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jueves, 3 de septiembre de 2020

Lo que puede revelar Carmelo Urdaneta Aquí en corte de la Florida sobre la corrupción en PDVSA

 Se cree que el ex-asesor legal de la estatal petrolera, podría suministrar valiosa información sobre el círculo de Nicolás Maduro.

Por Maibort Petit

  Desde su llegada territorio de los Estados Unidos, la expectativa se incrementa día a día ante las posibles revelaciones que el ex-asesor legal de Petróleos de Venezuela S.A., Carmelo Urdaneta Aquí, pudiera hacer acerca de los niveles de corrupción imperantes en la petrolera estatal venezolana. Por lo pronto, el exfuncionario del Ministerio de Energía y Petróleo habría comenzado a dar detalles sobre el refinado esquema de lavado de dinero que permitió esquilmar más de USD 1.200 millones a PDVSA.

  El fraude fue descubierto gracias a una investigación encubierta desarrollada por la Fuerza de Tarea de Delincuencia Organizada y Control de Drogas (OCDETF), la cual se conoció como “Money Flight” a partir de la información suministrada por una Fuente Confidencial (CS, por las siglas en inglés de Confidential Source), quien, en 2016, le dijo a las autoridades de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami (HSI) que operadores financieros venezolanos lo contactaron con la intención de lavar USD 78 millones provenientes de operaciones irregulares cometidas a la luz del sistema de control cambiario que rige en Venezuela con PDVSA como instrumento de legitimación. La operación se realizaría entre la petrolera y una firma de maletín, Rantor Capital.

  Los protagonistas de la trama, conocido como los “bolichicos”, jóvenes hechos millonarios a través de negociaciones fraudulentas llevadas a cabo en connivencia con funcionarios del chavismo, terminaron legitimando USD 1.200 millones de los cuales una parte se convertiría en sobornos a los funcionarios de PDVSA que facilitaban los contratos.

  Desde entonces, quien suministró los datos de la operación, se convirtió en CS y continuó aportando información a las autoridades estadounidenses.

  Urdaneta Aquí huyó de Venezuela hace pocos días a territorio colombiano, donde agentes federales estadounidenses lo recibieron en la frontera y lo llevaron a Florida, donde enfrentará los cargos de que se le acusa en el Corte del Distrito Sur.

 Se espera que Urdaneta podría suministrar valiosa información a los fiscales estadounidenses con relación al círculo de Nicolás Maduro y los empresarios que se han enriquecido gracias a la corrupción imperante en Venezuela.

Los actores del fraude

  Aunque en esta entrega nos concentraremos en las actividades de Carmelo Urdaneta Aquí, debemos suministrar informar quiénes lo acompañaron en sus negocios irregulares.

  Así tenemos que, aparte del ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería, Carmelo Urdaneta Aquí, participaron en la trama el venezolano Francisco Convit Guruceaga, quien actuaba con el Conspirador 2.

  José Vicente Amparan Croquer, alias "Chente", es blanqueador de dinero venezolano que estaba asociado con los Conspiradores 5 y 6, así como con la “Compañía europea 1” en España, una entidad de blanqueo de capitales que opera bajo el camuflaje de una firma de inversión inmobiliaria. Amparan Croquer igualmente está relacionado con la "Institución Financiera Europea 1", ubicada en Malta, firma de inversión privada usada para lavar dinero.

  Luego tenemos a Abraham Edgardo Ortega, venezolano y exdirector ejecutivo de Finanzas de PDVSA.

  Otro involucrado es Gustavo Adolfo Hernández Frieri, colombiano naturalizado estadounidense, un lavador de dinero profesional que utiliza sus firmas financieras, Global Security Advisors (GSA) y Global Strategic Investments, en Miami, para lavar dinero con inversiones de fondos mutuos falsos.

  Hugo Andre Ramalho Gois, un blanqueador de dinero portugués asociado con Amparan Croquer.

  12. Matthías Krull, banquero alemán y residente panameño, representante de un gran banco suizo, especializado en clientes venezolanos. Actuaba asociado con Conspirador 7 y otros que, además, gestionaba las actividades "bancarias" de numerosos funcionarios y cleptócratas venezolanos.

   Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, uruguayo que integra un grupo propietario de al menos un banco estadounidense que facilita el lavado de dinero y está asociado con Gustavo Adolfo Hernández Frieri.

  Los Conspiradores, identificados del 1 al 9, son algunos de los miembros adicionales de la trama que no fueron acusados y entre los que se incluyen exfuncionarios de PDVSA, socios de Convit Gurruceaga y lavadores de dinero profesionales de terceros.

Los Funcionarios Venezolanos, identificados del 1 al 3, son funcionarios extranjeros.

Un sistema corrupto que permite el fraude

  A través de la declaración jurada, presentada el 23 de julio de 2018 por el Agente Especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, Homeland Security Investigations), Georges F. Fernández, ante la Corte del Distrito Sur de Florida con relación al caso Nº 10-MJ-03119-Torres en el que los Estados Unidos de América demandan a Francisco Guruceaga y otros, se conoce cuál fue la participación de Urdaneta Urdaneta en la supuesta operación de lavado de dinero.

    Los hechos narrados por Fernández acerca de la investigación desarrollada por HSI, se estableció que existe una causa probable de que los demandados hayan conspirado para lavar instrumentos monetarios, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h), y hayan realizado viajes y utilizado instalaciones de comercio interestatal y extranjero para promover actividades de lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1952.

   En específico, la declaración de Fernández se emitió en apoyo de una denuncia penal en la que se acusa a Carmelo Urdaneta Aquí, a Francisco Guruceaga, a José Vicente Amparan Croquer alias "Chente", a Abraham Edgardo Ortega, a Gustavo Adolfo Hernández Frieri, a Hugo Andre Ramalho Gois, a Matthias Krull, a Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, de la comisión de los citados delitos.

   En principio se explica cómo el sistema de control de cambio que rige en Venezuela se convirtió en una fuente de irregularidades, toda vez que el diferencial entre la tasa fija y la real es tan extremadamente grande, que permite el fraude y el abuso. Se indica, en este sentido, que las estimaciones para la época ubicaban el fraude cambiario en unos USD 20.000 millones de bolívares anuales.

  Luego de una serie de consideraciones acerca del sistema venezolano, el papel de PDVSA en los fraudes y el alto nivel corrupción existentes en el país, se especifica que el caso en cuestión inició en diciembre de 2014, cuando el esquema de cambio de moneda permitió desfalcar alrededor de USD 600 millones de PDVSA, provenientes del soborno y el fraude. Los demandados procuraron a CS para lavar una parte de dichos fondos. Posteriormente, en mayo de 2015, la conspiración se había duplicado, es decir, alcanzaba los USD 1.200 millones desfalcados de PDVSA.

