Samark López Bello introdujo una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo designó como un narcotraficante por la Ley Kingpin, argumentando que es víctima de una campaña falsa que lo identifica como un capo junto al actual ministro de petróleo del régimen venezolano, Tareck El Aissami.
La querella fue presentada el martes por los abogados de López Bello ante la corte federal del Distrito de Columbia.
En los documentos oficiales, el demandante señala que el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y los demás acusados, han ejercido ilegalmente sus autoridades en virtud de la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros al sancionar a Samark López Bello, bloquear y confiscar sus propiedades en los Estados Unidos y devastar sus operaciones comerciales y su reputación internacional.
Sostiene que al emprender esa acción, "los Demandados han difundido información errónea y rumores sin fundamento para hacer alegatos perjudiciales sobre López Bello que, además de ser falsos, combinan criterios de designación separados".
La demanda dice que los acusados "han hecho esto sin avisar con imparcialidad a López Bello sobre cómo y si los tratos con ciertas partes constituyen una conducta sancionable y sobre la base de supuestos "hallazgos" que siguen ocultos para él".
En la demanda se destaca que "el 13 de febrero de 2017, la OFAC designó a López Bello en virtud de la Ley Kingpin para brindar asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades de tráfico internacional de narcóticos y actuar en nombre o en representación de un narcótico especialmente designado traficante (SDNT) o persona designada en virtud de la Ley Kingpin. Este SDNT fue identificado por la OFAC como Tareck Zaidan El Aissami, quien era, al momento de la designación, el Vicepresidente del Gobierno de Venezuela".
Los abogados sostienen que "las acusaciones de la OFAC y las pruebas que las respaldan son falsas, si no totalmente inventadas. López Bello es un empresario internacional cuya reputación ha sido difamada y cuyo sustento ha sido seriamente amenazado por las acciones ilegales y las denuncias difamatorias de los Demandados".
López Bello niega que haya proporcionado asistencia material, apoyo financiero ni bienes o servicios de apoyo de las actividades de tráfico internacional de estupefacientes de El Aissami ni de ningún otro individuo.
Asimismo, asegura que no actúa en representación de El Aissami. "A la fecha de hoy, López Bello no tiene conocimiento de que El Aissami esté involucrado en el tráfico de drogas y ciertamente es incapaz de brindar apoyo a actividades de las que no tenía conocimiento o en las que no estaba involucrado".
La demanda dice que "los acusados están actuando más allá del alcance de sus autoridades legales y en contradicción directa con el debido proceso constitucional. La razón es clara: el registro de respaldo de la OFAC no puede posiblemente, y mucho menos razonablemente, contener evidencia que demuestre que López Bello estaba brindando asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de, ni actuando para o en nombre de, un SDNT".
Asegura que El Aissami fue designado simultáneamente y como parte de la misma acción de designación dirigida a López Bello. "De hecho, la designación de El Aissami bajo la Ley Kingpin se anunció en el mismo comunicado de prensa que anunció la designación de López Bello, y tanto El Aissami como López Bello fueron propuestos para su designación en un memorando probatorio común".
Agrega que "El Aissami solo se convirtió en SDNT y persona designada en virtud de la Ley Kingpin el 13 de febrero de 2017, es decir, la misma fecha en la que López Bello fue designado para brindar apoyo material a las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes y para actuar en nombre o representación de El Aissami".
Argumenta que los Demandados designaron a López Bello "basándose en una creencia errónea de que brindó apoyo o servicios a las actividades de tráfico internacional de, o actúa para o en nombre de, una persona que no era un SDNT durante el tiempo en el que supuestamente ocurrieron esas actividades".
"Al designar a López Bello de esta manera, los Demandados han actuado más allá de las autoridades estatutarias delegadas en ellos y de manera arbitraria y caprichosa en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo, 5 U.S.C. § 706. Por lo tanto, la designación de López Bello por parte de los acusados en virtud de la Ley Kingpin es ilegal y debe anularse".
Afirma que las consecuencias de las acciones ilegales de los demandados han sido inconmensurables y van más allá de las que tradicionalmente han sufrido otras partes designadas por los entes del gobierno de los Estados Unidos, entre las cuales mencionan las siguientes:
1) López Bello y sus empresas estadounidenses y extranjeras han sido designadas por la OFAC y/o bloqueados de conformidad con la Ley Kingpin,
2) Se han bloqueado los bienes inmuebles y otros activos de López Bello con sede en Estados Unidos.
3) Las personas extranjeras corren el riesgo de ser objeto de sanciones por participar en transacciones con López Bello o sus empresas, cuyo efecto ha sido socavar la capacidad de López Bello para realizar negocios incluso fuera de los Estados Unidos.
4) López Bello ha sido injustamente investigado y acusado penalmente por delitos de que intentó hacer que personas estadounidenses comerciaran con propiedad bloqueada en violación de las regulaciones que implementan su designación.
5) Finalmente, y lo que es más dañino, terceros han utilizado las acusaciones falsas de la OFAC para ejecutar contra los activos bloqueados de López Bello en satisfacción de sentencias dictadas contra grupos terroristas designados por Estados Unidos con los que López Bello no tiene relación o conexión. Esto tuvo el efecto de transformar la acción de bloqueo de la OFAC en un mecanismo para la incautación y decomiso de los activos estadounidenses de López Bello.
Advierten que al momento de la presentación de la demanda, a Samark López Bello se le ha confiscado activos por valor de aproximadamente $ 160 millones como resultado de una acción ilegal de la OFAC que lo ha difamado indebidamente y atacado ilegalmente y se negó a cualquier forma significativa de debido proceso para impugnar su designación.
En la demanda, López Bello se autodenomina "destacado empresario con experiencia internacional en los campos de la ingeniería industrial, el comercio de materias primas y equipos y la logística para la industria del petróleo y el gas. Como su CEO y presidente, López Bello desarrolló Profit Corporation, C.A. que se convirtió en líder del mercado energético venezolano en las áreas de ingeniería de soluciones, procura y construcción.
Igualmente sostiene que "López Bello dirige Yakima Trading Corporation, que brindó servicios profesionales para la industria venezolana de petróleo y gas, incluido el comercio de materiales ferrosos y en la adquisición de materiales y equipos necesarios para viviendas prefabricadas de alta calidad para albergar tripulaciones para la industria petrolera".
En los documentos, López Bello dice que creó "Postar, una empresa de logística que obtenía materiales de construcción y los enviaba a Venezuela en kits de vivienda que brindaban fácil acceso a una vivienda digna para las personas que vivían en la pobreza".
En la demanda asegura que López Bello se dedica al trabajo humanitario dentro de Venezuela. "Por ejemplo, fundó The Profit Foundation, que brinda apoyo financiero regular para beneficiar a niños en riesgo, ayudó a financiar la construcción de una escuela y apoyó centros de salud rurales para mejorar la atención a los pacientes".
La demanda argumenta que la OFAC no cuenta con evidencias sólidas para acusarlo sino informes y reportes de prensa. Hacen referencia a un artículo de julio de 2013 del periódico en línea de Venezuela, Reportero24, que dice que "López Bello está‘ vinculado como como testaferro de El Aissami. El artículo afirma que López Bello tiene un patrimonio neto estimado de mil millones de dólares ”.
"En ninguna parte de las partes no redactadas del expediente administrativo la OFAC evalúa la credibilidad del artículo de julio de 2013 del Reportero24 ni la base de la confianza de la agencia en sus alegatos concluyentes sobre López Bello", advierte.
Acota que "las partes no redactadas del expediente administrativo no evidencian la corroboración de la OFAC de las alegaciones del artículo de Reportero 24 de julio de 2013 sobre López Bello".
La cónyuge es una co-garantía de González Testino luego de que se le otorgara la libertad bajo fianza.
Por Maibort Petit
Nuevamente la esposa José M. González Testino [del procesado por corrupción con CITGO y PDVSA], María Alejandra Díaz, podrá viajar, luego de que la Corte del Distrito Sur de Texas-División Houston, concediera una moción para liberar temporalmente los pasaportes de la mujer y autorizara la movilización.
Lo que sí quedará sin revelar es el destino del viaje ni los detalles del mismo, a solicitud del propio González Testino quien, argumentando razones de seguridad, pidió que se mantuvieran bajo sello tales datos.
González Testino se declaró culpable de delitos de corrupción y lavado de dinero relacionados con contratos de CITGO y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), los cuales habrían sido obtenidos de manera fraudulenta mediante el pago de sobornos a funcionarios de la petrolera estatal venezolana.
María Alejandra Díaz es portadora de dos pasaportes, uno estadounidense y otro venezolano, los cuales se mantienen en custodia de la secretaría del Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston.
Luego de la declaratoria de culpabilidad de José M. González Testino el 29 de mayo de 2019, el tribunal le concedió la libertad bajo fianza el 23 de julio de 2019, para la cual se fijaron una serie de condiciones por parte de la corte. Una de estas co-garantías es su esposa, María Alejandra Díaz, quien debió entregar sus pasaportes a la secretaría del tribunal bajo la condición adicional de que "no viajarán fuera de los Estados Unidos sin el permiso de los Estados Unidos, Servicios previos al juicio, libertad condicional y el gobierno".
