empresas o activos estaban a nombre de empresas y de otras personas.

  Refirió que Roberto Rincón entregó un documento originado en PDVSA, una presentación Power Point, la cual mostraba una lista detallada de empresas controladas por González Testino en Estados Unidos, Panamá, Suiza, España y otros países. Sin embargo, se estima la existencia de otras empresas controladas por González Testino que no figuran en la lista.

  El otro socio era una exempleada de González Testino, Johana Haddad, quien figuraba como propietaria de una de las empresas de la lista, a saber,  Petroleum Logistics Service Corp., pero no tenía control sobre la misma. Haddad preparó una hoja de cálculo que detallaba los contratos que habían sido adjudicados por PDVSA y enumeraba los porcentajes de soborno que se le debían a varios funcionarios relacionados. Allí se detallaba, específicamente, lo pagado en sobornos a funcionarios de CITGO. Johana Haddad contribuyó con González Testino en el pago de sobornos a varios funcionarios gubernamentales.

  Johana Haddad también informó sobre propiedades de González Testino, además de las señaladas por el agente Corbin Wickman y describió un condominio en el Cosmopolitan en Houston, residencias en Atlanta que se usaban para obtener ingresos por alquiler, así como vehículos de lujo, incluido un Ferrari, dos Range Rover, un Cadillac Escalade y también un avión privado.

Las revelaciones de la computadora

  El agente Corbin Wickman también informó al tribunal de un documento emitido por el banco suizo Gonet & Cie Bank, que Seguridad Nacional recuperó en enero de 2018 en una computadora portátil de González Testino. El hallazgo se hizo en un aeropuerto privado de Miami, a su llegada a los Estados Unidos proveniente de Venezuela.

  El documento hace referencia a la empresa Aziolarefin con cuentas en dicha institución bancaria que sumaban USD 50 millones para agosto de 2016. Johana Haddad confirmó que es una empresa controlada por González Testino.  El nombre de Aziolarefin aparece en el registro de otras compañías en España, Suiza y Panamá.

  Más tarde, la defensa precisó que tales USD 50 millones no eran depósitos o haberes en la cuenta, sino el valor de la empresa en los libros contables.

Destrucción de pruebas y plan de huida

  Johana Haddad también informó a Seguridad Nacional que recibió en, al menos, dos ocasiones, instrucciones de González Testino para destruir pruebas. Esto ocurrió después de que Seguridad Nacional retuviera los dispositivos del acusado en el aeropuerto de Miami. González instruyó a Haddad, luego de suministrarle la contraseña de su cuenta de correo electrónico, para que borrara los mensajes relacionados con el plan de sobornos.

  La segunda vez que González pidió a Haddad destruir pruebas fue el 26 de julio de 2018, cuando la llamó con carácter de urgencia y al estar esta en un hospital cuidando a su hijo, fue a buscarla allí para contarle que creía que el gobierno de Estados Unidos se estaba acercando a él y que iba a salir del país para irse a Venezuela. Le refirió que pensaba que el gobierno sabía acerca de la hoja de cálculo con el listado de sobornos y los apodos con que se identificaban los funcionarios de CITGO beneficiarios de los mismos, no sus nombres reales. Entonces González le ordenó a Johana Haddad que destruyera archivos, correos electrónicos, discos y copias de seguridad relacionados con el plan de sobornos. Haddad le recordó a González que ya había tomado la computadora portátil del trabajo y la había enviado por correo a Panamá, de acuerdo con una instrucción anterior que él mismo le había dado. Por tanto, no pudo hacerse la destrucción de pruebas. Haddad luego de esto se reunió con su abogado, quien la puso en contacto con Seguridad Nacional.

  Por información del agente Corbin Wickman, se conoció que José Manuel González Testino, igualmente, durante una reunión personal sostenida en Houston, le ordenó a un funcionario de CITGO a quien le refirió sus sospechas acerca de que el gobierno de EE. UU. conocía la existencia de la hoja de cálculo, que borrara los correos electrónicos relacionados con el esquema de sobornos. El empleado de CITGO obedeció y destruyó las pruebas. Esto habría ocurrido en julio de 2018. En ese mismo mes, específicamente el 27 de julio, González nuevamente se reunió con este funcionario de CITGO y le dijo que creía que estaba en problemas y por ello saldría de EE. UU. y se iría a Venezuela.

El arresto y los pasaportes

   Al enterarse el Departamento de Seguridad Nacional el 27 de julio de 2018 de los planes de José Manuel González Testino de abandonar Estados Unidos, se hicieron varias consultas que permitieron conocer que el acusado tenía un vuelo reservado para el lunes 30 de julio, saliendo de Miami con destino previsto a Caracas, Venezuela.

