Mostrando entradas con la etiqueta . corrupción. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta . corrupción. Mostrar todas las entradas

martes, 25 de agosto de 2020

La expectativa sobre la extradición de Álex Saab crece en medio de un hervidero de acusaciones y diversos acontecimientos

 Por Maibort Petit

  La defensa insiste en acusar la ilegalidad del caso, mientras el gobierno de Cabo Verde asegura actuar acorde a la ley y niega haber enviado emisarios a Caracas.

 En medio de la incertidumbre acerca de si se concretará o no la extradición de Álex Saab —acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro— a los Estados Unidos donde se lo señala de lavado de dinero y las denuncias de la defensa del empresario colombiano sobre la supuesta ilegalidad del caso, el gobierno de Cabo Verde aseguró que cumplió “con un mandato legal” cuando lo arrestó el pasado 12 de junio. Así lo manifestó el ministro de Relaciones Exteriores de la nación africana, Luis Filipe Tavares, quien subrayó que este proceso de ninguna manera puede considerarse un caso político.

“Absolutamente no estamos tomando partido. Como miembro de Interpol, el PJ cumplió un mandato legalmente y entregó a Saab al tribunal que ordenó que se llevara a cabo el arresto”, aseguró el vocero gubernamental[1].

  Desde Washington la presión aumenta para llevar a Saab hasta el banquillo de los acusados y allí responda por los ocho cargos de soborno y lavado de dinero de que se le señala al canalizar más de USD 350 millones a cuentas en el extranjero, entre ellas varias en el territorio estadounidense[2].

  El propio Álex Saab se declaró víctima de una persecución y objetivo prioritario de los Estados Unidos en una carta abierta que le escribió al primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva. “Hace tiempo que me convertí en un objetivo prioritario de EE.UU. y sé que, según sus modelos extraterritoriales, estaban dispuestos a llegar lo más lejos posible para evitar que cumpliera con mis obligaciones con el pueblo venezolano”, le refirió al mandatario al tiempo que lo conminó a darle la espalda a Washington: “Como enviado especial de mi país [tiene nacionalidad venezolana], puedo ayudar a Cabo Verde más que EE. UU. lo ha hecho en 100 años”.

  La respuesta fue: “Si el señor Saab tiene cartas que enviar, las puede enviar al buzón del primer ministro”[3].

  El hervidero por el caso del empresario colombiano Álex Saab, avivó la llama cuando el Nuevo Herald en una nota publicada el pasado 19 de agosto, afirmara que el gobierno de Cabo Verde habría enviado dos emisarios a Caracas para tratar el caso con el mandatario venezolano.

  El gobierno y la justicia del país africano aprobaron la extradición de Saab a EE. UU. y en la actualidad la defensa del empresario batalla para impedirlo.

  Según el periódico de la Florida, Carlos Jorge Oliveira Gomes Dos Anjos y Fernando Gil Alves Évora, un ex alto funcionario del gobierno y un empresario, respectivamente, habrían arribado de manera secreta a Venezuela y supuestamente se alojaron en el palacio presidencial de Miraflores para reunirse con Maduro, quien lleva a cabo todas las diligencias posibles para evitar que Saab sea entregado a la justicia estadounidense.

  Según fuentes de El Nuevo Herald en las conversaciones relativas al forcejeo que mantienen Caracas y Washington por la extradición de Saab habrían participado los dos emisarios y Maduro, así como otros dirigentes chavistas vía videoconferencia, tales como el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami y el ministro de Información, Jorge Rodríguez.

  Oliveira Gomes Dos Anjos y Alves Évora partieron de Venezuela al día siguiente de su llegada en horas de la tarde rumbo a Lisboa con escala en San Vicente y Las Granadinas. La nota refiere que los supuestos emisarios “llegaron a San Vicente con un mayor número de piezas de equipaje de las que tenían al partir rumbo a Venezuela, confirmaron las fuentes”[4].

Información falsa

  A esta información le salió al paso el Ministerio de Asuntos Exteriores caboverdiano: “El Gobierno de Cabo Verde no ha enviado a nadie con ninguna misión a la República Bolivariana de Venezuela”.

  Al catalogar la información del periódico estadounidense de falsa, aseguró que “La República de Cabo Verde es un Estado de derecho democrático, donde los tribunales son independientes y las garantías de defensa se aplican a todas las personas, por lo que existe confianza en el sistema judicial, que decidirá sobre el caso de extradición del señor Alex Nain Saab Morán en curso (…) Cualquier acción, contacto o gestiones fuera del marco institucional y la representación oficial son responsabilidad exclusiva de sus autores y no vincula al Estado de Cabo Verde”.

  Sostuvieron que a Álex Saab se le “ha garantizado la más amplia oportunidad de defensa”, así como su “protección consular” y la “autorización de visados de entrada a abogados extranjeros”, frase esta última que responde al bufete de Garzón, que dijo haber sido objeto de dos deportaciones irregulares cuando uno de sus integrantes trató sin éxito de entrar en el país[5].

Se confirma el viaje, se niega el objetivo

  A pesar de la negativa del gobierno caboverdiano de haber enviado emisarios a Venezuela, el propio Fernando Gil Évora, presidente del consejo administrativo de la Compañía Nacional de Farmacéuticos (EMPROFAC) de Cabo Verde, admitió a través de un comunicado que viajó a Caracas en fecha reciente, pero negó haberse reunido con funcionarios del gobierno venezolano.

  Gil Évora dijo que fue invitado por los abogados de Álex Saab para tratar asuntos comerciales. “No hicimos ninguna misión a instancias de ningún gobierno, ni fuimos emisarios de nadie. Tampoco estábamos en ningún palacio presidencial, por lo que no contactamos a ningún presidente, y mucho menos a entidades gubernamentales de otro país. En este sentido, es totalmente falso hablar de reuniones políticas, etcétera, y queremos refutarlos en su totalidad"[6].

  El presidente de EMPROFAC, una empresa pública, fue despedido “con efecto inmediato” por el gobierno de Cabo Verde "como consecuencia del incumplimiento de deberes inherentes al administrador público y desvío de la finalidad de las funciones", se lee en un comunicado[7].

  Asimismo, mediante un comunicado, la Fiscalía General de Cabo Verde informó la apertura de “una investigación contra el funcionario de la administración de la isla que aceptó reunirse con representantes legales del testaferro de Nicolás Maduro quien está detenido y espera la orden de extradición”, refiere un comunicado del gobierno caboverdiano.

  La fiscalía informó que en razón de la noticia sobre el “desplazamiento de dos ciudadanos caboverdianos a la República Bolivariana de Venezuela, supuestamente con la misión de entrar en contacto con el Presidente de ese país como emisarios del Gobierno y del comunicado del Gobierno de Cabo Verde, alegando que no había enviado a nadie ni misión alguna a ese país, el Ministerio Público determinó, el 20 de agosto de 2020, que se abrieran investigaciones penales”.

  Se explica que los hechos referidos supondría la comisión de un delito de usurpación de la autoridad caboverdiana. Apuntó el comunicado que la investigación se llevará a cabo en secreto[8].

Garzón insiste en ilegalidad del caso

  Entretanto estos acontecimientos, la defensa de Álex Saab, a través de su abogado Baltasar Garzón, insiste en la ilegalidad del caso y advierte que nunca debió haber existido.

  Sostiene que a Saab el gobierno de los Estados Unidos pretende utilizarlo para llegar a través de él al presidente venezolano, Nicolás Maduro, es decir, considera que su cliente es usado como un medio para alcanzar el fin que se ha propuesto. Garzón estima que la raíz del caso es el enfrentamiento político que existe entre EE. UU. y Venezuela.

   Manifestó que la defensa mantiene varios recursos en trámite que permitirán enfrentar el caso desde todas las vertientes jurídicas y de derechos humanos, al tiempo que acusó a las autoridades de Cabo Verde de crear trabas permanentemente.

  Especificó que en la actualidad "Estamos a la espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que aceptó el recurso, sin perjuicio de una serie de procesos en curso, con solicitudes simultáneas que afectan la libertad personal del señor Saab y su salud".