La moción
El 3 de junio de 2021, Edward R. Shohat, abogado de la firma Jones Walker LLP que representa a José M. González Testino, introdujo ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, una Moción sin solicitando autorización para presentar bajo sello de emergencia sin oposición, la liberación temporal de los pasaportes de María Alejandra Díaz y un permiso para realizar el viaje.
El abogado argumentó para sustentar la solicitud de su cliente que el tribunal había concedido previamente una moción de autorización para presentar bajo sello una moción solicitando el viaje de María Alejandra Díaz.
Igualmente explicó que la moción y orden propuesta contenía información acerca del destino del viaje, razones personales de la visita y a quién visitaría.
Se citan estas páginas de Venezuela Política[1], para referir que un permiso previo concedió las mociones de la Sra. María Alejandra Díaz para viajar a Madrid y Londres.
En razón de que a González-Testino le preocupa que la seguridad de su familia se vea comprometida si se revela al público el viaje de su esposa, solicitó sellar la moción como una forma que asegure dicha seguridad.
Permiso de viaje
En la misma fecha de su presentación, 3 de junio de 2021, el juez del Distrito Sur de Texas-División Houston, Gray H. Miller, concedió una moción presentada ante esa instancia judicial por José M. González Testino, la cual lo autoriza a recibir temporalmente los pasaportes de María Alejandra Díaz, así como permitirle viajar.
El magistrado a la secretaría del tribunal, sellar la referida moción de emergencia sin oposición del acusado José Manuel González-Testino.
[1] Venezuela Política. “Juez estadounidense aprueba liberar los pasaportes de la esposa de José Manuel González Testino para viajar a Madrid y Londres”. 6 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/search/label/Mar%C3%ADa%20Alejandra%20D%C3%ADaz
El juez ordenó a las partes prepararse para iniciar la etapa de descubrimiento.
Por Maibort Petit
El juez para el Distrito Sur de Nueva York, John G. Koeltl, rechazó dos mociones interpuestas por la empresa Interamerican Consulting, propiedad del excongresista David Rivera, la cual procuraba la desestimación de la demanda en su contra y para derogar un documento contentivo de las alegaciones del caso.
La decisión judicial tuvo lugar el 22 de junio del corriente año 2021, cuando el magistrado, en primer lugar, rechazó la moción 31 que buscaba derogar el documento identificado con el número 25, referido a ciertas alegaciones de la demanda enmendada presentada por Interamerican Consulting Inc.
Igualmente, el juez Köeltl rechazó la moción 29 por medio de la cual Rivera aspiraba a que el tribunal desestimara la demanda enmendada por considerar que la misma no presentaba una reclamación por parte de Interamerican Consulting Inc., empresa que reclamaba la Falta de Jurisdicción.
PDV USA Inc. demandó en mayo de 2020, ante el citado tribunal a la empresa Interamerican Consulting, Inc. por el incumplimiento de un contrato de consultoría cuyo precio ascendía a USD 50 millones. La filial de la estatal petrolera venezolana había contratado a la empresa controlada por el excongresista estadounidense, David Rivera, para llevar a cabo, en un plazo de tres meses, servicios de cabildeo y manejo de reputación.
Interamerican Consulting, Inc. presentó una moción en diciembre de 2020, para desestimar el caso bajo el alegato de “falta de jurisdicción en la materia e inexistencia de pretensiones válidas” y le sumó otra moción para eliminar las acusaciones de la demanda.
La Corte consideró todos los argumentos planteados por las partes y determinó que, en la medida en que no se aborden específicamente, tales argumentos son discutibles o carentes de fundamento.
El juez John G. Köeltl denegó el recurso de sobreseimiento por falta de competencia en la materia; igualmente negó la moción para desestimar por falta de declaración de un reclamo; y denegó la moción de huelga.
Köeltl instruyó a la secretaría del Tribunal cerrar los expedientes números 29, 30 y 31.
Por otra parte, el magistrado ordenó que las partes se preparen para iniciar la etapa del descubrimiento del juicio entre PDV USA Inc. contra Interamerican Consulting Inc.
El exfuncionario estaría involucrado en otros casos de corrupción.
Por Maibort Petit
La corrupción imperante en el sistema venezolano se manifiesta en todos los niveles y en todas las instancias. Desde los más altos cargos hasta posiciones medias son utilizadas como nichos para esquilmar el patrimonio público, siendo Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) una de las empresas estatales que ha servido como fondo para que muchos burócratas y funcionarios se enriquezcan con dinero públicos.
Un ejemplo de esto último lo constituye Daniel Comoretto Gómez, exgerente comercial de la estatal petrolera que se vio involucrado en una trama corrupta en la que, junto a otros funcionarios y agentes de empresas privadas, obtuvo ganancias indebidas provenientes de sobornos que le canceló Sargeant Marine Inc. a cambio de la aprobación de contratos millonarios de suministro de asfalto con PDVSA.
Comoretto Gómez fue arrestado el el 10 de septiembre de 2020 luego de una investigación emprendida por el FBI y las autoridades judiciales de Nueva York.
Pero al indagar sobre el exfuncionario, es posible encontrar referencia a otros casos de corrupción en los que supuestamente estaría implicado. Por ejemplo, la cuenta “Corrupción al desnudo” en la red social Facebook del abogado dominicano, Rafael Antonio Guerrero, se hace mención a él en fecha 31 de diciembre de 2018, como “director de PDV Caribe en Haití, Venezolano, Casado, pasaporte No. 084534750, residente en Santo Domingo. Recibió junto a su esposa AL GHYS KARINA DE LOS RÍOS DELGADO, Venezolana, pasaporte No. 055918897, de manos de SANG MIN CHOI (SEMI CHOI), coreano, casado, cédula de Identidad personal No. 001-1267666-3 un lujoso apartamento en el exclusivo sector de Naco, valorado en USD$ 230,000; para favorecer a la empresa ESD Engineering & Services, SRL y/o a Sang Min Choi (Semi Choi) su presidente; con el otorgamiento de un contrato por más de 11 millones de dólares”.
Comoretto se declara culpable
En el asunto que nos ocupa, Daniel Comoretto Gómez se declaró culpable ante el Tribunal para el Distrito Este de Nueva York de un cargo de conspiración para comprometer dinero en el lavado de dinero en el contexto de un esquema para aceptar sobornos a cambio de ayudar a las empresas de asfalto a obtener y retener negocios con PDVSA. Esto ocurrió el 27 de enero del presente año 2021
Admitió que entre 2011 y 2015, él y otro segundo empleado de PDVSA, a saber, Héctor Núñez Troyano, recibieron sobornos de Sargeant Marine Inc. y otra empresa de asfalto anónima, a cambio de asistir a dichas compañías en su propósito de obtener contratos para la compra de asfalto a PDVSA.
La confesión de Comoretto Gómez hace referencia a que las citadas empresas de asfalto pagaron a un agente externo de nombre, David Díaz, una comisión de aproximadamente 45 centavos por cada barril de asfalto comprado a PDVSA. A su vez, Díaz destinó una parte de su comisión para sobornar a Comoretto, Núñez y otros no identificados. Los pagos eran ocultados mediante el envío de los fondos a empresas fantasma pertenecientes a Díaz y Núñez.
Antes que Daniel Comoretto, se había declarado culpable la empresa Sargeant Marine, por conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la FCPA. Sargeant Marine acordó pagar una multa penal de USD 16,6 millones[1].
Desde septiembre de 2020, se encuentra en libertad bajo fianza, tal como lo revela una comunicación que su abogada defensora, Leticia M. Olivera, le formulara al juez Eric N. Vitaliano el 29 de abril de 2021.
Olivera le refería al juez que formulaba el pedido de modificación de las condiciones de liberación de Daniel Comoretto, con consentimiento del gobierno y de los Servicios Previos al Juicio de EE. UU. Se pedía que se autorizara al acusado viajar dentro de Tennessee, Georgia y Alabama, en razón de vivir en Chattanooga, cerca de la frontera de Alabama y Georgia.
Los cargos
El fiscal del Distrito Este de Nueva York, Seth D. Ducharme, y el jefe de la División Penal de la Sección de Fraude del departamento de Justicia, Daniel S. Kahn, presentaron ante el Tribunal para el Distrito Este de Nueva York, cargos contra Daniel Comoretto Gómez por Conspiración para cometer lavado de dinero.
Para sustentar la acusación sobre lavado de dinero, de acuerdo a lo establecido en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h) y 3551 et seq., entre 2011 y octubre de 2015, dentro del Distrito Este de Nueva York, así como en otros lugares, Daniel Comoretto Gómez , junto con otros, conspiró a sabiendas e intencionalmente para transportar, transmitir y transferir instrumentos monetarios y fondos en Estados Unidos desde un lugar fuera de este país con el objetivo de promover la realización de una o más actividades ilegales.