   Los hechos de la conspiración establecidos a continuación están evidenciados por comunicaciones y documentos electrónicos, registros gubernamentales, registros financieros, grabaciones de conversaciones telefónicas y reuniones en persona y declaraciones de CS.Convit & Urdaneta se acercan a la CS.

El papel de Urdaneta Aquí en la trama

  El documento de la corte refiere que la conspiración establecidos está evidenciada con comunicaciones y documentos electrónicos, registros gubernamentales y financieros, grabaciones de conversaciones telefónicas y reuniones en persona y declaraciones de CS con los demandados.

  Así, se conoció que, en 2014, Carmelo Urdaneta Aquí y Francisco Convit Gurruceaga establecieron contacto con CS para ofertarle USD 100 millones a un tipo de cambio favorable de bolívares y sin que la Fuente Confidencial tuviera que afrontar los bolívares, propuesta que aceptó en razón de que tenía clientes en Venezuela a quienes vender los dólares. Por negocios anteriores, CS sabía que los dólares provenían de contratos de intercambio con PDVSA.

  En enero de 2015, Convit, Urdaneta y CS continuaron discutiendo los términos de la operación a través de chats de BlackBerry Messenger (BBM). El primero retrasó la entrega del contrato de divisas a CS, lo cual no le preocupó porque los fondos provenían de una empresa regulada de gestión de activos, "Institución Financiera Europea 1", que la CS podría explicar banco receptor la negociación.

  La Fuente Confidencial instruyó a Convit Gurruceaga que transfiriera los fondos de la Institución Financiera Europea 1 a una cuenta perteneciente a un fideicomiso, del cual la CS era el beneficiario final. Para el 12 de febrero de 2015, CS había recibido aproximadamente 78,8 millones de euros en el citado fideicomiso en cuatro transferencias bancarias separadas a partir del 14 de enero de 2015.

  El 6 de febrero de 2015, CS le pidió con carácter urgente el contrato de divisas entre él y la Institución Financiera Europea 1, a objeto de presentarla ante el departamento de cumplimiento del banco. Convit le remitió un contrato falso entre una empresa fantasma de Hong Kong, Eaton Global Services Limited, y el fideicomiso de CS, con una firma falsificada en nombre del fideicomisario. El negocio de la empresa fantasma era la concesión de préstamos a PDVSA.

  Cuando el 9 de febrero de 2015, CS dijo que no podía usar el contrato falso, Convit y Urdaneta le aseguraron que dicho contrato no había sido utilizado ni entregado a ningún banco. La Fuente Confidencial pidió los contratos de intercambio subyacentes originales y quedaron que Urdaneta le entregaría en Venezuela las copias físicas que poseía. Para ese momento Urdaneta Aquí explicó que los había obtenido de “Conspirador 1”, un exfuncionario de PDVSA.


Toda esta documentación la proporcionó CS a las autoridades de HSI-Miami y revelan el origen de los fondos de PDVSA y la naturaleza del esquema.


Para el mes de abril de 2015, la Fuente Confidencial comenzó a hacer pagos en efectivo en Venezuela en la dirección de Carmelo Urdaneta Aquí y Conspirador 1, así como Oficial Venezolano 1 que totalizaron USD 1 millón.  En total, CS realizó transacciones por 15 millones de euros durante el verano de 2015, incluidas varias transacciones electrónicas en dólares bajo la dirección de los demandados. Esto ocurrió hasta que CS se negó a realizar más pagos. Convit y Urdaneta presionaron y, en noviembre de 2015, convocaron a una reunión en la oficina de Francisco Convit en Venezuela en la que también participó José Vicente Amparan Croquer. La reunión se llevó a cabo con tono amenazante de Convit quien, incluso, tenía una pistola sobre la mesa y un pastor alemán con un collar de choque al lado, sobre el que dijo que no siempre lo podía controlar.


Amparan informó a CS que el contrato de empresa conjunta falso se había entregado a los bancos de la Institución Financiera Europea 1 en Canadá y Malta, por lo que era imposible reemplazarlo por un contrato simple de forex y que se necesitaban contratos falsos adicionales. CS solicitó devolver los fondos de PDVSA y revertir las transacciones, pero le dijeron que eso era imposible.


Desde febrero de 2016, la Fuente Confidencial comenzó a grabar las conversaciones con los demandados y otros conspiradores.


De esto modo quedó evidenciado que CS trabó en Carmelo Urdaneta Aquí, Abraham Edgardo Ortega y Conspirador 1 para contabilizar y distribuir los fondos de PDVSA para ellos mismos y otros y, además, que Amparan fue suministró los contratos falsos adicionales necesarios para la operación.


Una de estas grabaciones, registrada el 19 de febrero de 2016, cuando CS se quejó por no haber recibido los documentos adicionales de Amparan, Carmelo Urdaneta se comprometió a “fastidiar” a Convit, a Amparan y a Conspirador 1, sobre los contratos. Urdaneta Aquí dijo que estaban siendo “golpeados” por la “asamblea” en referencia a funcionarios venezolanos corruptos.


El registro de otra reunión que tuvo lugar el 7 de marzo de 2016 entre Carmelo Urdaneta Aquí y la Fuente Confidencial se hablo del recibo y gasto de los fondos de PDVSA hasta la fecha, a saber, más de USD 78 millones. Se estableció cuánto pertenecía a Conspirador 1 (USD 14.540.725) y otros gastos, incluidos los pagos al Funcionario Venezolano, quien había autorizado el contrato de préstamo subyacente de PDVSA. Urdaneta estuvo de acuerdo y, seguidamente discutieron el plan de Amparan para hacer nuevos contratos falsos que justificaran la transacción. Urdaneta Aquí estaba preocupado de que se dejaran rastros de las cuentas. A esta reunión se unió Conspirador 1 y revisó con Carmelo Urdaneta una hoja de cálculo con los pagos y gastos en efectivo creados por CS.


Otra reunión habida el 9 de marzo de 2016, sirvió para que Urdaneta Aquí y Amparan ejecutaran el plan para reemplazar el falso acuerdo de empresa conjunta con nuevos documentos.


Un apartamento como instrumento de lavado


El registro de una llamada ocurrida el 12 de mayo de 2016 entre CS y Carmelo Urdaneta Aquí, se conversó un encuentro previo de la Fuente Confidencial con Amparan en la que pautaron el plan de lavado de bonos en mora.


Urdaneta hizo referencia a la compra de un costoso apartamento en Miami por el cual ya había pagado un importante depósito y cuya negociación, por presión del desarrollador, debía cerrarse en 60 días. Urdaneta acordó enviar a CS la notificación del desarrollador.


Después, Urdaneta Aquí remitió a CS una imagen de un correo electrónico del 10 de mayo de 2016 del desarrollador de Porsche Design Tower en Miami, informándole del próximo cierre de la unidad. Dado que en el correo electrónico se advertía de que tomar el título de una empresa o fideicomiso podía generar requisitos de informes del FinCEN, algo que preocupaba a Urdaneta Aquí. Discutió formas de minimizar el riesgo y sugirió formar una nueva empresa con su esposa como beneficiaria final.


