Dos venezolanos se declararon culpables de distribuir 1400 kilogramos de cocaína en EE. UU.

  Dos ciudadanos venezolanos se declararon culpables de conspiración para distribuir cocaína a bordo de un buque en aguas internacionales.

Por Maibort Petit

  Según los documentos judiciales, el 16 de mayo de 2023, Juan Milano, de 50 años, y Carlos Marcano, de 31, fueron encontrados junto a otras dos personas por un buque de la Armada estadounidense y su personal naval y de la Guardia Costera a bordo de una lancha rápida en aguas internacionales en posesión de más de 1400 kilogramos de cocaína. La embarcación rápida carecía de nacionalidad al igual que sus tripulantes y el pabellón de la embarcación, incluyendo a su capitán.

  El juez de Distrito de Virginia, Douglas E. Miller leyó los cargos contra Carlos Marcano y  Juan Milano y dictó prisión debido al alto riesgo de fuga del acusado.  

   Junto a los dos venezolanos acusados de delitos de narcotráfico, también está Edison Comtin y Jonathon Martínez.

  Milano y Marcano  podrían ser condenado el 14 y el 13 de diciembre de 2023, respectivamente. Cada uno de ellos se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. 

  Vale la pena destacar que las condenas efectivas por delitos federales suelen ser inferiores a las penas máximas. Un juez federal de distrito determinará la condena teniendo en cuenta las Directrices sobre Sentencias de EE.UU. y otros factores legales.

El caso

  Milano y Marcano fueron procesados en el marco de una colaboración interinstitucional entre la Guardia Costera de Estados Unidos, la Marina de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, incluida la Administración para el Control de Drogas, el Departamento de Seguridad Nacional y determinadas fiscalías de Estados Unidos y sus territorios. 

   El Congreso de los Estados Unidos declaró que el tráfico de drogas en buques en aguas internacionales es un grave problema internacional universalmente condenado y que representa una amenaza específica para la seguridad y el bienestar social de EE. UU.

Detalles insólitos del juicio en NY del piloto asociado con Tareck El Aissami y Samark López, acusado de violar las sanciones de la OFAC

  El acusado salió en libertad condicional el 17 de diciembre de 2020, 21 meses después de haber sido arrestado. Se enfrenta a un rango de sentencia en prisión de 37 a 46 meses.

Por Maibort Petit

   La fecha del juicio del piloto que fue acusado de haber violado las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Tareck El Aissami, a su presunto testaferro, Samark López y a Joselit Ramírez Camacho, ha sido cambiada varias veces ante la posibilidad que Michols Orsini Quintero concrete su declaración de culpabilidad. En una audiencia, que tuvo lugar el 10 de agosto de 2023 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el piloto iba hacerse responsable de los delitos pero la acción no se concretó, como ocurrió ya en otras ocasiones. Esta vez el juez ordenó a la defensa y a los fiscales retomar el caso el 18 de septiembre 2023, 'para que las partes diriman sus diferencias sobre las instrucciones que le darán al jurado' que definirá el futuro del ex-militar venezolano.

     Son los varios los intentos frustrados de llegar a un acuerdo de culpabilidad. Lo ocurrido el 10 de agosto, ya había pasado el 27 de marzo de 2023, en la sala del juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, donde se tenía previsto que Michols Orsini Quintero cambiara su declaración de no culpable a culpable. Pero no ocurrió. La fecha se aplaza de manera recurrente ante la falta de consenso.

  La defensa de Orsini Quintero introdujo una moción donde solicitaba al tribunal aplazar el convenio de culpabilidad, y consolidar la sentencia, pero el juez negó la petición alegando que era indeseable.

 

   Hellerstein advirtió a Orsini Quintero que "la forma y el alcance de la alocución del acusado en una audiencia de declaración de culpabilidad es una consideración importante en la sentencia".

   

     En la misma audiencia, el piloto le dijo al juez que no tenía dinero para pagar los gastos del viaje para su regreso a Florida, donde reside con su familia. El juez comentó que entendía que el Servicio de alguaciles llevará al acusado ante el tribunal para que pueda cambiar su declaración de culpabilidad, pero se negará a pagar el costo de su devolución a Miami. 

   El juez le ordenó a la abogado de oficio del acusado, designado por el Centro de Justicia y Responsabilidad [Center for Justice and Accountability (CJA)], que solicitara ayuda con los fondos a la Oficina de Defensores Federales. 

  Ese día el calendario volvió a correr. Se ordenaron los protocolos para que el acusado fuera a la corte y se fijó una nueva fecha para la conferencia el 14 de junio de 2023. 

 

   El magistrado reprogramó dos veces más de la audiencia para el 2 de agosto de 2023 y finalmente, para el 10 de agosto cuando se realizó, pero donde no se decidió la aceptación del acuerdo de culpabilidad, y por el contrario se avanzó hacia una fecha de juicio.

  El juez de Distrito, Alvin K. Hellerstein le advirtió a Michols Orsini Quintero que la condena por los delitos acusados acarrea entre 37 a 46 meses de prisión. 

   La polémica sobre la instrucción a los jurados

 En el marco de la audiencia antes del juicio, los fiscales del caso argumentaron que el tribunal debe aprobar una instrucción de 'evitación consciente' que le permitirá al jurado determinar que el Orsini Quintero tenía conocimiento culpable de que estaba transportando a personas que estaban sancionados por Estados Unidos, y que la evidencia "muestra que el Acusado intencionalmente evitó confirmar el hecho".

  La defensa rechaza que se incluya en las instrucciones de jurado la explicación del cargo de 'evitación consciente'  porque su cliente no estaba al tanto que los pasajeros estaban sancionados.

   Según la regla federal, la prueba de cuándo se permite un cargo de evasión consciente tiene dos vertientes:

1) el acusado debe alegar la falta de algún aspecto específico del conocimiento requerido para la condena.

2) debe haber un predicado fáctico apropiado para la acusación; la evidencia es tal que un jurado racional puede llegar a la conclusión, más allá de una duda razonable,  de que el Demandado estaba al tanto de una alta probabilidad del hecho en disputa y conscientemente evitó confirmar ese hecho. 

   Los fiscales advierten que la corte debe autorizar  una instrucción de 'evasión consciente', para evitar errores procesales en el futuro, esto a pesar de que el gobierno presentará ante el jurado pruebas abrumadoras para respaldar la conclusión de que el Demandado, tenía conocimiento real del hecho en cuestión y conscientemente evitó confirmar ese hecho.

  La defensa debe probar que Orsini, cuando estaba piloteando el avión, 'no sabía que las personas que estaba transportando (Tareck El Aissami y Samark López) estaban en la lista OFAC, y por ende no confirmó el hecho. Pero la credibilidad del argumento es cuestionable porque para volar el piloto debe presentar los planes y registros de vuelo, y obviamente la lista de los pasajeros con identificación.

    No obstante, los fiscales federales han dejado claro que Orsini si sabía y que por ende el acusado cometió un delito con intención específica, y ahora argumenta ignorancia deliberada, alegando desconocimiento del hecho intentando evadir su responsabilidad penal.

    La audiencia fue interrumpida 15 minutos ante el desacuerdo de las partes por el tema en las instrucciones del jurado. El juez fijó para el 18 de septiembre de 2023, una nueva audiencia para continuar con los preparativos para el juicio.

La acusación  

    Michols Orsini Quintero está acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas al ex-vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami y Samark López. El piloto logró su libertad bajo fianza, tras pagar $250.000 y argumentando que necesitaba 'tratamiento de salud mental, incluida la consejería'. 

  Michols Orsini Quintero es un Oficial (R) de la Fuerza Aérea Venezolana desde 1999, del estado Aragua, quien pilotó varios vuelos privados para trasladar a Tareck El Aissami y Samark López Bello a varios países.

  En marzo de 2019, Orsini Quintero fue arrestado en Miami junto a los socios, Víctor Mones Caro y Alejandro Miguel León Maal. Los 3 sujetos fueron acusados de participar en una conspiración para ayudar a El Aissami Maddah a violar las sanciones de la OFAC.

