Juez de Florida autoriza cambio de fecha para la entrada a la cárccel del corrupto alcalde de Guanta, Jhonnathan Marín

 Por Maibort Petit

 El juez del Distrito Sur de la Florida, Robert Scola autorizó la moción en la que el exalcalde de Guanta en Venezuela, Jhonnathan Marín Sanguino pidió no entregarse a las autoridades en abril de 2023, para cumplir con la sentencia de 27 meses que recibió tras ser procesado por delitos de corrupción y lavado de dinero.

  La defensa de Marín pidió al tribunal extender la fecha de Entrega a la Oficina de Presiones prevista originalmente para el 20 de abril de 2023. Scola concedió al exfuncionario corrupto venezolano para que se entregue al BOP,  a las 12:00 del mediodía del 25 de julio de 2023. 

 El magistrado advirtió que "Si no es designada en la fecha especificada, el acusado se entregará al Servicio de Marshals Service en el Wilkie D. Ferguson, Jr. U.S. Courthouse, 400 North Miami Avenue, 6th floor, Miami, Florida 33128".

 

  Marín Sanguino fue acusado el 21 de abril de 2022 por la Fiscalía de los Estados Unidos de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. 

  

 El exfuncionario chavista usó su posición política y de poder, para beneficiar a empresarios que suministran bienes y servicios a PDVSA y que en la acusación del gobierno se identifican como Co-conspirador 1 y 2. El segundo de estos elementos fue identificado por la fiscalía como Carlos Enrique Urbano Fermín, propietario de la Constructora Cuferca C.A., quien igualmente fue procesado por blanqueo de capitales en una corte de Florida en la que se declaró culpable.

 Marín Sanguino recibió entre 2015 y 2017 pagos de sobornos por un monto total de USD 3. 800.000, de acuerdo a la acusación de la Fiscalía de EE. UU., dinero que le entregó un contratista, a cambio de “utilizar su posición oficial como alcalde de Guanta para influenciar a funcionarios de las subsidiarias de PDVSA para adjudicar contratos a las compañías del co-conspirador 1”.

 El dinero se transfirió a cuentas controladas por familiares de Jhonnathan Marín Sanguino y por él mismo, en el sur de Florida, lo que le permitió al exalcalde adquirir bienes de lujo como propiedades y hasta el uso de jets privados.

 El exalcalde de Guanta es acusado por un único cargo de conspiración para cometer lavado de instrumentos monetarios y fue sentenciado a 27 meses de prisión.

Fijan fecha del juicio contra Carlos Orense Azócar, alias "El Gordo", acusado de ser parte del Cártel de los Soles

Por Maibort Petit

  El juez Vernon S. Broderick, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ordenó que la selección del jurado para el juicio contra Carlos Orense Azócar, alias “El Gordo”, se realizará el 20 de noviembre de 2023 y el proceso se iniciará el 27 de ese mismo mes. El venezolano está acusado de delitos de narcotráfico por su supuesto papel en la logística de las operaciones del Cártel de los Soles.

  El juez Broderick advirtió que el tiempo otorgado busca que, por un lado, el gobierno proceda a la producción de documentos del descubrimiento y, por el otro, la defensa pueda proceder a analizarlos y estructurar el caso.

“El Gordo” es acusado de (1) Conspiración para producir, manufacturar, distribuir y poseer sustancias prohibidas por las leyes de los Estados Unidos (Cocaína); (2) Conspiración para violar las leyes marítimas de lucha contra las drogas por haber utilizado barcos, cargueros productos con cocaína, en violación del Título 21 del Código de EE. UU.; (3) Posesión de Armas de alto calibre, ametralladoras, y artefactos de destrucción para defender su empresa criminal de cocaína; y (4) Conspiración para poseer armas de alto calibre, ametralladoras y artefactos de destrucción[1].

  Carlos Orense Azócar fue extraditado a Estados Unidos en junio del presente año 2022, luego de permanecer durante un año detenido en Italia, donde fue aprehendido en mayo de 2021 cuando estaba en una pensión de Casalvieri, una localidad de la provincia de Frosinone.

  De acuerdo a los fiscales norteamericanos, Orense Azócar participó en una empresa criminal desde 2003 hasta 2021, en Venezuela, Colombia, República Dominicana y México junto a otros conspiradores que violaron las leyes norteamericanas contra el tráfico de estupefacientes.

 La próxima cita es el 3 de noviembre en la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde es enjuiciado.

 Azócar enfrenta cadena perpetua si es hallado culpable de los cargos interpuestos en su contra por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

 

Así pidió clemencia al juez la enfermera de Hugo Chávez y ex-tesorera corrupta, Claudia Díaz Guillén

 La ex-funcionaria corrupta dijo que no negoció con los fiscales porque no tiene datos de la gente que están investigando.

Por Maibort Petit

  En día de la sentencia de la enfermera de Hugo Chávez y la ex-tesorera de Venezuela, convicta por delitos de corrupción y lavado de dinero a gran escala, la mujer pidió clemencia al tribunal, asegurando que está derrotada y que el juez debe tener en cuenta que sus hijos están solos, porque sus padres, ambos están enfrentando la justicia.

