Ahora Venezuela busca deponer a dos de los demandantes, los bonistas Rudi Giovanni Lovati y Alessandro Lucibello Piani.
Por Maibort Petit
La repetición de la fórmula sugiere que Venezuela ha implementado como estrategia el no darse por enterada de las múltiples demandas que por incumplimiento de contrato se han entablado en su contra, al no haber honrado sus compromisos de pago y, de esta forma, evadir o por lo menos retrasar el desarrollo de las diversas causas entabladas en los tribunales de los Estados Unidos que buscan que la nación cumpla con sus compromisos.
El 20 de agosto de 2019, el secretario del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York donde se libra la causa, notificó la entrada en rebeldía contra Venezuela de conformidad con la Norma Federal de Procedimiento Civil 55(a) y esta se movió para anular el Certificado de Incumplimiento y desestimar la demanda por falta de jurisdicción personal.
En esta entrega presentamos las acciones emprendidas por las partes respecto al servicio que los demandantes deben hacer a la República Bolivariana de Venezuela.
Desestimar FSIA
El 27 de abril de 2020, Kent A. Yalowitz, de la firma Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, en representación de la República Bolivariana de Venezuela, remitió al juez Andrew L.Carter Jr., una solicitud para que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, programara argumentos orales sobre la Solicitud pendiente de su cliente para anular el certificado de rebeldía y desestimar por falta de jurisdicción personal.
Refirió el abogado, que la moción de Venezuela planteaba una cuestión importante de interpretación legal que podría afectar las relaciones exteriores de los Estados Unidos. Argumentaba que los estados soberanos extranjeros podían ser atendidos por métodos distintos a los que planteado en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), 28 U.S.C. §1608(a). Venezuela creía que el argumento oral facilitaría la resolución del asunto por parte de la Corte.
Tribunal niega desestimación por falta de jurisdicción
El 11 de noviembre de 2020, el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, Andrew L. Carter Jr., negó la moción de la República Bolivariana de Venezuela de desestimar por falta de jurisdicción personal y le concedió la moción de anular la entrada en rebeldía.
Del mismo modo, el magistrado negó la moción de alegato oral de Venezuela por discutible.
El juez ordenó que, tan pronto como sea posible, los demandantes sirvieran a la República Bolivariana de Venezuela en estricto cumplimiento de los requisitos establecidos en 28 U.S.C. §1608(a). Se indicó que a menos que la notificación se efectuara dentro de los 60 días, los demandantes debían presentar un informe de estado ante el Tribunal el 15 de enero de 2021 o antes, explicando por qué no se había realizado la notificación.
Ante el argumento de Venezuela de que el referido tribunal carece de jurisdicción personal debido a una notificación indebida en virtud de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), mientras que los demandantes alegan que sirvieron a la República de conformidad con la Sección 1608(a)(1) de la FSIA.
El juez Carter Jr. advirtió que si bien el servicio de los demandantes a Venezuela fue impropio, no se justifica el despido, por lo que el tribunal extenderá el tiempo para que Sergio Lovati, Rudi Lovati, Alessandra Sarago Lovati y Alessandro Lucibello Piani, sirvan debidamente a la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con las disposiciones de la Sección 1608(a).
Por tales razones, el juez Carter Jr. negó la moción de Venezuela de sobreseimiento por falta de jurisdicción personal, pero dado que se determinó que los demandantes no notificaron correctamente a la República Bolivariana de Venezuela, se concedió la moción para anular la entrada de incumplimiento.
Petición de prórroga para completar el servicio
El 15 de marzo de 2021, David T McTaggart en nombre de los demandantes, se comunicó con el juez Andrew L. Carter Jr., para informarle, de acuerdo a la orden del tribunal del 19 de enero de 2021, sobre las acciones de sus clientes para notificar a la República Bolivariana de Venezuela de la demanda en su contra, de conformidad con 28 USC § 1608(a)(4) de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA).
Le manifestó al magistrado que Venezuela había incumplido sus obligaciones contractuales de aceptar notificaciones y precisó que el 11 de noviembre de 2020, la Corte había concluido que, dadas las infracciones de la demandada, los intentos de notificación anteriores de los demandantes no cumplieron estrictamente con los requisitos de ley. Por ello, se dirigió el servicio de la FSIA a través de otros medios.