  Fue entonces que Seguridad Nacional diligenció la orden de arrestó y procedieron a esperar a González Testino en el aeropuerto para detenerlo. Sin embargo, el acusado no se presentó en esa fecha pues había cambiado la reservación para el 31 de julio. En la nueva fecha, cuando el acusado llegó al aeropuerto con su exesposa y su hija, fue detenido por agentes de HSI. Portaba un pasaporte estadounidense y un pasaporte venezolano, pues tiene doble nacionalidad. Estos pasaportes exhiben dos lugares de nacimiento de González Testino: el estadounidense dice que nació en Tennessee y el venezolano, que nació en Venezuela. Se sabe que González Testino tenía otro pasaporte venezolano que había usado en enero de 2018, pero del que se desconoce el paradero. HSI determinó que no se trata de una renovación, pues ambos pasaportes fueron utilizados para viajar en 2016, 2017 y 2018.

  Además de los pasaportes de EE. UU y Venezuela, se sabe que José Manuel González Testino tiene un pasaporte de los Caballeros de Malta, Knights of Malta, una sociedad católica u organización fraternal, una entidad soberana internacional que emite sus propios pasaportes, moneda y sellos postales, de la cual el acusado forma parte. La orden tiene una oficina en Roma, Italia, no tienen territorio, pero es reconocida en 12 países principalmente europeos. Estados Unidos no los reconoce. Por los testigos González y Haddad, González Testino buscó y obtuvo este pasaporte de los Caballeros de Malta por los privilegios de inmunidad diplomática que se otorga en algunos casos.

La información financiera del acusado

  El agente Wickman informó que escuchó el audio de la comparecencia inicial de González Testino ante un juez de instrucción al ser arrestado en Miami el 31 de julio de 2018, una audiencia en la el acusado tomó juramento y se le advirtió que podía ser procesado por perjurio si mentía. En dicha comparecencia a González Testino se le solicitó que proporcionara una divulgación financiera. Dijo que tenía un ingreso anual de aproximadamente USD 40.000, que tenía entre USD 5.000 y USD 7.000 en una cuenta bancaria en los Estados Unidos y que tenía una casa en Venezuela valorada en aproximadamente USD 30.000. González Testino negó ante el juez de instrucción que poseyera bienes en Estados Unidos.

  El Departamento de Seguridad investigó los movimientos migratorios de José Manuel González Testino desde 2015 a 2018 y comprobó que el acusó entró salió de Estados Unidos aproximadamente 150 veces, 28 de los cuales ocurrieron en 2018 hasta el día del arresto. Entradas y salidas que González Testino hizo, bien en vuelos comerciales, como en vuelos privados (7 en 2018 en tres aviones). Uno de estos aviones privados correspondió a la aeronave señalada por Johana Haddad como propiedad de González Testino. Se trataba del avión identificado con el número de cola N820JS, registrado a nombre de la empresa Agroven Agriculture, domiciliada en el 848 Brickell Avenue en Miami, Florida, donde González Testino tenía una oficina. Los hallazgos en los dispositivos del acusado revelaron que Agroven Agriculture era controlada por este.

Las debilidades del testigo de la fiscalía

  El abogado defensor de González Testino, Edward Shohat, interrogó al agente del Departamento de Seguridad Nacional, Corbin Wickman, quien en su primera declaración alertó no ser el agente a cargo del caso de José Manuel González Testino. Explicó que en el HSI opera un sistema de coagentes que en el paso particular del acusado estos son Matt Wood y Steve Bodak.

  Refirió que su actuación se limitó al 27 de julio de 2018, cuando fue informado de que González Testino estaría considerando su salida de Estados Unidos y procedió a realizar algunas de las consultas de la base de datos para verificar si había alguna reservación a nombre del acusado. Salvo eso, no participó en la investigación. Negó haber participado en el arresto o haber asistido al Aeropuerto Internacional de Miami el día de la detención. Por boca de los coagentes de caso supo que González Testino entró solo a la terminal aérea el 31 de julio y que su exesposa, María Díaz, y su hija, Isabel González, permanecieron en un vehículo a las afueras del aeropuerto. Refirió que en la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional denominado ATS, quedó registrado que tanto la ex-esposa como la hija de González Testino también tenían reservaciones para el mismo vuelo en el que el acusado pensaba abandonar EE. UU.

  El agente Wickman dijo desconocer por cuántos y cuáles contratos suscritos con PDVSA, el acusado José Manuel González Testino, pagó sobornos a César Rincón, testigo cooperante de la investigación que en el caso se identifica como CW-1. No estuvo en capacidad de responder si el acusado recibió dinero personalmente como resultado de algún pago de soborno a cambio de un contrato o si se le pagó en cualquier contrato que recibió como resultado de un pago de soborno. Tampoco pudo determinar el número de entrevistas que se le hicieron a César David Rincón.