 A continuación les dejamos la carta enviada por Claudia Díaz Guillén al tribunal.

Dirijo esta declaración al tribunal y a mi familia.

 Mi abogado y yo decidimos presentar esta declaración por escrito en lugar de oralmente ante el tribunal porque quería asegurarme de que se tradujera correctamente.

 Me presento hoy aquí como una mujer derrotada. Mi familia y yo hemos vivido bajo amenaza de muerte, cárcel y tortura durante más de diez años. Mis hijos perdieron a sus padres a la tierna edad de 14 y 4 años. La tortura de no tener a mis hijos me ha destruido mental y emocionalmente. Caigo en una depresión muy profunda y no veo ninguna luz. No tengo paz.

 Mi hijo de 14 años está en plena adolescencia. Ha sufrido un intento de secuestro, extorsión y la extradición de sus padres a Estados Unidos. Le acosan en el colegio porque sus padres están en la cárcel. En las llamadas telefónicas, solloza diciendo que todo esto es demasiado para él.

 Nuestro hijo de cuatro años no está mucho mejor. Lo adoptamos. Antes de la adopción, había sufrido malos tratos y abandono. Tiene ciertos problemas de desarrollo. Adrian y yo estuvimos trabajando para conseguirle los cuidados que necesitaba. Una vez estabilizado, me extraditaron. Volvió a sufrir abandono. A continuación, extraditaron a su padre. De nuevo, abandono. No entiende la situación y supone que nos hemos ido porque no le queremos. Le tranquilizamos por teléfono. A menudo llora porque los niños del colegio se burlan de él porque sus padres nunca le recogen, sólo su abuela.

 Mi madre también ha sufrido enormemente por todo esto. Está muy enferma. Yo era su único cuidadora antes de ser extraditada. Ella no puede regresar a Venezuela. La echaron de su casa por mi culpa. Una casa que construyó con mi padre. Acabó en la calle. Ahora vive en Madrid. Económicamente, la situación es muy difícil para ella. Su estado de salud también es muy malo.

 Perdí un bebé debido a todo el estrés al que estaba sometida. Un bebé que mi marido y yo deseábamos desesperadamente y por cuya concepción trabajamos mucho.

 Durante los últimos diez años, mi marido y yo hemos vivido bajo el microscopio. La prensa nos acosa constantemente y publica historias a menudo falsas. Mi reputación está completamente manchada. Una reputación que me costó mucho construir.

  Estas son sólo algunas de las consecuencias que he sufrido como consecuencia de mi etapa como tesorero.

 Con todo este sufrimiento y la devastadora pérdida de mis hijos y mi familia, afirmaré ante este tribunal que si hubiera podido cooperar con las autoridades estadounidenses, lo habría hecho. Sin embargo, como dije repetidamente a los fiscales. No dispongo de la información que buscan. No me relacioné con las personas sobre las que quieren información.

 Toda mi vida estudié e intenté hacerlo lo mejor posible. Trabajé para el gobierno durante 22 años y me obligaron a dimitir por cuestiones políticas. Mi marido fue expulsado del país bajo amenaza de muerte. Nos confiscaron nuestros bienes. Torturaron a nuestros familiares. Todo por la política. Fui tesorera durante 2 años de una carrera gubernamental de 22 años. Si hubiera sabido que todo esto ocurriría, habría nunca hubiera aceptado el puesto. Nunca imaginé que dos años en este puesto habrían resultado en tal devastación. Acepté el cargo con la intención de arreglar los problemas de la tesorería. Quería que Venezuela ganara dinero. Y gané dinero para el país como tesorero.

Fui ingenua.

Pero diez años después, ya no soy ingenua.

 Llevo un año en la cárcel y no ha sido fácil. Me han trasladado por tres cárceles del condado. He dormido en suelos con orina y heces. Me han metido en celdas con mujeres que estaban desintoxicándose de drogas y sufriendo psicosis. He visto muchas cosas que nunca imaginé. Sin embargo, he intentado que mi tiempo fuera útil y tuviera sentido.

 Siempre he sido una persona muy espiritual y religiosa. He formado grupos de oración con las mujeres de las cárceles. He intentado actuar como consejera espiritual. He aconsejado a las mujeres para que dejen las drogas y consigan trabajo. Algunas mujeres que conocí cuando llegué han salido de la cárcel, han encontrado trabajo y van a la iglesia. Me escriben para contarme cómo les va. Ahora tengo una compañera de celda que no sabe leer ni escribir. Le estoy enseñando las letras y ha aprendido a escribir su nombre. Son pequeñas cosas que hago para marcar la diferencia aquí.

 He completado un programa de habilidades para la vida y he recibido un certificado.

 También planeé comenzar un programa para mujeres que las asistirá durante el proceso de encarcelamiento. Un programa que enseñará habilidades prácticas pero que también incorporará un aspecto espiritual.

 Pido que el tribunal tenga piedad de mí y de mi familia. Mis hijos necesitan a sus padres. Por favor, téngalos en cuenta a la hora de dictar sentencia.