Otra llamada grabada con Carmelo Urdaneta el 17 de mayo de 2016, este discutió la transferencia del condominio de Miami con la equidad del pago inicial de Urdaneta a Amparan como una tarifa por los servicios de lavado de este último. Amparan y CS discutieron usar el condominio de Miami como tarifa y seguir adelante con el plan de lavado de bonos en incumplimiento.


Este apartamento, valorado en USD 8 millones, fue confiscado por las autoridades de Estados Unidos en 2018[1].


Los bonos


Un chat de BBM del 21 de noviembre de 2016, refiere que José Vicente Amparan Croquer informó los detalles de una compra fraudulenta adicional de bonos para lavar los fondos de PDVSA de Carmelo Urdaneta, lo cual se llevaría a cabo a través de un corredor de bolsa del Reino Unido, que vendrí a ser la "Institución Financiera Europea 2".


El registro de una reunión el 1 de marzo de 2017, refiere que CS se reunió con Carmelo Urdaneta, José Vicenete Amaparan Croquer, los conspiradores 5 y 10, y Hugo Andre Ramalho Gois, en las oficinas de la Compañía Europea 1 en Madrid, España. Antes de la reunión, Urdaneta advirtió a CS que no debería preocuparse por el falso contratista de empresas conjuntas sino por los Estados Unidos. Con esta reunión, Urdaneta Aquí quería tranquilizar a CS sobre la participación de Amparan Croquer.


El 26 de abril de 2017, Gois y de Urdaneta Aquí, compró una U.K. GILT de 5 millones de libras. El 20 de junio de 2017, el CS, a solicitud del Gois, ordenó a su banco que "entregara gratuitamente" el GILT a una cuenta abierta para el CS en la Institución Financiera Europea 2, en la cual la Fuente Confidencial supervisaría una operación de cambio del GILT por un bono sin valor por separado, de modo que los fondos pudieran finalmente transferirse y ocultarse para Carmelo Urdaneta. Luego siguieron discutiendo el movimiento de los fondos de PDVSA de Carmelo Urdaneta hasta 2018.


 


 



[1] Efecto Cocuyo. “Un apartamento en la torre Porsche, entre los bienes incautados en la Operación Fuga de Dinero”. 20 de agosto de 2018. https://efectococuyo.com/politica/un-apartamento-en-la-torre-porsche-entre-los-bienes-incautados-en-la-operacion-fuga-de-dinero/


miércoles, 25 de marzo de 2020

Conoce las confesiones que Abraham Edgardo Ortega, el funcionario de PDVSA que facilitó el lavado de $ 1.200 millones, le hizo a los fiscales de EE. UU.

  El ex-director ejecutivo de planificación financiera de la estatal petrolera aguarda aún por la sentencia que habrá de fijar la juez del Tribunal del Distrito Sur de la Florida.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


   Los abogados de Abraham Edgardo Ortega, solicitaron al tribunal que cambie la fecha de la sentencia prevista para el 1 de abril de 2020, por 60 días, al igual que solicitaron que el acusado permanezca en su casa, en la ciudad de Miami Beach, argumentando como razones, el impacto de la pandemia COVID-19 en el estado de la Florida.  Proponen que la audiencia de la sentencia sea fijada para el 1 de junio de 2020. La jueza aún no ha respondido.

Las confesiones 

  Abraham Edgardo Ortega formó parte de la conspiración para lavar miles de millones de dólares producto de operaciones irregulares de PDVSA de la cual fueron protagonistas: Francisco Convit Guruceaga[1]; José Vicente Amparan Croquer, alias "Chente"[2]; Carmelo Urdaneta Aquí; Gustavo Adolfo Hernández Frieri[3]; Hugo Andre Ramalho Gois; Mathias Krull; Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, 9 conspiradores y tres oficiales venezolanos. 

  La investigación encubierta denominada “Money Flight” emprendida por la Fuerza de Tarea de Delincuencia Organizada y Control de Drogas (OCDETF), la cual tuvo su origen en la delación que una Fuente Confidencial (Confidential Source) hizo ante las autoridades de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami (HSI, por las siglas en inglés de Homeland Security Investigations) en 2016, cuando dio a conocer que había sido contactada por operadores financieros venezolanos —conocidos en el argot popular como “boliburgueses”, enriquecidos bajo el amparo de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro— para legitimar USD 78 millones provenientes de una transacción cambiaria irregular que se había efectuado entre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la empresa Rantor Capital. Al final esta operación totalizaría USD 1.200 millones de los cuales se destinaría una parte para pagar sobornos a los ejecutivos de la estatal petrolera que habrían facilitado la negociación fraudulenta. A partir de la delación de la CS, esta comenzó a trabajar con las autoridades en la investigación.

  La actividad de rastro de la operación se extendió por dos años en los que se hicieron más de cien grabaciones que revelaron el modus operandi que los protagonistas de la trama utilizaron legitimar los capitales irregulares, usando bienes raíces en Miami y esquemas sofisticados de falsas inversiones.

 Estos hechos se constituyeron en la causa probable para iniciar el proceso judicial en contra de los indiciados.
   El exdirector ejecutivo de planificación financiera de la petrolera estatal venezolana se declaró culpable y se espera que la jueza del distrito Sur de la Florida, Kathleen M. Williams del distrito sur de Florida, establezca la sentencia que fije la pena que Ortega deberá pagar.

  Valiéndose de su posición en la empresa venezolana, Ortega USD 5 millones en sobornos a cambio de catalogar de prioritaria a una empresa francesa y un banco ruso y de esta manera hacerlos beneficiarios de contrato de préstamo a favor de la empresa conjunta de la que ambos son accionistas. El soborno provino de un esquema de cambio de moneda que permitió malversar USD 1.2 mil millones.

 Ortega también aceptó USD 12 millones en sobornos por su participación en un esquema de malversación de fondos de PDVSA que involucra un préstamo y un contrato de cambio de divisas. Este monto fue lavado entre Ortega y un coacusado a través de un sofisticado esquema de falsas inversiones. En este esquema participaron administradores de dinero cómplices, casas de bolsa, bancos y empresas de inversión inmobiliaria en los Estados Unidos y en otros lugares, los cuales operaban como una red de lavadores profesionales de dinero y quienes fueron acusados el 16 de agosto de 2018[4].

  Por estos hechos el tribunal ha procedido a la incautación de una serie de propiedades en Miami, Panamá, así como bonos y otros instrumentos financieros en Suiza, Inglaterra y Las Bahamas[5]. A estas se suma una nueva propiedad en Miami de la que damos cuenta en esta entrega. La Corte del Distrito Sur de la Florida ha adoptado decisiones para impedir que terceros, entre ellos una mujer vinculada a Raúl Gorrín, recupere algunos bienes relacionados con esta trama de corrupción[6].

