Una misiva dirigida a parlamentarios opositores y al juez encargado del caso del avión iraní, con bandera venezolana de la empresa de carga Emtrasur, detenido junto a 5 miembros de la tripulación de nacionalidad iraní y sujetos de investigación, se solicita prorrogar las medidas cautelares que pesan sobre los sospechosos de tener relaciones con grupos terroristas, y que se entreguen los dispositivos incautados en la aeronave al Buró de Investigaciones de EE. UU. (FBI) para que sea esa agencia federal la que haga el estudio forense de los aparatos que incluyen desde teléfonos celulares hasta Ipad y GPS.
La carta fue enviada a los diputados argentinos de oposición, Gerardo Milman y Ricardo López Murphy con fecha 21 de julio de 2022. En la misma piden a los congresistas que realicen una serie de diligencias ante el juez Federico Villena, encargado del caso del avión 747 Emtrasur, sus tripulantes y del expediente de un ciudadano iraní que fue detenido por las autoridades en la frontera con Uruguay, para que no libere a los investigados.
Entre las diligencias que se piden a los parlamentarios opositores está la de mediar para que no se levanten las medidas cautelares ordenadas por el juez Villena y que actualmente se cumplen contra los tripulantes iraníes del avión de Emtrasur.
Asimismo, solicitan que las medidas cautelares sean prorrogadas en cada uno de los casos mencionados, y que la Fiscalía, como ente acusador, fundamente los motivos de la prórroga en base a la normativa procesal argentina, principalmente, debido al alto peligro de fuga que tienen los investigados y sobre quienes hay sospechas sólidas de tener vínculos con personas relacionadas al terrorismo internacional.
La carta firmada por un abogado que representa agentes de inteligencia, también fue entregada al juez Villena por el diputado Gerardo Milman. En la misma se precisa que la solicitud de la prórroga tiene base en los artículos 1, 5 y 312 del Código Procesal Penal Federal Argentino.
En la comunicación se señala que el remitente está en capacidad de ofrecer pruebas relevantes para una averiguación de la verdad real del avión avión iraní con bandera de Emtrasur (Venezuela). Se informa que las evidencias que poseen, y que están dispuestos a entregar a la justicia argentina, hay pruebas relevantes para la averiguación real de los hechos,tanto de la aeronave 747, como de sus tripulantes, que tienen relaciones con personas que están ligadas al grupo terrorista Hezbollah.
Igualmente, en la carta se afirma que "tienen el apoyo de distintas agencias internacionales de seguridad e inteligencia, que cuentan con información importante e, incluso, con alertas previas sobre la nave 747 de Emtrasur, evidencias que se oficializarán conforme a las garantías procesales, a efectos de ser incluidas como prueba dentro del proceso penal, en concordancia con el título III (Medios de prueba) del código procesal penal federal argentino".
Dentro de las peticiones que se realizan en la carta en nuestro poder, están que todos los aparatos tecnológicos (celulares, teléfonos satelitales, GPS, USB, computadoras, Ipads, etc) sean entregados al Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, a efectos que se realice una auditoría forense digital a cada aparato, para que dicha agencia haga un informe final con resultados de los procedimientos realizados, y la evidencia obtenida de la pericia que se realizará en un tiempo razonable, y proporcional de acuerdo a la medida cautelar que se solicitara como parte de la prórroga anterior.
Ernst quiere saber si la razón del atraso se debe al interés de la Casa Blanca de impulsar un acuerdo nuclear con la República Islámica de Irán.
Por Maibort Petit
El Departamento de Justicia de los Estados Unido puede poseer información clave sobre los cinco tripulación iraníes que se mantienen retenidos en Argentina vinculados al caso del avión de carga de la empresa venezolana Emtrasur, "pero la administración de Joe Biden ignora sospechosamente las solicitudes hechas por la justicia argentina, incluso en virtud de las obligaciones del tratado entre los dos países", advierte la senador Joni Ernst en una carta enviada al fiscal general Merrick Garland.
En la carta, la senadora Ernst dice que "después de que los iraníes— con vínculos directos con la organización terrorista Guardia Revolucionaria Iraní — fueran detenidos en Argentina a principios del mes pasado, la administración de Biden se ha negado a proporcionar a los funcionarios argentinos encargados de hacer cumplir la ley información que confirme los vínculos con actividades terroristas".
El aparente estancamiento de la administración de Biden impulsó a la senadora (R-lowa), Joni Ernst a pedir una explicación por la demora y "si el hecho de no confirmar los vínculos terroristas con un importante aliado estadounidense fuera de la OTAN, podría deberse a la continua, desesperada, y la búsqueda profundamente equivocada de un acuerdo nuclear con Irán".
En la carta que la senadora Ernst envió al fiscal general de EE. UU., Merrick Garland, exige una justificación del "retraso inusual y la falta de respuesta" del Departamento de Justicia a las solicitudes formales del poder judicial argentino de información clave para su investigación sobre los sospechosos iraníes que forman parte de la tripulación del avión iraní con bandera venezolana Emtrasur.
Ernst afirma que la demora "sugiere una priorización de otras partes de la agenda de esta administración, como las negociaciones sobre un nuevo acuerdo nuclear iraní".
“Si resulta que el Departamento de Justicia del presidente Biden está retrasando e ignorando deliberadamente las solicitudes del poder judicial argentino para llevar a cabo su investigación, incluso frente a las obligaciones del tratado, todo para priorizar la búsqueda desesperada y equivocada de la administración de un nuevo acuerdo nuclear con Irán. , sería una vergüenza y completamente inaceptable", acotó.
Ernst advirtió que se necesitan garantías de inmediato de que se proporcionará información vital a las autoridades argentinas que investigan el caso de la tripulación iraní arrestada en Argentina, junto con una explicación completa del retraso".
El caso del avión
El 6 de junio de 2022, aterrizó en Argentina un avión propiedad de Emtrasur Cargo (Venezuela) con una tripulación que incluía cinco iraníes, con al menos un miembro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Tras la inspección, la policía federal argentina descubrió que la carga del avión contenía tecnologías de inteligencia y hardware militar relacionado, lo que proporcionaba una sospecha creíble de actividades malignas relacionadas con operaciones cibernéticas y de inteligencia.
Además, el piloto de esta aeronave, Gholamreza Ghasmei, es el director ejecutivo de Qeshm Fars Air, aerolínea iraní sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El IRGC, una organización terrorista extranjera designada, que utiliza aviones de la línea Fars Air para contrabandear armas, lo que genera dudas sobre la posible participación de Ghasmei en la entrega de materiales letales que apoyan los esfuerzos de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Qods en la región latinoamericana. Como resultado de las investigaciones, el gobierno de Argentina detuvo el avión por orden judicial y actualmente retiene los pasaportes de los pasajeros y la tripulación.
El poder judicial argentino, a través de un proceso estándar que se denomina programa del Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT), solicitó información al Departamento de Justicia sobre la posible participación del avión y su tripulación en apoyo del terrorismo internacional desde hace dos meses sin que el gobierno de Joe Biden haya cumplido con lo acordado por el acuerdo.
Además de la senadora Erns la carta al Fiscal General Garland está firmada por los senadores Chuck Grassley (R-lowa), Lindsey Graham (R-S.C.), Pat Toomey (R-Pa.), Marco Rubio (R-Fla.), Ted Cruz ( R-Texas), Bill Cassidy, M.D. (R-La.), James Lankford (R-Okla.), Tom Cotton (R-Ark.), Kevin Cramer (R-N.D.), Rick Scott (R-Fla. ), y Bill Hagerty (R-Tenn.).
Relación del kirchnerismo con Irán también explicaría la impunidad reinante en los casos de la AMIA y el asesinato del fiscal Nisman.