Nuevos sujetos vinculados del caso de KFC Group S.A., la firma registrada en Panamá que fue usada por Maduro y Daniel Ortega para vender petróleo y obtener ingresos en efectivo

  KFC Group: La empresa ligada contratistas corruptos de la FPO y también a las más altas instancias de los regímenes de Venezuela y Nicaragua

Por Maibort Petit

   Nuevos hallazgos logrados en la investigación que se realiza sobre los involucrados en los negocios corruptos registrado por la firma registrada en Panamá,  KFC Group S.A., que fue usada por Nicolás Maduro y el dictador, Daniel Ortega y su mujer para vender petróleo y obtener ingresos en efectivo.

    En las evidencias nuevas aparecen involucrados dos contratistas y un exfuncionario público, dos de los cuales ya han sido procesados por la justicia de los Estados Unidos. Se trata del exalcalde de Guanta, Jhonathan Marín, el empresario convicto, Carlos Urbano Fermín, así como el Leonardo Santilli, excontratista asesinado en extrañas circunstancias en 2020 en Lechería, Venezuela.

   Según la pesquisa Marín, Santilli y Fermín operaron con otros, para ganar contratos con sobreprecio de las empresas mixta de PDVSA, para lo cual pagana coimas a los funcionarios encargados de fiscalizar y aprobar las licitaciones.

  Entre los negocios hechos por los contratistas y empleados corruptos, con la empresa se beneficiaron varias personas. Lo curioso es que Nicolás Maduro haya usado KFC Group S.A. para hacer operaciones que buscaban para evadir las sanciones y obtener ingresos para el financiamiento de la revolución.

  Dado que el gobierno de Estados Unidos implementó una medida que apuntaba a acabar con el negocio que el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, quienes mantienen el control de las operaciones de importación y distribución del combustible en la nación centroamericana, estos se las han ingeniado para evadir tales políticas y agentes de la dictadura venezolana, ha servido para ello. 

 La Oficina de Control de Activo Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó el 13 de diciembre de 2022 a Rafael “Payo” Ortega Murillo, primogénito de la pareja presidencial nicaragüense quien actúa como principal operador financiero del régimen. El despacho del ejecutivo estadounidense, aplicó la medida a Ortega Murillo, en razón de sus actividades de “lavado de dinero y apoyo a la corrupción”. Esto dejó al hijo de los dictadores sin el control operacional.

 Hasta hace poco tiempo —previo a la aplicación de sanciones— Venezuela era el principal proveedor de combustibles para Nicaragua —Alba Petróleos de Nicaragua (ALBANIC) mutada después en ALBANISA— pero fue desplazada por el mercado de los EE. UU. y otros como Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica a pesar de no ser productores de petróleo, así como Dubai y Japón. 

 Para los Ortega Murillo era fundamental mantener el rentable negocio, las acciones norteamericanas no podían frenarlos y tras bastidores, continúan ligados a la actividad al haber cambiado de actores y proveedores de combustible.

 Uno de esos actores, de acuerdo a una investigación del portal Primer Informe[1], es una empresaria presuntamente vinculada a Cilia Flores, a saber, Keyla Lisbeth Campos Quevedo, quien preside KFC Group S.A., una compañía registrada en Panamá en la cual el esposo de la referida, Manuel Pedro Silva, también es directivo. 

  Fuentes de Venezuela Política aseguran que esta empresa también estaría relacionada a Carlos Enrique Urbano Fermín, excontratista del estado venezolano, uno de los protagonistas de un esquema de lavado de dinero proveniente de negocios fraudulentos establecidos, principalmente, con empresas mixtas de PDVSA que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO). Una trama de corrupción en la que el exalcalde de Guanta, Jhonathan Marín, así como Leonardo Santilli, empresario zuliano asesinado en 2020, tuvieron un significativo protagonismo. Urbano Fermín fue sentenciado a cinco años de libertad condicional, como premio por haber colaborado con los fiscales federales de la Florida[2].

   El grupo periodístico Connectas[3] también hace mención al asunto y refiere que KFG Group vendió petróleo a la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (Enimex), según lo revela una comunicación suscrita por Campos a Rosario Murillo, en la que se le pide su intermediación a objeto de agilizar el pago de una operación de compra-venta de fuel oil venezolano. 

  Igualmente, hace mención a un chat de WhatsApp en el que alguien que se presenta como Isabel Cristina, quien todo deja ver es la directora de Enimex, Isabel Castillo Valle, finiquita lo relativo al pago en efectivo de USD 9 millones. 

 De acuerdo a datos manejados por Primer Informe, fue necesaria la intervención de Cilia Flores para que el pago se agilizara.

El correo a Rosario Murillo

  En una comunicación dirigida a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, el 14 de julio de 2021, Keyla Campo, CEO de KFC Group, le recuerda a la alta funcionaria una solicitud formulada el 20 de mayo en la que por correo electrónico pidió su intermediación a objeto de que la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (Enimex), procediera a pagar 180 mil barriles de Fuel Oil que comenzaron a descargarse el 27 de diciembre de 2020.