Se indica que el acusado, sabiendo que el dinero era el producto de una actividad ilícita, ocultó y disfrazó su naturaleza, ubicación, fuente, propiedad, de acuerdo a lo estipulado en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (B) (i) .
Con respecto a la alegación de confusión penal, se informó al acusado de que Estados buscará el decomiso de sus propiedades, de conformidad con el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 982 (a) (1), cuando alguien resultare condenado por dicho delito.
Se advierte que si alguna de las propiedades decomisadas no se puede localizar; ha sido transferida, vendida o depositado con un tercero; ha sido puesta fuera de la jurisdicción del tribunal; ha disminuido sustancialmente de valor; o se ha mezclado con otros bienes que no se pueden dividir sin dificultad; los Estados Unidos buscarán la confiscación de cualquier otra propiedad del demandado.
La admisión de Sargeant Marine
Específicamente, el 20 de septiembre de 2020, Sargeant Marine Inc. reconoció ante las autoridades judiciales haber pagado sobornos a funcionarios de los gobiernos de Brasil, Ecuador y Venezuela, siendo en este último, Daniel Comoretto uno de estos. Su objetivo en este esquema de corrupción era la obtención de contratos estatales.
La trama involucraría a un exoperador de petróleo de Vitol, con sede en Suiza, acusado de pagar USD 870.000 en sobornos a exfuncionarios ecuatorianos entre 2015 y 2020 a cambio de contratos de combustible. En la acusación no hay mención de Vitol, empresa que en 2015 compró la mitad de Sargeant Marine.
De acuerdo a los fiscales del caso, Sargeant Marine y sus filiales pagaron sobornos entre 2010 y 2018 a cambio de contratos con petroleras estatales en los tres países sudamericanos, los cuales tenían gobiernos de izquierda en esa época. La compañía con sede en Boca Ratón, Florida, obtuvo más de USD 38 millones en ganancias por el pago de los sobornos.
Daniel Sargeant exdirectivo de Sargeant Marine, se declaró culpable de asociación delictuosa para lavar dinero y de quebrantar la Ley de Estados Unidos sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que prohíbe a las empresas estadounidenses realizar pagos a funcionarios extranjeros a cambio de obtener negocios.
Se conoció que en la trama se utilizaron contratos de consultoría falsos y facturas ficticias para remunerar a los intermediarios[2].
El empresario turco Sezgin Baran Korkmaz, quien es buscado por Estados Unidos por cargos de lavado de dinero, compró un avión privado con fondos del gobierno de Estados Unidos y la aeronave fue utilizada por el ministro de Petróleo venezolano sancionado por Washington, Tareck El Aissami, según la declaración del académico turco İmdat Öner, publicada por el portal de noticias ahvalnews.com
El Aissami, quien ha sido acusado en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas, usó el avión de Korkmaz para viajar a Turquía en enero de 2019, cuando se reunió con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dijo el analista de políticas en Twitter en la reseña difundida por Ahval.
Estados Unidos acusa a Korkmaz, quien se encuentra bajo custodia policial en Austria, de lavar más de $ 133 millones en ganancias de fraude a través de cuentas bancarias que controlaba en Turquía y Luxemburgo y busca extraditar al empresario de Austria para que pueda comparecer ante un juez estadounidense, dice la nota del portal turco.
El Aissami está sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. Y figura en la lista de los 10 más buscados de la agencia de aduanas de EE. UU. Como narcotraficante, utilizó el avión privado de Korkmaz para volar de Estambul a Moscú el 23 de febrero. 2019, y de allí de regreso a Caracas, según Önder.
Korkmaz compró el avión con fondos del Tesoro de Estados Unidos, utilizado en un plan de lavado de dinero en Turquía, dijo, citando la acusación contra el empresario turco de 43 años.
Los vuelos de Korkmaz a Venezuela continuaron a pesar de los arrestos de sospechosos acusados de violar las sanciones de Estados Unidos, dijo el académico, refiriéndose al caso de León Maal, quien ayudó a El Aissami a fletar un vuelo privado desde el Aeropuerto Internacional Vnukovo en Rusia al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Venezuela en febrero. de 2019.
Posteriormente, Maal fue arrestado y acusado en Florida por ser parte de la conspiración contra la Ley Kingpin de los Estados Unidos al participar en vuelos a Rusia, Turquía, República Dominicana y Venezuela con El Aissami.
El Aissami llegó a Turquía en febrero de 2019 para finalizar un acuerdo sobre el comercio de oro con Ankara en un momento en que el gobierno del asediado presidente venezolano Nicolás Maduro recurría cada vez más a Turquía como socio para romper su aislamiento.
Las conexiones de Korkmaz con el presidente turco y su círculo íntimo hacen que su posible extradición y testimonio con respecto al lavado de dinero y los cargos de fraude electrónico sea un asunto delicado para Erdogan y su partido gobernante.
Muchos de sus relacionados han o están siendo procesados, otros aguardan por juicio, pero el famoso “bolichico” es posible que salga ileso, se vea libre de acusaciones y siga viviendo a cuerpo de rey en Europa.
Por Maibort Petit
A la sombra de la crisis eléctrica venezolana se habría forjado una enorme fortuna que —sin importar los estragos causados a la población con los irregulares e infaustos contratos obtenidos del oficialismo— corrió a fuera de las fronteras patrias donde se multiplicó y brinda a su propietario una vida a cuerpo de rey en tierras europeas.
Se trata de Alejandro Betancourt, integrante de los llamados “bolichicos”, un grupo de hombres de familias adineradas venidas a menos y que encontraron en las supuestas negociaciones irregulares con el gobierno chavista, el nicho para “resurgir” y hacerse multimillonarios a expensas de las penurias del pueblo venezolano que se sumía en una de las más cruentas crisis energéticas del mundo. Y es que los apagones —que no cesaron, sino que se multiplicaron después de la obtención de una serie de contratos, deviniendo en catástrofe— le sirvieron a Betancourt y a su empresa Derwick Associates Corp. para suscribir las negociaciones con la Corporación Eléctrica Nacional, Petróleos de Venezuela S.A. y la Corporación Venezolana de Guayana para la construcción de plantas termoeléctricas, a pesar de carecer de la experiencia y el capital para llevar a cabo la tarea. Mediante el presunto pago de sobornos, el empresario y sus socios habrían terminado estafando al estado al solamente entregar chatarra o equipos reconstruidos con sobreprecio que poco o nada solucionaron la penuria eléctrica venezolana[1].
Un trabajo de investigación de la agencia de noticias Reuters, firmado por Angus Berwick este 23 de junio de 2021, titulado “Un magnate del poder, mientras Venezuela se oscurece, ilumina su imagen en el exterior”[2], da a conocer una serie de “registros bancarios, judiciales y corporativos previamente no revelados relacionados con las investigaciones brindan una nueva perspectiva sobre cómo Betancourt usó la riqueza que ganó en casa para rehacerse en el extranjero, incluso cuando los beneficiarios previstos de esos proyectos de energía soportan apagones frecuentes y prolongados”.
La nota refiere que antes del derrumbe de la economía venezolana se derrumbara en la última década,” los negociadores bien conectados” obtenían milmillonarios contratos gubernamentales en dólares que luego movían al exterior. Unas migraciones de capital que agravaron los problemas económicos del país y llevaron a sus protagonistas a disfrutar de unas vidas generosas fuera del territorio venezolano. De estos, Alejandro Betancourt es un buen ejemplo, a decir de los líderes de la oposición.
Lo que dicen los registros
Angus Berwick pasa a hacer referencia a lo que revelan los documentos a los que tuvo acceso y que señalan que luego de obtener los contratos de las centrales eléctricas, Alejandro Betancourt inició un ciclo de depósitos bancarios, de inversión en empresas y compra de propiedades en, por lo menos, diez países de Europa y América. La nota da cuenta de más de USD 300 millones en el extranjero durante la última década. Entre las inversiones se cuenta la llevada a cabo en viviendas en París, Nueva York, Florida y España, así como en empresas como Hawkers[3] —compañía española de lentes de sol— que llegó a asociarse con Lionel Messi para diseñar una línea de productos[4].
Derwick Associates Corp ha estado en el ojo de los fiscales federales de Nueva York, quien se han dedicado a investigar si las empresas de Betancourt, lavaron dinero o pagaron sobornos relacionados con las concesiones de energía, según refiere el periodista le informaron dos personas relacionadas con la averiguación.
Entretanto, agrega, en el estado de la Florida, otra investigación federal —habrían revelado otras fuentes— pone a Betancourt como "objetivo" de una investigación en la que le ex-banquero suizo con ciudadanía alemana y residenciado en Panamá, Matthias Krull, se declaró culpable en 2018 de conspiración para cometer lavado de dinero[5]. El banquero, quien terminó colaborando con la justicia estadunidense, tuvo que ver con una trama que permitió lavar más de USD 1.200 millones a Francisco Convit Guruceaga, provenientes de negocios de energía y quien, para más señas, es socio de Betancourt en Derwick[6].
