martes, 22 de junio de 2021

El Estado Comunal en Venezuela: Una realidad que se consolida día a día pese a las voces que se levantan en su contra (II)

   En resumen, la instauración de este modelo sólo estaría propiciando la creación de un estado paralelo, caracterizado por el control social y por el supuesto ejercicio de la soberanía a través de la imposición de lo que se ha dado en llamar “poder popular”.

Por Maibort Petit

   En el proceso de consolidación socialista mediante la estructuración del Estado Comunal, de nada o muy poco han servido los argumentos que diversas voces han levantado en su contra, caracterizados estos por serias y sesudas advertencias acerca de lo que tales circunstancias significarían para el país en los próximos años.

   Ya en 2010, el constitucionalista Allan Brewer Carías, alertó que tanto el poder popular como el estado comunal atentaban con el estado federal descentralizado que rige los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad que establece el artículo 4 Constitucional.

   El conjunto de leyes aprobados de manera irregular desde entonces, tenían por objetivo la organización del estado comunal, el cual tiene la Comuna como su célula fundamental, suplantando inconstitucionalmente al municipio como unidad política primaria de la organización nacional. En pocas palabras, a decir del especialista, el Estado Comunal pasa a sustituir al estado Constitucional.

  Dejó sentado Brewer Carías que el estado Comunal basado en el Poder Popular el cual constituye supuestamente la manera directa de ejercer la soberanía, cuando en realidad se hace a través de “voceros” que representan al pueblo, aun cuando no son electos universal, directa y secretamente.

   El constitucionalista precisó que esta regulación en paralelo de dos Estados y formas de soberanía, el Estado Constitucional regulado por la Constitución y, el otro, el Estado Comunal, o Estado Socialista, regulado mediante leyes orgánicas inconstitucionales, se ha impuesto de manera tal que el segundo irá “estrangulando” al primero, hasta destruirlo completamente[1].

Imposición de arriba hacia abajo

  También la revista Nueva Sociedad (NUSO), en su número 274 correspondiente a marzo-abril de 2018, en un trabajo denominado “Socialismo y comunas en Venezuela”, firmado por Margarita López Maya, con la intención de interpretar el rol que las comunas y consejos comunales jugaron en el proyecto político liderado por Hugo Chávez.

  En su análisis advierte que el Estado comunal, organizado en comunas, se planteó en el segundo gobierno de Chávez para sustituir la democracia representativa y participativa que establece la Constitución.

  Sostiene López Maya que la concepción socialista de los documentos y prácticas oficialistas que moldean consejos comunales y comunas, revelan una dinámica impuesta de arriba hacia abajo, algo que sólo redujo y partidizó el pluralismo comunitario propio de las organizaciones impulsadas en la primera administración de Chávez.

   Para la historiadora y miembro centro de estudios políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), los consejos comunales y comunas podrían constituirse en espacios para el desarrollo de igualdad, corresponsabilidad, solidaridad y alternativas productivas de trabajo colectivo y propiciar la ciudadanía y el empoderamiento, pero enfrentan obstáculos insalvables obstáculos, pues o se desintegran, o se constituyen como meras correas de distribución de los bienes que otorga el gobierno a cambio de lealtades políticas.

   Subraya que la comuna es una innovación participativa que se crea para fortalecer lo que el gobierno llama el poder popular, un concepto cercano al socialismo cubano. Igualmente destaca que la expresión “poder popular” no existe en el texto de la Constitución de 1999, así como tampoco en las Líneas Generales del Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007.

   “El concepto que usa el léxico constitucional es el de soberanía popular, que parece sinónimo, pero no lo es, porque se refiere en las democracias modernas al poder del pueblo, tanto constituyente como constituido. Todos los ciudadanos son depositarios de la soberanía popular y la ejercen principalmente mediante el sufragio. La soberanía popular implica representación como participación directa e incluye derechos civiles y políticos individuales”, sostiene López Maya.

  Refiere que el poder popular se define en los primeros documentos oficiales como un poder constituyente, distinto del constituido. “Se trata de un poder que se diferencia del poder del Estado y emerge en la sociedad en espacios colectivos asamblearios. Su sujeto político es colectivo, no individual”.

  El Poder Popular distinto de la soberanía popular de la Constitución, se planteó en el proyecto de reforma constitucional rechazado por los venezolanos en 2007. Lo planteado en el artículo 16 del proyecto de reforma era una nueva estructura del poder público, conformada por “comunidades”, que denominó “núcleos espaciales del Estado Socialista”, los cuales no nacen del sufragio, “sino de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población”.