  Abraham Ortega fue detenido el 11 de septiembre de 2018 y puesto a la orden de los tribunales.

La declaración de culpabilidad

 El 31 de octubre de 2018, la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Sur de la Florida, en la persona de Ariana Fajardo, junto a la División Criminal del Departamento de Justicia, y el demandado, Abraham Edgardo Ortega, un suscribieron un acuerdo en el que el último se declaró culpable del delito de conspirar para cometer lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h) y 1957 (a), el cual presentaron ante la Corte del Distrito Sur de la Florida.
   En el texto del acuerdo, primeramente, se estableció que habiendo Ortega entendido su derecho a que se presentaran pruebas y cargos en su contra ante un gran jurado federal que determinaría la existencia o no de una causa probable que supusiera la comisión de su parte del delito por el que se le acusa, procedió a realizar consultas con su abogado, que lo llevaron a renunciar en audiencia pública a su derecho de enjuiciamiento por sentencia.
  El gobierno acordó desestimar los cargos 1, 2, 3 y 7 de la acusación contra el acusado.

  Por su parte, el acusado se manifestó consciente de que corresponderá al tribunal calcular y establecer la sentencia, luego de recibir y analizar las pautas y directrices federales. Lo que ocurrirá después de que se haya presentado la declaración de culpabilidad. El acusado igualmente reconoce que el tribunal puede apartarse del rango de la guía de sentencia consultiva que calcule y puede aumentar o disminuir esa sentencia consultiva en virtud de las directrices de sentencia. El Tribunal puede adaptar la sentencia definitiva a la luz de otras preocupaciones legales, y dicha sentencia puede ser más severa o menos severa que la recomendada.

   Refiere el acuerdo que el acusado comprende y reconoce que el tribunal puede imponer una pena de prisión de hasta 10 años y puede imponer una libertad supervisada de hasta 3 años. Además de la penda prisión, el tribunal tiene la facultad de imponer una multa de hasta USD 250.000 o el doble del monto de la propiedad derivada del delito involucrada en las transacciones, lo que sea mayor, y puede ordenar la confiscación y restitución penal.

  El acusado deberá pagar USD 100 por concepto de una evaluación especial y de no poder pagarlos, deberá demostrar ante la corte su incapacidad para ello.

 Refiere el acuerdo que la fiscalía recomendaría al tribunal la reducción de la sentencia en dos niveles el nivel de la directriz de sentencia aplicable al delito del acusado, de conformidad con la Sección 3E 1.1 (a) de las Directrices de Sentencia, basado en el reconocimiento del acusado y la afirmativa y oportuna aceptación de responsabilidad personal. En tal sentido, si cuando se dictare la sentencia, está fuera igual o superare el nivel 16, entonces procederá a presentar ante la corte una moción solicitando una disminución adicional de un nivel, indicando que el acusado ha asistido a las autoridades en la investigación o enjuiciamiento de la mala conducta del acusado, notificando oportunamente sobre la intención del acusado de declararse culpable y así evitar el proceso judicial.

  La fiscalía no estará obligada a presentar la citada moción, si el acusado: (a) no cumple o se niega a hacer una revelación completa, precisa y completa a la oficina de libertad condicional de las circunstancias que rodean la conducta del delito relevante haber tergiversado los hechos ante el gobierno antes de celebrar este acuerdo de declaración de culpabilidad; b) se encuentra que ha tergiversado los hechos ante el gobierno antes de celebrar este acuerdo de declaración de culpabilidad; c) comete una conducta indebida después de firmar el acuerdo de declaración de culpabilidad, que incluye, entre otros, cometer un delito estatal o federal, violar cualquier término de liberación o hacer declaraciones falsas o declaraciones falsas a cualquier entidad gubernamental u oficial; o, d) no asiste completamente en la pérdida de los activos como se establece en este acuerdo de declaración de culpabilidad.

  Entretanto, el acusado se comprometió a cooperar  plenamente con la fiscalía al: a) proporcionar información y testimonio veraces y completos, y producir documentos, registros y otras pruebas, cuando se le solicite, ya sea en entrevistas, antes de un gran jurado, o en cualquier juicio u otro procedimiento judicial; b) comparecer en los procedimientos del gran jurado, audiencias, juicios y otros procedimientos judiciales, y en las reuniones, según lo requiera la fiscalía; y c) si así lo solicita la fiscalía, trabajar en una función encubierta bajo la supervisión y cumplimiento de los agentes y agentes de la ley.

  Quedó entendido que el acusado reconoce que el tribunal no tiene la obligación de otorgar una moción para la reducción de la sentencia presentada por la fiscalía.
  Se establece que el acusado, consciente de que los términos del acuerdo no constituyen una promesa de que el tribunal acoja la recomendación de la fiscalía, no podrá retirar su declaración basada en la decisión de la corte de no aceptar la propuesta por el gobierno.

  El acusado renuncia voluntaria e inmediatamente a todos los bienes que poseyere en los Estados Unidos y que estuvieran involucrados en la violación de la ley. En tal sentido, reconoce su propiedad, aunque no se limita, sobre: i) la suma de, al menos, USD 12 millones que puede solicitarse como un juicio por pérdida de dinero; ii) activos depositados en los números de cuenta 1466054, 1465724 y 55102421 en City National Bank en Nueva Jersey en poder de Global Securities Trade Finance; iii) activos depositados en la cuenta/cartera número 1303311-00 en Deltec Bank & Trust Limited en Nassau, Las Bahamas, incluidas, entre otras, todas las acciones de Global Securities Trade Finance Clase D Serie D-l; iv) todos los activos depositados en la cuenta/cartera número 10.609020 en Zaratini & Co. Bank en Lugano, Suiza, a nombre de Big Green Valley SA, incluidas, entre otras, todas las acciones de Global Securities Trade Finance Clase C ; y v) todos los activos depositados en la cuenta número 200020600 en Ansbacher Limited en Las Bahamas, a nombre de Greatwalls FS.

   El acusado se comprometió a colaborar con la fiscalía en todos los procedimientos, ya sean administrativos o judiciales, que involucren la confiscación en los Estados Unidos de todos los activos, incluidos bienes inmuebles y personales, efectivo y otros instrumentos monetarios, donde sea que se encuentre, u otros, según el conocimiento del acusado, se han acumulado como resultado de actividades ilegales, o se pueden perder como activos sustitutos en lugar de los activos acumulados como resultado de actividades ilegales.

  La asistencia incluirá la identificación de cualquier propiedad sujeta a confiscación, acuerdo para la entrada de una orden que ordene la transferencia o gravamen de dicha propiedad, y la transferencia de dicha propiedad a los Estados Unidos mediante entrega a la fiscalía, cualquier documentación necesaria y apropiada, incluidos los consentimientos para la confiscación y renuncia a las escrituras de reclamo, para entregar un título bueno y comercializable de dicha propiedad.

