domingo, 2 de mayo de 2021

Demanda por expropiación de once taladros petroleros podría exigir cobrarse con activos de PDVSA en EE. UU.

  Los últimos hechos ocurridos en tribunales de los Estados Unidos, hacen suponer que los reclamos por este viejo caso adquieran nuevamente vigor.

Por Maibort Petit

   Una demanda entablada presentada en 2011 por Helmerich & Payne International Driling Co. y Hermerich & Payne de Venezuela C.A. en contra de Venezuela Petróleos de Venezuela S.A. y PDVSA Petróleos S.A. presentada ante el Tribunal del Distrito de Columbia, la cual reclama el resarcimiento por la expropiación de once plataformas de perforación en Venezuela, ordenada por el finado expresidente, Hugo Chávez[1], se erige como otro frente de los múltiples que en los últimos años se han levantado, para exigir el pago de acreencias con activos venezolanos en Estados Unidos.

   La tesis del alter ego de PDVSA respecto a la República Bolivariana de Venezuela, abrió compuertas para que un sinnúmero de agentes estimen que pueden ver satisfechas sus aspiraciones de pago de acreencias con el activo más valioso de Venezuela en el Extranjero: CITGO Petroleum Corporation.

  Sobre este caso, en 2017, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió por unanimidad en favor del gobierno de Venezuela, a objeto de concederle otra oportunidad para que evitara dicha demanda. Apuntó el fallo que las cortes de menor instancia habían sido demasiado laxas al permitir que procediera la demanda presentada por la empresa H&P. Sin embargo, a pesar de que los países son por lo general inmunes a las demandas entabladas en Estados Unidos, un estatuto prevé una excepción cuando hay confiscación de propiedad privada[2].

  El fallo instó a Helmerich & Payne International Driling Co. y Hermerich & Payne de Venezuela C.A. a presentar argumentos más sólidos sobre el principio de la confiscación de una propiedad infringiendo el derecho internacional.

  El caso fue devuelto a las cortes de instancias inferiores con el objetivo de que, de acuerdo a los principios establecidos por la Corte Suprema de Estados Unidos, se determine si los reclamos deben ser dejados sin efecto en su totalidad[3].

  El 15 de febrero de 2019, el Tribunal del Distrito de Columbia suspendió todos los procedimientos del caso y ordenó a Helmerich & Payne International Drilling Co., presentar un informe de estado cada 90 días hasta que se ordene lo contrario, lo cual ocurrió por primera vez el 15 de mayo de 2019, mientras que el segundo informe se presentó el 14 de agosto de 2019. En esta último se pedía que se mantenga la suspensión.

 Después de esto, la Corte ordenó que los informes posteriores se presentaran de manera conjunta, lo cual ocurrió el 12 de noviembre de 2019, el 10 de febrero de 2020, el 12 de mayo de 2020 y 10 de agosto de 2020.

  El informe conjunto del 9 de noviembre de 2020, refiere que la situación política en Venezuela continúa impidiendo que este litigio avance, las partes estimaron que la suspensión debe mantenerse, sujeta a la moción de cualquiera de las partes para disolverla por una buena causa demostrada.

  Igualmente, las partes decidieron continuar presentando informes de estado conjuntos cada 90 días hasta que se disuelva la suspensión.

La demanda

  El 23 de septiembre de 2011, Helmerich & Payne International Driling Co. y Hermerich & Payne de Venezuela C.A., demandaron ante el Tribunal del Distrito de Columbia a la República Bolivariana de Venezuela y a Petróleos de Venezuela S.A. y PDVSA Petróleo S.A., empresas estatales estas que considera como instrumentalidades del gobierno venezolano, por haber tomado a la fuerza once de sus plataformas de perforación petrolera en pleno funcionamiento y todo el equipo, la infraestructura y los bienes muebles e inmuebles asociados, sin una compensación justa, en violación del derecho internacional. Tal demanda la formularon bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de 1976 ("FSIA"), 28 U.S.C. § l605 (a) (3) y bajo la excepción de las actividades comerciales a la inmunidad bajo la FSlA, 28 U.S.C. § 1605 (a) (2).