  Campo le refirió a Murillo que la estatal estaba de acuerdo en realizar el pago en efectivo e informó que había obtenido la autorización del gobierno venezolano para retirar el dinero a través de la línea aérea Aeropostal Y/o otra que estuviera disponible en la fecha que el gobierno nicaragüense dispusiera para hacer la cancelación: el pago sería entregado a la entidad Bancamiga en Venezuela en la fecha que se estableciera.

  Una parte de la comunicación se informa que una persona de apellido Martínez insistía en apropiarse del pago.

Se sugirió como fecha probable de pago el 17 de junio de 2021.

Sobre Enimex

  Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (Enimex) fue creada el 30 de octubre de 2018 por Ley N° 981publicada en La Gaceta, Diario Oficial N° 217 de 8 de noviembre de 2018, donde se la define “como una empresa pública, de giro comercial, con personalidad jurídica, autonomía funcional, técnica, administrativa y financiera, patrimonio propio, duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, bajo la rectoría sectorial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), y que será sucesora legal sin solución de continuidad de la Empresa Nicaragüense de Importaciones (ENIMPORT).

 “En todo instrumento jurídico donde se mencione a la Empresa Nicaragüense de Importaciones (ENIMPORT), deberá leerse: Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (ENIMEX)”.

 Su objeto es “realizar transacciones de bienes, mercancías, productos y servicios en general, actuando inclusive como agente comprador y vendedor del Estado; todo con el fin de contribuir al logro de las políticas de seguridad y soberanía alimentaria, desarrollo productivo agropecuario y fomento de la micro, pequeña y mediana empresa, para continuar con la reducción de las desigualdades y la pobreza[4].

La empresa

 El portal Open Corporates informa que KFC Group S.A. es una empresa registrada en Panamá el 18 de mayo de 2012, bajo el número 769437, número nativo de la compañía es 769437S. Se trata de una Sociedad Anónima vigente en la actualidad. El agente es Mauad & Mauad.

  La representación legal recae en el presidente de la firma, ocupando la presidencia Keyla Lisbeth Campos Quevedo, quien también es una de los directores; Carlos Francisco Abrego García, Jorge Rodrigo Abrego Gasnell, figuran como suscriptores; Manuel Pedro Silva, director y secretario; Onofrio Cerami, como tesorero y director[5].

 Según su página web, KFC Group S.A. se define como una “empresa comercial que tiene negocios principalmente en las áreas de aceros, naval, petróleo & gas y tecnología. Contamos con la capacidad de búsqueda rápida de información, los métodos calificados de negocio y la excelente relación con nuestros asociados internacionales para proveer productos de las mas alta calidad certificada, tecnología y financiamiento”.

 En Panamá, la empresa se ubica en PH Brasil 405, Oficina 16C, Piso 16, San Francisco Vía Brasil, Ciudad de Panmá, República de Panamá. Entretanto, en Australia, KFC Group está domiciliada en 271 Little Malop Street, Geelong Victoria, Australia.  Teléfono de Contacto: +50762454655[6].

REFERENCIA

[1] Primer Informe. “Venezuela envía secretamente petróleo a Nicaragua a cambio de cash, violando sanciones de EEUU”. 9 de septiembre de 2021. https://primerinforme.com/actualidad/venezuela-envia-secretamente-petroleo-a-nicaragua-a-cambio-de-cash-violando-sanciones-de-eeuu/

[2] Venezuela Política. “Carlos Enrique Urbano Fermín: Un contratista del Estado venezolano, procesado por corrupción, sentenciado y delator de la justicia de EE.UU.”. 22 de mayo de 2022.  https://www.maibortpetit.info/2022/05/carlos-enrique-urbano-fermin-un.html

[3] Connectas. “La metamorfosis del negocio petrolero en Nicaragua”. S/F.https://www.connectas.org/metamorfosis-negocio-petrolero-nicaragua/

[4] Normas Jurídicas de Nicaragua. Ley creadora de la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (Enimex). http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/dee48d9e602522bd0625830400581f66?OpenDocument

[5] Open Corporates. KFC Group S.A. https://opencorporates.com/companies/pa/769437

[6] KFC Group. https://www.kfcgroup.net

La enfermera y el guardaespaldas de Hugo Chávez serán sentenciados en EE. UU. el próximo lunes 17 de abril

  La pareja de exfuncionarios corruptos enfrenta una pena máxima de 20 años en prisión. 

Por Maibort Petit

   El próximo lunes 17 de abril serán sentenciados en la Corte Federal de Fort Lauderdale en Florida, Claudia Díaz Guillén y su marido, Adrián Velázquez Figueroa, la enfermera ( y ex-tesorera de Venezuela)y el escolta del fallecido Hugo Chávez, que fueron declarados por un jurado en diciembre de 2022 por delitos de corrupción y blanqueo de capitales.

  Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa fueron declarados culpables por cargos de conspiración de lavado de dinero relacionados con un esquema ilegal de cambio de moneda extranjera que generó $ 100 millones en ganancias, que se usaron para comprar yates, aviones privados y otros lujos. 

 Díaz Guillén será condenada por un cargo de conspiración para lavado de dinero y un cargo de lavado de un instrumento monetario. La mujer fue declarada no culpable de un cargo de lavado de dinero relacionado con una transferencia bancaria en marzo de 2013 de más de $281,000 desde Suiza a una cuenta bancaria en el sur de la Florida. 