  El acusado deberá informar de forma precisa a la fiscalía sobre sus asuntos financieros y la autorizó expresamente a obtener un informe de crédito, debiendo, en el término de 10 días presentar una declaración de divulgación financiera completa.

   Entre otros puntos del acuerdo, el acusado renunció a su derecho a apelar la sentencia que se le imponga y también reconoce que su declaración de culpabilidad podría acarrearle consecuencias con respecto al estado migratorio.

  En octubre de 2018, la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, presentó ante la Corte, su declaración de hechos ante el Tribunal del Distrito Sur de la Florida, en la que refería que el gobierno de los Estados Unidos y el acusado, Abraham Edgardo Ortega, de llegar el caso Nº 18-CR-20685-Williams a juicio, se procedería a probar que los hechos, más allá de una duda razonable, que el demandado conspiró para cometer el delito de lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h).
  Sostiene la fiscalía la existencia durante años de un esquema corrupto de cambio de divisas en Venezuela que permite que el gobierno cambie a una tasa fija de la moneda local (Bolívar) cada dólar estadounidense, una operación que se lleva a cabo a una tasa muy por debajo del valor real de la divisa.

   Refiere como ejemplo que, en 2014, se podían cambiar USD 10 millones por 600 millones de bolívares, pudiendo luego la persona que realizó el cambio convertir esta última cantidad en USD 100 millones. Es decir, que en dos transacciones se podría comprar USD 100 millones con USD 10 millones.

  Se explica que la diferencia entre la tasa fija y la tasa económica real creó la oportunidad de fraude y abuso, permitiendo a los funcionarios venezolanos participar en esquemas de cambio de divisas cobrando sobornos y comisiones ilegales.

  Se indica que estos esquemas corruptos de cambio de moneda ocurrieron frecuentemente en la compañía petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la cual es la principal fuente de ingresos y moneda extranjera de Venezuela.

  Sostiene la fiscalía, que Abraham Edgardo Ortega y otros, conspiraron para lavar y participar en transacciones monetarias con el producto de dichos esquemas corruptos de cambio de divisas que involucran a PDVSA.

  Del mismo modo, la fiscalía hace mención al esquema de sobornos que, desde agosto de 2004 hasta marzo de 2016, implicó al acusado.

  Abraham Edgardo Ortega, Director Ejecutivo de Planificación Financiera de PDVSA, durante el periodo citado fungió como “funcionario extranjero”, denominación con la que se define su papel en el esquema en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

  Ortega habría aceptado USD 5 millones de soborno a cambio facilitar mediante actos y decisiones adoptadas desde su posición en PDVSA la operatividad del esquema. Esto ocurrió en el contexto de las sociedades que, entre 2006 y 2007, Venezuela estableció bajo la denominación de "empresa conjunta" entre PDVSA y compañías/bancos extranjeros, en el que una empresa privada asumía el 40 por ciento de las acciones y el restante 60 por ciento estaba en manos de PDVSA. La compañía A, una compañía petrolera europea, era accionista minoritario en la empresa conjunta A. La compañía B, una institución financiera rusa, era accionista minoritario en la empresa conjunta B.

  Tras la crisis financiera de 2008, PDVSA comenzó a controlar el flujo de caja de los accionistas minoritarios de estas empresas conjuntas, de tal manera que dificultó que los accionistas minoritarios recibieran los pagos necesarios para financiar y mantener adecuadamente las operaciones. La solución que a esta situación ofreció PDVSA, fue que el accionista minoritario podría prestar a la empresa conjunta el dinero necesario para reanudar las operaciones y, a cambio, PDVSA permitiría al accionista minoritario recuperar el control de su flujo de caja. Como parte de esta solución, PDVSA acordó pagar los importes pendientes adeudados al accionista minoritario. El accionista minoritario suscribía el contrato de préstamo y PDVSA asignaba cualquier pago de facturas futuras a una cuenta de manera que se cancelaba tanto el pago de las facturas como el préstamo al accionista minoritario.

  Siendo que este tipo de acuerdos era limitado, los accionistas minoritarios que accedían a ellos deberían tener “prioridad”. El papel de Ortega consistía en otorgar dicha “propiedad”.

  Se indica que desde o alrededor de 2014 hasta 2015, el acusado, Conspirador 3 (como representante del Conspirador 1), Sujeto 1 (ciudadano de los Estados Unidos y una "preocupación doméstica" en el sentido de la FCPA), Sujeto 2, Sujeto 3, y el funcionario venezolano 4 (un "funcionario extranjero" como se define en la FCPA) asistió a varias reuniones en Caracas, para discutir la aceptación de sobornos de la Compañía A.

   El conspirador 3 y otros conspiraron para pagar a Ortega USD 3 millones a cambio de su decisión de otorgar el estatus de "prioridad" a la Compañía A. Específicamente, el demandado aceptó dicha cantidad del conspirador 3, es decir, por la recomendación de Ortega a la junta directiva de PDVSA de otorgar el carácter prioritario a la Compañía A y así obtuviera el acuerdo.

   En o alrededor de 2014, Abraham Edgardo Ortega se reunió con Francisco Convit Guruceaga, quien representó los intereses de la Compañía B. Ambos se habían conocido en un apartamento en Caracas donde discutieron los sobornos. Convit pagaría a Ortega USD 2 millones a cambio de la decisión del segundo de otorgar el estatus de "prioridad" para la Compañía B. Convit le dijo al demandado que le entregaría la suma a una fuente confidencial (CS) para el pago a Ortega. El funcionario venezolano 4 también recibió pagos de sobornos a cambio de facilitar la asistencia en estos esquemas.

  Igualmente, el documento de prueba informa que también Abraham Edgardo Ortega aceptó un pago de USD 10 millones como soborno por su decisión a favor de facilitar un esquema de préstamo corrupto de PDVSA a las empresas C y D.
  Se explica que en o alrededor de 2012, Ortega, el funcionario venezolano 1 (un "funcionario extranjero"), el sujeto 4, el sujeto 5 y el funcionario venezolano 5 ("funcionario extranjero") conspiraron para ejecutar un esquema corrupto de cambio de divisas que involucraba sobornos a funcionarios de PDVSA, incluidos el propio acusado y el Oficial Venezolano 5 (el Plan de Préstamo de las Empresas C y D).

