lunes, 16 de mayo de 2022

Cardiólogo venezolano fue acusado por EE. UU. de piratear y diseñar un software de secuestro de datos 'patrocinado por Irán para atacar empresas israelíes'

Por Maibort Petit

   Un cardiólogo de Ciudad Bolívar, Venezuela fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de ser un pirata informático y de haber diseñado un sistema de secuestro de datos (ransomware) patrocinado por el estado de Irán. 


   Moisés Luis Zagala González, de 55 años, sería el autor de dos cepas de ransomware llamadas Jigsaw v.2 y Thanos, según la acusación del gobierno estadounidense.

 Según los investigadores federales, Zagala vendió y alquiló las herramientas de ransomware a los ciberdelincuentes a partir de 2019 y les enseñó a los estafadores cómo usar los programas.

 La demanda, revelada hoy en la Corte Federal de Brooklyn en la ciudad de Nueva York, dice que el médico venezolano diseñó el software con el "contador del fin del mundo", compartió las ganancias de los ataques de ransomware y se jactó del uso por parte de un grupo de piratería patrocinado por la República Islámica de Irán.

 Moisés Luis Zagala González, también conocido como “Nosophoros”, “Esculapio” y “Nabucodonosor”, es un ciudadano franco-venezolano que reside en Venezuela, que fue acusado de realizar intrusiones informáticas y de conspirar para cometer intrusiones informáticas. 

  Los cargos contra Zagala González se derivan del uso y la venta del software, así como de su amplio apoyo y acuerdos de participación en las ganancias con los ciberdelincuentes que usaron sus programas de ransomware.

 La denuncia penal, Zagala dice que el cardiólogo que reside en Ciudad Bolívar, Venezuela, diseñó múltiples herramientas de ransomware, un software malicioso que los ciberdelincuentes utilizan para extorsionar a empresas, organizaciones sin fines de lucro y otras instituciones mediante el cifrado de esos archivos, y luego exigiendo un rescate por las claves de descifrado. 

  "Zagala vendió o alquiló su software a piratas informáticos que lo utilizaron para atacar redes informáticas", advierte la acusación.

 Uno de los primeros productos de Zagala, fue la cepa de una herramienta de ransomware llamada "Jigsaw v. 2", tenía, en la descripción de Zagala, un contador "Doomsday" que registraba cuántas veces el usuario había intentado erradicar el ransomware. Zagala escribió: "Si el usuario elimina el ransomware demasiadas veces, está claro que no pagará, así que es mejor que borre todo el disco duro".

  A fines de 2019, Zagala comenzó a anunciar una nueva herramienta en línea: un "Generador privado de ransomware" al que llamó "Thanos". El nombre del software, dice los documentos federales, parece ser una referencia a un villano ficticio de dibujos animados llamado Thanos, responsable de destruir la mitad de toda la vida en el universo, así como una referencia a la figura "Thanatos" de la mitología griega, que está asociado con muerte. 

  El software de Thanos permitió a sus usuarios crear su propio software de ransomware único, que luego podían usar o alquilar para que lo usaran otros ciberdelincuentes. La interfaz de usuario del software Thanos se muestra a continuación.

  La captura de pantalla muestra, en el lado derecho, un área para "Información de recuperación", en la que el usuario puede crear una nota de rescate personalizada. Otras opciones incluyen un "ladrón de datos" que especifica los tipos de archivos que el programa ransomware debe robar de la computadora de la víctima, una opción "anti-VM" para vencer los entornos de prueba utilizados por los investigadores de seguridad y una opción, como se anuncia, para hacer que el programa de ransomware se "autoelimine".

  En lugar de simplemente vender el software de Thanos, Zagala permitió que las personas lo pagaran de dos maneras. Primero, un criminal podría comprar una “licencia” para usar el software por un cierto período de tiempo. 

  El software de Thanos fue diseñado para hacer contacto periódico con un servidor en Charlotte, Carolina del Norte que Zagala controlaba con el fin de confirmar que el usuario tenía una licencia activa.

  Alternativamente, un cliente de Thanos podría unirse a lo que Zagala llamó un "programa de afiliados", en el que proporcionó acceso de usuario al constructor de Thanos a cambio de una parte de las ganancias de los ataques de Ransomware. 

 Zagala recibió el pago tanto en moneda fiduciaria como en criptomoneda, incluidos Monero y Bitcoin.

  Zagala publicitó el software de Thanos en varios foros en línea frecuentados por ciberdelincuentes, utilizando nombres de pantalla que hacían referencia a la mitología griega. 

   Sus dos apodos preferidos de Zagala eran "Esculapio", en referencia al antiguo dios griego de la medicina, y "Nosophoros", que significa "portador de enfermedades" en griego. En los anuncios públicos del programa, Zagala se jactaba de que el ransomware creado con Thanos era casi indetectable para los programas antivirus y que "una vez que se realizaba el cifrado", el ransomware se "borraría solo", haciendo que la detección y la recuperación fueran "casi imposibles" para la víctima.

 En chats privados con los clientes, Zagala les explicó cómo implementar sus productos de ransomware: cómo diseñar una nota de rescate, robar contraseñas de las computadoras de las víctimas y establecer una dirección de Bitcoin para pagos de rescate. 

  Zagala explicó a un cliente, hablando de Jigsaw: "La víctima 1 paga en la dirección btc [Bitcoin] dada y descifra sus archivos", dice la demanda. 

  Zagala también señaló que “hay un castigo… [si] el usuario reinicia. Por cada repetición, lo castigará con 1000 archivos eliminados”. Después de que Zagala explicara todas las características del software, el cliente respondió: “Señor, realmente necesito decir esto. . . Eres el mejor desarrollador de todos los tiempos”. 

 Zagala respondió: "Gracias, es bueno escucharlo [.] Estoy muy halagado y orgulloso". 

  Zagala solo tenía una solicitud: "Si tiene tiempo y no es demasiado problema para usted, describa su experiencia conmigo" en una reseña en línea.

El FBI entra en acción

  Aproximadamente el 1 de mayo de 2020, una fuente humana confidencial del FBI (CHS-1) discutió unirse al "programa de afiliados" de Zagala. 

  Zagala respondió: “No por ahora. No tenga manchas. Pero Zagala ofreció licenciar el software a CHS-1 por $500 al mes con "opciones básicas" u $800 con "opciones completas".

  El 7 de octubre de 2020 o alrededor de esa fecha, CHS-1 le preguntó a Zagala cómo establecer un programa de afiliados propio usando Thanos. Zagala respondió con un breve tutorial sobre cómo configurar un equipo de ransomware. 

  El cardiólogo explicó que CHS-1 debería encontrar personas "versadas... en la piratería de LAN" y proporcionarles una versión del ransomware Thanos que estaba programada para expirar después de un período de tiempo determinado.

   Zagala dijo que personalmente tenía “un máximo de entre 10 y 20” afiliados en un momento dado, y “a veces solo 5”. Agregó que los piratas informáticos se acercaron a él en busca de su software después de haber obtenido acceso a la red de una víctima: “vienen con acceso a [big] LAN, compruebo y luego acepto [.] bloquean varias redes grandes y esperamos… Si bloqueas redes sin cinta ni nube (copias de seguridad)[,] casi todas pagan[.]”

  Zagala explicó además que, a veces, la red de una víctima resultó tener una copia de seguridad inesperada: “así que no tiene sentido bloquearla porque tienen copias de seguridad, así que en ese caso solo extraemos datos”, refiriéndose al robo de información de la víctima.  

