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jueves, 4 de marzo de 2021

Conozca la declaración del fiscal que hizo desmoronar el caso contra Ali Sadr Hashemi Nejad, el iraní que lavó más de $100 de los programas de vivienda de Hugo Chávez

   El tribunal del Distrito Sur de Nueva York permitió la divulgación de la declaración del fiscal Garret Lych con respecto a la evidencia que la fiscalía pretendió ocultar a la defensa.

Por Maibort Petit
  A raíz de que se conociera que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York encargados de imputar a Ali Sadr Hashemi Nejad, incurrieron en mala conducta y ocultaron a los abogados del imputado un documento que habría ayudado en la defensa, el tribunal ordenó a los involucrados, presentar sus declaraciones.

   Como se recordará, Sadr Nejad fue declarado culpable por un jurado de los delitos de violación de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Irán, fraude bancario y conspiración para lavado de dinero internacional con fondos provenientes de los programas de viviendas que el régimen de Hugo Chávez acordó con la República Islámica de Irán[1]. En razón de conocerse las irregularidades cometidas en el proceso, la juez de la causa, Alison Nathan, anuló el veredicto, recomendó al Departamento de Justicia investigar los hechos. El 17 de febrero de 2021, la magistrada permitió el acceso público a las declaraciones de la fiscalía y a los documentos que esta aspiraba mantener bajo sello.

   El documento que ocultó la fiscalía es una carta del Commerzbank, fechada el 16 de junio de 2011, remitida al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la atención del despacho encargado de hacer cumplir las sanciones. Esta comunicación quedó identificada como GX 411 en el proceso judicial.

  El 16 de septiembre de 2020, la juez del Distrito Sur de Nueva York, Alison Nathan, ordenó a los fiscales involucrados en el caso de Alí Sadr presentaran declaraciones sobre la aparente mala conducta en la que habrían incurrido y así determinar si se requería una mayor investigación de los hechos. Ante este requerimiento, el 16 de octubre de 2020e, el l fiscal Garrett Lynch presentó su declaración ante el tribunal y el 17 de febrero de 2021, solicitó a la Corte presentar la declaración adjunta y los anexos en su nombre, en razón de que no tiene privilegios de presentación electrónica.

La declaración de Lynch
   Bajo pena de perjurio, el fiscal Garret Lynch declaró el 16 de octubre de 2020 ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York que trabaja como asistente del fiscal de distrito en la oficina de Cyrus R. Vance, Jr., fiscal de distrito del condado de Nueva York (DANY), donde fue asignado como Fiscal Adjunto Especial Unido (SAUSA) en junio de 2017.

  En tal declaración, Lynch responde a una serie de preguntas formuladas en la orden judicial del 16 de septiembre de 2020, siendo la primera de estas interrogantes: “¿Cuándo se enteró por primera vez de GX 411?”.

  Refirió que el documento que se convirtió en GX 411 fue presentado al fiscal de distrito del condado de Nueva York (DANY) y otras agencias de investigación federales y estatales de forma voluntaria en marzo de 2015.

  Manifestó que en el cuarto trimestre de 2015 revisó la carta del Commerzbank en relación con una investigación sobre posibles violaciones de la ley del estado de Nueva York, entre ellas la falsificación de registros comerciales relacionados con la evasión de las leyes y regulaciones de sanciones de EE. UU. Indicó que le pareció relevante para la investigación que adelantaban los fiscales de DANY.

  Ante la segunda pregunta sobre cuándo se había dado cuenta de que GX 411 no había sido revelado a la defensa de Ali Sadr y por qué no divulgó inmediatamente el documento, Garret Lynch le manifestó al tribunal que entregó documentos e información obtenida por DANY en la Investigación de Vivienda Venezolana a los diversos Fiscales Federales Auxiliares asignados a este caso a lo largo del tiempo. Los fiscales manejaron la producción del descubrimiento en el caso de Sadr y GX 411 se encuentra entre los documentos que proporcionados. 

   Advirtió no recordar haber considerado si había sido presentado por los AUSA a la defensa, hasta que, entre la tarde del viernes 6 y sábado 7 de marzo de 2020, supo que no se había revelado. “En el momento en que me enteré de esta no divulgación, los fiscales estaban en proceso de divulgar GX 411 a la defensa”.