  Como parte de este esquema, la Compañía C acordó prestar a PDVSA aproximadamente 17.4 mil millones de bolívares en múltiples tramos y PDVSA reembolsaría el préstamo en dólares estadounidenses por un monto equivalente a los bolívares venezolanos "prestados" al tipo de cambio fijo del gobierno venezolano. Después de que se determinó que la Compañía C no tenía la reputación suficiente para firmar el contrato de "préstamo" con PDVSA, el Sujeto 5 encontró una entidad venezolana adecuada, a saber, la Compañía D. El Sujeto 5 pagó a la Compañía D la cantidad de USD 10 millones para asignar los derechos de la Compañía D bajo el contrato de "préstamo" a la Compañía C. Como parte de este esquema, Ortega USD recibió 10 millones como un pago de soborno del Sujeto 4.

Ortega, Rantor Capital y Eaton Global

  Seguidamente, en el documento que recoge la declaración de hechos del acusado con los fiscales, se señala que el funcionario venezolano 1 aceptó el pago de sobornos por el corrupto esquema de préstamos de PDVSA con Rantor Capital y Eaton Global[7].

Refiere que el 17 de diciembre de 2014, Rantor Capital C.A., una empresa fantasma venezolana, firmó un contrato con PDVSA en el que acordó "prestar" 7.200 millones de bolívares a la petrolera. El contrato de "préstamo" fue ejecutado por el Oficial Venezolano 1 como vicepresidente de PDVSA.

  Para el 23 de diciembre de 2014, se ejecutó un contacto de asignación entre Rantor y Eaton Global, en el que la primera asignó sus derechos como acreedor de PDVSA en virtud del contrato de "préstamo" a Eaton y en el que se contemplaba que la estatal venezolana tenía el derecho de cancelar la deuda dentro de los 180 días pagando USD 600 millones.

  También el 23 de diciembre de 2014, Eaton envió un aviso de asignación a PDVSA (Oficial Venezolano 1) y sugirió que PDVSA reembolsara el préstamo de 7,2 millones de bolívares en el equivalente en euros de USD 600 millones. La carta incluía instrucciones para que PDVSA transfiriera los fondos a las cuentas de la Institución Financiera Europea 1 en beneficio de Eaton.

  En resumen, Eaton, una compañía controlada por miembros de la conspiración se hizo del derecho de pagar a PDVSA alrededor de 7.200 millones de bolívares (por un valor de alrededor de 35 millones de euros) y recibir alrededor de 510 millones de euros (el "Plan de préstamos Eaton-Rantor")

  El Oficial Venezolano 1 y otros facilitaron, a través de la adopción de medidas y decisiones, que permitieron el Plan de Préstamo Eaton-Rantor a cambio de recibir sobornos de los ingresos. De este modo, los miembros de la conspiración dieron sobornos en efectivo al Oficial venezolano 1 a cambio de que firmara el contrato de préstamo en su calidad de Vicepresidente de PDVSA. El soborno del Oficial venezolano 1 violó no sólo la ley venezolana, sino también la FCPA porque uno o más miembros de la conspiración cometieron actos corruptos dentro del territorio de los Estados Unidos. Convit envió y recibió chats de BlackBerry Messenger de los Estados Unidos para organizar el pago de los fondos de PDVSA a la CS, lo que provocó el pago de los sobornos de la CS al funcionario venezolano 1.

  En esta operación privó: a) la malversación de fondos públicos por parte de un funcionario público y el soborno a este, lo cual constituye un delito contra Venezuela al haberse violado los dispuesto en las leyes; b) el uso corrupto de instalaciones de comercio interestatal o cualquier otro acto, mientras se encontraba en el territorio de los Estados Unidos, para promover un pago o promesa de pago a un funcionario extranjero con el propósito de influir o inducir a ese funcionario a actuar, fue un delito grave que viola la FCPA.

  Establece el documento que recoge la declaración de hechos del acusado con los fiscales. que los procedimientos del Plan de Préstamo Eaton-Rantor, así como los pagos de sobornos realizados a los conspiradores constituyeron en ingresos de una actividad ilegal.

  Quedó sentado que los miembros de la conspiración acordaron dividir las ganancias netas del Plan de Préstamo Eaton-Rantor de la siguiente manera: a) 227 millones de euros para los "Bolichicos" o "Boli" (Convit y "conspirador 2"); y b) 227 millones de euros para  "conspirador 7".

  Luego de esto, las ganancias se distribuyeron así:  a) Los "Bolichicos" enviaron aproximadamente 78 millones de euros a un CS, a quien se le ordenó entregar los fondos a Ortega, Carmelo Urdaneta Aqui, Conspiradores 1 y 3, y el Funcionario Venezolano 1; b) El "Conspirador 7" envió aproximadamente 159 millones de euros a tres personas conocidas como "Los Chamos", los hijastros del "Funcionario Venezolano 2", que era un "funcionario extranjero" como se define ese término en la FCPA.

El esquema de lavado de dinero

  Se estableció que Ortega, Hernández Frieri, Convit, Gutiérrez y otros, conspiraron para lavar aproximadamente USD 12 millones que fueron entregados a Abraham Edgardo Ortega como soborno, a cambio de los actos y decisiones corruptos que instrumentó como Director Ejecutivo de Planificación Financiera en PDVSA.

  En primer término, se refiere que hubo un esquema para lavar los USD 5 millones de Ortega del soborno obtenido del esquema de préstamos Eaton-Rantor. Para ello, los Conspiradores 1 y 3 le dijeron a la CS que asignara a Ortega USD 5 millones de la parte de dichos conspiradores de los 78 millones de euros provenientes del Eaton-Plan de préstamos Rantor. Con este fin, en abril de 2016, Ortega, Hernández Frieri y el CS se reunieron en Panamá para discutir cómo Hernández Frieri ocultaría o disfrazaría la fuente de los 5 millones de pagos de soborno de Ortega para que parecieran haber sido legítimamente adquiridos. Hernández Frieli explicó que su firma de corretaje, con sede en Miami, Florida, opera en los Estados Unidos y América Latina, y tiene un fondo mutuo falso, el cual recibe dinero y lo hace parecer inversiones, y luego lava dichos pagos del fondo.

  El 21 de febrero de 2017, Hernández Frieri instruyó por correo electrónico acerca de las instrucciones de suscripción de CS y un acuerdo de suscripción para el fondo falso, Global Securities Trade Finance, ubicada en las Islas Caimán. El 24 de febrero de 2017, el CS ordenó a Deltec Bank & Trust Limited en Nassau, Bahamas (donde se mantenían parte de los fondos ilícitos de Ortega) para suscribirse al fondo. Aproximadamente el 28 de febrero de 2017, bajo la dirección de Ortega y Hernández Frieri, se transfirieron aproximadamente USD 5 millones desde el número de cuenta/cartera xxxx3311-00 en Deltec Bank & Trust Limited en Nassau, Bahamas en el número de cuenta xxxx6054 en la Institución Financiera de EE. UU. 1 en Nueva Jersey a nombre de Global Securities Trade Finance. El 14 de marzo de 2017, los USD 5 millones se transfirieron al número de cuenta xxxx2421 a nombre de Global Securities Trade Finance. La suscripción falsa en Global Securities Trade Finance se depositó en Deltec Bank, lo que puso a disposición de Hernández Frieri los USD 5 millones para su distribución a Ortega.

