miércoles, 9 de febrero de 2022

Samark López pide ante la corte de Apelaciones que el gobierno de EE. UU. le devuelva sus cuentas bancarias y sus propiedades: 'No soy agente de las FARC ni testaferro de Tareck El Aissami'

  Tras la presentación de los argumentos orales por las partes, el panel de tres jueces no indicó cuándo emitirá un fallo en el caso. 

Por Maibort Petit

  Nuevamente, un abogado que representa a Samark López Bello considerado por el gobierno de los Estados Unidos como el testaferro del actual ministro de Petróleo del régimen venezolano, Tareck El Aissami argumentó ante un tribunal de apelaciones que es injusto el fallo de un juez de la Florida que lo designó como agente de la FARC y que permitirá que las propiedades y los fondos depositados en unas cuentas bancarias que fueron congeladas por las autoridades norteamericanas, sean entregadas a un grupo de demandantes que son considerados como víctimas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. López Bello sostiene que el fallo de un juez federal de Florida dictaminó injustamente que él estaba vinculado a un grupo terrorista colombiano y blanqueó las ganancias del cártel provenientes del narcotráfico.

 La presentación de argumentos orales se produjo este miércoles ante la Corte de Apelaciones del 11° Circuito de EE. UU.. Durante la audiencia el abogado de Samark López busca que se revoque la orden de un juez de la Florida que, al declararlo agente de la FARC, que determinó que aproximadamente 53 millones de dólares de sus cuentas deben ser pagadas a las víctimas de un secuestro terrorista en Colombia.

 Venezuela Política informó sobre dos casos vinculantes, uno en la Florida y otro en Washington DC, en los cuales víctimas de las FARC buscaban cobrar la compensación que les otorgaron por separado los tribunales federales que autorizaba cobrar sus sentencias con los activos congelados por el gobierno de EE. UU. a Samark López Bello. 

Tribunal declara que Samark López ‘es un agente o un instrumento de las FARC’

  Desde que se produjo la medida en su contra, López Bello pagó abogados para que trabajaran en revertir la orden judicial en su contra. El demandado asegura que no tiene ningún vínculo con el grupo guerrillero, ni existen evidencias que lo confirmen los argumentos de los demandantes.

Las víctimas de las FARC

   Las víctimas de las FARC en 1996, a favor de quienes un tribunal de EE. UU. falló otorgándoles USD 69 millones, demandaron a Samark López y su empresa Yakima Trading Corporation, para cobrar la compensación, dice un memorando de una jueza de un tribunal federal de Washington DC.

  En 1996, Frank Thomas Pescatore, Jr., fue secuestrado y asesinado en Colombia por las FARC. En 2008, la familia de este demandó al grupo terrorista y a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda alias “Simón Trinidad”, bajo la Ley Antiterrorista de EE. UU. En 2011, un tribunal les otorgó una sentencia por daños que no han logrado cobrar.

  Para materializar la sentencia de dinero, los Pescatore interpusieron en 2018 un recurso contra los activos de López Bello, calificado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), como Traficante de Narcóticos Especialmente Designado (SDNT).

  El caso se procesa en la Corte del Distrito de Columbia. Pero hay una demanda similar que cursa en la Florida (Caso Stancel), donde hubo un fallo previo contra López y sus activos confiscados por el gobierno norteamericano.

  El caso Stancel corresponde a cuatro contratistas estadounidenses que fueron secuestrados por las FARC en Colombia en febrero de 2003, y liberados cinco años después. Un fallo de 2010 de un juez federal de Florida los reconoció formalmente como víctimas del grupo rebelde bajo la Ley de Seguro contra el Riesgo de Terrorismo (TRIA). La decisión les otorga el derecho a ser compensados mediante la incautación de cualquier propiedad confiscada a las FARC. En el caso Stancel las víctimas aspiran a una compensación de más de $ 318 millones.

  En 2018 apuntaron hacia Samark López tras haber sido designado por la OFAC. En septiembre de 2019, los demandantes del caso Stansell, ganaron una determinación judicial que señala que Samark López Bello “es un agente o un instrumento de las FARC y que es posible embargar sus activos”. De hecho, el juez de la Florida autorizó la venta de varios activos de López incluyendo dos yates. Estas acciones allanaron el camino al caso Pescatore.

   A raíz del fallo en Florida, los abogados de López Bello apelaron la decisión del tribunal de primer circuito argumentando que “no hay evidencia suficiente para demostrar que fue (es) un agente o un instrumento de las FARC”.

