sábado, 6 de marzo de 2021

Extradición de hijos del expresidente Ricardo Martinelli continúa en suspenso

    Será el próximo lunes 8 de marzo cuando se lleve a cabo la audiencia que habrá de decidir si Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares será entregado a las autoridades de los Estados Unidos donde se le acusa de lavado de dinero.

Por Maibort Petit

   Aun cuando el pasado viernes 5 de marzo  se esperaba que el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala revisara la causa de Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño, Ricardo Martinelli, acusado junto a su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, de delitos de lavado de dinero, habrá que seguir esperando por tal decisión.

   Los hijos del ex mandatario de Panamá son solicitados por la Corte del Distrito Este de Nueva York para que respondan ante esa instancia judicial de los delitos de que le acusa la fiscalía de dicha jurisdicción, razón por la cual requieren a las autoridades de Guatemala donde ambos se encuentran detenidos, que sea extraditados para que se enfrenten a la justicia de los Estados Unidos.

  Sin embargo, la audiencia se suspendió a solicitud de la defensa de Luis Enrique Martinelli Linares, la cual alegó necesitar más tiempo para revisar el expediente. Ahora será el próximo lunes 8 de marzo, cuando la audiencia tenga lugar.

  El abogado de Martinelli Linares sostiene que el tribunal no es competente para dirimir el caso de su cliente, pues que se estaría violando, según él, la presunta inmunidad diplomática del hijo del exmandatario panameño. Alega Luis Enrique Martinelli Linares, al igual que su hermano, es diputado suplente del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Pero el organismo regional informó ninguno de los dos ha sido juramentado, ni ha tomado posesión del cargo, pese a que resultaron electos en las elecciones generales panameñas, de mayo de 2019[1].

El caso

  Ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, Julia Nestor, Fiscal Federal Auxiliar en el Distrito Este de Nueva York, especialista en derecho penal relacionado con las violaciones de los estatutos de fraude financiero y corrupción, incluidos delitos relacionados con fraude electrónico, fraude postal, fraude de valores, ley de prácticas corruptas en el extranjero, blanqueo de capitales y conspiración para cometer esos delitos, presentó declaración jurada con relación al caso que en esa instancia judicial se sigue en contra de Luis Enrique Martinelli Linares.

   Refirió la fiscal Nestor que se encuentra familiarizada con las pruebas presentadas por la fiscalía en el contra de Martinelli Linares, en el caso que surgió de una investigación a la empresa brasileña Odebrecht S.A, empresa la cual opera en al menos 27 países en las áreas de ingeniería, construcción, infraestructura, energía, productos químicos, servicios públicos y bienes raíces. La investigación reveló la existencia de un esquema de soborno masivo y lavado de dinero por parte de Odebrecht y otros, entre quienes se encontraba Luis Enrique Martinelli Linares, para pagar sobornos a funcionarios y servidores públicos en varios países y lavar el producto del esquema de soborno.

Los cargos

  Al igual que su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, Luis Enrique Martinelli Linares fue demandado el 27 de junio de 2020, luego de que se estableciera que había una causa probable para creer que había cometido el delito de conspiración para cometer lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h), 1956 (a) (1) (B) (i), 1956 (a) (2) (A) y 1957. Un juez del Distrito Este de Nueva York firmó y presentó la demanda y emitió una orden de arresto en su contra. Posteriormente, el 20 de julio de 2020, se presentó una Demanda Enmendada acusándolo de conspiración para cometer lavado de dinero (ya referido); lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (a) (1) (B) (i) y 2; y lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1957 y 2.

  A la fecha, la orden de aprehensión se mantiene vigente y ejecutable para que Martinelli Linares —igual su hermano— sea juzgado por los referidos delitos.

  La fiscal Julia Nestor explica que, durante el proceso judicial, la fiscalía deberá demostrar que Luis Enrique Martinelli Linares celebró un acuerdo con una o más personas para cometer lavado de activos en cualquiera de las modalidades previstas y sancionadas en la legislación de los Estados Unidos, así como también a lo establecido en el Código Penal de Panamá. Se tendrá que determinar que el imputado, consciente y voluntariamente, se convirtió en miembro de tal conspiración.

  Acota Nestor que la pena máxima de prisión por este delito es de 20 años de prisión.

 Agrega que Martinelli Linares enfrenta también dos delitos de encubrimiento de lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (1) (B) (i), por lo que a la fiscalía le tocará demostrar que el acusado realizó o intentó realizar una transacción financiera que involucra bienes que constituyen el producto de un delito que involucra el soborno de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; que sabía que la propiedad involucrada en la transacción financiera era producto de alguna forma de actividad ilícita; y que igualmente conocía que la transacción fue diseñada, en todo o en parte, para ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad o control del producto de un delito que involucra el soborno de un funcionario público en violación del Código Penal de Panamá. La pena máxima de prisión por este delito es de 20 años de prisión.

  Martinelli Linares está acusado igualmente de dos delitos de gastos de lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957 y, por lo cual, el gobierno debe demostrar que participó o intentó realizar una transacción monetaria a sabiendas; que sabía que dicha transacción involucraba bienes de origen criminal; que la propiedad tenía un valor superior a USD 10.000; que la propiedad, en efecto, se derivó de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; y que la transacción ocurrió en los Estados Unidos. La pena máxima de prisión por este delito es de 10 años.

  Julia Nestor manifiesta en su declaración jurada que Estados Unidos probará su caso contra Luis Enrique Martinelli Linares a través de varios tipos de evidencia, incluida información obtenida de testigos, registros bancarios, documentos de propiedad de corporaciones, correos electrónicos y otras pruebas.

  Advierte que ni Luis Enrique Martinelli Linares, ni su coacusado, Ricardo Alberto Martinelli Linares, han sido juzgados ni condenados por los delitos imputados en la Demanda Modificada, ni se le ha ordenado que cumpla condena alguna en relación con este caso.

Los hechos

  En su declaración jurada a la Corte del Distrito Este de Nueva York, julia Nestor narra los hechos que llevaron a demandar a los Martinelli Linares.

Precisó que la policía identificó evidencia de que entre 2001 y 2016, Odebrecht, a través de algunos de sus empleados y agentes, se involucró en un esquema de soborno masivo en el que los co-conspiradores acordaron con otros, pagar corruptamente más de USD 700 millones en sobornos a servidores públicos, funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, funcionarios de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para obtener y retener negocios y obtener beneficios. Entre estos funcionarios había servidores públicos en Panamá.

  Explica que Odebrecht ocultó la naturaleza, origen, propiedad y control de los ingresos del esquema de soborno al canalizarlos a través de cuentas bancarias de empresas fantasma en el extranjero de los beneficiarios finales de los sobornos.

  La investigación identificó a Luis Enrique Martinelli Linares como un intermediario que aceptó y blanqueó pagos de sobornos de Odebrecht en nombre del “Funcionario del Gobierno de Panamá”, un alto funcionario del gobierno en Panamá desde aproximadamente 2009 hasta aproximadamente 2014, a saber, un pariente cercano suyo.