   Garret Lynch hace un aparte para referir, a modo de antecedentes, que mientras revisaba archivos en su oficina el 19 diciembre de 2019 antes del juicio de Ali Sadr, se encontró con GX 411 y en un intercambio de correo electrónico con los AUSA, resaltó que el Commerzbank actuaba como un banco intermediario en el primer pago en dólares a la empresa Stratus Turquía. Se estableció que este último tenía conexión con la entidad iraní, y presentó un informe a la OFAC.
  Prosigue la declaración de Lynch indicando que el 7 de enero de 2020, mientras AUSA-1 estaba revisaba la evidencia obtenida de conformidad con las citaciones emitidas por DANY relativas a cada una de las transferencias electrónicas en cuestión en el caso, el fiscal le envió un correo electrónico preguntando sobre una transferencia de 2011, un pago mencionado en GX 411.

   En dicho correo Stephanie Lake le refiere a Lynch y los otros fiscales que los pagos reflejados en una hoja de cálculo que adjuntan, no encontró confirmación de la transferencia bancaria de USD 29 millones del 4 de abril de 2011. Indicó que halló una referencia a este pago en las declaraciones de citaciones de CHIPS y que este parecía mostrar que había pasado del “Fondo Chino-Venezolano” a Stratus International Contracting. Lake le preguntó a Lynch si tenían una confirmación de dicha transferencia.
  Lake agrega que notó que las confirmaciones de transferencias por lo general no muestran el banco intermediario de EE. UU. y se preguntaba si no faltaba documentación con esta información.
  Lynch les manifestó a los otros fiscales que GX 411 podría ser probatorio en el caso del gobierno.
   Garret Lynch dijo en su declaración al tribunal que la discusión sostenida con los otros fiscales a principios de enero de 2020, “expresé mi opinión de que GX 411 sería prueba probatoria en el juicio porque, en mi opinión, reflejaba un intento por parte del Sr. Sadr de engañar al Banco con respecto a la conexión con Irán de la entidad beneficiaria de los hallazgos a que se refiere el documento, así como de los propietarios de la entidad.

  Informó que, a fines de enero de 2020, preguntó si el gobierno deseaba considerar que el Commerzbank proporcionara un testigo para explicar GX 411, así como para autenticar y proporcionar la base para admitir el registro de transferencia bancaria del 4 de abril de 2011 del pago que la fiscalía estaría ofreciendo como prueba. Subraya que, en tal sentido, se ofreció para contactar a la entidad.
   Explica que en otro correo del 31 de enero de 2020 informó a los otros fiscales luego de contactar al Commerzbank, donde obtuvo información de que el GX 411 no se había preparado en el momento de la transferencia que el gobierno planeaba introducir en el juicio, sino en un momento posterior. La Investigación Bancaria determinó que el pago ocurrió en abril de 2011, mientras que GX 411 fue de junio de 2011.
  Después de este intercambio, Garret Lynch habló con AUSA-1 sobre los antecedentes de GX-411, la cual se generó como parte de un ejercicio de "revisión retrospectiva" de cumplimiento realizado después del registro del cable del 4 de abril de 2011 y que fue divulgada voluntariamente a DANY en la Investigación Bancaria.

  AUSA-1 estimó que, en vista de los antecedentes, las pruebas en cuanto a GX 411 serían indebidamente complejas y consideró que no había necesidad de convocar un testigo del Commerzbank para que hablara en torno a GX 411. “En consecuencia, dejé mis esfuerzos para conseguir un testigo del Banco para testificar sobre GX 411 y no recuerdo ningún contacto posterior con el Banco hasta el 6 de marzo de 2020”.

  La tercera pregunta a Garret Lynch requería datos de comunicaciones específicas sobre GX 411 o su divulgación con otros fiscales, ya sea oral, escrita o electrónica.

  Al respecto, el fiscal Lynch le refirió al tribunal que, además de las conversaciones y comunicaciones electrónicas descritas anteriormente, el viernes 6 de marzo de 2020 conversó con AUSA-1 y ella le transmitió que, con base en el contrainterrogatorio de la defensa de un testigo bancario ese mismo día, ella creía ahora que el gobierno debería convocarlo para el lunes 9 de marzo de 2020.
  Después de esta conversación, Lynch se comunicó con el banco para convocar el testigo.
  Acerca de cuándo estimó Lynch que GX 411 tenía valor exculpatorio para Sadr, el fiscal le manifestó a la Corte que esto ocurrió cuando la defensa planteó este problema luego de recibir el documento del gobierno el 7 de marzo de 2020. “Creí que el documento era totalmente inculpatorio porque, como lo vi en combinación con otras pruebas”.
    Pensó que el Banco había llevado a cabo la debida diligencia en el pago del 4 de abril de 2011 para determinar si Stratus International era una entidad iraní o estaba relacionada con Irán, pero no pudo tomar esa determinación de manera concluyente porque fue engañado por Alí Sadr, pues este dio información parcial y engañosa sobre esta entidad al banco venezolano remitente. Por ello, Commerzbank no pudo verificar que la entidad en realidad fuera iraní, a pesar de sus sospechas, que informó a la OFAC.