  En tal sentido, los demandantes reclaman la reparación por los incumplimientos flagrantes y continuos del contrato por parte de los demandados, los cuales se dedican a actividades comerciales en Venezuela y los Estados Unidos. Helmerich & Payne International Driling Co. y Hermerich & Payne de Venezuela C.A. pidieron a la corte otorgarles un fallo sobre todos los cargos, así como resarcimiento por daños y compensación, incluidos intereses, costos de honorarios de abogados y cualquier otra reparación que el tribunal considerara justos.

  Helmerich & Payne de Venezuela, C.A. (H & P-V) es una subsidiaria de propiedad total de Helmerich & Payne lnternational Drilling Co., que hasta 2010 prestó por más de 55 años servicios de perforación de petróleo y gas por contrato en Venezuela.

  Para la fecha de la demanda, H & P-V. había brindado servicios de perforación por contrato exclusivamente a entidades estatales venezolanas, entre ellas PDVSA y PDVSA Petróleo S.A., las cuales “por ley gozan de un monopolio sobre las reservas de petróleo de Venezuela”.

  Refiere la demanda que el 12 de junio de 2010, sin previo aviso, empleados de los demandados, soldados armados y uniformados de la Guardia Nacional de Venezuela, rodearon y bloquearon ilegalmente las instalaciones comerciales de las operaciones de perforación de H&P-V en Ciudad Ojeda. El 13 y 14 de junio de 2010, rodearon y bloquearon ilegalmente los locales comerciales de las operaciones de perforación de H&P-V en Anaco, sede de la empresa en Venezuela para ese entonces. Tal actuación de los empleados de PDVSA y la Guardia Nacional se hizo bajo la dirección de Hugo Chávez y/o su ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez con el propósito de apoderarse de los activos de H&P-V y evitar que los reubicara. 

  Se trató de una acción intimidatoria para que la demandante perdonara las deudas pendientes de PDVSA y continuara brindando servicios de perforación que se produjera el pago por trabajos que ya se habían completado en contratos anteriores. Se trataba, según de la demandante, de una incautación de los activos de H&P estaba fuera del alcance de cualquier autoridad legal venezolana.

  Dos semanas después, el 29 de junio de 2010, la demandada Venezuela, a través de la Asamblea Nacional  emitió un “Proyecto de Ley” declarando los activos de H&P-V como de “bien y beneficio público” y recomendó que el presidente Chávez emitiera un “Decreto de Expropiación”, lo cual ocurrió esa misma fecha mediante cuando mediante el "Decreto Presidencial No. 7532" se ordenó a PDVSA la "toma forzosa" de las plataformas de perforación petrolera de H&P-V y "toda la propiedad personal e inmobiliaria" de la misma.

  Sostenía la demanda que el acoso contra de Hermerich & Payne de Venezuela C.A. comenzó desde 2008, a pesar de que había cumplido plenamente con sus obligaciones en virtud de los contratos pertinentes, mientras que PDVSA y PDVSA Petróleo comenzaron sistemáticamente a incumplir con los contratos que mantenía con la demandada.

  Especificaba que, aunque PDVSA y PDVSA Petróleo estaban obligados contractualmente a pagar a tarifas claramente establecidas no lo hicieron a sabiendas de que los tribunales venezolanos no protegerían los derechos comerciales de H&P. Esta situación dio lugar a más de USD 32 millones en facturas impagas que los demandados no expresaron ninguna intención de cumplir.

  Desde su expropiación, las once plataformas de perforación y toda la infraestructura de apoyo están en poder de los demandados, los cuales las operan sin haber pagado por ellos.

   En razón de que H&P no puede recibir ni recibirá una compensación justa por sus negocios y propiedades incautados bajo la ley venezolana a través de los tribunales venezolanos, pues estos estaban controlados políticamente por el presidente Chávez. Citaba la demanda que, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el tribunal de apelaciones que tendría jurisdicción sobre el caso de H&P si fuera juzgado y apelado en Venezuela, había “fallado a favor del gobierno en 324 de los 325 casos presentados por ciudadanos privados contra el gobierno”. Además, el único caso resuelto por dicho tribunal a favor de un particular contra el gobierno, fue posteriormente anulado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que invocó un poder especial que nunca antes había sido utilizado en la historia judicial venezolana.