 En la demanda se señala que el acusado agregó a sus clientes que tenía un asociado que "sabe cómo corromper cintas", es decir, copias de seguridad, y cómo "deshabilitar [] AV", es decir, software antivirus.  

  Finalmente, Zagala ofreció darle a CHS-1 dos semanas adicionales gratis después de que caducara la licencia de un mes de CHS-1, y explicó que "porque 1 mes es muy poco para este negocio... a veces es necesario trabajar mucho para obtener buenas ganancias".

  Los clientes de Zagala calificaron favorablemente sus productos. Una persona publicó un mensaje elogiando a Thanos en julio de 2020, escribiendo "Compré el ransomware de nosophoros y es muy poderoso" y afirmando que había usado el ransomware de Zagala para infectar una red de aproximadamente 3000 computadoras. 

  En diciembre de 2020, otro usuario escribió una publicación en ruso: “Hemos estado trabajando con este producto durante más de un mes, ¡tenemos una buena ganancia! El mejor apoyo que he conocido.” 

  Zagala discutió públicamente su conocimiento de que sus clientes usaron su software para cometer ataques de ransomware, incluido un enlace a una noticia sobre el uso de Thanos por parte de un grupo de piratería patrocinado por el estado iraní para atacar a empresas israelíes.

  Alrededor de noviembre de 2021, Zagala seguía usando un tercer nombre de pantalla: "Nabucodonosor". En chats, con una segunda fuente confidencial del FBI (CHS-2), Zagala declaró que había cambiado de alias para preservar la "OPSEC... seguridad operativa" porque "los analistas de malware están sobre mí".

  El 3 de mayo de 2022 o alrededor de esa fecha, los agentes encargados de hacer cumplir la ley realizaron una entrevista voluntaria a un pariente de Zagala que reside en Florida y cuya cuenta de PayPal fue utilizada por Zagala para recibir ganancias ilícitas. 

  El individuo confirmó que Zagala reside en Venezuela y se había formado en programación informática de manera autodidacta. El sujeto también mostró a los agentes, la información de contacto de Zagala en su teléfono que coincidía con el correo electrónico registrado para la infraestructura maliciosa asociada con el malware de Thanos.

  Si es declarado culpable, el acusado enfrenta hasta cinco años de prisión por intento de intrusión informática y cinco años de prisión por conspiración para cometer intrusiones informáticas.

  Este caso está siendo manejado por la Sección de Seguridad Nacional y Delitos Cibernéticos. 

 Los fiscales federales adjuntos David K. Kessler y Alexander F. Mindlin están a cargo de la acusación.




Justicia de EE. UU. : El caso del exalcalde de Guanta, Jhonnatan Marín está relacionado con el empresario corrupto, Carlos Enrique Urbano Fermín (CUFERCA)

   El socio del ex-gobernante municipal fue arrestado en Miami, y en el marco de su proceso, se declaró culpable y 'chivateó' a los que operaron un esquema de corrupción que esquilmó millones de dólares en contratos fraudulentos de PDVSA, cuyos fondos se lavaron en el sistema financiero de EE. UU.: Marín fue una pieza clave en el proceso de blanqueo de capitales.  

Por Maibort Petit

 El caso del exalcalde del Municipio Guanta del estado Anzoátegui, Jhonnatan Marín Sanguino —acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de corrupción y lavado de dinero — está relacionado con uno de sus socios, Carlos Enrique Urbano Fermín dueño de la Constructora Cuferca C.A., que está siendo procesado por blanqueo de capitales y se declaró culpable ante un juez de Miami, de acuerdo a un memorando de los fiscales federales ingresado en el registro de la Corte del Distrito Sur de la Florida.

  Según documentos del tribunal, el caso penal de Marín Sanguino tiene directa relación con el expediente de Carlos Enrique Urbano Fermín. "La Información en la Causa Penal que imputa a Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino con lavado de dinero y cohecho por corrupción venezolana en relación con la adjudicación de contratos de las subsidiarias de la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA", dice la comunicación. 

   El caso penal de Marín Sanguino alega que el ex-funcionario recibió sobornos y/o ganancias de sobornos de dos co-conspiradores (Co-Conspirador 1 y Co-Conspirador 2). Co-Conspirador 2 es Carlos Enrique Urbano Fermín quien fue igualmente imputado por lavado de dinero y soborno relacionado con la corrupción venezolana relacionada, en parte, con la adjudicación de contratos por subsidiarias de PDVSA.

  La fiscalía anunció que el caso criminal de Marín Sanguino será transferido al juez Robert Scola. 

  La magistrada Lisette M. Reid que atendió la primera comparecencia de Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino ante el tribunal estadounidense ordenó que la lectura de cargos contra el acusado se realizará el 23 de mayo de 2022 en la división de Miami ante el magistrado de turno.

El expediente

  En abril de 2022, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una acusación federal aprobada por el Gran Jurado que describe las actividades criminales de este sujeto que también fue acusado por los órganos contralores del régimen venezolano por delitos de corrupción. El exfuncionario utilizó su posición política, su poder y contactos para enriquecerse a costa de dineros públicos perteneciente a los venezolanos.

   En 2019, el Contralor General del régimen de Nicolás Maduro, Elvis Amoroso acusó a Marín de cometer "ilícitas irregularidades que dañaron el patrimonio público" y anunció un procedimiento administrativo en su contra[1] pese que, hasta entonces, se había movido como una importante ficha del oficialismo en el oriente de Venezuela.  La acusación de la Contraloría venezolana no significa que se busque la transparencia en el manejo de los fondos públicos sino que las mafias que operan en el país no distribuyeron los dividendos logrados en los esquemas de corrupción o excluyeron a otros jerarcas de la revolución.

Su huída de Venezuela

  Marín Sanguino renunció a la Alcaldía de Guanta ante los señalamientos de corrupción y posibles acciones denunciadas en su contra. Logró huir de Venezuela a Miami donde vivió con grandes comodidades en un lujoso edificio residencial de Brickell. Posteriormente, el acusado pasó un tiempo en México. En abril de 2022 se entregó a las autoridades de la Florida para enfrentar las acusaciones en su contra. El ex-alcalde contrató para su defensa, a uno de los más experimentados abogados del gobierno estadounidense que tras su renuncia al Departamento de Justicia, pasó a ejercer en un despacho privado.

La acusación del régimen

   En Venezuela, desde el 4 de febrero de 2019 pesaba sobre Marín Sanguino una orden de aprehensión emitida por un tribunal penal del área metropolitana de Caracas. En dicha instancia judicial se le señalaba de la comisión de los delitos de peculado doloso impropio y asociación para delinquir. Igualmente, desde este juzgado se giraron medidas de incautación de bienes y propiedades, así como de bloqueo de cuentas[2]. 

   El contralor también lo inhabilitó desde el 5 de junio de 2020 para ejercer cargos públicos por un periodo de 15 años[6].

   Marín Sanguino, a través de empresas de maletín con cuentas en los Estados Unidos intentó disfrazar la naturaleza de los fondos irregulares obtenidos a partir de la suscripción de contratos con filiales de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco, a saber, Petrocedeño, Petropiar, Petromonagas S.A. Petrolera Sinovensa S.A. y Petromiranda S.A., a cambio de sobornos.

  La acusación que cursa en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida omite el nombre de los socios de Marín Sanguino —solamente los identifica como co-conspiradores 1 y 2, así como ex funcionarios venezolanos 1 y 2— y uno de ellos está bajo custodia de las autoridades.  Este lunes se conoció que el co-conspirador 2 es Carlos Enrique Urbano Fermín.

