jueves, 26 de enero de 2023

Maikel Moreno, expresidente del TSJ chavista, fue acusado por EE. UU. de aceptar sobornos millonarios para resolver casos judiciales


  Un gran jurado federal de Miami acusó formalmente a Maikel José Moreno Pérez, de 57 años, expresidente del Tribunal Supremo de Venezuela y actual juez, de conspirar para lavar y lavar sobornos que recibió a cambio de usar su cargo para resolver asuntos civiles y penales. casos en Venezuela para favorecer a los sobornadores.

 Según los documentos de acusación penal, como presidente de la Corte Suprema de Venezuela, Moreno tenía el poder de influir en las decisiones judiciales en Venezuela porque tenía la autoridad para determinar el panel de jueces que escucharían casos en la Corte Suprema y el poder para nombrar o destituir a menores. jueces de los tribunales de primera instancia y de apelación en Venezuela. Esta actividad se prolongó desde 2014 hasta marzo de 2019.

 Se alega que Moreno recibió más de $10 millones de dólares en sobornos, generalmente de contratistas venezolanos que habían recibido contratos de entidades estatales venezolanas. 

  En 2014, antes de su nombramiento como presidente de la Corte Suprema, recibió $1 millón mediante transferencias electrónicas a su cuenta bancaria personal en Miami de un contratista venezolano. Este dinero fue para acordar resolver futuros casos penales venezolanos a favor de este contratista.

 Durante su mandato en la Corte Suprema, Moreno recibió sobornos a cambio de influir en acciones en casos penales, incluida la desestimación de cargos penales y órdenes de arresto o la orden de confinamiento domiciliario para los acusados, según los documentos de acusación penal. 

  Moreno recibió sobornos de un contratista acusado en los Estados Unidos de un esquema de fraude multimillonario para que se desestimara un caso penal venezolano. También recibió sobornos a cambio de tomar acciones oficiales en casos civiles venezolanos. Estuvo de acuerdo en autorizar la incautación judicial de una planta automotriz de General Motors (valorada en aproximadamente $100 millones) como parte de una disputa civil a cambio de un porcentaje de participación en las ganancias de la venta de la planta, se alega. Mantuvo un libro de sobornos que rastreaba millones de dólares en sobornos entrantes y gastos personales.

  Moreno supuestamente usó los ingresos de los sobornos para comprar o renovar bienes inmuebles en todo el mundo, incluida una villa en la Toscana, Italia, por 2,4 millones de euros, una villa de lujo en La Romana, República Dominicana, por $1,5 millones, un edificio en Las Mercedes en Caracas, Venezuela, por $1,3 millones, y un apartamento en Miami por $1,3 millones. También usó las ganancias de los sobornos para comprar automóviles, artículos de lujo, viajes de lujo y más de $300,000 para una actuación musical en su boda.

  Los fiscales acusan a Moreno de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, un cargo de encubrimiento de lavado de dinero y dos cargos de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas.

  Los cargos de lavado de dinero conllevan cada uno una sentencia máxima de 20 años y los cargos de participar en transacciones en bienes derivados de actividades delictivas cada uno conlleva una sentencia máxima de 10 años.



miércoles, 25 de enero de 2023

Roberto Rincón Fernández, contratista corrupto de CITGO y PDVSA, fue condenado a sólo 18 meses de cárcel por un juez de Texas

Por Maibort Petit

   Una vez más el juez del Distrito Sur de Texas, Gray Miller sorprendió con una sentencia extremadamente ligera contra el excontratista de CITGO y PDVSA, Roberto Rincón Fernández protagonista de una de las tramas de corrupción más escandalosos y millonarios de los últimos tiempos. El sujeto, acusado de corrupción, lavado de dinero recibió una condena de 18 meses de prisión de los cuales ya sirvió 7 meses, esto hace que una de las cabecillas de la banda criminal que expolió millones de dólares del erario público venezolano, haya salido casi ileso tras haber cometido sus crímenes. 

  Roberto Rincón Fernández fue arrestado junto a su socio Abraham Shiera, también condenado por el juez Gray Miller, en diciembre de 2015 y formuló su admisión de culpa el 16 de junio de 2016 al aceptar que fue responsable de un plan para asegurar corruptamente contratos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y de CITGO.

 El contratista corrupto se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo por ofrecer información falsa en su declaración federal de impuestos sobre la renta de 2010. El juez ya había impuesto una sentencia monetaria personal a Rincón, quien aceptó el decomiso.

  Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham Shiera se asociaron para ofrecer y proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus compañías. 

  Rincón admitió que, a partir de 2009, él y Shiera acordaron sobornar y ofrecer otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en los paneles de licitación de la estatal, lo que les permitió ganar lucrativos contratos. También reconoció haber sobornado a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas se incluyeran en las listas de proveedores y se les priorizaran los pagos por encima de otros proveedores.

    Del mismo modo, Rincón dijo que, deliberadamente, no informó en su declaración de impuestos federales de 2010 más de USD 6 millones en ingresos por dividendos extranjeros que recibió de una corporación venezolana de su propiedad.

  El expediente Rincón-Shiera se amplió tras las acusaciones en contra de otros participantes en la la trama de corrupción en la cual se pagaron sobornos a funcionarios de la petrolera estatal por montos superiores a los mil millones de dólares entre los años 2009 y 2014. Ambos demandados se declararon culpables de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EEUU, destinada a combatir el pago de sobornos desde compañías estadounidenses a empresarios o funcionarios públicos extranjeros.

 Rincón y Shiera suministraron información al gobierno norteamericano en el marco del acuerdo de cooperación para bajar sus sentencias. Gracias a los datos entregados por los dos sujetos corruptos a la fiscalía estadounidense, el gobierno logró ubicar y embargar unas 730 cuentas bancarias, la mayoría en en bancos de Suiza y Panamá, en la que aparecen involucrados funcionarios de Pdvsa y otros supuestos empresarios que hacen vida económica en los EEUU y que están vinculado al enorme esquema de corrupción. También ha emitido nuevas demandas y órdenes de captura contra otros indiciados.

 La acusación del gobierno de los Estados Unidos dice que las empresas de Shiera y Rincón fueran colocadas en los paneles de licitación de Pdvsa, lo que permitió obtener contratos lucrativos de energía con Petróleos de Venezuela, que por lo general cotizaban con un abultado sobreprecio causando un daño patrimonial a Pdvsa que aún no ha sido calculado.

 Rincón y Shiera gozaron de libertad condicional tras haber pagado sendas fianzas de cinco millones y un millón de dólares respectivamente. 

  Rincón pasó sus días preso en su mansión de 7.1 millones de dólares ubicada en el rico vecindario de The Woodlands en Houston, mientras que Shiera estuvo en su lujosa residencia en Miami.