La orden del juez para el viaje del acusado de Miami a NY

   En una acción extraordinaria, el juez del caso, Alvin K. Hellerstein ordenó el 2 de agosto de 2023, que el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos organizara el transporte sin custodia, a través de un boleto de ida en clase económica comercial para que el Acusado se trasladara desde Miami, Florida a Nueva York, antes de la audiencia que tuvo lugar el 10 de agosto de 2023.

   La orden de magistrado incluyó que "el costo del viaje de regreso en autocar sea adelantado por un abogado". 

    Orsini Quintero ha sostenido en corte que no cuenta con los recursos para pagar los pasajes para trasladarse desde Miami a Nueva York para atender las citas procesales.

  El juez de distrito ordenó que "el gasto del viaje de Orsini Quintero es un gasto razonable y necesario para evitar perjuicios al Demandado y para permitir que el Tribunal realice una asignación adecuada de la Regla 11". 

  Hellerstein dijo que "el caso es complicado y no se presta a una presencia virtual a través de teléfono o video. La comparecencia personal es requerida por ley". 

  En el fallo del juez, se autorizó el reembolso de gastos del viaje, según lo estipulado en el Título 18 del Código Penal 3006A(e). 

  Fue así como el tribunal argumentó que la defensora de Orsini, Sabrina Shoroff, adelantará el pago del pasaje aéreo de regreso a Miami del acusado y presentará un comprobante para el reembolso. "No se concederán aplazamientos", advirtió Hellerstein. 

Eventos destacados de la acusación

    Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero, entre otros, proporcionaron vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.

  Específicamente, los acusados operaban una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designados en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.

  La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien fuera el Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien también fue acusado de delitos de corrupción por el gobierno de EE. UU., se encuentra en el estatus de fugitivo y se la fijado una recompensa de $5 millones para quienes ayuden a su captura.

  En estos momentos, Ramírez Camacho se encuentra en prisión en Venezuela, tras ser acusado por el régimen de Nicolás Maduro se haber estado involucrado en una trama de corrupción en PDVSA que superó los 3 mil millones de dólares.  

   El Aissami y López Bello han sido miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante el Tribunal de NY por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

  Orsini Quintero está acusados ​​de conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.

    Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.

Los eventos

   Entre febrero de 2017, fecha en la cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana.

   La fiscalía sostiene que Tareck El Aissami y Samark López Bello violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela.

   El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo chárter privado fuera de Estados Unidos, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.

  El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York, a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.

   El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidense a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo chárter para López Bello.

  El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo

   En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también por León Maal.

  Luego de 21 meses de detención en de MCC de Nueva York, Orsini Quintero fue puesto en libertad bajo fianza. Posteriormente, su abogada, Shroff logró que se le ampliaran los beneficios de libertad condicional alegando que "Mientras estaba en libertad bajo fianza, no podía dormir, tenía ansiedad y depresión y sufrió pérdida de peso". 

   Shroff dijo que Orsini Quintero, en lugar de aumentar de peso, perdió perdido 10 libras. Gracias a las gestiones de la defensa con el oficial de servicios previos al juicio, David Stwarka, se logró la liberación del piloto.

  El Oficial de Servicios Previos al Juicio Stwarka dijo que Orsini se beneficiaría de (i) una evaluación y tratamiento de salud mental  y (ii) de asistir a una casa de culto ya que la religión y Dios son una fuente de consuelo para el Sr. Orsini".

El narcotraficante colombiano alias "Chupeta" fue sentenciado a 20 años, estará libre el próximo año

Por Maibort Petit

 La Corte del Distrito Este de Nueva York condenó al narcotraficante, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta”, exlíder del cártel del Norte del Valle en Colombia a 20 años de prisión luego de haberse declarado culpable de delitos de narcotráfico y de haber colaborado con los fiscales en el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

   En el marco de la audiencia en el tribunal de Brooklyn, el juez Brian Cogan admitió que el célebre narcotraficante, quien se desfiguró el rostro para no ser atrapado por la justicia, jugó un ro fundamental en los enjuiciamientos de casos muy importantes para Estados Unidos, Guzmán Loera y Jesús “El Rey” Zambada.

  "Chupeta" estaba señalado de graves delitos como narcotráfico, dirigir una organización criminal, lavado de dinero a gran escala y homicidio.

  El magistrado dijo que Ramírez Abadía había hecho una colaboración importante para la justicia dándole 11 puntos si se evalúa la escala de cooperación del 1 al 10.

  Pero a pesar de su nivel de delación y colaboración, el juez Cogan dijo que su expediente criminal no se puede borrar, pero sí condujo con su ayuda a enmendar sus  crímenes. 

"Chupeta" traicionó al Chapo

   En el juicio de Joaquín “el Chapo” Guzmán, alias “Chupeta”, habló al jurado con un lenguaje directo y preciso. Con cada respuesta que daba el hombre de rostro desfigurado e implacable crueldad, despertaba emociones encontradas en los presentes en la corte. 

 Como si fuera de un hecho rutinario se tratara, el exlíder del cártel del Norte del Valle explicó cómo había ordenado asesinar a quienes estimaba lo habían traicionado y, sin reparo alguno, confesó que él mismo le había disparado con una pistola a uno de sus enemigos. El descarnado relato de este criminal que lleva preso en Estados Unidos más de 11 años, despertó la curiosidad de muchos y les cambió el semblante a los jurados que tendrán que emitir un veredicto de culpable o no culpable con relación a Guzmán Loera.

  Ramírez Abadía brindó un testimonio desgarrador que dejó ver que los carteles de la droga no tienen límites en sus perversiones para lograr el cometido de vender sus productos en Estados Unidos. Los relatos de los testigos cooperantes han puesto en discusión la naturaleza de los acuerdos que el gobierno estadounidense establece con los delincuentes que deciden hablar “sapear” a los jefes de las organizaciones criminales para lograr una condena menor a la estipulada en las leyes antinarcóticos.

  "Chupeta" fue sin duda alguna el testigo que más controversia causó en  el juicio. Parecía un personaje de una película de terror. Vestido con abrigo de invierno, guantes y jeans, Ramírez Abadía lucía como si sufriera un resfriado. En el estrado tenía muchas servilletas, y solía toser frecuentemente. De vez en cuando corregía a los intérpretes que a todas luces no manejan los términos usados en Colombia y México. "Chupeta" se mostró implacable, duro y definía una línea entre su vida de criminal y la de testigo. Hablaba de un antes y de un ahora y respondía al abogado de la defensa, William Purpura, llegando incluso a desmentirlo en varias ocasiones y colocándolo contra las cuerdas.

  Uno de los momentos en los que "Chupeta" desarmó a Purpura fue cuando el diligente abogado lo interrogó sobre unos libros de contabilidad que dejaban claras las finanzas del cártel del Norte del Valle. 

 Se hizo patente que Ramírez Abadía tenía conocimientos de economía. Ante una de las preguntas, el testigo le dijo a la defensa que en contabilidad una cosa eran los ingresos que llegaban a la caja mayor y otra eran los gastos, y con una explicación técnica el narcotraficante hizo que el togado cambiara su estrategia, que a todas luces era lograr que el cooperante confesara cuánto en total había pagado para matar a 150 de sus enemigos. "Chupeta "respondió que no tenía la cifra exacta en la cabeza, pero admitió que ciertamente había pagado miles de dólares por matar a sus enemigos. 

 Ramírez Abadía respondió afirmativamente cuando Púrpura le preguntó por unos asesinatos ocurridos en Brooklyn y Nueva Jersey, y por los cuales se declaró culpable. Primero refirió el homicidio de un sujeto llamado Vladimir Biegelman ocurrido en Brooklyn, Nueva York, en 1993 y que supuestamente habría estado relacionado con el cartel de "Chupeta".