   Asimismo, junto a su hermano, Ricardo Alberto Martinelli Linares, participó en el esquema de soborno de Odebrecht, actuando como intermediarios de pagos corruptos y la provisión de otras cosas de valor que la empresa brasileña ofreció y entregó al Funcionario de Gobierno de Panamá. Entre otras cosas, los hermanos Martinelli Linares establecieron cuentas bancarias a nombre de sociedades fantasma offshore que les permitieron recibir y disfrazar los sobornos.

  Julia Nestor informa que desde agosto de 2009 hasta septiembre de 2015, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, junto con otros, tomaron una serie de medidas para abrir y administrar cuentas bancarias secretas a nombre de empresas pantalla en jurisdicciones extranjeras, las cuales eran utilizadas para recibir y, además, transferir y entregar los pagos de sobornos que Odebrecht hizo y ordenó que se hicieran en beneficio del Funcionario de Gobierno de Panamá. 

  Específicamente, los hermanos Martinelli Linares establecieron sociedades pantalla en jurisdicciones extranjeras; sirvieron como signatarios de algunas de las cuentas bancarias de la empresa fantasma; y las transferencias electrónicas enviadas personalmente y provocadas a través de la estructura de las cuentas bancarias de las empresas fantasmas para ocultar y gastar las ganancias del soborno.




[1] La Prensa. “Guatemala: se suspende audiencia a Luis Enrique Martinelli, para que su abogado revise el expediente”. 5 de marzo de 2021. https://www.prensa.com/judiciales/guatemala-audiencia-para-definir-la-extradicion-de-luis-enrique-martinelli-linares/


 

jueves, 4 de marzo de 2021

Conozca la declaración del fiscal que hizo desmoronar el caso contra Ali Sadr Hashemi Nejad, el iraní que lavó más de $100 de los programas de vivienda de Hugo Chávez

   El tribunal del Distrito Sur de Nueva York permitió la divulgación de la declaración del fiscal Garret Lych con respecto a la evidencia que la fiscalía pretendió ocultar a la defensa.

Por Maibort Petit
  A raíz de que se conociera que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York encargados de imputar a Ali Sadr Hashemi Nejad, incurrieron en mala conducta y ocultaron a los abogados del imputado un documento que habría ayudado en la defensa, el tribunal ordenó a los involucrados, presentar sus declaraciones.

   Como se recordará, Sadr Nejad fue declarado culpable por un jurado de los delitos de violación de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Irán, fraude bancario y conspiración para lavado de dinero internacional con fondos provenientes de los programas de viviendas que el régimen de Hugo Chávez acordó con la República Islámica de Irán[1]. En razón de conocerse las irregularidades cometidas en el proceso, la juez de la causa, Alison Nathan, anuló el veredicto, recomendó al Departamento de Justicia investigar los hechos. El 17 de febrero de 2021, la magistrada permitió el acceso público a las declaraciones de la fiscalía y a los documentos que esta aspiraba mantener bajo sello.

   El documento que ocultó la fiscalía es una carta del Commerzbank, fechada el 16 de junio de 2011, remitida al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la atención del despacho encargado de hacer cumplir las sanciones. Esta comunicación quedó identificada como GX 411 en el proceso judicial.

  El 16 de septiembre de 2020, la juez del Distrito Sur de Nueva York, Alison Nathan, ordenó a los fiscales involucrados en el caso de Alí Sadr presentaran declaraciones sobre la aparente mala conducta en la que habrían incurrido y así determinar si se requería una mayor investigación de los hechos. Ante este requerimiento, el 16 de octubre de 2020e, el l fiscal Garrett Lynch presentó su declaración ante el tribunal y el 17 de febrero de 2021, solicitó a la Corte presentar la declaración adjunta y los anexos en su nombre, en razón de que no tiene privilegios de presentación electrónica.

La declaración de Lynch
   Bajo pena de perjurio, el fiscal Garret Lynch declaró el 16 de octubre de 2020 ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York que trabaja como asistente del fiscal de distrito en la oficina de Cyrus R. Vance, Jr., fiscal de distrito del condado de Nueva York (DANY), donde fue asignado como Fiscal Adjunto Especial Unido (SAUSA) en junio de 2017.

  En tal declaración, Lynch responde a una serie de preguntas formuladas en la orden judicial del 16 de septiembre de 2020, siendo la primera de estas interrogantes: “¿Cuándo se enteró por primera vez de GX 411?”.

  Refirió que el documento que se convirtió en GX 411 fue presentado al fiscal de distrito del condado de Nueva York (DANY) y otras agencias de investigación federales y estatales de forma voluntaria en marzo de 2015.

  Manifestó que en el cuarto trimestre de 2015 revisó la carta del Commerzbank en relación con una investigación sobre posibles violaciones de la ley del estado de Nueva York, entre ellas la falsificación de registros comerciales relacionados con la evasión de las leyes y regulaciones de sanciones de EE. UU. Indicó que le pareció relevante para la investigación que adelantaban los fiscales de DANY.

  Ante la segunda pregunta sobre cuándo se había dado cuenta de que GX 411 no había sido revelado a la defensa de Ali Sadr y por qué no divulgó inmediatamente el documento, Garret Lynch le manifestó al tribunal que entregó documentos e información obtenida por DANY en la Investigación de Vivienda Venezolana a los diversos Fiscales Federales Auxiliares asignados a este caso a lo largo del tiempo. Los fiscales manejaron la producción del descubrimiento en el caso de Sadr y GX 411 se encuentra entre los documentos que proporcionados. 

   Advirtió no recordar haber considerado si había sido presentado por los AUSA a la defensa, hasta que, entre la tarde del viernes 6 y sábado 7 de marzo de 2020, supo que no se había revelado. “En el momento en que me enteré de esta no divulgación, los fiscales estaban en proceso de divulgar GX 411 a la defensa”.

   Garret Lynch hace un aparte para referir, a modo de antecedentes, que mientras revisaba archivos en su oficina el 19 diciembre de 2019 antes del juicio de Ali Sadr, se encontró con GX 411 y en un intercambio de correo electrónico con los AUSA, resaltó que el Commerzbank actuaba como un banco intermediario en el primer pago en dólares a la empresa Stratus Turquía. Se estableció que este último tenía conexión con la entidad iraní, y presentó un informe a la OFAC.
  Prosigue la declaración de Lynch indicando que el 7 de enero de 2020, mientras AUSA-1 estaba revisaba la evidencia obtenida de conformidad con las citaciones emitidas por DANY relativas a cada una de las transferencias electrónicas en cuestión en el caso, el fiscal le envió un correo electrónico preguntando sobre una transferencia de 2011, un pago mencionado en GX 411.

   En dicho correo Stephanie Lake le refiere a Lynch y los otros fiscales que los pagos reflejados en una hoja de cálculo que adjuntan, no encontró confirmación de la transferencia bancaria de USD 29 millones del 4 de abril de 2011. Indicó que halló una referencia a este pago en las declaraciones de citaciones de CHIPS y que este parecía mostrar que había pasado del “Fondo Chino-Venezolano” a Stratus International Contracting. Lake le preguntó a Lynch si tenían una confirmación de dicha transferencia.
  Lake agrega que notó que las confirmaciones de transferencias por lo general no muestran el banco intermediario de EE. UU. y se preguntaba si no faltaba documentación con esta información.
  Lynch les manifestó a los otros fiscales que GX 411 podría ser probatorio en el caso del gobierno.
   Garret Lynch dijo en su declaración al tribunal que la discusión sostenida con los otros fiscales a principios de enero de 2020, “expresé mi opinión de que GX 411 sería prueba probatoria en el juicio porque, en mi opinión, reflejaba un intento por parte del Sr. Sadr de engañar al Banco con respecto a la conexión con Irán de la entidad beneficiaria de los hallazgos a que se refiere el documento, así como de los propietarios de la entidad.