 Durante su periodo en libertad provisional, los dos acusados permanecieron detenidos en sus hogares bajo supervisión y con la imposibilidad de salir salvo por necesidad médica o religiosa y para asistir a citas con su abogado u otros funcionarios judiciales, según establecen las dos órdenes dadas a conocer por la corte en agosto de 2016.

  Rincón pagará su condena en una cárcel de mínima seguridad en Texas.

  

lunes, 23 de enero de 2023

Con insólitos alegatos, hoy lunes se abre el juicio de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México acusado por EE. UU. de delitos de narcotráfico

  El super policía mexicano está acusado de ayudar al Cártel de Sinaloa, la Organización Beltrán Leyva y otras en su negocio de traficar drogas a EE. UU. 

Por Maibort Petit

  Hoy lunes, la fiscalía y la defensa del caso de Genaro García Luna, exzar antidrogas mexicano, entregarán al jurado los argumentos de apertura del juicio por cargos de narcotráfico, haber participado en una empresa criminal continua y por mentirle a los agentes federales de EE. UU. El proceso se ha convertido en una bomba mediática para explotar las fortalezas y debilidades de la clase política mexicana, y es usado como herramienta electoral del presidente, Andrés Manuel López Obrador.


  El juicio de García Luna, que se realiza en la Corte del Distrito Este de Nueva York, contará con un jurado, cuyos nombres no se harán públicos por la naturaleza de las acusaciones y las posibilidades que puedan haber retaliaciones de los carteles.

 Según los fiscales federales de EE. UU., el exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno del expresidente mexicano, Felipe Calderón quien gobernó al país desde 2006-2012.

 En la audiencia de apertura del juicio se procederá con la juramentación e instrucciones al jurado por parte del juez de la causa, Brian Cogan, para luego presentar los argumentos iniciales por parte del fiscal federal, Philip Pilmar.

García Luna está acusado de los siguientes delitos:

1)Participar en una Empresa Criminal Continua, 

2) Conspiración de Distribución Internacional de Cocaína, 

3) Conspiración de Distribución y Posesión de Cocaína, 

4) Conspiración de Importación de Cocaína 

5) Hacer una declaración falsa al Departamento de Seguridad Nacional.

  El fiscal Pilmar señalará al acusado, quien fue uno de los principales actores en el diseño de la política de la lucha contra el crimen organizado en México, abusó de su posición para supuestamente aliarse con los criminales de los carteles con el objetivo de enriquecerse, gracias a los cobros de sobornos a cambio de seguridad e información de los narcos del cártel de Sinaloa y de sus rivales.

  En el marco de la acusación se sostiene que cuando era funcionario público, García Luna hizo acuerdos con narcotraficantes violentos para ganar dinero y mayor poder. La causa del acusado se inició cuando aún estaba en su cargo en 2012, en Houston Texas, pero no logró concretarse la acusación sino hasta 2019, a través de los fiscales de la fiscalía del Distrito Este de Nueva York.

  El nombre de Genaro García Luna salió a relucir durante el juicio del exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo" cuando  Jesús “El Rey” Zambada un testigo cooperante de la fiscalía aseguró frente al jurado que había pagado del exsecretario de Seguridad Nacional de México, más de $6 millones en efectivo en sobornos.

  De acuerdo a los fiscales estadounidenses, García Luna participó en una empresa criminal continua. De hecho, dos de sus cercanos colaboradores fueron acusados por delitos similares: Luis Cárdenas Palomino,  Ramón Pequeño García e Iván Reyes Arzate alias La Reina. Los dos primeros no han sido extraditados a los Estados Unidos ni aparecen en las listas de testigos del gobierno y el último,  Reyes Alzate se declaró culpable por delitos de narcotráfico en asociación al cartel El Seguimiento 39, vinculado con el Cártel de Sinaloa, la Organización Beltrán Leyva y otros carteles con sede en México Y fue sentenciado por el juez Brian Cogan a 10 años de prisión.

  Según la acusación de alias La Reina, oficial de la Policía Federal de 2003 a 2016, cuando Reyes Alzate ascendió de rango en 2008 (ascendido a comandante de la Unidad de Investigaciones Delicadas de la Policía Federal, SIU), García Luna era su jefe inmediato.

 En la década de los 90, García Luna sirvió en los Servicios de Inteligencia Civil de México, luego pasó a ocupar el cargo de jefe en el proyecto para reorganizar la policía federal mexicana en cooperación con el gobierno de Estados Unidos. El plan macro era disminuir los niveles de corrupción y elevar la eficiencia en la lucha contra los carteles de la droga.

  Posteriormente, García Luna ejerció como director de la Agencia Federal de Investigaciones y posteriormente,  en 2006, fue designado por el presidente Felipe Calderón  como secretario de seguridad pública, con la función de combatir  el crimen organizado en México y transformar el sistema de justicia penal. Ese cargo lo ocupó hasta 2012.

  García Luna logró establecer en sus años de servidor público lazos importantes con agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos, políticos y servidores públicos, particularmente durante el gobierno de George W. Bush y el primero de Barack Obama. De hecho, muchos funcionarios norteamericanos le rindieron elogios públicamente.

  Desde el 2012, García Luna se retiró del servicio público y entró a la actividad privada haciendo consultorías entre México y EE. UU. Una empresa en Miami, cuyo principales clientes eran del gobierno mexicano es parte de las evidencias que buscan exponer los fiscales para probar, más allá de la duda razonable, que García Luna es culpable de los cargos por los cuales fue acusado. 

 Según a lista presentada en corte, los fiscales presentarán más de 60 posibles testigos, y cientos de evidencias con pruebas documentales que incluyen correos electrónicos, mensajes de texto, fotografías y otros elementos supuestamente cuilpatorios contra García Luna. 

 Entre los testigos más importante que presentará la fiscalía estarán los siguientes: 

1) Jesús "El Rey" Zambada, testigo del juicio del Chapo, exmiembro del cártel de Sinaloa. Fue quien mencionó a Genaro García 

2)El expolicía, Sergio Villarreal Barragán, alias, "El Grande", un narco de alto rango de la Organización Beltrán Leyva,. 

3) El narco colombiano, Álex Cifuentes, vinculado al cártel de Sinaloa y que sirvió en el juicio del Chapo Guzmán,

4) Édgar Veytia, el exfiscal del Estado mexicano de Nayarit, conocido como El Diablo o La Bestia,  sentenciado a 20 años por delitos de narcotráfico.