Por Maibort Petit
Sin que al hacerlo se asome duda alguna, en la opinión del periodista y politólogo, Rodolfo Florido, en la relación existente y patente entre el kirchnerismo y la República Islámica de Irán, estarían las claves para entender el porqué de la impunidad reinante en la investigación del atentado terrorista en la Asociación Mutua Israelita de Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, así como en el asesinato del fiscal encargado de aclarar el asunto, Natalio Alberto Nisman, perpetrado el 18 de enero de 2015. El caso del avión de carga venezolano de Emtrasur, se inscribiría en esta política de amparo.
Y es que las narrativas impuestas en los gobiernos, tanto de Néstor Kirchner, como de Cristina Fernández de Kirchner, apuntaron en todo momento a insistir en la hipótesis del suicidio de Nisman y a desmeritar cualquier tesis que apuntara a establecer la responsabilidad del régimen iraní en estos casos.
“La relación de los Kirchner con Irán no es una suposición. Hoy en día, uno de los principales voceros políticos Cristina Fernández de Kirchner e el dirigente piquetero de la República Argentina, Luis Ángel D'Elía, viajó en muchas oportunidades a Irán, se sacó fotos con Mahmud Ahmadineyad y con varios imanes, ha sido vocero de los iraníes y actualmente es vocero virtual de Cristina Fernández de Kirchner. Así que la relación entre los Kirchner e Irán, es algo real y comprobado en la República Argentina”, aseguró.
Se remite al caso del avión de carga de la empresa venezolana Emtrasur con una extraña tripulación compuesta por 19 personas, cinco de ellas de nacionalidad iraní, los cuales aún permanecen detenidos en suelo argentino, sin que se ofrezcan explicaciones lógicas y creíbles sobre el asunto. Es más, recuerda Florido, “ya se sabe que el avión llegó con dos pasajeros menos, pero nadie en ningún lado reconoce haberlos recibido. La pregunta del millón es dónde están los dos que faltan. Salieron de un lugar y cuando llegaron al otro ya no estaban. Uno dice, un avión de pasajeros no aterriza en cualquier lugar en el camino, no, es cierto, pero a cierta altura puede abrirse y alguien tirarse con paracaídas, por ejemplo. Lo cierto es que salieron 7 y llegaron 5. Y que yo sepa nadie se los comió adentro del avión. Entonces, tenemos un problema grave. Y eran iraníes y eran funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, del chavismo. Esta es la realidad”.
El experto, subraya el hecho de que este vuelo sólo es el d e que se tienen noticias, porque, sin dudas, ha habido otros que lograron permanecer en el anonimato.
— Sabemos que no es el primer viaje, hubo otros antes, pero este tuvo un problema y se salió del control que, obviamente, tenían, porque no deberían haber bajado acá, tenían que bajar en Uruguay. Si hubiera estado coordinado que bajaran acá, no les quepa la más mínima duda de que jamás nos hubiéramos enterado de que ese avión bajó, porque el control de los aeropuertos internacionales que tiene el gobierno por parte de todo lo que es el acceso a pista, el concesionario que tiene la explotación del aeropuerto, bajo ningún punto de vista se hubiera enfrentado con el gobierno que le dio una prórroga de la concesión.
Rodolfo Florido advierte que, en este tipo de situaciones, cuando el gobierno no quiere que un vuelo quede registrado, sencillamente el vuelo no queda registrado. “Y cuando el gobierno no quiere que una persona que ingresa al país quede registrada, esa persona no queda registrada. La pasan por un costado, ingresa al país, en algunos casos, incluso, le llevan el pasaporte al área de aduana para que se lo sellen, pero nunca le pueden ver la cara. Cuando el gobierno quiere hacer eso, la persona no deja registros. Imagino que lo mismo debe pasar en muchísimos otros países del mundo, sino en todos, cuando un gobierno no quiere que alguien quede registrado en su acceso. O bien, alguien le dice al que hace el control que no revise con demasiado detalle el pasaporte. Es decir, hay múltiples maneras.
La base de la impunidad
Esta relación del kirchnerismo con Irán, es lo que igualmente explica la impunidad reinante en los casos de la AMIA y el asesinato del fiscal Nisman.
— Lo cierto es que la relación con Irán lleva años. Durante el gobierno de Cristina Fernández alguien entró al país para ejecutar al fiscal Nisman. Durante el gobierno del peronismo, pero en este caso de Carlos Menem, ingresaron al país y se suicidó una persona de quien nunca se supo nada, porque quedó disuelta en el atentando contra la AMIA y vinieron de Irán. Se supone que del Hezbollah palestino, luego, ocurrió el asesinato de Nisman.
Esto es lo que explica, de acuerdo a la perspectiva de Rodolfo Florido, el apoyo manifiesto de Luis Ángel D'Elía, vocero virtual de la vicepresidenta de la nación argentina, Cristina Fernández, a quien cataloga como la presidenta de facto, al régimen de Irán.
“Luego, [está] el apoyo [al régimen de Irán] de Luis Ángel D'Elía, vocero virtual de la vicepresidenta de la nación, casi presidenta actual en ejercicio, porque ya Alberto Fernández, como se dice en la jerga popular, ni corta ni pincha. Que Alberto Fernández haya cambiado su relato, no me llama en absoluto la atención, pues él es como decía Groucho Marx, ‘esta es mi ideología, pero si no les gusta, tengo una docena más’. Él puede cambiar su punto de vista todo el tiempo y haber dicho como dijo que claramente todo indica que Nisman fue asesinado y después decir todo lo contrario. Y no me extrañaría que cuando deje el poder, eventualmente vuelva a decir lo mismo que dijo al principio, es decir, acá todo el mundo ha cambiado de opinión en la política todo el tiempo.
En lo que sí no tiene dudas Rodolfo Florido, es en afirmar y subrayar el hecho de que la impunidad en el caso de la AMIA se empezó a gestar en un gobierno peronista y continuó hasta el kirchnerismo que es otro gobierno peronista. “Cuando el fiscal avanzó, lo asesinaron”.
Destaca que esta impunidad es la explicación a todas las torpezas con que se llevó a cabo la investigación policial del caso AMIA y, posteriormente, del asesinato de Nisman.
En este sentido, recuerda que “alguien” se encargó de alterar todas las escenas del crimen que hubo, tanto en la AMIA como en el asesinato de Nisman.
¿La razón del atentado?
Lo importante para Rodolfo Florido es que existe una relación entre el kirchnerismo e Irán y en dicha relación se inscriben todas las explicaciones posibles, tanto del atentado de la AMIA como del asesinato del fiscal Nisman.
Es entonces cuando asoma la que algunos círculos han manejado como la verdadera razón del atentado terrorista: el supuesto incumplimiento del gobierno argentino con un acuerdo con Irán.
“Hay quienes especulan que el motivo por el cual sucedieron los atentados de la AMIA y en la Embajada de Israel, es porque supuestamente, la Argentina, el gobierno del peronismo, en sus distintas vertientes, no habría cumplido con un acuerdo para entregarle tecnología nuclear sensible a Irán”.
Recuerda que la República Argentina tiene un desarrollo nuclear completo y que no desarrolla una bomba nuclear por decisión política, por un lado, y de ética por el otro. Se refiere esto último a la actitud asumida por los científicos argentinos frente al gobierno. Los científicos argentinos “le han hecho saber siempre a los poderes políticos, que no cuenten con ellos, porque Argentina no es un país maduro para tener una bomba atómica, con lo cual, vuelvo al terreno especulativo, la gente va a saber entenderme, si la Argentina no le cumplió a Irán con el traspaso de tecnología nuclear sensible y de materiales nucleares para que Irán tenga su bomba atómica, probablemente porque los científicos argentinos se negaron a que eso sucediera, es probable que Irán le haya hecho pagar el precio a la Argentina con la AMIA y la Embajada de Israel y por eso la política se ha callado la boca o ha encubierto estos atentados.