  Margarita López Maya refiere que ya en el gobierno de Nicolás Maduro, este “no entiende la participación como una herramienta que permita a la gente resolver sus problemas, desarrollar atributos de ciudadanía, fortalecer lazos comunitarios y crear una democracia más robusta. Sus políticas, más bien, utilizan las organizaciones para distribuir bienes o dinero como formas de control social, en procura de apoyos políticos. Eso sí, vienen acompañadas de una pomposa retórica revolucionaria sobre el poder popular”.

   Para Nicolás Maduro, asegura, las comunas y los consejos comunales solamente son “un instrumento de apoyo del poder concentrado en un liderazgo personal y autoritario, que impone a toda la sociedad un proyecto sin consulta y a contracorriente de la tradición democrática que, como fruto de una larga lucha, se había enraizado en el país”.

Estados y municipios convertidos en cascarones vacíos

   Para el politólogo y experto en desarrollo regional, Daniel Arias Alfonzo, no hay dudas de que el objetivo del proyecto de Ley de Ciudades Comunales, es concretar el proceso político, económico y social que, durante los últimos 21 años se ha venido instaurando. La aprobación de este instrumento legislativo es, para el especialista, el rematar de una buena vez la estructura político-administrativa que haga permanente los postulados filosóficos del PSUV.

   De acuerdo a Arias Alfonzo, cuya opinión la resume una nota de El Nacional, la propia exposición de motivos de la ley señala que “Las Ciudades Comunales están llamadas a ser epicentros de revolución cultural, de configuración de una nueva ética socialista más allá de los valores destructivos del  capitalismo; deben  ser  sustentables  y  ecosocialistas; deben  apostar por nuevas  relaciones sociales que logren territorializar la lucha antipatriarcal, avanzando en la  construcción  de  territorios libres de violencia y en formas organizativas cada vez más paritarias entre hombres y mujeres. La democracia participativa y protagónica garantiza cada vez más poder para el pueblo venezolano”.

  Considera que el éxito del proyecto depende esencialmente de las disposiciones establecidas en su reglamento, una materia que se desconoce totalmente a la fecha. La reglamentación del instrumento será la que aclare detalles y categorización como la naturaleza propia de cada ciudad comunal, de tal manera de hacerla manejables para los planificadores oficialistas. En tal sentido, apunta que la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba reconoce como ciudad a las poblaciones urbanas de más de 20 mil habitantes, mientras que las poblaciones de carácter urbano entre 2 mil y 20 mil habitantes son catalogados como pueblos.

   Por otra parte, Daniel Arias subraya que el proyecto de Ley de Ciudades Comunales no permite la participación activa de los empresarios locales, sin que antes medie su transformación a los mecanismos socioproductivos de carácter socialista planteados por el gobierno. Esto, a su modo ver, imposibilita la participación y protagonismo de los sectores económicos de la vida nacional.

  Refiere que, fuera del oficialismo, existe un desconocimiento casi absoluto acerca de las 4 mil comunas existentes en el país. Para ejemplificar esto alerta que cualquier encuestadora, sería muy difícil crear una estructura para 30 millones de habitantes, si el ciudadano común no percibe alguna práctica de las comunas en su vida cotidiana e, incluso, si se toma en cuenta que para los propios dirigentes regionales del oficialismo el número exacto de las comunas de su entidad es desconocido.

  Otra advertencia de Daniel Arias se dirige hecho de que, tal como ocurrió con las leyes de creación de los Consejos Comunales y Comunas, el PSUV está monopolizando esta actividad alrededor de sus militantes del PSUV, obviando a los ciudadanos de las distintas corrientes políticas. Esto sólo deriva en el rechazo de estos sectores hacia esta nueva institución, independientemente de su contenido e intención.

  Tajantemente, Arias Alfonzo asegura que la Ley de Ciudades Comunales se erige como el esfuerzo del PSUV de concretar de manera permanente sus planteamientos de los últimos 22 años, al darle figura a una estructura administrativa que sustituya el modelo político administrativo de los últimos 200 años de historia venezolana.

  Lo resume como el proyecto más acabado para establecer el modelo de la democracia participativa y protagónica en todas las instancias de la vida nacional bajo una fórmula de autogobierno comunal, de carácter parlamentario local.