 Según el testimonio judicial del juicio de El Chapo, durante el tiempo, que García Luna estaba sirviendo en sus cargos públicos, el acusado supuestamente  estaba recibiendo sobornos del cártel de Sinaloa y de la Organización Beltrán Leyva, que supuestamente le habría dado $50 millones.

  El juez Cogan autorizó a la defensa de García Luna plantear en los interrogatorios de los testigos de la fiscalía las inconsistencias  en las declaraciones que han ofrecido los narcotraficantes en los que los fiscales apoyan sus versiones. 

 La defensa ha anunciado que buscará desacreditar a los testigos cooperantes de la fiscalía bajo el argumento que son unos narcos que mienten para lograr una sentencia menos severa.

   Asimismo la defensa se enfocará en el hecho que García Luna era un aliado de EE. UU. y que trabajaba de manera conjunta porque era un político que de alguna manera estaba secundado en su gestión por los funcionarios americanos. Pero los fiscales han dicho que el acusado aprovechó su posición para formar parte las organizaciones criminales mexicanas.

 El juez Cogan también autorizó a la defensa a mostrarle cinco al jurado fotografías del expresidente, Barack Obama, Hillary Clinton, exsecretaria de Estado,  el excandidato republicano a la presidencia John McCain; tres exdirectores de la CIA, jefes del FBI y la DEA, entre otros con quienes sirvieron de enlace durante el tiempo en que el acusado ejercía su función pública, o aquellos que elogiaron su gestión pero sin hacer referencia a los comentarios positivos que hicieron sobre García Luna.

 El juez prohibió a la defensa referirse al caso contra el general mexicano, Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, que fue detenido en EE UU en octubre de 2020 y luego que el presidente, Andrés Manuel López Obrador amenazara con echar del territorio mexicano a los agentes de la DEA, el Departamento de Justicia desestimó los cargos y lo envió a México donde goza de impunidad. 

  La defensa de García Luna planeaba usar el caso del general Salvador Cienfuegos para explicarle al jurado lo que a su juicio es un modelo de procesamiento judicial  selectivo, pero el juez ha dicho en un fallo que esos argumentos no serán presentados.

  El magistrado Cogan también prohibió hablar de lo que aparece descrito como "teorías conspirativas", tales como los Iluminatis, la existencia de extraterrestres, y otros temas referidos por uno de los testigos de la fiscalía porque eso no aportaría nada al juicio y generaría confusión o distracción en el jurado. 

 El juicio de Genaro García Luna se extenderá por unas ocho semanas apróximadamente con audiencias de lunes a jueves de 9:AM a 5 PM, que incluye un receso para el almuerzo. 

 La presentación de los alegatos ante el jurado por las dos partes tomará una jornada, lo que indica que la fiscalía y la defensa harán exposiciones de dos o tres horas.

lunes, 16 de enero de 2023

Este martes se inicia el juicio de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de México acusado de delitos de narcotráfico por EE. UU.

 Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, está acusado de ayudar al Cártel de Sinaloa.

Por Maibort Petit

  El exsecretario de Seguridad Nacional de México, Genaro García Luna estará en pocos días frente a un jurado que evaluará las evidencias que presentarán los fiscales federales de Estados Unidos en su contra con la intención de probar, más allá de la duda razonable, que es culpable de delitos de narcotráfico y que usó su poderoso cargo para aventajar los negocios de los cárteles, a quienes presuntamente ofrecía protección e información privilegiada.

  Este martes 17 de enero, en la Corte del Distrito Este de Nueva York se llevará a cabo una audiencia para la escogencia del jurado, 12 principales y 6 suplentes, seleccionados de un universo de 400 personas que llenaron un cuestionario inicial y de las cuales quedaron 30 ciudadanos estadounidenses en una lista que presentaron las partes.

Genaro García Luna se declaró no culpable de delitos de narcotráfico frente a un juez de Nueva York

 Genaro García Luna fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber colaborado con los cárteles mexicanos a traficar droga a suelo norteamericano. Asimismo se le acusa de atacar los rivales y hasta de mentir a la justicia de EE. UU. 

 Según la acusación, García Luna, quien ocupó la Secretaría de Seguridad Nacional durante el gobierno del presidente, Felipe Calderón, utilizando información, tecnología y su poder para capturar a narcos pertenecientes al poderoso Cártel de Sinaloa y otras organizaciones mexicanas. De hecho, bajo su gestión, se ejecutó la 'guerra' contra las drogas en México que condujo a la captura de criminales, en medio de una violencia generalizada.

 Según los fiscales, mientras estaba al frente de las más grandes operaciones contra el crimen organizado mexicano, el acusado recibía coimas de los cárteles y los ayudaba a ejecutar sus negocios, y a enviar cocaína y otras drogas a EE. UU.

  García Luna está acusado de Participar en una Empresa Criminal Continua, Conspiración de Distribución Internacional de Cocaína, Conspiración de Distribución y Posesión de Cocaína, Conspiración de Importación de Cocaína y hacer una declaración falsa al Departamento de Seguridad Nacional. 

 García Luna fue arrestado en diciembre de 2019 en Dallas Texas y trasladado a Nueva York para enfrentar la justicia. 

  Los fiscales dicen que García Luna encabezó una empresa criminal continúa desde 2001, que le permitió enriquecerse a costa de usar su cargo como funcionario público de alto rango para ayudar a los traficantes de drogas a trasladar sus mercancía de manera segura a Estados Unidos, evitar el escrutinio de las fuerzas del orden público mexicanas y, en ocasiones, llevar a cabo ataques brutales contra sus rivales.

  El juez de la corte de Brooklyn prevé que el juicio de García Luna dure unas ocho semanas, tiempo en el cual los fiscales presentarán unos 12 narcos que en calidad de testigos del gobierno informarán al jurado sobre las actividades que vinculan al acusado con los carteles.

 Los fiscales han sostenido que García Luna era uno de los funcionarios que recibía las valijas llena de dólares en efectivo de los cárteles, para dejar hacer los negocios al cártel de Sinaloa, que creció el negocio frente a sus rivales, entre ellos el violento cártel de los hermanos Beltrán-Leyva. 

  García Luna se convierte en el primer funcionario de alto rango que será juzgado en un tribunal de EE. UU. , lo que representa un gran paso a la revisión de las relaciones entre el crimen organizado y el sector público del Estado mexicano.

  Entre otros aspectos, la acusación contra el alto exfuncionario busca evidenciar que el acusado usó su cargo para ayudar a los narcos a cambio de millonarias sumas de dinero que incluyó la consolidación de un esquema de corrupción donde habrían participado otros actores del Estado, pero también se señala que García Luna pagó a miembros de un medio de comunicación para que no publicaran historias sobre sus vinculaciones con el narcotráfico.