  Otra pareja fue asesinada en Nueva Jersey, muerte que habría sido ordenada por el ahora testigo de la fiscalía. El móvil del asesinato fue supuestamente el robo de mercancía (cocaína) que estaba en unas bodegas. También habría suministrado información a las autoridades norteamericanas. Purpura mencionó a otra víctima de "Chupeta" en Nueva York para la misma época.

  Entre los asesinatos detallados en el juicio, Ramírez Abadía respondió afirmativamente cuando se le preguntó por la muerte de uno de sus enemigos en Colombia, quien fue asesinado por los sicarios de "Chupeta" junto a 12 de sus sicarios, tras ser convocados por el exlíder del cártel del Norte del Valle a una finca para tratar asuntos relacionados con el narcotráfico.

 "Chupeta" contó que había vivido en Estados Unidos y había montado su estructura en varias ciudades, entre las que mencionó Nueva York, Miami, Los Ángeles, Chicago y Houston. En un momento de su testimonio hizo reír a la audiencia cuando sostuvo que en los años ‘80 había vivido en Miami y había estudiado inglés "no recuerdo si era un college o universidad" y aprovechó "para tratar de vender cocaína". 

 Otro asunto que hizo sonreír al jurado fue cuando se le preguntó si era ingeniero y había construido los submarinos con los cuales había enviado toneladas de cocaína a México. "Chupeta" le aclaró a Purpura que él no era quien había construido los sumergibles, "no soy ingeniero, lo que yo cree fue el método para usar submarinos para transportar mi cocaína desde Colombia a México".

 Según las cuentas de mismo "Chupeta", se habría transportado unas 40 mil toneladas de cocaína desde Colombia a Estados Unidos, para lo cual habían usado al cártel de Sinaloa y otras organizaciones mexicanas, entre las cuales estaba el cártel de los Arellano Félix.

 "Chupeta" explicó por etapas cómo había enviado su cocaína a los mexicanos. Entre los transportes utilizados destacó los aviones pequeños, lanchas rápidas, submarinos y embarcaciones camaroneras y atuneras, trenes y camiones.

 Con detalles asombrosos, reseñó que manejaba el mercado y manipulaba la ley de la oferta y de la demanda. Cuando veía que la cocaína bajaba de precio en Nueva York, escondía la droga en sus bodegas y esperaba que los consumidores aumentaran sus solicitudes para vender con un precio más alto. Alardeó de que su cocaína era la mejor, con una óptima calidad.

 Una de las cosas que se pudieron apreciar fue la petulancia con la que habla "Chupeta" de sus hazañas. Dijo, por ejemplo, que fue el primer narcotraficante a quien se le ocurrió enviar cocaína a México en un submarino, en usar las lanchas rápidas e, inclusive, en usar la ruta del Pacífico sur y hacer entregas de drogas en altamar.

 Ramírez Abadía aseguró ante el jurado que había sostenido una larga relación comercial con Joaquín Guzmán Loera, la cual comenzó en la década de los ’90. Indicó que le había pagado un porcentaje superior al que pagó a otros carteles por el hecho que el Chapo era más rápido y más eficaz. De hecho, comentó que había quedado impresionado cuando negoció con el acusado los primeros envíos, por el profesionalismo con el que atravesaba la frontera y llevaba su cocaína a Los Ángeles.

 “Chupeta” se logró convertir en un hombre muy rico. Su fortuna superó los 1.800 millones de dólares, cantidad esta que en su integridad había sido lograda con la venta  y producción de cocaína (400 toneladas). 

 "Chupeta" confirmó que donó más de medio millón de dólares para la campaña presidencial de Ernesto Samper, a modo de asegurar que durante su gobierno no fuera extraditado a Estados Unidos.

  Asimismo, respondió positivamente cuando el abogado del Chapo le preguntó si había sobornado a periodistas colombianos de "televisión, periódicos" para que no publicaran información que le perjudicara. "Correcto. Hacía pagos de corrupción a la prensa", acotó. 

 Igualmente dijo que había dado obsequios a los agentes de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) en Colombia. Según Ramírez Abadía les enviaba prostitutas y regalos, incluidos apartamentos, a través de policías colombianos y de unos agentes de la Unidad Especial de Investigación SIU-DIJIN que trabajaban con los federales. "Los agentes estadounidenses nunca recibieron dinero", aclaró.

 Ramírez Abadía explicó cómo funcionaba el cártel del Norte Del Valle. En su larga exposición, el testigo comentó que había trabajado directamente con Guzmán Loera y que también había proveído droga a otros carteles, incluyendo el cártel de los hermanos Arellano Félix contra quien Guzmán y la organización criminal sinaloense habían librado una cruenta guerra que dejó varios muertos.

Las Juanitas

Igualmente, Juan Carlos Ramírez Abadía hizo referencia a la manera cómo había organizado 10 operaciones que denominó "Juanitas", las  cuales tuvieron lugar entre 2002 y 2005. Explicó que esos envíos se registraron en un libro de contabilidad que fue mostrado por los fiscales al jurado este lunes. Dichas evidencias fueron aceptadas por el juez Brian Cogan, a pesar de la protesta de la defensa que había solicitado durante la mañana una moción para que en el juicio de Guzmán no entraran testimonios de operaciones a ocurridas después del año 2004.

  En las planillas mostradas por los fiscales aparecen los registros de ganancias de cada operación, quiénes eran los responsables de la inversión y del recibimiento de la mercancía. El cártel de Sinaloa y Guzmán aparecían repetidamente en las planillas.

Luis Carlos De León Pérez, otro corrupto de PDVSA-Electricidad de Caracas, que se benefició del sistema de delación de la justicia de EE. UU.

      El exgerente de asuntos legales de la Electricidad de Caracas cumplirá una condena menor a los 12 meses de prisión.

Por Maibort Petit

   El exfuncionario del régimen chavista, Luis Carlos De León Pérez, exgerente de Asuntos legales de la Electricidad de Caracas, fue sentenciado el 7 de agosto de 2023 a 12 meses de prisión luego de haberse declarado culpable de delitos de corrupción y lavado de dinero, tras haber llegado acuerdos con la fiscalía que le permitieron beneficiarse de una condena menos severa y de la no inculpación de familiares.

   El Juez del Distrito Sur de Texas-División Houston, Kenneth M. Hoyt, ordenó el cierre del caso de De León Pérez a petición de la fiscalía y de los abogados de la defensa.

   El corrupto ex-funcionario acordó entregarse voluntariamente a las autoridades para cumplir su sentencia.

   En julio de 2018, De León Pérez admitió ante el tribunal los hechos que se le imputaban por su participación en un esquema corrupto mediante el cual cobraban millonarios sobornos a las empresas que procuraban contratos de la empresa pública de servicio eléctrico, filial de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Tras el pago de una fianza de USD 250.000 obtuvo el beneficio de casa por cárcel.

 Luis Carlos De León-Pérez, quien además de la nacionalidad venezolana es ciudadano estadunidense, reconoció que se valió de su poder para exigir el pago de comisiones a las empresas contratistas de la Electricidad de Caracas entre los años de 2011 al 2013, para aprobar negociaciones y contratos. En tales actividades, actuaba junto a otros altos cargos en la empresa estatal, entre ellos el exviceministro de Energía, Nervis Villalobos Cárdenas; y César David Rincón Godoy, que ocupó el cargo de gerente general de Bariven.

   Pérez De León admitió haber participado en el esquema corrupto que encabezaron los empresarios Roberto Rincón y Abraham José Shiera[1].

   El exfuncionario venezolano, en un principio iba a ser sentenciado el 24 de septiembre de 2018. Otra fecha que se manejó el 7 de octubre de 2019[2]. Luego, el juez Kenneth M Hoyt la reprogramó nuevamente para el 8 de noviembre de 2021, y luego a cambió nuevamente.