  Marín Sanguino fue señalado en Venezuela de operar “negocios” corruptos con los hermanos Urbano Fermín, propietarios del Grupo Urbano Fermín integrado por un conjunto de empresas de las cuales destaca la Constructora Urbano Fermín, C.A. (Cuferca) a cuyo cargo estuvieron infinidad de obras en el oriente venezolano, especialmente en el estado Anzoátegui durante el mandato del ahora acusado.

  A esta empresa, Jhonnathan Marín Sanguino les entregó una serie de obras, entre ellas, la “construcción de obras para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio Guanta (…); remoción y pintura, impermeabilización de techos y tanques en el Conjunto residencial Los Cocalitos (…) remoción y Construcción de Cerca Perimetral en Centro de Educación Inicial y Gimnasio Adriana Carmona (…); demolición y construcción de Puentes de la Av. Arizaleta Guanta (…)”

  Cuferca también recibió contratos para desarrollar proyectos en la Faja Petrolífera del Orinoco que han estado caracterizados por irregularidades[6].

  Jhonnathan Marín con sus denominadas "empresas de producción social" de la Alcaldía de Guanta constituyó una red a través de la cual derivó los “contratos de construcción de obras hacia sus compañías de maletín o las de sus allegados, una de ellas la Constructora Urbano Fermín C.A., Cuferca, de Carlos Esteban Urbano Fermín, privado de libertad a por el Tribunal 6° de Control del circuito judicial penal del estado Anzoátegui a solicitud del Ministerio Público, por su vinculación con el presunto desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco, ocurrido entre los años 2010 y 2016. Urbano Fermín figuraba como gerente general de Cuferca y era accionista de diversas compañías contratistas de PDVSA”[7].

  Los negocios irregulares entre Cuferca y Jhonnathan Marín resultaron tan evidentes que hasta el portal oficialista Aporrea denunció que durante unos allanamientos ocurridos en febrero y marzo de 2017, relacionados con una investigación por la adquisición de monoboyas, se encontraron “contratos adjudicados por Petropiar, Petrocedeño y Petromonagas, empresas mixtas de la Faja, a las compañías de la esposa del alcalde”.

  Igualmente, los nexos de Marín Sanguino con el exjefe de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León, son ampliamente denunciados en Venezuela. De acuerdo a los registros de prensa, Marín protagonizó un conjunto de supuestas irregularidades que, igualmente, quedaron evidenciadas con unos documentos obtenidos en un allanamiento realizado en la vivienda de un primo de Pedro León en la urbanización Guaraguao, perteneciente a PDVSA.

 Los documentos, en manos de los funcionarios del régimen venezolano, determinan que un grupo de empresas que habían sido del alcalde Marín, [y que hoy se encuentran a nombre de su esposa, Esneidy Mayerling Villanueva Medina], entre las que se encuentra la Cooperativa Simón Bolívar Hacia el Futuro, habrían sido utilizadas para lograr contratos públicos de manera irregular.

   La prensa local reveló que al ser allanada la sede de esta supuesta cooperativa se localizaron evidencias que daban cuenta de la estrecha relación personal del alcalde y su esposa con el exdirector de la FPO, así como la existencia de negocios entre ellos. 

  Existen otros documentos bajo escrutinio que relacionan las empresas de la pareja Marín-Villanueva con empresas del grupo Cuferca, que incluyen cuentas de gastos de la constructora y registros de importaciones a su nombre con la actuación de la compañía Group Services & Transporte VIP, presidida por Esneidy Villanueva”, según reveló Aporrea[8].

  Carlos Enrique Urbano Fermín es procesado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, donde es acusado de Conspiración para cometer lavado de dinero. El acusado de declaró culpable ante un juez en Miami y acordó colaborar con la justicia.

Referencias

[1] Runrun.es. “Elvis Amoroso ordenó investigar a Ramón Muchacho y Jhonnathan Marín”. 25 de septiembre de 2019. https://runrun.es/noticias/389300/elvis-amoroso-ordeno-investigar-a-ramon-muchacho-y-jhonnathan-marin/

[2] El Nacional. “Jhonnathan Marín renunció a la Alcaldía de Guanta”. 21 de noviembre de 2017. https://www.elnacional.com/venezuela/politica/jhonnathan-marin-renuncio-alcaldia-guanta_212367/

[3] Twitter. Jhonnathan Marín. @jhonnathanmarin. https://twitter.com/jhonnathanmarin/status/1176991821676929026?cxt=HHwWhIC_qe30wdUgAAAA

[4] Al Navío. “Jhonnathan Marín, el político que buscan en Venezuela por corrupción y hace negocios en México (+video)”. 1 de noviembre de 2021. https://alnavio.es/jhonnathan-marin-el-politico-que-buscan-en-venezuela-por-corrupcion-y-hace-negocios-en-mexico-video/

[5] Tal Cual. “Régimen inhabilitó a los exalcaldes Ramón Muchacho y Jhonnathan Marín por 15 años”. 5 de junio de 2020. https://talcualdigital.com/regimen-inhabilito-a-los-exalcaldes-ramon-muchacho-y-jhonnathan-marin-por-15-anos/

[6] Venezuela Política. “Guerra entre fiscales saca a la luz escándalos en la asignación fraudulenta de contratos de la Faja Petrolífera del Orinoco”. 28 de septiembre de 2017. https://www.maibortpetit.info/2017/09/guerra-entre-fiscales-saca-la-luz.html

[7] Venezuela Política. “PDVSA oriente: Centro donde se gestan decenas de negocios fraudulentos”. 21 de julio de 2017. https://www.maibortpetit.info/2017/10/pdvsa-oriente-centro-donde-se-gestan.html

[8] Aporrea. “Conozca el esquema y los actores del Desfalco de la Faja del Orinoco”. 15 de septiembre de 2017. https://www.aporrea.org/contraloria/n314558.html


 

viernes, 13 de mayo de 2022

En un tribunal de WPB: Claudia Díaz Guillén, "la enfermera de Hugo Chávez" se enfrenta a la justicia norteamericana

   Claudia Díaz Guillén, exenfermera y extesorera venezolana aceptó sobornos de Raúl Gorrín a cambio de ser favorecido en negociaciones con el estado venezolano.

Por Maibort Petit

    Este viernes 13 de mayo, un juez de Distrito del estado de la Florida leyó los cargos por corrupción a Claudia Patricia Díaz Guillén, una mujer que pasó de ser una enfermera del exmandatario Hugo Chávez, a Tesorera de Venezuela y posteriormente, una potentada millonaria que vivía entre lujos y caprichos con su marido, Adrián José Velázquez Figueroa quien también es acusado por el gobierno de Estados Unidos por haber cometidos delitos que violan las leyes federales estadounidenses. 

  Díaz Guillén fue extraditada desde Madrid, España el 12 de mayo de 2022, luego de un proceso que buscaba, por medio de acciones legales,  paralizar su entrega [por parte del Reino de España] a las autoridades de los Estados Unidos.  

   En la audiencia de arraigo, el juez auxiliar William Matthewman leyó los cargos por los cuales es acusada Díaz Guillén.  El magistrado se comunicó con la acusada a través de su abogada provisional, Marissel Descalzo. 