  La demanda sostiene García Luna estableció una empresa criminal que condujo negocios ilegales, inclusive desde los mismos Estados Unidos, pues, según los fiscales, el acusado hizo negocios desde Miami, Florida donde residía desde el año 2012.

  Los fiscales acusan al exfuncionario de haber usado una serie de firmas de maletín, testaferros, cuentas bancarias, negocios en efectivo y agentes para seguir operando con sus contactos desde Estados Unidos para seguir enriqueciéndose. 

  En la acusación se asegura que con una firma de la Florida, dedicada a la Consultoría y Seguridad operaba a favor de los narcos, en conjunto con contactos que había hecho durante su gestión como Secretario de Seguridad Nacional, incluyendo a policías, exagentes de inteligencia, trabajadores federales, entre otros.

  García Luna a negado los cargos en su contra y ha argumentado que las acusaciones forman parte de una campaña de venganza de sus enemigos que se convirtieron en testigos del gobierno de EE. UU. haciendo declaraciones falsas para beneficiarse.

  La defensa también ha negado que haya obtenido fondos de los cárteles a cambio de seguridad, y que existen contradicciones en la demanda en su contra pues se dice que vino a EE. UU. con dinero y luego que una familia rica de Miami le habría ofrecido dinero y lujos.

Si es declarado culpable de todos los cargos, García Luna podría enfrentar cadena perpetua por su supuesto rol en una empresa criminal continua que ayudó a traficar miles de toneladas de drogas a los Estados Unidos a cambio de millonarios sobornos.


miércoles, 11 de enero de 2023

Una estrategia ejecutada por Francisco Convit Guruceaga consigue liberar al exfuncionario de PDVSA, Víctor Aular, acusado por delitos de corrupción

  Fuentes de Venezuela Política informaron que Aular fue puesto en libertad gracias a los 'buenos oficios', ejercidos ante la cúpula oficialista, por Francisco Convit Guruceaga, actualmente fugitivo de la justicia de EE. UU. 

Por Maibort Petit

  De manera silenciosa, fue excarcelado en Caracas, Víctor Aular, exvicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela durante la gestión del exministro Rafael Ramírez, que había sido arrestado en agosto de 2022, tras ser acusado de haber participado en un enorme esquema de corrupción que logró expoliar a PDVSA unos $480 mil millones. El sobreseimiento del exfuncionario, que también aparece señalado en casos criminales en EE. UU., responde a una serie de acciones que se están acometiendo por parte de operadores involucrados en millonarias tramas de lavado de dinero en Venezuela para generar evidencias que les sirvan para defenderse ante la justicia norteamericana.
    Víctor Aular participó en la suscripción de un contrato de préstamo con la empresa Administradora Atlantic 17107, CA., que de manera irregular realizó préstamos a PDVSA en bolívares y los cobró en dólares, creando un daño al patrimonio de la petrolera, pero además enriqueciendo ilícitamente a los protagonistas de la trama. Cuando el fiscal del régimen de Maduro, Tarek William Saab anunció la detención de Aular, 30 de agosto de 2022, destacó que la operación reflejaba la conducta criminal de los implicados. 
    La trama de corrupción que involucra a Aular,  fue plenamente descrita y evidenciada por las autoridades de EE. UU. en la acusación federal denominada Operación Fuga de Dinero.  A pesar de la demanda en la corte, las autoridades en Venezuela no realizaron investigaciones sobre la denuncia, hasta que a inicios de agosto de 2022, Tareck El Aissami —sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU., por ser presuntamente, uno de los grandes capos del narcotráfico y relacionado con grupos terroristas de Medio Oriente, y acusado en Nueva York por la violación de sanciones impuestas a Venezuela por el gobierno estadounidense acusó al expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez Carreño, a Nervis Villalobos, a Víctor Aular y otros de desfalcar más de cuatro mil millones a Petróleos de Venezuela durante la gestión del exzar petrolero.

   A muchos expertos sorprendió la denuncia de El Aissami, que en calidad de Ministro de Petróleo, dijo que había logrado evidenciar que Ramírez y sus socios expoliaron y causaron un grave daño al patrimonio de PDVSA, con varias operaciones de cambio que sólo se hicieron para enriquecerse. No obstante, en la denuncia de El Aissami surgió la oportunidad de oro para que un de los fugitivos de la justicia de EE. UU. por una causa que forma parte de las operaciones acusadas, consiguiera una pieza clave para presentar ante la corte de EE. UU. para defenderse.

Sobreseimiento del caso de Víctor Aular como evidencia del no delito

  En el marco del proceso irregular que permitió que Víctor Aular saliera en libertad, participó Francisco Convit Guruceaga, un sujeto que está siendo buscando por las autoridades federales de Estados Unidos por ser una de las fichas principales de la Operación Fuga de Dinero, un escandaloso caso de lavado de más de 1.200 millones de dólares provenientes de PDVSA.

  El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Francisco Convit Guruceaga y a otros cinco venezolanos el 18 de septiembre de 2018. Entre los acusados, además del llamado bolichico, se encuentran: José Vicente Amparan Croquer, alias 'Chente'; Carmelo Antonio Urdaneta Aqui; Gustavo Adolfo Hernandez Frieri; Hugo Andre Ramalho Gois; Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara y Mario Enrique Bonilla Vallera, este último un hombre muy cercano a los célebres narcosobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Las gestiones ante la 'justicia' de Caracas

  De acuerdo al fallo de sobreseimiento a favor de Víctor Aular —con fecha 29 de noviembre de 2022 del Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos a delitos asociados al terrorismo con jurisdicción a nivel nacional causa N- 4CT-S-042-2022 firmada por el juez José M. Márquez García a Víctor Aular Blanco, cédula de Identidad V-6.835.572 se le acusó de haber cometido los delitos de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos y malversación simple de fondos públicos y legitimación de capitales y asociación.

  Aular fue beneficiario de un decreto de sobreseimiento que tuvo lugar gracias a muchas gestiones realizadas ante las instancias de poder, por Francisco Convit Guruceaga. Una fuente ligada al caso dijo a Venezuela Política que una sentencia firme que alega que las operaciones que involucran al exfuncionario de PDVSA no constituyen delito, es decir, no violan ninguna de las leyes vigentes en Venezuela puede servir como pieza en la defensa de Convit Guruceaga y otros, que han justificado la naturaleza de la operación señalando que se ajusta a derecho.

 Convit Guruceaga y otros de sus socios están acusados por el gobierno de EE. UU. de delitos de lavado de dinero y corrupción a gran escala. Varios de los acusados en la Operación Fuga de Dinero se declararon culpables, fueron procesados y muchos pagaron condenas muy cortas por la gran cantidad de información que suministraron a los fiscales del caso.