 La defensa trató de que las notas que hizo el agente Wickman cuando estudió el caso e indagó en informes para poder hacer su declaración en esta audiencia, fueran tomadas como una declaración del testigo y que las mismas fueran reproducibles a la luz de la Regla 26.2 que versa sobre la prueba, pero el juez no lo permitió.

  Enfiló la defensa entonces a que el testigo discriminara cómo la totalidad de los sobornos, a saber USD 630.000, se habían destinado a cada uno de los tres tipos de pagos hechos supuestamente por González Testino a César Rincón, es decir que determinara cuánto se había pagado por obtener los contratos, cuánto por acelerar los pagos por parte de PDVSA a las empresas del acusado, y cuánto para que se aceptara hacer los pagos en dólares y no en bolívares, lo que el testigo no estuvo en capacidad de responder. Tampoco estuvo en capacidad de determinar cómo se había producido la participación del acusado en algunos aspectos contemplados en la acusación relativos a sobornos por compras específicas, contratos y asesorías del César Rincón a González Testino.

  No pudo determinar por cuántos y cuáles contratos recibió sobornos César Rincón de parte de González Testino, ni si estos contratos se concretaron en su totalidad, como tampoco las especificidades y objeto de dichos contratos.

  El agente convino con la defensa en que en la acusación no hay pagos de sobornos a funcionarios de CITGO, sino que únicamente se habla de pagos a una cuenta controlada por un familiar de César Rincón.

  La defensa trató de llevar al testigo al terreno de las conclusiones legales, cuando le requirió determinar según su experiencia si todos los pagos de sobornos a funcionarios extranjeros estaban cubiertos por la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, lo cual fue objetado por la fiscalía y concedido por el tribunal. Quería, a todas luces, desligar el caso de González Testino de lo contemplado en dicho instrumento legislativo y de allí solicitar su desestimación.

  Sobre los registros bancarios en instituciones de Suiza pertenecientes a tres corporaciones identificadas en la acusación como A, B y C, al no haberse recibido respuesta oficial, la defensa hizo destacar que no se poseía documentación bancaria que precisara que José Manuel González Testino esté vinculado a las tres cuentas bancarias.

  Otro camino de la defensa fue desestimar las aseveraciones de los testigos Morales y Haddad en razón de que sólo buscan obtener beneficios a cambio de suministrar información a las autoridades. Igualmente, dirigió su interrogatorio a desestimar las pruebas y documentos presentados por estos. También la defensa buscó que se le restara importancia al hecho de que su representado tuviera el pasaporte de los Caballeros de Malta llevando el asunto a lo puramente anecdótico, toda vez que el testigo no estaba en capacidad de determinar si González Testino lo utilizó alguna vez para viajar.

  Desconocía el agente Wickman que el testigo cooperante CW-2 es Roberto Rincón y, en tal sentido, llevó el interrogatorio a determinar que el verdadero responsable del pago de los sobornos sería este y no su defendido, pues la única alusión al acusado es que controlaba las empresas. Se trataba de las empresas Ameritraders Inc., RH International Consulting Inc. y Henry PDA International Holdings LLC de cuyas cuentas en Suiza se efectuaron los pagos de sobornos a cuentas de una empresa propiedad de un familiar de César Rincón. La defensa logró que el testigo admitiera que nada determinaba en la acusación —ni la propiedad de las empresas que el testigo no estaba en posibilidades de determinar tampoco—que José Manuel González Testino fuera el responsable directo de pagar los sobornos.

  La defensa finalmente, llevó a afirmar al agente Wickman no existían pruebas que permitieran establecer la existencia de cuentas bancarias pertenecientes a empresas en la que González Testino fuera signatario, ni el monto de las mismas.

  Para rebatir los argumentos de la defensa, la fiscalía llevó al agente Wickman circunscribirse al texto de la acusación que José Manuel González Testino conspiró para violar la Ley de Prácticas Extranjeras, cuyos extremos en su relación con Morales y Haddad se cumplieron para que dicha conspiración tuviera lugar.

(1)  http://eltiempolatino.com/news/2020/feb/20/contratista-de-citgo-y-pdvsa-se-declaro-culpable-e/

Así fue como Abraham Shiera Bastidas defalcó a PDVSA

  Una serie de documentos que aquí presentamos ilustran el esquema corrupto con el cual se expoliaron millones de dólares a la estatal petrolera.

Por Maibort Petit

   Documentos comprueban cómo Abraham José Shiera Bastidas, a través de su empresa Vertix Instrumentos S.A., la cual tenía la representación de la marca Rosemount en Venezuela, vendía con sobreprecios a PDVSA los transmisores de temperatura diferencial y presión manométrica, para lo cual contaba con la presunta complicidad de Gustavo Enrique Oses Gutiérrez, a cargo para la época de la Gerencia de Servicios Técnicos de Bariven, departamento encargado del registro de proveedores internacionales a través del sistema SAP.