  Respecto a la acusación de lavado de dinero que Estados Unidos le imputa a Saab, Garzón sostiene que es infundada pues "No corresponde a la realidad, el título jurisdiccional que utilizaron no es válido y los hechos de los que lo acusan fueron objeto de investigaciones abiertas en Ecuador y también en Venezuela"[9].


CITAS

[1] Infobae. “Cabo Verde aseguró que cumplió “con un mandato legal” al arrestar a Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro”. 25 de agosto de 2020. https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/08/25/cabo-verde-aseguro-que-cumplio-con-un-mandato-legal-al-arrestar-a-alex-saab-testaferro-de-nicolas-maduro/

[2] ABC. “EE.UU. estrecha el cerco en torno a Álex Saab, el «millonario del hambre» de Maduro”. 24 de agosto de 2020. https://www.abc.es/internacional/abci-eeuu-estrecha-cerco-torno-alex-saab-millonario-hambre-maduro-202008232320_noticia.html#

[3] ABC. “Álex Saab: «Hace tiempo que soy un objetivo prioritario”. 24 de agosto de 2020. https://www.abc.es/internacional/abci-alex-saab-hace-tiempo-objetivo-prioritario-202008240239_noticia.html

[4] El Nuevo Herald. “Emisarios de Cabo Verde se reúnen en secreto con Maduro por caso de Alex Saab”. 19 de agosto de 2020. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article245058580.html

[5] Infobae. “Cabo Verde negó haber enviado dos emisarios a Venezuela por el caso Alex Saab”. 20 de agosto de 2020. https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/08/20/cabo-verde-nego-haber-enviado-dos-emisarios-a-venezuela-por-el-caso-alex-saab/

[6] VOA. “Exfuncionario del gobierno de Cabo Verde confirma viaje a Venezuela invitado por abogados de Alex Saab”. 23 de agosto de 2020. https://www.voanoticias.com/venezuela/exgerente-cabo-verde-revela-invitaci%C3%B3n-de-abogados-de-alex-saab-para-negocios

[7] El Heraldo. “Despiden al supuesto emisario de Cabo Verde que viajó a Venezuela por Saab”. 21 de agosto de 2020. https://www.elheraldo.co/judicial/despiden-al-supuesto-emisario-de-cabo-verde-que-viajo-venezuela-por-saab-752268

[8] VTV Miami. “Fiscalía de Cabo Verde abre investigación por usurpación contra Fernando Gil Evora”. 25 de agosto de 2020. 

[9] VOA. “Abogado Baltasar Garzón dice que el "caso Alex Saab" es una ilegalidad absoluta”. 21 de agosto de 2020. https://www.voanoticias.com/venezuela/abogado-baltasar-garzon-dice-que-el-caso-alex-saab-es-una-ilegalidad-absoluta


miércoles, 5 de agosto de 2020

Juez estadounidense ordena proteger evidencias entregadas a Cliver Alcalá Cordones "para evitar que lleguen a terceros en el exterior"

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Un juez de Nueva York informó que todas las evidencias que sean entregadas a los abogados del militar venezolano, Cliver Alcalá Cordones, acusado por Estados Unidos de delitos de narcoterrorismo, sean protegida por una orden del tribunal, de tal manera que dichas pruebas no vayan a parar a manos de terceros no autorizados que se encuentren fuera del territorio estadounidense.
   El juez, Alvin K. Hellerstein, argumentó que Cliver Antonio Alcalá Cordones "tiene ciertos derechos contemplados en la Constitución los Estados Unidos, en los estatutos federales y en las Reglas de Procedimiento Federales de lo Penal" a tener acceso a las evidencias en su contra, y que la Fiscalía reconoce su obligación de entregar los materiales al demandado, el tribunal apruebó la entrega de las evidencias, pero aclaró que "motivado a que hay preocupaciones por la seguridad y la confidencialidad de los materiales [ya que son parte de continuas investigaciones] se debe garantizar la protección de las mismas".

  La orden del juez recalca que "si esos materiales se divulgan a terceros, podrían, entre otras cosas, implicar la seguridad de otros, incluso, que si se llegara a revelar la identidad de las personas que cooperan con la ley". 

  El juez ordenó la protección de los materiales de descubrimiento proporcionados por los fiscales para que la defensa pueda asesorar al acusado, pero advirtió que "queda prohibido la difusión por parte del equipo de abogados Alcalá Cordones, a cualquier persona, organizaciones u otras entidades, que no sean miembros del equipo de defensa del acusado, es decir, que el uso está limitado a: co-asesores, asistentes legales, investigadores, traductores, litigios personal de apoyo, personal de secretaría y el acusado".

  La orden del juez dice que "los materiales de descubrimiento no se puede proporcionar a personas o entidades extranjeras (incluso si tales personas o entidades son miembros de un equipo de defensa), a menos que están dentro de la categoría de "Personas Aprobadas" por las partes".

   A cada uno de los individuos a quien se debe divulgar los materiales de descubrimiento, el tribunal le proporcionó una copia de la orden de protección a través del abogado defensor y del abogado defensor, quienes le informarán que "no deberán diseminar o discutir los materiales y que están obligados a seguir los términos de esta orden de protección", acota la orden.

 Cualquier persona aprobada deberá firmar un formulario de reconocimiento que será proporcionado por el Gobierno.

  La orden especifica que todos los materiales de descubrimiento deben ser proporcionados a Alcalá Cordones a través de los abogado de Defensa, con el único fin de permitir que el acusado prepare su defensa de los cargos en la acusación.

  El juez recalcó en su orden que "ninguno de los materiales de descubrimiento producidos por el Gobierno para el Demandado se divulgará a cualquier otro tercero". A la conclusión del caso, el abogado defensor devolverá a los fiscales todas las copias de los materiales de descubrimiento provistos en este caso.

  La orden de protección prohíbe a los medios de comunicación solicitar copias de artículos recibidos por el Tribunal como exhibiciones públicas en un audiencia, juicio u otro procedimiento.

    La orden de protección impedirá que el gobierno busque un orden de protección adicional de conformidad con la Regla 16 (d) en particular artículos de material de descubrimiento.

    Cliver Alcalá se entregó a las autoridades estadounidenses el 26 de marzo en Colombia y fue trasladado a Nueva York. Desde el 27 de marzo vive en una cárcel en Putnam, en las afueras de Manhattan, donde según sus defensores "lo han tratado bien". 

   Alcalá Cordones se declaró no culpable de los cargos ante un juez federal en Nueva York, en una audiencia por Internet con el programa Skype el 31 de marzo de 2020.

   El gobierno estadounidense lo acusa, junto a 15 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, de cargos por narcoterrorismo.

   De acuerdo a los documentos federales,  durante los últimos 20 años, desde que Hugo Chávez asumiera el poder en 1999, el Ejecutivo venezolano participó en una violenta y corrupta conspiración con las FARC para traficar con cocaína para ser traficada a los EE. UU.

  Estados Unidos calcula que las FARC y el Cártel de los Soles consiguieron ingresar en territorio estadounidense unas 250 toneladas de cocaína de manera anual desde 2004.




Discusión en un tribunal de Nueva York: ¿Los bonos PDVSA 2020 requerían o no la autorización de la Asamblea Nacional?