Finalmente, Rodolfo Florido alerta que, para aclarar la veracidad de esta hipótesis, habría que preguntarles a los científicos argentinos que están en los desarrollos de esas áreas tan delicadas, si alguna vez alguien les pidió traspasar tecnología sensible o material sensible a Irán.
La participación de la empresa de software electoral llena de dudas el proceso comicial convocado para el próximo 9 de agosto en la nación africana.
Por Maibort Petit
Nuevamente el nombre de Smartmatic resuena en la antesala de unos comicios y —como ha venido sucediendo desde que entró al escenario electoral— lo hace en medio un evento que arroja más sombras que luces sobre las elecciones generales que habrán de celebrarse en Kenia el próximo 9 de agosto y que permitirán a los ciudadanos de la nación africana, escoger al presidente de la república, miembros de la Asamblea Nacional y el Senado, así como a los gobernadores de los condados e integrantes de las legislaturas regionales. No pocas veces, desde que se estableció esta empresa para atender los procesos comiciales en Venezuela, se ha visto envuelta en denuncias de fraudes y actuaciones irregulares. En esta ocasión, la alarma la encendió un informe suscrito por George Kinoti, director de investigaciones criminales del Servicio de Policía Nacional del referido país, quien dejó sentadas las múltiples contradicciones que se dejaron ver cuando tres venezolanos fueron arrestados por tratar de introducir, de manera subrepticia, material electoral por el aeropuerto de Nairobi.
Se trata de José Gregorio Camargo Castellanos, Joel Gustavo Rodríguez García y Salvador Javier Sosa Suárez, venezolanos procedentes de Panamá, unos con pasaportes vencidos, pero que arribaron a Nairobi en fechas diferentes, portando gran cantidad de material electoral, quienes fueron liberados el 25 de julio sin que, hasta la fecha, se tenga claridad acerca de los hechos y su porqué.
Sin embargo, entre las primeras versiones de prensa de la nación africana, se dijo que los tres venezolanos habrían sido contratados por la Comisión Electoral Independiente y de Límites (IEBC, por las siglas en inglés de Independent Electoral and Boundaries Commission) para configurar infraestructura tecnológica para los comicios. Desde esa instancia habrían asegurado que los tres hombres son pieza clave para implementar la tecnología electoral que permitirá realizar unas elecciones libres y justas.
El presidente del IEBC, Wafula Chebukati, fue acusado recientemente de dirigir un proceso caracterizado por la opacidad. El funcionario le salió al paso a los señalamientos: “La comisión se ocupa de la política, la estrategia y la supervisión. Ese es nuestro trabajo; tomamos decisiones. Si se trata de imprimir boletas electorales, le decimos a la secretaría que busque una empresa (…) Cuando se trata de imprimir papeletas, nos dan muestras de cómo van a imprimir las papeletas y si están satisfechos les decimos que procedan e impriman”[1].
No es esa la única queja, pues de diversos sectores de la sociedad keniana llueven cuestionamientos al trabajo de la IEBC y sus negociaciones.
“Bajo el paraguas del Movimiento Angaza, diez grupos de la sociedad civil argumentaron que IEBC no estaba listo, citando numerosos casos en los tribunales, así como la ambigüedad que rodea a la empresa que ha sido contratada para proporcionar el kit de Sistemas Integrados de Gestión de Elecciones de Kenia (Kiems)”, reza una nota de People Daily.
El citado diario refiere que el director ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC), Davis Malombe, instó al organismo “a salir y hablar con una sola voz sobre las numerosas preguntas que se han hecho sobre la compañía electoral Smartmatic, la firma que ha sido contratada para proporcionar los kits de Kiems. Los kenianos presenciaron recientemente cómo el director ejecutivo de IEBC, Marjan Hussein, tuvo dificultades para explicar cómo se decidieron por esta empresa. Quedó claro que esta empresa tiene problemas en las elecciones anteriores que realizó”.
Malombe exigió que Chebukati deje “las cosas claras sobre esta empresa”[2].
Hace poco en Filipinas, fueron arrestados tres piratas informáticos que es habrían asegurado que podían manipular los resultados electorales convocados en ese país para este año, estableciéndose que los mismos tenían conexión con un ex empleado de Smartmatic.
La compañía fue contratada por la Comisión de Elecciones (Comelec) para que se encargara de la automatización de los comicios, pero recurrió nuevamente a Smartmatic para las elecciones automatizadas, pero la empresa se vio sacudida por controversias después de los señalamientos antes indicados[3].
El informe policial
George Kinoti, director de investigaciones criminales (DCI) del Servicio de Policía Nacional de Kenia, emitió un informe que hace referencia a la mar de hechos irregulares en que se desarrolló este evento.
Se indica en el informe que José Gregorio Camargo Castellanos salió de Panamá el 19 de julio de 2022, siguiendo la ruta Estambul-Nairobi y arribó a la capital keniana el 21 de julio de 2022 a bordo del vuelo Nº TK 607 de Turkish Airlines.
Al momento de la revisión rutinaria del equipaje, los agentes de Aduana detectaron en el monitoreo de pantalla, contenidos sospechosos en la maleta con la etiqueta de Camargo Castellanos, por lo que procedieron a marcarla y a interrogar al hombre quien, en sus respuestas se mostró incoherente y vacilante.
Al solicitársele que abriera el equipaje se encontraron 17 rollos de material electoral, a saber, calcomanías correspondientes a varios colegios electorales que, según dijo, eran para aproximadamente 10.000 centros de votación. Todo, material perteneciente a la Comisión Electoral Independiente y de Límites (IEBC por las siglas en inglés de Independent Electoral and Boundaries Commission) y relacionado con las próximas elecciones generales de Kenia.
Asimismo, otra maleta de su propiedad, contenía una computadora portátil personal, un monitor personal, cinco discos flash, un teléfono móvil y varios accesorios de computadora personal. Camargo Castellanos fue arrestado de inmediato por las autoridades al establecerse la naturaleza del material y al no dar una explicación coherente de la razón por la cual lo tenía en su poder.
Camargo Castellanos dijo que es empleado de la empresa Smartmatic International Holding B.V., la cual le dio el material en Panamá, a objeto de que se lo entregara a Abdulahi Abdi Mohammed, director ejecutivo de Seamless Ltd, agente local de Smartmatic en Nairobi.
Kinoti advierte en el informe que el material electoral confiscado a Camargo Castellanos fue facturado como equipaje personal y no como carga en Panamá; no declarado a la la Oficina de Aduanas como lo exigen las leyes aduaneras; tampoco el sospechoso proporcionó documentación que justificara estar en posesión del referido material electoral.
Del mismo modo, se indica que José Gregorio Camargo Castellanos llegó a Kenia con una visa de negocios por invitación, como ya se dijo, de Abdulahi Abdi Mohamed, “para actividades relacionadas con el trabajo a través de una carta dirigida al oficial a cargo de la sección de visas Embajada de Kenia el 18 de julio de 2022”.
Fue sumamente llamativo para las autoridades que Camargo Castellanos, un extranjero que viajaba hasta Nairobi, contratado para un trabajo tan delicado y estratégico, no tenía a nadie esperándolo y, en particular, para recibir los materiales confidenciales sensibles que supuestamente debían estar en custodia segura después de la confirmación y recepción por parte de la entidad contratante. Tampoco portaba ninguna carta o documentación que indicara que había sido invitado por IEBC y, como tal, los materiales en su poder pertenecían a Abdulahi Abdi Mohamed.