 Shiera Bastidas, socio del magnate petrolero Roberto Rincón, procesado en la Corte del Distrito Sur de Texas donde se declararon culpables haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de Estados Unidos, destinada a combatir el pago de sobornos desde compañías estadounidenses a empresarios o funcionarios públicos extranjeros, aguarda por la sentencia al haber participado en un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero[1].

  Vertix es una empresa ampliamente cuestionada en cuya junta directiva figuraban Abraham José Shiera Bastidas (presidente),  Ricardo José Ricardo Bravo (Director), Fernando Ardila Rueda y Noel Antonio Maestre González, la cual está inhabilitada para contratar con el estado venezolano, pero hasta 2014 su certificado fue el N° 0000102300733718[2].

  Entretanto, Gustavo Oses está señalado de presuntamente participar en un esquema de corrupción que operó en Bariven y que habría permitido favorecer a determinadas empresas con el otorgamiento a discreción de jugosas órdenes de compra y contratos. La manipulación del sistema SAP habría servido a Oses alterar, según sus intereses, el registro de los proveedores internacionales de la estatal petrolera. Su aval en las era crucial[3].  

  En el caso que nos ocupa, de acuerdo a nuestras fuentes, se observa cómo se daban estas manipulaciones del SAP para favorecer a la empresa de Sheira, particularmente con la asignación de contratos para la adquisición de transmisores (de presión, temperatura, nivel, flujo, etc.), relacionados a la marca estadounidense Rosemount, la cual estaba representada en Venezuela por Vetrix Instrumentos S.A. En esta entrega mostramos dos comunicaciones y una serie de documentos que ilustran el esquema corrupto implementado que permitió el desfalco de millones de dólares a PDVSA. En ellos, aunque Oses apenas es mencionado, su figura silente es vital para el funcionamiento del esquema.

La advertencia de 2007

  El 27 de junio de 2007, Enrique Davis, de Soporte Operacional de Automatización de Plantas de la Gerencia de AIT de PDVSA Occidente, reenvió a Vanessa Rivera y a Pedro Martínez, un mensaje que ya había remitido el 6 de marzo de 2007 a Jacqueline Almarza, Víctor Cohen, Gustavo Oses, Tito José Osorio, Luis Prieto, Pedro Valdez y Danny Caicedo, cuyo asunto y contenido eran las “Observaciones sobre codificación SAP-Caso transmisores de temperatura diferencial y presión manométrica”.

  La comunicación refería una conversación previa sostenida con Tito Osorio de Bariven en La Salina, donde se planteaba el problema que se presentaba debido a los números SAP asignados a los transmisores de temperatura, presión diferencial y presión manométrica, los cuales tenían una "descripción de material" que incluía una mención explícita al fabricante estadounidense Rosemount (Emerson), además de incluir códigos de modelos específicos de esta marca (Rosemount de Emerson).

  Enrique Davis advertía que los números SAP de equipos completos debían darse, según especificaciones técnicas, sin mencionar marca alguna. Igualmente, subrayó que solamente en casos de repuestos específicos de equipos de determinados fabricantes, se podrían hacer referencia a una marca.

  También alertó que un convenio de partes y repuestos como el descrito referido a transmisores, “no debería utilizarse para adquirir los transmisores completos, sino sólo algunas ‘partes’ que sirvan como ‘repuestos’ para reparar los transmisores existentes en una instalación dada. También es de suponer que los precios dados en el marco de un ‘convenio’ deberían de ser más económicos para PDVSA que los dados por la misma empresa sin dicho ‘convenio’".

  El correo ejemplificó que, en el caso de los transmisores, podían comprarse partes de una marca y de otra en algunos de sus componentes. Subrayó que no es necesario reparar averías usando partes de la misma marca y modelo.

  En específico, Enrique Davis refirió que había asistido el 1º de marzo, a una presentación el Comité Técnico Permanente de ingeniería y Automatización (CTPIA), en la que José Argüello, de la empresa Sincotec, la cual representa al fabricante de transmisores marca Yokogawa (Japón), alertó que los precios en dólares de los transmisores Rosemount se estaban ofreciendo a PDVSA, se habían triplicado en 2006 respecto a 2002.

   Subrayó Davis de Argüello había trabajado hasta 2006 con la empresa Vertix, la cual representa a los transmisores marca Rosemount, por lo que los datos y documentos presentados por este era muy probable que fueran fiables.

  La comunicación destacó que los precios dados a PDVSA para transmisores Yokogawa, eran casi la mitad de los ofertados por Rosemount.  Una observación que igualmente aplicaba en el caso de los transmisores SMAR (Brasil), de acuerdo a información suministrada por la Empresa Eleinca. La cual era representante del fabricante de los citados transmisores SMAR que, para la fecha, ensamblaba algunos modelos en Barquisimeto.