El trabajo de investigación refiere que, más allá del Atlántico, específicamente en Andorra, “una investigación sobre supuestos sobornos pagados a funcionarios venezolanos a través de bancos en el principado europeo también revisó las transacciones de una empresa propiedad de Betancourt, según muestran los documentos”. Se trata de una acusación formal de 2018 que involucra a 28 personas, entre ellos un ex-contratista de Alejandro Betancourt. Según la fiscalía andorrana, los pagos de ese contratista a un funcionario del gobierno venezolano son "sobornos". El “contratista de Betancourt y el exfuncionario al que supuestamente le pagó, están esperando juicio”, se lee en la nota. Se advierte que Alejandro Betancourt no fue procesado en Andorra, no ha sido acusado en ninguno de los dos casos estadounidenses y deja sentado que, posiblemente, no surjan acusaciones en su contra luego de estas averiguaciones.
Betancourt se defiende
Igualmente informa que Betancourt se negó a ser entrevistado para la redacción de la nota, aunque cita una carta del abogado del empresario, Thomas Clare, quien “describió como ´categóricamente falsa´ cualquier sugerencia de que Betancourt o su empresa ´participaran en actividades corruptas, como sobornos, manipulación de licitaciones, comisiones ilegales u otro comportamiento ilegal´. Clare negó que Derwick no completara los proyectos de energía, diciendo que la compañía ´completó todos los contratos a satisfacción del gobierno venezolano´ y que cualquier problema desde entonces fue el resultado de una mala administración por parte de varias agencias estatales que operan las plantas. En cuanto al papel de Betancourt en la financiación de Hawkers, dijo, ´la inversión de mi cliente en Hawkers es legítima´, ´impulsada por oportunidades comerciales´".
Alejandro Betancourt le declaró al diario español ABC, según refiere la nota, que sus proyectos de energía crearon un "anillo de armadura eléctrica" para fortalecer el suministro de energía en Venezuela, una afirmación que contrasta con la de expertos que aseguran que los mismos, por el contrario, “dejaron a millones en la oscuridad”.
Para ilustrar, Berwick hace mención a varias de las localidades donde operan las plantas vendidas por Derwick, donde sus pobladores deben soportar apagones hasta por varios días. Algo que certificó la Asamblea Nacional en 2016 cuando investigó la crisis eléctrica y determinó que la empresa propiedad de Alejandro Betancourt “facturó en exceso al gobierno en un factor de tres, particularmente al inflar el costo de las turbinas. El informe, que analizó el costo de $ 1,51 mil millones para ocho de los 12 proyectos de Derwick, dijo que el valor justo de mercado debería haber sido de $ 551 millones. Las plantas, según el informe, requirieron reparaciones y modificaciones desde el principio (…) ´La ejecución de los proyectos´, escribió la comisión, ´condujo a contingencias que deberían haberse abordado en las fases de diseño, concepto e ingeniería básica´".
Los abogados de Betancourt consideran que el informe es trata "un documento político" de los opositores con "un claro sesgo político para atacar y desacreditar los esfuerzos del gobierno". En defensa de su cliente, presentaron un informe de la fiscalía de 2017 que lo exonera.
La nota de Reuters acota que “las evaluaciones contradictorias en Venezuela son típicas de la realidad hiperpartidista en el país, donde el presidente Nicolás Maduro y su predecesor, el fallecido Hugo Chávez, aseguraron la lealtad de casi todas las instituciones estatales, incluidos los tribunales”.
Empresa intermediaria
Deja sentado la nota que el papel de Alejandro Betancourt fue el de intermediario dada la falta de experticia de Derwick en la materia en la que se proponía, constructor de plantas eléctricas.
Por ello, recurrió ProEnergy Services LLC, contratista estadunidense para que redactara las propuestas que presentaría a la consideración del gobierno venezolano con un cambio en el margen de ganancia.
La empresa de Betancourt pagó, de acuerdo a los documentos, unos mil millones de dólares por el trabajo que, aparta de la propuesta, incluía la compra de turbinas y la construcción de la planta.
La documentación revisada para la redacción del trabajo de Reuters refiere que Betancourt compró Derwick en 2007, la cual estaba registrada en Panamá, convirtiéndose en una de las dos docenas de compañías que él sus socios establecieron o compraron en Panamá, Estados Unidos, el Caribe y Europa en los próximos años.
En la cruenta crisis eléctrica que padecía Venezuela, Betancourt vio la oportunidad y en 2010 firmó un acuerdo de “consultoría y asesoría” con Nervis Villalobos, para entonces viceministro de energía eléctrica quien, de acuerdo al contrato que Angus Berwick revisó para la redacción de la nota, presionó para que la negociación se llevara a cabo. Villalobos forma parte de los investigados en la trama de Andorra. Ni él ni su abogado quisieron hablar con el periodista.
Como ejemplo de los sobreprecios impuesto por Derwick, Reuters cita el caso de la planta Picure al norte de Caracas, por la cual ProEnergy cobró USD 32,6 millones y Derwick vendió al gobierno venezolano por USD 79 millones, 2,4 veces el precio de ProEnergy.
Un sobreprecio justificado a juicio del abogado de Betancourt, quien dijo que los aumentos reflejan los riesgos que asumió Derwick en una Venezuela volátil.
Como este, Derwick suscribió una docena de licitaciones de energía termoeléctrica. Rafael Ramírez dijo luego que los contratos se firmaron apresuradamente por la premura que tenía Hugo Chávez por soluciones rápidas. "Todo el proceso fue complicado (…) Con más calma, tal vez esta empresa no hubiera calificado".
La nota refiere que entre agosto y octubre de 2010, como revelan las facturas revisadas por Reuters, el gobierno le canceló unos USD 140 millones a Derwick en una cuenta Derwick en JPMorgan Chase & Co en Nueva York y recibió otros pagos por USD 166 millones en un banco en Panamá, todos por proyectos de energía.
Advierte la nota de Reuters que no se pudo certificar cuánto recibió Alejandro Betancourt de los USD 2 mil millones que Derwick recibió en contratos o dónde se pudieron haber hecho otros depósitos.
Los datos que abogados de Derwick suministraron para el reportaje indican que la ganancia fue de USD 274 millones en las plantas de energía, pero no especificó sus ingresos totales. El despacho legal agregó que gobierno venezolano aún le adeuda a Derwick USD 184 millones.
Los papeles manejados para la nota también refieren que “Betancourt instaló oficina en un rascacielos de Caracas y se movió por la ciudad en vehículos blindados, según documentos de Derwick y tres personas familiarizadas con sus actividades” y agrega que, en noviembre de 2010, pagó casi USD 12 millones por un ático en Manhattan.
Caso Andorra
Igualmente, Alejandro Betancourt “realizó pagos detallados posteriormente por fiscales en Andorra”. El escándalo involucró más de 2.000 millones de euros en “comisiones ilegales” pagadas a numerosos funcionarios venezolanos, a cambio de la aprobación de millonarios contratos estatales.
La revisión del caso revela que ni Betancourt ni Derwick fueron objetivos de la investigación. “Los pagos citados en la acusación involucraron a Villalobos, el contratista que Derwick contrató para presionar a los funcionarios de energía en Venezuela”.
Se explica que los registros bancarios revelan que, a finales de 2011, Minenven Corp, empresa registrada por Betancourt, hizo tres transferencias que sumaron 5 millones de euros a una cuenta de Villalobos en la Banca Privada d’Andorra.
Luego de estos pagos, los registros bancarios muestran que Nervis Villalobos transfirió 2,6 millones de euros a una cuenta en el mismo banco de Javier Alvarado quien hasta hacía un año había sido director de Corporación Eléctrica Nacional SA. Villalobos y Alvarado fueron acusados y están a la espera de juicio. La nota alerta que la “acusación no afirmaba que el pago de Villalobos a Alvarado fuera ordenado por o en nombre de Betancourt”.
A Europa
Transcurrido el tiempo, Alejandro Betancourt se alejó de Venezuela y fue a Europa "buscando oportunidades". Llevaba sus bolsillos llenos “y un pasaporte europeo debido a los lazos familiares en Italia, se mudó a España”.
La prensa rosa española dio cuenta de su lujosa boda en julio de 2012 y los registros públicos revelan que pagó 24 millones de euros por El Alamín, el castillo que se convirtió en su hogar, así como de su inversión en Hawkers. “Los documentos judiciales y de propiedad también muestran compras de bienes raíces en París y Florida para ese año”, agrega la nota.
Estados Unidos afina el ojo
Pero a medida que avanzaba la investigación de Andorra, se gestaban problemas en Estados Unidos, revela la nota de Reuters que indica que, a fines de 2013, a Daniel Rosenau, un vendedor de ProEnergy en Missouri le llamó la atención la negociación de la empresa con Derwick.
