Aliados del Chavismo, funcionarios de Guaidó, expresidentes de izquierda, representantes de fondos de inversiones y ONGs se reúne en Santo Domingo para 'reimaginar' las sanciones de EE. UU. y la UE contra el régimen de Nicolás Maduro

Por Maibort Petit

   Chatham House, un centro de pensamiento del Reino Unido, con apoyo de Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) realizará un encuentro en Santo Domingo, República Dominicana el 8 y 9 de diciembre de 2022, donde participarán desde oficiales del régimen de Nicolás Maduro, del interinato de Juan Guaidó, representantes de la Fundación de George Soros, Open Society, ex-presidentes de Izquierda, así como también funcionarios de la Administración de Joe Biden, y representantes de fondos de inversiones. La intención es 'reimaginar' las sanciones que EE. UU. y la comunidad internacional impusieron a la élite de la dictadura venezolana, y a empresas del Estado por la violación sistemática de los derechos humanos del pueblo, y las prácticas antidemocráticas del chavismo. 

  En la agenda del evento aparecen, entre otros, los siguientes personajes:

Expresidentes: Ernesto Samper (Colombia) y Leonel Fernández (República Dominicana)

Gobierno Interino de Juan Guaidó: Miguel Pizarro, y la Ex-CEO de CITGO, Luisa Palacios. Diputada de la Asamblea Nacional (2015) Mariela Magallanes. Isadora Zubillaga, representante de Guaidó en Europa.

American Society: Guillermo Zubillaga

  Chavismo: Temir Porras, un chavista que se desempeñó como exjefe de gabinete tanto del presidente Hugo Chávez como del presidente Nicolás Maduro. Economista, ex viceministro de educación superior de Venezuela y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Actualmente es Director Gerente de Global Sovereign Adviser.

Administración de Joe Biden EE. UU.: Juan González, Director Senior de Relaciones con el Hemisferio Occidental, National Consejo de Seguridad, Estados Unidos [Invitado]

Senado EE. UU. Brandon Yoder, miembro del personal profesional Relaciones Exteriores del Senado Comité, Estados Unidos [Invitado]

Financial Times: Presidente Michael Stott, Editor para América Latina

Empresario (Venezuela): Alberto Völlmer de Ron Santa Teresa.

Alberto Völlmer Ron Santa Teresa junto a Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen de Maduro.

Chatham House: Dr. Christopher Sabatini, investigador sénior.

Oradores Francisco Cox, Misión de investigación de la ONU, Chile

Tamara Taraciuk Broner, Human Rights Watch Keith Mines, Instituto para la Paz de EE. UU.

Enrique Yturriaga Saldana, Director General para Iberoamérica y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

James Dauris, Jefe, América Latina, Relaciones Exteriores del Reino Unido, Commonwealth y Oficina de Desarrollo. [Invitado]

Presidenta Sarah Renouf, Jefa de Misión Adjunta en Colombia, Nueva Zelanda

Alez Wetzig, Secretario General de Relaciones Exteriores, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile

Representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México [TBD]

Presidente Louis-Pierre Emond, Asuntos Globales Canadá

Presidenta Dra. Elena Lazarou, Jefa, Unidad de Políticas Exteriores, Parlamento Europeo

Ponentes Miguel Pizarro, representante del Gobierno Interino de Venezuela ante Naciones Unidas ( Juan Guaidó)

Martín Carosio, Gerente Relaciones Institucionales y Comerciales LATAM/ Socio Comercial Legal, Aggreko [Invitado]

Presidenta Sabrina Stein, Analista sénior de programas de promoción, Programa para América Latina, Fundación Sociedad Abierta (Open Society Foundation)

  Ampliando las discusiones sobre el camino hacia la restauración de los Derechos Derechos Fundamentales y la Democracia en Venezuela.

  Para ayudar a facilitar una discusión abierta y el intercambio de ideas, este taller se llevará a cabo bajo el Regla de Chatham House.

 Esta es la agenda con fecha 18 de noviembre de 2022. (Transcripción lineal del documento)

 Este evento se realizará de forma presencial en la sede de Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE*). Las sesiones seleccionadas se llevarán a cabo en la plataforma virtual Zoom, pero por razones de privacidad no todos. Tenga en cuenta que todos los horarios enumerados se encuentran en el horario de invierno de la costa este [EST].

 Los siguientes objetivos y temas serán el foco de las discusiones y cualquier posible punto de consenso, que surja de la reunión de dos días.

• Reimaginar la naturaleza de las sanciones estadounidenses e internacionales y su potencial para promover avance en las negociaciones, derechos humanos en Venezuela y el cambio pacífico.

• La importancia de los inversionistas privados para crear transparencia y participar en la entrega de ayuda humanitaria en Venezuela, así como en la rehabilitación de los sectores críticos de electricidad y energía para apoyar el acceso a la salud, el agua potable y la educación.

• Compromisos de la Unión Europea para involucrar y promover condiciones para unas elecciones justas y libres en el período previo a 2024 y 2025

• Asegurar la autorización oficial para que las principales organizaciones internacionales de derechos humanos lleven a cabo una visita para monitorear de forma independiente las condiciones dentro de Venezuela y el progreso de las reformas judiciales iniciadas por el actual gobierno.

Cena de bienvenida el miércoles 7 de diciembre de 2022 19:30 – 21:30

 Se convocará una cena de bienvenida previa al taller en un restaurante de Santo Domingo. El propósito de esto la cena es para presentar a los participantes entre sí y los temas y objetivos del taller.