El delito imputado a Aular es atípico

  "El decreto de sobreseimiento basado en lo establecido en el artículo 300 numeral 2, primer supuesto del código Orgánico Procesal Penal, referido a que el imputado no es típico", dice el fallo a favor de Víctor Aular.

  En ese sentido, la sentencia libera de los cargos a Aular y apela a una decisión que establece que "la propuesta de financiamiento de capital de trabajo para Petróleos de Venezuela, bajo la modalidad de crédito, hasta la cantidad de Bs. 17. 490.000.000,00, por un plazo de 24 meses a una tasa activa de mercado, menor a un 3 %, no generó pérdidas a la nación".

  En el documento de 48 páginas, se argumenta que "el crédito en cuestión se aprobó conforme al Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas N-2012-06 de PDVSA, en fecha 06 de marzo de 2012, estando presentes Rafael Ramírez Carreño y Juan Carlos Márquez Cabrera, este condición de secretario. En esa acta, dice que se trató como único punto, decidir sobre la suscripción del Contrato de Préstamo bajo el mecanismo de línea de crédito con la empresa Administradora Atlantic 17107, C.A., resolviendo por unanimidad que conformen a lo acordado en la reunión del comité ejecutivo de fecha 06 de marzo de 2012".

  El fallo advierte que "en la suscripción del contrato, fue autorizado a Víctor Aular Blanco, en su condición de Director Interno de PDVSA, a que firmara el documento correspondiente a la ejecución del contrato, así como a realizar las solicitudes de desembolso, pagos parciales, totales e incluso pagos anticipados del capital e intereses, así como la suscripción del finiquito de la deuda".

  Entre las evidencias que usan para justificar el sobreseimiento de la causa, se cita la comunicación CJ-2022-402 de la Consultoría Jurídica de PDVSA, del 13 de septiembre de 2022.

  Dice que la autoridad "logró establecer que efectivamente, el contrato suscrito el 12 de marzo de 2012, entre PDVSA y Administradora Atlantic 17107, C.A, se acordó que la empresa prestamista, que no era un banco, entregara a PDVSA en calidad de préstamo, los Bs. 17.490.000.000,00 conforme a la solicitud de desembolso que efectuó PDVSA".

 Agrega que el 15 de marzo de 2012, la prestamista decidió ceder sus derechos y obligaciones sobre el contrato a Violet Advisor C.A y Welka Holding Limited, representada por los hermanos Luis Alberto Oberto e Ignacio Oberto.

 A su vez, Violet Advisor S.A. cedió sus derechos y obligaciones suscritos en fecha 15 de marzo de 2012, con Administradora Atlantic 17107 C.A y PDVSA, el 12 de marzo de 2012, a Welka Holding Limited, quedando entendido que tan pronto se materialice el convenio entre las partes, sobre el derecho decido se materializara de manera perfecta. 

 Asimismo, el fallo dice que "se de la claro en el contrato que Welka, sustituiría a Violet en el contrato desde la misma fecha en que Violet notifique a PDVSA de la cesión de obligaciones a Welka. Violet garantiza la existencia del crédito, pero no la solvencia del deudor".

  Welka y Violet enviaron una comunicación a Víctor Aular el 16 de marzo de 2012, para notificarle a PDVSA la suscripción de un contrato de cesión de derecho y obligaciones que Administradora Atlantic 17107 CA firmó con PDVSA unos días antes. En el oficio se indica que "el pago de capital e intereses debía realizarse directamente a las cuentas bancarias pertenecientes a la empresa contratista".

  "PDVSA recibió las comunicaciones 18 y 19 de marzo de 2012, y PDVSA pagó la deuda e intereses en dólares americanos a Welka Holding Limited y Violet Advisor SA que no poseían domicilio en Venezuela", acota el fallo.

  Posteriormente, Luis Oberto, director de Violet Advisor S.A. hizo una oferta de ampliación de financiamiento a Víctor Aular, en su condición de director de PDVSA, carta que fue recibida el 15 de junio de 2012. Oberto ofrece duplicar el monto, es decir, una ampliación de Bs. 17.490.000.000,00.

  El 1 de agosto de 2012, PDVSA, representada por Víctor Aular y Violet Advisor S.A. suscribieron un addendum al contrato de préstamos a intereses, donde se acuerda ampliar a Bs. 1.500.000.000,00 adicionales a las sumas entregadas a PDVSA, según lo pautado en el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA.

  En total la empresa de Luis Oberto le entregó a PDVSA en préstamos Bs. 36.480.000.000. Pero el 25 de enero de 2013, PDVSA suscribió un nuevo addendum donde se acordó ampliar en Bs. 1500.000.000,00 adicionales. Este último préstamo también fue aprobado por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA celebrada el 22 de enero de 2013.

  El decreto que sobreseyó la causa de Víctor Aular dice que se verificó que los préstamos en bolívares que PDVSA pagó en dólares y que significó sumar mil millonarias para los involucrados, se depositaron en cuentas bancarias de PDVSA y que la información además fue confirmada por la Consultoría Jurídica de la estatal petrolera. "Los pagos fueron desembolsados en la cuenta bancaria del Banco Industrial de Venezuela, registrada a nombre de Administradora Atlantic 17107 C.A. el 10 de octubre de 2022".

 Dice que fueron debitadas de las cuentas de PDVSA, $ 4.850.000.000,00 por concepto de cumplimiento de obligaciones a las empresas de los hermanos, Luis e Ignacio Oberto, Welka Holding Limited y Violet Advisors S.A. en un lapso comprendido entre 21 de marzo de 2012 al 29 de enero de 2013, efectuada desde la cuenta PT500007090300950810330 del Banco Espirito Santo (Portugal) perteneciente a PDVSA.

  En la transacción de la inmensa suma de $4.850.000.000,00 fue a parar las cuentas de Violet Advisor S.A. N-CH108667005846941228 de Bank de Zurich y otra cuenta secundaria en la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) de Ginebra.

  Otros $500.000.000,00 millones fueron depositados entre el 21 al 27 de marzo de 2013 en una cuenta del Banco Espíritu Santo en Bahamas, a favor de Welka Holding Limited. Todas las transacciones fueron aprobadas por Víctor Aular, en su rol de director de PDVSA.

  Deja claro que "PDVSA hizo los pagos en dólares a los préstamos en bolívares de manera anticipada. en distintas fechas y a través de varias transacciones. El 10 de abril de 2013 se firmó un acta de finiquito al contrato de préstamo suscrito el 12 de marzo de 2012". 

  Este documento fue firmado por Luis Oberto Anselmi por parte de Violet Advisor S.A. y que fueron originalmente pactadas con Administradora Atlantic 17107 C.A propiedad de Juan Andrés Wallis Brandt.