Los cargos y los acusados

   Luis Carlos De León-Pérez, arrestado en España, país en el que residía, en octubre de 2017, fue extraditado a Estados Unidos donde fue imputado junto a Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, a César David Rincón Godoy, a Alejandro Isturiz-Chiesa y a Rafael Ernesto Reiter Muñoz, “de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. César Rincón está acusado de dos cargos de conspiración para cometer blanqueo de capitales. Cada uno de los acusados está acusado de uno o más cargos de lavado de dinero, de la siguiente manera: De León, César Rincón y Reiter, cuatro cargos cada uno; Villalobos, un recuento; e Istúriz, cinco cargos. De León y Villalobos también están acusados de un cargo de conspiración para violar la FCPA”, Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

  Los cinco acusados —eran todos funcionarios de PDVSA y sus subsidiarias o exfuncionarios de otras agencias o instrumentalidades del gobierno venezolano— fungían con altos cargos con gran influencia en la estatal y conspiraron entre sí y con otros para solicitar a varios proveedores de Pla petrolera, incluidos algunos residentes de los Estados, sobornos y comisiones ilegales por brindarles asistencia en relación con su negocio de PDVSA. “La acusación formal alega además que los co-conspiradores luego lavaron el producto del esquema de soborno a través de una serie de transacciones financieras internacionales complejas, incluso hacia, desde o a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos y, en algunos casos, lavaron el producto del soborno en la forma de transacciones inmobiliarias y otras inversiones en los Estados Unidos”.  

   Igualmente, la acusación formal señala a dos proveedores de PDVSA, a saber, Roberto Enrique Rincón Fernández y a Abraham José Shiera Bastidas, quienes enviaron más de USD 27 millones en pagos de sobornos a una cuenta en Suiza de la que De León era un beneficiario efectivo y junto a Villalobos, tenían firma autorizada[3].

El papel de León-Pérez en la trama

   Luis Carlos De León-Pérez figura en el cargo número uno de la acusación, Conspiración para cometer lavado de dinero, junto a Nervis Villalobos, César David Rincón, Alejandro Istúriz Chiesa y Rafael Reiter Múñoz, señalados de actual a sabiendas de “que la propiedad involucrada en una transacción financiera representó el producto de alguna forma de actividad ilegal, para realizar o intentar llevar a cabo dicha transacción financiera que de hecho representó el producto de una actividad ilegal específica, sabiendo que la transacción está diseñada en su totalidad y en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de los ingresos de una actividad ilegal específica, a saber, el soborno de un funcionario extranjero, una infracción grave de la FCPA”.

   También los imputa de tener “la intención de promover la realización de una actividad ilegal específica, a saber, el soborno de un funcionario extranjero, una infracción grave de la FCPA”.

   Específicamente se indica que, De León, Villalobos, Rincón, Istúriz y Reiter, con sus co-conspiradores le prometieron a Roberto Rincón, Abraham Shiera y otros, asistencia para recibir el pago de las facturas pendientes de los contratos de PDVSA, así como asistencia para obtener nuevos contratos de la petrolera, a cambio para pagos de sobornos.

   Luis Carlos De León, Nervis Villalobos, César David Rincón y Alejandro Istúriz pidieron asistencia y, a su vez, Roberto Rincón, Abraham Shiera y Swiss Banker 1 (persona cuya identidad es conocida por el Gran Jurado, socio de la Compañía Suiza A, una firma de administración de patrimonios, igualmente identificada sólo por el Gran Jurado), ayudaron a los funcionarios de PDVSA a abrir cuentas bancarias, incluidas cuentas bancarias en Suiza, para ellos y sus co-conspiradores para recibir pagos de sobornos. También ordenaron que los sobornos se enviaran a varios destinatarios distintos a ellos, incluidas empresas, intermediarios, familiares, amigos, acreedores y asociados personales, con el propósito de ocultar y disfrazar la naturaleza, fuente y propiedad de los pagos.

   Asimismo, Luis Carlos De Léon y Nervis Villalobos, participaron en transacciones monetarias entre sus diversas cuentas, de manera de ocultar la naturaleza, fuente y propiedad del producto de la actividad ilegal.

  Con el fin de facilitar los pagos de sobornos y ocultar su naturaleza y propiedad, Luis Carlos De León, Nervis Villalobos y sus co-conspiradores contrataron a la Compañía Suiza A para que abriera cuentas bancarias suizas en las que pudieran recibirse pagos de sobornos.

  Se determinó la utilización de varias cuentas en Suiza y en otros lugares, para canalizar los sobornos desde, hacia y a través de múltiples destinos antes de llegar a su destinatario final.

   La “Cuenta Suiza 1”, cuya identidad es conocida por el Gran Jurado, tenía como beneficiario efectivo a De León Pérez. En la misma estaban autorizados para firmar, él y Nervis Villalobos.

  Los demandados, entre ellos Del León Pérez, establecieron una compleja red de cuentas bancarias a través de las cuales realizar las transacciones financieras en relación con el esquema y ocultar la naturaleza y propiedad de los ingresos. El 16 de septiembre de 2011, Swiss Banker 1 escribió a Shiera, Villalobos y De León, para informar que la empresa suiza A había abierto cuatro cuentas bancarias: Swiss Account 1, que se identificó para Villalobos, mientras la cuenta suiza 3, se identificó para De León. El Swiss Banker 1 concluyó el correo electrónico diciendo: "Le enviaremos por correo electrónico la próxima semana los nuevos números de cuenta y las instrucciones de transferencia para comenzar la transferencia de fondos al aire acondicionado principal ([Cuenta Suiza 1]) para su distribución en las 3 cuentas".

  Entre otras negociaciones, la acusación específica en los cargo del 5 al 7, relativos a Lavado de dinero, que Luis Carlos De León Pérez llevó a cabo las siguientes transacciones destinadas a ocultar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control del producto de dicha actividad ilícita especificada, es decir, una infracción grave de la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2.

La devolución de los fondos

  El 20 de octubre de 2020, De Léon Pérez acordó cumplir con la orden del tribunal de confiscar $18.11,783,75 de fondos que fueron obtenidos de la trama criminal por la cual fue procesado.

 El 30 de junio de 2023, el juez autorizó una moción presentada por la defensa y aprobada por los fiscales que permitió que el caso de Luis Carlos De Leon-Perez fuera sellado al ojo público. El 11 de julio de 2023 se ejecutó el sellado del caso.

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Tras declararse culpable y pagar una fianza de $250 mil, exfuncionario de PDVSA logra casa por cárcel”. 16 de julio de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/07/tras-declararse-culpable-y-pagar-una.html

[2] Venezuela Política. “Exfuncionario chavista será sentenciado en Houston en octubre por cargos de corrupción y lavado de dinero”. 18 de abril de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/04/exfuncionario-chavista-sera-sentenciado.html

[3] Departamento de Justicia. “Five Former Venezuelan Government Officials Charged in Money Laundering Scheme Involving Foreign Bribery”. 12 de febrero de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/five-former-venezuelan-government-officials-charged-money-laundering-scheme-involving-forei-0 

Justicia de EE. UU. condena al líder del Clan del Golfo, alias Otoniel a 45 años de cárcel

Por Maibort Petit

    El Tribunal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, sentenció a 45 años de prisión al narcotraficante colombiano, Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', exlíder del Clan de Golfo, quien en enero pasado se declaró culpable de tres cargos de tráfico de drogas en un juzgado de Nueva York.

   La juez Dora Irizarry dijo que Úsuga David había hecho mucho daño a la sociedad norteamericana exportando por décadas cocaína a los Estados Unidos. Los fiscales habían solicitado  cuatro décadas y media de cárcel para el acusado que fue procesado por delitos de narcotráfico y otros cargos, que lo podrían haber llevado a una condena de cadena perpetua.

   Durante la audiencia de la sentencia, la juez Irizarry fue clara al señalar que durante la carrera criminal de alias Otoniel se generó violencia en Colombia, y que gozando del poder que le daba el narcotráfico se enriqueció y ordenó la muerte para funcionarios públicos, incluyendo a fiscales del Ministerio Públicos y agentes de la ley que lo perseguían por sus crímenes.

