Cinco empresas de su propiedad brindaron apoyo a las actividades del grupo narcotraficante.
Por Maibort Petit
A través de sus empresas brindó apoyo financiero al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), determinaron las investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) y así lo comprobaron los fiscales hasta el punto de que, finalmente, Jessica Johanna Oseguera González se declaró culpable de los cinco cargos que se le imputaron en el Tribunal para el Distrito de Columbia.
En esta entrega damos a conocer detalles del proceso judicial que derivó en una sentencia de 30 meses de prisión.
La acusación del Gran Jurado
El 6 de diciembre de 2019, un Gran Jurado acusó ante el Tribunal para el Distrito de Columbia a Jessica Johanna Oseguera González, también conocida como "Jessica Johanna Castillo" y “La Negra”, de cinco cargos que la señalaban de mantener tratos financieros con empresas identificadas como narcotraficantes.
El primero de los cargos refería que, a partir del 17 de septiembre de 2015 hasta la fecha de la acusación, tanto en los Estados Unidos, México y otros lugares, la acusada “participó en transacciones o tratos de propiedad o intereses en la propiedad de un persona extranjera, J&P Advertising, SA de CV (también conocido como J and P Advertising, SA de CV), designado para ayudar materialmente o brindar apoyo o proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de la organización de tráfico de estupefacientes conocida como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, y/o siendo controlado o dirigido” por dicha organización. Esto en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 1904 y 1906).
El segundo cargo señalaba que entre el 17 de septiembre de 2015 el 11 de febrero de 2016, en los Estados Unidos, México y otros lugares, Jessica Oseguera “participó en transacciones o tratos con propiedades o intereses en la propiedad de una persona extranjera, JJGON SPR de RL de CV, designada para asistir materialmente o brindar apoyo o proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de la organización de tráfico de estupefacientes conocida como el Cártel de Jalisco Nueva Generación”.
El tercer cargo refería que a partir del 17 de septiembre de 2015 hasta la fecha de la acusación, la acusada, en los Estados Unidos, México y otros lugares, “participó en transacciones o tratos de propiedad o intereses en la propiedad de un persona extranjera, Las Flores Cabañas (también conocida como Cabañas Las Flores), designada para asistir materialmente o brindar apoyo o proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de la organización de tráfico de estupefacientes conocida como la Cartel de Jalisco Nueva Generación”.
El cuarto cargo contra Jessica Oseguera refería que a partir del 17 de septiembre de 2015 hasta la fecha de la acusación, en los Estados Unidos, México y otros lugares, “participó en transacciones o tratos de propiedad o intereses en la propiedad de un persona extranjera, Mizu Sushi Lounge y Operadora Los Famosos, SA de CV (también conocido como Kenzo Sushi y Operadora Los Famosos, SAPI de CV), designado para ayudar materialmente o brindar apoyo o proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de la organización de tráfico de estupefacientes conocida como el Cártel de Jalisco Nueva Generación”.
El quinto cargo, señalaba que Jessica Oseguera, a partir del 17 de septiembre de 2015 hasta la fecha de la acusación, en los Estados Unidos, México y otros lugares, “participó en transacciones o tratos de propiedad o intereses en la propiedad de un persona extranjera, Onze Black (también conocida como Tequila Onze Black), designada para ayudar materialmente o brindar apoyo o proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de la organización de tráfico de estupefacientes conocida como el Cártel de Jalisco Nueva Generación”.
Se le informó que, de ser declarada culpable, el gobierno de los Estados Unidos procedería a la confiscación de toda propiedad derivada de la actividad delictiva que se le imputa.
El arresto
El 27 de febrero de 2020, Jessica Oseguera fue arrestada en Washington D.C. de acuerdo a información dada a conocer por Brian A. Benczkowski, secretario de justicia auxiliar de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y por el agente especial de la Administración de Control de Drogas (DEA) a cargo del caso, William Bodner, quien dijeron que la detención se produjo de conformidad con una orden judicial derivada de una acusación formal emitida el 13 de febrero de 2020.
La investigación contra Oseguera González estuvo dirigida por la División de Campo de la DEA en Los Ángeles, la cual trabajó mancomunadamente con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC). El subjefe adjunto Anthony Nardozzi y los fiscales Brett Reynolds, Kaitlin Sahni y Cole Radovich de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas de la División de lo Penal están a cargo del proceso[1].