   Daniel Arias estima que la factibilidad y concreción final de este proyecto depende de la colaboración total de alcaldes y gobernadores en la transferencia de competencias y recursos financieros, “pero mucho más de la existencia de una Hoja de Ruta nacional, que establezca una metodología de funcionamiento que se adapte a cada realidad local, por lo cual la redacción final del Reglamento de la Ley, será fundamental para su éxito o fracaso”.

  Finalmente, deja sentado que la transferencia de competencia de Estados y Municipios, puede significar, sencillamente, el transformar a estos últimos en “cascarones vacíos”, sin necesidad de tener que eliminarlos[2].  

Estado paralelo

  De acuerdo al abogado constitucionalista, Gustavo Manzo, en declaraciones que recoge Efecto Cocuyo[3], la creación de las Ciudades Comunales como unidades espaciales con autonomía relativa dentro de su ámbito territorial, replica las funciones de los poderes públicos en todos sus niveles, lo cual no es otra cosa que la creación de un estado paralelo.

  Dicho estado paralelo entra en contradicción a la letra de la Constitución, toda vez pues lo planteado ameritaría, no una reforma, sino un nuevo texto constitucional. “En la ley se habla de socialismo pero no podemos convertirnos en un estado socialista por imposición, es como si se decidiera por voluntad de un sector ser un estado musulmán. La ciudadanía debe poder tener derecho a no ser socialista”, alerta Manzo al tiempo que recuerda que el oficialismo aspira crear 200 ciudades comunales durante el primer semestre de este año.

  Refiere Manzo que la construcción del socialismo que se persigue mediante la aprobación d e esta ley, no es otra cosa que la violación del artículo 2 constitucional, el cual consagra el pluralismo político e impone un modelo que fue rechazado en referendo popular en 2007.

  Respecto a la transferencia de competencias que contempla el proyecto legislativo, Gustavo Manzo alerta que para ello sería necesario llevar a cabo un proceso constituyente, toda vez que la Carta Magna en sus artículos 16 y del 164 al 168, es clara respecto a la división política y territorial de la república, así como sobre las competencias y los ingresos de los estados y municipios. De manera contundente, reitera que otras figuras territoriales adicionales están al margen de la Constitución.

   Recuerda que el artículo 16 de la Constitución establece que el territorio nacional se divide en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales y que el territorio se organiza en municipios. “Tratan de imponer por la vía de una ley nueva forma del Estado y el artículo 347 dice que para reformar el Estado se requiere una Asamblea Nacional Constituyente”.

El situado constitucional en riesgo

   La nota también cita la opinión del constitucionalista Juan Manuel Raffalli, quien subraya que el desvió de los recursos de los estados y municipios a la ciudad comunal, sencillamente pone en peligro el Situado Constitucional de gobernaciones y alcaldías.

  Para el experto, los más afectados serán los gobiernos locales, por cuanto las ciudades comunales se erigirán como municipios paralelos.

  Del mismo modo, Raffalli recuerda que el artículo 136 de la Constitución estipula que el Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, Poder Estadal y el Poder Nacional, mientras que, a su vez, el Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral, por lo que cualquier otra forma de división a la establecida en la Carta Magna, es contraria al texto fundamental.

Control social

  Para la organización Acceso a la Justicia, con el alegato de promover la. Democracia participativa, se pretende aprobar el Estado Comunal que, por ninguna parte de su texto, está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

  El gobierno de Nicolás Maduro se ha propuesto así implantar el estado comunal rechazado en referendo popular en 2007 cuando el finado Hugo Chávez, lo presentó dentro de su proyecto de reforma constitucional.

   Advierte la organización que la aparente promoción de la democracia participativa con sus supuestos propósitos de inclusión, en realidad constituye un modelo que aumentará el control social y el poder del Ejecutivo nacional sobre la ciudadanía.

  Estima Acceso a la Justicia que la normativa propuesta, así como la ya vigente, exige que todas las organizaciones comunales estén constituidas con el propósito de alcanzar una sociedad socialista y al estar supeditados por los poderes Legislativo, Judicial, Ciudadano, Electoral al denominado Poder Popular, los cuales deben “gobernar obedeciéndole”, pues en realidad la obediencia es debida al Ejecutivo nacional de quien los ciudadanos organizados en instancias comunales dependen.

  Y aunque están contemplados en la Constitución, los poderes territoriales, Municipal y Estadal, prácticamente desaparecen.

  Se prevé, además, una justicia comunitaria, que depende del “sistema nacional de justicia de paz”.