Revisó la documentación y se sorprendió por las fuertes subidas de precios ocurridos entre los borradores de ProEnergy y las propuestas de Derwick. Entregó copias de archivo a los fiscales.
Entonces vinieron las investigaciones de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por lavado de dinero y soborno que sigue en curso, de acuerdo a lo que revelaron a Reuters fuentes ligadas al caso.
Del mismo modo se da cuenta en la nota de que en diciembre de 2014, el Departamento de Justicia pidió información a Suiza sobre las cuentas de Derwick y un tribunal suizo que aprobó la solicitud. “Derwick para entonces había transferido al menos $ 58 millones a cuentas suizas, según el fallo”, dice la nota.
Ya Betancourt cambió de residencia, ahora vive en Londres en una mansión de Londres valorada en £ 30 millones, de acuerdo a lo que revelan los registros públicos. Posiblemente ese siga siendo su tren de vida y las investigaciones nunca terminen por llevarlo a la cárcel.
REFERENCIAS
[1] Tiempo Latino. “Alejandro Betancourt: el “bolichico” acusado de hacer una fortuna a expensas de la oscuridad en Venezuela”. 30 de mayo de 2019. https://eltiempolatino.com/news/2019/may/30/alejandro-betancourt-el-bolichico-acusado-de-hacer/
[2] Reuters. “A power tycoon, while Venezuela goes dark, brightens his image abroad”. 23 de junio de 2021. https://www.reuters.com/investigates/special-report/venezuela-spain-investor/
[3] Hawkers. https://www.hawkersco.com/
[4] OCCRP. “Hundiendo a Venezuela en la oscuridad”. 12 de junio de 2019. https://www.occrp.org/es/investigations/plunging-venezuela-into-the-dark
[5] Venezuela Política. “Los beneficios obtenidos por Mathias Krull, el banquero que informó a EE. UU. sobre la trama criminal que involucra a Maduro, Raúl Gorrín y los bolichicos”. 7 de septiembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/09/los-beneficios-obtenidos-por-mathias.html
[6] Venezuela Política. “Francisco Convit Guruceaga: Acusado de estafador y de lavar USD 1.200 millones provenientes de la corrupción en PDVSA”. 28 de mayo de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/05/francisco-convit-guruceaga-acusado-de.html
La lingüista del Departamento de Defensa condenado a 23 años de prisión por transmitir información confidencial de defensa nacional clasificada para ayudar a un gobierno extranjero.
Por Maibort Petit
Mariam Taha Thompson, de 62 años, de Rochester, Minnesota, fue sentenciada a 23 años de prisión por entregar información clasificada de defensa nacional para ayudar al gobierno extranjero. Como parte de su declaración de culpabilidad del 26 de marzo, Thompson admitió que creía que la información clasificada de defensa nacional que estaba pasando a un ciudadano libanés se proporcionaría a Hezbollah, una organización terrorista extranjera designada como tal por Estados Unidos.
“La sentencia de Thompson refleja la gravedad de su violación de la confianza del pueblo estadounidense, de las fuentes humanas que puso en peligro y de las tropas que trabajaron a su lado como amigos y colegas”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar John C. Demers de la División de Seguridad Nacional.
Según Demers, el hecho de que "Thompson le pasara los secretos sensibles de nuestra nación a alguien que sabía que tenía vínculos con el Hezbolá libanés hizo que su traición fuera aún más seria. La sentencia de Thompson debe ser una advertencia clara para todos los titulares de la autorización de que las violaciones de su juramento a este país no se tomarán a la ligera, especialmente cuando ponen vidas en peligro", advirtió.
"La decisión de la acusada de ayudar a una organización terrorista extranjera fue una traición que puso en peligro la vida de los mismos hombres y mujeres estadounidenses en el campo de batalla que habían servido a su lado durante más de una década", dijo el fiscal federal interino Channing D. Phillips para el distrito de Columbia.
Phillips aseguró que "la sentencia de hoy sirva para advertir que hay graves consecuencias para cualquiera que traicione a este país al comprometer la información de defensa nacional".
En un comunicado del Departamento de Justicia, el subdirector Alan E. Kohler, Jr. de la División de Contrainteligencia del FBI, dijo que: “Este caso debe servir como un claro recordatorio para todos aquellos a quienes se les ha confiado información de defensa nacional de que la divulgación unilateral de dicha información para beneficio personal o de otros no es desinteresada ni heroica; es criminal”.
Kohler sostuvo que: “Al distribuir a sabiendas información clasificada que se pasaría a una organización terrorista extranjera designada, Mariam Thompson puso en peligro nuestra defensa nacional. Los hombres y mujeres del FBI continuarán trabajando incansablemente para derrotar las actividades de inteligencia hostiles que tienen como objetivo los Estados Unidos y hacer que los que ayudan a nuestros adversarios rindan cuentas ”.
Según documentos judiciales, Thompson trabajaba como lingüista contratada en una instalación militar estadounidense en el extranjero, donde se le confió una autorización de seguridad del gobierno de alto secreto.
Thompson admitió que, a partir de 2017, comenzó a comunicarse con su cómplice no acusado mediante una función de chat de video en una aplicación segura de mensajería de texto y voz. Con el tiempo, Thompson desarrolló un interés romántico por su cómplice. Thompson se enteró de que el co-conspirador no acusado tenía un familiar que estaba en el Ministerio del Interior libanés y que el co-conspirador no acusado afirmó haber recibido un anillo de Hassan Nasrallah, el secretario general de Hezbollah libanés.
En diciembre de 2019, mientras Thompson fue asignada a una instalación de la Fuerza de Tarea de Operaciones Especiales en Irak, Estados Unidos lanzó una serie de ataques aéreos en Irak contra Kata’ib Hezbollah, una organización terrorista extranjera respaldada por Irán. Estos ataques aéreos culminaron en un ataque del 3 de enero de 2020 que resultó en la muerte del comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, Qasem Suleimani, así como del fundador de Kata’ib Hezbollah, Abu Mahdi al-Muhandis.
Tras la muerte de Suleimani, el co-conspirador (no acusado) comenzó a pedirle a Thompson que les proporcionara información sobre los activos humanos que habían ayudado a Estados Unidos a atacar a Suleimani. Thompson admitió que entendía que "ellos" eran miembros de Hezbollah libanés, incluido un comandante militar de alto rango no identificado.
Después de recibir esta solicitud de información a principios de enero de 2020, Thompson comenzó a acceder a docenas de archivos relacionados con fuentes de inteligencia humana, incluidos nombres verdaderos, datos de identificación personal, información de antecedentes y fotografías de los activos humanos, así como cables operativos que detallan la información de los activos proporcionados a el gobierno de los Estados Unidos.
Thompson utilizó varias técnicas para transmitir esta información al co-conspirador no acusado, quien le dijo que sus contactos estaban complacidos con la información y que el comandante militar libanés de Hezbollah quería reunirse con Thompson cuando ella llegara al Líbano.
Cuando fue arrestada por el FBI el 27 de febrero de 2020, Thompson había utilizado su acceso a información clasificada de defensa nacional para proporcionar a su co-conspirador las identidades de al menos ocho activos humanos clandestinos; al menos 10 objetivos estadounidenses; y múltiples tácticas, técnicas y procedimientos. Thompson tenía la intención y tenía motivos para creer que esta información clasificada de defensa nacional se utilizaría para perjuicio de Estados Unidos y en beneficio del Hezbolá libanés.
La sentencia de Thompson fue el resultado de la cooperación significativa entre las fuerzas del orden, el Departamento de Defensa y la comunidad de inteligencia en la resolución exitosa de esta investigación dirigida por la Oficina de Campo del FBI en Washington.
El vicioso ciclo de elecciones falsas y una red de amenazas que el régimen mantiene gracias a un conjunto de “agentes adaptativos” que le sirven de sustento, son la fórmula de supervivencia del dictador en el poder.
Por Maibort Petit
El fracaso de las negociaciones establecidas entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana desde 2019 con la facilitación de la comunidad internacional han fracaso y han resultado ineficaces, en razón de la falsa oferta electoral que el gobierno ha puesto sobre la mesa con el único objetivo de engañar y distraer de sus verdaderas intenciones de mantenerse en el poder indefinidamente.
Así lo establece un informe del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS), fechado el 21 de junio de 2021 y suscrito por José Gustavo Arocha, investigador senior de la institución, Teniente Coronel retirado del Ejército de Venezuela y ex-preso político entre 2014 a 2015. Es especialista en relaciones cívico-militares, conflictos violentos, ciberseguridad y amenazas terroristas en América Latina y brinda asesoría y servicios logísticos a disidentes venezolanos de alto perfil y críticos del régimen venezolano.
Arocha advierte que la oferta del régimen de Maduro constituye un círculo vicioso de elecciones en el que se vale de altos niveles de desinformación, inteligencia y contrainteligencia, así como de operaciones de influencia estratégica para engañar constantemente a la comunidad internacional sobre sus intenciones de negociar con la oposición política.
