Caso Álex Saab: Una novela por entregas en la que su extradición a EE. UU. representa su etapa culminante

  Los fiscales pidieron una prórroga para rebatir la posición de la defensa, pero los abogados del empresario colombiano se oponen a la extensión del plazo.

Por Maibort Petit 

  La última entrega de la novela en que se ha convertido el caso de Álex Saab —señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro y solicitado por Estados Unidos bajo acusación de la comisión de delitos de lavado de dinero— muestra que el Departamento de Justicia pidió una prórroga de 30 días al Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos, para rebatir los argumentos del empresario colombiano. Una solicitud que, a ojos de los abogados de la defensa, sólo representa un riesgo de que su cliente pueda ser extraditado de Cabo Verde a Miami, donde lo espera el banquillo de los acusados del Tribunal del Distrito Sur de la Florida.

   El informe por el que los fiscales piden plazo para presentarlo, debe responder a la impugnación que los abogados de Saab hicieron a la acusación que se formuló ante la corte de Miami. Además, rebatieron la jurisdicción de los Estados Unidos en el caso, sustentándose en supuesta inmunidad derivada que, aseguran, supuestamente ostenta su representado por su papel de embajador de la administración de Nicolás Maduro.

  En tal sentido, los representantes legales del Saab pidieron al citado tribunal de apelaciones, negar el pedido de la fiscalía de prorrogar del 7 de septiembre al 7 de octubre el plazo para que el gobierno exponga su posición ante lo argumentado por el acusado[1].

   Los fiscales del caso, al momento de formular su pedido, le recordaron a la corte que sobre el “acusado-apelante” recaen siete cargos de lavado de dinero, además de uno por conspiración para cometer ese delito. La acusación formal señala a Saab y a su socio Álvaro Pulido Vargas, de lavar las ganancias de las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), mediante un esquema de pago de sobornos que se aprovechaba del tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela. La fiscalía en su acusación, igualmente pidió la confiscación de más de USD 350 millones que es el monto de los de fondos involucrados en delito[2].

   Los abogados de Saab creen que “una demora de 30 días en este caso aumenta en gran medida el riesgo de que el Sr. Saab sea extraditado y sujeto a la custodia de los Estados Unidos, a expensas de su inmunidad diplomática”, pues a su modo de ver el asunto, la prórroga sería equivalente “a otros 30 días más de detención ilegal (...) ya sea en Cabo Verde o en Estados Unidos”.

   Para el DOJ el plazo solicitado es necesario en razón de que nuevos fiscales asumieron el caso, siendo que quienes formularon el pedido “no eran parte del equipo del gobierno durante el proceso ante la corte de distrito y estaban poco familiarizados con este caso antes de ser asignados al caso de la apelación”. Por ello, alegaron, “requieren de tiempo adicional para revisar los historiales, examinar los argumentos de hechos y legales presentados por Saab y desarrollar los argumentos para responder a los alegatos de Saab”.

  De igual forma, este tiempo adicional permitirá a las autoridades del Departamento de Justicia analizar la estrategia de los nuevos titulares del gobierno en el caso

Los escenarios posibles

  De pronunciarse los magistrados del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos en favor de la extradición, el destino de Álex Saab se definiría en la Corte de la Florida.

  En caso contrario, si los magistrados dictan veredicto en favor del empresario colombiano, el caso pasaría a otra corte que se encargaría de definir el proceso iniciado por Estados Unidos que exige el traslado de Saab a territorio estadunidense para juzgarlo por los delitos líneas arriba señalados.

  Los defensores de Saab siguen sosteniendo que el arresto de su representado fue ilegal y alegan que tiene inmunidad diplomática. El 1º de abril pidieron “anular la orden que le confiere el estado de fugitivo” de la justicia de los Estados Unidos[3].

Se presenta como víctima

   Álex Saab se presenta como una víctima del gobierno estadounidense y sus abogados y el pasado 19 de agosto denunció a tres jueces y fiscal general de Cabo Verde, José Landim, de violar sus derechos en múltiples ocasiones. Una acusación que se suma a una anterior formulada también contra Landim y tres inspectores de la policía judicial que participaron en su detención.

   Los abogados de Saab sostienen que estos funcionarios cometieron numerosos errores procesales, entre ellos haberse excedido del tiempo de detención provisional en la cárcel alrededor de cien días.

   Sobre el fiscal acusan tortura, perjurio y ocultación de pruebas sin que estos hechos se hayan investigado a pesar de haberlos denunciado desde hace un buen tiempo.

   Luego de que el Tribunal de Apelación de Barlavento se pronunció en favor de la extradición de Saab, la defensa del empresario colombiano formuló ante Tribunal Supremo de Cabo Verde un recurso que, pese a los propósitos de los abogados, terminó ratificando la sentencia en contra del supuesto testaferro de Nicolás Maduro emitida el 17 de marzo. También presentaron en julio un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el cual dio revisión el 13 de agosto al asunto para evaluar el recurso y la solicitud que defiende la inconstitucionalidad de la detención de Saab. El veredicto se espera para los próximos días[4].

La carta de Saab

  En la misma tónica de víctima, Álex Saab escribió una carta el 12 de agosto, la cual se conoció posteriormente y en la cual acusa a los Estados Unidos de violar el derecho internacional cuando ordenaron su arresto.

   En la misiva, primeramente, denuncia no habérsele permitido estar presente en la audiencia ante el Tribunal Constitucional, al tiempo que reiteró su acusación de mantenerse bajo secuestro desde hace 417 días (con relación a la fecha de la carta).

   Refirió nuevamente su condición de Enviado Especial al servicio del estado venezolano desde abril de 2018, cumpliendo un papel “en misiones humanitarias especiales pacíficas, bajo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro para atender necesidades básicas del país, como alimentos y medicinas, entre otros”.

    Se dedica a halagar a Nicolás Maduro y sus colaboradores quienes se esfuerzan para enfrentar “los esfuerzos de Estados Unidos por imponer su voluntad política e imponernos extraterritorialmente sus leyes, Venezuela ha podido contar con muchos años de confianza y amistad con la Federación de Rusia, la República Popular de China, la República Islámica del Irán, la República de Cuba y la República de Turquía, entre muchos, muchos otros aliados, para asegurar que no solo hayamos sobrevivido a las sanciones ilegales, sino que estamos viendo el inicio de la recuperación económica”.

  En tal sentido, hizo mención del pronunciamiento de Rusia en que advirtió a Estados Unidos y a Cabo Verde que el derecho internacional lo protege.

   En la carta arremete contra Estados Unidos y los medios de comunicación, al tiempo que asegura que Venezuela, pese a las sanciones, “comienza a ver los frutos de las políticas económicas del presidente Nicolás Maduro y su equipo; y es importante recordar esto, mientras nos preparamos para las elecciones del 21 de noviembre. Nuestra fuerza es nuestra unidad. Nuestra unidad mostrará al mundo la transparencia de nuestro gobierno. Por eso debemos barrer estas elecciones”.

  Acusa que algunas naciones sin recursos “se ven obligadas a doblar las rodillas y tender la mano como mendigos”, a diferencia de Venezuela, a la cual define como “una nación bendecida con todos los recursos naturales en abundancia”.

  Finalizó su carta advirtiendo que “No importa lo fuerte que griten los pseudoperiodistas, no importa las presiones de otros estados, nunca le daré la espalda al pueblo de Venezuela ni a nuestro presidente Nicolás Maduro”[5].

La defensa rusa e iraní

  Vale la pena mencionar la incursión en el asunto que últimamente ha asumido Rusia, nación que un día antes de que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde emitiera un fallo sobre la legalidad de la extradición de Álex Saab, emitió una nota desde la cancillería calificando la detención del empresario de ilegal.

  Para su pronunciamiento, se sustentó en la supuesta inmunidad de que estaría investido el empresario señalado testaferro de Maduro.

   Al respecto, el gobierno ruso dijo que “Esta práctica de secuestrar a ciudadanos de otros países, incluida la Federación de Rusia, en terceros países por cargos fabricados por las fuerzas del orden de Estados Unidos, se ha convertido en la infame 'tarjeta de presentación' de los Estados Unidos. Ahora Washington parece haber decidido pasar a un nuevo nivel, sentando un precedente dañino para la extradición de una persona autorizada con estatus diplomático".

  Igualmente, Irán ha calificado a Saab como prisionero de guerra, al sostener que este, “con pasaporte diplomático y como enviado del gobierno venezolano para proporcionar artículos médicos y alimenticios al pueblo de Venezuela, tenía la misión de evitar que el gobierno de Estados Unidos hiciera cumplir sus leyes nacionales y extraterritoriales solo con fines políticos”.