El informe refiere que mientras se llevaba a cabo el interrogatorio, otros dos venezolanos, Joel Gustavo Rodríguez García y Salvador Javier Sosa Suárez, llegaron al aeropuerto preguntando por el paradero de Camargo Castellanos. Posteriores investigaciones determinaron que Rodríguez García y Sosa Suárez, también son residentes de Panamá y también fueron invitados a Kenia por Abdulahi Abdi Mohamed. Subraya el reporte lo curioso de que se haya contratado en Panamá, no a nacionales de este país, sino a tres venezolanos. Igualmente se estableció que estos dos hombres, a su arribo a Nairobi el 15 de julio de 2022, introdujeron más material electoral que, entonces, no fue detectado. Por ello, fueron arrestados en ese momento.
Se procedió a realizar un allanamiento en el apartamento en el que estaban alojados estos hombres y al cual también se dirigiría Camargo Castellanos, y se incautó y confiscó una tableta y dos discos flash, los cuales, al igual que lo confiscado a Camargo Castellanos, fue remitido al laboratorio forense para su examen y análisis.
Otro hecho llamativo para las autoridades kenianas es que los tres venezolanos portaban pasaportes vencidos.
Los documentos se pusieron bajo investigación y que los “sospechosos no están expresamente señalados como empleados de IEBC o Smartmatic International B.V.”, pero que fueron invitados a Kenia por la oficina de “un tal Abdulahi Abdi Mohamed”.
Las cartas de invitación señalaron que Camargo Castellanos fue invitado por Abdulahi Abdi Mohamed el 18 de julio; Salvador Javier Sosa Suárez fue invitado el 8 de julio de 2022; y Rodríguez García fue invitado el 4 de julio de 2022. Por ello, la policía estableció que los tres hombres estaban en Kenia únicamente por negocios con Abdulahi Abdi Mohamed, a cuya oficina debían reportarse al llegar al país y no a al almacén u oficinas del IEBC. De hecho, durante su interrogatorio, Camargo Castellanos no pudo suministrar ningún contacto más que el del apartamento en el que estaba reservado.
Se le preguntó además dónde debía entregar los materiales de IEBC y dijo que Paul Wachanga Mugo de IEBC y Javier de Smartmatic Company recogerían los materiales de los apartamentos. Luego le preguntaron si había alguien esperando para llevarlo al apartamento, pero dijo que le dijeron que tomara un taxi para ir a los apartamentos donde sus otros dos colegas habían reservado antes.
El informe policial deja sentado que el sospechoso no es un empleado de IEBC como alega o insinúa su presidente, el Wafula Chebukati y que todo lo ocurrido “no fue por defecto sino por diseño y debido al presunto juego sucio involucrado, nadie, ni Abdulahi Abdi Mohamed ni nadie de su personal, estaba dispuesto a ser visto con el sospechoso en caso de interceptación. Se dejó al sospechoso maniobrar su camino con la misma esperanza, al igual que sus otros colegas, que habían contrabandeado con éxito otros 17 rollos sin detección de que él también tendría éxito”.
El reporte indica que Abdulahi Abdi Mohamed fue interrogado en el aeropuerto a donde se le llamó y al mostrársele lo incautado de la IEBC, “negó categóricamente tener conocimiento de que había algún material electoral que debía traer José Gregorio Camargo Castellanos. Por lo tanto, es peculiar que el sospechoso diga que fue Abdulahi Abdi Mohamed quien lo empleó personalmente y lo invitó, organizó su visa, pagó su vuelo, pero no tenía idea de cuándo llegaría este empleado y qué llevaba”.
El informe policia subraya que no se cumplió ninguna de las normas establecidas en la ley y en los contratos entre IEBC y Smartmatic respecto a la entrega de las mercancías suministradas fuera de Kenia.
En particular, ninguno de estos procedimientos y/o documentos se cumplieron, por lo que se incumplió el contrato establecido, si es que hubo alguno.
Ante la policía, Marjan Hussein Marjan, director ejecutivo de IEBC, reconoció que esa instancia había contratado a Smartmatic para proporcionar parte del material electoral y que el 21 de julio de 2022 recibió una llamada de un agente local de Smartmatic, quien le informó que uno de sus empleados había sido detenido con dicho material.
La crítica del DCI
George Kinoti expresa en el informe que Wafula Chebukatim presidente del IEBC, intentó descalificar la actuación de la policía en este suceso al denunciar el "arresto arbitrario y el acoso del personal de tecnología electoral de IEBC", lo cual la policía niega, por cuanto se cumplió con el procedimiento de ley. Dijo que las afirmaciones del Chebukati “Fue un intento destinado a intimidar y chantajear a las agencias de seguridad y otras partes interesadas para que no desempeñaran el papel que les corresponde”.
Kenoti dijo que el presidente del IEBC intentó hacer un uso desafortunado de los medios de comunicación para desarrollar una campaña mediática destinada a descalificar y arremeter contra las agencias investigadoras.
“El Sr. Chebukati no les ha dicho a los kenianos sobre los materiales electorales previamente infiltrados, a saber, 17 rollos de los cuales esperábamos que explicara su propósito y que posteriormente llegaron al país sin ser declarados en el aeropuerto. Tampoco ha avisado a los agentes de inmigración, aduanas o seguridad de la llegada de más pegatinas para evitar una incidencia similar, si es que se esperan. Además, el Sr. Chebukati también debe explicar a los kenianos el propósito del rollo en blanco incautado. El Sr. Chebukati tampoco le está diciendo a Kenia el número total de calcomanías especificadas y adquiridas por el IEBC. Necesita decírselo a los kenianos justo cuando está entusiasmado por arengar sobre el acoso percibido para permitir que el público reconcilie la cantidad total de calcomanías que el IEBC puede contabilizar a partir de ahora”.
Sobre Smartmatic
Según su página web, Smartmatic se estableció en el año 2000 en el estado de la Florida, Estados Unidos, con el objetivo de desarrollar un software seguro para banca, pero luego cambió su enfoque para mejorar la tecnología de votación[4].
De acuerdo al portal Open Corporates, Smartmatic International Holding B.V. es una empresa de estatus activo registrada con el número 04032259 en los países Bajos[5].
En Estados Unidos, Smartmatic USA Corp., fue establecida el 13 de julio de 2012 en el estado de la Florida bajo el número F12000002926, número FEI/EIN 45-4736528[6].
Pero el origen de la compañía está en Venezuela, siendo su fundador Antonio Mugica y su con-fundador y actual presidente, Rogel Piñate. Una empresa que inició sus operaciones en una casa del estado de la Florida y sin básicamente ninguna estructura, obtuvo un contrato millonario para encargarse de los procesos electorales durante el gobierno de Hugo Chávez. Y fue, precisamente cuando tuvo lugar el referendo revocatorio en contra del mandatario en 2004, cuando se le entregó a esta compañía el proceso de automatización del sistema electoral venezolano.
Se trata de un sistema electoral controlado por el estado venezolano, según afirma el experto Guillermo Salas, toda vez que se estableció que Venezuela es propietaria de la empresa a cargo del diseño del software de votación que portaban las máquinas de votación. Desde ese momento, Smartmatic y su sistema se expandió por todo el mundo.
Desde su fundación, hasta la fecha, no han cesado las denuncias de fraude en aquellos lugares en donde ha operado la compañía[7].
En la propia Kenia, en 2021, Stephen Miriambo demandó al IEBC en exigencia de la cancelación de la licitación para la instalación de los Sistemas Integrados de Gestión de Elecciones y equipos de hardware para las elecciones generales de agosto de 2022, la cual fue adjudicada a Smartmatic International Holding B.V el 3 de noviembre de 2021.