Entretanto, refiere que la oposición y muchos observadores internacionales se encuentran distraídos con este círculo vicioso de las elecciones falsas, momento que el régimen aprovecha para aumentar su compleja red de amenazas adaptativas en toda la región.
El informe hace mención a la red de amenazas de Venezuela que complica cualquier proceso de negociación con el régimen en razón de que las economías ilícitas están capturando más territorio en el país que, en lugar de debilitar a Maduro, lo endurecen y este aprovecha para expandir dichas amenazas, cooptando a empresas y ONG que, de otro modo, serían legítimas.
El experto subraya el error de comenzar el proceso sin partir de un diagnóstico adecuado, tanto de la estrategia de engaño del régimen, como de su red de amenazas, conducirá a un juego de suma cero donde el régimen tiene toda la influencia y el control.
En su informe, el especialista se pronuncia por el desmantelamiento de la compleja y adaptativa red de amenazas de Venezuela en el exterior, dado que esto le quita influencia y opciones al régimen y hace más viable un proceso de negociación en el futuro.
Las negociaciones actuales
Refiere el informe que Venezuela ha llegado a otra encrucijada en la que el presidente interino, Juan Guaidó, presentó recientemente una propuesta de reanudación de las negociaciones con el régimen de Maduro con el objetivo de alcanzar la evasiva meta de elecciones libres y justas en un país que atraviesa la peor crisis humanitaria del hemisferio occidental. La respuesta de Maduro fue exigir tres condiciones previas a cualquier negociación: 1) levantamiento de todas las sanciones; 2) reconocimiento del régimen como un poder legítimo; y 3) acceso a fondos incautados y congelados en el exterior.
Pocos venezolanos creen en un diálogo y negociaciones con el régimen, pues este en el pasado, ha utilizado repetidamente las negociaciones como táctica dilatoria logrando con ello dividir aún más a la oposición política y distrayendo a la comunidad internacional, advierte el reporte.
De hecho, se hace mención a que, en mayo de 2019, luego de que las partes iniciaran una negociación en Oslo/Barbados, con mediación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega y Guaidó anunciara unos meses después, el fracaso de las mismas y el retiro del régimen, la oposición perdió el control de la Asamblea Nacional y cierto apoyo de la comunidad internacional. Varios estados europeos ya no reconocen a Guaidó, aunque tampoco a Maduro.
Plantea el informe algunas interrogantes básicas centradas no en el hecho de si una negociación debería tener lugar, pues se sostiene que, efectivamente, debe tener lugar, sino respecto al costo y condiciones de la misma.
El vicioso ciclo de las falsas elecciones
El informe de José Gustavo Arocha detalla cómo el régimen de Maduro perpetúa un círculo vicioso de negociaciones que conducen a elecciones falsas.
No se ha detenido el gobierno chavista en las últimas dos décadas para perfeccionar su capacidad para utilizar altos niveles de desinformación, inteligencia y contrainteligencia, así como operaciones de influencia estratégica para engañar permanentemente a la comunidad internacional con relación a sus intenciones de negociar con la oposición política. Tal comportamiento permitió un patrón cíclico y un proceso de varios pasos para cumplir el engaño estratégico que, en la actualidad lleva a cabo el régimen.
Se inicia el ciclo con la falsa promesa de elecciones libres, seguida de nuevas reglas impuestas por el régimen, mientras la oposición enojada llama a protestas y el régimen aplica la represión violenta. Tal situación conduce a más diálogo y negociaciones y el "círculo vicioso" cierra el círculo al celebrar, de nuevo, elecciones simuladas en Venezuela.
Cita el informe el último "círculo vicioso" completo de elecciones falsas en Venezuela, el cual en las que la oposición obtuvo la mayoría de la legislatura para trabajar hacia una eventual reforma electoral. La respuesta del régimen fue utilizar a los legisladores salientes para llenar el Tribunal Supremo de Justicia de leales y después constituir la Asamblea Constituyente, integrada en su totalidad por adeptos del régimen, la cual se convirtió en la legislatura paralela del gobierno.
En 2017, ocurrió el nuevo engaño cuando después de una represión brutal y violaciones de derechos humanos resultaron en el asesinato de unas 157 personas y el arresto de más de 5.300. La comunidad internacional, inconsciente de las manipulaciones del régimen, pidió más diálogo, lo que llevó a las negociaciones en República Dominicana patrocinadas por José Luis Rodríguez Zapatero, las cuales fracasaron en febrero de 2018. Un encuentro que allanó el camino para que el régimen celebrara otra elección falsa, las presidenciales de 2018 que la oposición no reconoció. El "círculo vicioso" se completó con los comicios parlamentarios de 2020, donde Maduro recuperó la mayoría legislativa. Por tal, no sorprendió la disolución de la Constituyente.
Ahora, Nicolás Maduro, sigue siendo presidente hasta 2024, advierte el informe, con más del 90 por ciento de la Asamblea Nacional a su favor y la oposición cada vez más fracturada y dividida y con menor apoyo popular.
Y alerta el reporte: “Sin embargo, parece que las duras lecciones del 'círculo vicioso' no se aprenden, ya que un 'nuevo' ciclo se repetirá este noviembre de 2021 con las próximas elecciones a gobernador en Venezuela”.
Las amenazas
El informe de José Gustavo Arocha alerta de que mientras la oposición y muchos observadores internacionales están distraídos por el "círculo vicioso" de las elecciones falsas, el régimen intensifica su red de amenazas, pues su enfoque principal no son las negociaciones ni las elecciones, sino consolidar la compleja red de amenazas adaptativas en Venezuela que proyecta un poder asimétrico en el exterior.
Explica que estos "agentes adaptativos" son individuos y entidades capaces de interactuar entre sí de manera dinámica, a menudo no lineal, operando autónomamente tanto en actividades ilícitas como en negocios legítimos. No tienen estructura de comando y control, pero cuentan con la coherencia suficiente para reconocer que su supervivencia está conectada con la supervivencia del régimen de Maduro. “La dependencia mutua reemplaza cualquier diferencia ideológica o cultural y permite un equilibrio entre la autonomía y el propósito. Esta es la esencia de la red de amenazas venezolana, que está descentralizada y distribuida horizontalmente en toda la sociedad. Es una de las principales razones por las que el régimen de Maduro persiste en el poder a pesar de la presión internacional”.
Agrega que la convergencia de amenazas depende de redes logísticas sólidas que amplíen el alcance y el alcance de varios actores ilícitos, impulsada por economías ilícitas, como el narcotráfico, el lavado, el contrabando, la falsificación, etc., que crecen en tamaño y en importancia en Venezuela.
Apunta el reporte que, si bien las economías ilícitas se apoderan cada vez de más territorio en Venezuela, esto, en lugar de debilitar al régimen Maduro, endurece y expande la red de amenazas y le proporciona más herramientas y oportunidades para apropiarse de partes del sector privado y la sociedad civil. Esta red de amenazas combina actividades ilícitas con empresas legítimas y ONG que participan en sectores e industrias clave, como la energía, el oro, el transporte, las comunicaciones y la ayuda humanitaria.
Se cita a Ecoanalítica, una consultora de finanzas corporativas, la cual afirma que en Venezuela circulan más de USD 6 mil millones en moneda estadounidense, vinculados a tres economías ilícitas: contrabando de oro, contrabando de petróleo y narcotráfico. El flujo de este efectivo permitió la creación de nuevas tiendas solo en dólares estadounidenses conocidas como "bodegones", las cuales son cooptadas por el régimen para construir un aparato político, económico, social y de comunicación que le de escape frente a la presión internacional, en particular las sanciones y se convierten en agentes adaptativos en la red de amenazas de Venezuela.
Advierte, igualmente el informe, que esta red de amenazas es lo que complica cualquier proceso de negociación con el régimen, pues el gran tamaño de las economías ilícitas en Venezuela ha creado condiciones en las que demasiados empresarios y otros son complacientes con la corrupción y neutrales a las estrategias engañosas del régimen, porque, a pesar de su oposición al régimen, necesita sobrevivir.
¿Qué hacer?
Tajantemente, el informe advierte que “no hay una bala de plata” para derrumbar a Maduro” y subraya que la lección más importante de los últimos dos años de la estrategia de máxima presión de la administración Trump es que el régimen sobrevive gracias a su red de amenazas transnacionales y transregionales, que lo oxigena para resistir la presión internacional.
Se deja sentado en el reporte que seguir con las negociaciones sin un diagnóstico adecuado tanto de la estrategia de engaño estratégico del régimen como de su red de amenazas, sencillamente conducirá a un juego de suma cero en el que Maduro tiene todo el control. Incorporar a la sociedad civil, el ejército u otros actores resultará en que el régimen encuentre palancas adicionales para dirigir las negociaciones en su dirección preferida.
Del conocimiento del comportamiento del régimen, de entender la complejidad de la red de amenazas y la estrategia regional del régimen, depende la opción de la oposición para poder desmantelarla.