Fiscalía pide prisión sin fianza
El 28 de febrero de 2020, la fiscalía presentó ante el Tribunal para el Distrito de Columbia, una moción para que Jessica Johanna Oseguera González fuera mantenida en prisión preventiva, sin derecho a fianza en razón de que no mantenía vínculos familiares o económicos con los Estados Unidos y, potencialmente, tenía acceso a cantidades sustanciales de ganancias de la droga en forma de dinero en efectivo imposible de rastrear.
Los fiscales sostuvieron ante la Corte que Jessica Oseguera debía esperar el juicio en detención.
El 26 de febrero de 2020 fue presentada por primera vez el juez G. Michael Harvey en la que el gobierno solicitó que la acusada fuera detenida en espera de juicio y el tribunal programó una audiencia de detención para el 2 de marzo de 2020.
Defensa exige pruebas
El 1º de marzo de 2020, la defensa de Jessica Oseguera solicitó al Tribunal dictar una orden que obligara al gobierno a divulgar todo lo relativo a la presentación de ciertas pruebas y ciertos testigos en la audiencia de detención del 2 de marzo de 2020.
Reclamaban los abogados de Jessica Oseguera que la fiscalía no había presentado las pruebas necesarias para que su representada abordara los argumentos del gobierno durante su audiencia de detención. Sostenían que la supresión de esta evidencia violaba los derechos al debido proceso de Oseguera. González bajo la Constitución de los Estados Unidos.
Defensa se opone a la prisión preventiva
El 2 de marzo de 2020, la defensa de Jessica Oseguera González presentó ante la corte un recurso de oposición a la moción del gobierno de prisión preventiva.
Argumentaron que su representada no estaba acusada bajo la Ley de Sustancias Controladas, sino por violaciones del Código de los Estados Unidos 21 U.S.C. §§ 1904 y 1906, los cuales no son delitos violentos y agregaron que la naturaleza y las circunstancias de los delitos imputados pesaban mucho a favor de la liberación.
La defensa se manifestó convencida de que la acusada sería absuelta por el jurado y que, en caso de ser declarada culpable, sería impuesta de una sentencia menor al tiempo de que pasaría detenida en tanto concluyera el juicio.
Sostuvo la defensa que el peso de las pruebas en contra de Jessica Oseguera favorecía su liberación previa al juicio, pues tales pruebas eran solamente eran “declaraciones huecas”.
Los fiscales argumentaron que existía un significativo riesgo de fuga por parte de Jessica Oseguera. Refirieron que esta presunción se sustentaba en su relación familiar y financiera con organizaciones narcotraficantes, así como por el peso de la evidencia en su contra, su condición de ciudadana extranjera, su total falta de vínculos con el distrito de Columbia, los importantes recursos financieros a su disposición y su historial de intentos de obstruir la justicia. Sostuvieron que no existía ninguna condición o combinación de condiciones que asegurara la comparecencia de la acusada ante el tribunal.
Agregó que Oseguera González había sido juzgada en México por delitos similares y la corte dictaminó después de recibir evidencia presentada, que no había cometido ningún delito.
Aseguraron que la acusada no representaba un peligro para la comunidad ni tenía la intención de huir, por lo que debía ser liberada.
Gobierno pide audiencia para denegar moción de detención
En la misma fecha, 2 de marzo de 2020, la fiscalía solicitó al tribunal escuchar una apelación para revisar y anular la denegación del juez Meriweather de la moción del gobierno para la prisión preventiva de Jessica Oseguera.
El juez de instrucción, denegó la solicitud del gobierno de detener al acusado en espera de juicio y ordenó que la acusada fuera puesta en libertad bajo condiciones de libertad.
Estimó el gobierno respecto a la denegación del juez de instrucción, que el Tribunal del Distrito de Columbia podía, a su discreción, volver a escuchar la evidencia retirando a los testigos, revisando las transcripciones o procediendo a través de una oferta y un argumento.
Los fiscales manifestaron que la Corte podía requerir evidencia adicional de nuevos testigos o considerar argumentos no presentados anteriormente.