  En julio de 2019, López detuvo el proceso en Washington DC, hasta que se produjera la decisión del juez de Florida. El caso Pescatore se reactivó cuando el tribunal de Miami falló contra López, quien integra la lista de los delincuentes más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos.

  El 4 de noviembre de 2019, la jueza Rosemary M. Collyer, del Distrito de Columbia, levantó la suspensión del caso solicitada por el demandando y advirtió que por el interés de la justicia no se admitiría que López litigue el mismo asunto por el cual la corte de la Florida falló en su contra, ante la corte de Washington DC.

   López Bello apeló la decisión del juez de primer circuito de la Florida argumentando defectos de procedimiento. Los documentos federales revelan que López pretende paralizar la demanda en Columbia hasta que se decida la apelación. No obstante, la jueza Collyer sostuvo — en una orden dada a conocer esta semana — que no es suficiente que López haya apelado y agregó que “los tribunales de distrito tienen amplia discreción para suspender o proseguir los procedimientos en una acción pendiente de una resolución”.

 López Bello argumentó que el tribunal de Florida “carecía de jurisdicción y decidió incorrectamente”, pero la magistrada de la corte de Washington DC lo rebatió y recomendó adoptar la Orden Stansell v. FARC para el caso Percatore.

  Por su parte, los Pescatore sostienen que el tribunal está obligado — por el caso Stansell — a ejecutar los activos de López. Este caso se fundamenta en la ley de Seguro de Riesgo de Terrorismo (TRIA) que permite satisfacer las sentencias de dinero contra los “activos bloqueados” de los “agentes o instrumentos vinculados a las FARC”. Los activos se bloquean cuando la OFAC califica a sus propietarios como SDNT, y un tribunal tiene que determinarlo para luego ordenar ir por los activos del demandado.

   En la orden de la jueza Collyer se destaca que al inicio del proceso Pescatore, no se había nombrado a López Bello y a Yakima. Fue sólo en 2017,cuando se produjo la designación de López de la OFAC, que se inició la vinculación que fue interpuesta en el tribunal de Washington DC en 2018.

  El 20 de mayo de 2019, Collyer permitió a López intervenir en el caso y presentar mociones para suspender la ejecución de la sentencia. En esa ocasión, López dijo que los demandantes nunca le notificaron de la acción antes de presentar su moción para hacerla cumplir y que ni él ni Yakima fueron nombrados como acusados originales en la demanda subyacente, no fueron notificados de esa acción original y nunca pudieron rebatir las acusaciones. Sostuvo que la OFAC no estableció ninguna relación entre él y las FARC, grupo al que no mencionan ni una sola vez.
 
  El 20 de noviembre de 2018, los abogados de los Pescatore solicitaron a los bancos UBS Financial Services; Morgan Stanley Smith Barney, LLC; Safra National Bank of New York, Wells Fargo Bank N.A. y American Express National Bank información de los recursos de Samark López y Yakima.

  Las respuestas a los cuestionarios están selladas a petición de los bancos. Sólo se hizo pública una carta de Morgan Stanley donde refirió dos cuentas, una de Yakima con USD 10.134.618, y una de Samark López Bello con USD 1.248.599,74, saldos hasta el 20 de diciembre de 2018.

  Samark López Bello, un prófugo de la justicia de los Estados Unidos cuya captura por delitos contra Estados Unidos tiene una recompensa de $5 millones. En su última acción judicial impugnó la incautación de sus propiedades y el embargo de sus cuentas bancarias en virtud de una sentencia de $318 millones contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). ). 

En la corte de Apelaciones 

  Durante la audiencia virtual, el representante legal de López Bello presentó los argumentos orales señalando ante un panel de tres jueces de la corte de apelaciones con sede en Atlanta que el tribunal inferior cometió un error cuando dictaminó que su cliente es “un agente o instrumentalidad” de las FARC.

    En un fallo adoptado por el juez federal de distrito Robert Scola, Jr., el juez magistrado estadounidense Edwin Torres determinó en marzo de 2020 que los activos de López Bello pueden usarse para satisfacer el saldo pendiente de $300 millones en la sentencia contra las FARC. Aunque López Bello no ha estado directamente relacionado con las fuerzas de las FARC, el magistrado determinó que López Bello está conectado indirectamente con el grupo a través de su asociación con Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Ministro de Industrias de Venezuela.

  El Aissami estaría presuntamente afiliado al Cartel de los Soles, que trafica cocaína fabricada y producida por las FARC.