  Acceso a la Justicia subraya que Nicolás Maduro “ha realizado últimamente tres movimientos que demuestran sus intenciones de darles vida a estas cuestionadas figuras y profundizar aún más el proceso de desinstitucionalización y desmantelamiento del Estado que ya sufre el país desde hace varios años”.

   Dichos movimientos son, en primer lugar, los proyectos de Ley de las Ciudades Comunales y del Parlamento Comunal a la Asamblea Nacional oficialista; a los que se suma la resolución 0026 del 1 de febrero de 2021 del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que contiene las Normas de Actuación de los Funcionarios Policiales y de Investigación Penal para Atención Temprana y Oportuna de Víctimas de la Violencia de Género, texto publicado en la Gaceta Oficial Nº 42.076 del 26 de febrero de 2021,  instrumento que da a los consejos comunales la potestad de recibir denuncias sobre violencia de género en contra de las mujeres.

   Alerta la organización que la ciudad comunal adopta una división político territorial distinta a la prevista en la Constitución que establece claramente los estados y municipios. Además, es absolutamente inconstitucional y contraría los valores democráticos porque refuerza el centralismo al vulnerar lo estipulado en el artículo 136 constitucional.

  Destaca la falsa premisa de participación y autonomía, puesto que solamente en teoría tienen capacidad de decisión, pues “en efecto, los consejos comunales están supeditados a la aprobación del Gobierno nacional, quien los valida o no de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de Consejos Comunales”.

  Refiere que el proyecto de Ley de las Ciudades Comunales suplanta el sistema republicano del Estado venezolano, al tiempo que se concibe como un pequeño Estado dentro del propio Estado. “Cada ciudad debe tener su carta fundacional, su Parlamento, su consejo de Gobierno (integrado por siete voceros), su autoridad electoral, su consejo de contraloría comunal (que sería auxiliar de la Contraloría General de la República), su consejo moral y su procuraduría (artículo 14)”.

  Por otra parte, el modelo de Estado comunal “funcionaliza” la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos cuando se suprime su autonomía de acción y se les subordina a objetivos políticos, económicos y sociales, determinados por el Poder Ejecutivo central y según una ideología única.

   El Parlamento Comunal Nacional aunque no tiene potestad legislativa está facultado de manera exclusiva y excluyente para realizar las propuestas legales sobre el tema del Estado comunal en el país, tanto en el ámbito nacional, como en el estadal y municipal.

  Entretanto, las Normas de Actuación de los Funcionarios Policiales y de Investigación Penal para Atención Temprana y Oportuna de Víctimas de la Violencia de Género emitida por el Ministerio de Relaciones Interiores, parece destinada a reforzar una institucionalidad para-constitucional

  Para Acceso a la Justicia, el gobierno de Maduro, luego de recuperar el control de la Asamblea Nacional emprendió una serie de acciones sistemáticas para acelerar el proceso de construcción del Estado comunal en el país. Todo esto con el único objetivo de reforzar el poder y control absoluto que actualmente tiene[4].

REFERENCIAS

[1] Allan Brewer Carías. “Sobre el Poder Popular y el Estado Comunal en Venezuela. (O de cómo se impone a los venezolanos un Estado Socialista, violando la Constitución, y en fraude a la voluntad popular)”. 31 de diciembre de 2010. https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2011/01/78.-Brewer-Car%C3%ADas.-Sobre-el-Estado-Comunal...opular-en-Venezuela-31-12-2010.doc.pdf


[2] El Nacional. “Ley de Ciudades Comunales: ¿qué pasará con las gobernaciones y alcaldías? | Análisis del politólogo Daniel Arias”. 27 de marzo de 2021. https://www.elnacional.com/venezuela/ley-de-ciudades-comunales-que-pasara-con-las-gobernaciones-y-alcaldias-analisis-del-politologo-daniel-arias/


 


[3] Efecto Cocuyo. “Ley de Ciudades Comunales crea un Estado paralelo, advierten constitucionalistas”. 19 de marzo de 2021. https://efectococuyo.com/politica/ley-de-ciudades-comunales-crea-un-estado-paralelo-advierten-constitucionalista/


[4] Acceso a la Justicia. “Venezuela, hacia el afianzamiento del Poder Popular y el Estado comunal”. 28 de abril de 2021. https://accesoalajusticia.org/venezuela-hacia-afianzamiento-poder-popular-y-estado-comunal/


 

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