  Para el sobreseimiento de Víctor Aular se usó un documento emitido el 26 de septiembre de 2022, firmado por Ramón Ostos, director de la firma de contadores KPMG de Venezuela donde se resume los pagos en dólares por los préstamos en bolívares por parte de PDVSA a favor de la empresa de Wallis Brandt. 

  Esta operación supuestamente "no generó daño financiero a la reserva de la industria petrolera", comentario que contradice a quien plantó la denuncia en la fiscalía del régimen de Maduro, que no es otro, que el mismo Tareck El Aissami, actual Ministro de Hidrocarburos de la dictadura

  Según la sentencia, el tribunal evidenció que las acciones desplegadas por Víctor Aular en la operación calificada por El Aissami como un enorme esquema de corrupción, fueron ejecutadas por el sobreseído (Aular) bajo las condiciones y lineamientos jurídicos que especificaba el contrato firmado y autorizado por la directiva de PDVSA., es decir, Aular sólo cumplía sus funciones y que tales acciones no afectaron el patrimonio público.

  Los resultados de la investigación hacen referencia a la denuncia que interpuso El Aissami del 30 de agosto de 2022, y que la pidió "como presidente de la Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque".

  El Aissami acusó a Rafael Ramírez, Juan Carlos Márquez, Víctor Aular, Nervis Villalobos, Alejandro Betancourt López (socio de Francisco Convit Guruceaga), entre otros, de haber ejecutado la trama irregular que representó para "PDVSA pagar sus acreencias en dólares cuando lo que había recibido a cambio era bolívares lo que constituye a todas luces una operación fraudulenta". 

  Asimismo, se denunció que la significativa decisión de la empresa de Juan Andrés Wallis Brandt, de traspasar en horas a las empresas de Luis e Ignacio Oberto Anselmi los contratos que los beneficiaron con millones de dólares por préstamos en una moneda devaluada, violaba las normativa venezolana.

  Por ley, PDVSA está obligada a vender las divisas provenientes de sus exportaciones de crudos y sus derivados al Banco Central de Venezuela, para así obtener los bolívares necesarios para cumplir con sus compromisos locales. La denuncia advierte que la operación si comprometía el patrimonio nacional. El fallo a favor de Aular dice que no.

 La demanda de El Aissami sugiere que los dueños de las tres empresas involucradas en la operación y los funcionarios de PDVSA orquestaron esta maniobra fraudulenta para la adquisición de divisas a tasa preferencial, asunto completamente ilegal, porque para la fecha existía un control de cambio en el país (CADIVI). la línea de crédito de Atlantic a PDVSA, fue irregular y las ganancias fraudulentas se obtuvieron en bancos suizos.

 En la denuncia se destaca que la empresa Violet realizó dos transferencias a beneficio de Nervis Villalobos Cárdenas en una cuenta que estaba en el banca Privada de Andorra BPA Serveis SA, a nombre de la empresa VAMSHORE ENTERPRISES LTD, por un monto de $55.600.000 millones.

  Nervis Villalobos había suscrito un contrato falso con Atlantic, Violet y Welka de supuestos servicios. Otro de los funcionarios involucrados, Abraham Ortega, Director Interno de Finanzas de PDVSA, fue quien suscribió el acta de finiquito de la operación.

  Se plantea que parte del dinero que logró de manera fraudulenta fue aprovechado por Leopoldo Alejandro Betancourt López, a través de empresas de fachada, para tratar de ocultar los fondos obtenidos del esquema corrupto.

  Cuando El Aissami introdujo la demanda a la fiscalía, se hizo un acta de investigación penal que está firmada por el Comisario Jefe, Jesús Viloria, comisario, Mairobis Osorio, los inspectores Manuel Gallardo Luna Bello, Miguel Palacios y otros.

Las diligencias para el sobreseimiento

  El sobreseimiento de la causa contra Aular se basa en lo establecido en el artículo 300, numeral 2, primer supuesto del Código Orgánico Procesal Penal que indica que el hecho imputado es atípico y no por ende no reviste de carácter penal.

  La sentencia a favor del exvicepresidente de PDVSA dice "que operación denunciada no es delito porque no constituyó un daño al patrimonio de Venezuela, ya que el contrato establecía que pagó era dólares y no en bolívares, y esto se estableció antes que se haya instaurado el régimen de control de cambio, por lo cual no exime a la intimada del pago en dólares de EE. UU. porque esa era la moneda prevista en el contrato".

  La sentencia destaca que el delito acusado no se encuentra previsto en el ordenamiento jurídico venezolano como conducta sujeta a sanción penal.

  Por su parte, la empresa KPMG en el informe entregado para justificar la operación dice que "PDVSA obtuvo una ganancia por los pagos anticipados de estas transacciones similares para el año 2013 de $1.100 y para 2012 de $1.978 millones como consecuencia de las operaciones acusadas".

  Destaca que el sobreseimiento de la causa a favor de Víctor Aular procede porque el hecho objeto del proceso no se realizó ni puede ser atribuido al imputado, por ende la acción penal queda extinguida y resulta acreditada a la cosa juzgada.

  Agrega que a pesar de la falta de certeza, no existe razonable posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay bases para solicitar un juicio al imputado.

  Asegura que los sobreseimientos, o preclusión o dismiss, proceden cuando de la investigación resulte que el hecho que motivó la apertura de la averiguación es inexistente, no puede ser suficientemente acreditado o resulte no ser constitutivo de un delito. o cuando no conste la participación de los imputados.

¿Quiénes se pueden beneficiar del sobreseimiento de Víctor Aular?


  Tal como se dijo inicialmente, la denuncia hecha por Tareck EL Aissami en Caracas en agosto de 2022, estaba esencialmente basada en una acusación federal que la fiscalía del Distrito Sur de la Florida interpuso ante la Corte del primer circuito en Miami en contra de un grupo de operadores y exfuncionarios venezolanos que establece que hubo un esquema de corrupción a través del cual se lavaron 1200 millones de Petróleos de Venezuela.

  En la primera etapa del proceso arrestaron y procesaron tres de los individuos que formaron parte de este esquema de corrupción demandado, a saber: Mathias Krull, Abraham Edgardo Ortega y Gustavo Adolfo Hernández Frieri. 

  Los fiscales estadounidenses aseguran que la mayoría de los señalados son “operadores sofisticados con conocimiento del sistema bancario internacional” y por lo tanto saben cuáles son las rutas para efectuar el lavado de dinero que proviene de una operación criminal. Entre los funcionarios mencionados en la acusación está Víctor Aular y Abraham Ortega.

  En los documentos del caso "Operación Fuga de Dinero",que lavó en el sistema financiero norteamericano 1.200 millones de dólares provenientes de PDVSA, están involucrados tres funcionarios.