 Después de los comentarios introductorios de Chatham House y los partidarios del evento, se proporcionarán comentarios de los presidentes Leonel Fernández (República Dominicana) y Ernesto Samper (Colombia) sobre lecciones aprendido de los esfuerzos de negociación anteriores y cómo abordarlos en conversaciones futuras.

Preguntas para la discusión:

• ¿Qué lecciones podemos extraer de los esfuerzos pasados de mediación que puedan aplicarse a la nueva ronda de negociaciones recién anunciadas en México?

  Cuando una reunión, o parte de ella, se lleva a cabo bajo la Regla de Chatham House, los participantes son libres de usar la información recibida, pero no se podrá revelar la identidad ni la afiliación del o de los oradores, ni la de ningún otro participante.

Agenda

• ¿Qué énfasis debe ponerse en los derechos humanos fundamentales y la asistencia humanitaria?

• ¿Cuál es la mejor manera de abordar las condiciones electorales para las elecciones de 2024/2025 para cumplir con los requisitos de la UE? Recomendación de su informe de misión de observación de 2021?

• ¿Cuál debería ser el papel de la comunidad internacional, incluidos los recién elegidos gobiernos en América Latina?

Ponentes: Presidente Leonel Fernández, Presidente, República Dominicana (1996-2000; 2004-2012)

Presidente Ernesto Samper, Presidente, Colombia (1994-1998) 

Jueves 8 diciembre, 2022

08:45 – 09:00 Registro y refrescos

09:00 – 09:15 Palabras de bienvenida y presentaciones

Un breve resumen de la agenda, los objetivos y la presentación de los participantes.

Ponentes Dr. Christopher Sabatini, investigador sénior, Chatham House

Nathanael Concepción, Analista de Investigación, FUNGLODE ( Fundación de Leonel Fernández)

09:15 – 10:15 Primera sesión: ¿Cuál creemos que debería ser el papel de las sanciones?

  Durante mucho tiempo se ha cuestionado la eficacia y la aplicación de las sanciones, pero se ha convertido recientemente en un importante debate público. En el caso de Venezuela, tres años después de que los EE. UU., la UE y otros aumentaron los esfuerzos financieros y económicos individuales y amplios con las sanciones comerciales surge la pregunta: ¿y ahora qué? En esta sesión discutirá, si las sanciones en sí mismas, tal como están actualmente vigentes, son probables inducir los objetivos originales que los países que las impusieron tenían en 2019.

• ¿Cómo se pueden entender mejor las sanciones en términos del potencial de cambiar el interbloqueo actual?.

• ¿Cómo pueden los países que imponen sanciones promover un cambio gradual?

  En sus políticas para ayudar a incentivar no solo la sustentabilidad y la negociaciones, sino también cambios significativos en materia de derechos humanos y elecciones. 

 Condiciones, sin sacrificar la importación de pasado y potencialmente útil puntos de influencia de la política?

• ¿Cómo deben utilizarse las sanciones como palanca para garantizar el cumplimiento de las medidas acordadas durante las negociaciones?

Oradores:

1) Juan González, Director Senior de Relaciones con el Hemisferio Occidental, National Consejo de Seguridad, Estados Unidos [Invitado]

2) Brandon Yoder, miembro del personal profesional Relaciones Exteriores del Senado Comité, Estados Unidos [Invitado]

3) Presidente Michael Stott, Editor para América Latina, Financial Times

10:15 – 10:30 Descanso

10:30 – 11:45 Sesión Dos: Sesiones Paralelas: Inversión Privada y Negociaciones, Derechos humanos y elecciones.

Involucrar al sector privado

• ¿Cuáles son los beneficios de una mayor participación del sector privado en la economía venezolana en términos de transparencia, apoyo humanitario, rendición de cuentas, reconstruir un stable base para el futuro cambio político, y beneficios a largo plazo para los mercados mundiales de energía?

• ¿Existen sectores que son particularmente importantes para objetivos amplios compartidos?

• ¿Cuáles deberían ser esos objetivos?

• ¿Cuál es el papel del sector financiero?

Ponentes José Luis Manzano, Integra

Representante del sector petrolero [Invitado]

Luisa Palacios (Ex-CEO de CITGO designada por el interinato encabezado por Juan Guaidó).

Presidente Alberto Vollmer, Santa Teresa Ron

Negociaciones, Derechos Humanos y Elecciones

Una serie de informes internacionales recientes, incluso del Fact Finding de la ONU y de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2021 han presentado recomendaciones concretas para mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela y reformas electorales y condiciones para elecciones libres y justas en 2024 y 2025.

• ¿Cómo se pueden abordar en las negociaciones en México?

• ¿Cómo pueden los gobiernos de América Latina, Europa, Canadá y otros ayudar a promover su centralidad en las negociaciones y en la debate público internacional?

• ¿Cómo puede la posibilidad de misiones directas por internacional creíble ONG y la UE para monitorear estas condiciones en el período previo al 2024

¿Es mejor abordar las elecciones?

Oradores Francisco Cox, Misión de investigación de la ONU, Chile

Tamara Taraciuk Broner, Human Rights Watch Keith Mines, Instituto para la Paz de EE. UU.

Mariella Magallanes, Diputada, Asamblea Nacional de Venezuela

11:45 – 12:15 Descanso

12:15 – 13:00 Sesión cuatro/almuerzo presentación: La Mirada del Venezolano

Gobierno: Sanciones, Normas Electorales y Derechos Humanos

Portavoz Alto Representante del Gobierno de Maduro

Presidente Presidente Leonel Fernández

13:00 – 13:15 Descanso

13:15 – 14:15 Sesión cinco: Puntos de vista europeos

• ¿Es una mayor cooperación entre el Grupo de Contacto Internacional original, incluyendo los EE.UU., posible?

• ¿Como se vería eso?