  La defensa solicitó una nueva audiencia para presentar todos los recaudos de una fianza. El magistrado Matthewman fijó la cita para el martes 17 de mayo. Este proceso se realiza en la Corte del Distrito de West Palm Beach, tribunal que juzgó a uno de los co-acusados, Alejandro Andrade, quien se declaró culpable y fue sentenciado. Gracias a su colaboración con la justicia y buen comportamiento, la condena de Andrade se redujo en mas de un 60 %. El exfuncionario corrupto está en libertad desde febrero 2022.

Los cargos 

  Díaz  Guillén es señalada de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) al ser acusada formalmente por tres cargos lavado de dinero ante la el Tribunal de Distrito Sur de Florida. La acusación firmada por la exfiscal del Distrito, Adriana Fajardo Orshan, también incluye al marido de la mujer, Adrián José Velázquez Figueroa. Ambos habrían recibido sobornos del empresario, Raúl Gorrín Belisario, a cambio de ser favorecido en negociaciones con el estado venezolano.

  Sobre Gorrín Belisario, la acusación refiere que se ha convertido en un “preocupación nacional” para los Estados Unidos, de acuerdo a lo establecido en la FCPA. Se indica que el referido empresario controlaba las que en la demanda se identifican como “Compañía 1”, “Compañía 2” y “Compañía 3”, todas constituidas y registradas en Panamá.

   La demanda igualmente señala a Alejandro Andrade Cedeño, quien también se desempeñó como Tesorero Nacional entre 2007 y 2010, como otro de los beneficiados con los pagos ilegales emitidos por Gorrín.

  Según varios medios de comunicación, Claudia Díaz tuvo acceso a los registros judiciales del principado de Liechtenstein, una localidad de habla alemana ubicado entre Austria y Suiza, evidenciándose que habría comprado unos 250 lingotes de oro tasados en USD 9,5 millones, una operación que supuestamente se habría llevado a cabo a través de una empresa fantasma registrada en San Vicente y las Granadinas.

    Los datos divulgados por la prensa refieren que el oro se depositó en una bóveda privada en Liechtenstein y que del mismo podrían disponer ella y su hijo cuando este alcance la edad de 18 años. Igualmente se informó que tiempo después una parte del oro fue vendido por un representante de Díaz y el dinero producto de la transacción ingresó a una cuenta en un banco suizo.

  A través de su abogado, Díaz Guillén negó la tenencia del oro, pero las investigaciones hacen referencia a que el banquero suizo, Charles-Henry de Beaumont, quien trabajó en la Compagnie Bancaire Helvetique SA (CBH) habría sido quien llevó a cabo las transacciones de todos los funcionarios venezolanos a cuentas en Suiza, en tiempos en que Claudia Díaz supervisaba las finanzas de Venezuela en la OPEP. Las pesquisas judiciales indican que Beaumont supuestamente trabajó con Danilo Diazgranados, un financiero venezolano señalado por hechos de corrupción.

Doble apelación

  Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, apelaron ante la Audiencia Nacional de España la solicitud de extradición que Venezuela hizo por estar acusada de delitos de blanqueo y enriquecimiento ilícito. Tanto Díaz Guillén como Velásquez se niegan a esta posibilidad pues aseguran que, de ser llevados a Venezuela, serían torturados[1]. Asimismo, Díaz y Velásquez apelaron la petición de extradición que hizo el gobierno de los Estados Unidos a España y que se concretó primeramente con la ex-enfermera de Hugo Chávez.

  En una entrevista concedida a BBC Mundo en 2018, Díaz Guillén reiteró su temor a ser torturada en Venezuela si es extraditada: “Nos torturarían, nos violarían todos los derechos, que de por sí, ya nos los han violado”, criticó que se le estigmatizara señalándola únicamente como la “enfermera de Chávez”, sin tomar en cuenta su preparación académica y su carrera militar.

   Aseguró que, en la última etapa de la enfermedad de Hugo Chávez, ella y el exministro de Planificación, Jorge Giordani, fueron presionados por parte del alto gobierno para cometer actos fuera de la ley. “El ministro y yo estábamos muy sorprendidos de cómo con el presidente en sus últimos momentos de vida eran capaces de emitir este tipo de instrucciones, como un poco aprovechándose de que él estaba en sus últimos momentos”[2].

La acusación

  El 30 de octubre del 2020, la fiscal Adriana Fajardo Orshan presentó ante el Tribunal de Distrito Sur de Florida la acusación contra Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, por los delitos de Conspiración para cometer blanqueo de capitales y Blanqueo de instrumentos monetarios.

   Este caso involucra, además de Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, a Raúl Gorrín Belisario, algunas de sus empresas y a Alejandro Andrade Cedeño.

El primer cargo

   La acusación refiere, respecto al delito de Conspiración para cometer blanqueo de capitales, que se le imputa a Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, que entre 2008 y 2017, en los condados de Miami-Dade y Palm Beach, en el distrito sur de Florida, así como en otros lugares, los acusados se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron entre sí y con otros conocidos y desconocidos en los Estados Unidos acciones que violan el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

 El gobierno de Estados Unidos precisa que los demandados habrían conspirado para transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde con la intención de promover la realización de una actividad ilegal, violatoria de la FCPA bajo el Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 y 78dd-3; así como también un delito contra una nación extranjera que involucra el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos o en beneficio de este, lo cual viola el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

  Específicamente, la acusación señala que Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa estuvieron de acuerdo con Raúl Gorrín Belisario y otros, para transportar, enviar, transferir y hacer que se transporten, transmitan y transfieran fondos de Suiza a los Estados Unidos, esto con el objetivo de promover un esquema de soborno a funcionarios extranjeros en Venezuela, entre ellos Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén.

  El pago de dichos sobornos significaría para Gorrín Belisario la obtención de negocios.

Cómo operó la conspiración

  Narra la acusación que la conspiración de Claudia Patricia Díaz Guillén, Adrián José Velásquez Figueroa implicó que cuando Raúl Gorrín Belisario residía en el Distrito Sur de Florida, discutió con ellos el pago de sobornos, tanto a ella como a Alejandro Andrade Cedeño.

  Raúl Gorrín Belisario también ofreció y pagó sobornos, directa e indirectamente, a Díaz Guillén y a Andrade, con el propósito de asegurarse la adjudicación de negocios y obtener ventajas comerciales.

  Igualmente, Gorrín Belisario utilizó las cuentas bancarias de la Compañía 1, la Compañía 2 y la Compañía 3, y su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, como conducto para el pago de los sobornos a Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén.

  Refiere la acusación que Raúl Gorrín, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velásquez Figueroa, junto con otros, mientras se encontraban en el Distrito Sur de Florida, transfirieron ciertos fondos de las cuentas bancarias de la Compañía 1, Compañía 2 y Compañía 3, así como de su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, en Suiza, para promover el esquema de soborno ilegal.

   Agrega que Raúl Gorrin Belisario, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, promovieron el pago de sobornos en beneficio de la primera e, incluso a través de su cónyuge, Velásquez Figueroa, con el fin de promover el esquema de sobornos.

   Los acusados, junto con otros, entre ellos Raúl Gorrín instaron pagos a terceros para cubrir gastos de diversos artículos de lujo a su favor en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, a través del esquema de soborno ilegal.

Los otros cargos

   Respecto a los cargos 2 y 3 de acusación referidos al Blanqueo de instrumentos monetarios, la acusación indica que el 15 de marzo de 2013, a los acusados se les transfirieron USD 281.051 desde una cuenta en Suiza, a una cuenta en el distrito sur de la Florida.

  También el 17 de mayo de 2013, recibieron una transferencia bancaria por USD 4.000.000 cuenta en Suiza a una cuenta en Estados Unidos, específicamente en el Distrito Sur de Florida.