   Algunos diputado insistenten en ilegalidad del canje de los bonos PDVSA 2020 y recuerdan que la AN así lo declaró: Minutas y acuerdos aprobados

Por Maibort Petit

     La disputa por la operación de canje de las notas 2017 por los Bonos PDVSA 2020, que tienen como garantía el 50.1 por ciento de las acciones de CITGO Holding [entidad propietaria del activo más valioso de Venezuela en el exterior], ha trasapadado las paredes del parlamento venezolano para pasar a ser un pleito internacional que se definirá en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Los representantes del gobierno interino interpusieron en octubre de 2019 una demanda para que el tribunal declare los instrumentos financieros "nulos e ilegales". La querella, contra dos empresas que agrupan los tenedores de los bonos, MUFG Union Bank, N.A. y GLAS Americas LLC., ha llegado a su máximo apogeo y en el marco de la presentación de alegatos de las partes, los bonistas entregaron al juez un documento que avivó la discusión en el parlamento venezolano, ya que el representante del Grupo Ashmore, [ tenedor de una parte de los bonos] reportó que cuando los inversionistas tomaron la decisión de invetir en los instrumentos financieros venezolanos, lo hicieron basados en las opiniones de expertos, abogados, economistas y parlamentarios opositores que aseguraron que "ese canje de deuda no requería de la aprobación de la Asamblea Nacional", por tanto, el fondo consideró y asumió que la operación que estaba realizando PDVSA, controlada por Nicolás Maduro, era legal y que no había riesgo de inversión. En paralelo, la demanda en la corte de Nueva York, [interpuesta por representantes del interinato, bajo en mando del exprocurador, José Ignacio Hernández], plantea todo lo contrario, y es que el canje de la deuda se hizo sin la autorización de la aprobación del parlamento. La querella plantea que el acuerdo que hizo el gobierno con los tenedores de los bonos 2020 es ilegal, por tanto, no hay obligación de pagarlas.
    El pleito, repotenció la discusión en la que se enfrentan opiniones contradictorias [y acusaciones] entre los parlamentarios opositores por este asunto. Aparece involucrado, además, el economista, Francisco Rodríguez, quien actúo como parte de los interesados en que la operación hecha por el chavismo en 2016. Rodríguez, para ese entonces impulsó el canje de deuda en los mercados de inversión y declaró que no había riesgos en la transacción. Su análisis sirvió para disipar las dudasque surgieron entre los inversionistas ante la pregunta de sí el intercambio de la deuda requería o no la aprobación de la Asamblea Nacional. Rodríguez coordinó el viaje de los inversionistas a Caracas en 2016, y realizó el cabildeo con la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y las altas autoridades de ese poder. Su objetivo era lograr que los inversionistas confiaran en la operación planteada por PDVSA e invertieran en los bonos PDVSA 2020. 
  Vale destacar que Francisco Rodríguez es parte del fondo de inversiones Torino Capital. El economista, que también trabajó como experto para la Asamblea Nacional, es un hombre cercano al exgobernador del estado Lara, y excandidato presidencial, Henry Falcón del partido Avanzada Popular. 
***Este aspecto lo destacamos en esta nota porque en el año que se discutió el canje de los bonos 2017 a los PDVSA 2020, Francisco Rodríguez realizó junto a otros economistas y Henry Falcón una gira de 10 días por Estados Unidos, para presentar una alternativa la crisis que se vivía en Venezuela. Los que participaron en esa jornada planteaban un acuerdo nacional que incluyera a los chavistas. En Nueva York, se realizó un evento, patrocinado por Torino Capital,  el 9 de junio de 2016 en Nueva York, al cual tuvimos oportunidad de asistir. La conferencia fue convocada por Americas Society /Council of the Americas. Allí hablaron: Henri Falcón, Francisco Rodríguez, Orlando Ochoa y Victor Sierra (presidente de Torino Capital) y discutieron sobre los posibles escenarios y las soluciones económicas mientras Venezuela sufre una recesión económica histórica. El moderador de ese evento fue Francisco Toro, fundador y editor de Caracas Chronicles. En la antesala del evento, muchos de los asistentes al foro hablaron sobre supuestas especulaciones que había en el ambiente financiero sobre un posible anuncio pr parte de PDVSA para canjear los bonos].  En evento al que hacemos referencia está registrado en este video de ASCOA. Ver el video aquí.

El pleito en el Tribunal de Nueva York

     Venezuela Política publicó una nota titulada: Bonistas aseguran en la corte de NY que Francisco Rodríguez, y los diputados Rafael Guzmán y Julio Borges, aseguraron que la emisión de bonos PDVSA 2020 no requería de la autorización de la Asamblea Nacional, basa en un documento que forma parte del expediente de la demanda MUFG Union Bank, N.A. y GLAS Americas LLC., en el que uno de los representantes de un fondo de Inglaterra que representó a los inversores de los bonos PDVSA 2020, Ashmore, revela que viajó a Caracas invitado por Francisco Rodríguez en 2016, y que en el marco de las conversaciones que realizaron para informarse sobre el caje de la deuda, habló con los diputados, Rafael Guzmán y el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Según la declaración jurada del representante de Ashmore, ambos confirmaron que la operación de canje de la deuda ofertado por PDVSA, no requería la aprobación del parlamento.

    Ante las revelaciones hechas por Xin Xu, en representación del fondo financiero Ashmore Group, se avivó la discusión entre varios los parlamentarios de la oposición, que recordaron que en la Mesa de la Unidad (MUD) no hubo votos salvados cuando se declaró la ilegalidad de la operación.

José Guerra (PJ) dice que es ilegal

   El diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, insistió recientemente que el refinanciamiento de los bonos PDVSA 2020 fue ilegal, ya que la misma, según su criterio "ha significado un daño al patrimonio público cuando se ofreció a CITGO como garantía", a pesar de que la emisión original de estos bonos sí fue legal.

   A través de su cuenta en la red social Twitter, Guerra advirtió que la operación de canje de bonos “no era un endeudamiento ordinario porque cambiaban unos bonos por otros poniendo a CITGO como garantía. Allí el tema”, para así debatir la tesis oficialista que asegura que PDVSA se rige por la Ley de Administración Financiera del Sector Público y puede emitir bonos sin aprobación de la AN.

  Guerra defendió a Rafael Guzmán y a Julio Borges argumentando que cuando se acordó el rechazo a la emisión del bono en la Asamblea Nacional, el voto de la fracción de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fue unánime. “Nadie salvó el voto y el acuerdo lo presenté yo. El PSUV si se opuso y siguió adelante con la emisión y allí están los resultados. Guzmán y Borges son perseguidos políticos de la dictadura y no se acogieron al exilio voluntario”[1].

 El representante de Ashmore, Xin Xu narró  en su declaración jurada, que viajó a Venezuela en septiembre 2016, con otras personas que trabajan para fondos de manejos de inversiones. "El viaje fue organizado por Francisco Rodríguez, un analista de Torino Capital". Agregó que en Caracas se reunió con Rafael Guzmán, abogado de la Asamblea Nacional y miembro de Primero Justicia, quien para la fecha presidía la Subcomisión de Finanzas y Políticas Públicas. "Guzmán declaró que de acuerdo a la ley venezolana la deuda de PDVSA no tenía que ser aprobada por la Asamblea Nacional. Guzmán advirtió que PDVSA puede usar los activos en el exterior, incluyendo los de CITGO Holding para garantizar la deuda sin aprobación del parlamento (…) Guzmán declaró que era su opinión personal, y que sabía que era la interpretación mayoritaria, que Xu entendió, que era de la Asamblea Nacional (…) El testigo sostuvo que ‘en ninguna reunión en Venezuela, nadie sugirió que la nueva deuda de PDVSA con la garantía de las acciones de CITGO era ilegal e inválida si no era aprobada por la Asamblea Nacional’"[2].

Rafael Guzmán "no he declarado sobre la ilegalidad de las notas"

  El diputado a la Asamblea Nacional en representación del partido Primero Justicia, Rafael Guzmán, aseguró que nunca ha emitido declaración alguna sobre la ilegalidad de los Bonos PDVSA 2020, además de considerar que no es pertinente hacerlo en este momento en el que el asunto se debate en los tribunales por iniciativa de la Procuraduría Especial de Venezuela.

  Guzmán admitió que desde 2016 ha expresado su opinión acerca de la Impertinencia e inviabilidad de haber usado a CITGO como garantía colateral.

  Precisó que durante el debate parlamentario que tuvo lugar en septiembre de 2016, se discutió el canje de bonos y la AN aprobó con el voto unánime de toda la oposición, rechazar la utilización de CITGO como garantía por parte del gobierno de Nicolás Maduro en las operaciones de los bonos y, en tal sentido, se solicitó a la Fiscalía investigar estas negociaciones.

  El diputado indicó que la declaración jurada del representante del Fondo de Inversiones Ashmore que contiene la opinión de un diputado hace más de 4 años, por lo que le llama la atención el momento y la forma en que se coló a la prensa.