Miriambo acusó que la licitación contravenía la Constitución keniana y advirtió que se corría el riesgo de hundir al país en fuertes pérdidas políticas, financieras y económicas. Del mismo modo, dijo que el IEBC “no preveía márgenes de preferencia a favor de los contratistas locales y/o ciudadanos como lo estipula la Constitución y la Ley de Contratación Pública y Enajenación de Activos de 2015”[8].
REFERENCIAS
[1] Tuko. “3 Foreigners Contracted by IEBC to Setup Technology Infrastructure Arrested at JKIA”. 22 de julio de 2022. https://www.tuko.co.ke/politics/464036-iebc-accuses-government-blackmail-foreigners-tasked-charge-election-technology-arrested/
[2] People Daily. “Lobbies throw caution to the wind over IEBC election preparedness”. 22 de julio de 2022. https://www.pd.co.ke/august-9/lobbies-throw-caution-to-the-wind-over-iebc-election-preparedness-139818/
[3] News Info. “Arrested hackers got access to Smartmatic from ex-employee who surrendered to NBI — Mancao”. 26 de abril de 2022. https://newsinfo.inquirer.net/1588177/fwd-arrested-hackers-got-access-to-smartmatic-from-ex-employee-who-surrendered-to-nbi
[5] Open Corporates. Smartmatic International Holding B.V. https://opencorporates.com/companies/nl/04032259
[6] Sunbiz. Smarmatic USA Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=SMARTMATICUSA%20F120000029260&aggregateId=forp-f12000002926-35de48ca-c44d-47cf-bc3f-7c7c97626ee5&searchTerm=SMARTMATIC%20USA%20CORP.&listNameOrder=SMARTMATICUSA%20F120000029260
[7] Venezuela Política. “Los secretos del sistema de votación venezolano: El fraude electoral al desnudo (I)”. 8 de septiembre de 2021. https://www.maibortpetit.info/search/label/smartmatic
[8] The Star. “Tender wars could affect 2022 election timelines, IEBC warns”. 21 de noviembre de 2021. https://www.the-star.co.ke/news/2021-11-17-tender-wars-could-affect-2022-election-timelines-iebc-warns/
Ahora será el 31 de octubre cuando el Tribunal para el Distrito Sur de Florida decida si quien hasta ahora es tenido como testaferro del dictador venezolano, detenta o no inmunidad diplomática.
Por Maibort Petit
Quien creyó que con su extradición a los Estados Unidos había terminado la controversia acerca de si el empresario colombiano, Álex Saab, debe ser considerado o no, un diplomático y, por tanto, detentador o no de inmunidad, se equivoca. El asunto continúa en el tapete a un en territorio estadounidense y, si no hay un nuevo cambio, se dilucidará el 31 de octubre en el Tribunal del Distrito Sur de Florida. De determinarse que posee inmunidad diplomática, quien es señalado de ser, supuestamente, testaferro de Nicolás Maduro, se libraría de ser juzgado por el delito de lavado de dinero de que se le acusa en la citada corte. De negársele el privilegio, enfrentará juicio por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
Pero, ¿Se trata de un simple cambio de en el cronograma o estamos en presencia de un sabotaje al proceso judicial de Saab como así lo denunció recientemente el exsubsecretario de Financiamiento del Terrorismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Marshall S. Billingslea? El ex funcionario de la administración de Donald Trump alertó acerca de que la Casa Blanca, bajo el mando de Joe Biden, pretende cambiar al empresario con Venezuela por los seis estadounidenses presos en las cárceles venezolanas y, para ello, estarían planeando darle curso a su reconocimiento como diplomático.
En su cuenta en la red social Twitter, Billingslea denunció:
“Circulan rumores creíbles de que la Casa Blanca quiere cambiar a Alex Saab a Venezuela. Al reconocer su falsa pretensión de ser diplomático, sabotearían el caso judicial en su contra.
“Tomó años construir el paquete de sanciones y la acusación, y asegurar el arresto y la extradición.
“Saab fue uno de los principales hombres de Maduro. Lo que es peor, hizo su dinero lucrándose con la hambruna del pueblo venezolano, saqueando el programa CLAP. Bajo ninguna circunstancia se debe liberar a este criminal”[1].
En estas páginas, hemos informado cómo, primero, para lograr que se materializara la extradición de Álex Saab desde Cabo Verde a los Estados Unidos, fue necesario eliminar siete cargos de la acusación original en su contra; igualmente, que la Corte de Apelaciones decidió que debía ser el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida, Robert N. Scola Jr., quien decida lo relativo a la inmunidad; que el juez cambió la audiencia en que se dirimiría la materia del 29 de agosto al 31 de octubre; y que ante los rumores de que se produciría un canje del acusado con el régimen de Venezuela, la Casa Blanca negó que esto sea cierto.
Venezuela Política conversó con el abogado Omar Estacio, quien, en primer lugar, recuerda que existen instrumentos jurídicos para se produzcan intercambio de presos entre gobiernos de distintos países, siempre y cuando se haya celebrado previamente un convenio internacional entre ambos estados que así lo establezca. En el caso de Venezuela existe un instrumento internacional, un convenio multilateral en el contexto de la OEA, que prevé el mecanismo para que una persona condenada cumpla dicha condena en su país. Esto permitiría, por ejemplo, el canje con los estadounidenses presos en Venezuela. La segunda vía sería la del indulto que el presidente Biden pudiera otorgar a Saab.
Una tercera vía estaría dada por el reconocimiento que el gobierno de Biden haga de Nicolás Maduro, como presidente de Venezuela, lo cual, automáticamente, tendría varios efectos, siendo el primero de ellos que ipso iure, se le otorgaría a este, inmunidad para ser juzgado por los tribunales de EE. UU. con lo cual la acusación en su contra (contra Maduro, el narcoguerrillero colombiano, Luciano Martín Arango (a) “Iván Reyes” y contra 13 altos funcionarios de su gobierno, caso:1:11-cr-00205-AKH) en el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, quedaría sin efecto por falta de jurisdicción y habría que revocar la orden de captura que sobre él pesa. Esto porque Estados Unidos reconoce inmunidad a los jefes de estado en ejercicio.
Al obtener el reconocimiento de los EE. UU. como presidente, Nicolás Maduro, por ejemplo, podría nombrar como canciller de la república a Álex Saab, a quien hasta ahora ha catalogado como supuesto embajador. Tal designación como ministro de Relaciones Exteriores, le otorgaría a Saab inmunidad judicial similar a la adquirida por Maduro, pues es doctrina que los cancilleres en ejercicio, adquieren, ipso iure, inmunidad equiparable a la de los jefes de Estado.
“La Casa Blanca así como desmintió el rumor de que iba a intercambiar a Álex Saab por unos detenidos estadounidenses que están en Venezuela, debería pronunciarse sobre la posibilidad de que por haber sido declarado a Maduro como jefe de estado, también declarar sobre los efectos secundarios de esa medida”, aclaró Estacio.
Omar Estacio manifiesta su preocupación ante la posibilidad de que Álex Saab quede en libertad, no porque se demuestre su inocencia en un juicio justo y por dictamen de un juez imparcial, sino gracias a un artilugio jurídico como que se ha planteado en líneas precedentes.
Tal panorama hace sospechar, entonces, que las demoras que están ocurriendo en el proceso judicial de Álex Saab, pudieran estar sucediendo por motivos de tipo político.
Continuar considerando la inmunidad de Saab
El 5 de julio de 2022, Roberto N. Scola Jr., juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida, concedió la moción conjunta que solicitó anular y continuar con el cronograma de presentación de la moción relacionada con la inmunidad diplomática del acusado, Álex Naim Saab Morán.