  A cambio de la asistencia de la CS, Hernández Frieri en acuerdo con Ortega, transfirió USD 396.000 dólares a la CS utilizando un contrato de préstamo falso entre Global Securities Trade Finance y una compañía encubierta para justificar la "tarifa". Se transfirieron USD 4.000 adicionales a una cuenta bancaria en Miami, Florida, mantenida por una compañía asociada con Hernández Frieri como una "tarifa" de estructuración del 1 por ciento.

  El otro esquema descrito fue el usado para lavar las ganancias de USD 7 millones de soborno de Ortega relacionadas con el esquema de préstamos de las empresas B-C, explicando que Ortega y Hernández Frieri conspiraron para lavar USD 7 millones de los USD 10 millones que el primero recibió como pago de soborno por su participación en el Plan de préstamos de las empresas C-D.

  Agrega que CS administró el pago de soborno de USD 7 millones de Ortega después de que los fondos fueron depositados en una cuenta en Banca Zarattini & Co. SA en Lugano, Suiza. Hernández Frieri ordenó que el dinero se transfiera a la institución financiera estadounidense 1 en Nueva Jersey al número de cuenta xxxx 5 7 2 4 en la Institución Financiera de EE. UU. 1 a nombre de Global Securities Trade Finance para suscribirse a los valores de esta firma, que luego se depositaron en el número de cuenta/cartera xxxx9020 en Banca Zarattini a nombre de Big Green Valley SA.

Finalmente,  en el documento que recoge la declaración de hechos del acusado con los fiscales informa que para justificar las transacciones que permitirían a Ortega acceder a algunos de los USD 7 millones ilícitos, Hernández Frieri creó contratos falsos entre una compañía de las Islas Vírgenes Británicas controlada por Ortega, Great Walls FS y una compañía controlada por Hernández Frieri, quien también creó contratos falsos con personas conocidas de Ortega para justificar las transacciones que le permitieran acceder a algunos de los fondos. Hernández Frieri ayudó a ORTEGA a abrir una cuenta en la Institución Financiera de los Estados Unidos 2 en Puerto Rico con el propósito de lavar el dinero. Hernández Frieri también ayudó a Ortega a abrir una cuenta en las Bahamas y a transferir el saldo de los fondos a esa cuenta.

Nueva incautación

  A principios del mes de noviembre de 2019, la fiscal Ariana Fajardo Orshan, solicitó ante la Corte del Distrito Sur de la Florida la modificación de la orden preliminar de decomiso y para liberar bienes inmuebles ubicados en 2101 South Surf Road, Unidad 2E, Hollywood, Florida, Land Trust Th 041117, de otros procedimientos de decomiso penal.

Se informa que el 24 de junio de 2019, el tribunal emitió una orden preliminar de decomiso, ordenando, sujeto a reclamos de terceros, el decomiso de Land Trust Th, 041117.

  Posteriormente, en fecha 21 de agosto de 2019, Land Trust TH 041117 presentó una Petición de un tercero para una audiencia para juzgar la validez del interés en bienes inmuebles sujetos a decomiso de dicha propiedad, alegando tener un interés superior y ser un comprador de buena fe por un valor inferior.

  El 5 de septiembre de 2019, la fiscalía presentó su respuesta a la Petición Verificada del Fideicomiso de Land Trust TH, 041117, indicando que los Estados Unidos tenía la intención de "resolver problemas de hecho, para determinar si o no el peticionario tiene un interés permanente y/o válido en la propiedad”.

 El 11 de septiembre de 2019, el peticionario presentó la respuesta verificada de Land Trust TH, 041117 a la respuesta de los Estados Unidos.

  Al día siguiente, 12 de septiembre de 2019, el tribunal consultó al juez magistrado Torres si el descubrimiento solicitado por el gobierno era apropiado.

  El 2 de octubre de 2019, se llevó a cabo una audiencia sobre la solicitud de descubrimiento del Gobierno ante el juez magistrado Torres y el 3 de octubre de 2019, el Tribunal exigió que presentara el descubrimiento en el término de 30 días a partir de la fecha de la audiencia.

  En dicha fecha, la fiscalía declaró que contemplaba presentar una acción de decomiso civil porque varios activos restringidos en el caso penal pertenecían a acusados fugitivos y que, además, trataría de suspender el procedimiento auxiliar inmediato de decomiso penal.

  Posteriormente, el 15 de octubre de 2019, el gobierno presentó una queja verificada por confiscación en Rem, iniciando la acción de confiscación civil relacionada.

  Para el 21 de octubre de 2019, un fiscal envió por correo electrónico una copia de la Demanda de Confiscación Civil al abogado del peticionario.

  El 23 de octubre de 2019, un fiscal solicitó la posición del peticionario sobre una propuesta de moción para suspender el proceso penal de incautación auxiliar a favor de proceder en acciones relacionadas con la confiscación civil. Después de una discusión telefónica el 29 de octubre de 2019, las partes acordaron que la fiscalía enmendara la Orden Preliminar de Confiscación para liberar la Propiedad Sujeta de un litigio adicional, eliminando la obligación del Peticionario de proceder con las deposiciones y otras obligaciones de descubrimiento en el asunto mencionado anteriormente.

CITAS 

[1] Venezuela Política. “Francisco Convit Guruceaga: Acusado de estafador y de lavar USD 1.200 millones provenientes de la corrupción en PDVSA”. 28 de mayo de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/05/francisco-convit-guruceaga-acusado-de.html

[2] Venezuela Política. “José Vicente Amparan Cróquer: El lavador dinero profesional de las negociaciones irregulares de PDVSA”. 29 de enero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/01/jose-vicente-amparan-croquer-el-lavador_29.html

[3] Venezuela Política. “Gustavo Adolfo Hernández Frieri, el colombiano-estadounidense que participó el esquema de corrupción con el que saquearon más de $1.200 millones de PDVSA se declaró "No culpable", conoce los detalles”. 21 de mayo de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/05/conoce-los-detalles-del-caso-de-gustavo.html



[4] Department of Justice. “Former Executive Director at Venezuelan State-Owned Oil Company, Petroleos De Venezuela, S.A., Pleads Guilty to Role in Billion-Dollar Money Laundering Conspiracy”. 31 de octubre de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/former-executive-director-venezuelan-state-owned-oil-company-petroleos-de-venezuela-sa-pleads

[5] Venezuela Política. “Estas son las propiedades incautadas por E.E. U.U. a los venezolanos acusados de haber lavado USD 1.200 millones en Florida”. 19 de agosto de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/08/estas-son-las-propiedades-incautadas.html

[6] Venezuela Política. “Tribunal de EE. UU. impide que viuda de Fernando Valero Gutiérrez (vinculado a Raúl Gorrín y otros prófugos de la justicia) recupere propiedades confiscadas por la Operación Money Flight”. 17 de febrero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/02/tribunal-de-ee-uu-impide-que-viuda-de.html

[7] Venezuela Política. “Empresa "ficticia" usada en esquema de corrupción por USD 1.200 millones en Miami está vinculada al empresario Raúl Gorrín”. 27 de julio de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/07/empresa-ficticia-usada-en-esquema-de.html

miércoles, 31 de octubre de 2018

Ex director de PDVSA se declara culpable de lavado de dinero en Miami

Por Maibort Petit
@maibortpetit


El ex director ejecutivo de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A., Abraham Edgardo Ortega se declaró culpable  de conspiración de lavado de dinero de miles de millones de dólares, según informó la fiscalía del Distrito Sur de la Florida en Miami.