Alejandro Grisanti dijo que  fue un error demandar a los tenedores de bonos

  Quien fuera director de la junta administradora Ad-Hoc de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Alejandro Grisanti, dijo en una misiva al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guiadó, que no veía conveniente demandan a los titulares de los bonos PDVSA 2020, y dejó claro su rechazo a la estrategia legal emprendida por el entonces procurador especial del interinato, José Ignacio Hernández, de interponer una querella en la Corte de Nueva York en octubre de 2019.

   En la prensa venezolana se discutió el asunto. Grisanti se enfrentó a Hernández y no estuvo de acuerdo con los señalamientos del exprocurador contra Primero Justicia en torno al tema de los bonos y recalcó que a PJ le parecía un error demandar a los bonistas y recomendó negociar la deuda y frenar la acción legal que inició Hernández a nombre de la Asamblea Nacional en la corte de Nueva York.

  Grisanti cree que es escasa la posibilidad de ganar la querella contra los titulares de los bonos PDVSA 2020 y que un fallo negativo del juez podría traer consecuencias negativas para la república.
  
   “Si ganamos el juicio, no lo vamos a poder presentar como una victoria política dado que Pdvsa va tener que resarcir a los acreedores por el capital invertido”, dijo Grisanti a Petroguia.

  Te puede interesa. Entrevista con el exprocurador del gobierno interino, José Ignacio Hernández en Sin Filtros. 

La Fracción 16 de Julio pide investigar

  Por su parte, la Fracción Parlamentaria 16 de Julio ha ratificado públciamente la ilegalidad de los Bonos 2020 de PDVSA y ha exigido  a la comisión especial desde octubre de 2019, que se designó en la Asamblea Nacional para investigar el caso, rendir cuentas al país sobre lo que se hizo luego de aprobar los intereses de dichos bonos el pasado 7 de mayo, rechazado por la F16J en el voto salvado que se entregó por secretaría.
    El diputado Carlos Bastardo dijo en 2019, en nombre de ese grupo parlametario que los Bonos 2020 de PDVSA fueron un mecanismo para poner en garantía a la empresa CITGO.

  Bastardo saludó que la AN le diera la razón a la F16J por reconocer la ilegalidad de estos bonos, que se convierten en un daño al patrimonio de la nación.
La minuta de la sesión de la AN de septiembre de 2016

   El 27 de septiembre de 2016, se llevó a cabio un debate en el seno de la Asamblea Nacional, “sobre los efectos del canje de bonos de PDVSA”.

  La primera intervención la tuvo el economista y diputado, José Guerra, quien luego de explicar lo que eran los bonos y los procesos de endeudamiento, pasó a referirse específicamente a los bonos corporativos emitidos por la estatal petrolera que se conocían como PDVSA-2017 que, para el momento tenían un rendimiento de 22 por ciento, “el rendimiento más alto del mundo, reflejando el mayor riesgo del mundo que cualquier corporación petrolera internacional pueda tener”.

   PDVSA buscaba cambiar dichos papeles por una nueva emisión, los denominados PDVSA 2020, un canje que a ojos del diputado Guerra, se estaba planteando porque los inmensos ingresos petroleros recibidos entre 1999 y 2015 y que alcanzaron unos 800 mil millones de dólares, no se utilizaron para aumentar la producción petrolera o resolver los grandes problemas de Venezuela. Además de denunciar a Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA de haber endeudado a la corporación irresponsablemente el diseñar deuda con condiciones inconvenientes para el país.

  Lo más grave de esta operación es que se ponía el 50,1 por ciento de las acciones de CITGO como garantía de la emisión de bonos y con 8,50 por ciento de interés.

  A partir de entonces, las intervenciones oficialistas giraron en torno a negar que el canje de los bonos PDVSA 2017 por los PDVSA 2020 no debía ser calificado de endeudamiento como insistía la oposición, sino como un “reperfilamiento” o “canje voluntario” o “reformulación de la deuda”; así como para asegurar que el proceso de canje no podía catalogarse de contrato de interés público y que el mismo se enmarcaba en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

  Entretanto, los diputados de la Mesa de la Unidad (MUD) refutaron tal definición de “reperfilamiento” de la deuda; subrayaron la mala política petrolera implementada, la cual llevó al quiebre de la empresa; la inconveniencia de poner como garantía la mitad de las acciones de CITGO; la certeza de que con el canje sólo se aliviaría el problema por poco tiempo, pues luego no habría como pagar el incremento de la deuda adquirida.

 Entre las intervenciones de los diputados de la MUD, Freddy Guevara ratificó que la Asamblea Nacional, “como lo hemos planteado con el arco minero y con todos y cada uno de los inventos inconstitucionales que le han hecho al mundo, no va a reconocer ningún contrato de interés nacional que no pase por esta Asamblea Nacional; a los acreedores internacionales se lo decimos muy clarito, ustedes saben que este Partido va de salida y que este pueblo va a entrar a Miraflores muy pronto y no nos van a poder pedir a nosotros que cumplamos los compromisos de unos irresponsables que destruyeron a PDVSA. Por último, ratificamos que ejecutar ese canje y comprar esos bonos es un acto que atenta contra el bien público nacional; al acceder a ese canje se estaría cometiendo una irregularidad. Por lo tanto, no solo no lo vamos a reconocer, sino que también vamos a investigar a todo aquel que apruebe ese canje, porque estarían siendo cómplices de un acto de desfalco a la Nación y de destrucción de la producción nacional”.

La intervención de Guzmán en el debate

  El debate se cerró con la intervención del diputado de Primero Justicia, Rafael Guzmán, quien en primer lugar destacó que dadas las condiciones de la empresa PDVSA ya “no es de todos los venezolanos, PDVSA es de los acreedores, PDVSA no sirve para los intereses de los venezolanos, PDVSA sirve para los intereses de los acreedores”.

   Guzmán refutó las condiciones del canje, las cuales estuvieron lejos de tener las convenientes condiciones que desde el oficialismo se pregonaban. Ejemplificó que en diciembre de 2016 en lugar de los USD 4.079 millones, fueron USD 2.000 millones; en 2017 el ahorro sería de apenas de USD 1.300 millones, pues de USD 7.266 millones se pasarían a pagar USD 5,900 millones; en 2018, en lugar de pagar USD 1,800 millones, el canje llevaría a pagar USD 3,900 millones: en 2019, en lugar de cancelar USD 4,565 millones, tendrían que pagarse con el canje USD 5.356 millones.

  “Es un canje por una nueva deuda, señores, y esa es la realidad, que además es un canje y no estamos recibiendo un solo dólar para nueva inversión”, advirtió.

  Destacó la errada política que llevó a que aun cuando se tuvieron ingresos de USD 700 mil millones, no se pagó siquiera a los contratistas de PDVSA y, por otra parte, que la deuda pasó de USD 2.900 millones a USD 46.000 millones, es decir, 15 veces mayor.

Y finalizó:

  “Miren, señores, en el sector financiero uno siempre dice que el problema de PDVSA y de Venezuela no es de solvencia, es de liquidez y efectivamente es de liquidez, pero tenemos que agregar algo: no solo es de liquidez es de incapacidad; ustedes han sido incapaces de resolver los problemas de los venezolanos, ustedes han sido incapaces de poner a PDVSA a producir 6 millones de barriles de petróleo, ustedes han sido incapaces de manejar honestamente la fortuna y la mayor renta petrolera que país alguno haya podido tener en 15 años, pero de algo no van a poder ser incapaces y es de frenar la voluntad de los venezolanos de sacarlos del poder por vía constitucional y democrática. Allí se acabó la incapacidad de este Gobierno, la voluntad de los venezolanos la empezamos a partir del 6 de diciembre y este mismo año, con la voluntad de los venezolanos, los vamos a sacar del poder”.

El acuerdo 27 de septiembre de 2016

  En esa oportunidad la AN aprobó el “Acuerdo sobre la Situación Financiera Actual de Petróleos de Venezuela S.A.” el cual, en primer término, planteó citar al presidente de PDVSA para la época, Eulogio Del Pino, para que le explicara a la AN los términos de la operación de canje de bonos, fundamentada en el otorgamiento de la mayoría de las acciones de CITGO Holding INC como garantía.