  Del mismo modo, Enrique Davis señaló que habían suscrito “Contratos Marco para el Suministro de Partes y Repuestos", en los que se incluían los equipos, a saber, los transmisores, completos, además de los sensores. El monto de algunos de estos contratos oscilaba los Bs. 16 millardos.

   La comunicación de Davis concluyó con la petición de que se realizara una revisión y se cambiaran las especificaciones dadas en los campos "‘descripción de materiales’ para los distintos números SAP correspondientes a los Transmisores y Sensores de variables comúnmente usadas (temperatura, presión, flujo, entre otros), de tal manera que no aparezca mención explícita de marcas y modelos de fabricantes específicos”.

La Minuta de CTPIA

  La minuta de la reunión en la que Enrique Davis refiere que José Arguello (Sincotec) advirtió del incremento del precio de los transmisores de Rosemount, recoge el citado gerente de ventas de la empresa ofertante, que representa al fabricante Yokogana, en su presentación “de las características técnicas y económicas de los equipos de instrumentación y control que fabrican y que son distribuidos a nivel nacional por la empresa Sincotec. Los equipos son: transmisores de nivel y presión, medidores de flujo, etc. Asimismo, presentó una tabla comparativa de precios de fabricantes de equipos similares, en las cuales se observó desviaciones de dos a tres veces por encima a los precios de Yokogawa. De esto se ha informado al personal de PDVSA que tiene que ver con el proceso de selección y procura de los equipos, para que analicen tales desviaciones con los equipos de Yokogawa que cumplen con los requisitos técnicos exigidos por PDVSA”.

  Se acordó remitir esta presentación a la gerencia general de PDVSA Occidente y a la gerencia de Bariven.

La presentación de Argüello

  El gerente de ventas de Sincotec, José Argüello, en una sección de su presentación ante el Comité Técnico Permanente de ingeniería y Automatización (CTPIA), refirió que en la licitación general Nº 660008234, referida al contrato marco para el suministro de Transmisores de presión estática diferencial y temperatura convocada el 26 de junio de 2001, se otorgó la buena pro a la empresa Vertix Instrumentos el 3 de diciembre de 2001.

  En dicho proceso, la empresa Eleinca fue descalificada en la evaluación técnica, quedando en la competencia la empresa Honeywell cuya oferta fue de Bs. 2.333.210.612,34, mientras que la de Vertix fue de Bs. 2.097.623.968,00.

   Argüello se remitió a otros contratos marcos de la fecha, a saber 2001, cuyos montos variaban entre Bs. 1.500.000.000 y Bs. 3.000.000.000.

  En la comparación que Argüello hace los precios de 2002 con los de 2006, subrayó los significativos incrementos de los mismos en sus montos en dólares, los cuales se triplicaban como puede verse a continuación:

  La presentación estableció una comparación entre los precios ofrecidos por la empresa Yokogawa y los de la empresa Rosemount, representada en Venezuela Vertix, cuaya diferencia oscilaba entre el 14,82 por ciento y el 33,90 por ciento.

  José Argüello advirtió sobre la inconveniencia de los convenios que PDVSA había suscrito con la empresa proveedora de Rosemount en Venezuela, toda vez que no se contemplaba el suministro de partes y piezas, sino de equipos completos, lo cual era perjudicial para la petrolera estatal.

  Reconocía que cuando se tratara de equipos de instrumentación completos, sí era recomendable para PDVSA proceder con contratos marcos basados en licitaciones generales.

Sobre Eleinca

  La empresa Eleinca, representante de los transmisores marcar SMAR (Brasil) descalificada en la licitación, por supuestamente no reunir los requerimientos técnicos, había sido contratada por el estado venezolano para trabajos y suministros similares en Barquisimeto.

  De hecho, la Comisión Presidencial de Compras del Estado fechada el 14 de abril de 2005, certificó a Eleinca C.A. dado que satisfacía los criterios técnicos y ambientales exigidos por Venezuela.

Eleinca contaba con la certificación bajo la Norma ISO 9001:2000.

  Eleinca fue descalificada a pesar de conclusiones y recomendaciones emitidas en un informe de evaluación del Programa de Sustitución Selectiva de Importaciones y Rueda de Negocios, identificado con el código CCSCAIT0601-IIE0800, fechado el 9 de noviembre de 2006, relativo al proyecto “Transmisores de presión y temperatura marca SMAR ensamblados en Venezuela por Eleinca C.A.”.

  Allí se estableció que los “resultados de las pruebas y observaciones realizadas a la muestra de transmisores de presión marca SMAR modelo LCD301 y de temperatura marca SMAR modelo TT301, ambos ensamblados en Venezuela por la empresa venezolana ELEINCA C.A., son satisfactorias e indican que los mencionados equipos cumplen con las características técnicas, funcionales y de seguridad que les permiten ser usados en los procesos de la industria petrolera y petroquímica nacional”.