Penalidades

  La acusación promueve que, de ser declarados culpables, a Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa se les confisque cualquier propiedad en Estados Unidos, relacionada con los delitos que se le imputan

   Si alguna propiedad sujeta a decomiso no se puede localizar, ha sido transferida o vendida a un tercero, ha disminuido su valor o se ha ubicado fuera de la jurisdicción de la corte, los Estados Unidos tendrán derecho a la confiscación de una propiedad sustituta.

[1] Tal Cual. “AP: Ex-enfermera de Chávez habría guardado oro en una bóveda secreta”. 3 de agosto de 2020. https://talcualdigital.com/ap-exenfermera-de-chavez-habria-guardado-oro-en-una-boveda-secreta/

[2] BBC Mundo. “‘Cuando Chávez ya no podía ejercer el poder, recibimos instrucciones ajenas a la ley’: Claudia Díaz Guillén, la exenfermera que quiere evitar ser extraditada a Venezuela”. 13 de diciembre de 2018. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46480037

miércoles, 11 de mayo de 2022

El Tigre Bonilla, exjefe de la Policía Nacional de Honduras fue presentado ante un juez en NY, el acusado se declarará no culpable de delitos de narcotráfico

   El tribunal le asignó un abogado público. La próxima audiencia será el 10 de junio de 2022.

Por Maibort Petit

   El exjefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias "El Tigre" fue presentado este miércoles ante un juez de Nueva York para la lectura de cargos en una acusación federal en su contra que lo señala de haber abusado de su cargo oficial para proteger cargamentos de cocaína y asesinar a un narcotraficante rival como parte de una conspiración que involucra a políticos hondureños de alto rango y miembros de las instituciones de aplicación de la ley. 

   Bonillas Valladares fue extraditado de Honduras a Estados Unidos el martes 10 de mayo, llegó al aeropuerto de White Plane en las cercanías de la ciudad de Nueva York a las 8:40 PM en un vuelo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El exjefe de Policía hondureño fue trasladado al Centro Metropolitanos de Detención de Brooklyn (MDC) donde estará hasta que concluya su proceso.

   El expolicía fue presentado hoy ante la juez federal Katharine H. Parker para la audiencia de arraigo. En el marco de la audiencia se le asignó un abogado público, luego que el acusado firmó un declaración jurada de incapacidad financiera para pagar su propia defensa.

    En el marco de la audiencia, la magistrada Parker le dijo a Bonilla que tenía derecho a la asistencia de los representantes diplomáticos de su país. La próxima audiencia de Bonilla será el 10 de junio de 2022.

  Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Anne Milgram, Administradora de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), anunciaron hoy en un comunicado la extradición de Bonilla Valladares, alias "El Tigre”, por cargos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. 

   Williams dijo: “En lugar de usar su posición de alto poder como Jefe de la Policía de Honduras para combatir el narcotráfico, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias 'El Tigre', explotó corruptamente su posición para proteger y ayudar a los organizaciones narcotraficantes que estaba obligado a desbaratar. Con su apoyo y protección, los asociados de Bonilla Valladares se convirtieron en un conducto crítico para el tráfico de drogas de Centroamérica a los Estados Unidos:. 

    El fiscal aseguró que la extradición  de Bonilla Valladares demuestra que nadie está exento "en virtud de su título o posición de autoridad, incluso los presidentes y jefes de policía extranjeros, de un proceso penal por contribuir a la avalancha de narcóticos ilegales en este país que causa tanto daño”.

En un comunicado de prensa de la fiscalía, la administradora de la DEA, Anne Milgram, aseguró que “El expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández no habría llegado al poder y no se habría beneficiado con éxito de las ganancias masivas de las drogas si no hubiera sido por su amplia red de asociados corruptos. Estos asociados, incluido Bonilla Valladares, también explotaron sus posiciones para traficar cocaína a los Estados Unidos y proteger violentamente a otros traficantes de drogas con conexiones políticas, todo para su propio beneficio personal". 

   Milgram afirmó que Bonilla Valladares "traicionó aún más al pueblo hondureño al usar su placa de policía para encubrir sus crímenes". 

  Agregó que "la extradición de Bonilla Valladares demuestra una vez más al mundo que los funcionarios corruptos no pueden esconderse detrás de sus cargos". 

  "La DEA, en coordinación con nuestros socios estadounidenses e internacionales, no se detendrá ante nada para llevar ante la justicia a cualquiera que amenace la seguridad y la salud de los estadounidenses”, dijo la jefe de la Unidad en Nueva York.


Según las alegaciones contenidas en la Demanda contra BONILLA VALLADARES, las pruebas presentadas en el juicio de octubre de 2019 de Juan Antonio Hernández Alvarado (“Hernández Alvarado”) en el Distrito Sur de Nueva York, y las declaraciones en audiencia pública durante el enjuiciamiento de Hernández Alvarado[ 1]:

Los cargos

  Según la acusación federal, aproximadamente entre 2003 y 2020, múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas, y con el apoyo de ciertas personas públicas y privadas, incluidos políticos hondureños y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para recibir cargas de varias toneladas de cocaína enviadas desde Honduras a Estados Unidos.

   El documento de la corte dice que la cocaína venía entre otros lugares, de Colombia y Venezuela a través de rutas aéreas y marítimas. Los narcotraficantes con la ayuda de políticos y policías,  transportaban la droga desde el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y eventualmente a los Estados Unidos. 

  "Para protegerse de la interferencia de las fuerzas del orden y para facilitar el paso seguro a través de Honduras de cargamentos de varias toneladas de cocaína, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos presidentes, miembros del Congreso Nacional de Honduras y personal del Gobierno hondureño, de la Policía Nacional, incluido Bonilla Valladares".

   La demanda dice que Bonilla Valladares fue miembro de la Policía Nacional de Honduras entre aproximadamente 1998 y aproximadamente 2016. Durante su mandato, ocupó cargos de alto rango, incluido el de Jefe de Policía Regional con autoridad sobre ubicaciones en el occidente de Honduras que eran estratégicamente importantes para los narcotraficantes, y Jefe de Policía la Policía Nacional de Honduras para todo Honduras entre aproximadamente 2012 y aproximadamente 2013. 

  Asegura la acusación que Bonilla Valladares explotó de manera corrupta estos cargos oficiales para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger a la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineaba, incluidos ex el congresista hondureño Tony Hernández Alvarado y el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, a quien se hace referencia en la Demanda acusando a Bonilla Valladares como “CC-4”.

  Agrega que "a cambio de sobornos pagados con ganancias de drogas, Bonilla Valladares ordenó a miembros de la Policía Nacional de Honduras, que estaban armados con ametralladoras, que dejaran pasar cargamentos de cocaína a través de retenes policiales sin ser inspeccionados ni incautados. 

  Igualmente sostienen los fiscales que Bonilla Valladares, en coordinación con Hernández Alvarado y otros, también proporcionó a los miembros de su conspiración información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar los envíos de cocaína, incluyendo información sobre operaciones de interdicción aérea y marítima.

  Alrededor de 2010, Tony Hernández Alvarado le dijo a un testigo colaborador (CW-1) que los hermanos Hernández Alvarado ayudaron a Bonilla Valladares a avanzar en su posición dentro de la Policía Nacional de Honduras, y que alias El Tigre, protegió sus actividades de tráfico de drogas a cambio de sus privilegios. 