 Por su parte, Adrián Velásquez Figueroa, fue declarado culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero y dos cargos de lavado de instrumentos monetarios.  

  La pareja enfrenta una condena máxima de 20 años de prisión.

 Según los fiscales federales, Adrián Velásquez habría sido un intermediario para que su esposa y Raúl Gorrín Belisario recibiera alrededor de $100 millones en ganancias de la venta de bonos, mientras que Díaz fue tesorero de 2011 y 2013.

  Velásquez y Díaz fueron extraditados de España a EE. UU. en 2021, mientras que Gorrín, quien también está imputado en el caso, sigue prófugo. El juicio de los acusados comenzó el 28 de noviembre.

  Los fiscales dijeron que Díaz, la ex enfermera personal de Hugo Chávez, y Velásquez, un oficial de inteligencia militar en el destacamento de seguridad personal de Chávez, pasaron inmediatamente de ocupar puestos en el gobierno a vivir una vida de lujo como resultado de una conspiración urdida entre ellos, Gorrín y Alejandro Andrade, antecesor de Díaz.

  Díaz Guillén ejerció como Tesorera Nacional de Venezuela en sucesión a Alejandro Andrade, mientras que su esposo fue jefe de seguridad del finado mandatario. En el ejercicio de estas funciones, la acusada y su cónyuge habrían recibido unos USD 65 millones en sobornos por parte de Gorrín.

   Las defensas de Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa pidieron al tribunal que se desestimara la acusación y que el juez declarara el juicio nulo. El tribunal negó la moción de los abogados de la pareja venezolana que se enriqueció a costa de los venezolanos. 

   El juicio de Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa duró dos semanas en las que testificaron varios testigos de la fiscalía, incluyendo al extesorero corrupto, Alejandro Andrade Cedeño, quien fue condenado, y tras su colaboración con los fiscales, se convirtió en testigo estrella de este caso.

  Durante los argumentos finales, los fiscales detallaron lo que dijeron que era evidencia de una conspiración entre Díaz y Gorrín que le permitió continuar comprando bonos del Tesoro del Reino Unido a una tasa baja del Tesoro de Venezuela y revenderlos por dólares estadounidenses con una ganancia en el mercado abierto, lo que resultó en cajas llenas de dinero en efectivo y compras de artículos caros, según los fiscales.

  Díaz Guillén presuntamente recibió una parte del 50% de las ganancias, que según los fiscales eran esencialmente sobornos, mientras que Gorrín dividió su mitad con Andrade a cambio de negociar la reunión.

  Los fiscales presentaron pruebas de las transacciones bancarias y electrónicas, registros de la compañía y registros de vuelos y cruces fronterizos que muestran las llegadas de Díaz, Velásquez, Gorrín y otros compañeros. conspiradores al sur de Florida en marzo de 2011, todo lo cual, según el gobierno, demostró ser una conspiración para lavar dinero de sobornos.

  Además de violar la ley estadounidense, los fiscales dijeron que los acusados violaron la ley venezolana al aceptar "dinero indebido" con la intención de violar sus deberes oficiales.

Las irregularidades en las empresas mixtas de PDVSA: el contrato corrupto de Petropiar

Por Maibort Petit

  Un sujeto que fue acusado por un gran jurado federal en Miami de lavar dinero en el sistema financiero de EE. UU., proveniente de contratos de adquisición sustancialmente inflados obtenidos mediante el pago de sobornos a altos funcionarios de Petropiar, es señalado en una acta policial de haber estado vinculado con el contratista, Leonardo Santilli, asesinado en septiembre de 2020 en Venezuela.

   De acuerdo a documentos consultados, Rafael Rixon Rafael Moreno Oropeza, participó en la trama de corrupción que giraba en torno a  Santilli, señalado de ser uno de los testaferros del exdirector de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), Pedro León Rodríguez y del exalcalde de Guanta, Jhonnathan Marín.

  Según la acusación de los fiscales federales en Miami, desde al menos 2015 hasta al menos mayo de 2019, Rafael Rixon Rafael Moreno Oropeza, presuntamente acordó pagar un soborno de $1 millón a un alto funcionario del gobierno venezolano para que nombrara a una persona de su confianza como funcionario de alto rango en la división de adquisiciones de Petropiar. 

  Además, Moreno Oropeza supuestamente envió millones de dólares en pagos de sobornos a altos funcionarios de Petropiar desde cuentas que controlaba en el sur de la Florida. A cambio de estos pagos de las coimas, Moreno recibió beneficios que incluyen más de $30 millones en pagos de contratos de Petropiar a cuentas que el acusado controlaba en el sur de la Florida. 

  Los fiscales de Estados Unidos aseguran que Moreno recibió aproximadamente $2.7 millones de un contrato de Petropiar para suministrar dispositivos de respiración, un contrato cuyo precio supuestamente había sido inflado a 100 veces el costo real. Moreno supuestamente usó las ganancias obtenidas para su propio beneficio personal, incluso para comprar bienes raíces, un avión privado y vehículos de lujo en el sur de Florida.