Abraham Edgardo Ortega, de 51 años, de nacionalidad venezolana,  fue director ejecutivo de planificación financiera de PDVSA. El ex funcionario se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. 

La fiscalía informó que su sentencia está programada para el 9 de enero de 2019 y será leída por la jueza de distrito Kathleen M. Williams del Distrito Sur de Florida.

En su declaración de culpabilidad, Ortega admitió que cuando trabajaba para PDVSA aceptó $ 5 millones en sobornos para otorgarle un préstamo prioritario de la petrolera venezolana a una compañía francesa y un banco ruso, que eran accionistas minoritarios en empresas conjuntas con PDVSA. 

Ortega recibió el pago de este esquema de soborno con los ingresos de un esquema de cambio de moneda, a través del cual se malversaron $ 1,200 millones, mediante sobornos y fraude de PDVSA. 

Ortega también admitió que en cuando era director de PDVSA, aceptó $ 12 millones en sobornos por su participación en un plan de malversación de PDVSA que involucra un préstamo y un contrato de cambio de divisas.

Ortega aseguró que trabajó con un coacusado para lavar $ 12 millones de dólares que recibió como soborno. El acusado también admitió que él y su coacusado lavaron $ 12 millones a través de un sofisticado plan de falsas inversiones, y que recibió dinero de un pago realizado por PDVSA para que pareciera una inversión en un fondo, pero, de hecho, el pago realmente fue lavado de dinero de  ese fondo, dice la declaración de la fiscalía.

En su declaración de culpabilidad Ortega admitió que apoyó este esquema de lavado de inversión falsa, y que actúo junto a los otros cómplices que administraron el dinero, a firmas de corretaje, bancos y firmas de inversión en bienes raíces en los Estados Unidos y otros lugares, que operan como una red de lavadores de dinero profesionales.

Los co-conspiradores de Ortega acusados ​en este caso el pasado16 de agosto incluyen a ex funcionarios de PDVSA, profesionales de lavado de dinero y miembros de la élite venezolana, conocidos como "boliburgueses".

La fiscalía informó que este caso es el resultado de los esfuerzos en curso de la "Operación fuga de Dinero" realizado por la Fuerza de Tareas contra la Delincuencia Organizada (OCDETF, por sus siglas en inglés), una asociación entre agencias federales, estatales y locales de aplicación de la ley de los Estados Unidos. La misión de OCDETF es identificar, investigar y procesar a miembros de alto nivel de empresas de tráfico de drogas, reuniendo la experiencia combinada y las capacidades únicas de las autoridades federales, estatales y locales.


También participaron los fiscales y agentes de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal, la Agencia Nacional de Delitos del Reino Unido y las autoridades policiales italianas, españolas y maltesas también brindaron asistencia.


sábado, 27 de octubre de 2018

Fijan audiencia en corte de Miami de exfuncionario de PDVSA acusado en el caso de lavado de 1200 millones de dólares

Ortega pagó una fianza de un millón de dólares para lograr el beneficio de arresto domiciliario en su residencial en el sur de la Florida, con un monitoreo electrónico 24 horas al día.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


La corte del Distrito Sur de la Florida fijó una nueva audiencia para Abraham Edgardo Ortega, ex director de finanzas de Petróleos de Venezuela acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber participado en la “Operación Fuga de Dinero” a través de la cual funcionarios y contratistas del gobierno de Nicolás Maduro lograron lavar más de 1.200 millones de dólares entre los años 2014-2018. En este caso el principal demandado hasta ahora es el contratista, Francisco Convit Guruceaga.
Ortega fue detenido el 11 de septiembre de 2018 y puesto a la orden de los tribunales. Los documentos de la corte dicen que el ex director de la finanzas de PDVSA se habría beneficiado de manera fraudulenta de fondos provenientes de la petrolera estatal venezolana.

Afirma la acusación que la imputación de Ortega se hará en una audiencia que se celebrará el 6 de noviembre de 2018. La aparición inicial del acusado estaba prevista para el 31 de octubre de 2018. 


La juez Kathleen M. Williams informó que el juicio de este caso sería de dos semanas y que el mismo podría comenzar el 13 noviembre de 2018. Los calendarios de la corte van a depender  de si el acusado se declara no culpable de los cargos que se le imputan y si Ortega decide o no colaborar con el gobierno estadounidense en esta investigación.

El caso

La demanda criminal señala que a lo largo de dos años, un sujeto aunque no identificado, registró una serie de grabaciones con un micrófono escondido en las reuniones con los supuestos involucrados en la operación de corrupción, lavado y malversación de más de 1.200 millones de dólares pertenecientes a PDVSA.

El documento de la corte dice que la trama se inició en diciembre de 2014 con un plan inicial de blanquear 600 millones de dólares pero luego el monto se duplicó a  1.200 millones de dólares.

En este caso están acusados Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer (alias “Chente”), Carmelo Urdaneta Aqui, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, Mario Enrique Bonilla Vallera y otros sujetos cuyos nombres aún no han sido revelados formalmente en el expediente.

Dice la acusación que Ortega había expresado a los involucrados en el caso su inquietud ante una posible investigación por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Inclusive, en los papeles federales se destaca que en un encuentro que tuvo lugar el 22 de octubre de 2016, el acusado advirtió a los presentes que algún día se sabría sobre los movimientos de dinero que estaban haciendo de manera ilegal. 

Las investigaciones revelan que el ex director de Finanzas de PDVSA habría obtenido 5 millones de dólares como resultado de su participación en la trama de corrupción acusada.

Ortega pagó una fianza de un millón de dólares para lograr el beneficio de de arresto domiciliario en su residencial en el sur de la Florida, con un monitoreo electrónico 24 horas al día. Sólo puede movilizarse para acudir a citas medicas y audiencias en la corte.

En este caso también se declaró culpable el ex banquero de nacionalidad alemana, Mathias Krull acusado junto a otros de en la Operación de blanquear capitales y quien también se encuentra bajo arresto domiciliario luego de acordar colaborar con los fiscales a cambio de una condena menos severa.