  Se recomendó avalar “el uso en la industria petrolera y petroquímica nacional de los transmisores de presión marca SMAR modelo LD301 y de temperatura marca SMAR modelo TT301, ambos ensamblados en Venezuela por la empresa ELEINCA C.A.”.

Otra advertencia de Davis

  El 30 de enero de 2012, Enrique Davis, de AIT PDVSA Occidente, remitió otro correo a Andreina Reyes, en el que reenviaba una comunicación que el 24 de enero de ese mismo año 2012 había remitido a Fabiola Soriano, Alexander Pirela, Alexis Briceño, y Gerardo Queipo, cuyo asunto tenía que ver con una serie de observaciones sobre la lista de empresas de Bariven.

  En la comunicación, nuevamente Davis advertía sobre irregularidades en los procesos de compras.

  Específicamente, reportaba que Bariven PSI estaba convocando a empresas de las que solamente dos fabricantes de hasdware PLC eran reconocidos, a saber, Invesys (Triconex) y Honeywell.

  Se preguntaba Davis el porqué de esta situación, sobre todo cuando había “cantidad de conocidos y tradicionales fabricantes, por no hablar de los nuevos que se están conociendo, no entiendo qué es lo que está ocurriendo en Bariven PSI”.

  Igualmente se interrogaba: “¿Cuál es el criterio para elegir a las empresas? ¿Por qué no toman en cuenta a TODAS las empresas que se sugiere, además de incluir cualquiera adicional que considere Bariven PSI?”.

  Puntualizaba que a Bariven se le habían sugerido los proveedores Invensys (PLC Triconex); Siemens; Rockwell Automation (Perú); Schneider (PLC Modicon); y HIMA (PLC HIMAX).

  Subrayó que para la fecha en que remitía el correo, solamente Inveys (triconex), había presentado una oferta para evaluación técnica. Igualmente refirió que, en un proceso anterior muy similar, HA63014541, concursaron tres empresas, de las cuales las dos ofertas válidas para evaluación eran de los fabricantes Rockwell y HIMA, habiendo ganado la primera la licitación.

  A esta comunicación, Fabiola Soriano contestó el 24 de enero de 2012, remitiéndole a Enrique Davis la lista de los acreedores invitados a participar en el proceso.

  Davis había remitido otro correo a Soriano con fecha errada del 1º de agosto de 2011, que corrigió en otro mensaje, siendo la fecha correcta 23 de enero de 2012, en el que pedía verificar si existía un solo ofertante, “dado que todos los archivos así lo indican (todos son de INVENSYS, Triconex). De ser así, y existir un sólo ofertante, por favor verificar que en efecto se llamó a varios fabricantes, indicando a cuáles por favor”.

 

CITAS

[1] El Tiempo Latino. “Posponen sentencia de contratistas de PDVSA y CITGO, acusados de corrupción por EE.UU.”. 28 de enero de 2020. http://eltiempolatino.com/news/2020/jan/28/posponen-sentencia-de-contratistas-de-pdvsa-y-citg/

[2] Venezuela Política. “Abraham Shiera: Socio necesario de Roberto Rincón para obtener fraudulentamente contratos de PDVSA”. 24 de septiembre de 2016. https://www.maibortpetit.info/2016/09/abraham-shiera-socio-necesario-de.html

[3] El Pitazo. “Una oficina paralela a Bariven-Holanda funcionó desde Caracas para otorgar contratos millonarios”. 7 de agosto de 2016. https://archivo.elpitazo.net/sucesos/una-oficina-paralela-a-bariven-holanda-funciono-desde-caracas-para-otorgar-contratos-millonarios/ 

Ex-contratista de PDVSA fue sentenciado a 4 años de cárcel y a pagar 3 millones de dólares por delitos de corrupción

Por Maibort Petit

@maibortpetit

   El ex-contratista de Petróleos de Venezuela, Juan José Hernández-Comerma fue sentenciado por un juez de Houston a 4 años de cárcel (48 meses) y a pagar 3 millones de dólares proveniente de su actividad criminal. El convicto formó parte de la trama de corrupción encabezada por los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera, en el cual se pagaron más de mil millones de dólares en sobornos a funcionarios de PDVSA para recibir  jugosos contratos de la petrolera.

    Hernández-Comerma se declaró culpable de dos cargos que violaron la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Título 15, Código de los Estados Unidos. 

       

      El excontratista trabajó para las empresas de Abraham Shiera en 2008, y luego pasó a ser socio del mencionado empresario cuando adquirió el 17 por ciento de una de las entidades que formaron parte del esquema de corrupción denunciado por el gobierno de Estados Unidos  en 2017. La acusación señala que los involucrados, pagaron sobornos a los funcionarios de Bariven, en la oficina de la petrolera venezolana en Houston, Texas, con lo cual se beneficiaron las empresas registradas en EE. UU. de Shiera y sus asociados.