  Garret Lynch le aseguró al tribunal que no redactó una carta que la fiscalía remitió el 8 de marzo de 2020 relativa a la Orden del 16 de septiembre.
   “No recuerdo y no he encontrado comunicaciones o documentos que reflejen que fui incluido en alguna comunicación electrónica u oral relacionada con la carta del gobierno, editada después de las 9:42 PM cuando comenté el borrador de AUSA-1, y tal como se envió en forma final el 8 de marzo de 2020 bajo Dkt. Nº 277. No participé en conversaciones con un Jefe de Unidad ni con las AUSA de juicio sobre el cambio de lenguaje al que se refiere la Corte. Aparte de los cambios realizados para reflejar mis comentarios (enviados a las 9:42), no sé por qué se modificó la versión de la carta que revisé a las 9:31 p.m.”.

   Finalmente, Garret Lynch le aseguró al tribunal que desconocía que la sentencia del caso había sido anulada.













[1] Venezuela Política. “Ali Sadr Hasheminejad fue declarado culpable de violar las sanciones de EE. UU. contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero de los programas de viviendas de Hugo Chávez”. 16 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/ali-sadr-hasheminejad-fue-declarado.html





 

viernes, 22 de enero de 2021

Defensa de Álex Saab recurre a todo tipo de acciones para detener la extradición del empresario a Estados Unidos

   Por todos los frentes atacan los abogados de quien es calificado como testaferro de Nicolás Maduro, para evitar que su cliente sea llevado ante la justicia estadunidense.

Por Maibort Petit

   Todo un epistolario en procura de detener el proceso de extradición del empresario colombiano, Álex Saab, a los Estados Unidos, ha instrumentado su defensa en los últimos días. Cartas suscritas por los abogados y el propio acusado, se han remitido a las cortes, a representantes del gobierno de Cabo Verde y hasta al recién juramentado presidente de los EE. UU., Joe Biden, en lo que parecen ser recursos desesperados por evitar que su representado enfrente los cargos de lavado de dinero de que se la acusa en la corte del Distrito Sur de la Florida.

La carta de Saab a Biden

  Desde su celda en una prisión de Cabo Verde, Álex Saab dirigió una carta al nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que descalifica al saliente mandatario, Donald Trump, e insta al recién juramentado, a cambiar las “políticas corrosivas” de su antecesor.

 En la misiva, Saab manifiesta que “Trump creció odiando el socialismo, a los latinos, a los afroamericanos, a los musulmanes y casi todo lo que tiene vida, excepto a sí mismo” y agrega al momento de defender al régimen de Nicolás Maduro: “Entonces, ¿por qué nos odia? Porque si los pobres progresan, no puede explotarlos tanto. Su actitud no es nada más que básicamente la idea capitalista de explotar a los trabajadores”.

  Le refiere a Biden que la filosofía de Trump “es la del matón callejero: grita lo suficientemente alto sobre la libertad de pensamiento, pero los que piensen de forma diferente a mí morirán”.

  También hace mención a las sanciones emitidas por la administración de Trump en su contra, sus hijos y hermanos en clara alusión a la especie que ha circulado sobre la posibilidad de que Estados amplíe las investigaciones que le sigue, a sus familia y allegados.

  Igualmente, Álex Saab insiste ante Joe Biden en sus acusaciones de que, presuntamente, se violan sus derechos humanos con las condiciones de su reclusión: “En el transcurso de los últimos siete meses de detención ilegal en Cabo Verde, he tenido mucho tiempo (pero no mucha luz) para ponerme al día con mi lectura. Paso 22 horas al día sin electricidad y, aparte de 20 minutos por la mañana y otra vez por la tarde de lunes a viernes, que se me permite una consulta con mi abogado local, no se me permite hablar con nadie. Estoy detenido en condiciones que el propio Departamento de Estado de Estados Unidos ha descrito como que ponen en riesgo la vida”[1].