  Moreno Oropeza está acusado en Miami de concierto para delinquir para lavar dinero; encubrimiento lavado de dinero; lavado de dinero promocional internacional; y participar en transacciones que involucren bienes derivados de actividades delictivas. 

   En Venezuela, la red de corrupción de Moreno Oropeza incluye, según un acta judicial en nuestro poder, a otros contratistas, incluyendo a Alejandro Sampayo Cabada y Salomón Morón Chacín. 

 La compra de las tuberías

   Rixon Moreno Oropeza es propietario de la firma Investing Group CA LLC que en Venezuela está domiciliada en la Calle Arismendi, Centro Comercial Atlántico, piso 3, Oficina A3, Lechería 6001, estado Anzoátegui. El teléfono es 0017866423708.

  Investing Group CA LLC también fue registrada en el estado de Florida el 23 de mayo de 2012, bajo el número L12000069382, número FEI/EIN 99-0376850. En la actualidad esta firma se encuentra inactiva al haber sido disuelta por vía administrativa el 25 de septiembre de 2020. Su dirección era el 7105 NW 50TH ST, Miami, FL 33166 que igualmente era su dirección postal. El agente registrado era JP Global Business Solutions Inc. El directorio lo conformaban Leonardo Felipe Lezama y Rolgenys Eduardo Villegas[1].

  En la red social LinkedIn, Investing Group CA LLC se define como “una empresa fundada sobre la base de la suma de las experiencias de sus socios en el comercio internacional y en el sector de hidrocarburos. Con su visión de los mercados mundiales y especialmente de América Latina y el Caribe, enfoca sus actividades en estos mercados, comercializando petróleo crudo de diferentes grados API y productos derivados del petróleo, como D2, JP54, Jet A1, D6, Gasolina 91/95, coque, urea, entre otros”[2].

 A través de esta compañía, Rixon Moreno Oropeza ofertó de manera directa, en enero de 2019, una tubería para Petropiar la cual, de acuerdo a la documentación de PDVSA, no respondía a los requerimientos de la empresa mixta. Esta negociación, además, se realizó en dólares estadounidenses, contraviniendo las leyes venezolanas que prohíben las operaciones en moneda extranjera, por lo que deben efectuarse en bolívares, la moneda de curso legal en Venezuela.

  La compra de un tubo se realizó a través de la empresa comercial estadounidense. En el anexo se puede apreciar que la compra de dicha tubería es menor que la adjudicación de Petropiar. Petropiar es una empresa mixta y por ley no debe tener utilidades en dólares porque se obtienen en bolívares.

  Igualmente, las evidencias determinan que en la operación de compra de tuberías intervino la empresa MIA Trading World LLC. En la compra se aplicó un sobreprecio del 50 por ciento del contrato, habiéndose pagado, supuestamente, un soborno a un empleado de Petropiar de nombre Moreti, quien fungía como supervisor de almacén en San Diego de Cabrutica y en Corralito de El Tigre. La coima presuntamente recibida por Moreti tendría como objetivo que éste elaborara un albarán (acreditación de entrega) de la mercancía recibida.  

 En esta negociación, habrían estado involucrados el Gerente de Finanzas, Henry Gerdel, y el presidente de Petropiar, Gabriel Carmona, quienes le dieron el visto bueno a las operaciones corruptas y ordenaron anticipos del 50 por ciento a las empresas que formaban parte del esquema de corrupción.

 Supuestamente, Gerdel y Carmona recibieron sus comisiones en dólares en efectivo en Venezuela, a saber, comisiones del 10% de cada operación para el primero, y del 15% para el segundo.

  Documentación consultada por Venezuela Política, muestran que Henry Gerdel utilizó el banco EMT Bulgaria para mover fondos (presuntamente de los sobornos). EMT Bulgaria ha recibido dinero (corrupto) del banco SUMITOMO y PDVSA.

  Henry Gerdel y Gabriel Carmona también utilizaron la empresa Desarrollos 2807 C.A. para celebrar contratos con la empresa conjunta china PDVSA Sinovensa y con Chevron-PDVSA Petropiar.

 Desarrollos 2807 C.A. opera en Barcelona (Venezuela), pero también estaba registrada en el estado de Florida como Desarrollos 2807 C.A. Corp. y en la actualidad se encuentra inactiva[3]. En Venezuela está a nombre de Alejandro Pereira, mientras que Julio Carias figura como vicepresidente. Ambos serían socios de Alejandro Sampayo.

  Según la información documentada, Desarrollos 2807 manejaba cuentas en Bank of America y, anteriormente, en ABB Bank (Armenia Business Bank). 

Sobre MIA Trading World LLC

  MIA Trading World LLC es una empresa registrada en el estado de Florida el 17 de noviembre de 2015, bajo el número L15000193894, número FEI/EIN 81-0703711, cuyo estatus actual es activo.

 La empresa tiene como domicilio registrado el 2229 Stratton Terrace SW, Vero Beach, FL 32968 que igualmente es dirección postal y domicilio reportado de sus directivos.[4].