El juez Scola dejó, por tanto, sin efecto el cronograma de presentación establecido previamente y mantuvo la conferencia de estado fijada para el 15 de julio de 2022, así como la audiencia probatoria sobre la moción del acusado fijada para el 29 de agosto de 2022 a las 9:00 a. m. Precisó que el tribunal entrará en un programa de información revisado después de la conferencia de estado.
Nuevo cronograma
El 15 de julio de 2022, el juez Robert N. Scola Jr., durante la conferencia de estado en el caso de Estados Unidos de América contra Álex Naim Saab Morán, adoptó el calendario de sesiones informativas de las partes y emitió una orden de programación con fechas específicas.
Asimismo, se canceló la audiencia probatoria fijada para el 29 de agosto de 2022 a las 9:00 a. m., la cual ahora se llevará a cabo el 31 de octubre de 2022 a las 9:00 a. m. y se reserva una semana.
También se programó una conferencia de estado para el 26 de agosto de 2022 a las 9:30 a. m. En esa oportunidad, el tribunal discutirá el tema de los intérpretes en vivo versus los intérpretes remotos para testigos.
Se determinó igualmente la par icipación de William Callo y Francisco Rincon, de la DEA; así como de los del fiscal Kurt K. Lunkenheimer, de los abogados del Departamento de Justicia, Alexander J. Kramer, Jonathan B. New, David B. Rivkin, Jr, Elizabeth Price Foley, Neil M. Schuster y Joseph Schuster.
REFERENCIAS
[1] Twitter. Marshall S. Billingslea. @M_S_Billingslea. https://twitter.com/M_S_Billingslea/status/1548032903212281860?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1548032905108041729%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elnacional.com%2Fvenezuela%2Fcirculan-versiones-creibles-exsubsecretario-del-tesoro-advierte-que-casa-blanca-estaria-evaluando-medidas-para-liberar-a-alex-saab%2F
Conozca las claves Rodolfo Florido ofrece para poder entender cómo se han desarrollado estos hechos y las investigaciones posteriores a los mismos.
Por Maibort Petit
Son heridas aún sangrantes en el seno de la sociedad argentina. Los 28 años transcurridos del atentado terrorista de la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA), destruida con un carro bomba el 18 de julio de 1994; así como 7 años y seis meses cumplidos del asesinato del fiscal que prometió grandes revelaciones en la investigación de tan pavoroso hecho, Natalio Alberto Nisman, perpetrado el 18 de enero de 2015; no han amainado en nada el dolor y la impotencia que causa ver que tan atroces eventos permanecen no solamente irresolutos, sino sumidos en el más descarado clima de impunidad. De lo que no parece haber dudas es de la impronta iraní que en ambos crímenes se muestra desvergonzada. Otro atentado, igualmente sin resolver y que se erige como antecedente del de la AMIA, fue el atentado a la embajada de Israel en Argentina el 17 de marzo de 1992, donde murieron 22 personas y más de doscientos resultaron heridos.
Sobre estos hechos conversó con Venezuela Política, Rodolfo Florido, politólogo argentino, quien ofreció una serie de claves sobre estos hechos, las cuales permiten ver con claridad la naturaleza de los mismos. Sin ambages, muestra su indignación por la indiferencia con que el atentado de la AMIA ha sido tratado por las autoridades argentinas, así como sin rodeos ni fórmulas decorativas, cataloga como asesinato la muerte de Nisman, un hecho que dichas autoridades insisten en pintar como un suicidio.
En primer lugar, Rodolfo Florido destaca el hecho de que hace 28 años, fueron brutalmente asesinados 85 ciudadanos argentinos sin que tal atrocidad haya movido al gobierno argentino a investigar y determinar quienes fueron los culpables de dicha barbarie y, por ende, se les aplique el castigo que merecen.
“Eso fue un atentado brutal, salvaje, que ni siquiera tenía la justificación de buscar la muerte de alguna persona en particular. Una bomba siempre es un mecanismo, probablemente de los más crueles, porque no discrimina en un radio determinado, a la persona que se busca asesinar (…) [fue] una bomba colocada en un auto, como le pudo haber pasado en su momento a Orlando Letelier en Chile, o fuera de Chile, una cosa, mala, oscura, negativa, cruel, una bomba colocada en una asociación mutual adonde iban mujeres, niños, hombres, ancianos, donde había eventos culturales, en particular de la comunidad judía, pero argentinos todos ellos. Poner una bomba en ese lugar fue de una crueldad absoluta y que no acepta ningún tipo de soporte ideológico o religioso”, reflexiona.
Para Florido resulta inexplicable que, a la fecha, transcurridos 28 años, los familiares de las víctimas continúen clamando por justicia y sin que haya asomo de ella, por lo que solamente es caldo de cultivo de nuevas atrocidades de este tipo. “Yo tengo un concepto que es personal, si se quiere: un atentado terrorista es madre del próximo atentado y el otro atentado y su propia impunidad, es madre de otros atentados. Acá falló todo, absolutamente todo. Y uno dice, ¿falló por falta de eficiencia, por negligencia o por compromiso con quienes generaron el atentado?”.
Encubrimiento
Rodolfo Florido es enfático al afirmar que estos casos no han sido resueltos a lo largo de todos estos años, sólo por una razón: el encubrimiento por parte de las autoridades.
— En lo personal, quiero ser absolutamente claro, creo que las razones por las cuales el atentado nunca fue totalmente dilucidado, es porque hubo encubrimiento de parte de las fuerzas de seguridad, de los gobiernos, de parte del sistema judicial, porque es absurdo que 28 años después no haya ningún detenido.
Se remite, entonces, al hecho de que luego de la justicia argentina acusó y condenó al gobierno iraní, al cual señaló de planificar el atentado, al tiempo que estableció que Hezbollah había sido el grupo encargado de ejecutarlo. Específicamente fueron imputados y sentenciados ocho funcionarios iraníes y un libanés por la autoría del atentado terrorista.
— Uno podrá decir, bueno, pero había y hay condenados, digamos, ocho funcionarios iraníes y uno palestino, pero ninguno está acá y lo que es peor, cuando la Argentina tuvo la oportunidad de extraditar a alguno, como sucedió con uno que detenido en Gran Bretaña, seamos realistas, tampoco se hicieron los esfuerzos y las acciones diplomáticas y políticas con la fuerza y la intensidad suficiente para que Gran Bretaña nos enviara a esa persona detenida que formaba parte de la lista de los ocho que están ya condenados.
Todo conduce nuevamente a Florido a afirmar que la impunidad está presente en todos los hechos, incluidos los señalados en el párrafo anterior. “Cuando un estado no hace el esfuerzo suficiente para obtener que otro funcionario que, en este caso, estaba en Gran Bretaña, sea extraditado a la Argentina, uno podrá decir, ¿por qué? ¿para mantener la impunidad porque es claro que si venía acá iba a ser condenado a cadena perpetua?, ¿tenía miedo de una respuesta posterior?, si algo de lo que no se puede tener miedo es de una organización terrorista”.
Presencia de Irán en la región
Refiere Florido, que Irán, como régimen integrista religioso, opera a través de la Fuerza Quds, división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y a través del Hezbollah.
Esta última —Hezbollah— tiene una fuerte presencia económica y militar en toda la región y, especialmente, en la zona que se llama la Triple Frontera, es decir, en el vértice entre Argentina, Brasil y Paraguay.
Se trata de un territorio en el que Hezbollah hace lavado de dinero, “ahí se consiguen armas, ahí se pasa un lado para el otro lado de la frontera con absoluta tranquilidad. Y uno dirá ‘todos conocemos esto acá’, bueno, perfecto, ¿y qué se ha hecho? Bueno, nada”.