• ¿Cuáles son los objetivos de la UE, Reino Unido, Canadá y otros gobiernos de países europeos en la política de sanciones?

• ¿Cuál es la mejor manera de lograrlos?

Ponentes Enrique Yturriaga Saldana, Director General para Iberoamérica y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de España

James Dauris, Jefe, América Latina, Relaciones Exteriores del Reino Unido, Commonwealth y Oficina de Desarrollo [Invitado]

Se invitará a un orador adicional

Presidenta Sarah Renouf, Jefa de Misión Adjunta en Colombia, Nueva Zelanda

14:15 – 14:30 Descanso

14:30 – 15:30 Sexta sesión: Miradas latinoamericanas

Ponentes Representante de la Cancillería Argentina [TBD] Laura Gil, Secretaria para América Latina Cancillería de Colombia [Invitada]

Alez Wetzig, Secretario General de Relaciones Exteriores, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile

Representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México [TBD]

Presidente Louis-Pierre Emond, Asuntos Globales Canadá

15:30 – 16:00 Descanso

16:00-16:30 Sesión siete: Informe breve de los presidentes de las sesiones paralelas

Ponentes Alberto Vollmer, Presidente y CEO, Ron Santa Teresa

Mariella Magallanes, Diputada, Asamblea Nacional de Venezuela

16:30- 17:15 Sesión ocho: Puntos de consenso del primer día

Oradores Christopher Sabatini, investigador sénior, Chatham House

Yamira Sosa, FUNGLODE

CONFIDENCIAL. No para citación o circulación adicional

Bruno Binetti, Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres

Cena de trabajo – La Mirada desde la República Dominicana

19:30 – 21:30

Otra oportunidad para la discusión e intercambio informal, tanto de los eventos del día anterior como del siguiente, la cena.

Portavoz Roberto Álvarez, Ministro de Relaciones Exteriores, República Dominicana [Invitado] viernes 9 diciembre, 2022

9:00 – 9:30 Registro y refrescos

9:30 – 10:30 Sesión ocho: Un repaso: ¿cuáles son los puntos de consenso hasta ahora?

Oradores Christopher Sabatini, investigador sénior, Chatham House

Nathanael Concepción, Analista de Investigación, FUNGLODE

10:30 – 10:45 Descanso

10:45 – 11:45 Asistencia Humanitaria: Los Desafíos de la Implementación - Ampliando el concepto y entregando los bienes

Ponentes Miguel Pizarro, representante del Gobierno Interino de Venezuela ante Naciones Unidas ( Juan Guaidó)

Roberto Patiño, Fundador y Director General, Mi Convive/Alimenta La Solidaridad

Martín Carosio, Gerente Relaciones Institucionales y Comerciales LATAM/ Socio Comercial Legal, Aggreko [Invitado]

Presidenta Sabrina Stein, Analista sénior de programas de promoción, Programa para América Latina, Fundaciones Sociedad Abierta Open Society Foundation

11:45 – 12:15 Descanso

12:15 – 13:15 Décima sesión/almuerzo presentación: Reflexiones de Brasil sobre los pasados años de deterioro en Venezuela

Ponente Celso Amorim, Ex Ministro de Relaciones Exteriores, Brasil

Presidente Presidente Ernesto Samper, Ex Presidente, Colombia

13:15 – 13:30 Descanso

13:30 – 14:15 Sesión once: Hacia un consenso sobre la coordinación internacional en sanciones, sector privado, comunidad internacional y elecciones y estándares de derechos humanos?

CONFIDENCIAL. No para citación o circulación adicional

Discusión abierta.

• ¿Existe un camino para una posible visión colectiva sobre las elecciones, condiciones, demandas de derechos humanos y alivio de sanciones que puede alimentarse una posición internacional más amplia?

• ¿Como se vería eso?

Presidenta Dra. Elena Lazarou, Jefa, Unidad de Políticas Exteriores, Parlamento Europeo

Servicio de Investigación

14:15 – 14:45 Descanso

14:45 – 16:00 Sesión doce: ¿Qué logramos?

Discusión: No queremos dejar estos dos días sin compromisos en

condiciones electorales y de derechos humanos.

• Entonces, ¿cómo sería eso?

• Al mismo tiempo, ¿cuál podría ser el papel del sector privado en los avances esas metas?

• ¿Hay puntos de consenso que podrían hacerse públicos, especialmente en un conferencia de prensa potencial que podría seguir?

Preside Dr. Christopher Sabatini, investigador sénior, Chatham House

Presidente Leonel Fernández, Ex Presidente, República Dominicana

16:00 Conferencia de prensa potencial sobre puntos de consenso.

Juicio en Florida: Con más de un millar de evidencias EE. UU. buscará probar la corrupción de enfermera de Chávez y el escolta

   El testimonio de Alejandro Andrade dará contexto al amplio listado de evidencias.

Por Maibort Petit

  Al iniciarse este lunes 28 de noviembre las audiencias de juicio contra la extesorera de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, la fiscalía homónima busca comprobar los delitos de lavado de dinero que se les imputa con un arsenal que incluye 1.171 evidencias, de acuerdo al listado difundido por el gobierno.

  Díaz Guillén y Velásquez Figueroa son señalados de integrar una trama de corrupción que permitió al supuesto cabecilla de la misma, a saber, Raúl Gorrín, propietario de la televisora Globovisión y Seguros La Vitalicia, amasar una fortuna de miles de millones de dólares a la sombra del sistema de control de cambio imperante en Venezuela. Esto habría ocurrido, tanto en la administración del finado expresidente, Hugo Chávez, como de su sucesor, Nicolás Maduro, cuando de facto fue liberado en los últimos años de su gobierno. A través del diferencial cambiario el empresario se habría hecho de las millonarias ganancias que supuestamente fueron lavadas en el sistema financiero y el mercado inmobiliario de los Estados Unidos.