  En segundo lugar, la AN decidió “Rechazar categóricamente que dentro de la operación de canje se ofrezca como garantía con prioridad por el 50.1% de las acciones que conforman el capital social de CITGO Holding INC, o que se constituya garantía sobre cualquier otro bien de la Nación”.

  Tercero, la AN exhortó al Ministerio Público a abrir una investigación para determinar si la operación de canje resguardaba el patrimonio de la nación, en atención a lo establecido en la Constitución.

   En cuarto lugar, la AN exhortó a PDVSA a presentar un plan de reperfilamiento de sus compromisos financieros y un plan de recuperación de la industria petrolera para el corto y mediano plazo.

El Acuerdo de noviembre de 2017

  El 7 de noviembre de 2017, siendo presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges; primer vicepresidente, Freddy Guevara; segunda vicepresidente, Dennis Fernández, el Poder Legislativo venezolano aprobó el “Acuerdo sobre la reestructuración de la deuda externa y sus implicaciones en la economía”, adoptado sobre la base de una serie de circunstancias como el despilfarro de los inmensos ingresos petroleros que Venezuela recibió entre 1999 y 2014; la malversación de los fondos públicos venezolanos; la merma de la producción petrolera en lugar de las promesas formuladas durante años del incrementar la misma; la escandalosa inflación; el gran endeudamiento del país por USD 120 mil millones; y el recorte de las importaciones de los bienes esenciales:

 La AN acordó rechazar categóricamente el proceso de reestructuración de la deuda externa venezolana anunciado para ese entonces por el Poder Ejecutivo Nacional bajo las circunstancias sobre las cuales se realizaba.

   En segundo termino, la AN acordó exigir al Ejecutivo Nacional que presentara el proyecto de presupuesto nacional y la ley de endeudamiento anual donde se contemplaba el refinanciamiento de la deuda externa, para su revisión y aprobación.

  Tercero, se rechazaría cualquier procedimiento que pudiera presentarse “ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente” relacionada con la presentación y aprobación de las condiciones de refinanciamiento de la deuda externa.

  Como cuarto punto, la AN acordó notificar a la comunidad internacional, al cuerpo diplomático y a la banca nacional e internacional sobre el acuerdo.





















[1] Tal Cual. “Diputado Guerra ratifica ilegalidad de bonos Pdvsa 2020 al ofrecer Citgo en garantía”. 3 de agosto de 2020. https://talcualdigital.com/jose-guerra-argumento-ilegalidad-de-bonos-pdvsa-2020-tras-acusaciones-de-que-pj-lo-avalo/






[2] Venezuela Política. “Bonistas aseguran en la corte de NY que Francisco Rodríguez, y los diputados Rafael Guzmán y Julio Borges, aseguraron que la emisión de bonos PDVSA 2020 no requería de la autorización de la Asamblea Nacional”. 3 de agosto de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/08/declaracion-jurada-en-ny-sostiene-que.html

martes, 5 de mayo de 2020

Los viajes corruptos de Alejandro Granado y otros funcionarios de PDVSA

  En el ínterin de 9 meses del año 2009, la estatal petrolera debió pagar por vuelos no justificados un total de USD 1.232.043,64.

Por Maibort Petit


  Durante la “cuarta república” las denominadas “colitas de PDVSA” se constituyeron en un escándalo de corrupción que fue enarbolado como bandera por el finado expresidente, Hugo Chávez, cuando arribó a la primera magistratura, al asegurar que tal situación —uso irregular de los aviones de la petrolera por parte de funcionarios y sus familiares— no se repetiría en su gobierno. En tal sentido, anunció la venta de las aeronaves y una serie de medidas para evitar la repetición de estos hechos. Todo ello quedó en la mera anécdota y retórica, pues el propio avión presidencial —el “camastrón”— y la utilización de los aviones de Petróleos de Venezuela S.A. o la contratación de vuelos pasaron a ser emblema de la irregularidad que, no solamente se mantuvo, sino que se incrementó. Tal es el caso de los vuelos de Alejandro Granado, expresidente de la filial de la estatal en territorio estadounidense, CITGO, que a continuación referimos.
  El irregular usufructo de los recursos del estado a través del uso de los aviones por funcionarios y sus allegados varió en metodología, puesto que del abordaje de aviones oficiales se pasó al arrendamiento de las aeronaves para así tratar de hacer pasar desapercibidas dichas irregularidades.

        Esa fue la estrategia utilizada por Granado, de cuya gestión al frente de CITGO hemos denunciado en recientes entregas, otras irregularidades.

  Ya en 2014 lo denunciaba Joaquín Chaffardet, en un informe que daba cuenta de la llamativa frecuencia con que Granado figuraba en los reportes de vuelos de aviones del estado venezolano a diferentes destinos, sin que existiera justificación alguna que relacionara tales itinerarios con diligencias de la petrolera.

  Agregaba la nota que de 27 aviones con que contaba PDVSA para la época, dos de ellas, un Beechcraft 1900D, matrículas YV2861 y uno que responde a las siglas YV2862, no son utilizadas para las labores de exploración y producción petrolera, sino que “En medios de la aviación privada se dice que son utilizados para vuelos nacionales de dirigentes del PSUV y gerencia media-baja de Pdvsa”.

  La información recogía la denuncia de Chaffardet quien acusó injustificados vuelos a la Florida y otros destinos, que debieron ser cancelados por quienes los realizaron y no por PDVSA, toda vez que respondían a la movilización de los usuarios desde y hasta su residencia particular —es decir uso personal—, en el citado estado y no a Texas, sede de la empresa.

  Los vuelos alquilados de Granado y su familia en 2009 totalizaron USD 928.631,01.

  Fueron 84 vuelos por los que CITGO Petroleum Corporation pagó fletes que variaron desde los USD 1.674 hasta USD 18.832,50, con itinerarios que variaron entre Fort Lauderdale-Houston, Maiquetía-Fort Lauderdale (y a la inversa), Washington-Houston, Teleboro- Fort Lauderdale, entre otros.

   Entre los pasajeros estaba el propio Alejandro Granado, así como Rosana Granado, Phil Reedy, Maritza Villanueva, Richard Gooley.



  La información recogía una advertencia de Chaffardet: “Es necesario tener en cuenta lo siguiente: cuando se contrata un vuelo privado Caracas-Houston y el avión debe regresar a su base en Caracas para volver a Houston días después a recoger los pasajeros para regresar a Caracas, los asientos vacíos se cobran. En enero de 2009 el avión de CITGO que voló vacío de Houston a Maiquetía para recoger a Rafael Ramírez y su familia, se cobra al igual que el vuelo que días más tarde fue a recogerlos a Eagle, en Colorado, y los llevó a Fort Lauderdale en Florida”.

Los vuelos de Ramírez

  Alejandro Granado no fue el único funcionario de PDVSA que endilgó a la petrolera el pago de vuelos particulares, pues entre los que recurrieron a esta práctica también figura el presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, cuyos vuelos irregulares sumaron USD 98.874,77.

  Fueron 9 vuelos cuyas tarifas variaron entre los USD 6.119,41 y USD 17.577.

  Los pasajeros fueron Rafael Ramírez, Beatriz Ramírez, Ernesto Ramírez, Julián Ruiz y Marco Pantoja.

Los vuelos de Zelaya

  No solamente funcionarios venezolanos se habrían valido de sus posiciones para usar irregularmente las aeronaves —bien propias o arrendadas—, pues también el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya y sus colaboradores,  usufructuaron los recursos de PDVSA en traslados aéreos para misiones ajenas a las de la empresa, como era las relacionadas al ALBA, en este caso.

 Los 27 vuelos del exmandatario centroamericano (tanto personales como relacionados con sus asuntos) y su entorno, representaron erogaciones por USD 204.437,64.

  En este caso fueron itinerarios como Houston-Managua, Managua-Washington (y a la inversa), San José-Managua (y a la inversa), Santo Domingo-Washington, Washington-New Orleans, Guatemala-Managua, entre otros. Las tarifas de estos vuelos variaron entre USD 1.610,37 y USD 20.088.