  Hernández Alvarado también le dijo a CW-1 que Bonilla Valladares era un hombre muy violento, y que los Hernández Alvarado le confiaron a Bonilla tareas especiales, incluido el asesinato. 

 Por ejemplo, en o alrededor de julio de 2011, Bonilla Valladares participó en el asesinato de un narcotraficante rival a pedido de Hernández Alvarado y otros porque el traficante rival había intentado evitar que Hernández Alvarado y otros miembros de la conspiración transportaran cocaína a través de una región del occidente de Honduras cerca de la frontera con Guatemala.

  El acusado ha negado todos los cargos y ha señalado que irá a juicio en Nueva York para demostrar que las acusaciones de los fiscales están basadas en los testimonios de narcotraficantes que fueron supuestamente perseguidos y arrestados por el mismo Bonilla.

   La Demanda acusa a Bonilla Valladares, de 62 años, de los siguientes cargos: 

(1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, 

(2) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover, la conspiración de importación de cocaína; y 

(3) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína. 

 Si es declarado culpable, Bonilla Valladares enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua por el primer cargo, una sentencia mínima obligatoria de 30 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua por el segundo cargo, y una término máximo de cadena perpetua en el Cargo Tres.

  La fiscalía informó que el enjuiciamiento de Bonilla Valladares es parte de una operación de las Fuerzas de Tareas de Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF). OCDETF identifica, interrumpe y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos utilizando un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales e impulsado por inteligencia. 

  Este caso está a cargo de la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Fiscalía y la representación del gobierno está en manos de los fiscales federales adjuntos Jacob H. Gutwillig, Michael D. Lockard, Jason A. Richman y Elinor L. Tarlow.

martes, 10 de mayo de 2022

Expresidente de Honduras se declaró no culpable de cargos de narcotráfico ante un juez de NY, defensa denuncia que JOH es tratado como un terrorista

  La defensa denunció ante el juez que al exmandatario se le están violando los derechos, incluyendo la posibilidad de comprar comida en el comisariato, consultar correos electrónicos, llamar a su familia, hacer ejercicios una hora al día y hablar con sus abogados para preparar su juicio.

Por Maibort Petit

  Durante la primera audiencia presencial del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York., el ex-mandatario se declaró no culpable de los cargos interpuestos en su contra por el gobierno de los Estados Unidos que incluyen conspiración para narcotráfico y dos de uso de armas.

      El exmandatario llegó a la sala del juez Kevin Castel vistiendo un uniforme de presidiario color azul, una camiseta y zapatos deportivos naranja. Se le veía sereno, pálido y bastante delgado. Cuando el magistrado le preguntó si se declaraba culpable o no culpable, en español dijo: "No culpable su señoría".

     En el marco de la audiencia el abogado de Hernández, Raymond Colón denunció ante el juez lo que la defensa considera una violación de los derechos del ex-mandatario, al señalar que es tratado como un terrorista a pesar que en este caso no hay violencia. En ese sentido,  afirmó que no sabía por qué Hernández está en una celda aislado las 24 horas del día, no se le permite hacer ejercicios, el sistema rechaza el dinero que la defensa le deposita para que pueda comprar comida en el comisariato de la cárcel, no puede llamar a su familia como el resto de los recluidos en el Centro Metropolitano de Brooklyn, y no puede leer correos electrónicos ni reunirse con la defensa para prepararse para el juicio.

   El magistrado Castel ordenó a los fiscales tomar nota de toda la denuncia y presentar un reporte ante su despacho en 7 días, aclarando que las condiciones descritas por el abogado Colón no representan la esencia del sistema de justicia de Estados Unidos, ni del gobierno, prometiendo que todo acusado tiene derecho a los beneficios denunciados y a ser tratado con respeto, tal cual lo establecen las leyes del país.

   El juez también ordenó a los fiscales preparar las evidencias del caso que incluyen grabaciones de reuniones, documentos, datas extraída de aparatos electrónicos, información sobre redes sociales y otras evidencias fuertes. El descubrimiento (evidencias del caso) deben ser entregadas a la defensa en 60 días, y las mismas deben incluir pruebas que ayuden a exculpar al acusado.


 ya había comparecido virtualmente a la presentación inicial ante un juez accidental de Manhattan, cuando fue extraditado a los Estados Unidos. Mañana, el juez del caso Kevin Castell leerá el expediente en el que se describen los detalles de la acusación contra Hernández, acusado de haber formado parte de una conspiración para enviar cocaína a suelo estadounidense, utilizando para ello su poder político como jefe de Estado.


    Una vez concluyó la audiencia, Hernández agradeció a sus abogados y saludó a los presentes en la sala levantando el brazo. De manera poco regular, algunos activistas que estaban en la sala gritaron insultos contra el exmandatario sin que hubiese un llamado de atención por parte de los alguaciles de la corte. 

     Una vez fuera de las instalaciones, el abogado de JOH, explicó que estaban realizando los trámites para solicitar una fianza ante el tribunal, para lo cual se requiere que se presenten los documentos de las propiedades de los garantes, que forman parte de la comunidad judía de Honduras y de Nueva York.

    La defensa de Hernández informó que "está preparada para desmontar las acusaciones de los fiscales federales, y que para ello están elaborando una investigación detallada de los testigos de la fiscalía, que en su mayoría son narcotraficantes extraditados cuando JOH era presidente".

La estrategia de la defensa

  Tan pronto el nombre de Juan Orlando Hernández surgió en anteriores procesos judiciales que tuvieron lugar en 2019 en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, este comenzó a negar la veracidad de las afirmaciones que testigos del gobierno habían expresado en dichos juicios.

  JOH sostiene que los señalamientos en su contra no son más que una “venganza” de los narcotraficantes que fueron extraditados a Estados Unidos durante su gobierno.

  En aquel entonces escribió en su cuenta personal en la red social Twitter: "Ahora vean como delincuentes confesos que han cometido los peores crímenes, expolicías depurados, políticos buscando venganza, (los narcotraficantes) buscando que les rebajen sus penas dicen y dirán cualquier bajeza para sacarse clavos y obtener, entre otros, beneficios en sus sentencias".

  Durante el juicio de Juan Antonio Hernández Alvarado, el fiscal federal, Jason A. Richman, le dijo al jurado que JOH había recibido un millón de dólares como contribución de Joaquín “Chapo” Guzmán a su campaña electoral. La defensa de Hernández ha referido que el abogado de Guzmán negó esa afirmación del fiscal en unas declaraciones publicadas en The New York Post.

   De hecho, el defensor de Guzmán, Jeffrey Litchman calificó en 2019, en el marco del proceso contra su cliente que se desarrolló en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que la acusación contra JOH era mentira.

  “No hay ningún testimonio de que el Chapo Guzmán haya sobornado al presidente de Honduras”, dijo Lichtman. “En todo caso, lo hizo uno de los testigos del gobierno y su gran grupo de cooperadores”(1).

  Otro argumento que ha esgrimido a su favor JOH y que seguramente será un elemento usado por la defensa, es el hecho de que la Constitución Política de la República de Honduras de 1982, establecía en su artículo 102 que “Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero”[7], siendo él durante su gestión como presidente del Congreso, quien promovió la reforma constitucional que permitió la entrega de narcotraficantes a Estados Unidos. Asimismo, ya en el ejercicio de la presidencia de Honduras, JOH aprobó la extradición de 32 narcotraficantes, aunque efectivamente se extraditaron 31, pues uno deberá purgar primero condena en Honduras para luego ser entregado a la justicia de EE. UU. Esto podría haber sido simplemente un método de sacar de en medio a competidores y rivales, han alertado algunos analistas consultados.