  Ante tales circunstancias, Helmerich & Payne International Driling Co. y Hermerich & Payne de Venezuela C.A., consideraron que el Tribunal del Distrito de Columbia tiene jurisdicción para llevar el caso de conformidad con 28 U.S, C. § 1330 y 28 U.S.C. § 1602 et seq., incluida la excepción de expropiación a la inmunidad bajo 28 U.S.C. § 1605 (a) (3) y la excepción de actividad comercial a la inmunidad bajo 28 U.S.C. Sección 1605 (a) (2), dado que 28 U.S.C. § 1391 (d) autoriza una acción contra un extranjero en cualquier distrito, mientras que 28 U.S.C. § 1391 (f) (4), autoriza acciones civiles contra un estado o entidad extranjera en el Distrito de Columbia.

  La demanda se explaya en los detalles de cada uno de los contratos suscritos entre los demandados y las demandantes por el alquiler de los taladros de perforación, los cuales, a partir de 2007 comenzaron a incumplirse por parte de PDVSA y PDVSA Petróleo. Indica que para agosto de 2008, el saldo de las cuentas por cobrar de H&P-V en virtud de los contratos en cuestión había alcanzado los USD 63 millones.

  Los demandados, subraya la demanda, reconocieron la deuda que mantenía con los demandantes en las múltiples reuniones que sostuvieron y aseguraron que la cancelarían, promesa que cumplieron y ya para enero de 2009, rondaba los USD 100 millones.

  Por tales razones, el 29 de enero de 2009, H&P lnc. anunció que "cesaría [] las operaciones en las plataformas a medida que expiraran sus contratos de perforación" y no renovaría los contratos de su subsidiaria con los demandados por ausencia de una "mejora en los cobros por cobrar". Tal medida la adoptó para evitar continuar realizando trabajos sin compensación.

  Con la devaluación de la moneda venezolana a principios de 2010 las cuentas por cobrar de H&P-V a PDVSA que estaban denominadas en Bolívar Fuerte, se redujo drásticamente.

  El último encuentro entre las partes se produjo el 24 de mayo de 2010 en la sede de ClTGO Petroleum Corporation, en Houston, Texas, sin que se resolvieran las diferencias. PDVSA no impugnó el monto adeudado a H & P-V pero rechazó el plan de pago propuesto por esta sin ofrecer un plan de pago propio.

  Refería la demanda que la expropiación de las plataformas por parte de Venezuela afectó directamente a la gestión y las actividades con sede en Estados Unidos en apoyo de H & P-V, por lo que H&P lnc. se vio obligado a aceptar y divulgar públicamente pérdidas materiales. También se afectó directamente a terceros proveedores de H & P-V en los EE. UU. que ya no tenían un rol de apoyo a sus operaciones venezolanas.

  Por su parte, los demandados de PDVSA mantienen actividad comercial significativa en los Estados Unidos definida por la FSlA como "un curso regular de conducta comercial o una transacción o acto en particular". 28 U. S. C. Sección 1605 (a) (3).

  Las demandante presentaron un primer cargo por violación del derecho internacional y un segundo cargo por incumplimiento de contrato con diez apartes.

REFERENCIAS

[1] América Economía. “Helmerich & Payne demanda a Venezuela y Pdvsa por expropiación de plataformas”. 26 de septiembre de 2011. https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/helmerich-payne-demanda-venezuela-y-pdvsa-por-expropiacion-de-plataformas


[2] Chicago Tribune. “EEUU da a Venezuela nueva oportunidad en caso de plataformas”. 1 de mayo de 2017. https://www.chicagotribune.com/hoy/ct-hoy-8835306-eeuu-da-a-venezuela-nueva-oportunidad-en-caso-de-plataformas-story.html


[3] Lexlatin. “Corte Suprema de EE. UU. falla a favor de Venezuela en caso Helmerich & Payne”. 8 de mayo de 2017.  https://lexlatin.com/noticias/corte-suprema-de-ee-uu-falla-favor-de-venezuela-en-caso-helmerich-payne


 

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