  Entre los pasajeros de estos vuelos se cuentan Nicolás Maduro, Gustavo Vizcayno, José Zelaya, Patricia Rodas, Melina Villanueva, Andrés Izarra, Francisco Arias Cárdenas, entre otros.

  De tal manera que los viajes privados pagados por PDVSA solamente durante nueves meses de 2009, constituyeron un gasto sin justificación alguna para el país de USD 1.232.043 dólares.


 

jueves, 23 de abril de 2020

Las empresas contratadas por Corpoelec en la gestión de Argenis Chávez

  Durante la gestión del hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, se firmaron una serie de contratos que, fuentes aseguran, supuestamente fueron otorgados irregularmente a empresas cuyos propietarios son allegados de Argenis Chávez Frías.

Por Maibort Petit 
@maibortpetit

   La gestión de Argenis Chávez al frente de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, sigue dando de qué hablar al surgir constantemente pruebas sobre las supuestas irregularidades por él cometidas en una administración que, a decir de los críticos, sólo sirvió para que la crisis del sector eléctrico se exacerbara. A nuestras manos llegan una serie de contratos que, nuestros informantes aseguran, fueron adjudicados a empresas cuyos propietarios o representantes están ligados a quien hoy día ostenta la gobernación del estado Barinas.  
  Se trata, asevera la fuente, de unos nombres que se repiten constantemente entre los seleccionados por la corporación como adjudicatarios de los contratos, empresarios y ganaderos de la zona que, luego de la salida de Chávez de Corpoelec supuestamente comenzaron a recibir contratos por parte de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, DEM, cuando este fue designado para dirigirla.

  La gestión al frente de Corpolec de Argenis Chávez se desarrolló entre el 6 de septiembre de 2011 y el 22 de abril de 2013, cuando este ingeniero eléctrico dejó el cargo al ser designado como cabeza de la DEM sin más aval que ser familiar directo del finado expresidente Hugo Chávez Frías. En la actualidad se desempeña como gobernador del estado Barinas electo el 15 de octubre de 2017[1]. Forma parte de los 18 funcionarios sancionados por el gobierno canadiense el 3 de noviembre de 2017, al considerarlos como “responsables, o cómplices, de graves violaciones a los derechos humanos reconocidos internacionalmente, han cometido actos importantes de corrupción o han hecho ambas cosas"[2]. En el informe que la Asamblea Nacional a través de una comisión mixta desarrolló acerca de crisis eléctrica que padece Venezuela, se recomendó investigar los proyectos contratados y ejecutados durante su gestión al presumirse “posibles sobrecostos” en las mismas[3].

  Su llegada a Corpoelec coincidió con agudizamiento de la crisis eléctrica en Venezuela y tal y como ocurrió con el resto de las posiciones que ha ocupado en la administración pública, siempre se le ha asociado a hechos irregulares[4].

  Su renuncia a Corpoelec fue celebrada por los trabajadores de la empresa eléctrica estatal, quienes denunciaron a Argenis Chávez de supuestamente ser el responsable de la pérdida de USD 4.500 millones que habían sido aprobados para la conclusión de Tocoma y la restauración de las turbinas en el Complejo Hidroeléctrico de Guri, refiere el portal Resistencia Venezuela[5].

  Igualmente lo acusan de haber impulsado una cacería contra trabajadores, básicamente por supuestos actos de sabotaje a la infraestructura y cometer presuntos fraudes contra los usuarios, como una forma de justificar las deficiencias del servicio. Fuentes vinculadas a la estatal aseguran que durante la gestión de Chávez aumentaron los problemas de la empresa, entre ellos las deudas por pasivos laborales y las carencias de insumos”[6].

  En esta entrega nos referiremos a un conjunto de contratos entregados a un grupo de empresas que, según nuestros informantes, como ya dijimos, se encuentran ligados a Argenis Chávez.

Seriado de contratos

  En una fecha que no podemos determinar de 2012, pues no la muestran los documentos que están en nuestro poder, se produjeron una serie de contrataciones con base a la necesidad de atender “la contingencia para la limpieza de corredores de servicio y vías de acceso de las líneas de transmisión de 115, 138 y 230 kv, perteneciente de centro de transmisión occidental”, también en “las líneas 765, 400, 230 y 115 Kv,  del sistema de transmisión sur”, así como del “sistema de transmisión central” de la Corporación Eléctrica Nacional.

  Los contratos son similares y establecen que la vigencia de los mismos será hasta el momento en que se produzca la entrega del finiquito correspondiente, estimándose un tiempo de ejecución de los trabajos de cuatro meses.

   Los contratos prevén una fianza de anticipo equivalente al 100 por ciento del mismo, una fianza de cumplimiento del 15 por ciento del contrato sin IVA, una fianza laboral del 10 por ciento de la mano de obra sin IVA, así como pólizas de RCG, de RCP y RCV.

  En las próximas líneas mostraremos a nuestros amables lectores los números de contrato, la denominación de las empresas contratadas, número de Registro de Información Fiscal (RIF), el nombre de sus representantes legales, el precio de los contratos y el monto de los anticipos que en todos los casos fue del 50 por ciento del total contratado.

  Así tenemos que el contrato Nº NCO-CAP10-0157/2012 lo suscribió la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) con la empresa Oficina Técnica de Construcción Oftenconsa S.A., RIF J-00291405-0, representada por Alfredo Peche. Se atendería la contingencia para la limpieza de corredores de servicio y vías de acceso de las líneas de transmisión de 115, 138 Y 230 kv, perteneciente de centro de transmisión occidental.

  El cual precio del contrato (incluido en IVA) fue de Bs. 1.074.507,59 y el anticipo era de Bs. 479.690,89.

   El contrato N° NCO-CAP 10-0130/2012 se firmó con la empresa Sormimar C.A., RIF J-302422922, representada por Domingo Bosco Ostuni, para la atención de las líneas 765, 400 y, 230  Kv,  del sistema de transmisión occidente.

  La negociación tenía un precio Bs. 5.268.551,76 de los cuales se pagaría un anticipo de Bs. 2.352.032,03.

  El contrato NCO-CAP10-0129/2012 se suscribió con Construcciones Copresca C.A., RIF J-00297102-9, representada por Alfredo Peche Lugo, para atender las líneas 765, 400 y, 230  Kv,  del sistema de transmisión occidente de Corpoelec.

  El precio del contrato era de Bs. 5.752.379,81 con un anticipo de Bs. 2.568.026,70 equivalente al 50 por ciento del total de la negociación.
  El contrato NCO-CAP10-0128/2012 se firmó con Servicomen C.A., RIF J-30604063-3, representada por José Cárdena Obando, para la atención de las líneas 765, 400 y, 230  Kv del sistema de transmisión occidente de Corpoelec.

  El monto del contrato era de Bs. 5.841.742,26, estableciéndose un anticipo de Bs. 2.607.920,65.

  El contrato N° NCO-CAP 10-0113/2012 se firmó con la empresa Sormimar C.A., RIF J-302422922, representada por Domingo Bosco Ostuni, igual, para la atención a la contingencia para la limpieza de corredores de servicio y vías de acceso de las líneas 765, 400, 230 y 115 Kv,  del sistema de transmisión sur de Corpoelec.

  El precio del contrato fue de Bs. 11.730.111,03 con un anticipo de Bs. 5.236.656,71.

Co la empresa con Inversiones Kapes C.A., RIF J-30935502-3, representada por Pedro Arzola, se suscribió el contrato NCO-CAP-10-0114/2012 para atención de las líneas 765, 400, 230 Y 115 Kv,  del sistema de transmisión sur de Corpoelec.

  El monto del contrato que se ejecutaría en 4 meses era de Bs. 9.337.374,48 con un anticipo de 50 por ciento, es decir, Bs. 4.168.470,75.

   El contrato NCO-CAP10-0115/2012 se firmó con Construcciones Copresca C.A., RIF J-00297102-9, representada por Alfredo Peche Lugo, para atender líneas 765, 400, 230 Y 115 Kv,  del sistema de transmisión sur de Corpoelec.