  Informó que, a fines de enero de 2020, preguntó si el gobierno deseaba considerar que el Commerzbank proporcionara un testigo para explicar GX 411, así como para autenticar y proporcionar la base para admitir el registro de transferencia bancaria del 4 de abril de 2011 del pago que la fiscalía estaría ofreciendo como prueba. Subraya que, en tal sentido, se ofreció para contactar a la entidad.
   Explica que en otro correo del 31 de enero de 2020 informó a los otros fiscales luego de contactar al Commerzbank, donde obtuvo información de que el GX 411 no se había preparado en el momento de la transferencia que el gobierno planeaba introducir en el juicio, sino en un momento posterior. La Investigación Bancaria determinó que el pago ocurrió en abril de 2011, mientras que GX 411 fue de junio de 2011.
  Después de este intercambio, Garret Lynch habló con AUSA-1 sobre los antecedentes de GX-411, la cual se generó como parte de un ejercicio de "revisión retrospectiva" de cumplimiento realizado después del registro del cable del 4 de abril de 2011 y que fue divulgada voluntariamente a DANY en la Investigación Bancaria.

  AUSA-1 estimó que, en vista de los antecedentes, las pruebas en cuanto a GX 411 serían indebidamente complejas y consideró que no había necesidad de convocar un testigo del Commerzbank para que hablara en torno a GX 411. “En consecuencia, dejé mis esfuerzos para conseguir un testigo del Banco para testificar sobre GX 411 y no recuerdo ningún contacto posterior con el Banco hasta el 6 de marzo de 2020”.

  La tercera pregunta a Garret Lynch requería datos de comunicaciones específicas sobre GX 411 o su divulgación con otros fiscales, ya sea oral, escrita o electrónica.

  Al respecto, el fiscal Lynch le refirió al tribunal que, además de las conversaciones y comunicaciones electrónicas descritas anteriormente, el viernes 6 de marzo de 2020 conversó con AUSA-1 y ella le transmitió que, con base en el contrainterrogatorio de la defensa de un testigo bancario ese mismo día, ella creía ahora que el gobierno debería convocarlo para el lunes 9 de marzo de 2020.
  Después de esta conversación, Lynch se comunicó con el banco para convocar el testigo.
  Acerca de cuándo estimó Lynch que GX 411 tenía valor exculpatorio para Sadr, el fiscal le manifestó a la Corte que esto ocurrió cuando la defensa planteó este problema luego de recibir el documento del gobierno el 7 de marzo de 2020. “Creí que el documento era totalmente inculpatorio porque, como lo vi en combinación con otras pruebas”.
    Pensó que el Banco había llevado a cabo la debida diligencia en el pago del 4 de abril de 2011 para determinar si Stratus International era una entidad iraní o estaba relacionada con Irán, pero no pudo tomar esa determinación de manera concluyente porque fue engañado por Alí Sadr, pues este dio información parcial y engañosa sobre esta entidad al banco venezolano remitente. Por ello, Commerzbank no pudo verificar que la entidad en realidad fuera iraní, a pesar de sus sospechas, que informó a la OFAC.

  Garret Lynch le aseguró al tribunal que no redactó una carta que la fiscalía remitió el 8 de marzo de 2020 relativa a la Orden del 16 de septiembre.
   “No recuerdo y no he encontrado comunicaciones o documentos que reflejen que fui incluido en alguna comunicación electrónica u oral relacionada con la carta del gobierno, editada después de las 9:42 PM cuando comenté el borrador de AUSA-1, y tal como se envió en forma final el 8 de marzo de 2020 bajo Dkt. Nº 277. No participé en conversaciones con un Jefe de Unidad ni con las AUSA de juicio sobre el cambio de lenguaje al que se refiere la Corte. Aparte de los cambios realizados para reflejar mis comentarios (enviados a las 9:42), no sé por qué se modificó la versión de la carta que revisé a las 9:31 p.m.”.

   Finalmente, Garret Lynch le aseguró al tribunal que desconocía que la sentencia del caso había sido anulada.













[1] Venezuela Política. “Ali Sadr Hasheminejad fue declarado culpable de violar las sanciones de EE. UU. contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero de los programas de viviendas de Hugo Chávez”. 16 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/ali-sadr-hasheminejad-fue-declarado.html





 

miércoles, 3 de marzo de 2021

Irregularidades y mentiras de la Fiscalía de Nueva York beneficiaron a Ali Sadr Hashemi Nejad, hallado culpable de haber violado las sanciones impuestas por EE. UU. a Irán

   Cual castillo de naipes se derrumbó el caso de violación de las sanciones impuestas por EE. UU. a Irán, fraude y lavado de dinero, a través del programa de viviendas del finado Hugo Chávez.

Por Maibort Petit

  Aún cuando el banquero iraní, Ali Sadr Hashemi Nejad, fue declarado culpable por un jurado, el caso dio un vuelco inesperado en el que se invirtieron los papeles y, de acusado, el propietario del Pilatus Bank, pasó a ser acusador al conocerse los manejos irregulares y las mentiras de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, encargada de la investigación. En los últimos días se han conocido los documentos que los fiscales ocultaron de los abogados del imputado, aun a sabiendas de que los mismos habrían ayudado a los abogados en la defensa de su representado.

   La contundencia de una serie de mensajes de texto privados, correos electrónicos y un documento clave, una carta del Commerzbank al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la atención del despacho encargado de hacer cumplir las sanciones, dados a conocer recientemente por la prensa, llevaron a la juez de la causa, Alison Nathan, a recomendar al departamento de Justicia, investigar la probable conducta irregular de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, específicamente a la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales.

  La “mentira rotunda” como reconoció el fiscal Emil Bove, supervisor junto a Shawn Crowley, de la citada unidad, tenía un valor exculpatorio para Ali Sadr Hashemi Nejad, pero los fiscales del caso lo mantuvieron oculto y después pretendieron “enterrarlo” entre un grupo de documentos que remitieron a la defensa, creyendo que tal acción pasaría desapercibida.

  No ocurrió así, pues los abogados de Sadr captaron casi de inmediato que la carta del Commerzbank no había sido entregada en su momento, sino cuando el juicio estaba a punto de completarse. La fiscal federal adjunta, Jane Kim, se percató de que el documento que quería presentar como prueba no había sido compartido con los defensores de Sadr, lo cual se erigía como una posible violación de las reglas del debido proceso. La fiscal Kim fue “aconsejada” por una colega de esperar "hasta mañana y lo enterraran en algunos otros documentos".