  Los acusados, señalados de recibir sobornos millonarias —calculadas en USD 65 millones— por parte de Gorrín, las cuales, igualmente, habrían sido lavados en el sistema financiero de EE. UU.

 En las 22 páginas del extenso listado de pruebas, se incluye el testimonio de expertos en economía, fotografías, facturas, correos electrónicos, comprobantes de depósito y transferencias bancarias, chats, leyes y resoluciones de gobierno venezolanas, el gobierno cree que hay suficientes elementos que les permitirán comprobar que Claudia Díaz Guillén continuaron la trama de corrupción que Gorrín presuntamente comenzó con su antecesor en el cargo, Alejandro Andrade, quien se declaró culpable de la comisión de delitos de lavado de dinero que ahora colabora con la justicia.

  Y sería, precisamente, el testimonio de Andrade, convertido en testigo estrella de la fiscalía en este juicio, el que ayudará a darle contexto al voluminoso legajo de evidencias que se presentarán ante el juez de la causa y el jurado, aspirando con ello los fiscales que este último declare la culpabilidad de los acusados. 

  Cabe destacar los múltiples esfuerzos de Díaz y Velásquez para evitar que los fiscales suban al estrado a Alejandro Andrade, alegando para ello la violación de los procedimientos de ley y el debido proceso. Una argumentación que no fue aceptada por el Tribunal que declaró la inadmisibilidad de la moción presentada por la defensa para ello.

  Por su parte, como ya lo hemos señalado en entregas anteriores, la defensa presentará ante la Corte y el jurado 57 documentos que, de acuerdo a su visión de los hechos, comprobarían la inocencia de sus representados. 

¿Cómo la fiscalía de EE. UU. busca probar que Claudia Díaz Guillén y su esposo lavaron millones de dólares provenientes de sobornos pagados por Raúl Gorrín?

  En este proceso, Alejandro Andrade, extesorero de Venezuela, se perfila como el testigo estrella del gobierno.

Por Maibort Petit

  Tal como estaba previsto este lunes 21 de noviembre se dio inicio al enjuiciamiento de Claudia Patricia Díaz Guillén, mejor conocida como la “enfermera de Chávez”, así como de su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, acusados de formar parte de una trama de corrupción que, a la sazón del sistema de control de cambio imperante en Venezuela a lo largo de la gestión de gobierno de Hugo Chávez y liberada de facto únicamente en los últimos años del gobierno de su sucesor, Nicolás Maduro, supuestamente permitió millonarias ganancias con el diferencial cambiario a Raúl Gorrín, propietario de la televisora Globovisión. 

        Imagen del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

  Será el próximo 28 de noviembre cuando tenga lugar la primera sesión del juicio con las declaraciones de apertura en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, constituyéndose en el primer proceso de los múltiples que involucran a acusados venezolanos en actividades de lavado de dinero, que se dilucide en las salas de la corte, pues la tendencia hasta ahora había sido la admisión de culpa por parte de los involucrados.

  Díaz Guillén ejerció como Tesorera Nacional de Venezuela en sucesión a Alejandro Andrade, mientras que su esposo fue jefe de seguridad del finado mandatario. En el ejercicio de estas funciones, la acusada y su cónyuge habrían recibido unos USD 65 millones en sobornos por parte de Gorrín, correspondiéndole a la fiscalía a partir del próximo lunes, probar estos hechos ante el jurado.

  El pasado 18 de octubre de este año 2022, el juez de la causa, William P. Dimitrouleas, le dio entrada al acta sin papel de los procedimientos llevados a cabo hasta la citada fecha, los cuales, a saber, sirvieron para considerar en conferencia de estado, una serie de mociones de la defensa dirigidas a solicitar la exclusión de evidencia y de testigo del gobierno, así como para desestimar los cargos 2, 9 y 10 de la acusación por estimarlos prescritos con retraso previo. Estas acciones de los abogados de Díaz Guillén se formularon por considerar que se violaron el debido proceso establecido en la Constitución de los Estados Unidos. Luego de escuchadas las partes y sus alegatos, el magistrado negó las mismas. Igualmente, el juez Dimitrouleas ordenó la presentación de los listados de testigos y pruebas.

 Cabe destacar que la defensa ha tratado por todos los medios de impedir que en el juicio testifique Alejandro Andrade, quien como ya señalamos, antecedió a Claudia Díaz Guillén en la Tesorería y habría dado inicio a la trama de corrupción junto con Gorrín. Andrade se declaró culpable de de un cargo de conspiración de lavado de dinero por USD 1.2 mil millones y por ello recibió una sentencia de 10 años en noviembre de 2018 que logró rebajar gracias a su colaboración con la justicia.

  Dicha colaboración fue la que permitió ampliar la acusación de la fiscalía y así incluir a Claudia Díaz Guillén, a Adrián Velásquez Figueroa y a Raúl Gorrín, presunto cabecilla de la trama.

 Andrade, quien se convertiría en el testigo estrella de este proceso, habría aportado datos fundamentales que, junto a transferencias bancarias y correos electrónicos entre los involucrados, facilitaron a los fiscales la estructuración del caso cuyos hechos ahora esperan demostrar en la corte. Las evidencias del gobierno incluyen supuestas transferencias efectuadas por Raúl Gorrín a los acusados, desde Suiza a cuentas en Miami de los demandados.