   La magistrada dictó sentencia por los tres cargos principales que lo obligarán a permanecer en prisión por una largo período. La defensa pidió clemencia argumentando que el acusado creció en medio de la pobreza y la violencia en Colombia.

   La juez contraargumentó que la violencia va de la mano con el narcotráfico y que era justo y apropiado la petición de la fiscalía de condenarlo a 45 años de prisión. Asimismo, la magistrada reiteró que Otoniel permanecerá bajo estrictas medidas administrativas debido a los riesgos que implica el condenado, revelando que inclusive, hay personas que quieren comunicarse con él para influir en el escenario que se vive en Colombia.

  La defensa también argumentó que alias Otoniel tiene un cuadro médico delicado, y que está sufriendo de una hernia, divertículitis y hemorroides.

   Antes de ser sentenciado Dairo Antonio Úsuga David tomó la palabra y pidió perdón a Colombia, a los colombianos, a los Estados Unidos y a todos aquellos que fueron víctimas de sus acciones, de las drogas, y en particular a su familia que sufrió por sus acciones y crímenes.

Culpabilidad

   En su declaración de culpabilidad de fecha 25 de enero de 2023,  Dairo Antonio Úsuga reconoció que el Clan del Golfo envió a Estados Unidos 96,8 toneladas de cocaína a través de rutas de Centroamérica y México.

  Darío Antonio Úsuga David, también conocido con los alias de “Otoniel”, “Mao”, “Gallo” y “Mauricio-Gallo”, aceptó pagar 216 millones de dólares de indemnización y 22 millones de dólares más en multas.

 Los representantes del gobierno estadounidense dijeron que Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, posee una larga carrera criminal, que se extendió durante cerca de dos décadas, en las cuales estuvo al mando de “una poderosa y violenta organización terrorista, paramilitar y narcotraficante con operación en Colombia”.

 Los fiscales  argumentaron que Otoniel fue “responsable de distribución generalizada de cargamentos de cocaína de Colombia para su importación final a los Estados Unidos”.

 Dentro de los antecedentes esbozados para pedir la condena de Otoniel, la fiscalía argumentó que Otoniel también hizo parte de organizaciones como las AUC, grupo paramilitar al que las autoridades norteamericanas citan en la misiva como “piratas y mafiosos que participaron en el conflicto armado colombiano al igual que las Farc”.

 Otoniel se declaró culpable el 25 de enero de 2023, luego de haber negociado con los fiscales, aceptando que es responsable de las operaciones de tráfico de drogas, que eran ilegales y afectaron la salud de los estadounidenses. La declaración de culpabilidad dice que a pesar de saber que era un delito,  ejecutó alianzas con varios carteles para transportar drogas a los Estados Unidos.

  El líder del Clan del Golfo, anteriormente conocido como “los Urabeños”, estaba al frente de la organización criminal que mantenía 28 rutas de narcotráfico, así como alianzas con otros grupos delincuenciales, de acuerdo a lo revelado poco después de su captura en 2021 por la Policía Nacional de Colombia[1].

Departamento de Justicia de EE. UU. 

   Se sabe que a través de la Ruta de Santander estaba conectado con el narcotráfico venezolano. El Clan del Golfo mantiene actividades en toda América, a saber, en Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y El Salvador. Asimismo, en Europa, opera en Bélgica, España, Países Bajos, Alemania, Francia, Portugal, Polonia, Grecia, Irlanda, Inglaterra, Italia, Albania y Ucrania. Se indicó en aquel momento que también la organización cuenta con tres rutas hacia Irán, Emiratos Árabes Unidos y China[2].

    Alias “Otoniel” se constituye en una figura que envuelve más de 120 procesos abiertos por diversos crímenes, entre ellos homicidio múltiple agravado, secuestro múltiple agravado, secuestro y concierto para delinquir. Está señalado, incluso, de abuso sexual infantil, así como a mujeres. Por este último delito, las autoridades pudieron seguir su rastro.

  La justicia de Estados Unidos condenó a Darío Antonio Úsuga David por haber enviando hasta su territorio toneladas de cocaína junto a socios a través de distintas rutas que incluyen a Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, México.

Sobre “Otoniel”

  El 23 de junio de 2015 los fiscales federales para los distritos Sur de la Florida (SDFL), Este de Nueva York (EDNY), conjuntamente con la Dirección Regional de la Zona de los Andes de la Administración Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA), anunciaron la apertura de cinco acusaciones formales en los tribunales federales en Brooklyn,  Nueva York y en Miami, la Florida, contra 17 supuestos jefes y asociados banda criminal colombiana más grande y con mayor influencia, a saber, el Clan Úsuga. 

  El grupo de personas fueron imputadas del manejo de empresas criminales continuas, participación en conspiraciones internacionales de tráfico de cocaína y de usar armas de fuego para llevar a cabo sus delitos de narcotráfico. Previo a esto habían sido designados por el presidente de los Estados Unidos y el Departamento del Tesoro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como narcotraficantes específicamente designados de acuerdo con  la Ley de Nombramiento de Capos Narcotraficantes Extranjeros. Asimismo, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de USD 5 millones por información que llevara a su arresto y condena de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”[3].

  Tras su traslado a EE. UU. se inició su procesamiento judicial en el Distrito este de Nueva York que concluyó este martes 8 de agosto con la condena a 45 años de prisión de uno de los más peligrosos narcotraficantes de la historia de Colombia.

   Tal como lo refieren los registros del Departamento de Estado, Darío Antonio Úsuga David es, presuntamente, uno de los líderes de El Clan Del Golfo, organización criminal que anteriormente como “Los Urabeños” o “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, un “cártel de la droga colombiano fuertemente armado y extremadamente violento compuesto por ex-miembros de organizaciones terroristas que no se desmovilizaron como parte del proceso de justicia y paz” promovido por el gobierno de Colombia.

  Se advierte que esta organización se vale de la violencia y la intimidación para controlar las rutas del narcotráfico, los laboratorios de procesamiento de cocaína, los puntos de partida de lanchas rápidas y las pistas de aterrizaje clandestinas. Se indica que operan en 13 de los 32 departamentos de Colombia, especialmente al noroeste del país, destacando el hecho de que, durante una guerra territorial con una organización criminal rival por las rutas del narcotráfico, los homicidios se dispararon un 443 por ciento en dos años[4].

  Usuga-David, catalogado por el expresidente neogranadino, Iván Duque, como el "narcotraficante más temido del mundo", fue capturado en octubre de 2021, lo que significó un duro golpe al Clan del Golfo. De esta manera se le puso fin a una persecución que se extendió por seis años, captura que el mandatario comparó con la Pablo Escobar en la década de 1990. “Es un asesino de policías, militares y líderes sociales, así como un reclutador de menores; también es conocido por la locura que lo llevó a abusar de niños y adolescentes de manera recurrente”[5].

  Su extradición se produjo sorpresivamente este 4 de mayo de 2022, luego de que el Consejo de Estado de Colombia levantara la suspensión que mantenía al envío del narcotraficante los Estados Unidos. Todo en medio de una situación fuera de lo común, toda vez que la legislación colombiana establece que los detenidos deben ser notificados de su traslado con 10 días de antelación. Su reclusión en suelo neoyorquino está prevista en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC).

 Antes de ser entregado a las autoridades de EE. UU., alias “Otoniel” debió suministrar información valiosa  en Colombia y el expresidente Duque subrayó la obligación del narcotraficante de seguir colaborando con la justicia colombiana. Había suministrado el nombre de 64 políticos, exmandatarios regionales y funcionarios presuntamente relacionados con el paramilitarismo, según medios colombianos.