  La acusación dice que el Oficial 1, quien aprobó un préstamo el 17 de diciembre de 2014, es un vicepresidente de Pdvsa., que en ese entonces era Víctor Aular. 

 En 2012, PDVSA autorizó una operación con la empresa Administradora Atlantic 17107, CA., para efectuar desembolsos, realizar pagos parciales y totales e incluso pagos anticipados del capital e intereses. Los responsables firmantes del acuerdo fueron Rafael Ramírez Carreño, Asdrúbal Chávez, E. Del Pino y Víctor Aular.

 El dueño de una de las principales empresas de la trama corrupta, Administradora Atlantic 17107, Juan Andrés Wallis Brandt llegó acuerdos con los fiscales y sirvió como cooperante en la investigación de los fiscales de la Florida, según confirmaron varias fuentes ligadas al caso.

  En el año 2022, varios de los acusados de nacionalidad venezolana que fueron acusados por los fiscales federales de EE. UU. iniciaron un plan para librarse de las demandas, presentando a la corte una serie de documentos de PDVSA que demuestran que las actividades por las cuales fueron acusados no eran irregulares, o que como funcionarios públicos, tomaron acciones para denunciar las irregularidades, cumpliendo así con su deber. 

Leer este caso:

  En paralelo, varios operadores han efectuado varias diligencias para contratar los servicios de prestigiosos bufetes de abogados en EE. UU., así como agencias de cabildeo. 

  Igualmente, ha llevado acciones contra funcionarios del Departamento de Justicia, de las agencias federales y personas que actúan como mediadores en otros países.

 Francisco Convit Guruceaga cambió de abogado para su representación en la Corte del Distrito Sur de la Florida el 7 de diciembre de 2022, una semana después que el tribunal en Caracas aprobara el sobreseimiento de la causa contra Víctor Aular. Convit, fugitivo de la justicia de EE. UU. está representado por Jorge A. Pérez Santiago, del escritorio jurídico  STUMPHAUZER KOLAYA NADLER & SLOMAN, PLLC del estado de la Florida.

   En la medida que se han ido mejorando las relaciones entre EE. UU. y el régimen de Nicolás Maduro también se han ido abriendo puertas para los operadores acusados en las cortes norteamericanas, que buscan beneficiarse de los posibles acuerdos que están bajo la mesa de negociación privada en Caracas.

   Muchos se preguntan:
1)  ¿Por qué Tareck El Aissami hizo la denuncia en agosto de 2022 a pesar que la información sobre la trama estaba disponible desde 2012?
2) ¿Por qué se decide liberar a Víctor Aular que había hablado previamente con las autoridades norteamericanas?
3) ¿Qué persigue EL Aissami? ¿En qué se benefició? ¿logrará su objetivo?
4) ¿Cuál es el compromiso de Nicolás Maduro con las decisiones? ¿Compromete algunos de sus hombres, mientras beneficia a otros? ¿Hay alguna cabeza en peligro? ¿Sí es así por qué la denuncia de El Aissami?
 
¿Cómo terminará esta historia? Una lucha de poder por mantenerse en el poder.


lunes, 2 de enero de 2023

El caso judicial de Álex Saab se alarga en los entramados de las cortes de EE. UU.

Por Maibort Petit

  El juicio del contratista del Estado Venezolano, Álex Saab Morán, acusado de delitos de lavado de dinero no tiene fecha de inicio, debido a que la defensa del considerado por los fiscales como testaferro de Nicolás Maduro optó por aprovechar todas los beneficios de las instancias judiciales de Estados Unidos, para evitar que se dé un paso más hacia el enjuiciamiento por las vías de la justicia ordinaria ante la cual sigue aclamando poseer inmunidad diplomática.
 Luego que el juez federal de distrito Robert Scola en Miami rechazara una moción para desestimar un cargo de lavado de dinero en su contra, la defensa introdujo un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones del 11avo Circuito de Estados Unidos en Atlanta.

  Los abogados de Saab argumentan que el acusado fue arrestado en la isla africana de Cabo Verde, cuando estaba en una misión diplomática del gobierno de Venezuela en Irán para comprar combustible y suministros humanitarios en 2020.
  El recurso de apelación le permitirá a la defensa ganar tiempo, mientras continúan las conversaciones en el ámbito político que tienen, entre otros objetivos, que la administración de Joe Biden conceda la entrega de Saab, uno de los puntos claves en las negociaciones entre el régimen de Maduro y EE. UU.

 EE. UU. ha apoyado y reconocido desde enero de 2019, a Juan Guaidó como presidente Interino. y no reconoce oficialmente a Nicolàs Maduro como jefe de Estado legítimo. No obstante, desde el pasado viernes 30 de diciembre de 2022. la Asamblea Nacional de Venezuela, [elegida en 2015] que era reconocida como legítima por muchos países de la comunidad internacional, eliminó [por una votación de 72 votos a favor], el sistema del interinato, con lo cual dejó en el limbo los apoyos y reconocimientos otorgados a la figura emblemática de Guaidó por muchos países.

  Hasta ahora se desconoce qué decisión tomará la Casa Blanca sobre la pérdida de apoyo de Juan Guaidó. Lo que no alberga dudas es que la administración. de Joe Biden está decidida acabar con todo lo gestado por su antecesor en materia de política exterior. Con relación a Venezuela, ya se han tomado medidas que han complacido a Maduro, incluyendo la liberación de dos narcotraficantes convictos, sobrinos de la esposa de Maduro, CIlia Flores, levantamiento de algunas sanciones impuestas a la dictadura, incluyendo la autorización a Chevron para que reinicie sus operaciones y los negocios con PDVSA, entre otros.

  Los abogados de Álex Saab informaron al tribunal de Miami que el acusado apeló ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito la orden final sobre la moción del demandado para desestimar la acusación por delitos de lavado de dinero y corrupción de más de $350 millones provenientes de programas sociales del gobierno venezolano. Los fondos fueron blanqueados en el sistema financiero norteamericano, según los fiscales.
En mayo 2022, la Corte de Apelaciones del 11º Circuito se negó a pronunciarse sobre el tema de la inmunidad diplomática de Saab y dijo que primero debería abordarse a nivel de la corte de circuito.

  Según la defensa, Estados Unidos y la Interpol tenía conocimiento que Saab tenía inmunidad diplomática, por lo que han pedido desde su arresto desestimar la acusación por ser improcedente.

  La fiscalía estadounidense y el juez de la Corte del Distrito Sur de la Florida, en Miami, Robert Scola niegan el conocimiento y reconocimiento del estatus de diplomático de Saab.
 