  En el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, los fiscales intentarán comprobar que Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a los acusados, de manera de asegurarse la participación en las operaciones de cambio de moneda extranjera en Venezuela que generaron cientos de millones de dólares en ganancias irregulares que fueron lavados con inversiones inmobiliarias y en entidades bancarias de los Estados Unidos.

Orden de apertura limitada

  El 19 de octubre de 2022, William P. Dimitrouleas, Juez del Distrito Sur de Florida, luego de escuchar los alegatos en fecha previa, 18 de octubre de 2022 y luego de consultar con el juez Rosenberg, determinó que el citado magistrado debía emitir una orden de apertura limitada con respecto a la moción de la Regla 35 en 17-80242-CR y, en ausencia de preocupaciones de CIPA.

 Igualmente, ordenó que el juez Rosenberg ingrese una orden de apertura limitada con respecto a las transcripciones de la moción de la Regla 35 en el caso.

Los testigos de la lista conjunta

  Ante la Corte, los abogados Marissel Descalzo y Andrew Feldman, en representación de Claudia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, presentaron un listado preliminar de los testigos que tienen previsto llamar al estrado en la defensa conjunta que ejercerán de los demandados.

  Así, serán llamado a testificar los agentes especiales Gregg Mervis, Slade P. Searight, Mark Shelby, Daltrisha A. Jean y Sandalio González.

  Asimismo, atestiguarán Josmel Velasquez, Carlos Pérez, Anirays Camino y Angélica Barrios.

  Del mismo modo, los abogados advierten que interrogarán a cualquier testigo en la lista de del gobierno.

Las pruebas de la defensa

  El 28 de octubre de 2022, los abogados de la defensa presentaron un listado de pruebas conjuntas que presentaran en el desarrollo del juicio, reservándose, como advirtieron el derecho de modificar o complementar las dichas pruebas y utilizar cualquier otra de las presentadas por la fiscalía durante el proceso.

  Se trata de un total de 57 documentos de diversa índole, entre ellos, copia de los convenios cambiarios y otras leyes venezolanas, resoluciones gubernamentales, certificados de depósitos, entre otros.

 Respuesta del gobierno a pedido de excluir a Alejandro Andrade como testigo

  El gobierno, a través de Paul A. Hayden, de la Sección de Fraude, División Criminal Departamento de Justicia y Kurt K. Lunkenheimer, asistente del Fiscal para el Distrito Sur de Florida Juan Antonio González, respondieron en oposición a la la Moción Conjunta para Excluir al Testigo Alejandro Andrade presentada por los acusados.

  La fiscalía estima que la solicitud de Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa de excluir el testimonio de Andrade o que el Tribunal ordene al gobierno revelar información clasificada a la defensa de manera que puedan indagar sobre la misma en el contrainterrogatorio, debe ser denegada.

  Los acusados sostienen que el Tribunal no siguió los requisitos y procedimientos de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA); que la información retenida de los acusados ​​era Brady y Giglio, y; que CIPA no pesa más que las demandas de debido proceso constitucional de Brady. En ello se sustentan para pedir que la declaración del testigo cooperante, Alejandro Andrade, sea excluida.

  Para el gobierno, la argumentación de la defensa es solamente un intento de volver a litigar sobre una materia que ya fue negada por el tribunal el 18 de octubre de 2022 cuando el juez Dimitrouleas negó las mociones para excluir la evidencia y el testigo del gobierno, así como la moción para desestimar los cargos 1, 9 y 10 de la acusación.

  Advierten los fiscales que, incluso si la Corte considerara los argumentos de los demandados, igualmente fracasarían porque tanto el tribunal como el gobierno, se ciñeron a lo establecido en la CIPA.

   Cabe destacar que el pasado 13 de octubre de 2022, la fiscalía hizo una presentación clasificada de conformidad con CIPA y al día siguiente el Tribunal, efectuó una audiencia a puerta cerrada ex parte y el gobierno presentó información no clasificada a la defensa.

  Subrayó el gobierno que la CIPA no cambia las obligaciones de descubrimiento de la fiscalía y tampoco altera las reglas de la evidencia. Explicaron que esta norma exige una serie de procedimientos en las etapas previas al juicio, en el juicio y en la apelación, para proteger el derecho del acusado al debido proceso. Además, subrayaron que CIPA tiene como objetivo la protección y restricción del descubrimiento de información clasificada de tal manera que no perjudique el derecho del acusado a un juicio justo. Esta ley crea un procedimiento previo sobre la admisibilidad de la información clasificada.

  En razón de que la jurisprudencia ha determinado que los tribunales de distrito tienen la potestad de decidir si la información clasificada es “relevante para la determinación de la culpabilidad o inocencia del acusado []”, o “útil para la defensa” o “esencial para una determinación justa de la causa, ”está dentro de su autoridad retener la divulgación de la información”. En este contexto, sostiene el gobierno, se inscribió la decisión de la Corte de llevar a cabo una audiencia a puerta cerrada ex parte y luego de ello ordenó al gobierno presentar a la defensa información no clasificada. Es decir, se cumplieron las pautas de CIPA.

  El gobierno cree que las motivaciones esgrimidas por la defensa para buscar información adicional sobre Alejandro Andrade no procede y es infundado el argumento de que al haberse incumplido CIPA por parte del tribunal, el asunto se remedia con la exclusión del testigo.

Preocupación por interferencia de coacusado

  El gobierno manifestó su preocupación por el hecho de que un co-acusado en condición de fugitivo se habría puesto en contacto con con un testigo identificado, lo cual habría hecho a través de un tercero.

  Por lo conocido por la fiscalía el contacto se produjo para indagar si, efectivamente, el testigo estaba testificando y por qué razón, lo que que el testigo tomó como un acto intimidatorio.