  Resumiendo los argumentos de López Bello en contra de la sentencia, el juez de circuito de EE. UU. Adalberto Jordan, explicó: “López Bello dice que la evidencia en su contra involucraba una cadena inferencial y circunstancial. … Desde el punto de vista del demandante, es una línea de causalidad inferencial muy grande”.

  Por su parte, el abogado de los demandantes, Richard Rosenthal, sostuvo que la conexión era mucho más directa, de hecho los testigos declararon que el propio López Bello es miembro del cártel de los soles.

    El abogado Adam Fels, de Fridman Fels & Soto, dijo que Rosenthal se basa en rumores. Advirtió al panel que hacer un hallazgo que respalde el uso de "cadenas indirectas múltiples" para llegar a conclusiones sobre López Bello podría tener consecuencias indeseables.

 “Vas a eliminar la previsibilidad y la seguridad que han atraído inversiones extranjeras a este país. Los bancos a los que  les bloquean sus cuentas por cualquier motivo, a menudo con poca o ninguna evidencia concreta, pueden hacer que un demandante creativo les quite millones y pueda conectar a un titular de cuenta con otro, a otro individuo, a una organización terrorista”, dijo Fels.

  “Y conocer a su cliente es una cosa, pero no es posible que tenga la previsión de saber lo que sucede varios eslabones de la cadena en el camino”.

  Fels también argumentó que quedan cuestiones de hecho en el caso que le dan derecho a López Bello a un juicio con jurado según la ley de Florida. El abogado dijo que el Undécimo Circuito debería revertir las conclusiones del tribunal de distrito porque es mejor dejar en manos de un jurado la cuestión de si se debe dictar un fallo contra su cliente. 

  Según Fels, debió haber habido como mínimo, un juicio y agregó que una audiencia probatoria celebrada en el caso no fue “suficiente debido proceso”.

  El letrado argumentó que había “problemas de credibilidad” en torno a la evidencia presentada en la audiencia, incluidos “problemas sobre si los informes fueron plagiados” y “problemas serios sobre la base que los expertos tenían para testificar”.

  Fels sostuvo que López Bello “proporcionó una declaración jurada concluyente” que cuestionó todas las acusaciones en su contra y fue “la única persona que testificó con conocimiento personal”.

  Según el informe de Torres para el juzgado de distrito, López Bello dijo en la declaración jurada que ni él ni ninguna de las empresas a las que estaba afiliado apoyaban financiera o logísticamente a las FARC. Otra declaración de López Bello negó que tenga alguna vinculación con el Cártel de los Soles, no esté involucrado en el narcotráfico y nunca haya lavado dinero del narcotráfico para El Aissami.

  Jordan y el juez William Pryor, preguntaron a Fels si la declaración jurada presentada por López Bello tenía "suficientes afirmaciones de hecho no concluyentes para crear un problema genuino", que apoyaría la solicitud de un jurado y juicio.

¿Cómo la OFAC designó a Samark López Bello como narcotraficante y agente de Tareck El Aissami?

   Pryor aseguró  que la corte distrital dijo que esta declaración jurada era conclusiva, pero López Bello afirmó que nunca ha estado involucrado en el rastreo de drogas, que no ha sido testaferro de El Aissami y que no es miembro del Cártel de los Soles y que nunca ha lavado fondos provenientes de la venta de drogas de producto de Tareck El Aissami. Entonces cuestionó que las afirmaciones de esos hechos generaban un problema genuino.

  Pero Rosenthal no estuvo de acuerdo y dijo que creía que esas declaraciones son conclusiones en lugar de afirmaciones fácticas.

Venezuela Política. “Samark López Bello pidió a la corte que se anule su designación como narcotraficante y testaferro de Tareck El Aissami hecha por la OFAC, tras lo cual le confiscaron activos por un valor de $160 millones”.

 “La declaración jurada no dio ninguna base fáctica. Simplemente llegué a la conclusión legal de que no estoy lavando sus ganancias, no estoy involucrado con él”, acotó Rosenthal y advirtió que López Bello tiene opciones: puede proporcionar datos sobre su relación con El Aissami o hacer una auditoría forense para explicar a qué se dedica su negocio y mostrar cómo se convirtió en multimillonario.

  Pryor preguntó a Fels sí López Bello alguna vez aparecería personalmente en la corte, y el abogado respondió que podría ser posible: “Él podría tomar esa decisión”.

El panel de tres jueces no indicó cuándo emitirá un fallo en el caso. 

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