Por Maibort Petit
Este miércoles 20 de abril será entregado a las autoridades de los Estados Unidos, el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), según informaciones recibidas por fuentes ligadas al caso en Tegucigalpa. El exmandatario es requerido por la justicia norteamericana que lo juzgará por delitos de narcotráfico.
Un total de 15 magistrados, que integran el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras firmaron un fallo que ratificó la decisión de extraditar a Juan Orlando Hernández, adoptada por un juez de primera instancia el 16 de marzo de 2022.
Luego de cumplir con la normativa, un juez ordenó la entrega inmediata del ciudadano Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, en colaboración con la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa y también Cancillería", informó hace una semana la CSJ.El 14 de febrero, Estados Unidos solicitó al gobierno de Honduras la extradición de Hernández, acusado de "conspiración violenta de narcotráfico, para transportar aproximadamente 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos", incluso antes de que fuera presidente, entre 2014 y 2022.
Desde su arresto, el 15 de febrero, Juan Orlando Hernández ha permanecido en la prisión de un cuartel policial conocido como "Los Cobras", en el este de Tegucigalpa. Sus abogados apelaron, sin éxito,, la decisión judicial de extradición ante la Corte Suprema y luego intentó impedirla con un recurso de amparo, que también fue rechazado.
El proceso concluye casi un mes después que el pasado 7 de febrero del presente año 2022, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informara de la desclasificación y publicitación de la inclusión del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos de los EE. UU. desde el 1 de julio de 2021, en razón de que múltiples informes creíbles daban cuenta de la supuesta participación del exmandatario en hechos de corrupción y narcotráfico, así como en la utilización de las ganancias de dichas actividades ilícitas en la facilitación de campañas políticas[1].
Actividades criminales
Sobre JOH existían sospechas desde el año 2004, de acuerdo a lo que revelan documentos que fueron desclasificados que indican que “participó en una conspiración violenta de narcotráfico” en esa época en que ejercía como diputado del Congreso Nacional del que, incluso, era directivo.
Para la defensa de JOH es fundamental que el expresidente permanezca en Honduras y en ese sentido giran sus actuaciones, entre ellas, el haber sacado a relucir los supuestos 32 casos que su representado tiene abiertos en instancias de su país. Los abogados, buscaron frenar la extradición advirtiendo que era necesario que antes se investiguen las denuncias y sea juzgado en la nación centroamericana.
Juan Orlando Hernández se enfrenta a una experiencia similar a la de su hermano, el exdiputado Juan Antonio Hernández, condenado a cadena perpetua por delitos similares.
El primero de los cargos imputado a JOH es por conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, así como fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería importada a ese país. El segundo cargo, es por usar o portar armas de fuego o ayudar e instigar al uso, el porte y la posesión de armas de fuego en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de la que se le acusa en el cargo uno. En tercer lugar, se le señala de conspiración para usar o portar armas de fuego en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos.
Juan Orlando Hernández ha negado insistentemente los cargos en su contra, personalmente, y a través de sus abogados o por intermedio de su esposa, Ana García de Hernández, quien sostiene que JOH es víctima de una venganza orquestada por parte de narcotraficantes hondureños que fueron extraditados a los EE. UU. y buscan bajar sus penas.
García advirtió que el convenio suscrito entre EE. UU. y Honduras no es una normativa que, de acuerdo al derecho, permita la extradición de nacionales hondureños. Debe aplicarse la ley hondureña y recordó que el país centroamericano es suscriptor de tratados internacionales que protegen a los conciudadanos de ser víctimas de penas inhumanas y degradantes.
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