Ali Sadr Hasheminejad fue declarado culpable de violar las sanciones de EE. UU. contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero de los programas de viviendas de Hugo Chávez

  La situación se complicó cuando los supervisores Bove y Crowley, lejos de corregir el comportamiento irregular se dedicaron, particularmente la segunda, al dedicarse “el resto de la noche a limpiar mi oficina".

  El enredo de la fiscalía la llevó a que en julio de 2020 retirara la acusación referida a la violación de las sanciones impuestas al régimen iraní, debido a la omisión intencional de entregar pruebas que podrían haber exculpado al acusado.

La decisión de la juez

  El pasado 17 de febrero de 2021, la juez Alison J. Nathan, se pronunció sobre el enjuiciamiento de Ali Sadr Hashemi Nejad por la presunta evasión de las sanciones contra Irán, refiriendo que el proceso “se vio empañado por repetidas omisiones en la divulgación de pruebas exculpatorias y el uso indebido de las devoluciones de órdenes de registro. Estos errores fueron tan graves que, tras el veredicto del jurado a su favor, el Gobierno determinó que el enjuiciamiento del caso no redundaría en beneficio de la justicia. A solicitud conjunta de las partes, la Corte anuló el veredicto del jurado y desestimó los cargos contra el Sr. Sadr con prejuicio”.

  Explica la juez en su decisión que la corte se centró fundamentalmente en la carta de Commerzbank a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), marcada como GX 411, la cual no fue revelada por la fiscalía hasta días después. El documento estaba en poder del fiscal desde antes de que el gobierno comenzara la investigación contra Sadr y, sin embargo, no fue compartido con la defensa hasta el 7 de marzo de 2020, un día después de que decidieron presentarlo como prueba. Específicamente, los fiscales de la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan un informe de la OFAC que se convirtió en GX 411 en una investigación separada alrededor de marzo de 2015. Dicho fiscal se incorporó al equipo de la fiscalía en junio de 2017 y encontró el documento nuevamente mientras revisaba los archivos en su oficina a fines de 2019 y lo mencionó al resto del equipo en un correo electrónico del 19 de diciembre de 2019. En esos correos se explicó que Commerzbank había actuado como intermediario para uno de los pagos subyacentes a los cargos del gobierno contra Sadr y presentó un informe a la OFAC. 

  Agrega que los fiscales discutieron la mejor manera de entregar el documento a la defensa sin llamar la atención sobre su divulgación tardía. Cuando se les pidió una explicación trataron de minimizar los hechos y el Tribunal le ordenó explicar si había informado a la defensa que GX 411 no había sido previamente revelado en el descubrimiento, dio a entender falsamente que sí.

   La Corte ordenó a los fiscales presentar sus declaraciones el 16 de septiembre de 2020 detallando cómo se enteraron del documento, cuándo se dieron cuenta de que tenía valor exculpatorio y qué papel desempeñaron en la redacción del expediente.

  Los fiscales presentaron sus declaraciones y solicitaron no hacer más investigaciones, así como también que las mismas y sus anexos se mantengan sellados.

  Del mismo modo, la corte informa que, en sus presentaciones más recientes, el Gobierno informó de otra falta de divulgación en este caso, la cual está relacionada con la revisión del FBI de las declaraciones de órdenes de registro sin procesar proporcionadas por la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan. 

  Pese a estas circunstancias, el tribunal no estima que los fiscales hayan retenido a sabiendas información exculpatoria o tergiversado intencionalmente los hechos a la Corte y, a la luz de esto, no se emprenderán más investigaciones. “En cambio, el Tribunal insta a la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) del DOJ a que se lleve a cabo una investigación completa de todos los asuntos relacionados con la mala conducta del fiscal en este caso. Además, el Gobierno ha manifestado que está implementando nuevos protocolos de capacitación para fiscales y agentes de casos del FBI y mejorando su infraestructura para la gestión y divulgación de datos”.

  Los fiscales no volvieron a discutir sobre el documento hasta el 6 de marzo de 2020, cinco días después del juicio, cuando la fiscal Lake descubrió el correo electrónico del 10 de enero en su bandeja de entrada mientras revisaba correos electrónicos antiguos y lo reenvió a otros fiscales. En el mensaje dijo no estar segura de si el Gobierno lo había presentado a la defensa. Es por ello que la juez no encuentra que los fiscales retuvieran intencionalmente el documento. Sin embargo, advierte que es evidente la falta de divulgación de la carta se debió a una falta de comunicación entre los miembros del equipo de acusación y una falta bastante grave de atención a sus obligaciones de divulgación. 

   La Corte enfatiza que el manejo de los fiscales de la prueba, incluida la falta de atención a su potencial valor exculpatorio, estuvo muy por debajo de sus obligaciones constitucionales y éticas. Por un lado, debieron haber reconocido el potencial valor exculpatorio del documento, como los Jefes de Unidad ahora testifican que lo hicieron cuando revisaron el documento por primera vez. Pero, incluso, si no estaban seguros de si el documento habría sido valioso para la defensa, deberían haberlo presentado.

   Subraya la juez, que el mal manejo de los fiscales no terminó con la falta de divulgación de la prueba, sino que se extendió al haber diseñado una serie de acciones destinadas a distraer la atención de la divulgación tardía y minimizar la aparente culpabilidad del Gobierno.

El pronunciamiento 

   La juez Alison Nathan concluyó que, si bien los errores y lapsos éticos del Gobierno en el caso son omnipresentes, la Corte no encuentra que los fiscales hayan ocultado intencionalmente documentos a la defensa o hayan engañado intencionalmente al tribunal.

  Considera la Corte que la Oficina de Responsabilidad Profesional debe investigar el caso y espera que el Departamento de Justicia debe tomar medidas para garantizar que estos errores no se repitan.

   La juez negó las solicitudes para sellar las declaraciones, anexos y cartas presentadas en respuesta a la Opinión de la Corte del 16 de septiembre.

   También se ordenó que los fiscales entregaran sus declaraciones y anexos en el expediente público a las dos semanas de la decisión; mientras que la defensa lo hiciera el 13 de noviembre de 2020. Entretanto, la fiscalía debía entregar su carta el 20 de noviembre de 2020. 

  Igualmente se ordenó que la fiscalía, luego de los seis meses siguientes a la fecha de la decisión, debía presentar un informe de situación sobre el uso por parte del FBI de las declaraciones de órdenes de registro sin procesar como se analiza en la Sección II.

  La decisión se archivaría con un sello temporal en espera de la disposición del Tribunal de cualquier redacción propuesta presentada el 19 de febrero de 2021 o antes.



martes, 2 de marzo de 2021

Corrupción CITGO-PDVSA: El procesado, José Manuel González Testino logra sellar en la corte dónde vive y con quién "por temor" a su seguridad

   El acusado de haber robado al erario público venezolano, por medio de contratos con sobreprecio de CITGO y PDVSA, alegó ante un juez estar preocupado "por su seguridad y la de su familia" debido a las revelaciones publicadas por Venezuela Política. 