  El monto del contrato fue de Bs. 6.081.346,49, con un anticipo del 50 por ciento equivalente a Bs. 2.714.886,82.

   Con Servicomen C.A., RIF J-30604063-3, representada por José Cárdenas Obando, se firmó el contrato N° NCO-CAP10-00116/2012, para la atención de las líneas 765, 400, 230 Y 115 Kv,  del sistema de transmisión sur de Corpoelec.

  El monto de contrato era de Bs. 6.848.202,96 con un anticipo de Bs. 3.057.223,46.

  Entretanto el contrato N NCO-CAP 10-0122/2012 se suscribió con Constructora Clomat C.A., RIF J-09028146-0, representada por Manuel Edgardo Mansilla, para la atención de las líneas 765, 400 Kv,  del sistema de transmisión central de Corpoelec.

  El precio del contrato fue de Bs. 5.665.688,77 con un anticipo de Bs. 2.529.325,35.
  El contrato NCO-CAP-10-0123/2012 fue suscrito con Inversiones Llaneras C.A., RIF J-31963900-3, representada por Carlos Linares, para la limpieza de corredores de servicio y vías de acceso de las líneas 765, 400 Kv  del sistema de transmisión central de Corpoelec.

  El precio del contrato fue de Bs. 5.301.904,94 con un anticipo de 50 por ciento igual a Bs. 2.366.921,85-

  El contrato NCO-CAP10-0124/2012 con la Asociación Cooperativa Proconva R.L., RIF J-29707477-5, representada por Andrés Gómez atendería las líneas 765, 400 Kv,  del sistema de transmisión central de Corpoelec.

  El monto del contrato fue de Bs. 8.052.501,55 con un anticipo de Bs. 4.026.250,77.

  El contrato NCO-CAP10-0126/2012 con la empresa Servicomen C.A., RIF J-30604063-3, representada por José Cárdenas, a su vez atendería las líneas 765, 400 Kv,  del sistema de transmisión central de Corpoelec.

    El precio del contrato era de Bs. 3.760.929,75 con un anticipo del 50 por ciento igual a Bs. 1.678.986,49-

  El contrato N° NCO-CAP 10-0130/2012 con la empresa Sormimar C.A., RIF J-302422922, representada por Domingo Bosco Ostuni, era para atender las líneas 765, 400 y, 230  Kv,  del sistema de transmisión occidente de Corpoelec.

  El monto del contrato fue de Bs. 5.268.551,76 con un anticipo de Bs. 2.352.032,03.

   Con la empresa Inversiones Kapes C.A., RIF J-30935502-3, representada por Pedro Anzola, se firmó el contrato NCO-CAP-10-0127/2012 para la atención de las líneas 765, 400 y, 230  Kv,  del sistema de transmisión occidente de Corpoelec.

  El precio del contrato fue de Bs. 10.440.562,21 con un anticipo de Bs. 4.660.965,27.

 El contrato NCO-CAP10-0129/2012 con Construcciones Copresca C.A., RIF J-00297102-9, representada por Alfredo Peche Lugo atendió las líneas 765, 400 y, 230  Kv,  del sistema de transmisión occidente de CORPOELEC.

  El monto del contrato era de Bs. 5.752.379,81 con un anticipo de Bs. 2.568.026,70.

  Servicomen C.A., RIF J-30604063-3, representada por José Cárdenas Obando firmó con Corpoelec el contrato N° NCO-CAP10-0128/2012 para la atender las líneas 765, 400 y, 230  Kv del sistema de transmisión occidente de Corpoelec.

  El precio del contrato era Bs. 5.841.742,26 con un anticipo de Bs. 2.607.920,65.

  El contrato NCO-CAP-10-0127/2012 con Inversiones Kapes C.A., RIF J-30935502-3, representada por Pedro Anzola las líneas 765, 400 y, 230  Kv,  del sistema de transmisión occidente de Corpoelec.

  El precio del contrato fue de Bs. 10.440.562,21 con un anticipo del 50 por ciento de Bs. 4.660.965,27.

  El contrato NCO-CAP 10-0130/2012 le correspondió a la empresa Sormimar C-A., RIF J-302422922, Domingo Bosco Ostuni, y debía atender las líneas 765, 400 y, 230  Kv del sistema de transmisión occidente de Corpoelec.

El monto del contrato fue de Bs. 5.268.551,76 y el anticipo de Bs. 2.352.032,03.

Las empresas

  Sormimar C.A., RIF J-302422922, según el portal Pymes Venezuela[7] es una empresa que cuenta con seis trabajadores y tiene por objeto llevar a cabo “construcciones públicas y privadas; inversiones; compras, ventas y administración de muebles e inmuebles; avalúos; importaciones y exportaciones; contabilidades en general; y otras actividades de lícito comercio conexas o no al objeto de la sociedad”. Tiene su sede  en el sector Centro Av. Marqués del Pumar E/Av. Cruz Paredes y Calle Camejo Centro Comercial Galería Don Enzo Local 2B, Barinas, estado Barinas. Teléfonos; (0273) 4149011, 4149018,  (0414) 5687651. Correo electrónico: sormimarca@cantv.net. Esta empresa aparece activa en Registro Nacional de Contratistas[8], RNC[9].

  La compañía está representada por Domingo Bosco Ostuni[10], [11].

  Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS[12], refiere que Domingo Bosco Ostuni Del Rio ingreso al sistema el 16 de agosto de 2011 a través de la empresa Sormimar C.A. cuyo número patronal es K14014954, en la actualidad aparece como activo y su fecha de contingencia es el 22 de agosto de 2020. Acumula 403 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados equivalentes a Bs. 6.136.868,11.

  El Registro Electoral Permanente señala que sufraga en el Grupo Escolar Carlos Soublette de la parroquia El Carmen, Urbanización 23 de Enero.

  Construcciones Copresca C.A., RIF J-00297102-9, es una empresa que cuenta con cinco trabajadores y está dedicada a la “explotación de todo lo relacionado con el ramo de la construcciones, proyectos, remodelaciones y similares del ramo, trabajos de electricidad, plomería, pintura, proyectos y mantenimiento de jardines, así como realizar operaciones mercantiles o civiles, mobiliarias o inmobiliarias, que se relacionen directa o indirectamente con las actividades enunciadas y en general para efectuar toda clase de operaciones de licito comercio”, según indica el portal Pymes Venezuela. Tiene su sede en la urbanización Parque Central, avenida Lecuna, edificio Tajamar, piso 7, oficina 7, Caracas, Distrito Capital. Teléfono; 0212) 5732110[13]. Se encuentra activa en el Registro Nacional de Contratistas, RNC[14]

  La empresa está representada por Alfredo José Peche Lugo[15], quien de acuerdo a Dateas tiene su residencia o es ubicable en Alto Barinas, Barinas, estado Barinas.[16].

  Su cuenta individual en el IVSS revela que ingresó al sistema el 1° de noviembre de 2016, a través de la empresa Oftenconsa S.A. cuyo número patronal es D14094087. Acumula 982 semanas cotizadas para un total de salarios que suman Bs. 6.942.046,47[17].

  Sufraga en la Escuela Básica Bolivariana Las Palmas de Alto Barinas, urbanización Las Palmas.

   Servicomen C.A., RIF J-30604063-3, es una compañía con cuatro trabajadores, dedicada a los “servicios de comedores industriales, restaurantes, cafetines, y club donde existen restaurantes y cafetines. Servicios de despacho de hortaliza, frutos y verduras. Todo lo relacionado con la construcción de obras civiles, eléctrica y mecánica, mantenimiento de infraestructura, así como también la compra y venta de materiales para la construcción, mercancía en general, inversiones en general de bienes inmuebles y muebles, así como la administración de ellos. Asesoramiento, administración y contables. Mantenimiento, construcción de parques y movimientos de tierra. Canalización y todo lo relacionado con el objeto principal”. Su sede es en la urbanización Alto Barinas, av. El Progreso, Residencias Karuay N° 38, Barinas estado Barinas. Teléfono: 0273-320681 y 04145677968[18]. Se encuentra habilitada en el Registro Nacional de Contratistas[19].