REFERENCIAS

[1] Sunbiz. Division of Corporations. Investing Group CA LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=INVESTINGGROUPCA%20L120000693820&aggregateId=flal-l12000069382-220bd279-2818-4d03-bb21-19669859b1a2&searchTerm=Investing%20Group%20CA%20LLC&listNameOrder=INVESTINGGROUPCA%20L120000693820

[2] LinkedIn. Investing Group CA LLC. https://ve.linkedin.com/in/investing-group-ca-llc-6060071a6?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

[3] Open Corporates. Desarrollos 2807 C.A. Corp. https://opencorporates.com/companies/us_fl/P20000007369

[4] Sunbiz. MIA Trading World LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=MIATRADINGWORLD%20L150001938940&aggregateId=flal-l15000193894-dd1f5689-7f87-4f6e-8fef-708a87fa7691&searchTerm=Mia%20Towners%20LLC&listNameOrder=MIATOWNERS%20L130000112820

La compra de unas bombas para empresas mixtas de PDVSA en la FPO ilustra cómo operó la trama corrupta que involucró a Jhonnatan Marín y sus socios corruptos

 Así saquearon el patrimonio de PDVSA los socios involucrados en el esquema, quienes también mantenían vínculos Naman Wakil, procesado en EE. UU. por delitos de corrupción.

Por Maibort Petit

 

  El proceso de compra de unas bombas para las divisiones de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) por parte de Petróleos de Venezuela S.A. para PDVSA Petróleo, ilustra la descarada manera cómo los contratistas del chavismo robaron—y probablemente esquilmen aún— el patrimonio de la principal industria del país en obvia connivencia con las autoridades de PDVSA y el gobierno. En esta entrega presentamos el desarrollo del proceso de compras de unos equipos ofertados por Constructora Masein C.A., empresa ligada a Rixon Rafael Moreno Oropeza —a través de Rosaling Andrea Moreno Oropeza— socio de Naman Wakil, procesado en Estados Unidos por delitos de corrupción, la cual representó millonarias ganancias para los ofertantes.

  A su vez, esta acción corrupta está relacionada a la trama en la que intervino el exalcalde de Guanta, estado Anzoátegui, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino, acusado de Conspiración para cometer lavado de dinero en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, delito del que se declaró culpable en junio de 2022[1] y fue condenado en octubre a 27 meses de prisión[2].

  Aprovechándose de su cargo como alcalde ejercido entre 2008 y 2017, Jhonnathan Marín y sus socios co-conspiradores, obtuvo contratos y otras ventajas con filiales de PDVSA. El exalcalde se valió de una empresa bajo su control, la cual mantenía cuentas bancarias en el estado de Florida, Estados Unidos, para operar el esquema corrupto.

  Específicamente, Marín Sanguino y sus socios, obtuvieron contratos con las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco, a saber, Petrocedeño, Petropiar, Petromonagas S.A. Petrolera Sinovensa S.A. y Petromiranda S.A.

 Las empresas involucradas en estas negociaciones irregulares obtuvieron millones de dólares que se manejaron en cuentas bancarias de Florida. 

  El acuerdo de culpabilidad establecido entre Marín Sanguino y la justicia estadounidense estableció el decomiso de USD 3.800.000 recibidos en cuentas bancarias en EE. UU., los cuales provenían de sobornos recibidos de contratistas de PDVSA que buscaban su intermediación para obtener millonarios contratos con la estatal petrolera. Igualmente se comprometió a colaborar con la fiscalía, suministrando información sobre las actividades ilegales de sus socios.  

El caso

  En julio de 2018, Petróleos de Venezuela (PDVSA) hizo públicas las condiciones de contratación directa que regirían la “adquisición de bombas de cavidad progresiva (BCP) alto caudal, mediano caudal y bajo caudal para las divisiones de la FPO-Plan Producción julio-agosto 2018”, a favor de PDVSA Petróleo S.A.

  Se dieron a conocer los criterios de evaluación de la oferta, los cuales establecían que para ello se determinaría la “razonabilidad de las ofertas presentadas, mediante la comparación de precios unitarios por rubros”. 

 El precio base establecido fue Bs. 397.325.803.150,14 o BsS. 397.325.803,15 (bolívares soberanos), equivalentes a USD 5.583.624,07. 

La oferta de Masein

  Constructora Masein C.A., mediante el Formato III.1, presentó su oferta de bombas de cavidad progresiva (BCP) de alto caudal, mediano caudal y bajo caudal.

 Los precios ofertados fueron Bs. 660.714.026.532.33 o BS.S. 6.607.140,27, más Impuesto al Valor Agregado (IVA 12%) de Bs. 79.285.683.183,88 o Bs.S. 792.856,83, que totalizaban Bs. 739.999.709.716,21 o Bs.S. 7.399.997,10, equivalentes a USD 6.035.826.00. 

Documentación presentada

 Constructora Masein presentó la documentación requerida entre los que estaba la acreditación como persona facultada para realizar la oferta por parte de la empresa.

  La declaración jurada de la autentificación de la información suministrada en los documentos consignados.

  La declaración bajo fe de juramento de que la empresa no tenía obligaciones exigibles con PDVSA, filiales y empresas mixtas ni tampoco contar en la organización con socios, miembros o administradores de empresas inhabilitadas para contratar con el sector público, así como de no estar incursa en demandas; de no estar descapitalizada.

