sábado, 5 de febrero de 2022

Comité de Relaciones Exteriores del Senado pide al gobierno de Biden designar a expresidente de Honduras como capo del narcotráfico

  El pedido lo formuló el presidente de la instancia parlamentaria al Secretario de Estado, Antony Blinken, y a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

Por Maibort Petit 

  Designar oficialmente a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, como traficante extranjero de narcóticos, fue la solicitud formal que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, le formuló al gobierno de Joe Biden, a través de sendas comunicaciones dirigidas, por una parte, al Secretario de Estado, Antony Blinken y, por la otra, a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

   A los altos funcionarios de la administración Biden, Menéndez les pidió revocar de inmediato la visa y sancionar como un "traficante de narcóticos extranjero importante" según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, a Hernández, conocido popularmente como JOH.

  Asimismo, el senador demócrata instó al gobierno a pedir al exmandatario hondureño, cuentas como co-conspirador y a adoptar una posición firme en apoyo del estado de derecho en Centroamérica. Tal posición la sostiene Menéndez con base al creciente cuerpo de evidencia incriminatoria existente en contra de Juan Orlando Hernández, sobre quien todo hace presumir su participación en actividades de narcotráfico.

  “Ya es hora de que el gobierno de los EE. UU. busque medidas de rendición de cuentas contra Juan Orlando Hernández, comenzando con una revocación pública de su visa y designación en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico”, señala la carta.

— Estados Unidos debe continuar demostrando su apoyo al estado de derecho y a los pueblos de las Américas identificando, denunciando y sancionando a los funcionarios extranjeros involucrados en el narcotráfico y socavando la democracia en el hemisferio, independientemente de que dichos actores sean presidentes o altos funcionarios de los países socios —reza uno de los fragmentos que Menéndez dirigió a los secretarios de Estado y del Tesoro.

   Igualmente, subrayó que varios casos judiciales federales sugieren en sus alegatos que Juan Orlando Hernández se encuentra involucrado en actividades delictivas y narcotráfico, al tiempo que advirtió que tal proceder del expresidente hondureño “han puesto en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y la prosperidad del pueblo” de la nación centroamericana.

  Menéndez estima que ya es momento de que se haga responsable a Hernández por sus actividades y se le sancione en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, así como “revocar su visa”. En tal sentido, manifestó que “el gobierno de Biden puede afirmar su compromiso de promover el estado de derecho en Centroamérica y emitir una declaración inequívoca de que la impunidad del gobierno no será tolerada en ningún lugar”.

  Del mismo modo, en sus comunicaciones, Robert Menéndez recordó los casos del exvicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, y el presidente colombiano, Ernesto Samper, a quienes el gobierno de los EE. UU. sancionó, por lo que ahora la administración Biden, debe guiar en ese sentido las acciones contra Juan Orlando Hernández.

  Destacó el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado que, de acuerdo Departamento de Justicia, “la impunidad entre los funcionarios gubernamentales de alto rango involucrados en actividades de tráfico de drogas en Honduras ha contribuido a que el país se convierta en 'uno de los principales puntos de transbordo de cocaína con destino a Estados Unidos' y en un 'narcoestado en ruinas'”.

  Fue así como Menéndez criticó la exclusión del expresidente Hernández de la lista del Departamento de Estado que incluye actores corruptos y antidemocráticos en el Triángulo Norte. “Me temo que la omisión de Juan Orlando Hernández en estas listas está enviando un mensaje equivocado al pueblo hondureño en un momento de transición de su democracia, así como a los funcionarios públicos de toda la región”.

  En las comunicaciones Menéndez refiere que, si bien Juan Orlando Hernández “no ha sido acusado formalmente, las pruebas presentadas en varios casos judiciales federales de EE. UU. desde 2019, lo han implicado de manera creíble como co-conspirador en delitos de narcotráfico”.

   En específico, se refiere a la Presentación de sentencia del gobierno de los EE. UU. en el caso de Estados Unidos contra Juan Antonio Hernández Alvarado —exdiputado y hermano de JOH— donde se hace mención directa al expresidente Hernández y su “papel de liderazgo en una conspiración de tráfico de drogas violenta y patrocinada por el estado”.

  Y aunque JOH ha negado estas acusaciones, Robert Menéndez subraya que los materiales presentados en tres casos de la corte federales involucran a familiares y ex-socios que han presentado evidencia incriminatoria de la participación directa del exmandatario de Honduras en actividades de narcotráfico.

  Cita que, en febrero de 2021, documentos judiciales daban cuenta de la investigación que fiscales de EE. UU. seguían a Hernández y otros funcionarios gubernamentales de alto rango, por su presunta participación en esquemas de tráfico de drogas.

   También menciona que el 30 de marzo de 2021, Tony Hernández fue condenado a cadena perpetua después de haber sido declarado culpable de conspiración para traficar al menos 185.000 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos.

  “Las pruebas presentadas en los procedimientos judiciales en el caso de Estados Unidos v. Juan Antonio Hernández Alvarado demostraron que “entre 2004 y 2019, [Tony Hernández] obtuvo y distribuyó millones de dólares en sobornos derivados de las drogas a Juan Orlando Hernández”, quien fungió como su co-conspirador.

  La comunicación de Robert Menéndez al gobierno de Biden, también recuerda que, en 2013, Tony Hernández, dirigido por Juan Orlando Hernández, aceptó USD 1 millón del Chapo Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, un dinero que habría sido inyectado a la campaña presidencial de JOH, destino que, de acuerdo a lo que rezan los documentos judiciales, no habría sido negado por el exmandatario.

   Se hace mención también al pedido que Juan Orlando Hernández habría formulado en 2013 de USD 1,6 millones en ganancias de drogas al narcotraficante Ardón Soriano, dinero que igualmente habría estado destinado a su campaña electoral y las de su partido político.

  El narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, condenado por narcotráfico el 22 de marzo de 2021, proceso judicial en el que se conoció que JOH era uno de los socios que recibió “decenas de miles de dólares [de Fuentes Ramírez] a cambio de una promesa continua de protección… del escrutinio de las fuerzas del orden público y apoyo militar a sus actividades de narcotráfico”, entre otros señalamientos que el senador Menéndez cita en sus comunicaciones.

  Sustentado en estos records, Robert Menéndez insta a Antony Blinken y Janet Yellen, a responsabilizar públicamente a Juan Orlando Hernández por sus acciones, pues su omisión en las listas de Actores Corruptos y Antidemocráticos en Centroamérica del Departamento de Estado, envía un mensaje equivocado al pueblo hondureño en el actual momento de transición de su democracia.

  Finalmente, Robert Menéndez destaca que Estados Unidos debe seguir demostrando su apoyo al estado de derecho y a los pueblos de las Américas, procediendo a identificar, denunciar y sancionar a los funcionarios extranjeros que se encuentran involucrados en el narcotráfico y socavan la democracia en el hemisferio, “sin importar si dichos actores son presidentes o altos funcionarios de países socios (…) Al sancionar al expresidente Hernández en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico y revocar su visa, el gobierno de Biden puede afirmar su compromiso de promover el estado de derecho en Centroamérica y emitir una declaración inequívoca de que la impunidad del gobierno no será tolerada en ningún lugar”.

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