El verdadero clamor del pueblo venezolano no son vacunas contra el coronavirus o ayuda humanitaria, alerta el reporte, sino que la comunidad internacional que los ayude a desalojar un régimen totalitario. Pero debe quedar claro que esto no podrá ser desde adentro solamente, pues el camino hacia una nueva Venezuela pasa por quitarle las opciones al régimen en el exterior cercano.
Es necesario trabajar con los gobiernos regionales y la sociedad civil en América Latina y el Caribe para localizar, identificar y neutralizar a los agentes adaptativos de la red de amenazas venezolanas que existen en sus países, pues su desmantelamiento le quitará el apalancamiento y las opciones al régimen. Esto, sostiene el informe, hará que el proceso de negociación sea más eficaz y más viable en el futuro.
En resumen, la instauración de este modelo sólo estaría propiciando la creación de un estado paralelo, caracterizado por el control social y por el supuesto ejercicio de la soberanía a través de la imposición de lo que se ha dado en llamar “poder popular”.
Por Maibort Petit
En el proceso de consolidación socialista mediante la estructuración del Estado Comunal, de nada o muy poco han servido los argumentos que diversas voces han levantado en su contra, caracterizados estos por serias y sesudas advertencias acerca de lo que tales circunstancias significarían para el país en los próximos años.
Ya en 2010, el constitucionalista Allan Brewer Carías, alertó que tanto el poder popular como el estado comunal atentaban con el estado federal descentralizado que rige los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad que establece el artículo 4 Constitucional.
El conjunto de leyes aprobados de manera irregular desde entonces, tenían por objetivo la organización del estado comunal, el cual tiene la Comuna como su célula fundamental, suplantando inconstitucionalmente al municipio como unidad política primaria de la organización nacional. En pocas palabras, a decir del especialista, el Estado Comunal pasa a sustituir al estado Constitucional.
Dejó sentado Brewer Carías que el estado Comunal basado en el Poder Popular el cual constituye supuestamente la manera directa de ejercer la soberanía, cuando en realidad se hace a través de “voceros” que representan al pueblo, aun cuando no son electos universal, directa y secretamente.
El constitucionalista precisó que esta regulación en paralelo de dos Estados y formas de soberanía, el Estado Constitucional regulado por la Constitución y, el otro, el Estado Comunal, o Estado Socialista, regulado mediante leyes orgánicas inconstitucionales, se ha impuesto de manera tal que el segundo irá “estrangulando” al primero, hasta destruirlo completamente[1].
Imposición de arriba hacia abajo
También la revista Nueva Sociedad (NUSO), en su número 274 correspondiente a marzo-abril de 2018, en un trabajo denominado “Socialismo y comunas en Venezuela”, firmado por Margarita López Maya, con la intención de interpretar el rol que las comunas y consejos comunales jugaron en el proyecto político liderado por Hugo Chávez.
En su análisis advierte que el Estado comunal, organizado en comunas, se planteó en el segundo gobierno de Chávez para sustituir la democracia representativa y participativa que establece la Constitución.
Sostiene López Maya que la concepción socialista de los documentos y prácticas oficialistas que moldean consejos comunales y comunas, revelan una dinámica impuesta de arriba hacia abajo, algo que sólo redujo y partidizó el pluralismo comunitario propio de las organizaciones impulsadas en la primera administración de Chávez.
Para la historiadora y miembro centro de estudios políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), los consejos comunales y comunas podrían constituirse en espacios para el desarrollo de igualdad, corresponsabilidad, solidaridad y alternativas productivas de trabajo colectivo y propiciar la ciudadanía y el empoderamiento, pero enfrentan obstáculos insalvables obstáculos, pues o se desintegran, o se constituyen como meras correas de distribución de los bienes que otorga el gobierno a cambio de lealtades políticas.
Subraya que la comuna es una innovación participativa que se crea para fortalecer lo que el gobierno llama el poder popular, un concepto cercano al socialismo cubano. Igualmente destaca que la expresión “poder popular” no existe en el texto de la Constitución de 1999, así como tampoco en las Líneas Generales del Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007.
“El concepto que usa el léxico constitucional es el de soberanía popular, que parece sinónimo, pero no lo es, porque se refiere en las democracias modernas al poder del pueblo, tanto constituyente como constituido. Todos los ciudadanos son depositarios de la soberanía popular y la ejercen principalmente mediante el sufragio. La soberanía popular implica representación como participación directa e incluye derechos civiles y políticos individuales”, sostiene López Maya.
Refiere que el poder popular se define en los primeros documentos oficiales como un poder constituyente, distinto del constituido. “Se trata de un poder que se diferencia del poder del Estado y emerge en la sociedad en espacios colectivos asamblearios. Su sujeto político es colectivo, no individual”.
El Poder Popular distinto de la soberanía popular de la Constitución, se planteó en el proyecto de reforma constitucional rechazado por los venezolanos en 2007. Lo planteado en el artículo 16 del proyecto de reforma era una nueva estructura del poder público, conformada por “comunidades”, que denominó “núcleos espaciales del Estado Socialista”, los cuales no nacen del sufragio, “sino de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población”.
Margarita López Maya refiere que ya en el gobierno de Nicolás Maduro, este “no entiende la participación como una herramienta que permita a la gente resolver sus problemas, desarrollar atributos de ciudadanía, fortalecer lazos comunitarios y crear una democracia más robusta. Sus políticas, más bien, utilizan las organizaciones para distribuir bienes o dinero como formas de control social, en procura de apoyos políticos. Eso sí, vienen acompañadas de una pomposa retórica revolucionaria sobre el poder popular”.
Para Nicolás Maduro, asegura, las comunas y los consejos comunales solamente son “un instrumento de apoyo del poder concentrado en un liderazgo personal y autoritario, que impone a toda la sociedad un proyecto sin consulta y a contracorriente de la tradición democrática que, como fruto de una larga lucha, se había enraizado en el país”.
Estados y municipios convertidos en cascarones vacíos
Para el politólogo y experto en desarrollo regional, Daniel Arias Alfonzo, no hay dudas de que el objetivo del proyecto de Ley de Ciudades Comunales, es concretar el proceso político, económico y social que, durante los últimos 21 años se ha venido instaurando. La aprobación de este instrumento legislativo es, para el especialista, el rematar de una buena vez la estructura político-administrativa que haga permanente los postulados filosóficos del PSUV.
De acuerdo a Arias Alfonzo, cuya opinión la resume una nota de El Nacional, la propia exposición de motivos de la ley señala que “Las Ciudades Comunales están llamadas a ser epicentros de revolución cultural, de configuración de una nueva ética socialista más allá de los valores destructivos del capitalismo; deben ser sustentables y ecosocialistas; deben apostar por nuevas relaciones sociales que logren territorializar la lucha antipatriarcal, avanzando en la construcción de territorios libres de violencia y en formas organizativas cada vez más paritarias entre hombres y mujeres. La democracia participativa y protagónica garantiza cada vez más poder para el pueblo venezolano”.
Considera que el éxito del proyecto depende esencialmente de las disposiciones establecidas en su reglamento, una materia que se desconoce totalmente a la fecha. La reglamentación del instrumento será la que aclare detalles y categorización como la naturaleza propia de cada ciudad comunal, de tal manera de hacerla manejables para los planificadores oficialistas. En tal sentido, apunta que la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba reconoce como ciudad a las poblaciones urbanas de más de 20 mil habitantes, mientras que las poblaciones de carácter urbano entre 2 mil y 20 mil habitantes son catalogados como pueblos. Por otra parte, Daniel Arias subraya que el proyecto de Ley de Ciudades Comunales no permite la participación activa de los empresarios locales, sin que antes medie su transformación a los mecanismos socioproductivos de carácter socialista planteados por el gobierno. Esto, a su modo ver, imposibilita la participación y protagonismo de los sectores económicos de la vida nacional.
Refiere que, fuera del oficialismo, existe un desconocimiento casi absoluto acerca de las 4 mil comunas existentes en el país. Para ejemplificar esto alerta que cualquier encuestadora, sería muy difícil crear una estructura para 30 millones de habitantes, si el ciudadano común no percibe alguna práctica de las comunas en su vida cotidiana e, incluso, si se toma en cuenta que para los propios dirigentes regionales del oficialismo el número exacto de las comunas de su entidad es desconocido.
Otra advertencia de Daniel Arias se dirige hecho de que, tal como ocurrió con las leyes de creación de los Consejos Comunales y Comunas, el PSUV está monopolizando esta actividad alrededor de sus militantes del PSUV, obviando a los ciudadanos de las distintas corrientes políticas. Esto sólo deriva en el rechazo de estos sectores hacia esta nueva institución, independientemente de su contenido e intención.
Tajantemente, Arias Alfonzo asegura que la Ley de Ciudades Comunales se erige como el esfuerzo del PSUV de concretar de manera permanente sus planteamientos de los últimos 22 años, al darle figura a una estructura administrativa que sustituya el modelo político administrativo de los últimos 200 años de historia venezolana.