  Ambas posiciones buscan ratificar la estrategia de la defensa que apunta a desacreditar la acusación de los Estados Unidos y catalogar el caso como una persecución política.

   Otras voces apuntan a que, en realidad, Rusia e Irán sólo están interesadas en evitar que con al traslado a EE. UU. de Saab se conozcan detalles de los negocios irregulares que el régimen de Maduro mantiene con estos gobiernos.

REFERENCIAS

[1] Infobae. “La Fiscalía de EEUU pidió un plazo de 30 días para presentar argumentos contra Alex Saab lo que aumenta la probabilidad de su extradición”. 26 de Agosto de 2021. https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/08/26/la-fiscalia-de-eeuu-pidio-un-plazo-de-30-dias-para-presentar-argumentos-contra-alex-saab-lo-que-aumenta-la-probabilidad-de-su-extradicion/

[2] Departamento de Justicia . “Two Colombian Businessmen Charged With Money Laundering in Connection With Venezuela Bribery Scheme. 25 de julio de 2019. https://www.justice.gov/opa/pr/two-colombian-businessmen-charged-money-laundering-connection-venezuela-bribery-scheme

[3] El Nuevo Herald. “EEUU pide prórroga de 30 días para presentar caso contra Alex Saab”. 27 de agosto de 2021. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article253729698.html

[4] El Espectador. “Alex Saab denunció a jueces y fiscal de Cabo Verde por violar sus derechos”. 19 de agosto de 2021. https://www.elespectador.com/judicial/alex-saab-denuncio-a-jueces-y-fiscal-de-cabo-verde-por-violar-sus-derechos/

[5] Workers World. “Alex Saab’s Letter: No retreat, No surrender!”. 23 de agosto de 2021. https://www.workers.org/2021/08/58518/

Corte fija cronograma del proceso judicial entre PDV USA y la empresa del excongresista David Rivera

     El juicio se llevará a cabo a mediados del próximo año 2022.

Por Maibort Petit

   La Corte del Distrito Sur de Nueva York fijó el 24 de septiembre del presente años 2021, como la fecha límite para que PDV USA Inc. responda a la contrademanda que en su contra formuló la empresa del exparlamentario republicano David Rivera, Interamerican Consulting Inc.

   El pasado 20 de agosto, el juez John G. Köelt estableció un cronograma en el que, además de la diligencia anteriormente mencionado, fijó el 21 de febrero de 2022 para presentar los alegatos enmendados, fecha que igualmente será el plazo límite otorgado por el tribunal para que las partes puedan reunirse.

   Las declaraciones de expertos deben presentarse antes del 11 de abril de 2022; la etapa de descubrimiento de hechos, incluidas las declaraciones de los testigos de hechos tendrá como fecha tope el 21 de febrero de 2022; las mociones de sentencia sumaria vencen el 25 de mayo de 2022; la orden preliminar conjunta se estableció para el 17 de junio de 2022 o 21 días después de la decisión de cualquier moción dispositiva.

   Asimismo, el juez Köeltl estipuló que las partes deberán estar listas para el juicio con 48 horas de notificación o 21 días después de la presentación de la orden preventiva conjunta.

Solicitud de plazo

   El 1 de julio de 2021, Kathryn Lee Boyd, de la firma Hecht Partners LLP que representa legalmente a Interamerican Consulting Inc. en el proceso judicial que se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde PDV USA Inc. la demandó por incumplimiento de contrato, remitió una comunicación al juez John G. Köeltl, para solicitar la extensión del plazo de que dispone para responder a la Demanda Enmendada, al tiempo que se excusó por no poder estar presente en la conferencia pautada para el 13 de julio de 2021.

   Refirió que la razón por la cual no podría asistir se debía a que es, además, el abogado principal del juicio en Apple Inc. v. Corellium LLC, Nº 9-19cv-81160-RS, para la fecha de la comunicación pendiente ante el juez Rodney Smith en el Distrito Sur de Florida, quien había pautado ya anteriormente, una conferencia previa al juicio para el citado 13 de julio de 2021. Esta causa tenía pautado el inicio del juicio para el 19 de julio de 2021. Le recordó que el Tribunal había denegado la solicitud conjunta de las partes de aplazar la fecha del juicio para septiembre.

   La comunicación al juez refería que, de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 6 (b), el Interamerican Consulting solicitaba que el Tribunal extendiera el tiempo para que el demandado pudiera responder a la Demanda Enmendada por 30 días, hasta el 5 de agosto de 2021. El Demandado también solicitó que el Tribunal suspendiera la conferencia a la primera semana de agosto, o la fecha más temprana a partir de entonces, que fuera conveniente para la Corte. Las partes solicitaron que la Corte reajustar el plazo para presentar el informe de la Regla 26 (f), en consecuencia. El juez otorgó la solicitud.

Cambio de abogados

  El 2 de agosto de 2021, Kathryn Lee Boyd, de la firma Hecht Partners LLP, en representación de Interamerican Consulting Inc. solicitó al juez Kathryn Lee Boyd una prórroga para presentar la respuesta a la demanda enmendada en su contra.

    Explicó Boyd al magistrado que tal pedido lo hacía en virtud de que había sido informado por su cliente de que tenía la intención de contratar nuevos abogados en este asunto y estos, probablemente tomarían una nueva dirección y estrategia en la defensa de el caso. Pidió plazo hasta el 19 de agosto de 2021, para que se finalizara la contratación de los abogados y estos presentaran la respuesta solicitada por el tribunal.

  De hecho el 19 de agosto de 2021, el nuevo abogado de Interamerican Consulting Inc., Tucker H. Byrd, presentó la respuesta a la demanda enmendada y contra demandó a PDV USA Inc. como ya lo informamos en entrega anterior[1].

REFERENCIAS 

[1] Venezuela Política. “Empresa del excongresista, David Rivera niega los términos de la demanda de PDV USA en su contra y presenta contrademanda”. 20 de agosto de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/08/empresa-del-excongresista-david-rivera.html

PDV USA versus Interamerican Consulting: Una demanda que ocultaría otros ilícitos distintos a los que acusa

   Lo que aparenta ser un reclamo por incumplimiento de contrato, simplemente sería el camuflaje a una serie de negociaciones irregulares cometidas en el seno del principal activo de Venezuela en el extranjero: CITGO.

Por Maibort Petit

    La demanda entablada por PDV USA Inc. en contra de Interamerican Consulting Inc. propiedad del excongresista republicano, David Rivera, ha dejado al descubierto una serie de manejos irregulares que, presuntamente, operaban u operan en torno a la demandante y el demandado.

  De hecho, en la contrademanda que recientemente presentó Interamerican contra PDV USA, refiere que, en ningún momento manifestó su inconformidad con el servicio de consultoría prestado y sólo comenzó mostrar cierta resistencia a seguir realizando los pagos que venía realizando, cuando Interamerican se negó a permitir que el acuerdo suscrito entre ambas empresas se asignara por PDV USA a su casa matriz PDVSA. Ante el planteamiento, Interamerican expuso su inconformidad, toda vez hacerlo socavaría la recomendación estratégica que la demandada y ahora contrademandante venía planteando, en el sentido de que CITGO enfatizara su identidad independiente de Petróleos de Venezuela S.A., cuya imagen y desempeño venía afectándola.

   Ese, incluso, habría sido el objeto del contrato —al menos en el papel— pues CITGO procuraba asesoría para “desarrollar un plan estratégico para crear una identidad separada y distinta y desvincularse de su matriz final, Petróleos de Venezuela, SA”.

   Por tal servicio de "asesoría" por parte de la empresa de David Rivera, la filial de PDVSA en Estados Unidos “ofreció pagar la suma de $ 50 millones”, reza la contrademanda en su exposición del caso, al tiempo que agrega que tal cantidad pareció razonable a la estatal venezolana, ante el riesgo que corría.

  Y deja sentado Interamerican: “Teniendo en cuenta los miles de millones de dólares en juego con la estatura pública y empresarial de CITGO en peligro, CITGO obviamente consideró que la tarifa era razonable porque la tarifa propuesta se originó en CITGO sin que Interamerican lo solicitara o aportara” (subrayado nuestro).

  Interamerican destaca que “PDV USA nunca notificó a Interamerican de ninguna supuesta insatisfacción, nunca declaró a Interamerican en default, y ni siquiera dio por terminado o revocó el acuerdo”.