  En razón de que el referido testigo sólo había sido identificado por el abogado de Díaz Guillén en cumplimiento de una orden judicial y nunca se había mencionado su nombre como posible testigo del gobierno, por lo que se tiene como información confidencial, la fiscalía estimó necesario que se convocara a una conferencia de estado para aclarar este contacto inapropiado.

Juez ordena a personal informático de la corte hacer pruebas para la testificación de los testigos a favor de Álex Saab desde Caracas

Por Maibort Petit

   El Juez Robert Scola notificó a las partes del caso por delitos de lavado de dinero de Álex Saab Morán que el personal informático del juzgado estará en la sala 12-3 el 9 de diciembre de 2022 a las 2PM para realizar pruebas de conectividad en anticipación de la audiencia probatoria que se realizará desde la Embajada de Suiza en Venezuela y que permitirá que los testigos de la defensa expliquen que el acusado es, supuestamente, diplomático.

  El la orden del tribunal, se señala que tanto la defensa como la fiscalía pueden usar la sala del tribunal durante este tiempo para probar sus propios equipo y el de sus contrapartes en los lugares desde los cuales se espera testimonio. 

  El personal informático de la Corte utilizará la sala de reuniones Zoom para realizar su prueba. En el mismo comunicado, se informa que, de conformidad con las reglas de la Corte, los no abogados (por ejemplo, los asistentes legales y testigos) sólo pueden traer equipos electrónicos a la sala del tribunal con un Mandato judicial.

   El juez Scola aprobó la petición de Álex Saab de permitir el testimonio por videoconferencia de los testigos de la defensa ubicados en Venezuela.  Al hacerlo, la Corte ordenó a las partes reunirse y consultar la logística que se usará para ese procedimiento fuera de país. Inicialmente, Saab había propuesto que los testigos testificaran por Zoom desde el Hotel Cayena de Caracas, porque en esa localidad hay buen servicio de internet pero luego se informó que lo habían desde la Embajada de Suiza en Venezuela.

Un gobierno reconocido por EE. UU.

  En un informe conjunto de la defensa y la fiscalía, se informó que el acusado informó que por nota diplomática al Ministerio del Pueblo de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, la Embajada de Suiza confirmado que está dispuesta a ofrecer las instalaciones de la Misión Suiza en Caracas.

  Los fiscales se opusieron inicialmente al testimonio por Zoom desde Venezuela pero, en vista que los testimonios han sido autorizados, no se negaron al uso de las instalaciones suizas en Caracas, o de las instalaciones diplomáticas de otro tercer país.

   Saab también obtuvo confirmación por escrito del Fiscal General de Venezuela, Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza. En dicha notificación se señala que la ley venezolana no prohíbe a los testigos prestar testimonio en procesos penales extranjeros, a través de tecnología de vídeo, desde dentro de Venezuela.

  Las partes acordaron que el testimonio por videoconferencia debe realizarse a través de la sistema seguro Zoom.gov. de los Estados Unidos e informaron que  coordinarán con el personal del Tribunal para organizar la logística.

 Igualmente, Saab  propuso que el personal de la corte de EE. UU. juramentara a los testigos, pero la Corte señaló que en su experiencia previa, es preferible que la juramentación la haga  alguien en el lugar (Caracas) que esté autorizado para administrar un juramento bajo las leyes de ese estado o país

  "La defensa está de acuerdo con la propuesta del Tribunal y está dispuesto a identificar a una persona física autorizada, conforme a las leyes venezolanas, para tomar el juramento y verificar la identidad de los testigos", dice el informe.

   En el período entre la entrega del Informe de Estado Conjunto y la Audiencia, la defensa de Saab anticipó que habrá conversaciones adicionales con la Embajada de Suiza sobre logística, tecnología y requisitos de las autoridades suizas, por lo que se presentará información  adicional sobre el tema.

  Los fiscales recordaron que Estados Unidos no reconoce al Gobierno de la administración Maduro como el gobierno de Venezuela. Esto incluye al individuo antes mencionado, por ello, la Fiscalía estadounidense sugirió que para que los testimonios  ocurran en la Embajada de Suiza, el juramento local debe hacerse de conformidad con la ley suiza, no la ley venezolana, porque la embajada es "suelo suizo".

 Las partes seguirán consultando sobre los detalles del juramento prestado in situ en Caracas Asimismo, los fiscales federales advierten que prefieren que los testigos también sean juramentados por el personal judicial de los EE. UU. 

 La Fiscalía no se opone a la administración de un juramento local, pero ha planteado que si así se hiciere, los testigos deben ser además juramentados por por EE. UU.; y cualquier juramento local potencialmente debería hacerse de conformidad con la ley suiza, no la ley venezolana, porque la embajada está técnicamente en suelo suizo.

  En el informe se acuerda que durante el testimonio de cada testigo, las únicas personas que estarán presentes son el propio testigo y una persona neutral adicional, preferiblemente de la embajada o consulado en el que se toma el testimonio, quien asistirá con las cámaras y cualquier otros problemas tecnológicos que puedan surgir.

  La defensa y la fiscalía acordaron que  habrá una cámara en la sala, enfocada en el testigo y que antes del inicio del testimonio de cada testigo, una persona neutral utilizará la cámara para escanear toda la habitación y establecer que no hay nadie más presente y/o confirmar verbalmente que no hay nadie más presente.

  Las partes llegaron a un acuerdo que establece que antes de tomar el testimonio, se verificará la identidad de cada testigo a través de una identificación emitida por el gobierno. Esta identificación se mostrará sobre la cámara y verificado por la persona que administra los juramentos de los testigos.