Por Maibort Petit

  José Manuel González Testino, procesado por la justicia de los Estados Unidos por delitos de corrupción, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios de CITGO y PDVSA, consiguió que el juez de Distrito de Texas, Gray H. Miller aprobara una moción interpuesta por sus abogados para que se mantenga bajo sello la información sobre la ciudad de residencia del acusado y "con quién está viviendo", luego de haber cooperado con los fiscales.
  González Testino fue arrestado el 31 de julio de 2018 en el aeropuerto internacional de Miami cuando pretendía abandonar el país y regresar a Venezuela. Se declaró culpable de tres cargos en mayo de 2019. Tras pagar 5 millones de dólares, disfruta de libertad bajo fianza otorgada por el tribunal.

González Testino fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero. De acuerdo a la demanda, el acusado controlaba varias empresas con sede en los Estados Unidos que fueron usadas para lograr contratos fraudulentos en PDVSA y su filial estadounidense, CITGO Petroleum Corp. para lo cual pagó sobornos a los funcionarios de la petrolera estatal venezolana.

   El 29 de mayo de 2019, González Testino se declaró culpable el en un tribunal federal de Houston, Texas, por su papel en un esquema de soborno para asegurar y retener corruptamente los contratos de energía y logística de PDVSA y CITGO.

Teme por seguridad y la de su familia

Para lograr tal objetivo de convencer al juez Miller para que ordenara sellar los récords, los abogados de González Testino alegan que el procesado está preocupado por su seguridad debido a que este portal, Venezuela Política informó sobre la orden de la corte de liberar los pasaportes de la exesposa de González Testino, María Alejandra Díaz, para viajar a Madrid y a Londres.
  La defensa interpuso la moción para archivar bajo sello los documentos que modifican las condiciones de liberación del acusado.

   La defensa sostiene que "el señor González-Testino tiene motivos para estar preocupado de que su seguridad y la su familia se vea comprometida si la moción y la orden de liberación se hacen públicas".

"Este Tribunal concedió previamente mociones para sellar las entradas del expediente que contenían información privada, por ejemplo, DE 68, DE 86 y DE 107 con el mismo propósito" advierten.

  Por ello, "el demandado, José Manuel González-Testino traslada a esta Honorable Corte  la solicitud de sellar la Moción sin oposición para modificar las condiciones de liberación".

  Sostiene que la moción fue consultada con la abogada  Sonali A. Patel, Litigante del Departamento de Sección de Fraude de la Justicia, quien declaró que no tiene objeciones a la reparación solicitada en esta moción.

   González Testino está siendo representado por el escritorio jurídico Jones Walker LLP.

    La sentencia de José Manuel González Testino está prevista para el 19 de agosto de 2021 a las 10:00 AM.



sábado, 27 de febrero de 2021

¿Por qué David Rivera sostiene que PDVSA no puede demandarlo ni la corte de Nueva York tiene jurisdicción para llevar el caso?

Por Maibort Petit 

  A través de un Memorando de respuesta, la empresa del excongresista de los Estados Unidos David Rivera, Interamerican Consulting, Inc. respalda sus mociones para desestimar la queja enmendada en su contra y reitera que la Corte del Distrito Sur de Nueva York carece de jurisdicción para llevar el caso y sostiene que PDV USA Inc. no tiene nada que reclamarle.

  Asegura Interamerican que PDV USA cedió sus derechos de ejecución a su matriz, la estatal petrolera Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la cual es la “verdadera” beneficiaria y parte del contrato, a pesar de que no era signatario ni mencionado en el acuerdo del 21 de marzo de 2017.

  PDV USA, refiere la demandada, no ha presentado nada que cambie ese hecho ni tampoco aborda el problema obvio de la situación y se limita a decir que la cesión de obligaciones requiere un acuerdo expreso.

  Agrega que PDV USA asignó sus derechos —incluido el derecho a hacer cumplir el contrato— y no sus obligaciones, pues si esa hubiera sido la intención —ceder derechos y obligaciones— la Cesión habría sido una "novación".

  En tal sentido, a criterio de Interamerican Consulting, el demandante sigue estando obligado a cumplir con el Acuerdo, pero no tiene derecho a hacerlo cumplir. Subraya que PDV USA tampoco tenía ese derecho cuando comenzó la demanda.

  Precisa que las afirmaciones post hoc de PDV USA de que no hubo cesión operativa, quedan desmentidas por la conducta de las partes, pues después de la Cesión, PDVSA hizo un pago no solicitado de USD 5.000.000 a Interamerican el 27 de octubre de 2017, en razón del acuerdo, lo que demuestra que la cesión tuvo lugar.

  Además, tres semanas antes de su Oposición — años después de la vigencia del Acuerdo— PDV USA se registró bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) señalando que en 2017 “devolvió a PDVSA” USD 35 millones (el monto exacto adeudado a Interamerican).

   Igualmente sostiene que este registro demuestra que fue PDV USA con quien David Rivera contrató y que el pago restante devuelto a PDVSA también demuestra el reconocimiento de la Cesión por parte del demandante y PDVSA.

PDV USA se equivoca

  A juicio de Interamerican Consulting, la regla 17 no rescata la falta de legitimación del demandante y, por tanto, PDV USA se equivoca en su interpretación de la ley.

  Refiere que PDV USA al manifestar que "[la cesión] puede afectar a quién posee el derecho a entablar una demanda" hace un mal enfoque de la ley, pues no tener derecho a presentar una demanda es un problema y la Regla 17 no proporciona remedio a esta situación porque requiere que al menos algunos demandantes tengan algún valor del Artículo III al comienzo de una demanda y si esto no ocurre la Regla 17 no puede aplicarse.

  También, agrega, malinterpreta la jurisprudencia que utiliza en sus alegatos.

Presidente ad hoc de PDVSA actuó sin autoridad

  Asegura Interamerican Consulting que PDV USA afirma falsamente que la demandada "no impugna la validez de la Rescisión", cuando, por el contrario, señaló que PDVSA es signatario de dicha Rescisión.

   Asevera que Luis A. Pacheco, quien firmó como presidente “ad hoc” de PDVSA, actuó sin autoridad, pues el estatuto venezolano que crea la junta ad hoc de PDVSA, promulgada por la legislatura de Juan Guaidó, reconocida por Estados Unidos, no otorga autoridad para rescindir la Cesión y solamente otorga a la junta el poder de ejercer derechos como accionista de CITGO y no actúa en esa capacidad frente a la Rescisión.

Las sanciones impiden la adjudicación

  Manifiesta la demandada que la citación del demandante a las directrices de la OFAC es inadecuada y confirma que elude directamente las sanciones OFAC FAQ 808 referidas al inicio de una demanda por una entidad no bloqueada contra entidades bloqueadas o activos bloqueados.

  Interamerican sostiene que eso es lo contrario de este caso que comenzó por una subsidiaria de una entidad sujeta a sanciones contra una entidad estadounidense no sancionada.

Lo político

   Refiere la demandada que el demandante intenta agitar la doctrina de la cuestión política reiterando su interpretación errónea del régimen de sanciones.

  Apunta que la decisión del Poder Ejecutivo de impedir que PDVSA reciba algún beneficio monetario de una entidad estadounidense ha sido tomada y el tribunal no puede cuestionarla.

Alegatos insuficientes

  A criterio de Interamerican Consulting, el demandante no alega incumplimiento de contrato y no alegar insatisfacción implica que PDV USA no niega que no notó oportunamente su supuesta insatisfacción, pero en cambio, afirma que la responsabilidad de satisfacer al demandante recaía en Interamerican, lo cual es absurdo.