  La empresa está representada por José Aymeiric Cárdenas Obando[20], titular de la cédula de identidad N° V-9.473.090. Se le ubica en Alto Barinas, estado Barinas.

   Ingresó al sistema de seguridad social el 15 de noviembre de 2004, a través de la empresa Servicomen C.A. con el número patronal K14011546. Se estatus es activo y su fecha de contingencia es el 28 de mayo de 2027. Acumula 968 semanas cotizadas y su total de salarios cotizados es de Bs. 6.161.115,94[21].

  Inversiones Kapes C.A., RIF J-30935502-3, de acuerdo al portal ASD Phone es una empresa ingenieros consultores dedicada a la “construcción, proyectos, mantenimientos e inspección de obras civiles, eléctricas, electromecánicas, hidráulicas, estructurales y sanitarias, relacionadas con el área industrial, comercial, agrícola y residencial tales como viviendas, edificios, cloacas y acueductos, fundaciones, Movimientos de tierra, vialidad agrícola, construcción de carreteras.

  La compañía está ubicada en Barinas se puede localizar alado del Teatro Regional, frente al Barrio Santo Domingo, Av. Industrial, Casa 3, Barinas, estado Barinas. Teléfono: +58 (414) 123-4564.

Inversiones Kapes C.A. está representada por Pedro Anzola[22].

  Constructora Clomat C.A., RIF J-09028146-0, es una empresa que cuenta con 30 trabajadores y está dedicada a la construcción de brocales, parques, aceras, acueductos, control y mantenimiento en aguas de piscinas y pozos perforados, análisis físico-químico y examen bacteriológico, además de servicio de transporte de equipos, materiales de construcción, entre otras. Su sede está en el Barrio El Cambio, calle B, N° 037, Barinas, estado Barinas. Teléfono: 0273-5322561, 5322485 y 0414-5670504[23]. Está inscrita en RNC y habilitada para contratar[24].

Está representada por Manuel Edgardo Mansilla, Barinas, estados Barinas[25].

La página del IVSS dice que ingresó al sistema de seguridad social el 19 de febrero de 2008, a través de Agropecuaria Hermanos Mansilla C.A. con el número patronal k10100616. Aparece como cesante y fecha de contingencia es el  7 de diciembre de 2029. Acumula 174 semanas cotizadas y el total de sus salarios cotizados es de Bs. 19.012,32[26].

Asociación Cooperativa Proconva R.L., RIF J-29707477-5, es una cooperativa con 7 trabajadores que tiene como objeto la prestación de servicios en todo lo relacionado con ejecución de obras civiles, tales como eléctricas, vialidad, estructuras e hidráulicas, elaboración de proyectos y el suministro de los materiales a emplearse en todo tipo de obras de construcción y sus actividades conexas. Tiene su sede en la Urbanización Cuatricentenaria, sector 16, vereda 03, casa N° 03, Barinas, estado Barinas. Teléfono: 04143576606[27].

La Asociación Cooperativa Proconva R.L. está representada por Andrés Gómez.

Disclaimer 

Para la realización de esta nota intentamos comunicarnos con las personas mencionadas, y con las empresas cuyas direcciones y teléfonos aparecen en los récords públicos. Enviamos un cuestionario a las compañías  y Argenis Chávez para conocer sus puntos de vista sobre los temas tratados pero hasta el cierre de este trabajo no recibimos respuestas.



Si alguna de las empresas o personas mencionas desea contar su punto de vista sobre los detalles aquí expresados, les solicitamos que se comuniquen a nuestro correo electrónico blogvenezuelapolitica@tuta.io. En este blog el derecho a réplica está garantizado.




[1] Poderopedia. Argenis Chávez. http://www.poderopedia.org/ve/personas/Argenis_Chavez

[2] La Patilla. “Canadá impone sanciones a Maduro, El Aissami, Adán Chávez y Argenis Chávez, entre otros funcionarios”. 3 de noviembre de 2017. https://www.lapatilla.com/2017/11/03/canada-impone-sanciones-a-maduro-el-aissami-adan-chavez-y-argenis-chavez-entre-otros-funcionarios/

[3] Transparencia Venezuela. Comisión Mixta para el estudio de la Crisis eléctrica en el país. Informe final. https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/02/Informe-CMECEP.pdf

[4] Kon Zapata. “¡Y quién se atreve a investigar al apellido Chávez?” 22 de enero de 2016. https://konzapata.com/2016/01/y-quien-se-atreve-a-investigar-al-apellido-chavez/

[5] Resistencia Venezuela. “Argenis Chavez ex-presidente de corpoelec denunciado por miles de trabajadores por haberse robado la cantidad de 4.500 millones”. 28 de abril de 2013. https://resistenciav58.wordpress.com/2013/04/28/argenis-chavez-ex-presidente-de-corpoelec-denunciado-por-miles-de-trabajadores-por-haberse-robado-la-cantidad-de-4-500-millones/

[6] La Verdad. “Trabajadores de Corpoelec celebran la renuncia de Argenis Chávez”. 26 de abril de 2013. http://www.laverdad.com/economia/26107-trabajadores-de-corpoelec-celebran-la-renuncia-de-argenis-chavez.html

[7] Pymes Venezuela. Sormimar C.A. http://pymesvenezuela.com/ficha/sormimar-ca-7336

[8] RNC. Sormimar C.A. https://rncenlinea.snc.gob.ve/reportes/resultado_busqueda?p=1&rif=J302422922&search=RIF

[9] RNC. Construcciones Copresca C.A.  https://rncenlinea.snc.gob.ve/reportes/resultado_busqueda?p=1&rif=J002971029&search=RIF

[10] ASD Phone. Sormimar C.A. https://www.asdphone.com/es-ve/sormimar-c-a-en-barinas-albaniles-289287e

[11] Dateas. Ostuni Del Rio, Domingo Bosco. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/ostuni-del-rio-domingo-bosco-3831765

[12] IVSS. Domingo Bosco Ostuni Del Rio. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

[13] Pymes Venezuela. Construcciones Copresca C.A. http://pymesvenezuela.com/ficha/construcciones-copresca-ca-8436

[14] RNC. Construcciones Copresca C.A. https://rncenlinea.snc.gob.ve/reportes/resultado_busqueda?p=1&rif=J002971029&search=RIF

[15] ASD Phone. Construcciones Copresca C.A. https://www.asdphone.com/es-ve/construcciones-copresca-barinas-c-a-en-barinas-conservacion-ambiental-y-ecologica-320961e

[16] Dateas. Peche Lugo, Alfredo José. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/peche-lugo-alfredo-jose-3891586

[17] IVSS. Alfredo José Peche Lugo. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

[18] Pymes Venezuela. Servicomen C.A. http://pymesvenezuela.com/ficha/servicomen-compa-ia-anonima-17250

[19] RNC. Sevicomen C.A. https://rncenlinea.snc.gob.ve/reportes/resultado_busqueda?p=1&rif=J306040633&search=RIF

[20] Dateas. Cárdenas Obando, José Aymeiric. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/cardenas-obando-jose-aymeiric-3886589

[21] IVSS. José Aymeiric Cárdenas Obando. Cuenta individual.  http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

[22] ASD. Phone. Inversiones Kapes C.A. https://www.asdphone.com/es-ve/inversiones-kapes-c-a-en-barinas-ingenieros-consultores-298974e

[23] Pymes Venezuela. Constructora Clomat C.A. http://pymesvenezuela.com/ficha/constructora-clomat-ca-5862

[24] RNC. Constructora Clomat C.A. https://rncenlinea.snc.gob.ve/reportes/resultado_busqueda?p=1&rif=J090281460&search=RIF

[25] Dateas. Mansilla, Manuel Edgardo. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/mansilla-manuel-edgardo-3744703

[26] IVSS. Mansilla, Manuel Edgardo. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

[27] Pymes Venezuela. Asociación Cooperativa Proconva R.L. http://pymesvenezuela.com/ficha/asociacion-cooperativa-proconva-rl-131861