  Se utilizará además el servicio de interpretación del Tribunal, con el intérprete que se conectará de forma remota, en consonancia con la práctica anterior del Tribunal de utilizar videoconferencias y interpretación.  Asimismo se usará  el taquígrafo judicial típico del Tribunal, presente en la Sala de la Corte en Miami.

  Las partes acuerdan que los Anexos se mostrarán a los testigos mediante la videoconferencia función de pantalla compartida, y copias impresas también estarán disponibles en la sala del tribunal para su examen por la Corte, el personal y el defensa.

 Alex Saab ha pedido en varias mociones al tribunal que le otorgue que desestime la acusación en su contra por delitos de lavado de dinero porque goza de inmunidad diplomática, y que fue ilegalmente “secuestrado” cuando se trasladaba a Irán para cumplir una misión diplomática.

 Según los alegatos de la defensa, Estados Unidos sabía que Álex Saab era un diplomático de Venezuela cuando fue arrestado en Cabo Verde, para lo cual presentó una serie de documentos que incluyen cartas enviadas por Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez a las autoridades del régimen de Irán, copia de las supuestas gestiones.

  Los fiscales acusan a Saab Morán de haber lavado unos 350 millones de dólares que obtuvo a través del pago de sobornos a funcionarios venezolanos a cambio de contratos para la construcción de viviendas para los pobres de Venezuela.

  Según la defensa, Estados Unidos y la Interpol tenía conocimiento que Saab tenía inmunidad diplomática, por lo que han pedido desde su arresto desestimar la acusación por ser improcedente. 

  La fiscalía estadounidense niega el conocimiento y reconocimiento del estatus de diplomático de Saab.

  De ser declarado culpable podría enfrentar una condena máxima de hasta 20 años de prisión.

Caribbean Petroleum Refinery (CPR), empresa que está negociando con la Refinería Di Koursou de Curazao, asegura que no está violando las sanciones de la OFAC

   En un comunicado, Caribbean Petroleum Refinery (CPR) dice lo siguiente: 

 "En el marco de las negociaciones que vienen adelantando  (CPR), como ganador oferente para operar la Refinería Di Koursou, en un proceso transparente y bajo las regulaciones establecidas por la OFAC, desde Septiembre 2022 existe un contrato de arrendamiento entre ambas partes incumbentes para operar el terminal de Bullembaai".

 Para tal fin, tanto CPR como RDK han realizado la debida diligencia a todas aquellas empresas de trading interesadas en el almacenaje de crudo con la responsabilidad de cumplir con las disposiciones de la OFAC.

 CPR sostiene que el comunicado se debe a que la agencia AP publicó una nota basada, "entre otras pruebas de origen anónimo, en un certificado de origen falso de fecha Octubre 29, 2022 firmado por una persona desconocida por CPR y en el cual se habla de un volumen superior a la capacidad de almacenamiento actualmente ocupada en el terminal"

 El Departamento Legal de Caribbean Petroleum Refinery (CPR), en referencia al artículo de la AP aclara:

1.- CPR es una empresa que trabaja estrictamente bajo los parámetros de la OFAC, y sus clientes deben y son fieles cumplidores de dichas disposiciones. Knob Trading S.A. es una empresa privada de logística de transporte no sancionada y por ende cumple los parámetros de la OFAC. La (RDK) cumple con disposiciones de la OFAC y sus contratos exigen que sus clientes se adhieran a las mismas. Ninguna de las empresas mencionadas en el artículo de AP tiene relación con PDVSA o sus subsidiarias y no tienen ninguna negociación o comercialización de productos con dicha empresa.

2- CPR tiene un contrato de almacenamiento con Knob Trading S.A., la cual a su vez presta servicios de logística a empresas privadas, consignatarios de cualquier producto que sea almacenado en el marco de ese contrato.3. Ninguno de dichos consignatarios está sancionado por la OFAC, las cargas consignadas son de su propiedad. Ambas empresas, CPR y Knob Trading se limitan a prestar un servicio, bajo los parámetros de la OFAC y las disposiciones legales de RDK, y absolutamente todas sus actuaciones cuentan con asesoría legal especializada en la materia.

Como conclusión, no existe ninguna violación a las sanciones de la OFAC.

Tribunal niega moción de Álex Saab que buscaba reconsiderar restricciones en la entrega de evidencias del gobierno

  Quien es considerado testaferro de Nicolás Maduro, busca hacerse de una serie de documentos del Departamento de Estado que, a su juicio, comprobarían las supuestas funciones diplomáticas del colombiano en el régimen venezolano.

Por Maibort Petit

  El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida ratificó una orden anterior en la que concedió en parte a Álex Saab, así como denegó otra parte, para que se produjeran una serie de materiales del descubrimiento que la defensa del empresario colombiano asegura que comprobarían la misión diplomática que supuestamente cumplía el demandado cuando fue arrestado en Cabo Verde. Se trata de Documentos del Departamento de Estado que la Corte determinó no son parte activa del proceso judicial.

  Los abogados de Saab sostienen que se trata de nuevas evidencias que no estuvieron a la disposición del acusado ni del tribunal cuando se emitió la anterior decisión y, por tanto, esta debía ser reconsiderada.

La moción

  El 13 de octubre de 2022, Lindy K. Keown, de la firma Baker & Hostetler LLP, en representación de Álex Naim Saab Morán, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, una moción limitada a objeto de solicitar la reconsideración de la orden emitida por la Corte el 15 de septiembre del presente 2022 en la que concedió en parte, igualmente, y denegó en parte, la petición del demandado para obligar a la producción del descubrimiento. El pedido de Saab, en esta ocasión, se limita a la revisión de la parte relativa al Departamento de Estado.