La acusación sustitutiva de 1015

  En el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York cursa una acusación sustitutiva contra Darío Antonio Úsuga-David, también conocido como “Otoniel”, “Mao”, “Gallo” y “Mauricio-Gallo”; Daniel Rendón Herrera, también conocido como "Don Mario; Jairo de Jesús Durango Restrepo, también conocido como "Gua Gua"; Roberto Vargas Gutiérrez, también conocido como "Gavilán"; Carlos Alberto Moreno Turberquía, también conocido como "Nicolás"; Arístides Manuel Mesa Páez, también conocido como "El Indio"; Luis Orlando Padierna Peña, también conocido como "Inglaterra"; Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, también conocido como "Chiquito" y "Chiquito Malo"; César Daniel Anaya Martínez, también conocido como "Tierra"; Yony Alberto Grajales Álvarez, también conocido como "Guajiro" y "Paisa"; y Ramiro Caro Pineda, también conocido como "Nolasco" y "Hugo", presentada el 12 de agosto de 2015.

   Refiere la misma que el Gran Jurado que el grupo narcotraficante “Los Urabeños” es una organización paramilitar y de tráfico de cocaína con sede en Uruba, Colombia, la cual estuvo involucrada en envíos de varias toneladas de cocaína desde Colombia a México y América Central para su importación final a los Estados Unidos; coordinaron la producción, compra y traslado de cargamentos de cocaína, así como la recepción de cargamentos de cocaína en México y Centroamérica; controlaban el territorio en varias áreas de Colombia e imponían un "impuesto" a los narcotraficantes que operaban en las regiones bajo su control. Asimismo, emplearon sicarios para perpetrar actos de violencia, incluidos asesinatos, asaltos y secuestros.

  Sobre Darío Antonio Úsuga David refiere que dirigió la cita organización criminal junto a Daniel Rendón Herrera.

   La acusación comprende dos cargos, a saber, el de Empresa Criminal Continua el cual comprende varias violaciones: Conspiración internacional de fabricación y distribución de cocaína; así como las violaciones comprendidas del 2 al 32 referidas a la Distribución internacional de cocaína. Entretanto, el segundo cargo es por Uso de armas de fuego para fomentar el narcotráfico.

  Con respecto al primer cargo, la acusación de reemplazo dice que, entre junio de 2003 y diciembre de 2014, en jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos, Darío Antonio Usuga-David, Daniel Rendón Herrera, Jairo de Jesús Durango Restrepo, Roberto Vargas Gutiérrez, Carlos Alberto Moreno Tuberquía, Arístides Manuel Mesa Páez, Luis Orlando Padierna Peña, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, César Daniel Anaya Martínez, Yony Alberto Grajales Álvarez y Ramiro Caro Pineda, se involucraron a sabiendas en una empresa criminal continua en violación a lo establecido en el Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 846, 848(e), 952(a), 959(a), 960 y 963.

  Los acusados ocupaban un cargo de supervisión y dirección, cometiendo una serie de violaciones por las cuales obtuvieron cuantiosos ingresos y recursos.

   Entre 2003 y 2014, los acusados conspiraron para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía cocaína, una sustancia controlada de la Lista II, con la intención y de importarla a los Estados Unidos.

  En las citadas fechas, los acusados distribuyeron cocaína con la intención de importarla ilegalmente a EE. UU. de la manera que se describe a continuación:

  También entre 2003 y 2014, los acusados cometieron uno o más delitos punibles, conspiraron para matar y provocar el asesinato intencional de una persona o más, a saber: líderes, miembros y asociados de empresas rivales organizaciones narcotraficantes, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 848(e)(l)(A) y 846.

  Respecto al segundo cargo, los acusados y otros, a sabiendas, usaron y portaron una o más armas de fuego durante la comisión del delito de narcotráfico, delito imputado en el Cargo Primero. Entre el armamento fue blandido y disparado estaba una ametralladora.

REFERENCIAS

[1] El País. “Los 'tentáculos' del 'Clan del Golfo': Así eran los nexos de 'Otoniel' con mafias internacionales”. 3 de noviembre de 2021. https://www.elpais.com.co/judicial/los-tentaculos-del-clan-del-golfo-asi-eran-los-nexos-de-otoniel-con-mafias-internacionales.html

[2] La Opinión. “Las conexiones internacionales del 'Clan del Golfo'”. 3 de Noviembre de 2021. https://www.laopinion.com.co/colombia/las-conexiones-internacionales-del-clan-del-golfo

[3] Departamento de Estado. “Diecisiete Supuestos Jefes Y Asociados Del Clan Úsuga Acusados Formalmente Como Parte De Un Golpe Coordinado En Brooklyn Y Miami Contra El Grupo Bacrim Narcotraficante Y Armado Colombiano Más Grande Y Con Más Influencia”. 23 de junio de 2015. https://www.justice.gov/opa/pr/diecisiete-supuestos-jefes-y-asociados-del-clan-suga-acusados-formalmente-como-parte-de-un

[4] Departamento de Estado. Dario Antonio Usuga David (Captured). 25 de octubre de 2021. https://www.state.gov/narcotics-rewards-program-target-information-wanted/dario-antonio-usuga-david/

[5] Atalayar. “The Colombian government puts the Gulf Clan in check with the capture of ‘Otoniel’". 24 de octubre de 2021. https://atalayar.com/en/content/colombian-government-puts-gulf-clan-check-capture-otoniel

45 años de cárcel para el líder del cártel del Golfo, alias 'Otoniel'

  Al narcotraficante colombiano se leerá la sentencia el 8 de agosto en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

Por Maibort Petit

 La Fiscalía de Estados Unidos pidió a la juez, Dora Irizarry, de la Corte Federal de Brooklyn, una condena de 45 años de prisión para el exlíder del Clan del Golfo, alias Otoniel, por los los graves delitos cometidos, no solamente en Colombia sino con a la sociedad norteamericana. 

  Darío Antonio Úsuga David, también conocido con los alias de “Otoniel”, “Mao”, “Gallo” y “Mauricio-Gallo”, fue procesado en Nueva York, por delitos de narcotráfico y uso de armas. En una moción enviada por los fiscales a la corte se recomienda a la juez, “una sentencia de 45 años o 540 meses de prisión" que según el gobierno es un período suficiente para lograr los objetivos de la sentencia.

 Los representantes del gobierno estadounidense sostienen que Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, posee una larga carrera criminal, que se extendió durante cerca de dos décadas, en las cuales estuvo al mando de “una poderosa y violenta organización terrorista, paramilitar y narcotraficante con operación en Colombia”.

 Los fiscales dicen que Otoniel fue “responsable de distribución generalizada de cargamentos de cocaína de Colombia para su importación final a los Estados Unidos”.

  En la carta se señala que Otoniel cuenta con los más altos niveles de responsabilidad frente a lo ocurrido, al advertir que él fue la cabeza de la organización por más de dos décadas.

 Dentro de los antecedentes esbozados para pedir la condena de Otoniel, ela fiscalía argumentó que Otoniel también hizo parte de organizaciones como las AUC, grupo paramilitar al que las autoridades norteamericanas citan en la misiva como “piratas y mafiosos que participaron en el conflicto armado colombiano al igual que las Farc”.

 Otoniel se declaró culpable el 25 de enero de 2023, luego de haber negociado con los fiscales, aceptando que es responsable de las operaciones de tráfico de drogas, que eran ilegales y afectaron la salud de los estadounidenses. La declaración de culpabilidad dice que a pesar de saber que era un delito,  ejecutó alianzas con varios carteles para transportar drogas a los Estados Unidos.

    El líder del Clan del Golfo, anteriormente conocido como “los Urabeños”, estaba al frente de la organización criminal que mantenía 28 rutas de narcotráfico, así como alianzas con otros grupos delincuenciales, de acuerdo a lo revelado poco después de su captura en 2021 por la Policía Nacional de Colombia[1].

Departamento de Justicia de EE. UU. 