 Estima contradictorio que, por un lado PDV USA alegue incumplimiento por parte de Interamerican y, al mismo tiempo, declare que la demandada sí entregó unos informes.

  Del mismo modo, Interamerican refiere que el demandante no defiende su cumplimiento, pues afirma que dejó de hacer pagos debido al supuesto desempeño inadecuado de la demandada, pero no alega causalidad entre informes supuestamente "perdidos" y la falta de pago.

  Igualmente, PDV USA omite la referencia al pago no solicitado de USD 5 millones de PDVSA después de la Cesión, del cual nunca informó al tribunal.

  Interamerican Consulting destaca que PDV USA no alega daños y reconoce el incumplimiento de las condiciones precedentes. El demandante admite tácitamente que no alegó el cumplimiento de las condiciones precedentes. Tampoco PDV USA no alega la indemnización y se limita a manifestar su disposición a buscar daños y perjuicios que no están disponibles bajo una teoría de incumplimiento del contrato, a saber, 'gastos, costas judiciales y honorarios de abogados'”.

  Remata Interamerican diciendo que PDV USA no alega enriquecimiento injusto ni un reclamo de sentencia declaratoria.

   Por todo esto, Interamerican Consulting considera que sus mociones para desestimar la denuncia deben aceptarse.

miércoles, 24 de febrero de 2021

David Rivera asegura que Corte de Nueva York carece de jurisdicción para atender demanda contra su empresa interpuesta por PDV USA

Sostiene que PDV USA no tiene nada qué reclamar.

Por Maibort Petit

   David Rivera presentó una declaración jurada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York acompañada de documentación que él considera, comprueba la falta de jurisdicción del citado tribunal para dirimir la demanda que, contra su empresa, de Interamerican Consulting Inc., presentó PDV USA Inc. por incumplimiento de contrato y en reclamo de la devolución de los pagos realizados.

  Ante la citada corte, PDV USA reclama a Interamerican Consulting el reintegro de USD 15 millones que la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) pagó a la demandada de un total de USD 50 millones, correspondientes a un contrato por servicios de cabildeo que, la demandante, sostiene que nunca se cumplieron.

   Interamerican, propiedad del excongresista de los Estados Unidos, es calificada por fuentes ligadas al caso, como una empresa de maletín o fachada, la cual fue registrada en el estado de la Florida en 2017.

  Rivera y su empresa sostienen que PDV USA cedió los derechos del contrato a PDVSA y, por ello, la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde se dirime el caso, carece de jurisdicción para ello.

  En la misma fecha, 18 de febrero de 2021, presentó un memorando en apoyo a sus mociones para desestimar la demanda, argumentando que PDV USA cometió varios errores y omisiones “que son fatales para la Demanda Enmendada por motivos jurisdiccionales y de alegato”.

  Insiste en el alegato de que PDV USA cedió sus derechos a PDVSA y no ha presentado nada que lo desmienta.

La declaración de Rivera

  El 18 de febrero de 2021, David Rivera, declaró bajo pena de perjurio ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que es presidente de Interamerican Consulting Inc., empresa demandada por PDV USA Inc. en la referida instancia judicial —caso Nº 20-cv-3699-JGK—, en apoyo de las mociones de rechazo interpuestas por la compañía que representa.

   Aclaró, en primer término, que los hechos por él narrados se basan en su propio conocimiento personal, al tiempo que agregó que, en caso de ser llamado como testigo, testificaría.

  Informó que la Asamblea Nacional de Venezuela nombró la junta administrativa ad hoc de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) el 13 de febrero de 2019, la cual se presenta como Anexo A su declaración con traducción certificada.

   En dicha resolución del Poder Legislativo venezolano, se establece que, la referida junta directiva ad hoc de PDVSA deberá asumir las funciones de la asamblea de accionista y junta directiva de la empresa estatal para actuar en su nombre y como única accionista de PDV Holding Inc. y proceder a designar a su junta directiva y, en consecuencia, nombrar el directorio de CITGO Holding Inc. y de CITGO Petroleum Corporation.

  Allí se autorizó a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, para hacer el nombramiento y, en tal sentido, este designó a Simón Antunes, Gustavo J. Velásquez, Carlos José Balza, Ricardo Alfredo Prada y David Smolansky como integrantes de la junta directiva ad hoc de PDVSA.

   La junta directiva de PDV Holding Inc. quedó integrada por Luisa Palacios, Edgar Rincón, Oswaldo Núñez, Fernando Vera, Elio Tortolero y Andrés Padilla.

  La junta directiva de Citgo Holding Inc. la conformaron Luisa Palacios, Edgar Rincón, Ángel Olmeta, Oswaldo Núñez; Javier Troconis y Rick Esser.

  A su vez, la junta directiva de Citgo Petroleum Corporation estaba formada por Luisa Palacios, Edgar Rincón, Luis Urdaneta, Ángel Olmetta, Andrés Padilla y Rick Esser.

  Igualmente, David Rivera acompañó su declaración jurada por el Anexo B, copia fiel y correcta del estado de cuenta bancaria de Interamerican Consulting Inc, del 31 de octubre de 2017.


  En dicho estado de cuenta, se observa un pago de USD 5.000.000 realizado por PDVSA el 27 de octubre de 2017.

  Del mismo modo, Rivera adjuntó el Anexo C, copia fiel y correcta del formulario de registro presentado por PDV USA Inc. bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).

  En dicho documento se explica que la República Bolivariana de Venezuela es la única propietaria de Petróleos de Venezuela y el gobierno venezolano, a través del Ministerio de Energía y Petróleo, establece las políticas petroleras nacionales y también regula y supervisa las operaciones de PDVSA. Asimismo, refiere que el presidente de Venezuela nombra la junta directiva de PDVSA por decreto ejecutivo, habiendo sido modificados estos procedimientos por estatuto promulgado por la Asamblea Nacional a partir de febrero de 2019. Del mismo modo se indica que la Asamblea de Accionistas, máximo órgano de gobierno de PDVSA, cuyas decisiones son vinculantes dentro de los límites de sus competencias. Se indica que. como único propietario de PDVSA, Venezuela puede haber subsidiado o financiado componentes de las operaciones o negocios de PDVSA.

   El formulario de registro fue presentado el 31 de diciembre de 2020 por Elio Tortolero, integrante de la junta directiva de PDV Holding Inc.

   Allí también se explicaba que la relación entre PDV USA y PDVSA se deriva de sus estructuras corporativas, siendo la primera una subsidiaria de propiedad total de PDV Holdings (PDV H) que, a su vez, es una subsidiaria de propiedad total de PDVSA.

  Igualmente se informa que, hasta enero de 2019, PDV USA brindó servicios a los accionistas a PDVSA, incluida la participación de proveedores en nombre de PDVSA. Desde 2015 hasta 2018, PDV USA contrató a tres proveedores para realizar actividades registrables en FARA. Estos compromisos, que son objeto de este registro, se realizaron en nombre y bajo la dirección de PDVSA”.