   La corte notificó al ex-contratista que toda las propiedades, reales o personales, que constituyan o se deriven de su actividad criminal están sujetas a la confiscación. Su sentencia de dinero es de USD 3 millones de dólares.

   En su acuerdo de declaración de culpabilidad se estipuló y acordó que la base fáctica incluyó la pérdida del producto de los contratos de PDVSA asociado con los pagos de sobornos realizados por Hernández Comerma y sus conspiradores.

Cambian nuevamente la fecha de la sentencia de contratistas corruptos de PDVSA, Roberto Rincón y Abraham Shiera

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Nuevamente la Corte del Distrito Sur de Texas cambió la fecha de la lectura de la sentencia de los ex contratistas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera, acusados de haber participado en un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero. La prórroga  fue fijada para el 19 de febrero de 2020. La misma estaba prevista para el 31 de julio de 2019.

Una vez más el juez del Distrito Sur de Texas, Gray Miller emitió un comunicado en el cual fija la nueva fecha de la condena para el 2020. La razón del cambio se debe a los nuevos elementos del caso. Rincón y Shiera fueron arrestados en diciembre de 2015.

El 19 de febrero del 2020 también serán sentenciados dos conspiradores del caso Rincón-Shiera y ex-contratistas de PDVSA,  Charles Quintard Beech III y Fernando Ardila-Rueda 

El caso Rincón- Shiera y la máxima corrupción en PDVSA 

El expediente Rincón-Shiera se ha ampliado tras las acusaciones en contra de otros participantes en la la trama de corrupción en la cual se pagaron sobornos a funcionarios de la petrolera estatal por montos superiores a los mil millones de dólares entre los años 2009 y 2014. Ambos demandados se declararon culpables de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EEUU, destinada a combatir el pago de sobornos desde compañías estadounidenses a empresarios o funcionarios públicos extranjeros.

Rincón y Shiera han suministrado información al gobierno norteamericano en el marco del acuerdo de cooperación para bajar sus sentencias. Gracias a los datos entregados por los dos sujetos a la fiscalía estadounidense, el gobierno logró ubicar y embargar unas 730 cuentas bancarias, la mayoría en en bancos de Suiza y Panamá, en la que aparecen involucrados funcionarios de Pdvsa y otros supuestos empresarios que hacen vida económica en los EEUU y que están vinculado al enorme esquema de corrupción. También ha emitido nuevas demandas y órdenes de captura contra otros indiciados.

La acusación del gobierno de los Estados Unidos señala que las empresas de Shiera y Rincón fueran colocadas en los paneles de licitación de Pdvsa, lo que permitió obtener contratos lucrativos de energía con Petróleos de Venezuela, que por lo general cotizaban con un abultado sobreprecio causando un daño patrimonial a Pdvsa que aún no ha sido calculado.

Rincón y Shiera gozan de libertad condicional tras haber pagado sendas fianzas de cinco millones y un millón de dólares respectivamente. Rincón pasa sus días preso en su mansión de 7.1 millones de dólares ubicada en el rico vecindario de The Woodlands en Houston, mientras que Shiera se encuentra en su residencia en Miami.

Durante su periodo en libertad provisional, los dos acusados permanecerán detenidos en sus hogares bajo supervisión y con la imposibilidad de salir salvo por necesidad médica o religiosa y para asistir a citas con su abogado u otros funcionarios judiciales, según establecen las dos órdenes dadas a conocer por la corte en agosto de 2016.

Ex empleados de PDVSA se declara culpable de haber violado su acuerdo de cooperación con E.E. U.U.

El demandado violó el acuerdo de cooperación que había firmado con el gobierno estadounidense al informar a la persona investigada  (Co-conspirador 1) todos los términos de las reuniones que había tenido con los fiscales y las razones por las cuales era objeto de investigación. El co-conspirador sería José Manuel González Testino arrestado en julio de 2018 en el aeropuerto de Miami cuando se disponía abandonar el país.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

El ex funcionario de adquisiciones de Petróleos de Venezuela, Alfonso Eliezer Gravina Muñoz, se declaró culpable en un tribunal de Texas por haber participado en un plan para obstruir una investigación relacionada con el pago de sobornos por parte del sueño empresas con sede en EE. UU. a funcionarios del gobierno venezolano a cambio de asegurar contratos con PDVSA y prioridad de pago en las facturas pendientes. Este caso está ligado a la investigación de los contratistas Roberto Rincón y Abraham Shiera.

La información fue dada a conocer por el fiscal general adjunto de la División de lo Penal del Departamento de Justicia,Brian A. Benczkowski,  el fiscal federal Ryan K. Patrick del Distrito Sur de Texas y el agente especial a cargo Mark Dawson de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la Oficina de Inmigración y Aduanas de los EE. UU. 