¿El objeto del contrato?

  Pero según fuentes internas de CITGO, tanto el objeto del contrato suscrito entre PDV USA Inc. e Interamerican Consulting Inc., como la razón de la demanda entablada, son otras nada regulares.

   Así se nos refiere que detrás del aparente objeto de acusar el incumplimiento de contrato por parte de la empresa de David Rivera y reclamar el reintegro de los USD 15 millones pagados, la intención es justificarse ante el gobierno de los Estados Unidos, toda vez que se conoce que el Departamento de Justicia y otras instancias de la administración estadounidense investigan a CITGO.

   De este modo, la demanda diseñada por el abogado Michael Gottlieb, a instancias de Luisa Palacios y Carlos Jordá, sólo tiene un objetivo, no la recuperación del dinero pagado a Interamerican, "sino desarrollar una estrategia del gobierno interino de Juan Guaidó para presentarse como en interesado en acabar con los manejos irregulares en CITGO", bajo su tutela desde que EE. UU. le reconoció como mandatario encargado de Venezuela y desconoció a Nicolás Maduro y su administración.

  “La demanda es, pues, solamente una cortina de humo”, advierte  fuentes vinculadas al caso, “una manera de lavarse la cara ante el gobierno de Estados Unidos, haciéndose ver como adalides de la lucha contra la corrupción”.

  Y entonces advierte la fuente: “nada más lejos de la realidad”, pues esos que pretenden presentarse como agentes combativos de lo irregular, guardaron silencio sobre los casos de corrupción que tenían lugar en CITGO en las administraciones de Asdrúbal Chávez y de Nelson Martínez. De ello supieron en febrero de 2019, como también conocieron de una auditoría que revelaba todos los manejos oscuros, la cual fue realizada en 2017 ordenada por la PDVSA de Maduro y que Juan Guaidó se atribuyó y fechó en 2019.

   "La junta directiva designada por Guaidó supo de los hechos de corrupción y no actuó en consecuencia", aseguró la fuente. "Luisa Palacios y el resto de la directiva no actuaron sino hasta mayo de 2020 en lo que puede denominarse como una operación de mampara", acota.

   Igualmente, se nos advierte acerca de la naturaleza de PDV USA Inc., la cual sería únicamente realizar operaciones y negociaciones irregulares, no solamente con Interamerican Consulting Inc., sino también con otras compañías cuestionadas, entre ellas, las de José Manuel González Testino.

¿Incumplimiento de contrato?

  Otra fuente nos apunta, que la demanda contra la compañía de Rivera persigue igualmente el objetivo de enmascarar las negociaciones irregulares llevadas a cabo a través de PDV USA y CITGO.

   Por tanto, según la fuente, la acusación contra Interamerican sólo pretende hacer ver a PDV USA como una víctima, objetivo trazado por el abogado Gottlieb, cuando lo que se procuraba era evitar que las averiguaciones se profundizaran en los responsables de las transacciones fraudulentas que se hicieron con la empresa de Rivera, las cuales violan las leyes federales de EE. UU. Era necesario alejar el dedo de la justicia de los directivos de CITGO que participaron en las oscuras negociaciones que, más allá de lo que reza el texto de la demanda, tienen que ver en realidad, con presunto lavado de dinero, financiamiento ilegal, malversación de fondos, soborno y fraude en CITGO, alerta la fuente.

  Puntualiza la fuente de Venezuela Política que, en 2017, José Pereira y Gina Coon, quien se mantiene como tesorera de CITGO, ejecutaron tres pagos vía transferencias bancarias por USD 5 millones cada uno, para un total de USD 15 millones, a la cuenta de David Rivera en el JP Morgan NY. Específicamente, mediante la cuenta identificada con el número de ruta 021000021 y el serial 633291682.

  Estos pagos, por demás, no habrían cumplido con los requisitos exigidos por las leyes de los Estados Unidos, pues se habrían respaldado con recibos de cobro carentes de la rigurosidad exigida por la norma.

  Una auditoría de CITGO identificó y describió el fraude y las violaciones de controles internos cometidas por José Pereira y Gina Coon, en colusión con personal de PDVSA y pudieron detener que se prosiguiera con los pagos irregulares a Rivera, es decir, los USD 35 millones de saldo del contrato que ahora reclama Interamerican en su contrademanda a PDV USA.

¿Otros fines?

  Pero otros objetivos habrían justificado la suscripción del contrato, toda vez que cuando el asunto explotó en los tribunales, David Rivera aseveró que el dinero que había recibido como pago por los servicios de consultoría, en realidad estaba destinado a financiar a la oposición venezolana.

  El excongresista sostuvo que había mantenido reuniones con Leopoldo López y su esposa, Lilian Tintori, a quienes habría entregado el dinero pagado por CITGO a Interamerican. En dichas reuniones, dijo, participó, supuestamente, Raúl Gorrín.

Sobre PDV USA Inc.

  PDV USA es una corporación de Delaware que es propiedad total de PDV Holding INC., la cual a su vez es propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), razón por la cual la estatal petrolera venezolana viene a ser, indirectamente, dueña del 100 por ciento en PDV USA.

  PDV USA Inc. es una entidad subsidiaria de PDVSA manejada por la gerencia de CITGO en Houston, Texas.

  PDV Holding Inc. ostenta la propiedad total de CITGO Holding, Inc., que es propietaria total de CITGO Petroleum Corp.

  En página web PDV Holding Inc. refiere que es una empresa filial en Estados Unidos de Petróleos de Venezuela S.A. Se trata de una compañía matriz constituida en Delaware y con sede social en Texas. PDVH es la accionista indirecta de CITGO Petroleum Corporation, a través de la propiedad de 100 por ciento de las acciones de su filial CITGO Holding Inc., única accionista de CITGO Petroleum Corp[1].

  Sin embargo, en ninguno de los sitios de la petrolera se hace mención directa a PDV USA Inc.

  Según el portal Open Corporates, PDV USA Inc., es una corporación registrada el 20 de marzo de 1991 en Delaware bajo el número 2257786.

   Como agente figura The Corporation Trust Company (incorporada el 10 de mayo de 2018) , cuyo domicilio es Corporation Trust Center 1209, Orange St, Wilmington, New Castle, DE, 19801[2].

  Open Corporates también informa que PDV USA Inc. es una corporación comercial extranjera registrada el 31 de octubre de 1991 en Nueva York, bajo el número 1586368, cuyo estatus actual es activo. Esta empresa funge como sucursal de PDV USA Inc., registrada en Delaware.

  Refiere que el domicilio es 29 Liberty St, Nueva York, 10005, Nueva York.

  Guillermo Blanco figura como director ejecutivo, incorporado desde el 5 de diciembre de 2019, mientras que PDV USA Inc. como el agente[3].

   Entretanto, Dun & Bradstreet refiere que PDV USA Inc. tiene su sede en Nueva York, cuyo objeto es la gestión de empresa e industrias. Informa que la firma cuenta con 4 empleados en total en todas sus ubicaciones. Este portal difiere en la dirección ofrecida por Open Corporates e indica como sede de la empresa el 65 E 55TH St FL 23B, New York​, NY, 10022-3367. Teléfono (212) 339-7770. Agrega que al frente de la compañía está Carlos Jordá[4].

REFERENCIAS

[1] PDV Holding. https://pdvholding.com/ES/

[2] Open Corporates. PDV USA Inc. https://opencorporates.com/companies/us_de/2257786

[3] Open Corporates, PDV USA Inc. https://opencorporates.com/companies/us_ny/1586368

[4] Dun & Bradstreet. PDV USA Inc. https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.pdv_usa_inc.9e82f3aa31dcd7408513c7567b071572.html

Empresa del excongresista, David Rivera niega los términos de la demanda de PDV USA en su contra y presenta contrademanda

   Interamerican Consulting revierte el caso a su favor y reclama el pago del saldo del contrato suscrito con PDV USA Inc. por USD 30 millones.

Por Maibort Petit

   Una contrademanda que niega los términos de la demanda interpuesta por PDV USA Inc. en su contra por incumplimiento de contrato, presentó Interamerican Consulting Inc. la empresa propiedad del ex-congresista republicano, David Rivera, pues sostiene que muy por el contrario a tener que devolver los USD 20 millones recibidos por pago de sus servicios, debe igualmente recibir el saldo del contrato por USD 30 millones.

  Interamerican Consulting reiteró las manifestaciones de inconformidad vinieron cuando se negó a que el referido contrato fuera transferido de PDV USA Inc. a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), resistiendo la tentación de acceder al ofrecimiento de recibir el saldo del contrato para la fecha, USD 35 millones, si se consentía en dicho cambio.