El abogado dijo al juez que desde su informe de enero, habían mantenido contacto con el personal del Departamento de Estado responsable de coordinar el envío de los documentos a Venezuela pero, estos le había advertido que no habían podido localizar los documentos que se habían presentado para una de las acciones, a saber, el Caso No. 19-cv-04793. Precisaron que, aunque los recibos de seguimiento de FedEx confirmaban la entrega de ambos paquetes al Departamento de Estado en la mañana del 5 de enero de 2021, este sólo había localizado los papeles de una de las acciones. El personal del Departamento de Estado citó el entorno de trabajo remoto como un factor en los documentos faltantes y solicitó que volvieran a presentar los documentos de servicio para esa acción a través del Distrito Sur siguiendo el mismo protocolo y se tomarían medidas para efectuar el servicio a Venezuela en ambas acciones.
David T McTaggart pidió al juez Andrew L. Carter Jr. 60 días adicionales para la finalización del servicio y que ordenara informar sobre el estado a más tardar el 14 de mayo de 2021.
Demandantes piden nueva prórroga
El 14 de mayo de 2021, David T. McTaggart, de la firma Duane Morris, en representación de los demandantes, Sergio Lovati, Rudi Lovati, Alessandra Sarago Lovati y Alessandro Lucibello Piani, remitió una comunicación al juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Andrew L. Carter Jr., a objeto de notificar el proceso a la demandada, la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con 28 USC § 1608(a)(4) de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA).
Se reiteró la información ofrecida a la Corte en la comunicación antes descrita y se agregó que habían mantenido contacto con el Departamento de Estado, el cual no pudo confirmar la recepción de los materiales adicionales el 22 de marzo de 2021, pero sugirió hacer un seguimiento a fines de abril, momento cuando esperaba "tener un sentido de tiempo más firme" con respecto al servicio de proceso en ambos asuntos. Se actuó en consecuencia, habiéndose hecho seguimiento en abril y mayo cuando su punto de contacto confirmó la custodia de los documentos requeridos en ambos asuntos y declaró que "actualmente están en proceso de transmisión". Sin embargo, refirió que el Departamento de Estado advirtió que el “COVID-19 ha afectado el procesamiento de las solicitudes de servicios, por lo que no tenían “una fecha/hora específica para la transmisión de los materiales”.
Para el momento de la comunicación, el Departamento de Estado les informó que los documentos seguían ser entregados, pero que el proceso para organizar la transmisión a través de canales diplomáticos estaba en gran parte completo.
Los demandantes pidieron al tribunal que autorizara 60 días adicionales para la finalización del servicio y ordenara que se informara a la Corte sobre el estado a más tardar el 13 de julio de 2021.
Venezuela busca deponer a dos demandantes
El 1 de febrero de 2022, el abogado Kent A. Yalowitz, de la firma Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, dirigió una comunicación a la juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Debra Freeman, para, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y los demandantes, Sergio Lovati, Rudi Lovati, Alessandra Lovati y Alessandro Piani, proceder a presentar un informe conjunto en atención a la Orden de la Corte del 24 de enero de 2022.
Yalowitz precisó que los abogados de ambas partes se reunieron y consultaron el 10 de diciembre de 2021 con respecto a la intención de Venezuela de deponer a los demandantes Rudi Giovanni Lovati y Alessandro Lucibello Piani y el abogado de los demandantes propuso que la acusada realizara declaraciones por escrito bajo Fed. R. Civ. P. 31, en lugar de por examen oral a lo que Venezuela estuvo de acuerdo.
Refirió que el demandado entregó preguntas de declaración por escrito a ambos demandantes el 27 de diciembre de 2021 y, desde entonces, las partes han intercambiado varias comunicaciones con respecto a dichas preguntas, incluidas las objeciones de los demandantes al alcance y la propiedad de algunas de las preguntas, así como del cronograma para proporcionar respuestas.
Se le dijo a la juez que las partes habían acordado que, sin renunciar a sus objeciones, los demandantes se esforzarían por responder a las preguntas de la deposición dentro de los 30 días posteriores a la presentación de esta carta al tribunal (es decir, antes del 3 de marzo de 2022) y que las partes presentarían un informe de estado conjunto al Tribunal dentro de los 15 días posteriores (es decir, antes del 18 de marzo de 2022).
Por tal razón, Venezuela solicitó al Tribunal que mantenga abierto el descubrimiento hasta que se completen las declaraciones escritas de los demandantes y el informe de estado conjunto de las partes. Indicaron que ante cualquier disputa que surgiera, las partes buscarían de inmediato la asistencia de la corte. Los demandantes dieron su consentimiento a esta solicitud.