  Agrega que entre 2015 y 2017, PDV USA contrató al proveedor Caribbean Style Inc., para comprar cuatro anuncios para colocarlos en periódicos nacionales relativos al régimen de sanciones impuesto a la petrolera cuyo contenido sugiere que tenían la intención de influir en la perspectiva del gobierno de los EE. UU. o del público estadounidense.

   Refiere que, en 2017, PDV USA contrató al proveedor Interamerican Consulting Inc., para apoyar una estrategia relacionada con la "posición de PDVSA entre los funcionarios públicos importantes" y brindar consultoría y asistencia "para informar a los formuladores de políticas" sobre PDVSA.

  Del mismo modo se informó que de 2017 a 2018, PDV USA contrató a Wiss & Partners LLP para prestar servicios legales a “PDVSA y sus subsidiarias". Se aclara que, “si bien el alcance del trabajo realizado parece haber incluido cierta asesoría legal, PDV USA no puede determinar si el alcance del trabajo realizado involucra actividades políticas como se define en FARA”.

La relación con Caribbean

  Los servicios contratados entre PDV USA y Caribbean Style Inc se extendieron entre el 17 de marzo de 2015 y el 12 de octubre de 2018 y comprendió, como se dijo anteriormente, facilitó la colocación de cuatro anuncios en periódicos relacionados con Venezuela.

  El primero de ellos fue el 17 de marzo de 2015 y consistió en un anuncio de una página completa en el New York Times titulado "Venezuela no es una amenaza" a un costo de USD 175.000. Se trató de una carta al pueblo de los Estados Unidos y firmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

  El segundo anuncio fue el 9 de septiembre de 2015, igualmente por USD 175.000, por una página completa en el New York Times, titulado “La verdad sobre la situación fronteriza entre Venezuela y Colombia”.

  El tercer aviso fue el 26 de mayo de 2016 en el Washington Post titulado "Comunicado especial sobre Venezuela", por un costo de USD 100.000. Era una declaración de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) para expresar "solidaridad sincera con el presidente Nicolás Maduro y su pueblo".

  El 22 de febrero de 2017 se contrató por USD 175.000, otro anuncio de una página completa en el New York Times, titulado "Carta pública al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América". Allí, el vicepresidente venezolano Tareck El Aissami le escribió al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, en respuesta a la decisión de la administración estadounidense de sancionarlo por tráfico de drogas.

La relación con Interamerican Consulting

  La empresa del excongresista estadounidense, David Rivera, Interamerican Consulting, Inc., prestó servicios a PDV USA entre el 21 de marzo y mayo de 2017. El precio de la relación contractual fue de USD 50 millones por servicios de “consultoría estratégica de servicios”.  En pocas palabras, eran servicios de lobby ante funcionarios públicos y líderes de opinión en favor de PDVSA.

  Rivera presentó solo dos informes carentes de detalles, uno de dos páginas y otro de cuatro páginas. PDV USA no tiene conocimiento de ninguna evidencia de que Interamerican haya realizado el trabajo real contemplado en el Acuerdo.

  PDV USA sólo realizó tres pagos por USD 5.000.000 cada uno los días 24 de marzo de 2017, 10 de abril de 2017 y 19 de abril de 2017.

La relación con Wiss & Partners

  El despacho de abogados con sede en Washington, Wiss & Partners LLP mantuvo una relación contractual con PDVSA que se extendió desde el 14 de marzo de 2017 hasta el 15 de marzo de 2018. El precio del contrato fue de USD 6 millones.

  Mediante una carta de compromiso firmada el 23 de mayo de 2017, se modificó la duración de los pagos de anticipo mensuales y se indicó que los servicios se prestarían a "PDV USA y sus subsidiarias".

  Los servicios prestados por la firma de abogados comprendieron casos de disputas que involucran a PDVSA y sus subsidiarias. sobre temas de seguros, criptomonedas, empleo e inmigración. Sin embargo, PDV USA desconoce el alcance total del trabajo legal que Wiss pudo haber estado realizando bajo el anticipo, incluyendo si se proporcionaron servicios a PDVSA (u otros) que no fueron revelados a PDV USA.

  PDV USA hizo su pago final a Wiss el 15 de marzo de 2018 y, a partir de abril de 2018, se le indicó a Wiss que dirigiera sus facturas a PDVSA. PDV USA interrumpió su relación con Wiss en octubre de 2018.


 


 


 


 

martes, 23 de febrero de 2021

Juez ordena que Emma Coronel Aispuro, acusada de delitos de narcotráfico, permanezca en la cárcel durante el proceso judicial

   La acusada enfrenta una pena mínima de 10 años de cárcel y una máxima de cadena perpetua si es hallada culpable de los delitos por los cuales será procesada. También tendría que pagar una multa de $10.000.000. al gobierno de los Estados Unidos.

Por Maibort Petit

  Emma Coronel Aispuro, esposa del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, fue presentada este martes ante un tribunal del Distrito de Columbia. Luego de la lectura de cargos, la corte ordenó que la acusada de traficar cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a sabiendas que serían enviadas a los Estados Unidos, permanezca bajo custodia de las autoridades durante su proceso judicial. No se fijó la fecha de la próxima audiencia.

   Coronel también es acusada de ayudar e incitar a otros a cometer delitos vinculados a la fuga de su esposo, Joaquín Guzmán Loera de la cárcel del Altiplano en México. Guzmán  fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua tras ser hallado culpable de diez cargos graves de narcotráfico por un jurado en Nueva York en 2019.

  Emma Coronel Aispuro fue arrestada el 22 de febrero en el aeropuerto de Dulles, Virginia, Estados Unidos y permanece bajo custodia en el centro de detención federal en Alexandria.

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   Coronel Aispuro juró con su mano levantada que contestaría con la verdad todas las preguntas hechas por la juez, Robin Mariweather. La acusada estuvo asistida por una intérprete en español. Se le preguntó si estaba de acuerdo con que la audiencia se realizara por videoconferencia debido a la pandemia, a lo que Coronel respondió que aceptaba.

  Seguidamente, la juez Mariweather leyó los cargos contra Coronel Aispuro  que violan el Código de Estados Unidos, títulos 21 y 18. 

 Se le advirtió que de llegarse a encontrar culpables de los delitos enfrenta una condena mínima de 10 años y un máximo de cadena perpetua y una multa de $10. 000. 000.  

  La juez también leyó los derechos a permanecer en silencio, a una defensa imparcial, a  juicio sin demora, y que no puede ser obligada a declarar en su contra. Por tener doble nacionalidad también puede contactar a los representantes de los diplomáticos de su país, México.

  Los abogados Lichtman y Colón Miró informaron al tribunal que habían sido contratados privadamente por la acusada y que las solicitudes ante el tribunal para la representación ya habían sido ingresadas. La admisión de Colón está en proceso de admisión en el colegio de abogados.

   La juez admitió a ambos abogados para que representen a la acusada, al igual que informó a los fiscales y a la defensa para producir las evidencias. De no hacerse puede conllevar a un desacato y a que el caso se desestime.

  Lichtman pidió que se entregue los antecedentes del caso basado en las reglas federales. 

   La Fiscalía estadounidense señaló que Coronel trabajó estrechamente con el cártel de Sinaloa, y en particular con Joaquín el Chapo Guzmán, quien fue procesado y condenado en Estados Unidos.  