La carta a Rui Figueredo

  José Pinto Monteiro, uno de los abogados de Saab, igualmente escribió al nuevo ministro de Negocios Extranjeros de Cabo Verde, Rui Figueiredo, para solicitarle hacer cumplir la sentencia del Tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) en la que se ordenó suspender la extradición.

“Consideramos que no se opondría a recibir información sobre una cuestión pendiente relacionada con la Cedeao, que creemos que es el resultado de información incompleta y de los meandros del derecho de los tratados que, a veces, se pueden escapar incluso a los ojos de los mayores especialistas en Derecho Internacional Público. Nos referimos a la Sentencia del 2 de diciembre de 2020 del Tribunal de Justicia de la Cedeao, que ordenó la suspensión del proceso de extradición contra el embajador Alex Saab”, reza la carta[2].

La carta del activista de DDHH

  El activista de derechos humanos y abogado nigeriano, Femi Falana, remitió una carta el pasado 7 de enero al presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, en la que pidió la liberación inmediata del empresario colombiano, Álex Saab, solicitado por la justicia de los Estados Unidos por cargo de lavado de dinero y señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro.

  Falana, quien forma parte del equipo que asesora a Saab, le manifestó al mandatario caboverdiano que su nación está siguiendo un "camino perjudicial" en asociación con Estados Unidos que ha alentado a los países a atentar contra el estado de derecho. La misiva también la suscriben J. P. Monteiro, Rutsel S. J Martha y Baltasar R. Garzón.

  El gobierno venezolano alegó que Álex Saab —arrestado el 12 de junio de 2020 en el país insular africano— cumplía funciones como enviado especial de esa administración de Maduro en misión humanitaria rumbo a Irán y, por tanto, tiene estatus diplomático pues, además fue nombrado embajador ante la Unión Africana.

 Con sustento estos alegatos, Falana solicitó al tribunal de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), detener la extradición, petición que atendió y ordenó la liberación inmediata de Saab.

  En la carta, los abogados aseguran que Cabo Verde está violando el derecho internacional al negar la jurisdicción del tribunal de la CEDEAO y desobedecer su mandato. "Alex Saab tenía entonces, y tiene derecho ahora, a la protección de siglos de derecho internacional que regulan la conducta de la diplomacia y la libertad de los diplomáticos para desempeñar sus funciones libres de arresto o detención", refiere la carta.

  Agregaron que el argumento de Cabo Verde de que no ha ratificado el Protocolo Suplementario es falso e impropio de un estado respetuoso de la ley.

  Catalogan a Cabo Verde como un estado fallido al irrespetar el estado de derecho y desobedecer la orden del Tribunal de Justicia de la CEDEAO y, en tal sentido, instan al presidente Fonseca “a que considere debidamente las consecuencias del desafío continuo de Cabo Verde a la Unión Africana y la CEDEAO. La detención de Alex Saab es ilegal y debe ser puesto en libertad de inmediato para que reanude sus funciones diplomáticas. Por el bien de la justicia, los instamos una vez más a liberar a Alex Saab"[3].

Defensa apela sentencia que aprobó la extradición

  El Tribunal de Apelaciones de Barlovento en Cabo Verde aprobó el 15 de diciembre de 2020, la extradición hacia Estados Unidos de Álex Saab, por lo cual la defensa del empresario colombiano recurrió al Tribunal Supremo para apelar la referida decisión y se ordene el arresto domiciliario de su cliente.

  Los abogados de Saab consideran que el fallo del Tribunal de Apelaciones desafía la orden del Tribunal de la CEDEAO. "La corte regional estableció en su auto del 2 de diciembre de 2020, en el que aprobaba las medidas cautelares solicitadas por el equipo de defensa, que los tribunales de Cabo Verde debían conceder el arresto domiciliario y atención médica por parte de un doctor especializado a elección de Alex Saab de inmediato".

  Recordaron que ante la orden de la Corte de la CEDEAO lo prudente era suspender la extradición hasta que tuviera lugar la vista principal.

  La defensa de Saab le manifestó al Tribunal Supremo de Cabo Verde que existe peligro de fuga de su representado, al tiempo que subrayaron la supuesta “inmunidad e inviolabilidad” de que goza por sus cargos diplomáticos, tanto el de enviado especial que tenía cuando fue detenido, "como por su reciente nombramiento como embajador representante permanente alterno" de Venezuela ante la Unión Africana.