   Se sabe que a través de la Ruta de Santander estaba conectado con el narcotráfico venezolano. El Clan del Golfo mantiene actividades en toda América, a saber, en Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y El Salvador. Asimismo, en Europa, opera en Bélgica, España, Países Bajos, Alemania, Francia, Portugal, Polonia, Grecia, Irlanda, Inglaterra, Italia, Albania y Ucrania. Se indicó en aquel momento que también la organización cuenta con tres rutas hacia Irán, Emiratos Árabes Unidos y China[2].

    Alias “Otoniel” se constituye en una figura que envuelve más de 120 procesos abiertos por diversos crímenes, entre ellos homicidio múltiple agravado, secuestro múltiple agravado, secuestro y concierto para delinquir. Está señalado, incluso, de abuso sexual infantil, así como a mujeres. Por este último delito, las autoridades pudieron seguir su rastro.

  La justicia de Estados Unidos procesó a Darío Antonio Úsuga David por haber enviando hasta su territorio toneladas de cocaína junto a socios a través de distintas rutas que incluyen a Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, México.

Sobre “Otoniel”

  El 23 de junio de 2015 los fiscales federales para los distritos Sur de la Florida (SDFL), Este de Nueva York (EDNY), conjuntamente con la Dirección Regional de la Zona de los Andes de la Administración Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA), anunciaron la apertura de cinco acusaciones formales en los tribunales federales en Brooklyn,  Nueva York y en Miami, la Florida, contra 17 supuestos jefes y asociados banda criminal colombiana más grande y con mayor influencia, a saber, el Clan Úsuga. 

  El grupo de personas fueron imputadas del manejo de empresas criminales continuas, participación en conspiraciones internacionales de tráfico de cocaína y de usar armas de fuego para llevar a cabo sus delitos de narcotráfico. Previo a esto habían sido designados por el presidente de los Estados Unidos y el Departamento del Tesoro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como narcotraficantes específicamente designados de acuerdo con  la Ley de Nombramiento de Capos Narcotraficantes Extranjeros. Asimismo, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de USD 5 millones por información que llevara a su arresto y condena de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”[3].

  Tras su traslado a EE. UU. se inició su procesamiento judicial en el Distrito este de Nueva York.

   Tal como lo refieren los registros del Departamento de Estado, Darío Antonio Úsuga David es, presuntamente, uno de los líderes de El Clan Del Golfo, organización criminal que anteriormente como “Los Urabeños” o “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, un “cártel de la droga colombiano fuertemente armado y extremadamente violento compuesto por ex-miembros de organizaciones terroristas que no se desmovilizaron como parte del proceso de justicia y paz” promovido por el gobierno de Colombia.

  Se advierte que esta organización se vale de la violencia y la intimidación para controlar las rutas del narcotráfico, los laboratorios de procesamiento de cocaína, los puntos de partida de lanchas rápidas y las pistas de aterrizaje clandestinas. Se indica que operan en 13 de los 32 departamentos de Colombia, especialmente al noroeste del país, destacando el hecho de que, durante una guerra territorial con una organización criminal rival por las rutas del narcotráfico, los homicidios se dispararon un 443 por ciento en dos años[4].

  Usuga-David, catalogado por el expresidente neogranadino, Iván Duque, como el "narcotraficante más temido del mundo", fue capturado en octubre de 2021, lo que significó un duro golpe al Clan del Golfo. De esta manera se le puso fin a una persecución que se extendió por seis años, captura que el mandatario comparó con la Pablo Escobar en la década de 1990. “Es un asesino de policías, militares y líderes sociales, así como un reclutador de menores; también es conocido por la locura que lo llevó a abusar de niños y adolescentes de manera recurrente”[5].

  Su extradición se produjo sorpresivamente este 4 de mayo de 2022, luego de que el Consejo de Estado de Colombia levantara la suspensión que mantenía al envío del narcotraficante los Estados Unidos. Todo en medio de una situación fuera de lo común, toda vez que la legislación colombiana establece que los detenidos deben ser notificados de su traslado con 10 días de antelación. Su reclusión en suelo neoyorquino está prevista en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC).

 Antes de ser entregado a las autoridades de EE. UU., alias “Otoniel” debió suministrar información valiosa  en Colombia y el expresidente Duque subrayó la obligación del narcotraficante de seguir colaborando con la justicia colombiana. Había suministrado el nombre de 64 políticos, exmandatarios regionales y funcionarios presuntamente relacionados con el paramilitarismo, según medios colombianos.

La acusación sustitutiva de 1015

  En el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York cursa una acusación sustitutiva contra Darío Antonio Úsuga-David, también conocido como “Otoniel”, “Mao”, “Gallo” y “Mauricio-Gallo”; Daniel Rendón Herrera, también conocido como "Don Mario; Jairo de Jesús Durango Restrepo, también conocido como "Gua Gua"; Roberto Vargas Gutiérrez, también conocido como "Gavilán"; Carlos Alberto Moreno Turberquía, también conocido como "Nicolás"; Arístides Manuel Mesa Páez, también conocido como "El Indio"; Luis Orlando Padierna Peña, también conocido como "Inglaterra"; Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, también conocido como "Chiquito" y "Chiquito Malo"; César Daniel Anaya Martínez, también conocido como "Tierra"; Yony Alberto Grajales Álvarez, también conocido como "Guajiro" y "Paisa"; y Ramiro Caro Pineda, también conocido como "Nolasco" y "Hugo", presentada el 12 de agosto de 2015.

   Refiere la misma que el Gran Jurado que el grupo narcotraficante “Los Urabeños” es una organización paramilitar y de tráfico de cocaína con sede en Uruba, Colombia, la cual estuvo involucrada en envíos de varias toneladas de cocaína desde Colombia a México y América Central para su importación final a los Estados Unidos; coordinaron la producción, compra y traslado de cargamentos de cocaína, así como la recepción de cargamentos de cocaína en México y Centroamérica; controlaban el territorio en varias áreas de Colombia e imponían un "impuesto" a los narcotraficantes que operaban en las regiones bajo su control. Asimismo, emplearon sicarios para perpetrar actos de violencia, incluidos asesinatos, asaltos y secuestros.

  Sobre Darío Antonio Úsuga David refiere que dirigió la cita organización criminal junto a Daniel Rendón Herrera.

   La acusación comprende dos cargos, a saber, el de Empresa Criminal Continua el cual comprende varias violaciones: Conspiración internacional de fabricación y distribución de cocaína; así como las violaciones comprendidas del 2 al 32 referidas a la Distribución internacional de cocaína. Entretanto, el segundo cargo es por Uso de armas de fuego para fomentar el narcotráfico.

  Con respecto al primer cargo, la acusación de reemplazo dice que, entre junio de 2003 y diciembre de 2014, en jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos, Darío Antonio Usuga-David, Daniel Rendón Herrera, Jairo de Jesús Durango Restrepo, Roberto Vargas Gutiérrez, Carlos Alberto Moreno Tuberquía, Arístides Manuel Mesa Páez, Luis Orlando Padierna Peña, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, César Daniel Anaya Martínez, Yony Alberto Grajales Álvarez y Ramiro Caro Pineda, se involucraron a sabiendas en una empresa criminal continua en violación a lo establecido en el Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 846, 848(e), 952(a), 959(a), 960 y 963.

  Los acusados ocupaban un cargo de supervisión y dirección, cometiendo una serie de violaciones por las cuales obtuvieron cuantiosos ingresos y recursos.

   Entre 2003 y 2014, los acusados conspiraron para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía cocaína, una sustancia controlada de la Lista II, con la intención y de importarla a los Estados Unidos.

  En las citadas fechas, los acusados distribuyeron cocaína con la intención de importarla ilegalmente a EE. UU. de la manera que se describe a continuación:

  También entre 2003 y 2014, los acusados cometieron uno o más delitos punibles, conspiraron para matar y provocar el asesinato intencional de una persona o más, a saber: líderes, miembros y asociados de empresas rivales organizaciones narcotraficantes, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 848(e)(l)(A) y 846.

  Respecto al segundo cargo, los acusados y otros, a sabiendas, usaron y portaron una o más armas de fuego durante la comisión del delito de narcotráfico, delito imputado en el Cargo Primero. Entre el armamento fue blandido y disparado estaba una ametralladora.