  Voceros de la defensa de Hernández han señalado extraoficialmente que la Fiscalía estadounidense subirá, aproximadamente, 32 testigos al estrado para sustentar su acusación más allá de la duda razonable. Se adelantado además que los defensores del hondureño buscará enfrentarlas con la declaración de 16 testigos.

  Apuntar al descrédito de los testigos del gobierno sería el objetivo de los abogados Colón y Pérez, toda vez que el principal de los convocados de la fiscalía sería quien, igualmente, ha jugado un papel estelar en anteriores causas, a saber, Devis Rivera Maradiaga, exlíder de Cartel de Los Cachiros, como también lo serían los hermanos Valle Valle, quienes presentan un amplio prontuario criminal.

  Poner en duda ante el jurado tales testimonios recordando, por ejemplo, que el propio Rivera Maradiaga admitió en corte su participación en el asesinato de más de 75 personas, seguramente será la estrategia y el objetivo de los abogados cuando enfrenten en el estrado las afirmaciones de los testigos.

  Colón dijo a los periodistas a las afueras de la corte que la defensa estaba  lista para desmentir los señalamientos que en contra de JOH esgrimen los fiscales.

  Colón aseguró que "tienen todo preparado para tratar de desvirtuar frente a los jueces en una primera parte la acusación de los narcotraficantes contra Hernández indicando que se trata de una venganza".

Los testigos de las partes

  Uno de los testigos que presentará la fiscalía en este caso es el líder del violento cártel hondureño conocido como los Cachiros, Devis Rivera Maradiaga que ha participado como testigo cooperante del gobierno en los principales casos de narcotráfico de Honduras, incluyendo el de Fabio Lobo, hijo del expresidente, Pepe Lobo y Juan Antonio Hernández, hermano del expresidente, Juan Orlando Hernández, ambos sentenciados en Nueva York por delitos de narcotráfico.

  Ángel Martínez, un investigador privado de Estados Unidos, contratado por el despacho de abogados defensores de Juan Orlando Hernández, para investigar a los testigos de la fiscalía, ha sorprendido con algunas afirmaciones. Este investigador sostiene que el gobierno ha levantado su caso únicamente con el testimonio de narcos, algo que podría hacer tambalear la acusación ante el jurado, toda vez que la defensa se enrumbará a descalificar a los exlíderes de los Cachiros y el Clan Valle Valle.

  Y aunque luzca algo peregrina, Martínez ha dejado colar una tesis que asegura que la carta bajo la manga del gobierno sería Tony Hernández, a quien los fiscales estarían presionando para que acceda a testificar contra su propio hermano. “La clave de este juicio es convencer a ‘Tony’ Hernández porque si es el hermano que habla, el jurado lo va a ver desde otro ángulo, porque él puede salvarse o salvar a su hermano”[3].

   Por su parte, los abogados de Juan Orlando Hernández han indicado que mientras la fiscalía sentará en el estrado a testificar a delincuentes para poder respaldar su acusación, la defensa llamará a altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno estadounidense a objeto de que reiteren ante el jurado lo que muchas veces, en ocasiones anteriores, han asegurado acerca de su defendido.

  Y es que durante las administraciones de Barack Obama y Donald Trump, se calificó al entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, como un aliado de los EE. UU. y gran colaborador en materia de lucha contra el narcotráfico. La defensa, ha dicho, echará mano de información publicada por el Departamento de Estado y el Comando Sur de los Estados Unidos, que así lo certificarían.

Se juzgarán conductas y no opiniones

  Fuentes consultadas por Venezuela Política ven como un hecho muy poco probable el que la defensa pueda llamar a declarar en favor de JOH, a los expresidentes Obama y Trump, así como a los exsecretarios de estado, Hillary Clinton y Mike Pompeo, o al jefe del Comando Sur, quienes calificaron Hernández como un gran socio de los EE. UU. en materia de lucha contra el narcotráfico. Mucho menos al actual presidente, Joe Biden, quien ejerció como vicepresidente en gestión de Obama.

 Estas mismas fuentes advirtieron que aún cuando la defensa argumente que el propio gobierno estadounidense ha destacado el papel de JOH en la lucha contra el narcotráfico en otras ocasiones, y busque descalificar a los testigos del gobierno, será difícil que pueda rebatir los hechos y acciones en que habría incurrido el expresidente Hernández y que muy seguramente presentará la fiscalía como sustento del caso.

  No desestiman a rajatabla que el juez llame a los exaltos funcionario gubernamentales de EE. UU. a declarar, pero lo ven con muy poco probable. 

  La acusación contra JOH seguramente contendrá hechos concretos, específicos que son los que realmente conforman la base del caso contra con el expresidente hondureño. Es el comportamiento de Juan Orlando Hernández lo que se juzgará en el Tribunal del distrito Sur de Nueva York, no las opiniones sobre él. Subrayan que, en todo caso, lo que quedaría en evidencia es la doble vida de Hernández, quien a modo de mampara habría exhibido una conducta ante sus homólogos y el gobierno de EE. UU., mientras que al mismo tiempo llevaba a cabo los actos por los cuales ahora se le juzgará.

  En todo caso, nuestras fuentes expertas advierten que esta no sería la primera vez que la justicia de EE. UU. siente en el banquillo de los acusados a antiguos aliados, tal fue el caso de Manuel Noriega, ex-dictador de Panamá.

  Lo que sí no descartan estas fuentes es que este juicio sirva para ponderar y censurar la poca previsión de las pasadas administraciones a la hora de emitir sus reconocimientos.

    El juez Castel fijó como probable fecha del juicio el 17 de enero de 2023. Pidió a las partes que dejarán el calendario abierto para que en la fecha por él seleccionada se inicie la selección del jurado que tendrá la responsabilidad de juzgar a un expresidente que jugó un rol protagónico en las alianzas de EE. UU. en los países del triángulo norte para la lucha contra el narcotráfico en la región. 

Cazador cazado.

[1] EFE. “Hernández atribuye a venganza la denuncia de que usó dinero del narcotráfico”. 4 de agosto de 2019. https://www.efe.com/efe/espana/mundo/hernandez-atribuye-a-venganza-la-denuncia-de-que-uso-dinero-del-narcotrafico/10001-4036843

[2] Venezuela Política. “Fiscalía de EE. UU. asegura que el presidente de Honduras recibió un millón de dólares para su campaña de Joaquín El Chapo Guzmán”. 2 de octubre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/10/fiscalia-de-ee-uu-informa-que-el.html

[3] Justia Honduras. Constitución Política de la República de Honduras de 1982. https://honduras.justia.com/federales/constitucion-politica-de-la-republica-de-honduras-de-1982/titulo-iii/capitulo-ii/



viernes, 6 de mayo de 2022

Estos son los delitos por los que EE. UU. acusa al exalcalde de Guanta, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino

   La demanda contra el político chavista responde a esquema de sobornos a funcionarios corruptos del régimen de Nicolás Maduro a cambio de contratos millonarios de PDVSA.

Por Maibort Petit

  El exalcalde de Guanta, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de conspirar, junto a contratista y dos ex-funcionario de Venezuela,  para obtener contratos y otras ventajas comerciales con las filiales de PDVSA a través de la corrupción y el soborno y realizar transacciones en el sistema financiero norteamericano.

  La acusación federal del EE. UU. contra Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino señala que el exalcalde, y sus socios  "promovieron un esquema corrupto que les permitió ocultar y disfrazar la naturaleza, el origen, la propiedad y el control del dinero producto de su delito".