 La fiscalía sostuvo que Coronel confabuló para que el cártel de Sinaloa traficar  grandes cantidades de drogas a EE. UU. y tenía acceso a los bienes y dinero  de la organización criminal que dirigió su marido. Debido al manejo de enormes recursos tiene un gran riesgo de fuga. "Razón por la cual se justifica su detención hasta que se produzca el juicio", advirtió.

  De acuerdo a la queja criminal, dada a conocer por el Departamento de Justicia, Emma Coronel fue detenida en Virginia "por cargos relacionados con su presunta participación en el narcotráfico internacional”.

  Según los papeles del caso, Coronel fue acusada en una denuncia penal por conspiración para distribuir “un kilo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, 1.000 kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas por importación ilegal a los Estados Unidos”. También se le relaciona con la planificación de otra fuga de prisión con otros cómplices cuando Guzmán Loera  estaba arrestado en la prisión del Altiplano en  México en 2016, un año antes de ser extraditado a los Estados Unidos en enero de 2017.

  

lunes, 22 de febrero de 2021

Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán fue arrestada por delitos de narcotráfico

El abogado Jeffrey Lichtman, quien representó a Joaquín el Chapo Guzmán, será el abogado de Emma Coronel, esposa del líder del cártel de Sinaloa. La mujer será presentada ante la Corte de #DC mañana martes por videoconferencia. María Colón también será parte del equipo de la defensa de la acusada.

Por Maibort Petit

   El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó este lunes que a esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, fue arrestada hoy en Virginia por cargos relacionados con su presunta participación en el narcotráfico internacional.

  Emma Coronel Aispuro, de 31 años, ciudadana estadounidense y mexicana, de Culiacán, Sinaloa, México, fue arrestada hoy en el Aeropuerto Internacional Dulles. Está programada que comparezca por primera vez en un tribunal federal mañana en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia a través de una videoconferencia.

  Según documentos judiciales, Aispuro está acusado de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a los Estados Unidos.

  La demanda alega que Coronel Aispuro conspiró con otros para ayudar a Guzmán en su escape del Altiplano el 11 de julio de 2015. prisión, ubicada en Almoloya de Juárez, México. Después de que Guzmán fue arrestado nuevamente en México en enero de 2016, se alega que Coronel Aispuro se involucró en la planificación de otra fuga de prisión con otros antes de la extradición de Guzmán a los Estados Unidos en enero de 2017.

 Guzmán Loera fue condenado por un jurado en el Distrito Este de Nueva York en 2019 por su papel como líder del Cártel de Sinaloa.

  Coronel Aispuro está acusada en una denuncia penal de un cargo de conspiración para distribuir un kilo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, 1.000 kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas por importación ilegal a los EE. UU.

  El Secretario de Justicia Auxiliar Interino Nicholas L. McQuaid de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y el Subdirector a Cargo Steven D’Antuono de la Oficina de Campo en Washington del FBI hicieron el anuncio.

El caso

   Emma Coronel está acusada de conspirar para distribuir consciente e intencionalmente lo siguiente:

1) Un (1) kilogramo o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de heroína, un Anexo I controlado sustancia; 

2) Cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenga una cantidad detectable e cocaína, una sustancia controlada de la Lista II; 

3) Mil (1000) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de marihuana, una sustancia controlada de la Lista I; y 

4) Quinientos (500) gramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de metanfetamina, una sustancia controlada de la Lista II, sabiendo y con la intención de que dicha sustancia sería importado ilegalmente a los Estados Unidos. U.S.C. 

  De acuerdo a la acusación, fue el FBI y la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal de esa agencia que investigó a miembros de alto rango de la organización internacional de tráfico de drogas conocida como "Cártel de Sinaloa", que incluye a Joaquín el Chapo Guzmán, Ismael Zambada García, alias “ El Mayo”, Dámaso López Nuñez alias, el “Licenciado”, los hijos de Guzmán, Iván Archivaldo Guzmán Salazar alias“Menor", Jesús Alfredo Guzmán Salazar el “Tocayo”, Ovidio Guzmán López alias el “Ratón” y Joaquín Guzmán López alias “Guerro” y posteriormente, a Emma Coronel.

  De acuerdo con la acusación, Coronel, quien nació el 3 de julio de 1989 en California, fue investigada por el FBI desde que se casó con Guzmán en 2007.

    De acuerdo a la investigación, Coronel se casó con Guzmán en 2007. Su padre Inés Coronel Barreras tenía vinculaciones con el Chapo porque trabajaba en el negocio de la drogas.

    Inés Coronel y su hijo, Inés Omar Coronel Aispuro fueron detenidos  en Sonora, México, el 13 de abril de 2013 por cargos de narcóticos y armas de fuego. 

    El 28 de abril de 2017, un tribunal mexicano condenó a Inés Coronel a más de diez años de prisión por tráfico de marihuana y armas de fuego violaciones, y su hijo, Inés Omar Coronel Aispuro fue condenado a más de diez años en prisión por tráfico de marihuana.

   Según el Testigo Colaborador 1, Coronel sabía que Guzmán era un líder del Cártel de Sinaloa y fue quien coordinó la distribución de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana con el propósito de contrabandear ilegalmente esos narcóticos en Estados Unidos para su distribución.

   En los documentos federales, dice que el Testigo colaborador 1, dijo que Coronel también sabía que los hijos de Guzmán, Iván, Ovidio, Alfredo y Joaquín Ovidio, también son miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa. 

    "La acusada, Emma Coronel creció con conocimientos de la industria del tráfico de estupefacientes y se casó con Guzmán Loera cuando era una adolescente" dice la demanda. 

     En los documentos se sostiene que Coronel entiende el negocio del narcotráfico y conoce y comprende el Cartel de Sinaloa es el cartel más prolífico de México. 

   "Coronel estaba al tanto de la cocaína de varias toneladas envíos, producción de heroína de varios kilogramos, envíos de marihuana de varias toneladas y cantidad de toneladas de envíos de metanfetamina". 

    Emma Coronel entendió los ingresos de la droga que ella controló durante su el matrimonio con Guzmán. Además, de 2012 a 2014, emma Coronel transmitió mensajes en nombre de Guzmán para promover las actividades del narcotráfico mientras que el Chapo intentó evitar la captura por parte de las autoridades mexicanas. 

   Una vez que Guzmán fue arrestado en febrero de 2014, Coronel  continuó entregando mensajes que recibió a su marido, durante sus visitas a la prisión, que no fueron monitoreadas por las autoridades mexicanas.

    Se habla de una carta manuscrita escrita y firmada por Guzmán que autenticada por varios testigos, incluido el Testigo Colaborador 1, y actualmente mantenido en el control de pruebas del FBI. 

   La carta dice, en la parte pertinente:

 Respecto a Cleto, aumenta la producción para que rinda. Saluda a Cleto. Dile que por favor dame una mano, para que la primera venta sea de mi parte… porque tengo muchos gastos aquí.

   Según los investigadores, "Cleto" es un narcotraficante radicado en Durango, México que produce heroína y que tuvo negocios de  heroína con Guzmán.