  Fuentes ligadas al caso alertan "de la ya irregular suscripción de un contrato con una empresa de papel, toda vez que PDV USA Inc. fue constituida con la intención de llevar a cabo negociaciones irregulares, tanto con Interamerican, como con otras compañías igualmente cuestionadas, entre ellas, las empresas de José Manuel González Testino, y otros". 

   La fuente confirma que el contrato objeto de la demanda se ejecutó y pagó a través de CITGO Petroleum Corporation.

  Se estaría, por tanto, ante una negociación entre dos compañías de papel, toda vez que Interamerican Consulting Inc. es tenida como empresa de maletín.

  En tal sentido, nuestra fuente sostiene que, dadas estas circunstancias, "la demanda de CITGO está mal planteada por cuanto no se trata de un caso de incumplimiento de contrato, sino de una transacción ficticia establecida con un único objetivo de la lavar fondos sustraídos irregularmente de la filial de PDVSA en Estados Unidos". Se trata, entonces, "de un reclamo engañoso, por cuanto quienes en la actualidad demandan solo los mismos beneficiarios de contratos irregulares suscritos en esta y otras oportunidades a través del uso de esta entidad de control —PDV USA Inc.— creada para valerse del sistema comercial, legal y bancario de EE. UU. procesando transacciones fraudulentas, entre ellas, la legitimación de capitales".

La respuesta de Interamerican

  El 19 de agosto de 2021, Interamerican Consulting Inc., respondió y sostuvo su defensa ante la Demanda Enmendada y otras contrademandas interpuestas en su contra en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por PDV USA Inc. por incumplimiento de contrato.

   A lo largo de su exposición, Interamerican refiere carecer de la información suficiente para comprender los alegatos de PDV USA en su demanda.

    Aunque reconoce haber establecido un acuerdo con PDV USA Inc. el 21 de marzo de 2017, Interamerican niega lo expuesto en la demanda, sus alegatos y asegura que cumplió los términos del contrato y con la presentación de informes en virtud de citado acuerdo.

  En trece puntos, Interamerican niega diversos aspectos de la demanda enmendada presentada por PDV USA en los que destaca la admisión de haber recibido pagos parciales por los servicios prestados en virtud del Acuerdo, al tiempo que reitera su reclamo de USD 30 millones de saldo del contrato. Y es que, según la demandada, es PDV USA la que violó el acuerdo al no pagarle los referidos USD 30 millones legalmente adeudados.

  Interamerican rebate cada punto de la demanda de PDV USA y refiere que en lo relativo a las “Partes”, admite que David Rivera es el presidente y agente registrado de la empresa, pero niega que Diana Rivera McKenzie sea empleada o vicepresidenta de la compañía.

   Sostiene que presentó todos los informes requeridos y niega que el nivel de detalle de los mismos incumpliese los términos del contrato o que de otra manera no haya informado a PDV USA, Inc. de los esfuerzos realizados.

  Asegura que, en ningún momento, PDV USA expresó su descontento con el desempeño de Interamerican en virtud del acuerdo y, por el contrario, sostiene que la demandante demostró su satisfacción.

  Igualmente refiere que las declaraciones de David Rivera no connotan violación a los términos del acuerdo.

   Interamerican Consulting Inc., pues, niega todas las acusaciones contenidas en la demanda de PDV USA Inc. que se admiten en su respuesta.

   Su primera defensa afirmativa referida al incumplimiento de pago, refiere que PDV USA Inc. incumplió el acuerdo al no pagar y negarse a pagarle los montos adeudados.

   La segunda defensa asegura que PDV USA Inc. renunció a cualquier supuesto incumplimiento de Interamerican en el cumplimiento de sus obligaciones, al no objetar tal incumplimiento y no rescindir el contrato.

   La tercera defensa insiste en que PDV USA Inc., con conocimiento y consentimiento, ratificó y aceptó las actuaciones de Interamerican en virtud del acuerdo a pesar de cualquier supuesto incumplimiento.

  La cuarta defensa asevera que los reclamos del demandante están prohibidos por la doctrina del estoppel, la cual establece que nadie puede actuar en contra de sus propios actos.

  La quinta defensa, igualmente sostiene que los reclamos de PDV USA están prohibidas por la doctrina de laches, la cual expone que un derecho o reclamo legal no se hará cumplir ni se permitirá si una gran demora en hacer valer el derecho o reclamo perjudica a la parte adversa.

  La sexta defensa también se remite a otra doctrina, esta vez, la de las manos inmundas, para alegar que los reclamos están prohibidos.

  La séptima defensa refiere que los reclamos del demandante por enriquecimiento injusto fracasan porque existe un contrato expreso entre PDV USA e Interamerican.

  La octava defensa de Interamerican dice que los reclamos de PDV USA sobre mitigación de daños, están excluidos porque no mitigó sus supuestos daños.

  Interamerican Consulting Inc. pide a la Corte negar las demandas de PDV USA Inc. y emitir una sentencia a su favor otorgándole, además, cualquier otra reparación adicional a la que pueda tener derecho, o que el tribunal considere justa y apropiada.

Contrademanda

  En su respuesta, Interamerican Consulting Inc. procede a contrademandar a PDV USA Inc. y sostiene que el acuerdo se estableció en razón de que CITGO Petroleum Corporation buscaba desarrollar un plan estratégico para desvincular a la filial de su casa matriz Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Por ello habría ofrecido pagar USD 50 millones, la que consideró una tarifa razonable, dado que la estatura pública y empresarial de CITGO estaba en peligro.

  El contrato se suscribió el 21 de marzo de 2017 para que Interamerican brinde estos servicios de consultoría de planificación estratégica en beneficio de CITGO.

  Asegura que, en ningún momento, CITGO expresó su descontento con el desempeño de Interamerican y sólo hasta que la demandada se negó a permitir que el acuerdo fuera asignado por PDV USA a PDVSA, entonces experimentó alguna resistencia por parte de PDV USA para hacer los pagos adeudados.

  Interamerican se negó a la reasignación debido a que esto socavaría la recomendación estratégica de que CITGO enfatizara su identidad independiente de su matriz venezolana.

  En tal sentido, sostiene que, PDV USA, no Interamerican, violó el acuerdo y destaca que no le debe nada a la primera, sino, por el contrario, PDV USA adeuda el saldo de USD 30 millones.

  Alega Interamerican que la Corte del Distrito Sur de Nueva York carece de jurisdicción para que curse la demanda, toda vez que las partes son de distintos estados y el monto en controversia es superior a USD 75.000.

  Advierte que la contrademanda que presenta es obligatoria bajo Fed. R. Civ. Pág. 13 (a) porque surge de la transacción o el hecho que es el tema de la queja Enmendada de PDV USA y no requiere agregar otra parte sobre la cual la Corte no puede adquirir jurisdicción.

Los cargos de la contrademanda

  El primer cargo es por incumplimiento de contrato, en razón de que Interamerican Consulting Inc. habría prestado todos los servicios a PDV USA en beneficio de CITGO en virtud del acuerdo, pero solamente pagó USD 20 millones y se negó a pagar los USD 30 millones restantes.

  El segundo cargo es por enriquecimiento injusto, alegando Interamerican que PDV USA se ha enriquecido gracias a sus servicios.

  El tercer cargo por sentencia declaratoria, por cuanto Interamerican afirma que prestó los servicios requeridos bajo el acuerdo, lo que le da derecho a retener los USD 20 millones que PDV USA pagó previamente y reclamar el saldo restante de USD 30 millones.

  Interamerican Consulting Inc pide la realización de un juicio con jurado sobre todos los asuntos planteados en la contrademanda.

Abraham Edgardo Ortega, exfuncionario de PDVSA, busca a toda costa retrasar su ingreso a una cárcel de EE. UU.

 Por Maibort Petit 

   Abraham Edgardo Ortega, quien se declaró culpable por delitos de corrupción y lavado de dinero busca a toda costa no ir a la cárcel, y para ello ha logrado que un juez norteamericano le autorice posponer la fecha de entrega voluntaria a la prisión, mientras sus abogados arreglan con los fiscales para que la justicia le otorgue "más beneficios tras su colaboración en la investigación" que realizan las autoridades estadounidenses sobre la enorme red de venezolanos que blanqueó miles de millones de dólares en el sistema financiero de Estados Unidos.