   La querella contra Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino indica que los delitos se realizaron gracias a contratos de PDVSA y sus subsidiarias, las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco: Petrocedeño, Petropiar, Petromonagas S.A. Petrolera Sinovensa S.A. y Petromiranda S.A. 

   El documento está firmado por el Fiscal General del Distrito Sur de la Florida, Juan Antonio González y el fiscal asistente, Michael N. Berger. En el mismo se afirma que Marín Sanguino cometió los delitos cuando era un servidor público en la Alcaldía del Municipio Guanta, donde se ubica la Faja Petrolífera del Orinoco.

  Según la demanda, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino usó una compañía (1) en el estado de la  Florida para operar cuentas bancarias en instituciones ubicadas en Miami y así  cometer los delitos que se le acusan. 

"Los co-conspiradores (1) y (2) fueron contratistas que obtuvieron contratos con los Subsidios de PDVSA y mantuvieron pagos en efectivo para sus empresas en el Distrito Sur de Florida", dice la acusación.

  Asimismo, señala que "los funcionarios públicos venezolanos (1) y (2) fueron altos agentes en los Subsidios de PDVSA y trabajaban para el Estado.

  Según la demanda, a partir de 2013 [o alrededor de 2013], y continuando hasta 2018, en el Distrito Sur de Florida, y en otros lugares, el demandado, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino cometió delitos a sabiendas y voluntariamente, es decir, "con la intención de promover el objeto de la conspiración, combinar, conspirar, confederar y estar de acuerdo con otros que conocen y conocen el Estados Unidos, incluyendo pero no limitado a dos co-conspiraciones (1) y (2) y dos funcionarios venezolanos (1) y (2) para cometer crímenes contra la ley de Estados Unidos".

  Refiere que Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino y sus socios, "conspiraron para realizar transacciones financieras, que involucraban el producto de una actividad ilícita específica, con la intención de promover un delito contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucró un soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos por y para el beneficio de un funcionario público, según lo dispuesto en el Título 18 ,Código de los Estados Unidos, Sección 1956(c)(7)(B)(iv), violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a)(1)(A)(i)".

  En esencia, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino está acusado de haber hecho y diseñado una transacción financiera que buscaba disimular que era un soborno de un funcionario público, y la apropiación indebida, el robo y malversación de fondos públicos para el beneficio de un funcionario público.

   El documento federal dice que Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino [y sus co-conspiradores], transportó, transmitió y transfirió  un instrumento monetario y fondos desde Estados Unidos hacia el exterior, con la intención de promover la realización de actividades ilícitas especificadas en la ley.

   El propósito de la conspiración ejecutada por Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino y sus co-conspiradores era obtener contratos y otras ventajas comerciales con las Filiales de PDVSA a través de la corrupción y el soborno.

 Igualmente, "Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino y sus socios buscaban realizar transacciones financieras que promovieron el esquema corrupto y que ocultaron y disfrazaron la naturaleza, la fuente, la propiedad y el control del producto de su delito en un delito", acota la querella. 

  Dicha conspiración se realizó mientras se encontraban en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares de los Estados Unidos.

  En la acción judicial de 11 páginas, se destaca que Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino acordó con otros, incluidos los co-conspiradores 1 y 2, pagar sobornos en beneficio de los funcionarios venezolanos 1 y 2, para conseguir los contratos de PDVSA y sus filiales en la Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela.

   Marín Sanguino utilizó su posición en el gobierno de Venezuela para influir en los funcionarios de PDVSA para que éstos otorgaran contratos a las empresas de los co-conspirador.

Como resultado de la indebida influencia del exalcalde sobre los funcionarios en las filiales de PDVSA se logró crear y ejecutar un esquema de sobornos que involucra a dos funcionarios públicos venezolanos.

  Las compañías del co-conspiradores (1) recibieron decenas de millones de dólares de contratos de las subsidiarias de PDVSA en cuentas del Sur de la Florida.

  Para promover el esquema de soborno ilegal, el co-conspirador 1 transfirió cablegráficamente los ingresos obtenidos de estos contratos con las Subsidiarias de PDVSA a las cuentas controladas y mantenidas por Marín Sanguino en los Estados Unidos, así como a las cuentas bancarias para el beneficio de los funcionarios de Venezuela (1) y (2).

   En total,  Marín Sanguino y sus socios acordaron ocultar los sobornos pagados, por los co-conspiradores 1 y 2. "Ordenaron que se hicieran en nueve pagos dentro y fuera de los Estados Unidos para que se entregaran a los beneficiarios".

  En enero 5 de 2015, Marín causó que el co-conspirador 2 transfiriera $100.000 de su cuenta bancaria en Panamá a la cuenta bancaria de la compañía de Marín en Miami, Florida.

  El 20 de diciembre de 2016, Marín hizo que el co-conspirador 1 transfiriera $250.000 desde su cuenta bancaria a la cuenta en Miami, a la cuenta de la cuenta controlada por el exalcalde de Guanta en Miami, Florida.

  En diciembre de 2016, Marín y el co-conspirador 1 enviaron aproximadamente $1,209,956. de la cuenta del co-conspirador 1 en Miami a una cuenta de banco en Panamá que beneficiaba a los dos funcionarios gubernamentales de Venezuela.

  El 2 de enero de 2018, Marín hizo que el co-conspirador 1 transfirieron aproximadamente $15.000 de su cuenta de banco en Miami a la cuenta de la empresa  de Marín en Miami, Florida.

  La acusación federal contra Marín Sanguino tiene fecha del 21 de abril de 2022.

  El 25 de abril de 2022, el abogado Michael Brian Nadler (ex-fiscal Federal de la Florida que persiguió la corrupción chavista cuando trabajaba como abogado del gobierno de EE.UU.) representó a Marín en este caso. Hubo una audiencia de 3 minutos  ante el juez, Chris M. McAliley, donde se produjo la comparecencia inicial de Marín Sanguino.

 En esa misma audiencia, se presentó una fianza bajo un Bono de Garantía Personal (STIP) de $100.000 que le permitió salir en libertad y permanecer fuera de la cárcel durante el procedimiento.

  El acusado dio su consentimiento para comparecer a través de video conferencia y se fijó una nueva audiencia para el 16 de mayo a las 10 AM. ante el juez de turno de la Miami. 

Orden del juez: Libertad bajo fianza

 De conformidad con la Ley de Protección del Debido Proceso, el Tribunal confirmó la obligación de los Estados Unidos de revelar al acusado todas las pruebas exculpatorias, es decir, pruebas que favorecen al acusado o ponen en duda el caso de los Estados Unidos, según lo exige la Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963).

   En una comunicación, el magistrado ordenó a los fiscales de los Estados Unidos  revelar cualquier evidencia que sirva para negar la culpabilidad de los acusados, la credibilidad de un testigo o que reduzca una sentencia potencial. 

   En la orden de McAliley, se asegura que el demandado tiene derecho a esta información de los fiscales sin una solicitud. "La falta de divulgación de pruebas exculpatorias de manera oportuna puede tener consecuencias, que incluyen, entre otras, la exclusión de pruebas, instrucciones adversas del jurado, desestimación de cargos, procedimientos por desacato, medidas disciplinarias o sanciones por parte del Tribunal".   

  La fianza por $100,000.00 a nombre de Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino fue aprobada por el juez  McAliley, el 27 de abril de 2022, en la cual se fijaron las condiciones de liberación.