Lo resume como el proyecto más acabado para establecer el modelo de la democracia participativa y protagónica en todas las instancias de la vida nacional bajo una fórmula de autogobierno comunal, de carácter parlamentario local.
Daniel Arias estima que la factibilidad y concreción final de este proyecto depende de la colaboración total de alcaldes y gobernadores en la transferencia de competencias y recursos financieros, “pero mucho más de la existencia de una Hoja de Ruta nacional, que establezca una metodología de funcionamiento que se adapte a cada realidad local, por lo cual la redacción final del Reglamento de la Ley, será fundamental para su éxito o fracaso”.
Finalmente, deja sentado que la transferencia de competencia de Estados y Municipios, puede significar, sencillamente, el transformar a estos últimos en “cascarones vacíos”, sin necesidad de tener que eliminarlos[2].
Estado paralelo
De acuerdo al abogado constitucionalista, Gustavo Manzo, en declaraciones que recoge Efecto Cocuyo[3], la creación de las Ciudades Comunales como unidades espaciales con autonomía relativa dentro de su ámbito territorial, replica las funciones de los poderes públicos en todos sus niveles, lo cual no es otra cosa que la creación de un estado paralelo.
Dicho estado paralelo entra en contradicción a la letra de la Constitución, toda vez pues lo planteado ameritaría, no una reforma, sino un nuevo texto constitucional. “En la ley se habla de socialismo pero no podemos convertirnos en un estado socialista por imposición, es como si se decidiera por voluntad de un sector ser un estado musulmán. La ciudadanía debe poder tener derecho a no ser socialista”, alerta Manzo al tiempo que recuerda que el oficialismo aspira crear 200 ciudades comunales durante el primer semestre de este año.
Refiere Manzo que la construcción del socialismo que se persigue mediante la aprobación d e esta ley, no es otra cosa que la violación del artículo 2 constitucional, el cual consagra el pluralismo político e impone un modelo que fue rechazado en referendo popular en 2007.
Respecto a la transferencia de competencias que contempla el proyecto legislativo, Gustavo Manzo alerta que para ello sería necesario llevar a cabo un proceso constituyente, toda vez que la Carta Magna en sus artículos 16 y del 164 al 168, es clara respecto a la división política y territorial de la república, así como sobre las competencias y los ingresos de los estados y municipios. De manera contundente, reitera que otras figuras territoriales adicionales están al margen de la Constitución.
Recuerda que el artículo 16 de la Constitución establece que el territorio nacional se divide en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales y que el territorio se organiza en municipios. “Tratan de imponer por la vía de una ley nueva forma del Estado y el artículo 347 dice que para reformar el Estado se requiere una Asamblea Nacional Constituyente”.
El situado constitucional en riesgo
La nota también cita la opinión del constitucionalista Juan Manuel Raffalli, quien subraya que el desvió de los recursos de los estados y municipios a la ciudad comunal, sencillamente pone en peligro el Situado Constitucional de gobernaciones y alcaldías.
Para el experto, los más afectados serán los gobiernos locales, por cuanto las ciudades comunales se erigirán como municipios paralelos.
Del mismo modo, Raffalli recuerda que el artículo 136 de la Constitución estipula que el Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, Poder Estadal y el Poder Nacional, mientras que, a su vez, el Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral, por lo que cualquier otra forma de división a la establecida en la Carta Magna, es contraria al texto fundamental.
Control social
Para la organización Acceso a la Justicia, con el alegato de promover la. Democracia participativa, se pretende aprobar el Estado Comunal que, por ninguna parte de su texto, está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El gobierno de Nicolás Maduro se ha propuesto así implantar el estado comunal rechazado en referendo popular en 2007 cuando el finado Hugo Chávez, lo presentó dentro de su proyecto de reforma constitucional.
Advierte la organización que la aparente promoción de la democracia participativa con sus supuestos propósitos de inclusión, en realidad constituye un modelo que aumentará el control social y el poder del Ejecutivo nacional sobre la ciudadanía.
Estima Acceso a la Justicia que la normativa propuesta, así como la ya vigente, exige que todas las organizaciones comunales estén constituidas con el propósito de alcanzar una sociedad socialista y al estar supeditados por los poderes Legislativo, Judicial, Ciudadano, Electoral al denominado Poder Popular, los cuales deben “gobernar obedeciéndole”, pues en realidad la obediencia es debida al Ejecutivo nacional de quien los ciudadanos organizados en instancias comunales dependen.
Y aunque están contemplados en la Constitución, los poderes territoriales, Municipal y Estadal, prácticamente desaparecen.
Se prevé, además, una justicia comunitaria, que depende del “sistema nacional de justicia de paz”.
Acceso a la Justicia subraya que Nicolás Maduro “ha realizado últimamente tres movimientos que demuestran sus intenciones de darles vida a estas cuestionadas figuras y profundizar aún más el proceso de desinstitucionalización y desmantelamiento del Estado que ya sufre el país desde hace varios años”.
Dichos movimientos son, en primer lugar, los proyectos de Ley de las Ciudades Comunales y del Parlamento Comunal a la Asamblea Nacional oficialista; a los que se suma la resolución 0026 del 1 de febrero de 2021 del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que contiene las Normas de Actuación de los Funcionarios Policiales y de Investigación Penal para Atención Temprana y Oportuna de Víctimas de la Violencia de Género, texto publicado en la Gaceta Oficial Nº 42.076 del 26 de febrero de 2021, instrumento que da a los consejos comunales la potestad de recibir denuncias sobre violencia de género en contra de las mujeres.
Alerta la organización que la ciudad comunal adopta una división político territorial distinta a la prevista en la Constitución que establece claramente los estados y municipios. Además, es absolutamente inconstitucional y contraría los valores democráticos porque refuerza el centralismo al vulnerar lo estipulado en el artículo 136 constitucional.
Destaca la falsa premisa de participación y autonomía, puesto que solamente en teoría tienen capacidad de decisión, pues “en efecto, los consejos comunales están supeditados a la aprobación del Gobierno nacional, quien los valida o no de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de Consejos Comunales”.
Refiere que el proyecto de Ley de las Ciudades Comunales suplanta el sistema republicano del Estado venezolano, al tiempo que se concibe como un pequeño Estado dentro del propio Estado. “Cada ciudad debe tener su carta fundacional, su Parlamento, su consejo de Gobierno (integrado por siete voceros), su autoridad electoral, su consejo de contraloría comunal (que sería auxiliar de la Contraloría General de la República), su consejo moral y su procuraduría (artículo 14)”.
Por otra parte, el modelo de Estado comunal “funcionaliza” la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos cuando se suprime su autonomía de acción y se les subordina a objetivos políticos, económicos y sociales, determinados por el Poder Ejecutivo central y según una ideología única.
El Parlamento Comunal Nacional aunque no tiene potestad legislativa está facultado de manera exclusiva y excluyente para realizar las propuestas legales sobre el tema del Estado comunal en el país, tanto en el ámbito nacional, como en el estadal y municipal.
Entretanto, las Normas de Actuación de los Funcionarios Policiales y de Investigación Penal para Atención Temprana y Oportuna de Víctimas de la Violencia de Género emitida por el Ministerio de Relaciones Interiores, parece destinada a reforzar una institucionalidad para-constitucional
Para Acceso a la Justicia, el gobierno de Maduro, luego de recuperar el control de la Asamblea Nacional emprendió una serie de acciones sistemáticas para acelerar el proceso de construcción del Estado comunal en el país. Todo esto con el único objetivo de reforzar el poder y control absoluto que actualmente tiene[4].
REFERENCIAS
[1] Allan Brewer Carías. “Sobre el Poder Popular y el Estado Comunal en Venezuela. (O de cómo se impone a los venezolanos un Estado Socialista, violando la Constitución, y en fraude a la voluntad popular)”. 31 de diciembre de 2010. https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2011/01/78.-Brewer-Car%C3%ADas.-Sobre-el-Estado-Comunal...opular-en-Venezuela-31-12-2010.doc.pdf
[2] El Nacional. “Ley de Ciudades Comunales: ¿qué pasará con las gobernaciones y alcaldías? | Análisis del politólogo Daniel Arias”. 27 de marzo de 2021. https://www.elnacional.com/venezuela/ley-de-ciudades-comunales-que-pasara-con-las-gobernaciones-y-alcaldias-analisis-del-politologo-daniel-arias/
[3] Efecto Cocuyo. “Ley de Ciudades Comunales crea un Estado paralelo, advierten constitucionalistas”. 19 de marzo de 2021. https://efectococuyo.com/politica/ley-de-ciudades-comunales-crea-un-estado-paralelo-advierten-constitucionalista/
[4] Acceso a la Justicia. “Venezuela, hacia el afianzamiento del Poder Popular y el Estado comunal”. 28 de abril de 2021. https://accesoalajusticia.org/venezuela-hacia-afianzamiento-poder-popular-y-estado-comunal/