  La abogada de Ortega,  Lilly Ann Sánchez, pidió a un juez estadounidense que el convicto por delitos de corrupción y lavado de dinero proveniente de PDVSA, no se entregue "voluntariamente a la cárcel para cumplir su sentencia en la fecha prevista en el mandato del tribunal", que establecía que el reo entraría a la prisión  el 2 de septiembre de 2021. 

   El ex ejecutivo de la compañía petrolera estatal de Venezuela fue sentenciado a dos años y cuatro meses de prisión en relación con un supuesto plan de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones vinculado a bienes raíces en el sur de Florida.

  En la comunicación de  la defensa, refrendada por los fiscales federales, se asegura que el corrupto podría entregarse a las autoridades de la prisión en una fecha  posterior al 3 de enero de 2022. 

  Para lograr permanecer en libertad condicional  y no cumplir con la sentencia de 28 meses en prisión, Abraham Edgardo Ortega argumentó que ha seguido colaborando con los fiscales y que aspira una reducción de la sentencia.

  El 31 de octubre de 2018,  Ortega se declaró culpable de un cargo n que lo acusa de conspiración para cometer blanqueo de capitales, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h) y 1957 (a).

  La audiencia de sentencia, que se llevó a cabo el 5 de mayo de 2021, y un juez  lo condenó a 28 meses de prisión. 

  Según la defensa de Ortega, los fiscales federales señalaron que  esperan presentar una moción basada en la regla 35 para una reducción basada en una mayor cooperación que aún está en curso.

   La misiva dice que la defensa y el Gobierno esperaban que la cooperación en curso se completara antes de la fecha de entrega del 2 de septiembre de 2021, pero "no ha sido así, debido a las complicaciones derivadas de la pandemia continúan retrasando las cosas".

   Abraham Edgardo Ortega "se encuentra bajo fianza y monitoreo electrónico y ha cumplido plenamente durante todo el tiempo que estuvo pendiente" sostiene su defensa.

   Asimismo, la abogada Sánchez sostiene que el fiscal federal adjunto Kurt Lunkenheimer y el representante del Departamento de Justicia en este caso, Paul Hayden se han pronunciado, y el gobierno no se opone a esta prórroga y cree que una fecha de entrega posterior al 3 de enero de 2022 sería apropiada.

  Abraham Edgardo Ortega, quien fue director ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, admitió que aceptó más de $ 12 millones en sobornos por su papel, lo que permitió a otros venezolanos acusados ​​de desfalcar a la petrolera venezolana.

   Los fiscales del caso alegaron que los "cleptócratas" hicieron préstamos a la compañía petrolera que los hicieron ricos de la noche a la mañana, en parte a través del sistema de cambio de divisas único de Venezuela.

   En total, nueve personas fueron acusadas en el plan en 2018, y cinco de ellas aún están prófugas. Ortega es el segundo en recibir una sentencia reducida.

   La sentencia de 10 años del banquero suizo Matthias Krull se redujo a tres años y medio en septiembre. Krull, acusado de mover $ 600 millones vinculados al esquema de la compañía petrolera, también cooperó con los fiscales.

   Los fiscales han alegado que parte del dinero extraído terminó en bienes raíces locales, incluida una unidad en la Porsche Design Tower de Sunny Isles Beach.

  Al momento de su sentencia, Ortega lloró frente a la jueza federal Kathleen Williams en Miami y reconoció  que la “corrupción” generalizada y el esquema de malversación de fondos llevaron a la crisis económica en Venezuela.

   La fecha de la sentencia de Abraham Edgardo Ortega  se ha cambiado dos veces. Inicialmente estaba prevista para el 1 de abril de 2020, por 60 días y luego fue planificada para el 2 de septiembre de 2021. Ahora nuevamente se cambia para el 10 de febrero de 2022.

El caso

   Abraham Edgardo Ortega formó parte de la conspiración para lavar miles de millones de dólares producto de operaciones irregulares de PDVSA de la cual fueron protagonistas: Francisco Convit Guruceaga; José Vicente Amparan Croquer, alias «Chente»; Carmelo Urdaneta Aquí; Gustavo Adolfo Hernández Frieri; Hugo Andre Ramalho Gois; Mathias Krull; Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, 9 conspiradores y tres oficiales venezolanos.

  La investigación encubierta denominada “Money Flight” emprendida por la Fuerza de Tarea de Delincuencia Organizada y Control de Drogas (OCDETF), la cual tuvo su origen en la delación que una Fuente Confidencial (Confidential Source) hizo ante las autoridades de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami (HSI, por las siglas en inglés de Homeland Security Investigations) en 2016, cuando dio a conocer que había sido contactada por operadores financieros venezolanos —conocidos en el argot popular como “boliburgueses”, enriquecidos bajo el amparo de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro— para legitimar USD 78 millones provenientes de una transacción cambiaria irregular que se había efectuado entre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la empresa Rantor Capital. Al final esta operación totalizaría USD 1.200 millones de los cuales se destinaría una parte para pagar sobornos a los ejecutivos de la estatal petrolera que habrían facilitado la negociación fraudulenta. A partir de la delación de la CS, esta comenzó a trabajar con las autoridades en la investigación.

  La actividad de rastro de la operación se extendió por dos años en los que se hicieron más de cien grabaciones que revelaron el modus operandi que los protagonistas de la trama utilizaron legitimar los capitales irregulares, usando bienes raíces en Miami y esquemas sofisticados de falsas inversiones.

  Estos hechos se constituyeron en la causa probable para iniciar el proceso judicial en contra de los indiciados.

   Valiéndose de su posición en la empresa venezolana, Ortega recibió  USD 5 millones en sobornos a cambio de catalogar de prioritaria a una empresa francesa y un banco ruso y de esta manera hacerlos beneficiarios de contrato de préstamo a favor de la empresa conjunta de la que ambos son accionistas. El soborno provino de un esquema de cambio de moneda que permitió malversar USD 1.2 mil millones.

  Ortega también aceptó USD 12 millones en sobornos por su participación en un esquema de malversación de fondos de PDVSA que involucra un préstamo y un contrato de cambio de divisas. Este monto fue lavado entre Ortega y un coacusado a través de un sofisticado esquema de falsas inversiones. En este esquema participaron administradores de dinero cómplices, casas de bolsa, bancos y empresas de inversión inmobiliaria en los Estados Unidos y en otros lugares, los cuales operaban como una red de lavadores profesionales de dinero y quienes fueron acusados el 16 de agosto de 2018.

  Por estos hechos el tribunal procedió con la incautación de una serie de propiedades en Miami, Panamá, así como bonos y otros instrumentos financieros en Suiza, Inglaterra y Las Bahamas. A estas se suman propiedades en Miami. 

Juez de Texas cambia nuevamente fecha de la sentencia de los contratistas corruptos de CITGO y PDVSA: Roberto Rincón y Abraham Shiera

Por Maibort Petit

   La Corte del Distrito Sur de Texas ha cambiado en varias oportunidades la fecha de la lectura de la sentencia de los ex-contratistas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y de CITGO, Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera, acusados de haber orquestado un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero que desfalcó a la estatal petrolera millones de dólares. Una decisión del juez Gray H. Miller  anunció que los dos contratistas corruptos serán sentenciados el 10 de febrero de 2022

   Para lograr contratos de PDVSA para sus empresas, Rincón y Shiera estructuraron una sofisticada y complicada trama en la participaron un gran número de funcionarios de la empresa estatal venezolana, compañías fantasmas y otros empresarios, cuyos nombres han ampliado el expediente y han llevado a que más de 20 personas enfrenten cargos, se hayan declarado culpables o están a la espera de ser juzgados.

La espera continúa

  Abraham José Shiera Bastidas, contratista de Coral Gables, se declaró culpable el 22 de marzo de 2016, de cargos de fraude y soborno en el extranjero de manera de asegurarse de manera corrupta contratos millonarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

   Ante el Tribunal del distrito Sur de Texas en Houston, Shiera Bastidas admitió un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y cometer fraude electrónico y un cargo por violar la FCPA.

    Un Gran Jurado emitió una acusación formal contra Shiera Bastidas responsabilizándolo de 18 cargos, al igual que acusó a Roberto Enrique Rincón Fernández, socio del primero. El 16 de diciembre de 2015, Shiera fue arrestado en Miami.

   Shiera y Rincón se asociaron y presentaron ofertas para proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus diversas empresas. Shiera admitió que, a partir de 2009, él y Rincón acordaron pagar sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de la estatal petrolera venezolana para asegurarse ser incluidas en los paneles de licitación de PDVSA y obtener lucrativos contratos. También pagó sobornos a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en las listas de proveedores de la petrolera y se les diera prioridad de pago por sobre el resto de los proveedores con facturas pendientes[1].