  El pedido original de Saab fue presentado ante el tribunal el 25 de agosto de 2022, cuando requirió a través de una moción, obligar a la producción de evidencias al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado. Procuraba el demandado hacerse de siete categorías de documentos, entre estos, los relacionados son su supuesto “servicio como enviado especial u otra función diplomática en nombre de Venezuela; su papel en las actividades de Estado a Estado con Irán”; así como aquellos en los que se presuntamente se produjo un “conocimiento por parte del personal del gobierno de los EE. UU. del estatus diplomático” de Saab.

  Posteriormente el 15 de septiembre de 2022, tuvo lugar la decisión del tribunal que concedió en parte y denegó también en parte la moción, como referimos líneas arriba.

 La representación de Saab apunta que esta nueva moción de reconsideración es limitada, pues está dirigida únicamente a aquellas partes que niegan las solicitudes que tienen que ver con el Departamento de Estado, en virtud de que, de acuerdo a la defensa, han aparecido nuevas pruebas que respaldan la moción anterior del acusado. Por ello es necesaria la reconsideración, pues no habrían sido consideradas por la Corte anteriormente.

Departamento de Estado como testigo del gobierno

  Cuando el tribunal negó anteriormente la moción en parte, lo hizo al determinar que el Departamento de Estado no formaba parte del equipo de acusación y, de acuerdo al criterio de los abogados de Álex Saab, el tribunal no tomó en cuenta para su decisión el argumento del acusado en el que indicó que el gobierno las había presentado aparentemente con la intención de sustentarse en ciertas declaraciones proporcionadas por el Departamento de Estado en la audiencia próxima para contrarrestar lo esgrimido por el demandado.

  Se trata de una certificación del Departamento de Estado en la que “la Oficina de Misiones Extranjeras [refiere que] no tiene conocimiento de una base para que Alex Nain Saab Morán disfrute de inmunidad penal” o jurisdicción civil de los Estados Unidos”. Al presumir que el gobierno presentará al Departamento de Estado como testigo sobre el asunto de la inmunidad diplomática, la defensa reclama conocer las pruebas correspondientes.

  La decisión de la Corte que otorgó en parte la moción previa de Saab ordenó al DOJ a presentar las los materiales sin clasificar en posesión y custodia del equipo de acusación antes del 18 de octubre de 2022. En razón de que la fiscalía se comprometió el 23 de septiembre a adelantar la entrega antes del 10 de octubre y para el 12 de dicho mes aún no presentaba ningún documento estatal y sólo entregó 17 versiones redactadas de los papeles, procedió a presentar la moción de reconsideración.

Los papeles reclamados

  La defensa hace referencia a algunos de que entre los documentos que reclama, se encuentran los que supone serán pruebas de juicio político relacionadas con la declaración del Departamento de Estado.

 Entre estos papeles están unas comunicaciones entre altos funcionarios del Departamento de Estado y el de Justicia, en los que se toca el tema de los reclamos la inmunidad de Saab.

  Uno de los correos entre el Representante Especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, con el Fiscal General, Bruce Abrams, fechado el 14 de junio de 2020, refiere que el para le fecha Secretario de Estado, Mike Pompeo, habla de los varios pasaportes del acusado y en particular el venezolano, el cual era un pasaporte de inmersión, el cual fue emitido en una fecha en que el gobierno de los Estados Unidos no reconocía a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, sino a Juan Guaidó.

  Pompeo planteaba la posibilidad de argumentar la ilicitud del documento, toda vez que había sido emitido por delincuentes y no por el presidente Guaidó.

  Asimismo, Mike Pompeo alertaba que Álex Saab no se encontraba ninguna misión diplomática, sino que probablemente había estado involucrado en una misión diseñada para violar las sanciones de la ONU contra Irán.

  La defensa argumentó en la moción que, en los correos producidos por el gobierno obtenidos de los custodios del Departamento de Justicia, no se incluye correspondencia con personas del Departamento de Estado. En tal sentido, los abogados de Saab creen que es por ello que se justifica la Orden por parte del tribunal, a objeto de que ordene una búsqueda minuciosa y la pronta producción de los citados documentos.

  Otro correo reclamado por Saab es uno dirigido a Abrams, el cual fue enviado en fecha anterior a la detención de Saab en Cabo Verde. Lo remitía Brian Hook, Representante Especial del Departamento de Estado para Irán, con copia a Matt McInnis, Representante Especial Adjunto para Irán.

  El mensaje versaba sobre la intermediación en virtud del interés de Pompeo en discutir sobre Álex Saab, quien para entonces negociaba acuerdos entre Irán y Venezuela.

  Refiere Saab en su moción de reconsideración que evidentemente EE. UU. “estaba trabajando de cerca en el enjuiciamiento del Sr. Saab y que había conocimiento de misiones diplomáticas anteriores como el Enviado Especial”.

 Asimismo, la moción reclama un correo fechado el 16 de diciembre de 2020, entre un reportero del New York Times y el oficial de prensa del Departamento de Estado, Daniel Binder, el cual versaba sobre un contacto que se establecería entre el periodista y Abrams para, extraoficialmente, darle detalles sobre “los antecedentes de Saab y su papel en la organización de Maduro”.

  Se advirtió en el correo que “Abrams está MUY consciente de las preocupaciones del DOJ e intentará no discutir el caso”.

  Para la defensa, la aparición de nuevas pruebas que no estaban disponibles en el momento en que se emitió la orden que ahora se buscaba modificar, justificaba la reconsideración de la decisión por parte del Tribunal.

  Sostiene la defensa que el Departamento de Estado es un participante activo de este proceso contra Saab y, por tanto, debe obligarse a presentarlas.