  Además, los abogados de Álex Saab presentaron al Supremo dos informes de juristas "con reconocido prestigio internacional”, uno de ellos Jorge Miranda, experto en derecho constitucional, "quien establece que, de acuerdo con la Constitución de Cabo Verde (...) se deduce, 'sin duda alguna, la naturaleza supranacional de la Cedeao y la vinculación de la República de Cabo Verde a los actos que emanan de ella'".

  El otro escrito es de Rutsel Silvestre Martha y "también incide en la naturaleza de la Cedeao como organización internacional supranacional y en que sus reglamentos, acuerdos y tratados son válidos en Cabo Verde y, por lo que" las decisiones de ese tribunal "son vinculantes para Cabo Verde"[4].

[1] El Nacional. “La desafiante carta de Alex Saab a Estados Unidos ante el cambio de gobierno”. 20 de enero de 2021. https://www.elnacional.com/venezuela/la-desafiante-carta-de-alex-saab-a-estados-unidos-ante-el-cambio-de-gobierno/

[2] El Nacional. “Defensa de Alex Saab solicitó a Cabo Verde cumplir con la sentencia que ordenó suspender la extradición”. 19 de enero de 2021. https://www.elnacional.com/venezuela/defensa-de-alex-saab-solicito-a-cabo-verde-cumplir-con-la-sentencia-que-ordeno-suspender-la-extradicion/

[3] The Cable. “‘It’s illegal’—Falana writes Cape Verde president over detained Venezuelan envoy”. 15 de enero de 2021. https://www.thecable.ng/its-illegal-falana-writes-cape-verde-president-over-detained-venezuelan-envoy

[4] SWI. Swissinfo. “Apelan al Supremo caboverdiano para que Alex Saab pase a arresto domiciliario”. 12 de enero de 2021.  https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-cabo-verde_apelan-al-supremo-caboverdiano-para-que-alex-saab-pase-a-arresto-domiciliario/46280156


 


 

viernes, 18 de septiembre de 2020

La Comisión de Resolución de Conflictos (CRC) de Voluntad Popular renunció en pleno por las trabas de la cúpula para evitar la expulsión de Freddy Superlano

  Cuando Freddy Superlano era presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, esa instancia entregó cartas de buena conducta al testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab y a Alejandro Ceballos, señalado por diversos casos de corrupción y lavado de dinero internacional vinculado al régimen venezolano. Una denuncia del diputado, Ismael León, asegura que Superlano se habría llevado el sello y el cuaderno de correspondencias de la oficina parlamentaria cuando renunció a la presidencia del ente.

Por Maibort Petit

   La totalidad de los miembros de la Comisión de Resolución de Conflictos (CRC) de Voluntad Popular renunció a sus puesto por estar en desacuerdo con la conducta de una parte de la cúpula de la tolda naranja que viola en principio de “entender la actividad política, y el ejercicio del poder, como un acto de compromiso con el país y como un compromiso moral y ético”. Mariana Campos Villalba Marcos R. Carrillo P. Eduardo Noguera, José Alberto Perdomo  y Gustavo Luis Velásquez B. renunciaron el 16 de septiembre de 2020. 

  Fuentes informaron que la razón es porque la CRC expulsó al diputado Freddy Superlano por sus vinculaciones con la corrupción en el caso de Álex Saab desde hace 11 meses y los miembros de la ENA, controlado por Leopoldo López no permitieron que se materializara dicha expulsión.

  Según la fuente "en la presión contra la CRC influyeron 5 miembros de la ENA [Equipo Nacional de Activistas]: Leopoldo López, la Dip. Olivia Lozano, el Coordinador Política Nacional; Emilio Graterón, el Coordinador Operativo Nacional, Ronald Carreño y el dip. Freddy Guevara".

    Entre los escándalos relacionados con el diputado Freddy Superlano destacan las cartas de buena conducta al testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab y a Alejandro Ceballos, señalado por diversos casos de corrupción y lavado de dinero internacional vinculado al régimen venezolano, durante su gestión como presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional,  lo ocurrido en Cúcuta durante el concierto por la libertad, de llevarse el sello y el cuaderno de correspondencia de la Comisión parlamentaria cuando abandonó el cargo por las denuncias de corrupción.

  Una fuente consultada por Venezuela Política informó que en una reunión a la que se presentó Freddy Superlano. En ese encuentro le preguntaron por las denuncias en su contra relacionadas con Álex Saab.