  Entretanto, Roberto Enrique Rincón Fernández, formuló su admisión de culpa el 16 de junio de 2016, cuando ante juez federal del distrito sur de Texas, Gray H. Miller, aceptó su responsable de un plan para asegurar corruptamente contratos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

   El empresario aceptó un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo por ofrecer información falsa en su declaración federal de impuestos sobre la renta de 2010. El juez impuso una sentencia monetaria personal a Rincón, quien aceptó el decomiso.

   Rincón fue arrestado el 16 de diciembre de 2015, luego de que un gran jurado en el Distrito Sur de Texas emitiera una acusación formal de 18 cargos contra él y Abraham José Shiera Bastidas.

    Ambos empresarios se asociaron para ofertar y proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus compañías. Rincón admitió que, a partir de 2009, él y Shiera acordaron sobornar y ofrecer otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en los paneles de licitación de la estatal, lo que les permitió ganar lucrativos contratos. También reconoció haber sobornado a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas se incluyeran en las listas de proveedores y se les priorizaran los pagos por encima de otros proveedores.

    Del mismo modo, Rincón dijo que, deliberadamente, no informó en su declaración de impuestos federales de 2010 más de USD 6 millones en ingresos por dividendos extranjeros que recibió de una corporación venezolana de su propiedad[2].

     La sentencia estaba prevista para el 19 de agosto de 2021 a las 10 AM.

Namam Wakil: De vendedor ambulante a contratista millonario del chavismo

 A la sombra de sus relaciones con altos funcionarios chavistas, el empresario amasó una gran fortuna a expensas de minar el erario público venezolano.

Por Maibort Petit

   El pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. o de cualquier empresa estatal venezolana parece ser una constante, una marca, una impronta en el comportamiento de la administración pública que, durante los últimos veinte años adquirió niveles alarmantes. En ese contexto se inscribe el caso de Naman Wakil, un ciudadano de nacionalidad siria y venezolana residente en los Estados Unidos, quien se sumó al esquema corrupto señalado con el objeto de lograr contratos millonarios con la petrolera y, también, con la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola (CASA), la empresa de alimentos del estado venezolano.

  La causa identificada con el en número 21-CR-20406-WILLIAMS (SELLADO), se ventila en el Tribunal del Distrito Sur de Florida-División Miami, a cargo de la juez de primera instancia, Lauren F. Louis, a quien el caso le fue presentado el pasado 4 de agosto del presente año 2021. Wakil pagó 21 millones de dólares en una fianza para ser juzgado en libertad.

    De acuerdo a los documentos judiciales bajo esta modalidad, Wakil, entre 2010 y 2017, habría realizado negociaciones por el orden de los USD 250 millones para lo cual, supuestamente, pagó sobornos a funcionarios de CASA y de las empresas mixtas que operan en el Faja petrolífera del Orinoco, las cuales tienen un paquete accionario en el que PDVSA tiene el mayor porcentaje frente a sus socias extranjeras. El empresario vendería alimentos a la corporación venezolana y, por otra parte, proporcionaría bienes y servicios a PDVSA, habiéndose determinado un sobreprecio de al menos USD 30 millones en estos últimos contratos.

   Los dineros mal habidos de estas negociaciones, habrían sido lavados por Wakil a través de cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida y mediante la compra de inmuebles en dicha zona, un avión de USD 3.5 millones y un yate de USD 1.5 millones, entre otras cosas. Parte de estos fondos también fueron destinados por el empresario para pagar a los funcionarios venezolanos que facilitaron las negociaciones.

  Las autoridades judiciales acusan a Naman Wakil de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA); conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero promocional internacional y tres cargos de participación en transacciones que involucran propiedad derivada delictivamente, por lo que, de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 80 años de cárcel.

   Entre las primeras diligencias del caso, el 6 de agosto tuvo lugar una audiencia de detención preventiva de Wakil, quien fue arrestado el 3 de agosto.

  Las jugosas ganancias de estas presuntas negociaciones irregulares le permitieron a Wakil mantener una vida de lujos con su familia, lo cual incluía viajes por todo el mundo y vivir en un condominio de USD 3.5 millones de Coconut Grove es con vista a la Bahía de Biscayne, de acuerdo con una nota publicada por el Miami Herald[1].

   La reseña de prensa indica que Wakil habría invertido las ganancias ilegales derivadas de los contratos corruptos con PDVSA y CASA en el citado condominio, ubicado específicamente en “Residences at Vizcaya” en Hiawatha Avenue, así como también en los apartamentos antes mencionados, los cuales están en Brickell Avenue en el centro de Miami y en la Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach. Señala la publicación que el valor de estas compras ronda los USD 50 millones.

  Pero para evadir las rejas, la defensa de Wakil y los fiscales del caso acordaron una fianza de USD 50 millones, los cuales se cancelarán con propiedades y USD 21,3 millones provenientes de una cuenta en suiza, señala otra nota del Miami Herald[2].

   Esta última detalla que las ganancias del primer contrato de Wakil con CASA, el citado líneas arriba por USD 30 millones, habrían ido a parar a cuentas del empresario en las Islas Caimán, mientras USD 750 mil fueron a parar a la cuenta en el sur de la Florida de un funcionario venezolano. Más tarde, en 2012, obtuvo un nuevo contrato por USD 225 millones que se depositaron en cuentas bancarias corporativas en Suiza, entretanto USD 11 millones alimentaron las finanzas de otro funcionario venezolano.

   Con la subsidiaria de PDVSA, Petropiar, Wakil firmó en 2015 un acuerdo por tuberías de USD 11.2 millones, cuando los referidos tubos los compraba en China por USD 1.3 millones. El funcionario que facilitó el negocio habría sido favorecido con un condominio de USD 300 mil en Miami.

Con historial en los Papeles de Panamá

  Agrega que ya el nombre de Naman Wakil había resonado en 2016 cuando explotó el escándalo de los Papeles de Panamá y al empresario se le vinculó con un banquero de Citigroup y con empresas fantasmas con cuentas secretas extraterritoriales que permitieron ocultar fondos irregulares de clientes entre los cuales se contaba el sirio-venezolano.

 En aquel entonces se dijo que Wakil con intereses comerciales en Carolina del Norte y Miami por el orden de los USD 400 millones. Para evadir la carga tributaria que tales negocios suponen, recurrió al bufete panameño Mossack Fonseca. Los abogados de esta firma le propusieron abrir una serie de fideicomisos y sociedades offshore que le permitirían enmascarar y esconder sus ganancias.

Un documento muestra negocios irregulares entre extitular el Ministerio de Alimentación de Venezuela y un empresario sirio

Su historia y su afán de ocultarla

  El portal El Pitazo[3] da cuenta del historial de este hombre y los “funcionarios venezolanos” con que en los documentos judiciales de la corte de la Florida se identifica a los socios corruptos con los que Naman Wakil supuestamente habría realizado las negociaciones irregulares, adquieren nombre y apellido.

  La publicación refiere que Wakil amasó su fortuna con los contratos de importación de carne que le otorgó el exmimnistro de alimentación, mayor general Carlos Osorio. Familiares de este último habría recibido USD 5,9 millones desde una cuenta en el banco suizo CBH, propiedad del empresario.

  Del mismo modo, la nota de El Pitazo reza “que desde las cuentas del sirio-venezolano se hicieron, en 2012, cerca de 14 transferencias por montos desde los 108.250 dólares hasta 149.975 dólares a favor de Rodolfo Raschid Velasco Kassem, capturado por el Cicpc en 2013, señalado por formar parte de la organización del capo colombiano Daniel “El Loco” Barrera (…) También se comprobó que Naman Wakil habría hecho entre diciembre de 2012 y junio de 2013 al menos ocho transferencias entre 350.000 hasta 2.000.000 dólares a favor de varias empresas, desde la cuenta de empresas propiedad de Wakil —Atlas Systems International y J.A. Comercio de Géneros Alimenticios— a favor de la Viltas Company, cuyos beneficiarios serían Roberto Rodríguez y Santiago Souto, este último también identificado como uno de los asesores de Raúl Gorrín en Suiza”.

  Naman Wakil habría amasado una fortuna de USD 400 millones solamente en el banco suizo, habiéndose iniciado como vendedor ambulante que residía en Petare. Según las averiguaciones periodísticas, compraba carne a punto de vencerse y la negociaba con el estado venezolano con sobreprecios milmillonarios, a la sombra de sus relaciones con Osorio.

  El portal refiere los esfuerzos del empresario sirio-venezolano por hacer desaparecer su historia de internet, creándole otros perfiles que van desde jugador de fútbol de la vino tinto, beisbolista de los Leones del Caracas, hasta blogger de comida.

Mas de Wakil, según Carlos Tablante

  El exdiputado y exgobernador del estado Aragua, Carlos Tablante[4], autor del libro “El Gran Saqueo”, también le pone nombre y apellido a los “funcionarios venezolanos” que figuran en la demanda contra Wakil. De este modo, “Los altos funcionarios venezolanos 1 y 2 de CASA presuntamente serían los militares Sergio Caldera García, quien fuera presidente de la institución entre 2010 y 2011 (residente en EE. UU.), y Carlos Osorio Zambrano, responsable de CASA entre 2011 y 2014, fechas que se mencionan específicamente en la acusación. Osorio es en la actualidad presidente de la Corporación Venezolana de Minería, S.A. (CVM)”.

   Tablante agrega que en denuncia formulada en 2016 señaló que “Dos cuñados del general recibieron casi 6 millones de dólares de una empresa de Wakil entre diciembre de 2012 y junio de 2013 cuando el militar era ministro de Alimentación. Las evidencias fueron entregadas a la Asamblea Nacional que produjo un voto de censura contra Osorio, así como a la Fiscalía General, la cual abrió una investigación contra el general y Wakil sin resultados conocidos”.

  El libro de Tablante dedica uno de sus capítulos a Namal Wakil: “Trece millones de dólares en mortadela”, en el que describe el modus operandi mediante el cual Wakil estafó a la nación venezolana.

“A través del sistema de subastas, Naman Wakil, como representante de legítimas compañías de Brasil y por medio de información privilegiada, obtuvo millonarios contratos. Sin embargo, su verdadero objetivo era obtener dólares preferenciales para venderlos en el mercado negro y obtener inmensas ganancias. Para ello no vaciló en negociar productos cárnicos a punto de caducar o de ínfima calidad, muchas veces rechazados por otros países. Adquirió un frigorífico en Brasil para reempacar y reetiquetar la mercancía como de primera calidad antes de su envío a Venezuela donde muchas veces llegó en estado de descomposición”, dice Tablante.

 Para perfeccionar su negoció diseñó un esquema fraudulento consistente en el establecimiento de una red de empresas de maletín con nombres similares a las empresas proveedoras de Brasil y de esta manera enmascaraba los sobreprecios de los productos que le vendía a Venezuela.

REFERENCIAS 

[1] Miami Herald. “U.S. agents arrest wealthy Venezuelan man at Miami home on money laundering charge”. 10 de Agosto de 2021. https://www.miamiherald.com/news/local/article253219913.html

[2] Miami Herald. “Venezuelan’s bond: $21 million in Swiss account, plane, yacht, lots of Miami condos”. 11 de Agosto de 2021. https://www.miamiherald.com/news/local/article253390023.html

[3] El Pitazo. “Naman Wakil: el vendedor de carne que quiere ocultarse en internet”. 3 de agosto de 2021. https://elpitazo.net/internacional/naman-wakil-el-cunado-de-carlos-osorio-que-quiere-ocultarse-en-internet/

[4] El Pitazo. “Los pecados capitales de Naman Wakil”. 9 de agosto de 2021. https://elpitazo.net/opinion/los-pecados-capitales-de-naman-wakil/

Conozca la táctica evasiva de Petroleum Logistics Service Corp para darse por notificada de demanda en su contra entablada por CITGO

  Tanto José Manuel González Testino como su empresa evitaron a toda costa ser notificados de la demanda que la filial de PDVSA en Estados Unidos entabló contra ellos.

Por Maibort Petit

  Múltiples han sido las diligencias llevadas a cabo por CITGO Petroleum Corporation para servir a José Manuel González Testino y a su empresa Petroleum Logistics Service Corp. y así dar curso al proceso judicial por incumplimiento de contrato presentó en la Corte del Distrito Sur de Texas.

   Las evasivas de uno y otra, llevaron a los abogados de CITGO a pedir ante la secretaría del tribunal, se declare en rebeldía a los demandados.

El reclamo

   El 2 de marzo de 2021, Jennifer Hardy de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP, en representación de CITGO Petroleum Corporation, presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas un Informe de Estado de su cliente en relación con la Moción de Incumplimiento respecto a los demandados, Petroleum Logistics Service Corp. y José Manuel González Testino, a objeto de actualizar al tribunal sobre sus esfuerzos con relación al caso.

  Refiere, en primer lugar, que CITGO fue víctima de una conspiración de soborno perpetrada por los demandados, por lo que recurrió a al Corte demandando incumplimiento de contrato, fraude y reclamos civiles bajo la Ley de Organizaciones Influenciadas y Corruptas del Racketeer (RICO), con el objeto de recuperar los daños que sufrió como resultado de esa conspiración de soborno criminal.

  Para satisfacer su carga de la prueba y obtener una sentencia en rebeldía, CITGO propone presentar una sola moción que aborde tanto los asuntos de responsabilidad como de daños y, además, en respaldo de dicha moción, también propone presentar un informe pericial sobre los daños.

   Explica que el 5 de marzo de 2014, CITGO y PLS celebraron un Acuerdo de contrato de servicio en el que el demandado se comprometía a brindar servicios de adquisición y logística para facilitar la venta y el transporte de equipos, bienes y/o materiales a la empresa matriz de la demandante, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

   Entre los años 2014 y 2018, CITGO hizo cientos de transacciones para adquirir bienes y servicios en nombre de PDVSA a través de PLS como proveedor de adquisiciones y logística. Port ello pagó a PLS y sus afiliados, más de USD 20 millones. Debido a que cada transacción se facturó por separado, el proceso de recopilación, revisión y organización de las aproximadamente 1.000 facturas de PLS identificadas, ha requerido mucho tiempo.

  Igualmente, CITGO informa que ha contratado un experto con más de tres décadas de experiencia en asesorar a clientes con problemas económicos, financieros y de valoración complejos, a objeto de que haga una evaluación de los daños. Se advirtió que la revisión y análisis de las aproximadamente 1.000 facturas, podría tomarle al perito hasta julio de 2021.

   Al momento de la redacción del informe de estado (marzo de 2021), CITGO no preveía solicitar permiso al Tribunal para citar a terceros para que presentaran documentos adicionales. Sin embargo, alertó que en la medida que avanzara la evaluación de daños para determinar el monto a exigir a los demandados, era posible que requiriera el permiso de la corte para obtener dicha documentación adicional a través de citaciones de terceros.

  Por último, CITGO consideraba que los asuntos de responsabilidad y daños pueden ser resumidos de manera efectiva en una sola moción, la cual incluiría documentación relevante como prueba, así como el informe pericial sobre daños. Asimismo, indicó que en la medida en que el Tribunal solicitara más información sobre las cuestiones de responsabilidad o daños, el demandante también podría presentar pruebas y hacer que su experto esté disponible en una audiencia probatoria.

  CITGO informó a la Corte que estaría preparado para presentar una moción por incumplimiento en agosto de 2021 o alrededor de esa fecha.

CITGO puede declarar en rebeldía a los demandados

  De acuerdo a lo establecido la Regla 55 (a) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, CITGO Petroleum Corporation solicitó al Secretario del Tribunal declarar en rebeldía a los demandados José Manuel González Testino y Petroleum Logistics Service Corp.

  Tal pedido se formuló en razón de que ni González Testino ni PLS han respondido a las notificaciones que la demandante procuró hacer, luego de haber entablado una demanda por incumplimiento de contrato contra ambos el 26 de mayo de 2020.

  Dado que transcurrió el tiempo de ley y ninguno de los demandados ha presentado alegatos de respuesta, CITGO reclama la declaración de incumplimiento por parte de González Testino y PLS.

  CITGO refiere que intentó servir a Petroleum Logistics Service Corp a través de su agente registrado en Estados Unidos, pero esta empresa incumplió esta obligación. Igualmente lo intentó hacer en persona mediante servidores de procesos en las oficinas que figuran en el sitio web corporativo de PLS, 1519 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126. Pero en dicha dirección funcionaba una empresa diferente y un empleado de la recepción indicó que no sabía que PLS tuviera oficinas allí.

  Dada la inexistencia del agente registrado en Texas, el 4 de agosto de 2020, CITGO sirvió a PLS a través del Secretario de Estado de Texas, de acuerdo con la ley de esa entidad federal.

 Específicamente, CITGO transmitió la Queja, la Citación, la Declaración de divulgación corporativa de la Regla 7.1 y el Certificado de partes interesadas al Secretario de Estado de Texas con instrucciones para enviar el Servicio de PLS a los siguientes tres nombres y direcciones:

  A la sede corporativa internacional de PLS en Panamá según su sitio web y correspondencia con CITGO, ubicada en Petroleum Logistics Service Corp., Trump Office Tower, 2nd piso, Oficina 2 -06, Punta Pacífica, Ciudad de Panamá, Panamá con atención al Agente Gerente de PLS.

  Al Agente de PLS en presentaciones corporativas en Panamá, Fábrega, Molino y Mulino, ubicado en BMW Plaza, 9th Floor, 50 St. P.O. Box: 0816-00744, Panamá, Rep. De Panamá.

   Al presidente de PLS, Jaymy Domínguez, quien fue identificada por el abogado de PLS USA como un punto de contacto apropiado para PLS en Panamá, en su domicilio según los registros corporativos de PLS ubicados en PH Riverside, Piso 23, Apto. 23A, Calle 5ta, Parque Lefevre y vía España, Parque Lefevre, Panamá.

   El 14 de agosto de 2020, el Secretario de Estado certificó que recibió los Documentos de servicio de PLS el 4 de agosto de 2020 y, el 11 de agosto de 2020, los remitió por correo certificado con acuse de recibo solicitado a las tres direcciones proporcionadas.

  El 15 de septiembre de 2020, el Secretario de Estado de Texas firmó tres certificados de servicio adicionales que certifican la respuesta que recibió de los correos a PLS. Por ejemplo, el 2 de septiembre de 2020, los correos del Secretario de Estado de Texas a las oficinas centrales de PLS y a Fabrega, Molino y Mulino fueron devueltos "Devolver notación de rumbo al remitente, no se puede reenviar". El 8 de septiembre de 2020, el correo del Secretario de Estado de Texas al presidente de PLS, Jaymy Domínguez, fue devuelto con el mensaje "Devolución de notación al remitente, rechazada, incapaz de reenviar".

  Debido a que, como se alega en la Demanda, PLS estaba bajo el control y propiedad indirecta de González Testino, CITGO también proporcionó de forma independiente los documentos de servicio de PLS a este el 1 de septiembre de 2020, a través del abogado registrado en su proceso penal relacionado.

El servicio a González Testino

  Entretanto, luego de repetidos intentos, de entregar a González Testino en el apartamento donde se encontraba confinado bajo "encierro domiciliario de '24 horas al día'" por un caso criminal relacionado y de su abogado, el 21 de agosto de 2020 se presentó ante el tribunal una solicitud para hacer una notificación sustitutiva, la cual fue otorgada el 24 de agosto de 2020.

En ningún momento González ha respondido.

  De conformidad con FRCP 55 (a), el secretario del tribunal debe declarar en incumplimiento contra una parte que no ha presentado un alegato en respuesta o defendido de otra manera una demanda.

  Los intentos del juez por realizar conferencia inicial

   El 4 de agosto de 2020, el juez de primera instancia de la Corte para el Distrito Sur de Texas, Andrew M. Edison, emitió una orden para llevar a cabo las conferencias de programación inicial que estaba programada en principio para el jueves 17 de septiembre de 2020, pero que debió suspenderse en razón de la pandemia, por lo que se llevarían a cabo por videoconferencia a través de la plataforma Zoom.

  Igualmente, instó a las partes a preparar y presentar un plan de descubrimiento que, en primera instancia debía ocurrir antes del 10 de septiembre de 2020

 

   Órdenes similares las emitió el juez Edison el 28 de septiembre de 2020 y el 23 de noviembre de 2020.

Las distintas diligencias de notificación

   El 7 de octubre de 2020, Sarah M. Wastler, socia del despacho de abogados Willkie Farr & Gallagher LLP, presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas una declaración en el que refirió que en razón de la orden de la corte del 24 de agosto de 2020 que otorgó la Moción de notificación sustitutiva de CITGO, ésta notificó de la misma al acusado José Manuel González Testino varios medios.

   En primer término, el 1 de septiembre de 2020, mediante la contratación de un notificador de proceso que envió por correo copias de la demanda, la citación, la moción del demandante para la entrega legal sustitutiva al testimonio del demandado y la petición de prórroga para efectuar la notificación, orden de notificación, certificado de partes interesadas, al 200 Biscayne Boulevard Way, Unit 3903, Miami, Florida 33131, a través de U.S. Postal prepago y Servicio Postal de los Estados Unidos de primera clase, correo certificado, recibo de devolución solicitado.

   El 10 de septiembre de 2020, el acuse de recibo relacionado con este envío certificado se devolvió al servidor de procesos, con la designación “Covid 19” completada en la línea de la firma.

    En este sentido, Joseph Onega hizo una Declaración jurada de debida diligencia el 18 de agosto de 2020, en la que, bajo juramento, informó que después de una búsqueda debida, una investigación cuidadosa y un intento diligente, no pudo servir a Petroleum Logistics Service Corp. Precisó que el 14 de agosto de 2020 a las 2:13 p. m., intentó servir a PLS en 1519 NW 82nd Avenue, Miami, Florida 33126, encontrando que el negocio en la dirección era Meson Valves. En el lugar le manifestaron no conocer nada respecto a Petroleum Logistics Service Corp.

   El 1 de septiembre de 2020, el notificador envió por correo copias de los documentos de notificación al abogado de González Testino en su proceso penal, Edward Shohat, Esq., en Jones Walker LLP, 201 South Biscayne Boulevard, 26th Floor, Miami, Florida 33131 a través del Servicio Postal de los Estados Unidos, correo certificado, acuse de recibo solicitado.

   El 8 de septiembre de 2020, el acuse de recibo relacionado con este envío certificado fue devuelto al servidor de procesos, con las iniciales “LS” en la línea de la firma y “C19” en la línea “recibido por”.

   El 1 de septiembre de 2020, el servidor de procesos envió por correo electrónico copias de los Documentos de servicio desde la dirección de correo electrónico de Rebecca E. Short (rshort@capitolprocess.com) a la dirección de correo electrónico indicada de Edward Shohat, Esq. (eshohat@joneswalker.com). Hasta la fecha, Short no ha recibido ninguna confirmación que acuse recibo del correo electrónico.

  Finalmente, el 5 de septiembre de 2020, el notificador de proceso dejó una copia de los Documentos de Servicio en la puerta de 200 Biscayne Boulevard Way, Unidad 3903, Miami, Florida 33131.

   Según el notificador del proceso, mientras dejaba una copia de los Documentos de Servicio en la dirección antes mencionada, un hombre que se identificó como “Kion” abrió la puerta e informó al notificador que se había mudado a la Unidad 3903 dos semanas antes y que González Testino ya no era residente en la dirección y que no tenía ninguna información de contacto de este. No se pudo determinar si esta declaración era veraz.

Abogados de CITGO informa al juez

   El 5 de noviembre de 2020, Sarah M. Wastler, de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP, en representación de su cliente CITGO Petroleum Corporation le remitió una comunicación al juez Magistrado para el Distrito Sur de Texas, Andrew M. Edison, para informarle acerca de las distintas diligencias emprendidas por el demandante para servir a los demandados.

  Le precisó Wastler que cumplir con la orden de programación emitida por el magistrado el 27 de agosto de 2020 en la cual se establecía una conferencia inicial previa al juicio y programación para el 12 de noviembre de 2020 y ordenó a las partes que se reunieran y conferenciaran antes de la audiencia y que presentaran un plan conjunto de descubrimiento/manejo del caso para este litigio, no había podido cumplirse.

  Recordó que, como era de conocimiento del tribunal, CITGO procuró hacer la notificación a ambos demandados: el 21 de agosto de 2020, a Petroleum Logistics Service Corp. a través de notificación a la Secretaría de Estado de Texas.

   Mientras que el 7 de octubre de 2020, CITGO presentó prueba de notificación a José Manuel González Testino de conformidad con la Orden del Tribunal de 24 de agosto de 2017 que otorga el servicio sustituto. Desde entonces, los demandados no han aparecido en este litigio ni han respondido a los muchos intentos de Willkie de contactar a los Demandados.

    Dadas esta circunstancia y la imposibilidad de cumplir con la orden de la Corte, CITGO a través de sus abogados pidió al juez suspender la conferencia de programación mientras CITGO consideraba sus próximos pasos con respecto a cómo proceder en este asunto.