  Declaración bajo fe de juramento de que Constructora Masein C.A. contaba con una experiencia de 5 años en la actividad comercial requerida en el proceso.

Asimismo, presentó la oferta técnica:

El proveedor de Masein

 Las bombas ofertadas por Constructora Masein le fueron suministradas por AGF Group LLC, una empresa registrada en Texas el 1 de mayo de 2017 (poco más de un año antes de que PDVSA efectuara el requerimiento), bajo el número 0802711115, de acuerdo a lo que informa el portal Open Corporates.

 El domicilio de AGF es el 1911 Westmead DR APT 2805, Houston, 77077-4719, Tx. El directorio de la empresa está conformado por Arquímedes José García Rojas, Eneidys García y Johnny Joaquín García Caldera, todos en calidad de gerentes. El agente registrado es Law Offices of Herrera & Associates PLLC[3].

 AGF le cotizó a Constructora Masein C.A.53 Bombas de Cavidad Progresiva de alto caudal a un precio por unidad de USD 21.063,59 para un total de USD 1.226.370, 27.

 Asimismo, 103 Bombas de Cavidad Progresiva de mediano caudal  a un precio por unidad de USD 15.159,89 para un total USD 1.561.468,67.

 Entretanto, 97 Bombas de Cavidad Progresiva de bajo caudal a un precio unitario de USD 5.910,98 para un total de USD 573.365,06.

El total de la cotización sumaba USD 3.251.204,00.

 Así tenemos que, en números redondos, la cantidad ofertada a PDVSA de USD 6.035.826,00 que casi duplicaba su costo inicial de USD 3.251.204,00 lo que equivaldría a 53,86 por ciento.

  Sin embargo, al sincerar la operación tenemos que al precio de USD 6.035.826,00 deben restarse el impuesto sobre la renta ( USD 181.074,78), responsabilidad social USD 181074,78 y timbres fiscales USD 6.035,83, lo que totalizaba USD 5.667.640,61, cifra a la también hay que restarle la comisión financiera de USD 422.507,82.

  De este modo la diferencia con el costo suministrado por el proveedor de USD 3.251.204 permitía una utilidad bruta de USD 1.993.928,79 y una utilidad neta de USD 1.269.629,67 al aplicársele otras deducciones.

Ratificación de la representante legal

  Una comunicación fechada el 31 de agosto de 2018, informa que Rosaling Andrea Moreno Oropeza, fue ratificada como presidente de Constructora Masein C.A. en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa el 24 de marzo de 2017.

Sobre la empresa

  Según información suministrada por la propia empresa al momento de ofertar las bombas de cavidad progresiva (BCP), la Constructora Masein C.A.  fue registrada en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, el 24 de noviembre de 2010, bajo el número 9, Tomo 47-4 de los libros respectivos.

  El portal Pymes Venezuela informa que la compañía tiene su domicilio en el Sector Sierra Maestra, Calle Principal, Casa número 24, Puerto La Cruz, Municipio Sotillo, estado Anzoátegui. El número de Registro de Información Fiscal (RIF) es J-306980156. El objeto de la misma son los servicios, cuenta con cuatro trabajadores y el teléfono es el 0416-0390972[4].

 En una de las comunicaciones manejadas en el proceso de compra, si informa la dirección de la empresa en Caracas, a saber, Calle Agustín Codazzi, quinta Minucha, Urbanización Santa Móquina.

  Constructora Masein C.A. figura en los récords judiciales de Rixon Rafael Moreno Oropeza —socio de Naman Wakil— acusado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida de la comisión de los delitos: concierto para delinquir para lavar dinero; encubrimiento lavado de dinero; lavado de dinero promocional internacional; y participar en transacciones que involucren bienes derivados de actividades delictivas.

  La empresa se encuentra en los registros bancarios con que los fiscales acusaron al supuesto socio de Wakil, habiéndose usado la Constructora Masein en las operaciones de lavado de millones de dólares en Estados Unidos. También Rosaling Andrea Moreno Oropeza, representante legal de la compañía igualmente figura en dichos expedientes judiciales[5].

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Exalcalde de Guanta, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino se declaró culpable de lavado dinero en los EE. UU.”. 23 de junio de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/06/exalcalde-de-guanta-jhonnatan-teodoro.html

[2] Venezuela Política. “Tras colaborar con los fiscales, juez sentencia al exalcalde de Guanta, Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino a 27 meses de cárcel por delitos de corrupción”. 26 de octubre de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/10/tras-colaborar-con-los-fiscales-juez.html

[3] Open Corporates. AGF Group LLC. https://opencorporates.com/companies/us_tx/0802711115

[4] Pymes Venezuela. Constructora Masein C.A. http://pymesvenezuela.com/ficha/constructura-masein-ca-156827

[5] Venezuela Política. “Conoce el caso de Rixon Rafael Moreno Oropeza, un socio de Naman Wakil, que fue acusado por EE. UU. de pagar sobornos millonarios a funcionarios de Petropiar y lavar dinero en bancos estadounidenses”. 24 de agosto de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/08/conoce-el-caso-de-rixon-rafael-moreno.html