Sostiene que cuando impera la impunidad, cuando no hay respuesta gubernamental ante los hechos irregulares, entonces, “la complicidad se transforma en un imperativo absoluto. Esta es la realidad. Ahora, en ese contexto, cuando todavía, nadie le encontró la condena, incluso, digamos, a lo que debe haber sido la matriz local porque si bien hay ocho iraníes condenados, alguno habrá fallecido, son todos son funcionarios del gobierno de Irán actualmente. Hay un miembro del Hezbollah, palestino, también condenado, bueno, no está acá tampoco”.
Lagomarsino: puras mentiras
La falta de acción ante los hechos, puede obedecer a varias causas. Una de ellas podría ser el no estar seguros de la culpabilidad de los d detenidos; que en realidad hayan sido sólo chivos expiatorios; o que no se haya procedido contra los responsables por temor, “porque tenían miedo a un tercer atentado”.
— Lo cierto es que no hubo justicia y que hoy no sabemos si eran culpables o si eran inocentes. Yo sé me animaría a decir que acá se ha encubierto todo porque el asesinato del fiscal Nisman forma parte de ese encubrimiento y no hay vocación de solucionarlo.
Rodolfo Florido cita el caso de Diego Lagomarsino, ex asistente informático del fiscal Alberto Nisman, quien “claramente, por lo menos para mi, ha mentido todo el tiempo”.
Las claves
Seguidamente, Rodolfo Florido pasa hacer un recuento de una serie de puntos claves para entender lo ocurrido en estos casos.
Insiste en que Diego Lagomarsino, es un personaje sobre el cual hay que fijar especial atención, toda vez que era la persona que manejaba y hacía mantenimiento a las computadoras de un fiscal que se encargaba de la investigación más importante de la historia de la República Argentina. Por tanto, este hombre accedía a información importante, por el manejo que hacía de las computadoras del Nisman.
— El fiscal supuestamente, dice este hombre, le pide a él un arma, cosa que es profundamente absurda. Y voy a decir por qué es absurda. Yo vivo en este país, conozco cómo son los fiscales y los jueces. Si el fiscal de un caso como el de la AMIA que, además, trabajaba con el director general de operaciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Jaime Stiuso, con quien tenía una muy buena relación y con quien realmente colaboraba. Más allá de las opiniones personales que haya sobre el agente Stiuso, tenían una muy buena relación y colaboraban juntos. Le hubiera pedido a la policía o la propia SIDE, un arma para él y se la hubieran dado de manera inmediata con lo que se llama Credencial de Múltiple Usuario, es decir, son armas policiales.
Entonces se pregunta: “…el fiscal habría tenido el arma que quisiera, arma corta, arma larga, fusil de asalto, escopeta, lo que él quisiera, una de cada una, le hubieran dado todo. ¿Cuál es el motivo lógico para imaginar que teniendo todas esas posibilidades le pida el arma a una persona que es quien le hacía el mantenimiento de las computadoras? No tiene ningún sentido”.
Como segundo punto, Florido refiere que Lagomarsino declaró expresa y manifiestamente, que él no entendía de armas, que solamente se la llevó, por pedido del propio fiscal.
Añade que cuando se hace la pericia sobre el cadáver del fiscal Nisman aparece un dato fundamental y es que, supuestamente, Alberto Nisman se suicidó con el arma y las municiones que le entregó Lagomarsino: El arma estaba cargada con municiones del tipo que son de punta hueca.
Explica que estas municiones cuando ingresan al cuerpo y si es al cerebro, “más o todavía, porque tiene más resistencia, se abre en diferentes fragmentos, explota adentro, y circula adentro hasta que, por inercia, pierde potencia. Es decir, hacen un desastre dentro del cuerpo”.
Se trata de una munición especial para asesinar a una persona a corta distancia.
“Ahora, yo me pregunto y quiero que la gente reflexione sobre eso, ¿una persona que se encarga del soporte técnico de una computadora, que manifiesta no entender nada de armas, que la tenía escondida en algún lugar de la casa, si no sabe nada de armas, cuando va a buscar munición a una armería, pide munición conocida como Hollow Point, eso evidencia que entiende mucho”. La actuación normal de alguien sin conocimiento de armas es simplemente pedir munición calibre 22.
Para Florido es llamativo que el gobierno haya procedido a establecer la tesis del suicidio y que Nisman no tenía elementos nuevos que ofrecer en su investigación sobre el caso del atentado a la AMIA.
Sin embargo, recuerda, que el fiscal Nisman había informado el día anterior que presentaría nuevos elementos. “Sería muy absurdo que un fiscal con la experiencia que tenía Nisman y con el apoyo que tenía Nisman, anunciara nuevas pruebas que no tenía para darlas frente al Congreso de la Nación”.
Por otra parte, otro detalle por demás significativo, refiere Rodolfo Florido, destaca que el fiscal Nisman había pedido para el otro día, a la mañana, que le llevaran al quiosco que estaba cercano a su casa, para comprar el último número de la revista Noticia, una revista política muy importante en Argentina, porque publicarían una entrevista que le habían hecho y quería ver cómo había quedado. “Y yo me pregunto y comparto con la gente, ¿si una persona piensa suicidarse a la noche, encarga una revista para la mañana? Es profundamente absurdo”.
En virtud de todas estas inconsistencias, Rodolfo Florido es partidario de que se actúe muy duramente sobre Diego Lagomarsino, “porque tiene algo que contar”.
Florido se va al extremo de dar por cierta la versión de Lagomarsino y se pregunta por qué motivo, “una persona que se encarga del mantenimiento de la computadora de un fiscal, que va a presentar un caso tan importante, que está amenazado de muerte por Irán y por el Hezbollah, le va a llevar un arma propia desde su casa, un día que nadie lo esperaba, porque no estaba invitado a entrar a la casa en ese momento y tuvo que tocar el portón eléctrico”.
Otro punto llamativo, es el hecho de no hay imágenes de las cámaras de seguridad sobre el movimiento de acceso a la casa del fiscal Nisman, “cuando deberían haber tomado el acceso desde la planta baja y desde el edificio, a las personas que ingresaron a asesinarlo y, justo esas cámaras, estaban descompuestas”.
Como quinto elemento, Florido subraya cómo curioso que los agentes de seguridad que tenía el fiscal Nisman, se encontraban descansando en una unidad móvil debajo de la casa. “¿Desde cuándo el personal de seguridad se queda todo adentro de un coche, cuando este hombre va a presentar al otro día las pruebas que iban a implicar a mas personas probablemente del gobierno en el atentado a la AMIA?”.
Se remite al sexto elemento y expresa su esperanza de que estas declaraciones sean analizadas por la fiscalía y determinen cuándo se suicidio. “El personal que tenía que despertarlo supuestamente a la mañana, tocándole el timbre para que se levantara, no atendía a la puerta, insistieron con el portero eléctrico, pero no atendía. Cualquier personal de seguridad encargado de cuidar a una persona como el fiscal Nisman, el fiscal con la causa de terrorismo más importante de la historia de la Argentina y de la región, en lugar de romper la puerta que es lo que marca el protocolo para una persona que está a cargo de la seguridad de un fiscal, se va a la casa de la madre a buscar una llave extra. Una locura”.
Luego, Rodolfo Florido analiza el hecho de que, finalmente, cuando la policía ingresa al lugar de los hechos, nadie revisa que el fiscal esté muerto. “El fiscal queda supuestamente tapando la puerta, es decir, supuestamente cayó obstaculizando la puerta. Es absurdo. “Cualquiera podía, perfectamente, atado con una soga gruesa, arrastrarlo con un lazo simple, arrastrarlo para que la puerta se cerrara y después descorrer el lazo desde el cuerpo y así parezca que cayó del lado de la puerta del baño”.