REFERENCIAS

[1] El País. “Los 'tentáculos' del 'Clan del Golfo': Así eran los nexos de 'Otoniel' con mafias internacionales”. 3 de noviembre de 2021. https://www.elpais.com.co/judicial/los-tentaculos-del-clan-del-golfo-asi-eran-los-nexos-de-otoniel-con-mafias-internacionales.html

[2] La Opinión. “Las conexiones internacionales del 'Clan del Golfo'”. 3 de Noviembre de 2021. https://www.laopinion.com.co/colombia/las-conexiones-internacionales-del-clan-del-golfo

[3] Departamento de Estado. “Diecisiete Supuestos Jefes Y Asociados Del Clan Úsuga Acusados Formalmente Como Parte De Un Golpe Coordinado En Brooklyn Y Miami Contra El Grupo Bacrim Narcotraficante Y Armado Colombiano Más Grande Y Con Más Influencia”. 23 de junio de 2015. https://www.justice.gov/opa/pr/diecisiete-supuestos-jefes-y-asociados-del-clan-suga-acusados-formalmente-como-parte-de-un

[4] Departamento de Estado. Dario Antonio Usuga David (Captured). 25 de octubre de 2021. https://www.state.gov/narcotics-rewards-program-target-information-wanted/dario-antonio-usuga-david/

[5] Atalayar. “The Colombian government puts the Gulf Clan in check with the capture of ‘Otoniel’". 24 de octubre de 2021. https://atalayar.com/en/content/colombian-government-puts-gulf-clan-check-capture-otoniel

Hugo "el Pollo" Carvajal se declaró "no culpable" de delitos de narcoterrorismo en EE. UU.

  La próxima cita en el tribunal de Nueva York será el 25 de julio de 2023, y se discutirá la posibilidad de fianza para el acusado de delitos de narcotráfico. La fiscalía ya se adelantó para recordar que el sujeto tiene un alto riesgo de fuga.

Por Maibort Petit

  El exjefe de inteligencia del régimen venezolano, Hugo Carvajal Barrios se presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en su audiencia de arraigo, este jueves 20 de julio. Frente al juez federal, Stewart D. Aaron se declaró 'no culpable' de los delitos de narcotráfico y terrorismo, y ser parte del célebre cártel de los soles.  La nueva cita será fue fijada para el 25 de julio.

   Luego de años de trampas para evadir de la justicia de Estados Unidos, el exjefe de Inteligencia del régimen chavista, Hugo Armando Carvajal se encuentra en una cárcel federal de Brooklyn, en Nueva York. El exmilitar está acusado por el gobierno de Estados Unidos de haber participado presuntamente en actividades de narcotráfico a gran escala cuando era funcionario del gobierno venezolano. Entre los cargos destacar haber sido responsable de  un cargamento de cocaína de 5,6 toneladas que tenía como destino final a los Estados Unidos.

    Carvajal dijo a juez, por medio de un traductor, que se declaraba no culpable de los cargos por los cuales fue imputado. Por consentimiento, permanecerá bajo custodia en la cárcel federal, y se espera que sus abogados presenten un paquete de fianza esta misma semana. 

  Carvajal Barrios fue extraditado a EE. UU. luego que el Tribunal de Derechos Humanos europeo, con sede en Estrasburgo, denegó un recurso de la defensa que pretendía imponer como criterio que en EE. UU., y en especial, con la sentencia de cadena perpetua se le violarían los derechos humanos al acusado de narcoterrorismo. La Audiencia Nacional de España ya había aprobado la entrega del presunto miembro del cártel de los Soles a los Estados Unidos.

 Cuando Carvajal Barrios pasó a ser custodiado por agentes federales estadounidenses, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams y la directora de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), Anne Milgram, anunciaron que la extradición de Carvajal desde España se basó en una acusación presentada en NY por delitos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas de fuego. 

 El exmilitar chavista fue detenido en España el 9 de septiembre de 2021.

Lo que dijo el fiscal de NY

  El fiscal, Damian Williams hizo referencia en su declaración pública que Carvajal Barrios enfrentará la justicia“Después de muchos años como fugitivo luego de una carrera criminal de más de una década".

 El alto funcionario sostuvo que el exfuncionario venezolano  enfrentará la justicia por sus presuntos delitos, que fueron cometidos con la intención de 'inundar ' los Estados Unidos con toneladas de drogas potencialmente mortales. 

   Williams argumentó que Carvajal Barrios explotó su autoridad como director de la agencia de inteligencia militar de Venezuela para corromper a las instituciones venezolanas, abusar del pueblo venezolano e importar veneno a los Estados Unidos. 

  Señalando detalles de la acusación que EE. UU. hizo contra el exjefe de espías del chavismo,  aseguró que Carvajal Barrios, en su presunto liderazgo en el Cártel de Los Soles "infligió un dolor y un sufrimiento inconmensurables a muchos venezolanos, estadounidenses y otros que se vieron afectados por la violencia y las actividades de narcotráfico del cartel". 

 Por su parte, la administradora de la DEA, Anne Milgram, dijo en un comunicado que “los funcionarios gubernamentales corruptos como Carvajal, que supuestamente usan su posición para aceptar sobornos y otras actividades de narcotráfico, deben rendir cuentas con todo el peso de la ley. Como se alega, Carvajal abandonó su responsabilidad ante el pueblo de Venezuela y explotó su posición para beneficio personal".

 Advirtió que la DEA y sus socios unieron fuerzas "para llevar ante la justicia a cualquier persona, en cualquier posición, que ponga en peligro la seguridad y la salud del pueblo estadounidense”.

La acusación y los hechos

  En la demanda contra Carvajal Barrios, ex director de la agencia de inteligencia militar de Venezuela, se señala que el exmilitar  desde al menos en 1999, empezó a delinquir junto con otros funcionarios venezolanos de alto rango. Él y sus aliados actuaron como líderes y administradores del Cártel de Los Soles. 

 El acusado y otros miembros del cartel "abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del aparato militar, de inteligencia, legislativo y judicial, para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos". 

  Sostiene que "el Cártel de Los Soles buscaba no solo enriquecer a sus miembros y aumentar su poder, sino también “inundar” los Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga a los usuarios en los Estados Unidos. Para lograr estos objetivos, los líderes del Cártel de Los Soles se asociaron con los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que controlaban la producción de cocaína en vastas áreas de Colombia y Venezuela".

   La acusación describe los múltiples cargos públicos de confianza ocupados por Carvajal Barrios en Venezuela, y destaca cómo el ex jefe de espías explotó en beneficio del Cártel de Los Soles, incluso como director de Dirección de Inteligencia Militar entre aproximadamente 2004 y 2011. 

  El acusado, asegura la acusación federal, "aprovechó su cargo para traficar narcóticos ilegalmente y apoyar a sus socios narcotraficantes, las FARC". 

  Los fiscales señalan que "en o alrededor de 2006, por ejemplo, el Pollo Carvajal se coordinó con otros miembros del Cártel de Los Soles para despachar un cargamento de cocaína de 5,6 toneladas desde Venezuela en un avión privado con matrícula estadounidense. El avión partió de Venezuela y aterrizó en México, donde las autoridades mexicanas incautaron las 5,6 toneladas de cocaína a su llegada. 

 Aproximadamente en 2008, Carvajal asistió a una reunión con un representante de las FARC en la que se acordó que el Cártel de Los Soles proporcionaría dinero y armas a las FARC a cambio de una mayor producción de cocaína.

  Carvajal, de 63 años, de nacionalidad venezolana, está acusado de: 

(i) participar en una conspiración de narcoterrorismo, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua; 

(ii) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua; 

(iii) usar, portar y poseer ametralladoras y artefactos destructivos en relación con el narcoterrorismo y la importación de cocaína conspirations, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua; y 

(iv) conspirar para usar, portar y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en relación con las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua.