sábado, 28 de agosto de 2021
Caso Álex Saab: Una novela por entregas en la que su extradición a EE. UU. representa su etapa culminante
jueves, 26 de agosto de 2021
Corte fija cronograma del proceso judicial entre PDV USA y la empresa del excongresista David Rivera
miércoles, 25 de agosto de 2021
PDV USA versus Interamerican Consulting: Una demanda que ocultaría otros ilícitos distintos a los que acusa
Lo que aparenta ser un reclamo por incumplimiento de contrato, simplemente sería el camuflaje a una serie de negociaciones irregulares cometidas en el seno del principal activo de Venezuela en el extranjero: CITGO.
Por Maibort Petit
La demanda entablada por PDV USA Inc. en contra de Interamerican Consulting Inc. propiedad del excongresista republicano, David Rivera, ha dejado al descubierto una serie de manejos irregulares que, presuntamente, operaban u operan en torno a la demandante y el demandado.
De hecho, en la contrademanda que recientemente presentó Interamerican contra PDV USA, refiere que, en ningún momento manifestó su inconformidad con el servicio de consultoría prestado y sólo comenzó mostrar cierta resistencia a seguir realizando los pagos que venía realizando, cuando Interamerican se negó a permitir que el acuerdo suscrito entre ambas empresas se asignara por PDV USA a su casa matriz PDVSA. Ante el planteamiento, Interamerican expuso su inconformidad, toda vez hacerlo socavaría la recomendación estratégica que la demandada y ahora contrademandante venía planteando, en el sentido de que CITGO enfatizara su identidad independiente de Petróleos de Venezuela S.A., cuya imagen y desempeño venía afectándola.
Ese, incluso, habría sido el objeto del contrato —al menos en el papel— pues CITGO procuraba asesoría para “desarrollar un plan estratégico para crear una identidad separada y distinta y desvincularse de su matriz final, Petróleos de Venezuela, SA”.
Por tal servicio de "asesoría" por parte de la empresa de David Rivera, la filial de PDVSA en Estados Unidos “ofreció pagar la suma de $ 50 millones”, reza la contrademanda en su exposición del caso, al tiempo que agrega que tal cantidad pareció razonable a la estatal venezolana, ante el riesgo que corría.
Y deja sentado Interamerican: “Teniendo en cuenta los miles de millones de dólares en juego con la estatura pública y empresarial de CITGO en peligro, CITGO obviamente consideró que la tarifa era razonable porque la tarifa propuesta se originó en CITGO sin que Interamerican lo solicitara o aportara” (subrayado nuestro).
Interamerican destaca que “PDV USA nunca notificó a Interamerican de ninguna supuesta insatisfacción, nunca declaró a Interamerican en default, y ni siquiera dio por terminado o revocó el acuerdo”.
¿El objeto del contrato?
Pero según fuentes internas de CITGO, tanto el objeto del contrato suscrito entre PDV USA Inc. e Interamerican Consulting Inc., como la razón de la demanda entablada, son otras nada regulares.
Así se nos refiere que detrás del aparente objeto de acusar el incumplimiento de contrato por parte de la empresa de David Rivera y reclamar el reintegro de los USD 15 millones pagados, la intención es justificarse ante el gobierno de los Estados Unidos, toda vez que se conoce que el Departamento de Justicia y otras instancias de la administración estadounidense investigan a CITGO.
De este modo, la demanda diseñada por el abogado Michael Gottlieb, a instancias de Luisa Palacios y Carlos Jordá, sólo tiene un objetivo, no la recuperación del dinero pagado a Interamerican, "sino desarrollar una estrategia del gobierno interino de Juan Guaidó para presentarse como en interesado en acabar con los manejos irregulares en CITGO", bajo su tutela desde que EE. UU. le reconoció como mandatario encargado de Venezuela y desconoció a Nicolás Maduro y su administración.
“La demanda es, pues, solamente una cortina de humo”, advierte fuentes vinculadas al caso, “una manera de lavarse la cara ante el gobierno de Estados Unidos, haciéndose ver como adalides de la lucha contra la corrupción”.
Y entonces advierte la fuente: “nada más lejos de la realidad”, pues esos que pretenden presentarse como agentes combativos de lo irregular, guardaron silencio sobre los casos de corrupción que tenían lugar en CITGO en las administraciones de Asdrúbal Chávez y de Nelson Martínez. De ello supieron en febrero de 2019, como también conocieron de una auditoría que revelaba todos los manejos oscuros, la cual fue realizada en 2017 ordenada por la PDVSA de Maduro y que Juan Guaidó se atribuyó y fechó en 2019.
"La junta directiva designada por Guaidó supo de los hechos de corrupción y no actuó en consecuencia", aseguró la fuente. "Luisa Palacios y el resto de la directiva no actuaron sino hasta mayo de 2020 en lo que puede denominarse como una operación de mampara", acota.
Igualmente, se nos advierte acerca de la naturaleza de PDV USA Inc., la cual sería únicamente realizar operaciones y negociaciones irregulares, no solamente con Interamerican Consulting Inc., sino también con otras compañías cuestionadas, entre ellas, las de José Manuel González Testino.
¿Incumplimiento de contrato?
Otra fuente nos apunta, que la demanda contra la compañía de Rivera persigue igualmente el objetivo de enmascarar las negociaciones irregulares llevadas a cabo a través de PDV USA y CITGO.
Por tanto, según la fuente, la acusación contra Interamerican sólo pretende hacer ver a PDV USA como una víctima, objetivo trazado por el abogado Gottlieb, cuando lo que se procuraba era evitar que las averiguaciones se profundizaran en los responsables de las transacciones fraudulentas que se hicieron con la empresa de Rivera, las cuales violan las leyes federales de EE. UU. Era necesario alejar el dedo de la justicia de los directivos de CITGO que participaron en las oscuras negociaciones que, más allá de lo que reza el texto de la demanda, tienen que ver en realidad, con presunto lavado de dinero, financiamiento ilegal, malversación de fondos, soborno y fraude en CITGO, alerta la fuente.Puntualiza la fuente de Venezuela Política que, en 2017, José Pereira y Gina Coon, quien se mantiene como tesorera de CITGO, ejecutaron tres pagos vía transferencias bancarias por USD 5 millones cada uno, para un total de USD 15 millones, a la cuenta de David Rivera en el JP Morgan NY. Específicamente, mediante la cuenta identificada con el número de ruta 021000021 y el serial 633291682.
Estos pagos, por demás, no habrían cumplido con los requisitos exigidos por las leyes de los Estados Unidos, pues se habrían respaldado con recibos de cobro carentes de la rigurosidad exigida por la norma.
Una auditoría de CITGO identificó y describió el fraude y las violaciones de controles internos cometidas por José Pereira y Gina Coon, en colusión con personal de PDVSA y pudieron detener que se prosiguiera con los pagos irregulares a Rivera, es decir, los USD 35 millones de saldo del contrato que ahora reclama Interamerican en su contrademanda a PDV USA.
¿Otros fines?
Pero otros objetivos habrían justificado la suscripción del contrato, toda vez que cuando el asunto explotó en los tribunales, David Rivera aseveró que el dinero que había recibido como pago por los servicios de consultoría, en realidad estaba destinado a financiar a la oposición venezolana.
El excongresista sostuvo que había mantenido reuniones con Leopoldo López y su esposa, Lilian Tintori, a quienes habría entregado el dinero pagado por CITGO a Interamerican. En dichas reuniones, dijo, participó, supuestamente, Raúl Gorrín.
Sobre PDV USA Inc.
PDV USA es una corporación de Delaware que es propiedad total de PDV Holding INC., la cual a su vez es propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), razón por la cual la estatal petrolera venezolana viene a ser, indirectamente, dueña del 100 por ciento en PDV USA.
PDV USA Inc. es una entidad subsidiaria de PDVSA manejada por la gerencia de CITGO en Houston, Texas.
PDV Holding Inc. ostenta la propiedad total de CITGO Holding, Inc., que es propietaria total de CITGO Petroleum Corp.
En página web PDV Holding Inc. refiere que es una empresa filial en Estados Unidos de Petróleos de Venezuela S.A. Se trata de una compañía matriz constituida en Delaware y con sede social en Texas. PDVH es la accionista indirecta de CITGO Petroleum Corporation, a través de la propiedad de 100 por ciento de las acciones de su filial CITGO Holding Inc., única accionista de CITGO Petroleum Corp[1].
Sin embargo, en ninguno de los sitios de la petrolera se hace mención directa a PDV USA Inc.
Según el portal Open Corporates, PDV USA Inc., es una corporación registrada el 20 de marzo de 1991 en Delaware bajo el número 2257786.
Como agente figura The Corporation Trust Company (incorporada el 10 de mayo de 2018) , cuyo domicilio es Corporation Trust Center 1209, Orange St, Wilmington, New Castle, DE, 19801[2].
Open Corporates también informa que PDV USA Inc. es una corporación comercial extranjera registrada el 31 de octubre de 1991 en Nueva York, bajo el número 1586368, cuyo estatus actual es activo. Esta empresa funge como sucursal de PDV USA Inc., registrada en Delaware.
Refiere que el domicilio es 29 Liberty St, Nueva York, 10005, Nueva York.
Guillermo Blanco figura como director ejecutivo, incorporado desde el 5 de diciembre de 2019, mientras que PDV USA Inc. como el agente[3].
Entretanto, Dun & Bradstreet refiere que PDV USA Inc. tiene su sede en Nueva York, cuyo objeto es la gestión de empresa e industrias. Informa que la firma cuenta con 4 empleados en total en todas sus ubicaciones. Este portal difiere en la dirección ofrecida por Open Corporates e indica como sede de la empresa el 65 E 55TH St FL 23B, New York, NY, 10022-3367. Teléfono (212) 339-7770. Agrega que al frente de la compañía está Carlos Jordá[4].
REFERENCIAS
[1] PDV Holding. https://pdvholding.com/ES/
[2] Open Corporates. PDV USA Inc. https://opencorporates.com/companies/us_de/2257786
[3] Open Corporates, PDV USA Inc. https://opencorporates.com/companies/us_ny/1586368
[4] Dun & Bradstreet. PDV USA Inc. https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.pdv_usa_inc.9e82f3aa31dcd7408513c7567b071572.html
viernes, 20 de agosto de 2021
Empresa del excongresista, David Rivera niega los términos de la demanda de PDV USA en su contra y presenta contrademanda
martes, 17 de agosto de 2021
Abraham Edgardo Ortega, exfuncionario de PDVSA, busca a toda costa retrasar su ingreso a una cárcel de EE. UU.
Por Maibort Petit
Abraham Edgardo Ortega, quien se declaró culpable por delitos de corrupción y lavado de dinero busca a toda costa no ir a la cárcel, y para ello ha logrado que un juez norteamericano le autorice posponer la fecha de entrega voluntaria a la prisión, mientras sus abogados arreglan con los fiscales para que la justicia le otorgue "más beneficios tras su colaboración en la investigación" que realizan las autoridades estadounidenses sobre la enorme red de venezolanos que blanqueó miles de millones de dólares en el sistema financiero de Estados Unidos.
La abogada de Ortega, Lilly Ann Sánchez, pidió a un juez estadounidense que el convicto por delitos de corrupción y lavado de dinero proveniente de PDVSA, no se entregue "voluntariamente a la cárcel para cumplir su sentencia en la fecha prevista en el mandato del tribunal", que establecía que el reo entraría a la prisión el 2 de septiembre de 2021. El ex ejecutivo de la compañía petrolera estatal de Venezuela fue sentenciado a dos años y cuatro meses de prisión en relación con un supuesto plan de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones vinculado a bienes raíces en el sur de Florida.En la comunicación de la defensa, refrendada por los fiscales federales, se asegura que el corrupto podría entregarse a las autoridades de la prisión en una fecha posterior al 3 de enero de 2022.
Para lograr permanecer en libertad condicional y no cumplir con la sentencia de 28 meses en prisión, Abraham Edgardo Ortega argumentó que ha seguido colaborando con los fiscales y que aspira una reducción de la sentencia.
El 31 de octubre de 2018, Ortega se declaró culpable de un cargo n que lo acusa de conspiración para cometer blanqueo de capitales, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h) y 1957 (a).
La audiencia de sentencia, que se llevó a cabo el 5 de mayo de 2021, y un juez lo condenó a 28 meses de prisión.
Según la defensa de Ortega, los fiscales federales señalaron que esperan presentar una moción basada en la regla 35 para una reducción basada en una mayor cooperación que aún está en curso.
La misiva dice que la defensa y el Gobierno esperaban que la cooperación en curso se completara antes de la fecha de entrega del 2 de septiembre de 2021, pero "no ha sido así, debido a las complicaciones derivadas de la pandemia continúan retrasando las cosas".
Abraham Edgardo Ortega "se encuentra bajo fianza y monitoreo electrónico y ha cumplido plenamente durante todo el tiempo que estuvo pendiente" sostiene su defensa.
Asimismo, la abogada Sánchez sostiene que el fiscal federal adjunto Kurt Lunkenheimer y el representante del Departamento de Justicia en este caso, Paul Hayden se han pronunciado, y el gobierno no se opone a esta prórroga y cree que una fecha de entrega posterior al 3 de enero de 2022 sería apropiada.
Abraham Edgardo Ortega, quien fue director ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, admitió que aceptó más de $ 12 millones en sobornos por su papel, lo que permitió a otros venezolanos acusados de desfalcar a la petrolera venezolana.
Los fiscales del caso alegaron que los "cleptócratas" hicieron préstamos a la compañía petrolera que los hicieron ricos de la noche a la mañana, en parte a través del sistema de cambio de divisas único de Venezuela.
En total, nueve personas fueron acusadas en el plan en 2018, y cinco de ellas aún están prófugas. Ortega es el segundo en recibir una sentencia reducida.
La sentencia de 10 años del banquero suizo Matthias Krull se redujo a tres años y medio en septiembre. Krull, acusado de mover $ 600 millones vinculados al esquema de la compañía petrolera, también cooperó con los fiscales.
Los fiscales han alegado que parte del dinero extraído terminó en bienes raíces locales, incluida una unidad en la Porsche Design Tower de Sunny Isles Beach.
Al momento de su sentencia, Ortega lloró frente a la jueza federal Kathleen Williams en Miami y reconoció que la “corrupción” generalizada y el esquema de malversación de fondos llevaron a la crisis económica en Venezuela.
La fecha de la sentencia de Abraham Edgardo Ortega se ha cambiado dos veces. Inicialmente estaba prevista para el 1 de abril de 2020, por 60 días y luego fue planificada para el 2 de septiembre de 2021. Ahora nuevamente se cambia para el 10 de febrero de 2022.
El caso
Abraham Edgardo Ortega formó parte de la conspiración para lavar miles de millones de dólares producto de operaciones irregulares de PDVSA de la cual fueron protagonistas: Francisco Convit Guruceaga; José Vicente Amparan Croquer, alias «Chente»; Carmelo Urdaneta Aquí; Gustavo Adolfo Hernández Frieri; Hugo Andre Ramalho Gois; Mathias Krull; Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, 9 conspiradores y tres oficiales venezolanos.
La investigación encubierta denominada “Money Flight” emprendida por la Fuerza de Tarea de Delincuencia Organizada y Control de Drogas (OCDETF), la cual tuvo su origen en la delación que una Fuente Confidencial (Confidential Source) hizo ante las autoridades de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami (HSI, por las siglas en inglés de Homeland Security Investigations) en 2016, cuando dio a conocer que había sido contactada por operadores financieros venezolanos —conocidos en el argot popular como “boliburgueses”, enriquecidos bajo el amparo de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro— para legitimar USD 78 millones provenientes de una transacción cambiaria irregular que se había efectuado entre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la empresa Rantor Capital. Al final esta operación totalizaría USD 1.200 millones de los cuales se destinaría una parte para pagar sobornos a los ejecutivos de la estatal petrolera que habrían facilitado la negociación fraudulenta. A partir de la delación de la CS, esta comenzó a trabajar con las autoridades en la investigación.
La actividad de rastro de la operación se extendió por dos años en los que se hicieron más de cien grabaciones que revelaron el modus operandi que los protagonistas de la trama utilizaron legitimar los capitales irregulares, usando bienes raíces en Miami y esquemas sofisticados de falsas inversiones.
Estos hechos se constituyeron en la causa probable para iniciar el proceso judicial en contra de los indiciados.
Valiéndose de su posición en la empresa venezolana, Ortega recibió USD 5 millones en sobornos a cambio de catalogar de prioritaria a una empresa francesa y un banco ruso y de esta manera hacerlos beneficiarios de contrato de préstamo a favor de la empresa conjunta de la que ambos son accionistas. El soborno provino de un esquema de cambio de moneda que permitió malversar USD 1.2 mil millones.
Ortega también aceptó USD 12 millones en sobornos por su participación en un esquema de malversación de fondos de PDVSA que involucra un préstamo y un contrato de cambio de divisas. Este monto fue lavado entre Ortega y un coacusado a través de un sofisticado esquema de falsas inversiones. En este esquema participaron administradores de dinero cómplices, casas de bolsa, bancos y empresas de inversión inmobiliaria en los Estados Unidos y en otros lugares, los cuales operaban como una red de lavadores profesionales de dinero y quienes fueron acusados el 16 de agosto de 2018.
Por estos hechos el tribunal procedió con la incautación de una serie de propiedades en Miami, Panamá, así como bonos y otros instrumentos financieros en Suiza, Inglaterra y Las Bahamas. A estas se suman propiedades en Miami.
Juez de Texas cambia nuevamente fecha de la sentencia de los contratistas corruptos de CITGO y PDVSA: Roberto Rincón y Abraham Shiera
Por Maibort Petit
La Corte del Distrito Sur de Texas ha cambiado en varias oportunidades la fecha de la lectura de la sentencia de los ex-contratistas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y de CITGO, Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera, acusados de haber orquestado un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero que desfalcó a la estatal petrolera millones de dólares. Una decisión del juez Gray H. Miller anunció que los dos contratistas corruptos serán sentenciados el 10 de febrero de 2022
La espera continúa
Abraham José Shiera Bastidas, contratista de Coral Gables, se declaró culpable el 22 de marzo de 2016, de cargos de fraude y soborno en el extranjero de manera de asegurarse de manera corrupta contratos millonarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Un Gran Jurado emitió una acusación formal contra Shiera Bastidas responsabilizándolo de 18 cargos, al igual que acusó a Roberto Enrique Rincón Fernández, socio del primero. El 16 de diciembre de 2015, Shiera fue arrestado en Miami.
Shiera y Rincón se asociaron y presentaron ofertas para proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus diversas empresas. Shiera admitió que, a partir de 2009, él y Rincón acordaron pagar sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de la estatal petrolera venezolana para asegurarse ser incluidas en los paneles de licitación de PDVSA y obtener lucrativos contratos. También pagó sobornos a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en las listas de proveedores de la petrolera y se les diera prioridad de pago por sobre el resto de los proveedores con facturas pendientes[1].
Entretanto, Roberto Enrique Rincón Fernández, formuló su admisión de culpa el 16 de junio de 2016, cuando ante juez federal del distrito sur de Texas, Gray H. Miller, aceptó su responsable de un plan para asegurar corruptamente contratos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Rincón fue arrestado el 16 de diciembre de 2015, luego de que un gran jurado en el Distrito Sur de Texas emitiera una acusación formal de 18 cargos contra él y Abraham José Shiera Bastidas.
Ambos empresarios se asociaron para ofertar y proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus compañías. Rincón admitió que, a partir de 2009, él y Shiera acordaron sobornar y ofrecer otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en los paneles de licitación de la estatal, lo que les permitió ganar lucrativos contratos. También reconoció haber sobornado a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas se incluyeran en las listas de proveedores y se les priorizaran los pagos por encima de otros proveedores.
Del mismo modo, Rincón dijo que, deliberadamente, no informó en su declaración de impuestos federales de 2010 más de USD 6 millones en ingresos por dividendos extranjeros que recibió de una corporación venezolana de su propiedad[2].
Namam Wakil: De vendedor ambulante a contratista millonario del chavismo
A la sombra de sus relaciones con altos funcionarios chavistas, el empresario amasó una gran fortuna a expensas de minar el erario público venezolano.
Por Maibort Petit
El pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. o de cualquier empresa estatal venezolana parece ser una constante, una marca, una impronta en el comportamiento de la administración pública que, durante los últimos veinte años adquirió niveles alarmantes. En ese contexto se inscribe el caso de Naman Wakil, un ciudadano de nacionalidad siria y venezolana residente en los Estados Unidos, quien se sumó al esquema corrupto señalado con el objeto de lograr contratos millonarios con la petrolera y, también, con la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola (CASA), la empresa de alimentos del estado venezolano.
De acuerdo a los documentos judiciales bajo esta modalidad, Wakil, entre 2010 y 2017, habría realizado negociaciones por el orden de los USD 250 millones para lo cual, supuestamente, pagó sobornos a funcionarios de CASA y de las empresas mixtas que operan en el Faja petrolífera del Orinoco, las cuales tienen un paquete accionario en el que PDVSA tiene el mayor porcentaje frente a sus socias extranjeras. El empresario vendería alimentos a la corporación venezolana y, por otra parte, proporcionaría bienes y servicios a PDVSA, habiéndose determinado un sobreprecio de al menos USD 30 millones en estos últimos contratos.
Las autoridades judiciales acusan a Naman Wakil de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA); conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero promocional internacional y tres cargos de participación en transacciones que involucran propiedad derivada delictivamente, por lo que, de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 80 años de cárcel.
Las jugosas ganancias de estas presuntas negociaciones irregulares le permitieron a Wakil mantener una vida de lujos con su familia, lo cual incluía viajes por todo el mundo y vivir en un condominio de USD 3.5 millones de Coconut Grove es con vista a la Bahía de Biscayne, de acuerdo con una nota publicada por el Miami Herald[1].
Pero para evadir las rejas, la defensa de Wakil y los fiscales del caso acordaron una fianza de USD 50 millones, los cuales se cancelarán con propiedades y USD 21,3 millones provenientes de una cuenta en suiza, señala otra nota del Miami Herald[2].
Con la subsidiaria de PDVSA, Petropiar, Wakil firmó en 2015 un acuerdo por tuberías de USD 11.2 millones, cuando los referidos tubos los compraba en China por USD 1.3 millones. El funcionario que facilitó el negocio habría sido favorecido con un condominio de USD 300 mil en Miami.
Con historial en los Papeles de Panamá
Agrega que ya el nombre de Naman Wakil había resonado en 2016 cuando explotó el escándalo de los Papeles de Panamá y al empresario se le vinculó con un banquero de Citigroup y con empresas fantasmas con cuentas secretas extraterritoriales que permitieron ocultar fondos irregulares de clientes entre los cuales se contaba el sirio-venezolano.
En aquel entonces se dijo que Wakil con intereses comerciales en Carolina del Norte y Miami por el orden de los USD 400 millones. Para evadir la carga tributaria que tales negocios suponen, recurrió al bufete panameño Mossack Fonseca. Los abogados de esta firma le propusieron abrir una serie de fideicomisos y sociedades offshore que le permitirían enmascarar y esconder sus ganancias.
Su historia y su afán de ocultarla
El portal El Pitazo[3] da cuenta del historial de este hombre y los “funcionarios venezolanos” con que en los documentos judiciales de la corte de la Florida se identifica a los socios corruptos con los que Naman Wakil supuestamente habría realizado las negociaciones irregulares, adquieren nombre y apellido.
La publicación refiere que Wakil amasó su fortuna con los contratos de importación de carne que le otorgó el exmimnistro de alimentación, mayor general Carlos Osorio. Familiares de este último habría recibido USD 5,9 millones desde una cuenta en el banco suizo CBH, propiedad del empresario.
Del mismo modo, la nota de El Pitazo reza “que desde las cuentas del sirio-venezolano se hicieron, en 2012, cerca de 14 transferencias por montos desde los 108.250 dólares hasta 149.975 dólares a favor de Rodolfo Raschid Velasco Kassem, capturado por el Cicpc en 2013, señalado por formar parte de la organización del capo colombiano Daniel “El Loco” Barrera (…) También se comprobó que Naman Wakil habría hecho entre diciembre de 2012 y junio de 2013 al menos ocho transferencias entre 350.000 hasta 2.000.000 dólares a favor de varias empresas, desde la cuenta de empresas propiedad de Wakil —Atlas Systems International y J.A. Comercio de Géneros Alimenticios— a favor de la Viltas Company, cuyos beneficiarios serían Roberto Rodríguez y Santiago Souto, este último también identificado como uno de los asesores de Raúl Gorrín en Suiza”.