El gobierno reiteró que la acusada debía ser retenida en espera del juicio porque existía un grave riesgo de fuga y ninguna condición o combinación de condiciones aseguraría razonablemente su comparecencia ante el tribunal.
Instrucciones del proceso
El 3 de marzo de 2020, el juez Beryl A Howel ordenó a las partes no comunicarse con las cámaras por teléfono, salvo en casos de emergencia cuando deberán hacerlo de manera conjunta para evitar comunicaciones ex parte.
Igualmente, instruyó a las partes respecto a las conferencias de estado, las cuales deberías llevarse a cabo si ambas habían discutido la posibilidad de una pronta resolución del caso sin juicio; si debía ordenarse una demora excluible en virtud de la Ley de Juicio Rápido; para establecer un calendario con respecto a cualquier asunto en el caso que no sea el juicio; por la resolución de problemas de descubrimiento pendientes; en previsión de un juicio; por modificación del programa estándar; y cualquier otro asunto relevante para el progreso o resolución del caso.
El juez ordenó a la defensa informar con cinco días de anticipación si la acusada o cualquier testigo requería servicios de interpretación; entregar copias de cualquier presentación sellada para evitar demoras; trabajar en los plazos establecidos por orden judicial y, por tanto, evitar la solicitud de prórrogas.
Asimismo, estableció las normas respecto a las diferentes audiencias, declaraciones conjuntas, mociones in limine, grabaciones, procedimientos del juicio y audiencia de sentencia.
Declaración de culpabilidad
A través de un comunicado de la DEA se conoció que el 12 de marzo de 2021, Jessica Oseguera se declaró culpable de los delitos que se le imputan.
Bill Bodner, agente especial que llevó el caso dijo que la declaratoria "es el resultado de nuestro compromiso incansable de interrumpir y desmantelar todos los aspectos de la organización CJNG (…) Nuestros esfuerzos continuarán incluyendo un enfoque en aquellos que facilitan estas redes de drogas ilícitas. Junto con el Departamento de Justicia, utilizaremos todas las herramientas de investigación disponibles, incluidas las designaciones de la OFAC, para llevar ante la justicia a quienes se involucren en actividades ilegales que están alimentando la crisis de las drogas en todo el país”[2].
La sentencia
Jessica Johanna Oseguera González fue sentenciada el 11 de junio a pagar 30 meses de prisión por participar intencionalmente en tratos financieros con empresas mexicanas identificados como narcotraficantes. Dichas empresas fueron especialmente designadas por la OFAC como tales en septiembre de 2015 y septiembre de 2017.
El secretario de justicia auxiliar interino de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, Nicholas L. McQuaid, manifestó que "Esta sentencia muestra que la violación de las sanciones del Departamento del Tesoro a empresas y personas vinculadas a cárteles de la droga extranjeros no quedará impune", al tiempo que agregó que "La Ley Kingpin es una herramienta importante en los incansables esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos para desmantelar los cárteles de la droga, y no dudaremos en enjuiciar a aquellos que apoyan a los principales narcotraficantes participando en conductas que violen las prohibiciones criminales de la ley".
Por su parte, el agente Bodner, dijo que la sentencia “muestra nuestro compromiso inquebrantable de llevar ante la justicia a aquellos que ignoran la ley y amenazan la seguridad pública (…) Aquellos que se involucran en actividades de financiamiento ilícito para ayudar a los cárteles de la droga que llenan nuestras comunidades con drogas poderosas y adictivas no tienen por qué operar sin rendición de cuentas"[3].
REFERENCIAS
[1] Department of Justice. “Dual U.S.-Mexican Citizen Arrested For Violations Of The Kingpin Act”. 27 de febrero de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/dual-us-mexican-citizen-arrested-violations-kingpin-act
[2] Drug Enforcement Administration. “Daughter of Prolific Mexican Cartel Leader Pleads Guilty to Criminal Violation of the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act”. 12 de marzo de 2021. https://www.dea.gov/press-releases/2021/03/12/daughter-prolific-mexican-cartel-leader-pleads-guilty-criminal-violation
[3] Department of Justice. “Daughter of Notorious Mexican Cartel Leader Sentenced for Criminal Violation of the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act”. 11 de junio de 2021. https://www.justice.gov/opa/pr/daughter-notorious-mexican-cartel-leader-sentenced-criminal-violation-foreign-narcotics
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