Gravina Muñoz, de 56 años, de Katy, Texas, trabajó en la sede de PDVSA en Houston. El hombre se declaró culpable de conspirar para obstruir un procedimiento oficial ante el Juez de Distrito, Kenneth M. Hoyt en la corte federal de Texas.

Gravina Muñoz será sentenciado 19 de febrero de 2019 ante el juez Gary H. Miller. el sujeto. Fue acusado formalmente el 15 de noviembre.

De acuerdo a la información suministrada por la fiscalía, Gravina se declaró culpable el 10 de diciembre de 2015 de un cargo de conspiración para lavar dinero y un cargo de hacer declaraciones falsas en su declaración de impuestos federales. 

Desde ese momento, Gravina Muñoz empezó a cooperar con el gobierno de los Estados Unidos con lo cual podría conseguir  una moción para reducir su sentencia basándose en la información que entregaría los fiscales. 

Según los términos del acuerdo de culpabilidad, Gravina aceptó participar en las entrevistas solicitadas por el gobierno y proporcionar "información veraz, completa y precisa" a los agentes y fiscales.

Después de su declaración de culpabilidad en diciembre de 2015, Gravina se reunió periódicamente con agentes especiales de Seguridad Nacional para proporcionar información sobre la corrupción en PDVSA.

A pesar de saber que las autoridades de EE. UU. estaban investigando la corrupción en PDVSA y, específicamente, que a principios de 2018, el gobierno se estaba centrando en los sobornos pagados por compañías controladas por un individuo denominado Co-Conspirador 1 en la acusación en este caso, Gravina ocultó  datos  sobre los pagos de soborno de Co-Conspirator 1 a funcionarios de PDVSA en sus entrevistas con el gobierno, dijeron los fiscales.

Además, Gravina informó al Co-Conspirador 1 que las autoridades del gobierno de los Estados Unidos lo estaban investigando y le proporcionó información sobre la investigación al Co-Conspirador 1, incluidos los temas tratados en las reuniones de Gravina con el gobierno. 

Esta transmisión de información condujo a la destrucción de pruebas por parte del co-conspirador 1 y otros, y al intento del co-conspirador 1 de huir del país en julio de 2018.

Gravina se convierte en la última persona en declararse culpable como parte de una investigación más amplia y en curso del gobierno de los Estados Unidos sobre sobornos en PDVSA. 

Sobre esta investigación relacionada con el caso de Roberto Rincón, el Departamento de Justicia ha anunciado las declaraciones de culpabilidad de un total de 15 personas.

José Manuel González Testino

Aunque la fiscalía no reveló el nombre del co conspirador, dueño de empresas ubicadas en Estados Unidos, en los récords de las personas arrestadas en el mes de julio de 2018 en el aeropuerto queriendo abandonar el país y vinculadas a este caso sólo aparece el nombre de José Manuel González Testino.

González Testino controlaba múltiples empresas y fue detenido el 31 de julio de 2018, en el aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba abandonar el país. Este es el arresto número 17 relacionado con un enorme esquema de corrupción y lavado de dinero que investiga la Fiscalía del Distrito Sur de Texas y que involucra a varios funcionarios del gobierno del fallecido Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro.

El sujeto es acusado de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y pagar sobornos a un funcionario extranjero en violación de la FCPA.

La acusación señala que González y otro conspirador pagaron al menos $ 629,000 en sobornos a un ex funcionario de PDVSA a cambio de lograr contratos de PDVSA a favor de las empresas de González, dar prioridad a los pagos de sus compañías y otorgar a contrataciones de PDVSA en dólares estadounidenses en lugar de bolívares venezolanos.

El anunció fue hecho por el Fiscal General Adjunto, Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Ryan K. Patrick del Distrito Sur de Texas y el Agente Especial a Cargo Mark Dawson de la Oficina de Campo de Houston de Inmigración y Aduanas del Servicio de Inmigración y Aduanas (HSI).

Con el arresto de González, el Departamento de Justicia anunció cargos contra 17 personas, 12 de las cuales se declararon culpables, como parte de una investigación más amplia y en curso del gobierno de los EE. UU. Sobre sobornos en PDVSA. HSI en Houston está llevando a cabo la investigación en curso con la asistencia de HSI en Boston y Miami dice el comunicado del gobierno y añade que los abogados litigantes Sarah E. Edwards y Jeremy R. Sanders de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal y los Fiscales Federales Auxiliares John P. Pearson y Robert S. Johnson del Distrito Sur de Texas están procesando el caso. La Asistente de la Fiscal de los Estados Unidos Kristine Rollison del Distrito Sur de Texas están manejando los aspectos de confiscación del caso. 

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