A continuación publicamos la carta íntegra de renuncia de los miembros de la CRC de Voluntad Popular.

Estimados Señores,

Asunto: Renuncia de los miembros de la CRC

  Nos dirigimos a ustedes en ocasión de presentar nuestra renuncia como miembros de la Comisión de Resolución de Conflictos (CRC), lo cual hacemos por las siguientes razones:

1. Desde su fundación la CRC se ha dedicado con escrupuloso esmero al cumplimiento de la normativa vigente del partido, así como a las funciones que estatutariamente se le han asignado. En este sentido, nos hemos apegado estrictamente a los valores que orientan a nuestra organización, tales como “entender la actividad política, y el ejercicio del poder, como un acto de compromiso con el país y como un compromiso moral y ético”, así como la “permanencia inalterable de los principios de la democracia y la solidez de las instituciones democráticas del Estado”, tal y como lo establecen los principios 4 y 5 del preámbulo de los Estatutos del partido (en lo adelante los Estatutos).

2. En el ejercicio de nuestras competencias hemos cumplido, entre otras funciones, con dirimir las disputas que en el partido se presenten y “garantizar que la conducta de los activistas no atente en ningún caso contra la armonía, gobernabilidad interna y el alcance de los objetivos estratégicos de la organización”, según lo dispone el artículo 8, literales a) y g) del Reglamento de la CRC.

3. La CRC ha respondido inequívocamente a los principios de eficiencia, eficacia, respeto a los Derechos Humanos, gratuidad, imparcialidad, transparencia, proporcionalidad e impulsó en todo momento la resolución amistosa de los conflictos sometidos a su consideración, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de los Estatutos. Igualmente, se ha tenido el más escrupuloso apego al debido proceso, al derecho a la defensa y a los derechos conexos a estos principios.

4. Toda la actuación de la CRC durante los últimos dos años ha sido orientada por los criterios de la defensa de la gobernabilidad del partido, la armonía entre los activistas y la resolución de fondo de los conflictos, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 76 de los Estatutos.

5. En este sentido, la CRC ha velado por el cumplimiento de la normativa del partido y, en especial, por el de los deberes que, de conformidad con el artículo 7 de los Estatutos, tienen todos los activistas, entre los que se encuentra el deber de “actuar siempre con base a los valores en los que se sustenta el partido, en cumplimento con estos estatutos, los reglamentos, principios y con las decisiones tomadas por las distintas instancias de la organización.”

6. A pesar de las diferencias propias de una organización política activa y luchadora, las decisiones de esta instancia se vinieron cumpliendo sistemáticamente en el tiempo con la cooperación de los órganos y militantes del partido, tal y como lo exige la norma antes transcrita, lo que fortaleció grandemente la institucionalidad del partido.

7. No obstante, durante este año importantes decisiones tomadas por esta CRC mediante las cuales se procuró restablecer el orden institucional y, por otra parte, se sancionó a miembros de nuestra organización, por conductas violatorias de normas con contenido ético establecidas en los estatutos, no han sido cumplidas a cabalidad, ni tuvieron el acompañamiento necesario, a pesar de las sistemáticas gestiones que esta instancia ha hecho para que tales decisiones fueran acatadas, lo cual debilita la institucionalidad del partido.

8. De conformidad con el literal h) del artículo 31 de los Estatutos, es competencia del ENA “Promover, cumplir y hacer cumplir los principios y valores de la organización, así ́ como los estatutos, los reglamentos y las decisiones emanadas de los órganos de dirección de Voluntad Popular Activistas”. Como se ha dicho, esto no ha sucedido en varios casos a pesar de la insistencia de esta CRC, asunto del que hemos dejado constancia ante esta dirección nacional pues consideramos que el cabal cumplimiento de una decisión en apego a la normativa y principios del partido es indispensable para la construcción de la Mejor Venezuela.

9. Por las razones expuestas, hemos tomado la decisión que anunciamos por medio de esta carta.

10. Agradecemos la confianza que se depositó en nosotros para ejercer tan alta función en el partido y reiteramos nuestro compromiso ético con la organización y sus instituciones, así como con seguir luchando por los ideales y principios que sustentan a Voluntad Popular.

Quedamos de ustedes, 

Atentamente, 

Mariana Campos Villalba Marcos R. Carrillo P. Eduardo Noguera

José Alberto Perdomo Gustavo Luis Velásquez B.