Naman Wakil habría amasado una fortuna de USD 400 millones solamente en el banco suizo, habiéndose iniciado como vendedor ambulante que residía en Petare. Según las averiguaciones periodísticas, compraba carne a punto de vencerse y la negociaba con el estado venezolano con sobreprecios milmillonarios, a la sombra de sus relaciones con Osorio.
El portal refiere los esfuerzos del empresario sirio-venezolano por hacer desaparecer su historia de internet, creándole otros perfiles que van desde jugador de fútbol de la vino tinto, beisbolista de los Leones del Caracas, hasta blogger de comida.
Mas de Wakil, según Carlos Tablante
El exdiputado y exgobernador del estado Aragua, Carlos Tablante[4], autor del libro “El Gran Saqueo”, también le pone nombre y apellido a los “funcionarios venezolanos” que figuran en la demanda contra Wakil. De este modo, “Los altos funcionarios venezolanos 1 y 2 de CASA presuntamente serían los militares Sergio Caldera García, quien fuera presidente de la institución entre 2010 y 2011 (residente en EE. UU.), y Carlos Osorio Zambrano, responsable de CASA entre 2011 y 2014, fechas que se mencionan específicamente en la acusación. Osorio es en la actualidad presidente de la Corporación Venezolana de Minería, S.A. (CVM)”.
Tablante agrega que en denuncia formulada en 2016 señaló que “Dos cuñados del general recibieron casi 6 millones de dólares de una empresa de Wakil entre diciembre de 2012 y junio de 2013 cuando el militar era ministro de Alimentación. Las evidencias fueron entregadas a la Asamblea Nacional que produjo un voto de censura contra Osorio, así como a la Fiscalía General, la cual abrió una investigación contra el general y Wakil sin resultados conocidos”.
El libro de Tablante dedica uno de sus capítulos a Namal Wakil: “Trece millones de dólares en mortadela”, en el que describe el modus operandi mediante el cual Wakil estafó a la nación venezolana.
“A través del sistema de subastas, Naman Wakil, como representante de legítimas compañías de Brasil y por medio de información privilegiada, obtuvo millonarios contratos. Sin embargo, su verdadero objetivo era obtener dólares preferenciales para venderlos en el mercado negro y obtener inmensas ganancias. Para ello no vaciló en negociar productos cárnicos a punto de caducar o de ínfima calidad, muchas veces rechazados por otros países. Adquirió un frigorífico en Brasil para reempacar y reetiquetar la mercancía como de primera calidad antes de su envío a Venezuela donde muchas veces llegó en estado de descomposición”, dice Tablante.
Para perfeccionar su negoció diseñó un esquema fraudulento consistente en el establecimiento de una red de empresas de maletín con nombres similares a las empresas proveedoras de Brasil y de esta manera enmascaraba los sobreprecios de los productos que le vendía a Venezuela.
REFERENCIAS
[1] Miami Herald. “U.S. agents arrest wealthy Venezuelan man at Miami home on money laundering charge”. 10 de Agosto de 2021. https://www.miamiherald.com/news/local/article253219913.html
[2] Miami Herald. “Venezuelan’s bond: $21 million in Swiss account, plane, yacht, lots of Miami condos”. 11 de Agosto de 2021. https://www.miamiherald.com/news/local/article253390023.html
[3] El Pitazo. “Naman Wakil: el vendedor de carne que quiere ocultarse en internet”. 3 de agosto de 2021. https://elpitazo.net/internacional/naman-wakil-el-cunado-de-carlos-osorio-que-quiere-ocultarse-en-internet/
[4] El Pitazo. “Los pecados capitales de Naman Wakil”. 9 de agosto de 2021. https://elpitazo.net/opinion/los-pecados-capitales-de-naman-wakil/