   Si no tienen éxito el recurso en  la Corte de Apelaciones del 11 avo. Circuito, la defensa puede apelar ante la Corte Suprema de Justicia de EE. UU. 
  

viernes, 30 de diciembre de 2022

"El Pollo" Carvajal pide a un juez en NY, autorizar un testimonio de un narco del Cártel de Sinaloa que serviría de evidencia exculpatoria en su juicio por delitos de narcotráfico

 Por Maibort Petit

  La defensa de Hugo Carvajal Barrios, alias "El Pollo", acusado de delitos de narcotráfico por el gobierno de los Estados Unidos, presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York una comunicación con la declaración del narcotraficante mexicano, Luis Fernando Bertulucci Castillo, alias 'Fernando Blengio Ceseña' condenado en EE. UU. y quien en una entrevista con los abogados del exjefe de Inteligencia del régimen de Hugo Chávez señaló que el exmilitar chavista no estuvo involucrado en una transacción de drogas que tuvo lugar en Venezuela en 2006.

 La defensa del exmilitar venezolano que está en proceso de extradición a EE. UU. desde España quiere que el testimonio de un narco mexicano, miembro del Cártel de Sinaloa, y cercano a el Chapo Guzmán, permita desestimar uno de los cargos por los cuales es acusado Carvajal.

   En el oficio, enviado por la defensa al juez de la causa, Alvin K. Hellerstein los abogados pidieron que el tribunal ordenara la declaración de un testigo de la defensa llamado Luis Fernando Bertulucci Castillo, alias quien paga su condena por delitos de narcotráfico en la prisión federal de Oklahoma, y quien será liberado el 6 de enero de 2023.

  Los abogados solicitaron al juez Hellerstein que autorice la deposición del testigo antes que este sea deportado de los Estados Unidos. Bertulucci Castillo se encuentra en una instalación del Buró de Prisiones de EE. UU..

   La petición está acompañada por una declaración firmada por Lara Dreux, asistente legal multilingüe de la oficina de los abogados de Carvajal, que establece, según ellos, "la base fáctica de la declaración propuesta".

 La defensa que se comunicaron con los fiscales federales, Kyle Wirshba y Kaylan Lasky para pedir opinión del gobierno sobre esta solicitud, "pero que no recibieron una respuesta".

  La defensa de Carvajal basó su moci[on en la Regla 15 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, que establece que se puede ordenar la deposición de un posible testigo “para preservar el testimonio para el juicio”. 

 “El tribunal puede conceder la moción debido a circunstancias excepcionales y en interés de la justicia”. 

  Argumentan los abogados que la jurisprudencia establece que un testigo debe ser interrogado antes del 6 de enero de 2023, porque de lo contrario no estaría "disponible" porque al ser deportado no podría o no quería viajar a los Estados Unidos para el juicio. 

  "Existen circunstancias excepcionales y una deposición es de interés para la justicia, porque el testimonio del Sr. Blengio es esencial para el caso de la defensa del Sr. Carvajal y promoverá el proceso de búsqueda de la verdad del juicio con jurado", acotaron. 

  El gobierno alega que el Sr. Carvajal “trabajó en conjunto y con otros para despachar un cargamento de cocaína de 5.6 toneladas desde Venezuela a México en un avión DC-9” en 2006.  "Pero, la declaración de Dreux deja en claro que el Sr. Blengio testificará que él era el propietario del DC-9, y fue quien coordinó el envío con las autoridades venezolanas y, que las autoridades venezolanas le mintieron al afirmar falsamente que el Sr. Carvajal estaba involucrado para extraer dinero de a él". Más adelante agregan que el testimonio de Blengio "exculpará profundamente al Sr. Carvajal en relación con la acusación del gobierno de que trabajó para “despachar” el avión cargado de drogas". 

  La defensa de Carvajal advierte que si no se ordena una declaración de Luis Fernando Bertulucci Castillo y se deporta al Blengio, probablemente será imposible presentar su testimonio ante el jurado.

  Los abogados dijeron que para preservar los derechos de la Sexta Enmienda de Hugo Carvajal a un proceso obligatorio y a presentar un caso, el Tribunal debe ordenar que se realice una declaración en persona antes del 6 de enero de 2023. 

  A fin de garantizar el derecho del Sr. Carvajal a un juicio justo y la plena difusión de la verdad detrás de las acusaciones del gobierno, la Corte debe ordenar la deposición de Fernando Blengio.

Agregan además que si Hugo Carvajal es extraditado a los Estados Unidos para enfrentar la justicia, puede ser juzgado únicamente sobre la base de la Acusación de reemplazo S-1 basada en declaraciones hechas a las autoridades españolas en los procedimientos de extradición.

Lo que dijo Fernando Blengio Ceseña o Luis Fernando Bertulucci Castillo a  Lara Dreux

 En la declaración de Lara Dreux, asistente de los abogados, el narcotraficante convicto Blengio dijo que era el dueño del avión y que se encargó personalmente de la transacción que envolvía a la carga transportada por la aeronave en 2006.

1) Cuando estaba arreglando la transacción en 2006, Blengio trabajó con oficiales de la Guardia Nacional de Venezuela para desviar la seguridad del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en las cercanías de Caracas, Venezuela.

2) Blengio nunca habló con el acusado del caso, Hugo Carvajal

3) Uno de los acusados le dijo a Blengio que debía pagar sobornos a un oficial venezolano de alto nivel, y fue cuando le recomendaron que le pagara a Hugo Carvajal, para asegurarse que podía continuar trabajando silenciosamente con la conspiración de narcotráfico.

4) Blengio arregló, por intermedio de uno de sus asociados, un encuentro con un hombre (desconocido) que según sus contactos era el general Hugo Carvajal.  

  En la declaración de Dreux, Blengio dice que creyó que el hombre con el que se reunió y a quien le entregó una fuerte suma de dinero en dólares era Hugo Carvajal, pero luego, cuando vio una fotografía del exjefe de inteligencia de Hugo Chávez, se enteró que lo habían trampeado, porque el de la fotografía no era la persona con la que se había reunido.

  "Blengio creyó que sus asociados en Venezuela lo habían engañado para quedarse con el dinero que le había entregado al hombre con el que sostuvo el encuentro", advierte. 

  Según el documento de la defensa, Blengio afirmó que Hugo Carvajal no estuvo envuelto en la transacción que envolvía narcótico de 2006.

  De acuerdo al testimonio recogido por Dreux, Blengio declaró que no posee ciudadanía americana, y que espera ser deportado de los Estados Unidos, una vez que sea liberado al término de  su condena. Asimismo, dijo que no sabe dónde vivirá, y que cree que su vida está en peligro si es enviado al país de nacimiento.