Como octavo elemento, Florido indica que cuando todos ingresaron al edificio, la policía no preservó todos los elementos que estaban en el lugar. También debió prohibir el ingreso de nadie que no fuera de la policía científica. “El lugar se transformó en un parque de diversiones. Entró desde el secretario de seguridad de la nación, miembros del poder judicial, policías, testigos, personas que nadie sabía qué hacían ahí, que les decían que miraran cosas que ya habían visto otros. Todos se sentaban en los sillones, nadie sabe dónde fueron a parar muchos de los papeles del fiscal después. Nadie sabe qué pasó toda la noche con la computadora. Es decir, transformaron la escena del crimen en un centro de convenciones”.
Estima que Lagomarsino vislumbrara que puede ser condenado a 25 o 50 años de cárcel, “quizás se digne a hablar algo más”.
Como último elemento, Florido llama la atención sobre el hecho de que el fiscal Nisman tiene el tiro en la parte de atrás de la oreja, de abajo hacia arriba. “Las personas que se suicidan, en un porcentaje, yo diría del cien por ciento, lo hacen de tres maneras cuando utilizan un arma de fuego: con el tiro en la sien, con el tiro en el paladar o con el tiro en el corazón. Pero nunca poniéndose incómodo para darse un tiro detrás de la oreja, no tiene ningún sentido”.
Igualmente apunta que Lagomarsino sigue libre y sin que nadie le preguntara dónde había sacado la munición Holow-Point.
A cada pregunta relacionada con los pagos del contrato suscrito entre la la filial de PDVSA en EE. UU. y la empresa del excongresista, David Rivera, la respuesta fue una negativa.
Por Maibort Petit
En una deposición que tuvo lugar el 8 de marzo de 2022 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Hugo Perera, propietario de PG & Associates, se acogió a lo establecido en la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y evitó responder todas las preguntas que se le formularon en torno al caso que se ventila en dicha instancia judicial, donde PDV USA Inc. demanda a Interamerican Consulting Inc., por incumplimiento de contrato.
Perera, según rezan documentos judiciales, habría sido uno de los destinatarios de los USD 20 millones que David Rivera, a través de su compañía, Interamerican Consulting Inc., recibió de CITGO Petroleum Corporation a raíz del contrato suscrito con PDV USA Inc. Hugo Perera es un desarrollador urbanístico con antecedentes penales por haber estado incurso en actividades de narcotráfico en el Sur de Florida.
Los documentos revelan que Rivera destinó el dinero al pago de los servicios de tres subcontratistas, entre ellas, PG & Associates y Agronomics, propiedad de Perera. Las citadas firmas de acuerdo a la reseña, recibieron seis pagos por USD 625.000, uno de USD 1.1 millones, que totalizaron USD 4.85 millones entre marzo y noviembre del 2017.
Los otros pagos estuvieron dirigidos Communications Solutions Inc., empresa de la operadora política Esther Nuhfer, la cual fue beneficiaria de tres pagos de USD 750.000, dos por USD 625.000 y uno por USD 1 millón que sumaron USD 4.5 millones. Raúl Gorrín habría sido el tercero de los receptores, es específico, USD 3.75 millones, los cuales recibió a través de su empresa Interglobal Yacht.
El interrogatorio
Durante la sesión ocurrida en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el 8 de marzo de 2022, el abogado de PDV USA Inc., Brady M. Sullivan, preguntó una y otra vez a Hugo Perera pormenores del presunto esquema de lavado de dinero en el que estarían involucrados, él, David Rivera, Raúl Gorrín y Esther Nuhfer, entre otros.
La respuesta a esta y todas las interrogantes siempre fue la misma: “Con base en el consejo del abogado, invoco mi Quinta”.
Del mismo modo, Jason Ward Johnson, abogado de Interamerican Consulting Inc., repitió a cada pregunta de Sullivan “Objeción a la forma”, para exponer su inconformidad con la manera en que el representante del demandante formulaba sus interrogantes.
Brady M. Sullivan inquirió a Perera sobre su conocimiento de alguna comunicación entre David Rivera y Randy Ebner en relación con el acuerdo de consultoría; si alguna vez se comunicó con Darren Woods, el director ejecutivo de ExxonMobil; si conocía alguna comunicación entre David Rivera y Darren Woods en relación con el acuerdo de servicios de consultoría; si alguna vez se comunicó con el excongresista de los Estados Unidos Sam Johnson; si conoció alguna comunicación entre David Rivera y Sam Johnson en relación con el acuerdo de consultoría.
Cada una de estas interrogantes era rematada con: “hasta donde usted sabe, nunca se produjeron tales comunicaciones; ¿Correcto?”.
Y Hugo Perera invocaba nuevamente la Quinta Enmienda.
Sullivan le preguntó a Perera si se había comunicado con con el político venezolano Henry Ramos Allup y el testigo se negó a contestar nuevamente.
“¿Sabes quién es?”, repreguntó Sullivan cómo también le requirió referir si tenía conocimiento si David Rivera había tenido comunicación con Henry Ramos Allup en relación con el acuerdo de consultoría.
También le preguntó si se había comunicado con político venezolano Oliver Blanco y si sabía de alguna comunicación entre Rivera y Blanco.
“Con base en el consejo de un abogado, invoco mi Quinta”, volvió a ser la respuesta de Perera.
Sullivan insistió: “Nuevamente, centrándome en el acuerdo de consultoría aquí en el Anexo 1, que comienza en la página PGA 0055, mi pregunta, señor, es, ¿está al tanto de algún lavado de dinero que haya ocurrido en relación con este contrato?”.
Y volvió con las preguntas “¿Estuvo involucrado en el lavado de dinero en relación con este contrato?” y “¿Sabe quién más estuvo involucrado en el lavado de dinero en relación con el acuerdo de consultoría?”, así como también: “¿No es cierto que Raúl Gorrín participó en el blanqueo de capitales en relación con este contrato?”.
Y entonces Brady M. Sullivan se enfiló a requerir de Hugo Perera sí sabía que los pagos realizados en virtud del contrato se utilizaron para sobornar a funcionarios del gobierno; si sabía de quién era el dinero que se utilizó para sobornar a funcionarios gubernamentales en relación con este contrato; si estuvo involucrado en orquestar sobornos a funcionarios gubernamentales en relación con el contrato; si sabía quién más estuvo involucrado en orquestar sobornos a funcionarios gubernamentales en relación con el contrato; y si no era cierto que Raúl Gorrín estuvo involucrado en orquestar sobornos a funcionarios del gobierno en relación con el contrato.
Y como en todo el interrogatio, la respuesta volvió a ser la misma, acogerse a su derecho de no autoincriminarse garantizado en el Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
La Quinta Enmienda
Con la invocación de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, Hugo Perera se acogía a su derecho de no autoincriminarse.
La Quinta Enmienda es parte de la Declaración de Derechos y la misma garantiza algunas protecciones a la persona acusada de un delito o que participa en un procedimiento legal. También se refiere al derecho contra la autoincriminación, lo cual se extiende a las jurisdicciones estatales y locales.
Textualmente, la Quinta Enmienda reza: “Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o con otra infamante si un gran jurado no lo denuncia o acusa, a excepción de los casos que se presenten en las fuerzas de mar o tierra o en la milicia nacional cuando se encuentre en servicio efectivo en tiempo de guerra o peligro público; tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito; ni se le obligará a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal; ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni se ocupará la propiedad privada para uso público sin una justa indemnización”
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